Cartel Del Norte Del Valle 5v3n2z

Julio 2006

Dinámica Dinámica

reciente de de la la violencia reciente tradición mafiosa en el Norte delenValle el Norte del Valle

Calle 7 No. 6-54 Bogotá. Tels. (571) 334 5077 • Fax: (571) 566 2064 E- mail: [email protected] www.derechoshumanos.gov.co/observatorio Fotografía: Nicolás Herrera Diseño e impresión: Impresol Ediciones Ltda. Fotografía de caratula: Río La Vieja, Valle del Cauca. Bogotá, julio de 2006 ISBN: 958-18-0316-5 Esta publicación fue financiada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID)-MSD Colombia. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan aquellas de la USAID y/o las del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Dinámica reciente de la violencia en el Norte del Valle

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Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

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Río La Vieja, Valle del Cauca

Índice

Pag. La tradición mafiosa en el Norte del Valle

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Del monopolio de los carteles a la atomización del narcotráfico

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Las interacciones estratégicas: carteles, mafias y grupos armados irregulares

23

La implementación de la violencia: entre el control y la competencia

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El Estado en construcción: seguridad democrática para el Norte del Valle

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Conclusión

59

Río La Vieja, Valle del Cauca.

La tradición mafiosa en el Norte del Valle

L

os municipios ubicados en el norte del Valle del Cauca nacieron como resultado del proceso de colonización de terrenos baldíos en la cordillera occidental, promovido desde el Gobierno central a través de las leyes sobre baldíos, a mediados del siglo XIX. A estas tierras montañosas y fértiles llegaron estimulados por los beneficios jurídicos y las expectativas de encontrar un mejor futuro para sus familias, campesinos e indígenas provenientes de Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima, Cauca e incluso Cundinamarca y Boyacá1. En desarrollo de este proceso, comenzó a estructurarse en el Valle del Cauca una serie de relaciones sociales y económicas que hoy en día, a pesar de tener protagonistas y expresiones diferentes, sigue vigente en algunas regiones del departamento. En el Valle ha sido predominante la existencia de agentes que cumplen un papel de regulación social, fundamentado en el uso de la violencia como forma de resolver los conflictos y ejercer control sobre el territorio y la población2; todo lo anterior en el marco de una débil presencia estatal. En este sentido, hay que resaltar el papel de estos agentes, o puentes de comunicación entre la sociedad y el Estado, que ha sido cumplido por diferentes actores en distintos momentos de la historia del departamento y de la construcción de las instituciones políticas y sociales del mismo. De esta manera, en un comienzo las llamadas juntas pobladoras encargadas de organizar el proceso de colonización, cumplieron la función de regular las relaciones entre los colonos, así como de dirigir la distribución de las tierras y su uso. Personajes emprendedores, como comerciantes y empresarios con conexiones políticas, lideraban dichas juntas, aprovechando su posición para adjudicarse derechos sobre grandes terrenos baldíos y utilizar a los colonos como mano de obra en sus cultivos de café, maíz, fríjol y en la explotación maderera, a cambio de pequeñas porciones de terreno. Uno de los personajes más notables en este sentido fue Leocardio Salazar, quien a comienzos de los años veinte emprendió la tarea de fundar pueblos en el norte del Valle, promoviendo la titulación de baldíos y buscando apoyo en los líderes políticos regionales3. En medio de este proceso, llegaron a la región toda clase de colonos, desde familias de campesinos e indígenas, hasta

1 Adolfo León Atehortúa Cruz. “El poder y la sangre. Las historias de Trujillo (Valle)” Pontificia Universidad Javeriana – Seccional Cali. CINEP. 1995. Pág. 24. 2 Darío Betancourt E. “Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos. Las organizaciones mafiosas del Valle del Cauca, entre la historia, la memoria y el relato. 1890-1997.” Bogotá: Ediciones Antropos. 1998. Pág. 30. 3 Atehortúa Cruz. Op. Cit. Pág. 31.



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ex-presidiarios que eran atraídos por los beneficios de reducción de penas que les otorgaban por trabajar la tierra o que llegaron a la zona cumpliendo trabajos forzados en la construcción de vías, terminando estableciéndose en la región como cultivadores4. Con la fundación de los pueblos en el norte del Valle, llegaron también las disputas políticas. La mayoría de los pobladores de la región en esa época eran conservadores, particularmente aquellos que provenían de familias antioqueñas, boyacenses y tolimenses. Esta hegemonía conservadora de comienzos del siglo XX, al igual que ocurría a escala nacional, determinaba las alianzas entre los grandes terratenientes, comerciantes y los líderes políticos locales, y marcaba el curso de los conflictos con las minorías liberales, provenientes principalmente de Caldas y de otras regiones del Valle. A finales de los años veinte y comienzos de la década de los treinta, esas minorías comenzaron a tomar fuerza en la región, encabezadas por Tomás Uribe Uribe. Más tarde, la disputa entre liberales y conservadores por conseguir el apoyo popular se recrudecería, al igual que en el resto del país, caracterizándose por la violencia de los medios utilizados para reducir las bases sociales del adversario y regular de esta forma la contienda política. En el departamento, la llegada al poder del liberalismo liderado por Olaya Herrera en 1930, determinó un cambio brusco en la adscripción partidista del Gobernador del Valle y de la gran mayoría de los alcaldes y funcionarios públicos locales, lo cual desató reacciones violentas por parte de los conservadores, que argumentaban ser objeto de represión por parte del régimen liberal. De esta manera, los partidos políticos con sus cuerpos armados tanto legales como ilegales, y en alianza con las élites económicas y de poder locales, entraron a cumplir el papel de mediadores entre la sociedad y el Estado, organizando a las masas a favor de su movimiento e intereses particulares y ejerciendo fuertes represiones contra aquellos que favorecían al adversario.

4 Ibíd. Pág. 34. 5 Ibíd. Pág. 321.



Más adelante en la historia del departamento, otra clase de organizaciones con enorme poder económico y con estrechas relaciones con algunos sectores políticos locales, como son las organizaciones de narcotraficantes, sus estructuras sicariales y los grupos armados al margen de la ley, han entrado a cumplir este tipo de funciones de regulación social. Estos nuevos actores, como lo establece Atehortúa, son el resultado de un largo proceso de transformación de la dinámica social en el norte del Valle, al igual que muchas otras regiones del país, donde sectores particulares de la población acuden al uso de la violencia y la amenaza como forma de imponer sus intereses y ejercer control sobre los diferentes actores y factores que pueden afectar sus propósitos5.

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Hacia comienzos de la década de los setenta, surgieron en el Valle las organizaciones mafiosas dedicadas al tráfico de cocaína, las cuales se dividieron dentro del departamento en tres tendencias principales protagonizadas por los narcotraficantes del norte del Valle, los del Pacífico y los del centro del departamento, los cuales, a pesar de ser identificados generalmente como la mafia valluna, operan de forma independiente e incluso en algunos momentos conflictiva. La presencia de una mafia muy fuerte a nivel departamental, cuya dirección se asentó en Cali, con mayor auge durante los años ochenta, puso al Valle del Cauca en el eje de una cruenta disputa entre capos y carteles de diferente nivel. De esta manera, el departamento ha pasado durante su historia reciente, de ser el centro de operaciones de los hermanos Rodríguez Orejuela, desde donde dirigían sus acciones contra su mayor competidor, el cartel de Medellín y coordinaban todas sus operaciones de narcotráfico6; a ser el escenario de una fuerte confrontación entre pequeños carteles que se ubican principalmente en el norte del departamento, donde se ha configurado un panorama de violencia que involucra y afecta a gran parte de la población de esa región del Valle. El núcleo organizado en el norte del Valle es el eje sobre el cual se centra el presente análisis, teniendo en cuenta el recrudecimiento de la violencia en los últimos años, protagonizada por las estructuras armadas de los dos narcotraficantes predominantes en esa zona del departamento, Wilber Varela y Diego Montoya. Es necesario resaltar que el norte del Valle del Cauca se caracteriza por ser la región del departamento donde se ha concentrado, desde mediados de los años setenta, la mayor actividad cocalera y de tráfico de narcóticos en el departamento. De acuerdo con información de las autoridades locales, el Cartel del Norte del Valle tomó mayor fuerza a partir de mediados de los años noventa, cuando fue desmantelado el Cartel de Cali, lo que permitió a los narcotraficantes emergentes apoderarse de las rutas que aquel manejaba, así como de la experiencia acumulada en sectores de la población, tras años de convivir con el negocio ilícito, lo que llegó a configurar en la región una tradición mafiosa que los nuevos actores del narcotráfico se encargaron de mantener. En este marco, uno de los factores que fueron determinantes en la consolidación del narcotráfico en el departamento del Valle, fue el alto grado de penetración logrado por las mafias de la coca en las estructuras sociales, económicas y políticas del departamento, principalmente a través de prácticas como el chantaje, la compra de votos y la corrupción en general, así como un fuerte control territorial a través del uso de la violencia y el terror. Esta penetración del poder local, facilitada en buena medida por la debilidad estructural de las instituciones estatales en el nivel

6 De acuerdo con estimaciones oficiales, dichas operaciones llegaron a representar a finales de los noventa alrededor del 60% del tráfico de drogas en el país.



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regional y local, se vio favorecida por otros factores como la complacencia e incluso complicidad de los sectores económicos y políticos dominantes, sumado a la crisis de los sectores tradicionales de la economía regional, tales como el café, la ganadería y el azúcar. Lo anterior trajo consigo otros problemas como las altas tasas de desempleo, particularmente en los sectores más jóvenes de la población, que constituyeron el principal nicho de reclutamiento para conformar las estructuras sicariales y de seguridad de los narcotraficantes emergentes. En este sentido, Otty Patiño hace referencia a la forma en que las élites políticas y económicas del Valle aprovecharon la escasa presencia y legitimidad de las instituciones estatales, para obtener ventajas económicas derivadas de las actividades de los narcotraficantes en el departamento. Al respecto, el autor anota, “La clase política vallecaucana durante el proceso de crecimiento del narcotráfico careció de iniciativa, y más bien configuró una relación utilitaria de doble vía con el narcotráfico para aprovechar las ventajas económicas evidentes, en pos de un fortalecimiento de su poder personal; esta pasividad fue aprovechada por los jefes del narcotráfico para generar una hegemonía en la conducción de los principales asuntos públicos del departamento, el deporte, la política, muchas ramas de la economía, especialmente la industria de la construcción, y también espacios académicos de educación superior”7. 7 Otty Patiño. “Amenazas contra los Derechos Humanos en el Valle del Cauca”. Especial para el Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. En: www. derechoshumanos. gov.co 8 Darío Betancourt y Martha L. García. “Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Historia de la mafia colombiana (1965-1992)” Tercer Mundo Editores, 1994. 9 Camilo Chaparro. “His­toria del Cartel de Cali”. Bogotá: Intermedio Editores, 2005. Pág. 248.



No se presentaba entonces una contradicción entre las estructuras narcotraficantes del Valle y las autoridades y las élites políticas y económicas locales, en buena medida debido a que el núcleo de la mafia vallecaucana ha estado integrado por sectores de las clases medias y altas del departamento8, de manera que su convivencia relativamente pacífica ha sido asemejada por algunos al tipo de relaciones establecidas por las mafias italianas con el establecimiento. Así mismo, el hecho de que el proceso de formación y consolidación de las mafias del narcotráfico en el Valle, así como en otras regiones del país, se encuentre fundamentado en las estructuras familiares y las relaciones entre diferentes núcleos de familias cercanas, es otra característica compartida con las mafias europeas. De este tipo de vínculos, surgen complejas relaciones construidas alrededor de lazos estrechos de lealtad y códigos de honor y silencio como el de la omertá siciliana9, que implica complicidad, nunca colaborar con las autoridades y siempre negar la existencia de una estructura mafiosa, lo cual permite que las jerarquías y nexos que conforman las estructuras del crimen organizado, se mantengan estables, en la clandestinidad y que sus crímenes permanezcan impunes.

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Sin embargo, generalmente la aceptación de este código de silencio se da más por miedo o coerción que por coraje o convicción, aunque su aceptación también es el resultado de una tradición cultural que equipara el silencio con el sentido de pertenencia a un grupo social determinado, por lo que romperlo significaría la expulsión de esa comunidad e incluso, como en el caso de la mafia, la muerte. Lo anterior explica en buena medida el hermetismo existente alrededor de la situación de violencia que se presenta actualmente en el norte del departamento, así como las amenazas y atentados de los que con frecuencia son víctimas los periodistas del departamento que se atreven a denunciar las actividades delictivas de estas organizaciones o los lazos de éstas con autoridades y élites políticas locales10. El grado de inserción social que han alcanzado los diferentes grupos de narcotraficantes del Valle, también se relaciona con el hecho de que la mafia vallecaucana pueda catalogarse como lo que Betancourt denomina una criminalidad enriquecedora, en la medida en que sus actividades no le imponen grandes costos económicos a la sociedad y, por el contrario, dinamizan las economías locales con la inyección de sus capitales ilícitos a través de la compra extensiva de terrenos, la generación de empleo y la financiación de obras públicas, entre otras actividades que terminan por beneficiar a las poblaciones donde se desarrollan y que convierte a las mafias en un “Estado dentro del Estado”. Sin embargo, la penetración social que han alcanzado los narcotraficantes, va acompañada de un control territorial y una regulación social obtenidos por medio del ejercicio de la violencia y la coerción11. Partiendo de los anteriores planteamientos, se puede concluir que, en la configuración de lo que puede denominarse como una tradición mafiosa en el norte del Valle del Cauca, han jugado un papel esencial factores como la ausencia del Estado, la aceptación durante años de la violencia y la coerción como formas de ejercer control social, la complacencia de las élites locales con el fenómeno y el avanzado grado de inserción en la sociedad que han logrado el narcotráfico y sus actividades conexas. Las intrincadas redes familiares y de amigos que se tejen alrededor del negocio del narcotráfico, determinan en buena medida la permanencia y expansión del fenómeno en el tiempo y en el espacio, de la misma manera que establecen un marco de relaciones de enemistad entre pobladores de la misma región, donde el ejercicio de la violencia es la principal herramienta para castigar la deslealtad, o la lealtad con el enemigo. Estas redes se reproducen de una generación a otra, en un proceso de transmisión del poder de manos de los más experimentados a los nuevos líderes emergentes, quienes se encargarán de continuar con el “negocio”.

10 “El Valle del Cauca con miedo a informar”. Informe de Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP. Septiembre 8 de 2005. En: http://www.rsf. org/article.php3?id_ article=14926 11 Betancourt, (1998) Op. Cit. Pág. 110.



Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

Del monopolio de los carteles a la atomización del narcotráfico

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iguiendo los planteamientos de Krathausen y Sarmiento12, los empresarios del narcotráfico se dividen en dos sectores, el competitivo y el oligopólico. El primero hace referencia a pequeños pero numerosos empresarios encargados de los extremos de la cadena productiva, es decir, la siembra y la producción de base de coca, así como la venta de drogas en papeleta a los consumidores. El segundo sector, se centra en las etapas de transformación y distribución de mayor escala en los mercados internacionales. Si se revisan los orígenes del denominado Cartel de Cali se le puede identificar como una estructura oligopólica, caracterizada por ser una organización jerárquica y coordinada. En sus inicios, Helmer Herrera Buitrago, alias “Pacho Herrera”, siguiendo el ejemplo de Benjamín Herrera Zuleta, conocido como “El papa negro de la cocaína”, organizó una red de distribución en Nueva York para los hermanos Rodríguez Orejuela. La cocaína salía por Buenaventura y el Chocó y se almacenaba en bodegas ubicadas en Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Comenzó con el envío de pequeñas cantidades de base de coca desde las selvas de Huagalla y Tingo María (Perú) hasta los laboratorios de refinación en Putumayo, los Llanos Orientales, Caquetá y el Cañón de las Garrapatas en el Norte del Valle. En ese entonces, narcotraficantes peruanos como Demetrio Limonier Cávez Peñaherrera, alias “El Vaticano”, y los hermanos Segundo, Nicolás y Adolfo “Cachique” Rivera se convirtieron en los principales abastecedores de base de coca del Cartel, enviando cuatro toneladas mensuales al sur del país13. Como lo muestra José Gregorio Pérez, en su libro “Operación Cali Pachanguero”, el Cartel de Cali comenzó a aplicar la estrategia empresarial del holding, en la que varias empresas trabajan de manera independiente pero con un núcleo central que actuó como eje conductor. Este ente coordinador estaba conformado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera Buitrago, quienes integraban una especie de estructura colegiada, marcada por la pertenencia

12 Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento. “Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro”. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) Universidad Nacional, Tercer Mundo Editores, Pág. 82. 13 José Gregorio Pérez. “Operación Cali Pachanguero”. Bogotá: Editorial Planeta. 2005. Págs. 15 y 16.

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a una familia. Entre ellos, concertaban las decisiones y distribuían las tareas relacionadas con el negocio de las drogas y el manejo de las empresas, mediante las cuales lavaban millones de dólares.

14 Betancourt, Op Cit, Pág. 133. 15 Adolfo León Atehortúa, en su libro “El Poder y la Sangre. Las historias de Trujillo (Valle)”, relata la entrada de Henry Loaiza a Trujillo a finales de los setenta, en momentos en que todavía los caciques locales se disputaban con sus asesinos el poder local pero que entraban en un ocaso inminente frente a la capacidad financiera de los nuevos competidores y el avance de la guerrilla desde las cordilleras. 16 Gustavo Duncan. “Narcotraficantes, mafiosos y guerreros. Historia de una subordinación”. En Alfredo Rangel (Comp.) Narcotráfico en Colombia – Economía y violencia. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia. 2005, Pág. 71. 17 Betancourt (1998), Op. Cit. Pág. 162. 18 Betancourt (1998), Op. Cit. Pág. 132

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La división del trabajo permitió el ascenso de pequeños carteles, cada uno especializado con una etapa del proceso. Existían estructuras que se encargaban de transportar la droga, otros de distribuirla y del lavado de dólares, mientras que el núcleo central se encargaba de exportar cocaína hacia el exterior. En el norte del departamento, se configuró lo que Dario Betancourt denominó el “subnucleo mafioso del norte”14, organización que reunió a los jefes de pequeños y medianos grupos mafiosos presentes en algunos pueblos, caseríos y veredas del piedemonte y de la cordillera occidental del Valle del Cauca, entre los cuales se encontraban los Urdinola y Henry Loaiza, alias “El Alacrán”15. Como lo muestra Gustavo Duncan, para ese entonces, las organizaciones narcotraficantes del Norte del Valle eran ante todo grupos subsidiarios de los dos grandes carteles – Medellín y Cali -, encargados del manejo de algunas rutas hacia el Pacífico, de los laboratorios de procesamiento, del cuidado del transporte de mercancías e insumos y de la provisión de asesinos a sueldos para acciones criminales en otras zonas16. Las familias Henao y Urdinola llegaron a concentrar el mayor poder y control sobre toda la cadena de producción y distribución de narcóticos en esa región del departamento durante los años ochenta y comienzos de los noventa. Como lo muestra el relato de un nativo de Roldanillo entrevistado por Betancourt en 1990, la tradición del narcotráfico en esta región y el protagonismo dentro del negocio de estas familias se remonta décadas atrás, a la violencia de los años cincuenta. “El papá de los Urdinola tuvo su historia negra en la violencia del cincuenta en estas poblaciones del noroccidente, donde actuó a nombre del Partido Conservador. En los años ochenta, el que apareció con mucha plata fue el hermano mayor, Héctor Urdinola, que murió hace como diez años. Entre otras cosas, muchos de los traquetos y mafiosos de estos pueblos vienen de familias más o menos pudientes, cuyos padres forjaron su estabilidad económica, sacándole provecho a la violencia del cincuenta”17. Estos narcotraficantes lograron consolidar una significativa estructura mafiosa en el norte del Valle, la cual se fundó alrededor de un importante corredor estratégico que les permitía conectarse “… con los subnúcleos mafiosos del centro, a partir de Tulúa y Buga; [...] con el del Pacífico, por sus cercanías al terminal portuario de Buenaventura y otra serie de embarcaciones en la Costa Pacífica y, finalmente, con el de Cali, a partir de Palmira y el aeropuerto de

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Palmaseca”18. Esta ubicación estratégica les permitió establecer diferentes rutas de comercio y distribución de la cocaína, para lo cual conformaron una amplia red de carreteras que ellos mismos pavimentaban y mantenían, con el fin de tener a las salidas al mar, así como numerosas pistas de aterrizaje clandestinas. Esta dinámica cambió con la desarticulación del núcleo central del Cartel de Cali, así como con la persecución de los principales jefes de subnucleo mafioso del norte. El 26 de abril de 1992, en medio de la operación “Robledo II”, fue capturado en El Dovio (Valle), Iván Urdinola Grajales, quién se sometió a la negociación anticipada del proceso, a fin de rendir cuentas ante la hoy desaparecida figura del fiscal sin rostro. El 24 de febrero de 2002, el capo sufrió un infarto cuando pagaba una pena de 17 años en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí. El 19 de junio de 1995, Henry Loaiza Ceballos se entregó a las autoridades, tras encontrarse acorralado no sólo por la Fuerza Pública sino también por sus antiguos socios del Cartel de Cali – este jefe de la mafia se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita (Boyacá)-. El testimonio de un ex-agente de la DEA ilustra lo que pasó en este momento: “El gran cartel se desintegra y nacen muchos carteles. Mandos medios de la organización, escoltas y algunos empleados de confianza de los capos se convierten en Dones, en jefes, porque ya no existe el poder de Gilberto y Chepe Santacruz que los aglutinaba y marcaba el rumbo. La guerra entre ellos se da de poder a poder, por rencor y desconfianza. De alguna manera se puede decir que comenzó el reinado de los peones y de los pistoleros, y terminó la partida del Ajedrecista”19. Esto es precisamente lo que Álvaro Camacho y Andrés López, denominan el tránsito de los capos a los traquetos20, para describir el cambio de una estructura jerárquica a una de redes atomizadas y menos visibles, para dificultar la persecución de las autoridades. Para Gustavo Duncan, el momento clave para entender la ruptura del Cartel de Cali y el surgimiento con mayor fuerza del Cartel del Norte del Valle, fue la entrada del “hombre del Overol” a la cárcel de La Picota en Bogotá, lugar de reclusión de los hermanos Rodríguez Orejuela, y sus amenazas contra los del Cartel de Cali para actuar autónomamente en el negocio; a partir de ahí, los mafiosos del norte del Valle se independizan de la subordinación de los demás carteles y comienzan a actuar como una estructura clave en la exportación de drogas y la repatriación de capitales21. Dentro del nuevo panorama, el Clan de los Henao comenzó a tener mucha fuerza22, mientras que los Urdinola comenzaron a ser perseguidos y otros capos menores empezaron a competir por la supremacía. En este marco, las vendettas fueron frecuentes, en una confrontación abierta, en la cual la aplicación de la violencia estuvo a la orden del día.

19 Citado en Camilo Chaparro. “Historia del Cartel de Cali – El Ajedrecista mueve sus fichas”. Bogotá: Intermedio Editores. 2005, Pág. 280. 20 Andrés López y Alvaro Camacho. “From smugglers to druglords to ‘traquetos’: changes in the Colombian illicit drugs organization. www. nd.edu/~kellogg/ pdfs/LopeCama.pdf. 21 Duncan (2005), Op. Cit. Pág. 71. 22 Hay que llamar la atención sobre el hecho que el Clan Montoya comenzó a crecer bajo la sombra de capos destacados del Cartel de Cali, desarrollando vínculos “laborales” e incluso familiares. José Orlando Henao Montoya se casó con la hermana de Iván Urdinola y Arcángel Henao Montoya le servía de testaferro a José Santacruz Londoño.

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En este proceso, varios “mandos intermedios” comenzaron a figurar, mientras que los capos eran asesinados por sus enemigos o sometidos a la justicia. El 29 de septiembre de 1997, José Orlando Henao Montoya se entregó a las autoridades y un año más tarde fue asesinado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel Nacional Modelo de Bogotá. Aunque José Orlando fue remplazado por su hermano Arcángel de Jesús Henao, alias “El Mocho”, otros tres de esta organización se hicieron más fuertes con esta desaparición: Diego León Montoya (alias Don Diego), Luís Hernando Gómez (alias Rasguño) y Wilber Alirio Varela (alias Jabón) – estos dos últimos disputaron una guerra a muerte contra Montoya -. Como se puede observar, poco a poco lo que era considerado como el Cartel de Cali se fue fragmentando, dando paso a carteles más pequeños que entraron en competencia. De acuerdo a versiones de inteligencia militar, la ruptura definitiva entre las facciones se originó por el robo de un cargamento de 500 kilos de cocaína perteneciente a alias Rasguño, por parte de alias La Iguana, sobrino del fallecido Iván Urdinola. A partir de este momento la familia Urdinola, asentada en los municipios de Roldanillo, El Dovio y Zarzal, se convirtió en enemiga de Luís Hernando Gómez. Se empezaron a gestar entonces determinadas alianzas: El clan de los Urdinola recurrió a la ayuda y el respaldo de Diego Montoya, mientras que Rasguño fortaleció sus relaciones con Wilber Alirio Varela. Es de resaltar que cada uno de estos “nuevos” capos hacia parte de la otrora estructura del Cartel de Cali. Rasguño aprendió del negocio de la mano de José Orlando Henao Montoya – jefe del clan de los Henao -. Don Diego inició su trayectoria en el mundo del narcotráfico a comienzos de los años ochenta, trayendo pasta de coca desde el Putumayo, para procesarla en el Valle, teniendo nexos con Ivan Urdinola y Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta. Jabón, sargento retirado de la Policía, comenzó trabajando en los años ochenta para los capos del Cartel de Cali, haciendo cobros de cuenta, hasta que pasó al bando de José Orlando Henao Montoya, de quien se hizo hombre de confianza; tras la muerte de este último y luego de liderar una guerra contra el clan de “Pacho” Herrera, comenzó a figurar como uno de los principales capos. Según fuentes de la Policía, el centro de la disputa fue la negociación de algunos capos con el gobierno de los Estados Unidos. Siguiendo esta versión, Varela le propuso a Montoya y a Rasguño, acabar con los pequeños grupos para monopolizar entre ellos el negocio de producción y tráfico de drogas – aunque al parecer,

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la verdadera intención de Varela era sacar del negocio a Montoya y asociarse con Rasguño -. En medio de esta dinámica, Jabón y Rasguño hicieron algunos acercamientos con la Dirección de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos (DEA) para explorar la posibilidad de solucionar su situación jurídica, lo cual hizo que Don Diego se sintiera traicionado y delatado, después de que las autoridades le decomisaron un cargamento de droga. Rasguño finalmente fue capturado en Cuba en julio de 2004, quedando abierta la confrontación entre Varela y Montoya. Independientemente de las razones de la disputa, las cuales desde todo punto de vista tienen como eje central la competencia por el narcotráfico, resulta interesante observar este proceso desde la óptica del cambio en la organización criminal, en sus aparatos armados, así como sus repercusiones en términos de variaciones en los niveles de violencia. Desde la óptica de Camacho, se habría pasado de un modelo de delito altamente organizado a otro semiorganizado: “En efecto, la fragmentación y reducción de tamaño individual de las organizaciones modifica su dinámica y posibilidades de acción concertada, más allá de algunas alianzas ocasionales para la realización de negocios”23. La pregunta es cómo determinar si se está ante una estructura más o menos organizada. Para L. Paoli, el punto central está en determinar dónde se sitúa el límite entre crimen organizado y desorganizado24.Se podrían acoger las características expuestas por J.S. Albanese para analizar el crimen organizado en Estados Unidos: jerarquía, organización, división de trabajo, permanencia en el tiempo, búsqueda del beneficio privado, uso de la fuerza y protección de derechos, e interiorización de la corrupción como norma. Desde esta perspectiva, sería arriesgado calificar el Cartel del Norte del Valle como una estructura “menos” organizada que el Cartel de Cali. Lo que sí se puede apreciar es un cambio en el modelo de organización, que cuestiona incluso la idea de un cartel unificado. Resulta útil tomar la tipología de organización de los grupos criminales, propuesta por la Oficina de Droga y Crimen de las Naciones Unidas, en un proyecto piloto, en el cual se seleccionaron 40 organizaciones criminales pertenecientes a 16 países25. Se exponen cinco modelos básicos, de los cuales se hará una breve referencia a continuación.

23 Álvaro Camacho. “De narcos. Paracracias y mafias”. Bogotá: Universidad de Los Andes. 2005. 24 L. Paoli. “The paradoxes of organized crime”. En Crime, Law and Social Change. Vol. 37. (2002). 25 Office on Drugs and Crime, United Nations, 2002, “Result of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries”. Global Programme Against Transnational Organized Crime. http:// www.unodc.org/pdf/ crime/publications/ Pilot_survey.pdf

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El primero de ellos se denomina “Jerarquía estandarizada” (Standard hierarchy), en la cual hay un único líder con jerarquías claramente definidas, su disciplina interna es estricta, con cierta identidad social, una asignación relativamente clara de tareas, y una especie de código interno – el cual se encuentra implícito -. El estilo de dirección de este tipo de organización es generalmente autoritario y la obediencia al jefe es clave para la cohesión del grupo; el empleo de violencia, incluso contra su propios es común.

El segundo tipo de organización que se encuentra es la “Jerarquía regional” (Regional hierarchy). Este modelo mezcla líneas de mando relativamente estrictas en el centro, con organizaciones regionales con cierto grado de autonomía en el control de la organización - el nivel de autonomía varía, pero generalmente está limitado al manejo del día a día -. En algunos casos, estas jerarquías regionales parecen manejarse como franquicias, en las cuales las estructuras locales aportan recursos y garantizan “lealtad” al mando central, a cambio de usar el nombre de un grupo criminal conocido, ayudando a mejorar su propia influencia e inculcar el miedo en sus competidores. La estructura de control en el centro es a menudo reproducida en el nivel regional, sus niveles de disciplina interna son altos y las instrucciones que vienen desde el centro generalmente anulan cualquier iniciativa regional.

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El tercer tipo se denomina “Jerarquía agrupada” (Clustered hierarchy) y consiste en la asociación de organizaciones criminales, las cuales son coordinadas y dirigidas por un ente rector. Cada uno de estos grupos pueden tener una diversidad de estructuras, pero generalmente asumen internamente un modelo de “Jerarquía estandarizada”. Esta forma de organización tiene lugar cuando una variedad de grupos criminales se juntan para repartirse el mercado y regular el conflicto con otras facciones. Sin embargo, con el tiempo, cada una de estas estructuras asume una identidad propia. Es necesario mencionar además, que las “jerarquías agrupadas” están sujetas constantemente a la competencia interna, las vendettas y el surgimiento de desacuerdos con el ente rector.

La cuarta forma de organización es “El grupo central” (Core Group). Esta tipología consiste en un número limitado de individuos que forman un grupo relativamente cerrado y estructurado para conducir la actividad criminal. Alrededor de este grupo puede haber un número grande de asociados, o una red que puede ser usada dependiendo de las necesidades. En este tipo de organización, puede haber una división interna de actividades entre los principales. La disciplina interna y cohesión son mantenidas por el grupo central, de acuerdo a sus intereses y necesidades.

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Por último, se encuentra la “Red criminal” (Criminal network). Este tipo de organización es definida por las actividades de individuos claves, que se relacionan por medio de alianzas transitorias. Tales individuos no pueden considerarse propiamente como de un grupo criminal, sin embargo se pueden unir alrededor de una serie de proyectos criminales. Su éxito está determinado por las características y habilidades de sus componentes, los cuales generalmente actúan como piezas sueltas. La lealtad personal y los lazos son esenciales en el mantenimiento de la red y son los determinantes claves de las relaciones. Hay que anotar además, que dentro de la red no todos los componentes tienen el mismo peso; la red generalmente se forma alrededor de una serie de individuos claves que controlan la mayoría de las conexiones.

A partir de esta topología, habría que preguntarse cuál es el modelo preponderante en el norte del Valle y cuales han sido sus variaciones. La “Jerarquía estandarizada” parece acomodarse más a una organización como las Farc, mientras que la “Jerarquía regional” se asemeja a las autodefensas. La forma de operar de los carteles podría enmarcarse en lo que se denomina “Jerarquía agrupada”, con un ente coordinador de una serie de organizaciones criminales que trabajan bajo un mismo proyecto delictivo –en este caso el narcotráfico–. Bajo esta perspectiva, se podría entender entonces, que en el caso del Cartel de Cali, al desarticularse el ente rector –con la captura o muerte de los capos más importantes–, las estructuras que se encontraban bajo sus órdenes, entraron en una competencia interna, con una disputa por el mercado, el predominio sobre la zonas de control y los corredores, así como por el mando sobre las demás estructuras.

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Durante varios años, el vacío dejado por los grandes capos fue ocupado por algunos capos emergentes, como fue el caso de los Clanes Urdinola y Henao, intentando mantener la “jerarquía agrupada”; sin embargo, los desacuerdos persistieron y la organización criminal terminó por fragmentarse. Los clusters o grupos que prevalecieron fueron los dirigidos por Varela y Montoya, mientras que los demás quedaron dispersos. Es posible que se haya dado entonces un cambio organizacional que se dirija hacia un modelo de tipo “Grupo Central”, en el cual hay un núcleo central, en torno al cual gravitan un número amplio de asociados, una red que puede ser usada dependiendo de las necesidades. Lo relevante es que este cambio organizacional tuvo consecuencias en términos de la aplicación de la violencia; que se explica por los ajustes en los aparatos de “coerción y protección”. El Cartel de Cali, a pesar de ser una estructura descentralizada, tenía una cúpula bien organizada, cuyos jefes se asociaron para evitar la competencia entre ellos, regular la producción, establecer los precios del mercado y luchar contra sus enemigos comunes26. Si bien cada capo contaba con un “ejército” de escoltas, su aparato de coerción y protección estaba enfocado más hacia su enfrentamiento contra el Cartel de Medellín. Como lo muestra Camilo Chaparro, desde la declaración de guerra a Pablo Escobar, el Cartel de Cali cambió por completo el diseño de su sistema de protección, amplió su cuerpo de seguridad a una inmensa red de informantes, que incluía a del Estado. Según el Coronel del Ejército Carlos Velásquez, quien detuvo al contador de los Rodríguez, el 60% de los integrantes de la Policía Metropolitana de Cali, figuraban en el registro de pagos de la mafia, que “cancelaba sumas de dinero en proporción directa con la información que podría obtener y no tanto por el grado del que intentaban o venían sobornando”. Teniendo en cuenta estos aspectos, como lo muestra Fernando Cubides, la organización liderada por los Rodríguez Orejuela, intentó mostrarse pacifista en sus métodos, privilegiando el soborno y la cooptación, determinada por la lógica del mercado, que no pretendía confrontar al Estado; sin embargo: “En cuanto se tuvo al ‘Expediente Pallomari’ y por ende a un relato pormenorizado del organigrama de Cali, sus componentes y ramificaciones, por parte de un testigo de primera fila, la percepción tuvo que cambiar, pues bajo el rótulo de ‘seguridad’, en su expresión más corporativa y contable, aparecían una gama muy variada de actividades y muy diversas modalidades de recurrir a la violencia. Las que incluían acciones que sin ninguna duda y bajo cual-

26 Camilo Chaparro, Op. Cit., Pág. 157.

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quiera de las definiciones tendrían que calificarse de terroristas como el atentado al edificio Mónaco, ya en enero de 1988”27. Bajo este esquema, si bien existían múltiples “ejércitos” privados que le respondían a los capos, dependian ante todo del ente rector. Según los relatos de Julián, testigo clave de la DEA y de la Fiscalía contra el Cartel de Cali: “El brazo armado que manejaba Pacho (Herrera), era financiado por todos los narcos, grandes y pequeños; el que no aportaba su cuota era, obviamente, sospechoso. Algunos no solamente daban dinero, también ponían hombres que servían de informantes. La base principal de pistoleros era de 250 individuos, aunque podía duplicarse de un día para otro si una situación de emergencia lo exigía.”28. De acuerdo con el “Panorama Actual del Departamento del Valle”, elaborado por el Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República, en enero de 2003:

27 Fernando Cubides, “Narcotráfico y paramilitarismo: ¿Matrimonio indisoluble?”. En El Poder Paramilitar. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia. 2005. Pág. 207 y 208. 28 “Confesiones de un narco”. Bogotá: Intermedio Editores. 2003, Pág. 214. 29 Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. “Panorama Actual del Departamento del Valle”. Enero de 2003. h t t p : / / w w w. d e r e choshumanos.gov.co/ observatorio/04_publicaciones/04_03_ regiones/valle/valledelcauca.pdf

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“A principios de los noventa, los grupos de narcotraficantes organizaron grupos armados que dirimían de manera violenta y a favor de sus pagadores, los diferentes litigios por tierras u otros factores. Sus acciones se caracterizaron por la crueldad contra sus habitantes como en las masacres de Caloto (Cauca), Trujillo (norte del Valle), Miranda (Cauca) y Riofrío (norte del Valle). Debido a las múltiples disputas internas, estas agrupaciones vieron mermado su poder o simplemente disminuyeron su nivel de visibilidad. Sin embargo, su renacimiento coincidió con la definición de una nueva cúpula de narcotraficantes, cuyo poder preponderante tiende hacia una nueva hegemonía, luego de la entrega de los grandes capos y la muerte de otros. Los vacíos de poder se redefinieron violentamente, lo cual se refleja en el aumento del homicidio a partir de 1998, consecuencia de las múltiples disputas.”29. Por lo tanto, es posible plantear que el cambio de la organización produjo una fragmentación de los aparatos de “coerción y protección”, los cuales tendían a estar concentrados en el subnúcleo del Norte del Valle. En medio de la disputa, las estructuras criminales comenzaron a girar en torno a los capos dominantes: Diego Montoya, con un grupo denominado como “Los Machos” y Wilber Varela con “Los Rastrojos”. Estas facciones armadas se conformaron a partir de grupos locales, en el marco de alianzas entre traquetos – como las denomina Camacho -. Dentro de los

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hombres más cercanos a Jabón, se encuentran Diego “Rastrojo”, líder de la banda del mismo nombre y Julio César López Peña, así como personajes conocidos con los alias de “Comba”, “Mango”, “Chorizo”, “Memín” y “Fofe”, entre otros -. El ejército privado de “Don Diego”, se integró a partir de siete agrupaciones: “Los Capaechivo”, “Los Yiyos” – en vías de desaparición -, “Los Robayo”, “Los Alzate”, “Zarzal”, “Tulúa” y “Dovio”. De esta manera, el monopolio del Cartel se fue rompiendo, quedando en manos de organizaciones fragmentadas, que oscilan entre alianzas y disputas.

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Monumento a la música. Plaza principal de San Pablo, Valle del Cauca.

Las interacciones estratégicas: carteles, mafias y grupos armados irregulares

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as interacciones estratégicas entre los actores armados en el norte del Valle, se han movido en un péndulo cuyos extremos son la competencia y la cooperación, lo cual también determina, como se verá más adelante, los niveles de aplicación de la violencia. Se han dado acuerdos y transacciones entre la guerrilla y los narcotraficantes, bajo los cuales es difícil establecer cuál es el actor dominante y cuál es el subordinado. Algunas versiones señalan la existencia de un acuerdo entre los jefes de la mafia caleña y comandantes del ELN y las Farc, que incluía la protección de las familias de los narcotraficantes, a raíz del asesinato del hijo de Miguel Rodríguez Orejuela. Pero además de procurar la seguridad de sus parientes y aliados, en una primera etapa los capos pagaban a la insurgencia por la protección de laboratorios, uso de corredores y el denominado “gramaje” – tributo que cobran por gramo producido”. Llama la atención en este sentido la baja intensidad de las acciones subversivas en el norte del Valle, como se puede observar en el siguiente gráfico, con acciones esporádicas y dispersas. Habría que preguntarse si este comportamiento responde

Fuente: Boletín diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

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a acuerdos de no intervención por parte de la insurgencia en el norte del Valle o si es el resultado del dominio territorial alcanzado por parte de las estructuras mafiosas. Para Duncan, en el norte del Valle los narcotraficantes fueron capaces de desarrollar sus estructuras armadas “…diferentes a los ejércitos de otras regiones que poseen doctrina, un mando regular y una iconografía, pero que resultan igual de efectivas a la hora de controlar sus territorios”. Continúa diciendo “Las condiciones sociales de la región dispusieron que los ejércitos se organizaran alrededor de asesinos a sueldo y guardaespaldas que, sin ninguna mística, ni disciplina militar, ni uniforme, ni mando organizado, fueron capaces de mantener el dominio de sus jefes en las comunidades”30. De esta manera, podrían ejercer un control territorial e incluso disputar zonas con la insurgencia, como ocurrió en el período comprendido entre 1989 y 1993, cuando estructuras armadas del norte del Valle irrumpieron en el Cañón de las Garrapatas, realizando una serie de homicidios dirigidos a quitar el apoyo que el ELN había logrado establecer en la base campesina, consiguiendo el repliegue de este grupo subversivo – especialmente del frente Luís Carlos Cárdenas -.

30 Duncan (2005), Op. Cit. Pág. 72. 31 Charles Tilly, “Organizaciones violentas”. En Sociedad y Economía. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad del Valle. Octubre de 2004. Pág. 19. 32 Ibidem.

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La necesidad de coerción y protección, como la denomina Duncan, fue entonces cubierta por los narcotraficantes del norte del Valle con estructuras armadas propias, compuestos por grupos de sicarios, que permitían el control de las transacciones sociales y proporcionaban un ambiente hostil para la insurgencia. Estos aparatos armados centrados en la coerción permitieron atesorar y explotar al mismo tiempo - usando las palabras de Charles Tilly -. Este autor muestra cómo en el presente conflicto en Chechenia, los comandantes de las milicias desarman a los civiles y las fuerzas rivales, estableciendo así un control local sobre la coerción que le ofrece muchas ventajas; pero también se benefician del negocio de tomar rehenes de delincuentes menores, recibiendo la mayor parte de las ganancias sólo por proveer protección. De esta forma “…esas organizaciones se concentran en la protección más que en la destrucción, comisionando a menudo a criminales menores y de medio tiempo para infligir daño a su nombre”31. Con lo anterior, según Tilly “… las organizaciones violentas figuran dos veces en la generación y mantenimiento de la desigualdad categórica: como beneficiarios directos de su propia actividad coercitiva y como aliados de otras organizaciones productoras de desigualdad” 32. Se tiene entonces, como sucede en el norte del Valle, una compleja estructura que cumple a la vez actividades de protección, tanto de agentes externos como del propio clan, como de coerción – manteniendo un entorno social que propicia y estimula la ilegalidad -. Por otro lado, es posible señalar que los grupos de sicarios tuvieron éxito controlando las poblaciones que habitaban en las zonas planas y actuando contra estructuras urbanas de la guerrilla, sin

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embargo, resulta difícil pensar que hayan tenido la capacidad para combatir a la insurgencia en las áreas rurales y montañosas. Es ahí cuando tiene sentido mencionar los acuerdos de “no agresión”, obviamente siempre en el marco de transacciones económicas, que poco o nada tienen que ver con ideologías políticas. En este sentido, se rumora sobre acuerdos tácticos en la rama de la organización del Cartel de Cali dirigido por Santacruz y el ELN; y hasta hace pocos meses, se especulaba sobre un pacto entre Varela y las Farc. Es posible pensar entonces que los niveles en el accionar de los grupos subversivos no solamente hayan estado determinados por la capacidad de “protección y coerción” de las estructuras armadas de los mafiosos, sino también por acuerdos entre los capos y la guerrilla. Con los grupos de autodefensa, las interacciones estratégicas son más nítidas. En el caso del norte del Valle, las relaciones no han sido de subordinación – de los narcotraficantes a las autodefensas – sino de alianzas que han repercutido no sólo en el orden departamental sino en el nacional. Las relaciones entre los capos del Valle y las autodefensas de Córdoba y Urabá se remontan a la confrontación contra el Cartel de Medellín y más específicamente contra Pablo Escobar. En medio de una fuerte disputa interna por el dominio del Cartel de Medellín, los hermanos Castaño enviaron emisarios desde Córdoba a Cali, los cuales formalizaron una alianza con los jefes del Cartel de Cali para matar a Escobar. Según Don Berna, jefe de seguridad en ese entonces de Fernando Galeano – uno de los capos de la droga en Antioquia quien fue asesinado por Escobar en la cárcel La Catedral – y posteriormente comandante de las autodefensas “El apoyo y la ayuda del cartel de Cali sería determinante, especialmente en dinero y os. Me reuní con la cúpula del Cartel de Cali y, al regresar, les manifesté a la dirección de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) que teníamos el apoyo de esa gente”33. De acuerdo al texto de Camilo Chaparro “Historia del Cartel de Cali”, en el transcurso de la ofensiva contra “El Patrón”, Carlos Castaño se reunió en siete ocasiones con los hermanos Rodríguez Orejuela para acordar estrategias y recoger fondos para la guerra34. “El 30 de enero – de 1993 – Fidel Castaño y Gilberto Rodríguez acordaron que los de Cali se encargarían del trabajo de inteligencia, de controlar y sumar a la alianza a las Fuerzas Armadas y al Gobierno, y que los paramilitares asumirían la parte operativa… Con este acuerdo quedaron conformados Los Pepes”35. En su primera ofensiva, los Pepes ejecutaron a cerca de 40 colaboradores del Cartel de Medellín, dinamitaron propiedades y le dieron información a la Fuerza Pública para la captura de hombres tan importantes para Escobar como lo eran Hernán Darío Henao, alias “HH” y a Mario Alberto Castaño Molina, alias “El Chopo”.

33 El Tiempo, “De mensajero a capo de las drogas”, 10 de junio de 1995. 34 Chaparro, Op. Cit., Pág. 202. 35 Chaparro, Op. Cit., Pág. 206.

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La enemistad entre Escobar y los Rodríguez Orejuela se remonta al año 1984, cuando las autoridades españolas capturaron a Gilberto Rodríguez y a Jorge Luís Ochoa Vásquez. “El Patrón” aprovechó esta situación para apropiarse de las rutas, ordenó impuestos a los demás mafiosos y les notificó a los cabecillas del narcotráfico en el Valle, la Costa Atlántica y Bogotá que los de Medellín eran en adelante los jefes del negocio. En este momento, el único integrante del Cartel de Cali que enfrentó a los de Medellín fue Hélmer Herrera. Desde ese entonces, la ruptura entre los carteles sería definitiva y terminaría en una confrontación directa: el 11 de enero de 1988, un carro bomba con 77 kilos de explosivos fue activado frente al edificio Mónaco, en un atentado contra Escobar; la semana siguiente, Escobar respondió con poderosas bombas contra sedes de Drogas La Rebaja. Mientras que Gonzalo Rodríguez Gacha emprendió la formación de un ejército paramilitar en el Magdalena Medio, los Rodríguez Orejuela se aliaron con los esmeralderos en Boyacá, quienes también se unieron a la guerra contra el Cartel de Medellín. En medio de esta confrontación, uno de los primeros en caer fue Ariel Otero, de las autodefensas que operaban en Puerto Boyacá, quien fue secuestrado y torturado hasta morir, por ordenes de Escobar. De esta manera, se configuró un enfrentamiento entre los carteles, en medio de una serie de alianzas que vincularon a los capos del norte del Valle con otras estructuras violentas, extendiendo una compleja red que luego se mantendría, teniendo como centro el narcotráfico. Es importante entender este proceso, puesto que constituye la raíz de varias dinámicas que aún se encuentran vigentes. Se pueden citar varios casos que ilustran esta interacción estratégica. Años después de la formación de los Pepes, Diego Murillo, más conocido como Don Berna aparece como cabecilla de las autodefensas, orgánico de la AUC, dirigiendo el bloque Conjunto Calima, el cual actuaba en el departamento del Valle y el norte del Cauca; aunque la presencia de este bloque no era tan fuerte en el norte del Valle, existían rumores de alianzas entre esta estructura y la facción al mando de “Diego Montoya” – versión que ha sido desmentida en reiteradas ocasiones por Don Berna -. Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, quien hizo parte de la organización de los hermanos Ochoa Vásquez y terminó siendo socio de Juvenal Madrigal – uno de los capos que sucedió a los grandes carteles de la droga -, figura – según sus propias palabras – desde 1997 como miembro de las AUC y posteriormente aparece en el proceso de desmovilización como comandante del bloque Pacífico, perteneciente al bloque Calima dirigido por Don Berna. Víctor Manuel Mejía Múnera, uno de los jefes de la organización “Los Mellizos”, reconocida estructura narcotraficante del norte del Valle, figura en la mesa de negociaciones de Santa Fe de Ralito, como

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comandante del bloque Vencedores de Arauca de la AUC, con el alias de Pablo Arauca. Además, también se encuentran relaciones vigentes entre los capos del norte del Valle y las estructuras de autodefensa. Fuentes de inteligencia militar señalan que hasta hace poco tiempo, Diego Montoya estuvo refugiado en el Magdalena Medio, bajo la protección de las autodefensas dirigidas por alias “Botalón”, que a su vez hacen parte de la estructura de autodefensas liderada por Ramón Isaza. Se ha especulado sobre alianzas entre Wilber Varela y el ex comandante del bloque Central Bolívar (BCB), Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” – oriundo de Marsella (Risaralda), población cercana al norte del Valle-. Además de estas versiones, existen hechos concretos que ilustran los pactos entre narcotraficantes y los grupos de autodefensa. Prueba de lo anterior es la captura de José Aldemar Rendón el 15 de julio de 2005, señalado como otro de los socios de ‘Rasguño’, la cual se realizó en Envigado, uno de los bastiones históricos de Escobar, luego dominado por Don Berna, quien manejaba en ese sitio una de las bandas de sicarios más grandes del país. Se puede también traer a colación la captura el 29 de octubre de 2005 de Jhon Cano Correa, alias “Jhony Cano”, señalado de ser el sucesor del imperio de Luis Hernando Gómez Bustamante, ‘Rasguño’. Para su aprehensión, la Policía debió enfrentar cinco puestos de control y varios retenes ilegales del BCB, al mando de ‘Macaco’, lo cual llevó a las autoridades a ingresar al escondite de Cano utilizando helicópteros – el hecho ocurrió en el corregimiento Jardín Cáceres del municipio de Caucasia, donde el narcotraficante llevaba aproximadamente 4 meses escondido36-. Además, en el mes de noviembre de 2005, se logró la captura de una red de narcotraficantes asociados con las autodefensas, de los cuales 27 fueron detenidos en la ciudad de Cali. Según las investigaciones realizadas conjuntamente entre Colombia y Estados Unidos, los integrantes de las dos bandas, coordinados por Fernando Montenegro, uno de los detenidos en la operación, tenían relaciones con los hermanos Mejía Múnera, conocidos como Los Mellizos, y con Don Berna. Por otro lado, se ha encontrado evidencias de negocios vigentes entre los capos del Norte del Valle y estructuras de autodefensas. Según el artículo de la revista Semana “Golpe Titánico”, durante meses agentes y fiscales se dedicaron a establecer el funcionamiento, los os, las fachadas y el modus operandi de las oficinas de cobro en la ciudad de Cali. Los seguimientos a cada uno de los encargados permitieron a los investigadores determinar que, a diferencia de lo que se creía, no sólo estaban al servicio de capos como alias Jabón, sino también que trabajan por diferentes bloques de las autodefensas, principalmente el bloque Libertadores del Sur (BLS), una de las estructuras que pertenecía al bloque Central Bolívar – el cual se desmovilizó el 30 de julio de

36 “Capturado uno de los extraditables más buscados por las autoridades norteamericanas” Agencia de Noticias de la Policía Nacional, Noviembre 1 de 2005.

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2005 como resultado del proceso de negociación que adelanta el Gobierno nacional con este grupo armado irregular -. Otro hecho ilustrativo es la incautación de 3,5 toneladas de coca en Bogotá. La investigación se inició cuando del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía de Cali estaban realizando en el norte del Valle del Cauca labores de inteligencia para otra investigación. Pero los datos recopilados, con interceptaciones telefónicas y seguimientos, los llevaron a descubrir que a la capital del país se iba a trasladar un cargamento de los narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle, en asocio con autodefensas de los Llanos Orientales. A partir de esta información, el 31 de agosto de 2005, tropas de la XIII Brigada y el CTI ingresaron a una bodega, ubicada en la Diagonal 129 con Carrera 54B, en el barrio La Villa. Según el entonces comandante del Ejército, General Reynaldo Castellanos, “el alcaloide pertenecía a las Autodefensas del Llano y al Cartel del Norte del Valle”. El oficial aseguró que la droga venía procedente de Casanare, en los Llanos Orientales, y tenía como destino la Costa Atlántica para después sacarla al exterior37. Incluso en este juego de interacciones, tanto Montoya como Varela han pretendido mostrarse como estructuras de autodefensas, sin tener éxito en este propósito. Los rumores que daban cuenta de la intención de Diego Montoya de transformar su fuerza sicarial en un ejército de autodefensa comenzaron a circular en el departamento a mediados de 2003; en ese momento, ya se hablaba de las denominadas Autodefensas Unidas del Valle (AUV). La publicación en la Revista Cambio del artículo titulado “La Jugada de Don Diego”, sacó a la luz pública lo que en el orden regional era un rumor extendido: Montoya pretendía participar en el proceso de negociación con el Gobierno, presentándose como el comandante de una estructura de autodefensa. Al parecer, esta iniciativa tomó fuerza a partir del 6 de mayo de 2004, cuando la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, incluyó a Montoya en su página Web como uno de los diez prófugos más buscados del mundo. Esto hizo que el capo comenzará a buscar opciones de protección y de negociación con el Gobierno nacional. Resolvió el primer problema con el ya mencionado acuerdo con las Autodefensas del Magdalena Medio. El segundo asunto, es decir, su inclusión en la negociación que tenía como centro Santa Fe de Ralito, buscó resolverla con la transformación de su aparato sicarial en un ejército de autodefensa. Para lo anterior, mandó a confeccionar uniformes y brazaletes con la sigla AUV; además estableció o con algunos cabecillas de las autodefensas, así como con algunos narcotraficantes. 37 El País – Cali, “Caen 3,5 toneladas de coca en Bogotá”, 2 de septiembre de 2005.

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Según algunas personas cercanas al capo, Montoya habría buscado por todos los medios comprar una estructura de autodefensa existente. Sin embargo, ninguno de los comandantes habría aceptado su propuesta. Algunos rumores señalan, que paralelamente

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a este proceso, Varela habría comenzado a mantener os con el cabecilla del bloque Central Bolívar alias “Macaco”, lo que le habría reducido la capacidad de negociación de Don Diego con esta organización. Lo cierto es que a pesar de la negativa de los comandantes de autodefensas de aceptar a Montoya como parte de la mesa de negociación y del rechazo por parte del Gobierno nacional de darle vocería a este capo como jefe de un grupo de autodefensa, Don Diego sigue empeñado en entrar al actual proceso y poder someterse a la ley de Justicia y Paz, como la mejor manera de solucionar su extradición a los Estados Unidos. A este esfuerzo, se le suma Varela, con la conformación de un grupo denominado Rondas Campesinas Populares, el cual también pretende hacer el tránsito de una banda poderosa de sicarios a una estructura de autodefensa. El juego de interacciones ha dado incluso para que los dos capos hayan establecido un pacto de no agresión. Para algunos, ésta es la respuesta a las ofensivas realizadas por la Fuerza Pública, primero con el Bloque de Búsqueda y luego con la Fuerza de Tarea Darién – la cual ha concentrado sus acciones en el Cañón de Las Garrapatas -. Lo que buscarían Montoya y Varela, sería bajar el perfil de sus acciones y disminuir la atención del Gobierno nacional sobre la presencia de sus estructuras en el norte del Valle y otras zonas del departamento. No se tiene certeza acerca de la existencia de este pacto, sin embargo, llama la atención que la confrontación abierta entre estos dos capos presente una tendencia a la baja. De esta manera, el norte del Valle presenta un escenario complejo, en el cual las rivalidades se encuentran atravesadas por una serie de interacciones estratégicas, mediante las cuales se establecen relaciones y vasos comunicantes, que hacen muy difícil diferenciar la violencia criminal de la denominada violencia política. Este juego de alianzas y desencuentros ha determinado en gran medida los niveles de violencia en la zona y la afectación de la población que habita en estas comunidades.

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Iglesia de la Virgen del Carmen. Cartago, Valle del Cauca.

La implementación de la violencia: entre el control y la competencia

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os procesos de implementación de la violencia en el norte del Valle se pueden entender desde dos dinámicas que se encuentran relacionadas: por un lado, la fragmentación y confrontación entre las estructuras mafiosas, y por el otro lado, la influencia de la guerrilla y su reciente ofensiva. La conjunción estratégica de estas variables explican en buena medida las alteraciones en los niveles de violencia, no sólo del homicidio, sino también de dinámicas predatorias como la extorsión y el narcotráfico, así como de control, como las amenazas. Para empezar es relevante mencionar que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (hpch) en el norte del Valle es superior a la departamental, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico - aunque las dos curvas tienen un comportamiento similar -. El pico histórico se da en 1994, luego de un ascenso sostenido durante los años previos, que como lo muestra el documento del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República “Panorama Actual del Valle del Cauca”: “no logra explicarse por la disputa entre el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Tampoco tiene fundamento alguno hallarle relación con el conflicto armado y la presencia de grupos guerrilleros, pues el período es uno de los más bajos en actividad armada de la guerrilla, excepción hecha de 1991, que fue pico en todo el país a raíz de la toma de Casaverde y que registró elevada actividad armada a nombre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”. Este informe señala además que durante la última década se puede entender la violencia paralelamente al fortalecimiento de los carteles de la droga de la región, pues ante la disminución de la capacidad operativa del Cartel de Medellín y su disgregación luego de la captura y posterior fuga y muerte de Pablo Escobar, se facilitó el crecimiento del Cartel de Cali y de los grupos del norte del Valle entre los años 1992 y 1995, que coinciden con un crecimiento del homicidio38.

38 Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República, “Panorama Actual del Valle del Cauca”, Pág. 10. h t t p : / / w w w. d e r e choshumanos.gov.co/ observatorio/04_publicaciones/04_03_ regiones/valle/valledelcauca.pdf

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Dinámica reciente de la violencia en el Norte del Valle

Fuente: Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

Entre 1995 y 1999, la tasa de homicidio fue mucho menor, lo que guarda relación con dos factores principales, en primer lugar, los operativos desarrollados por la Fuerza Pública durante el gobierno de Ernesto Samper contra los carteles del Valle del Cauca, razón por la cual varios capos se sometieron a la justicia, lo que produjo un impacto en las organizaciones criminales; en segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la emergencia de hegemonías y monopolios de violencia, bajo el mando de una nueva generación de narcotraficantes. Entre 2000 y 2003, la dinámica de la violencia estuvo ligada a la consolidación de los grupos de autodefensa en el departamento, al fortalecimiento de ejércitos privados pertenecientes a los principales capos y la confrontación que comenzó a darse por el predominio del negocio del narcotráfico y el dominio territorial. Como se mostró en el capítulo anterior, luego de un proceso de reacomodación y disputas, dos capos terminaron por perfilarse como los líderes predominantes, “Jabón” y “Don Diego”, quienes en los años posteriores entrarán en un enfrentamiento abierto por medio de sus estructuras armadas, los “Rastrojos” y los “Machos”. Además, como se verá más adelante, la insurgencia, aprovechando esta disputa y la desmovilización de los grupos de autodefensa, fue incursionando en la zona, construyendo un corredor desde el norte del Valle hacia la costa Pacífica, atravesando el norte del Valle por el Cañón de las Garrapatas. Es relevante mencionar que los altos registros en los años 1999 y 2000 están directamente relacionados con la incursión de las autodefensas, las cuales se asentaron en la planicie del Valle, en municipios como Jamundí, Pradera, Santander de Quilichao (Cauca),

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así como en Tuluá, Buga, Palmira y Sevilla, y en el casco urbano de Buenaventura. En lo referente al norte del Valle, se debe destacar la presencia del frente Cacique Calarcá, cuyo comandante era alias “Giovanni”, que contaba con 400 combatientes que tenían como zona de influencia los municipios de Tuluá, Buga, San Pedro, Sevilla, Caicedonia, Bugalagrande, así como en Génova (Quindío). Según el informe de la Fundación Seguridad y Democracia, “Desmovilización del bloque Calima de las AUC”39, el hecho que marcó la llegada del bloque Calima, del cual hacía parte el frente Cacique Calarcá fue el homicidio de un campesino y su hija de 18 años, el 31 de julio de 1999, en el corregimiento La Morelia, en el municipio de Tuluá. En esta ocasión, hombres uniformados señalaron a sus víctimas como auxiliadoras de las Farc – a partir de este evento se registraron una serie de desplazamientos -. Un mes después, integrantes del bloque Calima incursionaron en el corregimiento Chorreras, en Bugalagrande, donde cuatro personas fueron asesinadas. A los pocos días, siguieron su recorrido por la vereda Platanares, en San Pedro; en el corregimiento San Rafael, en Tulúa; Pueblo Nuevo en Buga; en Paila Arriba en Bugalagrande, donde diez pobladores fueron asesinados. De esta manera, fueron ampliando su radio de acción, extendiendo su presencia a cada vez más poblaciones y cobrando más víctimas, aproximadamente unas 60 en las siguientes poblaciones: Barragán y Santa Lucía en Tulúa, El Venado y La Meiba, en Sevilla, Buenos Aires en San Pedro, Portufal de Piedras en Riofrío, La Betania y La Selva en Ginebra, Pueblo Nuevo y La Habana en Buga – precisamente en esta última población se registró una de las masacres de mayores proporciones con un saldo de 24 muertos, el 15 de octubre de 2001. La incursión de las autodefensas tuvo un peso importante en el aumento de la tasa de homicidio de algunos municipios como Bugalagrande que pasó de una tasa de 88,6 hpch en 1999 a una de 208.8 en 2000, Tulúa que pasó de 53.5 hpch en 1999 a una tasa de 93.2 en 2000 y de 131.5 en 2001. Del mismo modo, en 2000 se registraron ascensos en Bolívar que pasó de una hpch de 57.3 a 104.2, Caicedonia de 75.5 a 106.8, Riofrío de 100.4 a 140, Sevilla de 72.2 a 114.8 y Trujillo de 101.7 a 162. Sin embargo, esta dinámica no explica lo sucedido en estos años en algunas poblaciones del norte del Valle, donde tuvo más peso el enfrentamiento entre mafiosos y la redefinición de dominios. De esta manera ocurrió en Cartago, donde la tasa pasó de 72.6 hpch en 1999 a 160.3, El Cairo que pasó de 142.6 a 188.2, El Dovio de 86.6 a 139.5, Roldanillo de 57.2 a 70.5, Toro de 59 a 101.2 y Zarzal de 121.4 a 144. En 2000, registraron ascensos: Ansermanuevo que pasó de 95.4 a 152.5, Argelia de 37.1 a 100.1, La Unión de 67.1 a 76.3, La Victoria que pasó de 92.9 hpch en 1998 a 124.5 en 1999 y luego a 137.7 en 2000. Es relevante mencionar que en la mayoría de estos

39 Fundación Seguridad y Democracia. “Desmovilización del Bloque Calima de las AUC”. Febrero 2 de 2005 http://www.seguridadydemocracia.org/ docs/pdf/ocasionales/ DesmovilizaciónCalima.pdf

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municipios existen laboratorios para la producción de cocaína o rutas para el transporte de narcóticos. En 2001 y 2002, años en que la ofensiva de las autodefensas se traslada al sur del departamento, así como a la región del Pacífico, la tasa de homicidio desciende, al igual que sucede en 2003, en el marco de la tregua declarada por las autodefensas en el marco del proceso de negociación entre este grupo ilegal y el Gobierno nacional. No obstante, hay una violencia que persiste, manteniendo las tasas de homicidio por encima de cien en el norte del departamento. Durante estos años siguen los procesos de disputa entre narcotraficantes, los cuales no logran dirimirse del todo, a pesar de la existencia de algunos acuerdos de no agresión y delimitación de zonas. En 2003, se registra la tasa más baja desde 1991 (90), la cual como se puede ver en la curva es revertida en 2004 con un nuevo pico de 119 homicidios por cada cien mil habitantes. Esta alteración en los niveles de violencia corresponde al enfrentamiento abierto entre los dos capos más importantes de la zona, el cual se libró mediante estructuras armadas que en lo urbano se expresaron a través de bandas de sicarios y en el orden rural pretendieron configurarse como organizaciones armadas irregulares – similares a las establecidas por otros capos en la forma de grupos de autodefensas -. Descifrar cómo se desarrolló esta disputa, quiénes fueron los protagonistas, cuáles fueron sus motivaciones, y en definitiva cuál fue la lógica que se utilizó para escoger a las víctimas y decidir si aplicar violencia indiscriminada o selectiva no es tarea fácil. Cómo tampoco lo es determinar el peso de la subversión en la afectación de las poblaciones del norte del Valle. En este marco, sin perder de vista lo ocurrido en años anteriores, cobra relevancia fijarse en lo ocurrido entre 2003 y 2005, cuando se presentó el último ciclo ascendente, que cómo se verá a continuación tiene como principales gestores al narcotráfico y recientemente, a los grupos subversivos. Luego de georreferenciar las tasas de homicidio de los municipios del norte del Valle para estos tres años, se generan varios comentarios. Primero, que las tasas más altas se desplazaron desde la periferia hasta el centro durante los años 2003 y 2004. Segundo, que las mayores tasas se desplazaron del centro hacia el sur durante el año 2005. Este movimiento corresponde a los cambios de los focos de disputa que se podrían clasificar en cuatro: las zonas limítrofes con el Eje Cafetero – Cartago, Ansermanuevo, El Águila, Obando y La Victoria -, el núcleo del norte del Valle – Toro, Versalles, La Unión, El Dovio, Roldanillo y Zarzal -, la cordillera occidental – Bolívar, Trujillo y Riofrío -, además, de la zona limítrofe con el centro del departamento – Buga, San Pedro y Tulúa -.

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De acuerdo con versiones locales, en 2003 se comenzó a gestar la disputa entre “Jabón” y “Don Diego”. En este año, “La Iguana”, uno de los sobrinos del fallecido narcotraficante Iván Urdinola se apropió de un cargamento de coca perteneciente a Diego “Rastrojo”. A partir de ese momento, la familia Urdinola, asentada en los municipios de El Dovio, Roldanillo y Zarzal, se convirtieron en enemigos de los “Rastrojos”, quienes contaban en ese momento con el respaldo de Varela. Ante esta situación y luego de ser expulsados de sus propiedades en El Dovio, “Don H” y “La Iguana” recurrieron a la ayuda y el respaldo de Montoya. El pacto entre los Urdinola y “Don Diego” se concretó a finales de 2003 con el apoyo económico y logístico de este narcotraficante, cuyo ejército privado se hacía llamar Los machos. Esta alianza tuvo como objetivo central recobrar el dominio de dichas localidades con el fin de preservar las rutas y los laboratorios para la producción de cocaína. Ésta es precisamente la disputa que se dio en el año 2004, en municipios como Versalles, Toro, La Unión, Roldanillo El Dovio y Zarzal. En 2004, de los 23 municipios que conforma el norte del Valle, 13 presentaron tasas por encima de 100 homicidios por cada cien mil habitantes. Las cinco primeras posiciones las ocuparon Roldanillo con una tasa de 206, El Dovio de 191, Trujillo de 175, Zarzal de 172 y Versalles de 170. No obstante, se tiene que decir que de estos 13 municipios, 5 registraron 20 homicidios o menos y 3 estuvieron entre 21 y 30 víctimas; además, 7 tienen poblaciones de menos de veinte mil habitantes. Todos estos factores hacen que las tasas de homicidios sean muy altas, sin que necesariamente haya un alto nivel de muertes violentas; de esta manera sucede por ejemplo en Versalles, un municipio que registra una población en 2004 de 7.635 habitantes, con 13 homicidios. No obstante, en 2004, la situación se tornó preocupante en el norte del Valle, por cuenta de la confrontación entre narcotraficantes, las acciones de las autodefensas y algunas incursiones y ataques de la insurgencia.

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Tasas de homicidio en los municipios del Norte del Valle

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Tasas de homicidio Menor que la tasa regional Mayor que la tasa regional Doble que la tasa regional

Mapas: Cartografía Básica IGAC Fuente: Policía Nacional Procesado y georreferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

En 2004, en Ansermanuevo se registraron una serie de desapariciones forzadas por parte de grupos armados sin identificar y fue frecuente el hallazgo de fosas comunes. Además, se presentó una masacre el 19 de abril en la vereda La Cabaña, sin que se haya podido identificar los responsables. En Bolívar, en el corregimiento El Naranjal se registró la presencia de integrantes de las autodefensas y también fueron halladas fosas comunes. En Cartago, 25 jóvenes fueron amenazados mediante un panfleto que los sindicaba de crímenes que iban desde el robo hasta el sicariato y que fue firmado por las denominadas “Autodefensas Unidas del Valle”, es decir en realidad por los Machos; por otro lado, fue asesinado el vicepresidente del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) en esta ciudad, el 15 de marzo. En El Dovio, centro de disputa de las organizaciones de narcotraficantes, en el mes de mayo, en la vereda El Guadual, de Los machos asesinaron a cuatro integrantes de los Rastrojos, dentro de los cuales se encontraba Jhon Jairo Peláez, alias El Mono y Leonardo Toro, alias Amigazo, éste último jefe de esta banda. En el perímetro urbano, la Policía capturó a varios de los hombres que trabajan para Wilber Varela. Además, se registró la presencia del bloque Calima de las autodefensas. En La Unión, también hubo presencia de este grupo armado irregular, el cual secuestró a un comerciante de esta población.

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En Roldanillo, donde el número de muertes violentas con armas de fuego se elevó de 34 casos a 92, se presentó una masacre el primero de enero de 2004 por parte de un grupo armado sin identificar; por otro lado, desconocidos asesinaron a dos de Los machos. En Tuluá, las autodefensas tuvieron una marcada presencia con acciones como el asesinato de campesinos, la muerte de líderes comunitarios y sindicalistas; además, se presentó una masacre el 25 de enero en el barrio Bosques de Maracaibo. Llama la atención una serie de muertos por asfixia, lo que es indicativo del uso de la tortura por parte de de este grupo armado irregular. En Zarzal, uno de las principales zonas de Los machos, la Policía capturó a Gilberto Ramos, alias La Laguna, quien comandaba una de las facciones de esta banda; en este municipio, se registró una masacre el 8 de agosto de 2004. Es relevante mencionar que parte del bloque Calima de las autodefensas – sin contar el frente Pacífico -, se desmovilizó el 19 de diciembre de 2004 en el corregimiento Galicia, centro de operaciones de esta agrupación armada irregular; una semana más tarde en el mismo sitio donde se realizó el acto fue encontrada una fosa común con siete cadáveres. Adicionalmente, hay que subrayar que en el año 2004 ocurrió una serie de asesinatos de dirigentes políticos, líderes comunales y sindicalistas: En Alcalá, el 6 de junio, desconocidos asesinaron al ex-concejal Hernán Cardona; en Cartago, el 17 de abril, fue muerto el ex-congresista Juan José Naranjo; en La Unión, el 28 de febrero, se registró el homicidio del concejal José Elkin Ospina, quien pertenecía al Movimiento Popular Unido; en Sevilla, el 13 de septiembre, hombres armados asesinaron al director liberal municipal Fernando Barrera. En Tuluá, el 18 de julio fue muerto el ex- presidente del Concejo, Luís Alberto Duque; el 8 de agosto, el líder comunitario Carlos Ovidio Agudelo y el 22 de este mismo mes, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Jorge Eliécer Valencia. En ninguno de estos casos fue posible identificar el grupo responsable y mucho menos la motivación del hecho.

40 Aunque no se pueden descartar que hayan tenido participación en aquellas sobre las cuales no se ha establecido el responsable.

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Como se evidencia en este conjunto de acciones, no se cuentan aquellas realizadas por la insurgencia40, las cuales serán analizadas más adelantes. De acuerdo con esta sumatoria de hechos, se puede afirmar que: 1) Hubo una confrontación activa entre Machos y Rastrojos, que dinamizó la violencia en municipios como Roldanillo, Zarzal, El Dovio y Ansermanuevo, los cuales registraron altas tasas de homicidio; 2) Las autodefensas tienian en esta región y también fueron partícipes de acciones como masacres, homicidios selectivos, torturas y secuestros; 3) Hubo una serie de homicidios “políticos”, sobre los cuales no hay mucha claridad acerca de los responsables. Respecto a este último punto, son varias las hipótesis. Para algunos, tiene que ver con la disputa por el poder local y la intención por parte de los narcotraficantes, así como de los grupos armados irregulares de incidir en las istraciones; para otros,

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los homicidios están relacionados con ajustes de cuentas; además, en algunos casos, se vinculan estos hechos con una derecha radical, aliada con los capos más poderosos.

Fuente: CIC Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

En 2005, aunque la tasa regional tiende a la baja, la violencia en los municipios del norte del Valle persiste. Como se puede observar en el cuadro o tabla, son varios los municipios que superan la tasa regional, que para este año fue de 110.5 e incluso la doblan como sucede en Bolívar. En este año, los promedios más altos se presentaron en Bolívar con 253 homicidios por cada cien mil habitantes, Argelia con 189, Versalles con 162, Riofrío con 151 y El Águila con 150. Los 9 municipios que presentaron ascensos en la tasa de homicidios se encuentran señalados con color azul. Durante 2005, la situación fue preocupante en los municipios fronterizos con el Eje Cafetero, así como aquellos ubicados en la cordillera occidental. En Andalucía, se hallaron varias fosas comunes. En Ansermanuevo, el 3 de febrero desconocidos hirieron con arma de fuego al gobernador indígena Embera Chamí, Genaro Caro; además, en esta población se registró la presencia de de las autodefensas, los cuales al parecer pertenecían al frente Cacique Pipinta del bloque Central Bolívar.

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En Bugalagrande, de las autodefensas realizaron una serie de secuestros y se presentaron algunas acciones por parte de Los machos. En Cartago, ocurrieron varias masacres: el 30 de agosto, en el barrio Guadalupe desconocidos que se movilizaban en un automóvil, una camioneta y una motocicleta, asesinaron a cuatro personas cuando se encontraban en un taxi; el 17 de octubre, en el barrio Libertad, un grupo de hombres armados sin identificar dio muerte a tres personas; el 12 de noviembre, en el establecimiento “Discoteca Bongo”, desconocidos asesinaron al propietario del local y a sus dos escoltas. En El Dovio, se destacó la presencia activa de las autodefensas. En La Unión, se dieron varios hechos en los cuales se aplicó violencia indiscriminada: el 7 de abril, desconocidos asesinaron a cuatro personas dentro de las cuales se encontraba el ex-candidato a la Alcaldía, Adalberto Arango; el 27 de octubre, en el corregimiento San Luis, se dio el homicidio de tres personas. En La Victoria, el 4 de julio, en la vía que conduce al corregimiento Holguín, se dio el homicidio de cuatro personas. En Obando, la confrontación entre los capos tuvo su máxima expresión; así lo demuestra la masacre ocurrida el 12 de agosto, en la cual desconocidos que se movilizaban en una camioneta asesinaron a cinco personas, entre los cuales al parecer se encontraba Henry de Jesús Agudelo, alias Conejo, integrante de Los machos. En Riofrío, el 21 de febrero, en el barrio Callemira, un grupo de hombres armados dieron muerte al gerente de la ONG “Misión por Colombia”, Abraham Betancourt; el 29 de abril, en área rural de este municipio fue hallado el cadáver de un presunto miembro de los Rastrojos. En Sevilla, las autodefensas tuvieron una presencia activa, prueba de lo anterior es la captura del jefe de las milicias de este grupo armado irregular, Jhon Jairo Vélez, alias El Liso. En Toro, el 26 de abril, en el perímetro urbano, hombres que se movilizaban en dos vehículos hirieron con arma de fuego a un primo del capo Diego Montoya. La situación en Tulúa fue especialmente crítica. Se registró el homicidio de varios desmovilizados del bloque Calima de las AUC, varios de los cuales fueron encontrados con señales de tortura. Por otro lado, en este municipio se registró la presencia de facciones de las autodefensas, que mantienen extorsiones a comerciantes de la zona –se desconoce la agrupación a la cual pertenecen–. Además, los Rastrojos llevaron a cabo acciones encaminadas a consolidar su dominio: el 6 de mayo asesinaron al concejal de El Dovio, Carlos Alberto Vélez, quien había sido amenazado por integrantes de esta banda; el 17 de agosto, asesinaron a Felipe Aponte, abogado del presunto miembro de Los machos, Henry de Jesús Agudelo. En Versalles, aparecieron cadáveres mutilados y con signos de tortura; en este municipio tienen una notable presencia Los machos, prueba de lo anterior es la captura de varios de sus por parte de la Policía Nacional. En Zarzal, el 24 de enero de 2005, se presentó una masacre.

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En este panorama, es posible aseverar que: A pesar de que en el año 2005 se presenta una baja en la tasa de homicidio regional, ésta sigue siendo alta e incluso aumenta en algunos municipios: Por otro lado, la disputa entre narcotraficantes sigue vigente, intensificándose en algunas poblaciones como Obando, Bolívar, Tulúa, Bugalagrande y Toro ; lo que no evidencia una tregua real entre Wilber Varela y Diego Montoya, la cual sólo sería un factor de distracción para las autoridades. Adicionalmente, se sigue registrando la presencia activa de los grupos de autodefensa, lo cual se puede explicar en parte por la incursión del frente Cacique Pipinta del BCB en algunos municipios del norte del departamento y se registraron acciones por parte de grupos de autodefensas no identificados, lo que abre cuestionamientos acerca del real desmonte del bloque Calima. Sobre este último punto, se debe señalar que se han dado denuncias de la permanencia de facciones de esta agrupación armada irregular en algunas zonas – especialmente en Bugalagrande - ante diferentes organismos estatales y la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la OEA. Al parecer, combatientes de esta organización no habrían entrado en el proceso de desmovilización, manteniendo las extorsiones en algunos municipios. El anterior escenario debe ser complementado con el accionar de la insurgencia en el norte del Valle, que ha estado encaminado a mantener su presencia en las cordilleras occidental y central, para desde ahí desplegar ataques e incursiones hacia las zonas planas y ejercer dominio sobre algunos corredores. Cómo se verá a continuación, una de las zonas centrales de disputa ha sido el Cañón de Las Garrapatas. En el siguiente gráfico, se puede observar, como se señaló anteriormente que los ataques contra la Fuerza Pública en esta región se han conservado en niveles históricos muy bajos; no obstante, llama la atención que en los últimos dos años se dan picos históricos que superan lo ocurrido en los 18 años anteriores,

Fuente: Boletín diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

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lo que es una muestra evidente de que la guerrilla ha aumentado su presencia y accionar en el norte del departamento. Luego de ser fuertemente impactada por el accionar de la Fuerza Pública, así como por la incursión de los grupos de autodefensa, sin contar con el papel que jugaron los ejércitos privados de los narcotraficantes, en 2002 la subversión comienza una etapa de recuperación, que le va a permitir ganar cada vez más presencia en el norte del departamento. En el año 2002, el 9 de abril, en el corregimiento de Cienegueta, en Tulúa, un comando guerrillero atacó con explosivos a la Base Antinarcóticos; dos cilindros cargados con dinamita fueron lanzados desde una volqueta hasta los predios de la base policial, situada en inmediaciones de la Doble Calzada. El 21 de agosto, en el barrio Zúñiga, insurgentes de las Farc hostigaron a unidades del Ejército. En 2003, el 28 de enero en el cerro Versalles, en el municipio de Toro, subversivos hostigaron con armas de fuego a la base repetidora La Florida, donde se encontraban acantonadas tropas del Ejército. El 4 de marzo, en el corregimiento San Antonio en Sevilla, subversivos del frente 6 de las Farc hostigaron la estación de Policía; 26 días más tarde, en el sitio La Cumbre, ubicado en el mismo municipio atacaron a unidades del Ejército, resultando herido un soldado. En el año 2004, la subversión dobló sus ataques, los cuales se concentraron en Riofrío, Trujillo y Tulúa. En el primero de estos municipios, realizaron una ofensiva durante los tres primeros meses del año que tuvo como principal foco el corregimiento de La Fenicia, donde el 30 de enero guerrilleros de las Farc emboscaron a una patrulla de la Policía; el 12 de marzo, insurgentes hostigaron la estación de Policía, causando algunos daños y dejando sin energía y sin servicio telefónico a esa población; un día más tarde, subversivos emboscaron a una patrulla de la Policía, cuando reaccionó ante el secuestro del ex-alcalde de dicho municipio. En Trujillo, el 2 de agosto integrantes del bloque Móvil Arturo Ruiz de las Farc activaron un artefacto explosivo contra una patrulla de la Policía que se dirigía a prestar apoyo a unidades de la Policía de Andinapolis, resultando muertos diez agentes. En Tulúa, el 4 agosto en el corregimiento La Marina, insurgentes de las Farc atacaron el puesto de Policía, resultando muerto un agente. Dos meses más tarde, en el corregimiento San Rafael, ubicado en el mismo municipio, subversivos del bloque Móvil Arturo Ruiz hostigaron a una patrulla del Ejército, resultando muerto un soldado y heridos dos más. En 2005, en El Dovio, en el corregimiento Vitaco, el mismo grupo armado irregular hostigó a una patrulla del Ejército y en el corregimiento Cisneros, atacaron la estación de Policía. En el corregimiento Salónica, en Riofrío, también hostigaron las instalaciones de la Policía y secuestraron a dos personas. En Tulúa, subversivos atacaron con armas de fuego el peaje de Betanía, resultando muerto un Policía y herido un patrullero; también lanzaron ocho

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granadas de mortero contra las instalaciones de la Base Antinarcóticos de la Policía, ocasionado daños materiales y en la vereda La Ribera hicieron varios disparos contra tropas del Ejército que se encontraban cuidando la subestación de energía eléctrica. En Bugalagrande, en el corregimiento Ceilán, atacaron la estación de Policía, al igual que lo hicieron en el corregimiento San Antonio y en el casco urbano del municipio de Sevilla. Respecto de las acciones de sabotaje, se debe señalar que fueron muy esporádicas. En 2004, no se registró este tipo de eventos y en 2005 se presentaron tres casos, los cuales estuvieron dirigidos contra la infraestructura energética (una en Trujillo y dos en Tulúa). El hecho de mayor impacto ocurrió el 22 de octubre en la vereda la Ribera de este último municipio, donde subversivos de las Farc dinamitaron un transformador de 115.000 voltios, ubicado en la subestación eléctrica, dejando sin este servicio a las poblaciones de Tulúa, Buga y San Pedro. Por otro lado, se debe tener en cuenta otro tipo de acciones que se dirigieron directamente contra la población civil y en algunos casos contra las estructuras armadas de los narcotraficantes. En Bolívar, el 10 de noviembre de 2004, en el corregimiento La Primavera, vereda La Montaña, subversivos del bloque móvil Arturo Ruiz de las Farc asesinaron a cinco integrantes de los Rastrojos. En El Dovio, llevaron a cabo varios secuestros, especialmente contra ganaderos. En El Cairo, también se presentaron varios plagios y una serie de asesinatos. En Riofrío, donde la Fuerza Pública halló campamentos de las Farc, esta organización insurgente secuestró a varios ganaderos. En Trujillo, el 7 de marzo de 2005, subversivos del frente Ismael Romero asesinaron al docente de la escuela de la vereda la Sonora, Emilio Betancourt, quien también se desempeñaba como de una finca; en este municipio también realizaron varios plagios, dentro de los que se encuentra el presidente del Consejo, Alonso Gómez, miembro del partido político Movimiento Nacional. En Tulúa, se registraron varios homicidios y casos de desaparición forzada. Se puede decir entonces, partiendo de los ataques contra la Fuerza Pública, las acciones de sabotaje, así como aquellas dirigidas directamente contra la población civil y en algunos casos contra las estructuras armadas de los narcotraficantes, que la guerrilla ha concentrado sus acciones en la cordillera occidental, desde el municipio de Riofrío hasta El Cairo. También se debe tener en cuenta lo que sucede en Tulúa, que está relacionado con el objetivo de consolidar un corredor que de acuerdo con fuentes de inteligencia, parte desde el Cauca, pasa por los Farallones, llega hasta el Cañón de las Garrapatas y se conecta con el sur del Chocó – es decir, con la costa Pacífica -. Reconstruyendo lo que pasó en el norte del Valle se encuentra que el 16 de agosto de 2004, las autoridades chocoanas eleva-

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ron una voz de alerta en un foro que contó con la presencia del Vicepresidente Francisco Santos, poniendo de manifiesto la intensa confrontación que mantenían los grupos armados irregulares en varios corregimientos del Medio San Juan. En ese entonces, el Secretario de Gobierno del Chocó, Fredy Lloreda, declaró “Se habla de un centenar de muertos de los grupos armados y de un civil”. De acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo, lo anterior había provocado el desplazamiento de unas 1.500 personas. De esta manera, se puso en evidencia la fuerte disputa que sostenían los grupos armados irregulares y las organizaciones de narcotraficantes a lo largo del río San Juan, uno de los principales corredores hacia el Pacífico y por una zona que gradualmente se ha convertido en área de cultivos de coca. La información que comenzó a circular hacía referencia a la presencia del bloque Móvil Arturo Ruiz de las Farc en la zona del Medio San Juan, estructura que ascendió desde el Valle, partiendo de Buenaventura, pasando por Calima (Darién) y la cuchilla de las Garrapatas, llegando hasta el departamento del Chocó a los municipios de Sipí, Novita e Itsmina, buscando apoderarse de uno de los más importantes corredores hacia el Pacífico, que hasta ahora había sido dominado por el grupo de los Rastrojos.

Base Cartografica IGAC Fuente: Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

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La disputa sostenida entre esta última agrupación y Los machos, abrió un vacío en términos de control y seguridad en la zona, el cual fue aprovechado por las Farc para incursionar en territorios hasta ahora vetados por los brazos armados del narcotráfico. Mientras que los dos mafiosos se disputaban el norte del Valle y la zona plana que se encuentra entre la cordillera occidental y la central, las Farc comenzaron a subir, manteniendo enfrentamientos con los grupos de autodefensa y sosteniendo eventualmente combates con la Fuerza Pública. Este recorrido se puede observar en el mapa anterior, siguiendo la flecha de color azul. El objetivo estratégico prioritario para la guerrilla en el norte del Valle es el dominio sobre el Cañón de Las Garrapatas – también conocida como cuchilla de Garrapatas–, la cual comprende los municipios de Bolívar, El Dovio y Versalles, como se puede observar en el siguiente mapa.

Base Cartografica IGAC Fuente: Policía Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

La importancia estratégica del cañón deriva de su ubicación geográfica, que permite a través de los ríos del Chocó, llevar la cocaína hasta la costa, donde es almacenada y enviada hacia Centroamérica y Estados Unidos. Además, fuentes de inteligencia militar calculan que existen 5.000 hectáreas sembradas de coca. En este sentido, según el comandante del Batallón Vencederos de Cartago, desde mayo de 2004, cuando comenzó la erradicación manual, hasta me-

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diados de septiembre de 2005, se habían destruido 816 hectáreas de cultivos ilícitos en los municipios de Bolívar y El Dovio41. Además de los anteriores factores, el cañón se ha configurado como una de las principales áreas de refugio de los capos del norte del Valle. En los últimos años, quién mantenía el control sobre esta zona era el narcotraficante Wilber Varela. Sin embargo, Diego Montoya, incursionó en el cañón con el firme propósito de apoderarse de las rutas, cultivos y laboratorios. Según la Revista Semana, en el artículo “El río de la droga”: “En los últimos tres años – es decir desde 2002 -, llegaron cientos de raspachines y sicarios que encontraron trabajo en medio de la bonanza. A finales de 2003, en la región circularon panfletos que daban la orden a los pobladores de ‘acostarse temprano’ si no querían poner en riesgo su vida. Según la Defensoría del Pueblo del Valle, hasta septiembre de 2005, la confrontación entre narcotraficantes y guerrilla había dejado casi 1.000 muertos, desplazados a otro millar de familias y producido un centenar de desapariciones. Los enfrentamientos entre capos fueron intensos. Así lo muestran los choques ocurridos el 26 de diciembre de 2004, cuando se inició un fuerte choque armado entre 80 hombres de Los machos y 150 de los Rastrojos, que duró más de 12 horas y que dejó decenas de muertos. Fue precisamente esta disputa la que aprovechó la guerrilla para entrar en la zona. Se debe resaltar, sin embargo, que las estructuras de Jabón y Don Diego intentaron dar el paso hacia organizaciones armadas irregulares; no obstante, su capacidad militar es escasa, con debilidades de formación, doctrina y mando. Los Rastrojos tuvieron cierta habilidad en el control de las montañas del Cañón de Garrapatas y un dispositivo que le permitía tener cierta movilidad. Los machos operaban más como un grupo sicarial urbano, con muchas limitaciones en lo rural. Es relevante mencionar que estas estructuras no son muy estables y sus provienen de las mismas poblaciones del norte del Valle y del Eje Cafetero. Generalmente, sus integrantes andan de civil, aunque últimamente los capos pretendían uniformarlos. Por ejemplo, en los enfrentamientos que tuvieron lugar en el cañón, Los machos aparecieron vestidos con camisa y pantalón negro; el comandante del Batallón Vencedores de Cartago, reportó el hallazgo de arsenal y brazalete con las siglas Autodefensas Campesinas del Valle (ACVC), el cual pertenece a Los machos. En este marco, es posible afirmar que tanto Los machos como los Rastrojos se acercan a la forma típica de una banda más que a la de un ejército. 41 Revista Semana, “El río de la droga”. Publicación No. 1220. Septiembre 16 de 2005.

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Son precisamente estas debilidades las que le permitieron a la subversión hacer cada vez más presencia en el Cañón de Las Garrapatas. Las estructuras armadas de los narcotraficantes fueron incapaces de resistir el embate de la subversión, la cual es militarmente superior, con un poder ofensivo que doblegó a los pistoleros de

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la mafia. Esta realidad provocó en términos de Gustavo Duncan, una subordinación de los narcotraficantes a los guerreros. Algunas versiones señalan que ante este predominio, los capos estarían buscando alianzas con las organizaciones insurgentes, intentando contraponer su poder económico, al poder militar de la guerrilla – persisten por ejemplo los rumores de una alianza entre Wilber Varela y el frente 30 de las Farc -. Es relevante mencionar como lo hace Duncan que “Los empresarios del narcotráfico… necesitan de aparatos violentos que los protejan de otras organizaciones armadas que podrían expropiarlos de sus posesiones, de su mercancía (drogas o insumos), de su dinero y de su participación en el negocio (rutas, mercados, laboratorios, etc.), y que podrían aprovechar el músculo de un aparato de violencia superior para imponer precios desventajosos en las transacciones”42. En este sentido, se tiene que señalar la aparición de un nuevo grupo de autodefensa en el Cañón de las Garrapatas, especialmente en el municipio de San José de Palmar (Chocó), el cual se denomina Autodefensas Campesinas Unidas Nacionales (Acun), al mando de alias Chicanero, integrante del bloque Central Bolívar, cuya influencia se conoce en la zona noroccidental de Risaralda. El defensor del Pueblo de Chocó, Víctor Mosquera, explicó que el territorio en disputa es el mismo que controlaba el bloque Pacífico de las Autodefensas, al mando de Luis Eduardo Echavarría, alias Giovanny, el cual se desmovilizó el pasado 23 de agosto 2005. “Probablemente se trata de un reducto de las AUC que no participó en la desmovilización”, dijo a la revista Semana el funcionario43. Por otro lado, se debe considerar la presencia activa del frente Cacique Pipinta del BCB. En este panorama, es posible afirmar que el norte del Valle sigue presentando un escenario complejo, en el cual el conjunto de rivalidades se encuentran atravesadas por una serie de interacciones estratégicas, que propician un juego de alianzas y disputas, estimuladas por los recursos derivados del narcotráfico. En el marco de esta dinámica, se da una interrelación entre el poder económico y político de la mafia y de los grupos armados irregulares, en el cual la fuerza de las armas parece imponerse. Quien consolide el control territorial, logrará establecer su dominio y someter a los demás agentes de violencia. Es precisamente aquí cuando cobra relevancia la recuperación de estas zonas por parte del Estado, la recuperación del monopolio de la fuerza y la llegada de la institucionalidad, en una zona que hasta ahora ha sido manejada por actores ilegales que han impuesto su “orden”.

42 Duncan, Gustavo, Op. Cit., Pág. 25. 43 Revista Semana, “Muerte en el cañón de Las Garrapatas”. No. De Publicación: 1226. Octubre 29 de 2005.

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Plan de control vial Meteoro, III Brigada del Ejercito.

El Estado en construcción: seguridad democrática para el norte del Valle

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urante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se ha incrementado la presencia de la Fuerza Pública y de sus operaciones en el norte del Valle, que constituye un avance notable en la construcción del Estado en esta región. Como objetivos prioritarios se han establecido la persecución de los narcotraficantes y la recuperación de algunas zonas, especialmente del Cañón de Las Garrapatas. Como se verá en este capítulo, fuertes golpes fueron propinados a las estructuras de los capos, impactando sus finanzas, su aparato militar, así como su capacidad de movilidad. Además, ha habido una importante recuperación del territorio, interrumpiendo algunos corredores, desmantelando campamentos y manteniendo combates contra los grupos subversivos. Como se puede observar en el siguiente gráfico, durante el año 2004 y 2005 se registraron 36 combates –18 respectivamente–, que supera lo acaecido en los cinco años anteriores (1999-2003), los cuales suman 34 enfrentamientos. De los 36 os armados que tuvieron lugar en los dos últimos años, el 64% fue dirigido contra las Farc, el 25% contra las autodefensas y el 11% contra grupos subversivos no identificados. En los combates registrados durante 2004 y 2005 murieron en combate 32 irregulares, 72% proveniente de las Farc (23) y 28% de las autodefensas, desmantelados campamentos, incautadas armas y destruidos laboratorios, sin contar las múltiples capturas. Estas cifras evidencian un aumento de las operaciones de la Fuerza Pública en la región; la ocurrencia de combates tanto contra la guerrilla como contra las autodefensas; la menor presencia del ELN – no se presentaron acciones contra este grupo subversivo -, así como la existencia de una confrontación armada que aún conserva niveles de baja intensidad.

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Dinámica reciente de la violencia en el Norte del Valle

Fuente: Boletín diario del DAS. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

Con respecto a la lucha contra los narcotraficantes, se puso en marcha el Bloque de Búsqueda, creado con el fin de desvertebrar estas estructuras que operan en el Eje Cafetero y el norte del Valle. En un principio, fue conformado por cerca de 120 hombres con sede en Pereira. Sin embargo, la crítica situación de esta region llevó a que en el mes de octubre de 2004 se aumentara su pie de fuerza a 500 hombres –entre expertos en inteligencia y en operaciones de choque– y trasladara su centro de operaciones a Roldanillo. Durante 2004, esta fuerza logró dar importantes avances en la identificación de los distintos componentes de las estructuras de narcotraficantes: bienes en manos de testaferros, inversiones en finca raíz, el lavado de dinero y la adquisición de propiedades. Se desarrollaron diferentes acciones, como las adelantadas bajo la Operación Troya, en la que participaron agentes del FBI y de la DEA, durante la cual se realizaron 13 allanamientos simultáneos en Bogotá, Cali y Medellín –se destaca la ubicación de la mamá de Montoya y sus hermanas en un lujoso penthouse en el barrio La Carolina, en el norte de Bogotá–. Por otro lado, comandos especiales de la Policía lograron descubrir una red de estaciones de gasolina de propiedad de Don Diego, en la Costa Atlántica y el Magdalena Medio. Adicionalmente, se puede destacar la Operación Conquista, que fue desarrollada por 2.000 uniformados, junto a personal de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Estupefacientes y del Ministerio del Interior y Justicia, en la cual fueron sometidos a extinción de dominio lujosos apartamentos y oficinas, entre otras

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propiedades ubicadas en el departamento del Valle del Cauca y otras en la isla de San Andrés, además de 40 cuentas bancarias. Según el Director de la Policía Nacional, General Jorge Daniel Castro, el proceso de extinción cubrió a 110 propiedades avaluadas en $200 mil millones, pertenecientes presuntamente a Don Diego. Además de la estructura financiera, el Bloque de Búsqueda ha logrado impactar directamente la producción, procesamiento y transporte de cocaína. Una de las más importantes acciones fue realizada en el mes de febrero de 2005, cuando se desmanteló un complejo cocalero con capacidad para producir un promedio de cuatro toneladas del alcaloide en la vereda La Siria, zona rural de Bolívar (norte del Valle). A pesar de encontrarse en una zona apartada, el sitio contaba con vías de y servicio de energía eléctrica; lo anterior es sólo un ejemplo de lo logrado por la Policía Nacional. Respecto de su estructura organizacional, se registran las capturas de varios de sus , la mayoría de los cuales se encuentran solicitados en extradición. El 2 de febrero de 2005, en una finca del municipio de Caldas (Antioquia), la Dijin capturó a Julio César López Peña, alias Julito o El Pájaro, parte del aparato armado de Wilber Varela y jefe de las oficinas de cobro de este capo. El 18 de marzo de este mismo año, en Bogotá fue capturado Carlos José Robayo Escobar, alias Guacamayo, quien junto con su hermano Mamoncillo se hicieron conocidos en octubre de 2004 con la masacre de la Candelaria. En ese entonces, los hermanos Robayo eran los jefes de la banda de sicarios Los Guacamayos, que operaba en Jamundí y en el departamento de Cauca. Esta organización delincuencial era coordinada por Capachito, jefe del brazo armado de Montoya44. El 26 de marzo, en Manta (Ecuador) fue capturado Wenceslado Caicedo, alias W, reconocido narcotraficante del Pacífico colombiano, cuya zona de influencia comprendía los municipios de Buenaventura, Satinga, Guapí y Tumaco. Antes de la confrontación entre los capos, producía y transportaba la droga de Varela y Montoya, sin embargo después empezó a trabajar de manera más cercana a Don Diego. Éstas, entre otras capturas han impactado de manera determinante las estructuras del cartel del norte del Valle. Los aparatos armados de los capos también han sido objeto de persecución por parte de la Fuerza Pública. En este sentido, se puede traer a colación el desmantelamiento de una banda conocida como Los Yiyos, que tenían como centro de operaciones a Cali y prestaban sus servicios a Don Diego. La mayoría de sus han sido capturados, incluyendo su jefe, Fernando Londoño García, conocido con los alias de Mario Bros o Cueto. La presión de las autoridades sobre esta banda provocó rupturas

44 En el momento de su captura, las autoridades revelaron que Robayo se había convertido en el supuesto jefe de la banda Los Machos.

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internas que terminaron enfrentándola con su máximo jefe – Diego Montoya -. Hay que destacar que dos importantes integrantes de esta banda fueron capturados por la Dijín y extraditados a Estados Unidos bajo cargos relacionados con el tráfico de drogas: Felipe Toro Sánchez y Jhon Jairo Londoño García, alias J.J, quienes estaría entregando información a los estadounidenses. Según el General Oscar Naranjo, “Tras las capturas de sus hermanos –alias J.J y Jaime Londoño García, alias Yiyo– y de Toro, Mario Bros orientó la organización ilegal”; en el momento de la captura, Fernando Londoño alistaba un viaje con identidad falsa hacia Estados Unidos, donde se reuniría con algunos de sus familiares. Allí eventualmente buscaría un acercamiento con las autoridades federales45. De acuerdo con información de inteligencia, aunque aparentemente Jabón y Don Diego acordaron una tregua, evidencias técnicas y fuentes de la mafia han develado que Montoya tiene como firme propósito acabar con los integrantes del que fue su segundo grupo de sicarios, por el temor de que entreguen valiosa información que lo comprometería seriamente, tanto con una serie de homicidios46, como con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Un hecho que reforzaría esta hipótesis es que a mediados de 2004, un medio hermano de J.J y Yiyo fue asesinado en el Valle por órdenes de Don Diego. Es relevante mencionar que Yiyo quedó en libertad por orden de un juez47 y su paradero es desconocido. Los demás integrantes de esta banda aún se esconden en el Valle o se pasaron a otras bandas al servicio de Don Diego.

45 El Tiempo, “Captura de jefe de banda de sicarios dejó al descubierto nueva guerra entre ‘narcos’ del Valle”. Octubre 10 de 2005. 46 Según el director de la Policía Nacional, General Jorge Daniel Castro, la banda de sicarios Los Yiyos es sindicada de cometer más de 140 homicidios selectivos. 47 Un Juez de Cali argumento fallas de procedimiento.

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Como se puede apreciar, las estructuras de los capos del Valle han recibido importantes golpes, sin embargo, sus dos principales cabezas aún no han sido capturadas, lo que se puede explicar por varios razones. La primera es que a pesar de sufrir fuertes golpes, conservan capacidad financiera y en cierta medida militar. Muchas de las inversiones de los jefes de la mafia se encuentran “blindadas”, aparentando legalidad por medio de una red de testaferros, la cual va más allá del norte del Valle, incluyendo municipios de Antioquia, el Eje Cafetero, Magdalena Medio y la Costa Atlántica. Incluso, parte de sus finanzas se manejan fuera del país y son repatriadas por medio del lavado de activos. De esta manera, conservan poder económico, que en varias ocasiones se traducen en capacidad de corrupción y de adquisición de poder armado. En la región, los habitantes prefieren no hablar del asunto, aunque no niegan que esto está ocurriendo. Este escenario debe complementarse con lo descrito en el primer capítulo sobre la tradición mafiosa en el norte del Valle, donde se evidencia la existencia de agentes que cumplen un papel de regulación social, utilizan-

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do la violencia como forma de resolver conflictos y ejercer un control sobre el territorio y la población. Un hecho que puso en evidencia esta dinámica fue la captura de uno de los jefes de los Yiyos, mientras que se encontraba alojado en una suite del Club de Suboficiales de la Policía en Bogotá, armado y con una batería de teléfonos celulares para atender sus negocios. Según el general Naranjo, el sicario “Ingresó al club… usando una contraseña y una cédula de ciudadanía falsas, eludiendo los controles, con la ayuda de un suboficial retirado de la Armada Nacional”. Cabe destacar que buena parte de los del Cartel del Norte del Valle, empezando con Wilber Varela, son agentes y oficiales retirados de la Fuerza Pública, los cuales muchas veces quedan con enlaces en la institución que permiten el establecimiento de os que terminan prestando servicios a los capos– especialmente de protección y de proporción de información -. Se debe aclarar sin embargo, que no es una práctica extendida, sino que más bien corresponde a casos aislados. Un segundo aspecto que se puede mencionar además de su capacidad económica, es que cuentan aún con aparatos armados a su servicio. Don Diego tiene bajo su influencia a agrupaciones como Los Capaechivo, Los Robayo, Los Alzate, Zarzal, Tuluá y Dovio; mientras que los hombres de Jabón estarían respondiendo a las órdenes de un hombre que se conoce con el alias de Comba. Al ser bandas, con un grado de organización básico, con estructuras jerárquicas no muy bien definidas, compuestas por pistoleros con una formación militar y un entrenamiento muy básico, son fácilmente reemplazables. En muchas ocasiones, estas estructuras criminales se constituyen como una opción “laboral” ilegal para jóvenes que no encuentran empleo y que ven en esta actividad una posibilidad rápida de ascenso. Como se mencionó anteriormente, generalmente son conformadas por familias enteras que cuentan con una tradición mafiosa, lo cual degenera en ciertos casos en una cadena de vendettas y venganzas, que estimulan la generación de la violencia. Este ciclo, difícil de romper, es un flujo constante de sicarios dispuestos a trabajar para el mejor postor. Por otro lado, se debe tener en cuenta las alianzas con grupos armados irregulares, tanto autodefensas como guerrilla, a las cuales se hizo referencia anteriormente. Éstas les han permitido a los capos, establecerse en zonas de refugio, generalmente de difícil para la Fuerza Pública, protegidos por verdaderos ejércitos irregulares, con la posibilidad de movilizarse por diferentes regiones, lo cual evidentemente ha dificultado su persecución. Ésta es precisamente la tercera variable: la presencia creciente de organizaciones armadas irregulares, especialmente en el Cañón de Las Garrapatas. Esta situación fue la que llevó al presidente

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Álvaro Uribe Vélez, a ordenar a mediados de septiembre de 2005 la conformación de una fuerza de tarea conjunta para esta zona, compuesta por 900 efectivos. De la misma manera, el mandatario encargó al General Mario Gutiérrez, Comandante regional de la Policía para el Eje Cafetero y el norte del Valle, para que ponga en marcha en el departamento, especialmente en los municipios de la región, un programa antiextorsión. Las acciones desplegadas por esta fuerza de tarea conjunta en los últimos meses han sido muy significativas y han permitido recuperar importantes sectores de la cara occidental del Cañón de Las Garrapatas, obligando a la insurgencia a replegarse en las zonas más altas y selváticas. Se debe mencionar al respecto que la confrontación armada se ha trasladado a la vertiente oriental, al departamento del Chocó, concentrándose en el municipio de San José del Palmar. A esta población han llegado cultivadores de coca, desplazados de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Nariño y Cauca, los cuales se encuentran en medio de una disputa entre las Farc y estructuras armadas al servicio de los narcotraficantes, que se ha extendido a todo el sur del Chocó. La más reciente avanzada de las denominadas Autodefensas Unidas del Norte, se produjo a mediados de 2005, cuando llegaron unos 200 hombres al servicio de los capos. Según un habitante de la zona “A los que no vendían les mataban un familiar y los otros se iban con luto y sin plata”. Luego se dio la arremetida de la insurgencia, y la consiguiente confrontación48. El anterior panorama permite deducir que se ha avanzado en la consolidación del Estado en el norte del Valle, sin embargo aún queda mucho por hacer con miras a establecer un verdadero entorno de seguridad. La presencia de la Fuerza Pública en la zona definitivamente ha sido reforzada, no obstante es necesario aumentar el pie de fuerza de la Policía en algunos municipios, incrementando la vigilancia de los centros urbanos, donde las estructuras sicariales generalmente tienen su centro.

48 El Tiempo, “San José del Palmar (Chocó) es el nuevo epicentro de la guerra entre guerrilla y ‘paras’ por la coca”. Noviembre 4 de 2005.

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Además, esto es sólo el primer paso para recuperar el control sobre esta región, puesto que es necesario que llegue también la institucionalidad del Estado, no únicamente recuperando el monopolio de la aplicación de la fuerza, sino también incrementando su presencia por medio del mejoramiento de las condiciones para los habitantes del norte del Valle. Se debe aislar el ejercicio de la política y de los cargos de representación popular, de la influencia de los narcotraficantes; no es un secreto que algunas autoridades locales, así como supuestos líderes políticos han obstaculizado la presencia del Estado, influenciados por mafiosos que han llegado a detentar el poder en estas zonas. De esta manera lo expresó el asesinado monseñor Isaías Duarte Cancino, quien denunció de

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manera abierta esta influencia: “Queremos pedirles a los vallecaucanos que no se dejen engañar y no apoyen a quienes detrás de la fachada de una política y de una democracia limpia, esconden el dinero corrupto del narcotráfico. Eso no le trae beneficio al pueblo colombiano y por el contrario aumentan la pobreza y los problemas de la población”. En el fondo, como lo señala un editorial del periódico El País de Cali, de título “El verdadero cambio”, la clave de la recuperación está en la derrota de la cultura mafiosa”… que penetró las comunidades, pervirtió sus costumbres y contaminó el ejercicio de la representación popular”49. De cierta manera, los narcotraficantes impusieron un orden social que favoreciera sus transacciones, en un contexto económico rezagado y un ambiente político clientelista. En este contexto, como lo menciona Duncan “Las clases medias y bajas encontrarían en las actividades alrededor del narcotráfico y de la política toda una gama de nuevas opciones para sobrevivir”50. Un arriero que desde hace ocho años habita en el sector conocido como La Punta, zona rural de Bolívar – el último centro poblado antes de incorporarse hacia las entrañas del cañón -, expresa lo anterior de la siguiente manera: “Decir que no quiero cultivar coca, además de ser un acto suicida, sencillamente se vuelve una forma lenta de fracasar, puesto que aquí todo gira en torno a ese mercado”. Los cultivos tradicionales de la región, como el plátano, el cacao, el borojó, el chontaduro, la papa, la yuca y el café han sido desplazados por la siembra de hectáreas de coca. Esto ha generado la imposición de una economía ilegal que garantiza el flujo de ingresos para el narcotráfico, parte del cual se canaliza hacia las comunidades. Si bien el accionar de la Fuerza Pública ha impactado el mercado, éste busca la manera de estabilizarse. Un campesino cuenta: “Hemos tenido épocas de buen precio, pero curiosamente después de la arremetida que hizo el Bloque de Búsqueda de la Policía y el Ejército, el kilo de base de coca bajó y se paga tan sólo a $1’800.000”. Agregó que lo más difícil del trabajo es la sacada de la droga hasta los corregimientos, puesto que instalaron retenes permanentes a la entrada y salida de los mismos. “Sin embargo, eso tuvo solución con el pago de un peaje a los baquianos que establecieron rutas a través de las montañas; por lo regular el transporte de cada paquete a pie cuesta alrededor de $50.000, pero es más seguro”, confeso el labriego51. En este contexto, cobran relevancia las palabras de Duncan cuando menciona:

49 El País de Cali, “El verdadero cambio”, septiembre 18 de 2005. 50 Duncan, Gustavo, Op. Cit. Pág. 83. 51 El País de Cali, “La maldición del Cañón de las Garrapatas”, agosto 7 de 2005.

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Ferrocarriles Nacionales, Estación Bugalagrande, Valle del Cauca

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El papel que el narcotráfico asumió como principal fuente de riqueza en diversas comunidades donde previamente existía una disputa violenta por la regulación social, bien fuera desde la perspectiva de gamonales, con sus sicarios o de frentes guerrilleros, se insertó rápidamente en la lógica de la definición del Estado en esas comunidades.52 De esta manera, es menester redefinir al Estado – e incluso construirlo -, tanto a través de la recuperación del monopolio del uso de la fuerza, es decir, en últimas de la legalidad, como con la generación de condiciones económicas, políticas y sociales para esta región. Se han dado pasos importantes, sin embargo aún queda mucho por hacer para romper la tradición mafiosa en el norte del Valle.

52 Duncan, Gustavo, Op. Cit. Pág. 83.

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Río La Vieja, Valle del Cauca

Conclusión

E

l norte del Valle del Cauca se ha caracterizado por ser la región del departamento donde se ha concentrado, desde mediados de los setenta, la mayor actividad cocalera y de tráfico de narcóticos. El núcleo de narcotraficantes que operaba en esta zona, tomó mayor fuerza a mediados de los noventa, una vez desmantelado el Cartel de Cali, lo cual le permitió a capos emergentes apoderarse de las rutas que aquel manejaba, así como de la experiencia acumulada en sectores de la población – tras años de convivir con el negocio ilícito, lo que llegó a configurar en la región una tradición mafiosa que los ‘nuevos’ actores del narcotráfico se encargaron de mantener–. En este proceso, han jugado un papel esencial factores como la ausencia del Estado, la aceptación durante años de la violencia y la coerción como formas de ejercer control social, la complacencia de las élites locales con el fenómeno y el avanzado grado de inserción en la sociedad que han logrado el narcotráfico y sus actividades conexas. Durante varios años, el vacío dejado por los grandes capos fue ocupado por algunos capos emergentes, como fue el caso de los clanes Urdinola y Henao; no obstante, los desacuerdos entre ellos se incrementaron y la organización criminal terminó por fragmentarse. A partir de este momento, los aparatos de “coerción y protección” comenzaron a girar en torno a los capos dominantes: Diego Montoya, con un grupo denominado Los Machos y Wilber Varela con Los Rastrojos. Estas facciones armadas se conformaron a partir de grupos locales en el marco de alianzas contra traquetos53. De esta manera, el monopolio del Cartel se fue rompiendo, quedando en mano de varias agrupaciones, que oscilan entre las alianzas y las disputas.

53 Narcotraficantes de menor capacidad de comercialización de sustancias ilícitas y de menor poder ilegal.

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En este marco, el norte del Valle se presenta como un escenario complejo, en el cual las rivalidades se encuentran atravesadas por una serie de interacciones estratégicas, dentro de las cuales también se encuentran los grupos armados irregulares, mediante las cuales se establecen relaciones y vasos comunicantes. Este juego de alianzas y desencuentros ha determinado en gran medida los niveles de violencia en la zona y la afectación de la población que habita en estas comunidades. Desde esta perspectiva, la implementación de la violencia en esta región se puede entender desde dos dinámicas conexas : por un lado, la fragmentación y confrontación entre las estructuras mafiosas, y por el otro lado, la influencia de la guerrilla y su reciente ofensiva. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que durante los años 2004 y 2005: A pesar de presentarse una disminución en la tasa de homicidio regional, ésta sigue siendo alta e incluso aumenta en algunos municipios: Por otro lado, la disputa entre los narcotraficantes se encuentra vigente, intensificándose en algunas poblaciones como Obando, Bolívar, Tulúa, Bugalagrande y Toro y adicionalmente se sigue registrando la presencia activa de grupos de autodefensa. Este escenario debe ser complementado con el accionar de la insurgencia, el cual ha estado encaminado a mantener su presencia en las cordilleras occidental y central, para desde ahí desplegar ataques e incursiones hacia las zonas planas y ejercer dominio sobre algunos corredores. Se debe señalar además, que el objetivo estratégico prioritario para la guerrilla en el norte del Valle es el control del Cañón de Las Garrapatas. En este panorama, durante el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se ha incrementado la presencia de la Fuerza Pública y de sus operaciones en el norte del Valle, que constituye un avance notable en la construcción del Estado en esta región. Como objetivos prioritarios, se han establecido la persecución de los narcotraficantes y la recuperación de algunas zonas, estrategias dentro de los cuales se ha propinado fuertes golpes a las estructuras de los capos, impactando sus finanzas, su aparato militar, así como su capacidad de movilidad. Además, ha habido una importante recuperación del territorio, interrumpiendo algunos corredores, desmantelando campamentos y manteniendo combates contra los grupos subversivos. Es posible afirmar entonces que las estructuras de los capos del Valle vieron en la actualidad aminorada su capacidad delincuencial, sin embargo, sus dos principales cabecillas aún no han sido capturadas, lo cual se puede explicar por varias razones. A pe-

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sar de sufrir fuertes golpes, conservan capacidad financiera y en cierta medida militar. Cuentan aún con aparatos armados a su servicio y alianzas con grupos de autodefensa y se registró la presencia creciente de organizaciones armadas irregulares, especialmente en el Cañón de las Garrapatas. Además, es relevante mencionar que si bien el Estado ha dado importantes pasos, recuperando el monopolio de la aplicación de la fuerza, también es necesario que llegue su institucionalidad, incrementando su presencia por medio del mejoramientos de las condiciones para los habitantes de esta región.

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Plaza principal de Sevilla, Valle del Cauca

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reciente de la violencia en el Norte del Valle Se terminó de imprimir en julio de 2006, en los talleres de Impresol Ediciones Ltda. en papel esmaltado de 115 gramos y se compuso en la fuente ZapftHumanist

Julio 2006

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reciente de de la la violencia reciente tradición mafiosa en el Norte delenValle el Norte del Valle

Calle 7 No. 6-54 Bogotá. Tels. (571) 334 5077 • Fax: (571) 566 2064 E- mail: [email protected] www.derechoshumanos.gov.co/observatorio Fotografía: Nicolás Herrera Diseño e impresión: Impresol Ediciones Ltda. Fotografía de caratula: Río La Vieja, Valle del Cauca. Bogotá, julio de 2006 ISBN: 958-18-0316-5 Esta publicación fue financiada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID)-MSD Colombia. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan aquellas de la USAID y/o las del Gobierno de los Estados Unidos de América.

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