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Argentino del Valle Larrabure fue un militar argentino nacido el 6 de junio de 1932 en San Miguel de Tucumán, que mientras se desempeñaba como subdirector de una fábrica militar de armas y explosivos fue secuestrado el 11 de agosto de 1974 durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y murió el 19 de agosto de 1975 tras permanecer cautivo 372 días en una "Cárcel del Pueblo". Resumen del Proceso iniciado por Arturo Cirilio Larrabure En febrero de 2007, el hijo de Argentino del Valle Larraburre, Arturo Cirilio Larrabure, presentó en el Juzgado Federal Nº1 de Rosario una solicitud de reapertura de la causa original mediante la declaración del mismo como delito de lesa humanidad, junto a su aceptación como querellante en la causa. Allí sostuvo que el crimen de su padre se correspondía con la definición de un delito de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. El juez federal Nº 4 Germán Sutter Schneider, aceptó los pedidos de Arturo Larrabure y de acuerdo al procedimiento, corrió vista al fiscal federal Nº 2 de Rosario, Dr. Francisco Sosa para que realice un dictamen sobre la causa. El 5 de marzo de 2007, el Dr. Sosa, presentó su dictamen en el que solicitó se declarara la extinción de la acción penal por prescripción; dado que se estaba ante delitos comunes. Luego, el juez Sutter Schneider otorgó la intervención a la Fiscalía General, la cual en un primer momento devolvió las actuaciones al juzgado, por “no verificarse los requisitos para la consulta que se efectuaba”. Sin embargo, luego el juez volvió a correr vista al fiscal general federal de Rosario Claudio Palacín. En consecuencia, el fiscal general Claudio Palacín, realizó un dictamen sobre el caso. En este, se utilizó como única fuente histórica un libro del escritor Pablo Pozzi, que luego repite en sus conclusiones palabra por palabra. Además, se compara el copamiento de la fábrica militar de Villa María a los hechos ocurridos en el cuartel de la Tablada los días 23 y 24 de enero de 1989.

Finalmente, en sus conclusiones, dijo que; el ERP/PRT (guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo) no era una fuerza progresista, sino una organización revolucionaria que pretendía instaurar una sociedad marxista inspirada por el faro de la revolución cubana. Agregando que "la violación de los derechos humanos de Larrabure tuvo lugar en ocasión de un conflicto armado, conforme los lineamientos de la jurisprudencia internacional que en la causa Milosevic ha explicado que el concepto de 'conflicto armado' requiere únicamente que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate y que de hecho lo hagan" motivo por el cual apoyó la opinión del juez de primera instancia y de abrir una causa paralela como investigación por la verdad. Además, de acuerdo a la normativa, solicitó la intervención de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos Los hechos que damnificaron al Teniente Coronel Argentino Del Valle Larrabure no pueden considerarse crímenes contra la humanidad, en tanto esa categoría de delitos, a la fecha de comisión de los acontecimientos del caso, estaba formulada sólo para ilícitos cometidos por el Estado o por organizaciones vinculadas a él. Tampoco la categoría de crímenes de guerra es aplicable a los hechos del caso. Ello no sólo porque, en la década de 1970, no estaban internacionalmente criminalizadas las violaciones al derecho internacional humanitario aplicable a conflictos armados internos, sino porque tampoco puede afirmarse que haya existido en este país un conflicto armado interno en esos años.

Procuración General de la Nación El informe fue enviado a la Procuración General de la Nación el 26 de noviembre de 2007, y el procurador Esteban Righi, mediante una resolución, “hizo suya” los fundamentos y las conclusiones de la "Unidad Fiscal de Asistencia de Coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos", y le otorgó a la misma el carácter de instrucción general, instruyó a los fiscales para que se adopte esa postura. La Procuración

General de La Nación, desestimó el caso y denegó la consideración como crimen de lesa humanidad. El carácter de esta resolución significa que los fiscales de la nación deben adoptar dicha instrucción y aplicar las mismas conclusiones del informe y no pueden sostener la categoría de crímenes de lesa humanidad a este tipo de casos. Por lo que, la causa debe darse por prescripta, sin embargo el juez Sutter Schneider no ha procedido a cerrar la causa. Investigación por la verdad En 2008, a partir del dictamen del juez Sutter Schneider, se abrió una causa paralela caratulada “Srio. Avg. s/ Privación ilegítima de la libertad (víctima: Argentino del Valle Larrabure)”, sorteada al Juzgado Federal Nº 4 de Rosario. Esta causa es una investigación sobre los hechos sucedidos durante el secuestro de Larrabure, más allá de la acción que puedan conllevar o no. Esta modalidad se inscribe en el paradigma de los juicios por la verdad que se posibilitaron desde la Resolución Nº 18/98 de la Cámara Federal de la Plata con el fin de “satisfacer la evaluación de investigar el destino final de los desaparecidos entre 1976 y 1983, descubrir la realidad de los sucedido y de esta manera dar respuesta a los familiares y a la sociedad”. El dictamen que dio pie a esta investigación fue apelado ante la Cámara Federal de Rosario, tanto de parte de los fiscales federales como del propio querellante, Arturo Larrabure. En 2009, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dictó una resolución disponiendo continuar la investigación. Expresiones contrarias a la continuación de la investigación judicial La agrupación HIJOS Rosario expresó su oposición a que siga la investigación y su rechazo a la resolución del juez Marcelo Bailaque con el argumento de que «la calificación como crimen de lesa humanidad requiere que sean cometidos por un Estado o por grupos que operen con la anuencia y complicidad del mismo». Agregó que los ejecutores e ideólogos del hecho «fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura, aplicándoseles de facto la pena de muerte a sus responsables.