Reinsercion Social 32p3n

UNIVERSIDAD ---------

MAESTRIA EN DERECHO PENAL

MATERIA: DERECHO PENITENCIARIO

TEMA: REINSERCIÓN SOCIAL

PROFESORA: -----------

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INDICE INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................4 1. HISTORIA........................................................................................................................................5 2. DE LA READAPTACIÓN A LA REINSERCIÓN SOCIAL.........................................................................7 2.1 LA POLÍTICA PENITENCIARIA DE LA READAPTACIÓN SOCIAL....................................................7 3. FUNDAMENTOS DE LA REINSERCIÓN SOCIAL.................................................................................8 4. CONCEPTO DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.............................................................................10 5. PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD......................................................................................................11 6. PRISIÓN........................................................................................................................................14 8. ARTICULOS USADOS PARA LOGRAR OBEJETIVOS..........................................................................19 9. ESTADISTICAS PENITENCIARIAS...................................................................................................24 .........................................................................................................................................................24 CLASIFICACIÓN DE CERESOS.............................................................................................................24 .........................................................................................................................................................24 INCIDENTES Y QUEJAS......................................................................................................................24 10. CONCLUSIONES..........................................................................................................................25 CONCLUSIÓN 1.............................................................................................................................25 CONSLUSION 2.............................................................................................................................25 CONCLUSIÓN 3.............................................................................................................................26 11. CYBERGRAFIA.........................................................................................................................26

INTRODUCCIÓN La reinserción de una persona en la sociedad, después de haber estado durante un tiempo al margen de ella. La reinserción social es un punto primordial de nuestro nuevo sistema penal, que busca no castigar al delincuente, sino ayudarle a dejar los hábitos que lo llevaron a delinquir y brindarle ayuda para que se transforme en un ser humano que sea de utilidad para la sociedad. Para poder promover la readaptación del delincuente, se les otorga una formación integral que permita a éste, alcanzar una vida honrada y digna en el momento de dejarlo en libertad. Los costos de la crisis del sistema penitenciario y la urgencia de transitar hacia modelos de rehabilitación carcelaria y reinserción social en México que pasen del modelo punitivo hacia un modelo integral que respete y promueva los derechos de las personas, es el punto fundamental de discusión en la problemática de las cárceles en nuestro país. Hemos cambiado una y otra vez los nombres de éstos ámbitos: “cárceles, prisiones, centros de readaptación social, centros de reinserción, etc.”. Sin embargo, no atendemos el fondo ni las causas del problema, sobre todo porque no hemos encontramos un sistema para trabajar los centros de reclusión. Ya no vivimos un estado saludable de conciencia, es necesario que haya una revolución pacífica y ética para fortalecer a la población y forjar confianza en nosotros mismos.

1. HISTORIA El vigente artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Sin embargo, el objetivo asignado constitucionalmente a la pena privativa de libertad no ha sido el mismo, como advertimos de su sinopsis histórica. En efecto, al analizar el contenido del artículo 22 de la Constitución liberal democrática de 1857, encontramos en ella, además de la afirmación de una genérica instancia de humanización de las penas, al prohibir la “mutilación, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas o trascendentales”, el reconocimiento de una precisa exigencia racional e ideológica, como lo es el respeto a la dignidad de la persona, toda vez que dichas penas lastimaban y lesionan todavía hoy la integridad físico-psíquica del reo, que es un todo unitario. En esta posición ideológica de defensa de los derechos del hombre, se llegó al compromiso político de itir la pena de muerte (artículo 23 constitucional) solo “al traidor a la Patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiera la ley”, puesto que el avance cultural y la consolidación de la nación mexicana en aquellos tiempos exigía una sanción proporcionada a las más graves formas de delincuencia y a las más abyectas manifestaciones de voluntad dirigidas a la perturbación del naciente orden jurídico, que la mayor parte de ellas estaban encaminadas principalmente a la no instauración del régimen liberal. El título I de aquella Constitución, “De los derechos del hombre”, defendía, entre otras cosas, la libertad espiritual del ciudadano, al establecer en el artículo 16, que “Nadie puede ser molesta- do en su persona… sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Por ello, el artículo 23 constitucional no le asignaba ninguna finalidad a la sanción, y no porque en aquel entonces no se hubiera establecido aún el régimen penitenciario, sino porque la esencia de la ideología política liberal, y con ella la del derecho penal liberal, es el respeto absoluto a la libertad de conciencia del individuo; es decir, a su selección de vida.

El paso del Estado liberal en México a un tipo social-democrático a través de la Revolución de 1910-1917, señala también el cambio de finalidad en la ejecución punitiva. El original artículo 18 de la Constitución de 1917 ordenaba que “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán en sus respectivos territorios, el sistema penal (colonias, penitenciarías o presidios), sobre la base del trabajo como medio de regeneración”. Las reformas de 1965 agregarían otros medios, como la capacitación para el trabajo y la educación, para alcanzar la readaptación social del delincuente. Al identificar con “la regeneración” o con “la readaptación social” a la finalidad del sistema penitenciario nacional, y con ello el objetivo específico de la pena de prisión, el nuevo Estado social-demócrata conservó a grandes líneas los conceptos jurídicos fundamentales de todo Estado de derecho. Sin embargo, como Estado social que era, intervencionista por naturaleza, al inmiscuirse tanto en la vida económica de los ciudadanos como en la esfera de la privacidad de los condenados, violaba veladamente las garantías individuales de estos en aras de una supuesta reincorporación a la sociedad, pues este nuevo planteamiento ideológico en la ejecución de la sanción asigna a la misma la función de prevención especial de delitos a través de la reeducación de los condenados. Así pues, la prevención especial movió la atención del objeto y sujeto de estudio de la sanción: de la norma jurídica penal al hombre delincuente; de la culpabilidad como parámetro de la pena, a la peligrosidad social como medida indeterminada de defensa social; es decir, como medida de seguridad impuesta por la conducta de vida del autor del delito, invadiendo áreas que pertenecen al foro interno de los hombres. Las reformas del 18 de junio del 2008 al artículo 18 constitucional mueven ahora la atención de los criminólogos enamorados con la “readaptación social” al de “reinserción social”, conceptos que no dejan de estar vinculados al primero, porque la readaptación a los valores de la sociedad que el hombre delincuente rechaza era el objetivo que se deseaba lograr a fin que fuera reinserido al núcleo social que lo vio delinquir. Pero me parece que con la reforma se respeta esa libertad: de escoger entre el bien y el mal, y se espera que al obtener su libertad el reo haya introyectado el efecto intimidatorio de la pena sufrida en prisión, y sepa escoger en volver a ella o seguir gozando de la misma. El concepto reinserción significa volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito. Siendo, en efecto, el comportamiento criminoso, la consecuencia de un desajuste social del individuo; una forma de reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la cual el delincuente pertenece, y que no logra aceptar o asimilar; la reinserción va dirigida a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento de sus

deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, sea al reconocimiento de su culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado. Básicamente, los medios para lograrla son aquellos enumerados en el aludido precepto magno y los que la criminología clínica aconseja. De la misma manera que los médicos tratan a los enfermos, así los técnicos penitenciarios, a través de un trata- miento individualizado, desean sanar al hombre delincuente de esa rara enfermedad llamada delito. Enorme es el valor que se atribuye a estos medios, en torno a los cuales gira prácticamente todo el tratamiento penitenciario moderno: al trabajo se le reconoce el mérito de combatir el ocio, de sacudir al detenido del aburrimiento físico y moral, de templar su cuerpo en la disciplina y apoyarlo espiritualmente, al hacerlo sentirse en cualquier modo útil. A la educación se le da el mérito de combatir la ignorancia, que a menudo es la causa de los errores, y de elevar el espíritu, a fin de que el hombre ya no esté sujeto a su instinto, sino a su libre albedrío. Las actividades culturales, recreativas y deportivas tienen el mérito de mejorar el nivel cultural y las condiciones físico-psíquicas de los detenidos, además de apagar esa carga de agresividad que generalmente se acumulan en los sujetos sometidos a un régimen restrictivo de la libertad personal. A las actividades religiosas se les reconoce el mérito de confortar al preso, de infundirle resignación cristiana, de apoyarlo moralmente, de hacerle revaluar el significado del bien y de hacerle nacer el deseo de sentirse en paz consigo mismo y con la sociedad. A los coloquios epistolares y telefónicos concedidos al detenido para que se comunique con el mundo exterior se le reconoce la función de no aislar a estas personas de la sociedad de donde originalmente provienen, para así conservar, fortalecer y, en su caso, restablecer las relaciones familiares, de amistad y de compañerismo que han dejado afuera, y que en esos momentos cruciales de su vida tan- to los necesita. A la visita íntima se le reconoce el doble mérito de lograr tanto la salud psíquica del detenido como el de reinstaurar las relaciones conyugales. Las psicoterapias individuales y de grupo tienen el mérito de descubrir las causas de la inadaptación y las formas de ayuda para superarlas y adquirir una nueva conciencia que le haga percibir la anormalidad de su comportamiento pasado, le haga aceptar aquellos valores y esquemas que primero rechazaba y, sobre todo, le haga desear vivir correctamente en sociedad. 2. DE LA READAPTACIÓN A LA REINSERCIÓN SOCIAL. 2.1 LA POLÍTICA PENITENCIARIA DE LA READAPTACIÓN SOCIAL. En 1957 se aprobó por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, postura que llevó a nuestro país a crear y aprobar en 1971 la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre

Readaptación Social de Sentenciados, documento que dio legitimidad al tratamiento de la readaptación social en nuestro país. Con base en tal normatividad se puso en práctica un sistema progresivo técnico que mira al trabajo, a la capacitación y a la educación como premisas readaptatorias. Los principales postulados de la readaptación social, en cuanto a su tratamiento se refiere, son los siguientes: • El tratamiento será individualizado. • El régimen penitenciario es de carácter progresivo y técnico. Sus etapas mínimas corresponden al periodo de estudio y diagnóstico y de tratamiento. El tratamiento se funda en los resultados del estudio de personalidad. • Se establece un Consejo Técnico Interdisciplinario, el cual entre sus funciones destaca: su perfil consultivo en la individualización del tratamiento y la ejecución de la libertad condicional (Preliberación, remisión parcial, libertad preparatoria, etc). • El trabajo como medio de sustento al interior y para el exterior, con fines de autosuficiencia y reincorporación social. • La capacitación laboral para el trabajo en libertad. • La educación con perspectiva académica, cívica, social, higiénica, artística, física y ética. • Se establece la necesidad de fomentar las relaciones del interno con el exterior, así como la visita íntima como un medio para mantener las relaciones maritales. Estos postulados dieron sustento al sistema penitenciario mexicano, cada Estado los adopto como ejes rectores, construyéndose así la dinámica contemporánea de la prisión en México. Esto construyó la institucionalización de la readaptación social, y la forma de ver al sentenciado o procesado de algún delito. Bajo tales premisas se mantuvo una visión segregativa del ser delincuente, más que una intención de inclusión en la sociedad de dónde provenía.

3. FUNDAMENTOS DE LA REINSERCIÓN SOCIAL Nos enfrentamos a la construcción de un nuevo planteamiento en política criminal: la reinserción social del individuo preso. Por lo que respecta a México este es un planteamiento novedoso, y el cual deberá generar criterios que favorezcan a un nuevo “tratamiento” y consideración de las características del encierro.

Borja Mapelli sintetiza los presupuestos principales de este término: Principio de reinserción social. Esta nueva formulación de los fines preventivo especiales en el ámbito de la ejecución de la pena arranca de las críticas y el fracaso de las pretensiones resocializadoras más ambiciosas y que a la postre ha servido sobre todo como un poderoso instrumento legitimante de la prisión gracias al cual lejos de convertirla en una pena excepcional de última ratio, se nos aparece no solo como la pena hegemónica en relación con las demás, sino que en si misma considerada se emplea con más intensidad y frente a más infracciones que en cualquier otro momento de su historia. La reinserción social nos sitúa frente a un condenado más real, más concreto; ante un sujeto con muchas carencias, algunas de las cuales tiene su origen en su propia condición de recluso. El sistema penitenciario no puede pretender, ni es tampoco su misión hacer buenos a los hombres, pero si puede, en cambio, tratar de conocer cuáles son aquellas carencias y ofrecerle al condenado unos recursos y unos servicios de los que se pueda valer para superarlos. En cierta forma se propone que las terapias resocializadoras y la psicología sean desplazadas por la oferta de los servicios sociales y la sociología. Principio de normalización social. En justa coherencia con lo anterior la cárcel debe ser el reflejo de la sociedad libre. No hay razón para que la vida dentro de una prisión se trate de prisionalizar y, sin embargo, si existen muchos argumentos a favor de su normalización social. A esta normalización social se llega por los caminos de la humanización del castigo mejor que con pretensiones rehabilitadotas. La prisión no puede añadir más castigo al condenado que la privación de su libertad ambulatoria. Para asegurar esta normalización social es preciso reforzar unas relaciones fluidas sociedad-prisión. La mejor forma de garantizar que la vida en la prisión se asemeja a la vida en libertad es permitiendo el de la sociedad a través de diferentes instancias dentro de la prisión. La sociedad se debe corresponsabilizar con el daño que se causa a la población penitenciaria convirtiéndose en garante de la evitación de los excesos. Bajo los anteriores principios deberá de regirse el nuevo proyecto penitenciario. Esto implicaría correcciones y adecuaciones normativas y técnicas en cuanto al tratamiento se refiere. Y éstas podrían contemplarse en consideración con lo siguiente: a) Se debe de establecer los alcances del tratamiento y su diferencia con la ejecución de la pena. b) La prisión no debe de identificarse como un espacio terapéutico, sino como un lugar que no atente contra la dignidad humana. Vigilancia que le correspondería al Juez de Ejecución Penal, y obligación de acatar por parte del gobierno penitenciario.

c) La normatividad penitenciaria no debe fungir como un código moral. Debe dar relevancia a la protección de los derechos humanos, y en este contexto el individuo deberá decidir sobre su propia situación de encierro. No debe verse limitado en sus decisiones personales por términos normativos que condicionan su tratamiento con la ejecución de la pena. d) Los principios de reinserción y normalización social son el eje principal de la nueva propuesta penitenciaria. Por lo tanto, se deja a un lado la readaptación del infractor por la construcción de una cultura de derechos. Esto implicaría la postura del Juez de Ejecución Penal y el ámbito sociológico del tratamiento penitenciario. e) Se modifican los alcances del Consejo Técnico Interdisciplinario: el cambio o modificación de una sanción penal es obligación única y exclusiva del órgano jurisdiccional. La función del Consejo Técnico residirá más bien en la planeación, configuración y organización del tratamiento de reinserción o reincorporación social. En este sentido, las medidas de seguridad son responsabilidad y obligación solamente de la autoridad jurisdiccional. f) La protección de los derechos humanos es parte sustancial del gobierno penitenciario. El Consejo Técnico Interdisciplinario buscará las condiciones necesarias para que se facilite la reincorporación social del individuo a la sociedad libre, bajo la premisa del respeto a los derechos del ser humano.

4. CONCEPTO DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO Actualmente en México, la Constitución General de la República ha impuesto ciertas obligaciones a nuestras autoridades penitenciarias referentes a los tratamientos que se les debe otorgar a los sentenciados dentro de la prisiones mismas que tienen como fin ser Centros de Reinserción que permitan devolver al sentenciado a la sociedad como un hombre útil. Por lo tanto los gobiernos de la Federación y de las entidades federativas tienen la tarea de organizar un sistema penitenciario efectivo en el cual se utilice como base del respeto a los derechos humanos, la capacitación, el trabajo, la educación, el deporte y la salud para lograr el objetivo que es la reinserción social. Tal y como dice la frase de Quiroz Cuarón “pena sin tratamiento no es justicia es venganza”. Hace referencia a que el sentenciado al cumplir la pena tiene que ser bajo un tratamiento que lo ayude a regenerarse y a su vez reinsertarlo a la sociedad y al no brindarle dicho tratamiento no solo se perjudica al mismo, sino que a toda la sociedad puesto que puede empeorar su situación dentro de prisión y así se reinserta al medio con las personas que lo rodeaban, es por ello que el estado debe brindar un tratamiento a cada uno de los sentenciados que estén cumpliendo una pena, como lo dice eso sería lo justo y se estaría cumpliendo con el ideal del sistema penitenciario.

Si bien sabemos que para lograr la reinserción de un sentenciado a la sociedad durante la prisión se debe llevar a cabo un tratamiento efectivo que permita que al concluir su pena pueda reintegrarse satisfactoriamente a ella y sin problema alguno.

Como primer punto es necesario saber a qué nos referimos cuando hablamos de tratamiento. Según Roldan Quiñones y Hernández Bringas definen al tratamiento penitenciario como “el conjunto de servicios que el Estado ofrecerá gratuitamente a todos los internos, pero no con la creencia que se les va a readaptar (ahora reinsertar), si no que construirá el puente necesario para la reintegración (ahora reinserción)” Pero aclaran que para ello deberán darse oportunidades de trabajo remunerado, educación escolarizada, capacitación, habitaciones de visita íntima, alimentación suficiente, actividades deportivas y recreativas, servicios médicos y convivencia familiar ya que sin esto no se lograría el fin. La autora Hilda Marchiori menciona que: “En un concepto más amplio podemos decir que se entiende por tratamiento penitenciario la aplicación de todas las medidas que permitan modificar las tendencias antisociales del individuo.” Estas medidas están en relación a cada departamento técnico, es decir medicina, psicología, trabajo social, etc. Es evidente que el tratamiento está basado en un correcto diagnóstico, es decir implica el estudio exhaustivo de todos los aspectos relacionados a la personalidad del delincuente como unidad psico-social. Según la doctrina de la readaptación social “el tratamiento penitenciario consiste en un conjunto de medidas institucionales sustentadas en distintas disciplinas que permiten modificar las tendencias antisociales del individuo. Para ello proponen el estudio exhaustivo de todos los elementos relacionados con su personalidad como parte de una unidad bio-psicosocial”. Y según esta doctrina los tratamientos que se deberían seguir los clasifica de la siguiente forma: “Los tratamientos básicos serán: educación, capacitación para el trabajo y trabajo como forma de readaptación. Los tratamientos de apoyo serán: tratamiento médico, socio terapias y tratamiento psicológico. Habrían otros tratamientos auxiliares como orientación sexual, de farmacodependencia y asistencia espiritual.”

5. PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Desde los tiempos más remotos hasta la actualidad la sociedad ha utilizado las penas ya sea para vengar un hecho delictivo o para proteger el orden de una

sociedad o bien, para reformar a aquel que actuó contrario a lo establecido por la sociedad. Pero, “La pena con finalidades diferentes feroz o moderada ha existido siempre en todos los pueblos. La pena es un hecho universal.” Antes se aplicaban las penas de una manera inhumana, sin piedad a aquel que tuviera una conducta inaceptable que se reflejaba en castigos corporales principalmente de acuerdo con la gravedad de la conducta realizada, pero generalmente penas en plazas públicas. Se pretendía utilizar escarmiento en cabeza ajena pero de una manera cruel y despiadada, ahora se pretende reinsertar al individuo pero respetando los derechos humanos del hombre, claro sin dejar atrás el fin de la pena. Es necesario mencionar que la pena ha pasado por cinco etapas históricas: “Una primera etapa primitiva que coincide con la concepción de la venganza privada como pena; una segunda etapa con carácter religioso en la que el poder de castigar se le reconoce a los sacerdotes o representantes de la deidad que ha sido afectada por la acción humana; la tercera que reconoce que a la pena un fundamento ético para castigar y a la vez moralizar al delincuente; encontramos que la cuarta etapa es la ético- jurídica y finalmente nos habla de una quinta etapa a la que se le atribuye un carácter social por considerar que al delincuente como un enfermo social al que la sociedad misma debe atender para curar mediante un tratamiento adecuado” cada etapa cumple con el mismo fin de la pena. Antes de hablar acerca de la privación de la libertad es necesario conocer y definir este término. García Ramírez Sergio, define a la pena como: “Las penas propiamente son sólo las medidas que la autoridad aplica a un individuo que ha sido declarado culpable de cierto delito” Nos menciona que únicamente es la aplicación que hace la autoridad de ciertas medidas de seguridad a la persona que infringió la norma, es decir, que la pena solo es tomada como medida de seguridad para aquel que comete un delito. Por otro lado Rafael de Pina Vara, nos dice que la pena es el “Contenido de la sentencia de condena impuesta al responsable de una infracción penal por el órgano jurisdiccional competente que puede afectar a su libertad, a su patrimonio o al ejercicio de sus derechos; en el primer caso privándole de ella, en el segundo infligiéndole una merma en sus bienes y en el tercero restringiéndolos o suspendiéndolos. Acumulación de penas. Individualización de la pena.” El autor nos señala en su definición que la pena conlleva la privación de la libertad, del patrimonio y la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos que nos otorga la constitución federal a aquel que haya sido sentenciado por la realización de un delito. Y en esencia esta definición es muy acertada ya que menciona las

consecuencias de la comisión de un delito tal mismas que son aplicadas en la actualidad. “Lardizábal: uno de los fines más esenciales de las penas es el ejemplo que con ellas debe darse para que sirva de escarmiento a los que no han delinquido y se abstengan de hacerlo y por esta razón hemos dicho que deben ser púbicas.” De acuerdo a lo que dice el autor se pretende que las penas sean públicas para que la sociedad tome conciencia de lo que pasaría si ellos actuarán de la misma forma que aquel y se evite dañar a la sociedad en sí. Santo Thomas de Aquino dice: “ objetivo de la pena: evitar que el delincuente dañe a la sociedad”. Puesto que al estar en convivencia con lo demás se perjudica o se daña a toda una comunidad y es aquí donde se utiliza la expresión “una manzana podrida pudre a las demás”, dado a ello se evita que el sentenciado siga dentro de la sociedad y se recurre a la pena de privación de la libertad. La libertad personal es un derecho natural del hombre inherente por su propia naturaleza desde el momento en que nace por tanto la ley solo la reconoce no la concede, dicha libertad podrá ser afectada cuando se infrinja la ley para evitar la evasión de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas como una medida de aseguramiento o para el cumplimiento de la pena. La privación de la libertad es conocida también como prisión, el autor Focaul Michel en su obra de “Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión” nos hace mención: “La prisión, pieza esencial en el arsenal punitivo marca seguramente un momento importante en la historia de la justicia penal; a la humanidad.” Con ello se refleja cómo es que la prisión es necesaria para mantener un orden social y como consecuencia se habla de la impartición de justicia penal. Así pues la prisión surge tras la necesidad de tener lugares en los cuales se pudiese cumplir el castigo como lo escribe Emma Mendoza en relación al tema: “se sabe que por periodos breves y en distintas sociedades se utilizó la prisión como pena, pero sin una continuidad que hable de una aceptación y normativización de este uso como sucede desde la aparición a finales de la Edad Media hasta la fecha”. Es claro que la pena privativa de la libertad ha sido desde su creación la de mayor utilización, pero se ha ido trasformando ya que en la actualidad está regulada bajo un ordenamiento jurídico que presupone un orden social aunque las políticas públicas penitenciarias que se han generado han prosperado muy poco y sin éxito. Pero al hablar de prisión no solo se refiere al término de prisión como pena, sino también como una medida de seguridad o medida cautelar, es decir prisión preventiva, “la prisión preventiva es una medida precautoria de índole personal que crea el individuo en el cual recae un estado más o menos permanente de privación de libertad física soportada por un establecimiento público destinado al

efecto, y que es decretada por un juez competente en el ocurso de una causa contra el sindicato como partícipe en la comisión de un delito reprimido con pena privativa de la libertad con el único objeto de asegurar su presencia a juicio y garantizar la eventual ejecución de la pena”. Como consecuencia de lo mencionado con anterioridad se deduce que la prisión preventiva es un medida judicial que restringe el derecho fundamental de la libertad aplicada a aquel que concurre a los supuestos establecidos en la ley. Respecto a la prisión punitiva aquí ya se está ejecutando la sentencia, el sentenciado ya tiene definida su situación jurídica, por lo tanto se le privará de su libertad por la cantidad que el de justicia (juez especializado en materia penal), luego del estudio del sumario acreditó la participación en el delito y su responsabilidad. En sí, la pena privativa de la libertad tiene como fin que al ejecutarse se respete la ley procurando la adecuada reinserción social de cada individuo. Como nos damos cuenta antes lo que se pretendía era utilizar el escarmiento en cabeza ajena de manera inhumana y cruel, ahora en la actualidad se pretende lo mismo sólo que no mediante castigos crueles, sino de afectación a su libertad, patrimonio o al ejercicio de sus derechos, la manera más humana de castigar con el motivo de obtener un mismo resultado que en la antigüedad crear conciencia, sólo que con más herramientas posibles también para la mejora del sentenciado.

6. PRISIÓN En México la justificación constitucional de la prisión ha cambiado a lo largo de la historia, entre 1917 y 1965 el objetivo fue la “regeneración” de la persona que delinque; entre 1965 y 2008 fue la “readaptación social del delincuente”, mientras que a partir de la reforma de junio de 2008 al artículo 18 el propósito es buscar la “reinserción social del sentenciado”, de manera que quienes salen de prisión pierdan el deseo de volver a delinquir. Así mismo, desde la reforma de junio de 2011 se incorporó el respeto a los derechos humanos como la base del sistema penitenciario. Con lo anterior, podemos deducir que entonces la principal finalidad actualmente de la prisión en México como antes se mencionó es lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, esto se logrará con base en los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y bajo un tratamiento efectivo que se les brinde, sin dejar atrás que dentro de prisión los reclusos tienen derecho a tener una estancia digna y segura. De acuerdo con Jeremy Bentham, un estudioso clásico de los temas penitenciarios dice: “la cárcel cumple con al menos tres funciones: incapacitar, rehabilitar y disuadir. La incapacitación se refiere a quitarle al sentenciado la posibilidad de cometer más delitos, la rehabilitación se centra en la eliminación del

deseo de delinquir, la disuasión busca causarle temor tanto al sentenciado como a la población en general de violar la ley y ser sancionado por ese motivo”; pero en nuestro país tomando en cuenta las tres funciones mencionadas la finalidad es lograr la reinserción a la sociedad a aquel que cometió un delito. Roldán Quiñones y Hernández Bringas nos mencionan en su obra Reforma Penitenciaria Integral. Paradigma Mexicano: “Las prisiones en México son bodegas humanas que responden a la concepción tradicionalmente represiva de depósito, contención y seguridad pública, bajo un criterio de clasificación rudimentaria clasifican al preso y lo envían a un dormitorio donde será objeto de un cuerpo de custodia elementalmente capacitado y adiestrado”. En muchas de ellas los presos se encuentran en condiciones inhumanas en las que es imposible vivir de una manera digna, por lo que se violan los derechos humanos de éstos y en cuanto se refiere al cuerpo de custodia capacitado y adiestrado no es del todo real. por lo que al respecto el autor Pizzotti asegura que “será prácticamente imposible que se pueda llegar a la readaptación (ahora reinserción) de los condenados si no se hace desaparecer un ambiente antinatural, artificial que predomina, seguramente una de las causas importantes del fracaso de la pena de prisión es el ambiente negativo.” En su gran mayoría las personas que estuvieron privadas de su libertad no salen de prisión como se pretende ya rehabilitados y con las bases que proporciona la Constitución Federal (respeto a sus derechos humanos, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte) ya que no se les brindó un tratamiento efectivo que los ayudase a que puedan reinsertarse a la sociedad como hombres útiles, la mayoría de ellos se regresa a la sociedad como entraron algunos sin saber leer y escribir, sin saber trabajar y esto es lo que los motiva a la reincidencia. “En una cárcel el preso trabaja si quiere y si hay empleo, estudia si quiere y si el establecimiento cuenta con cursos escolarizados, asiste a servicios religiosos si quiere y si tiene un dios en quien creer, dicho en otras palabras cada quien hace lo que quiere en el interior de estos lugares; si quiere se drogará y si se le place aprenderá nuevos oficios delictivos. En definitiva dentro de las prisiones impera la anarquía y se regula por medio de leyes no escritas sustentadas en las costumbres y tradiciones más arraigadas de la delincuencia.” Las condiciones de vida al interior de los espacios de cumplimiento de una pena privativa de libertad en lugar de permitir la reinserción de los sentenciados a la sociedad en su condición actual las prisiones son espacios propicios al contagio criminógeno. “Ante la evidencia del fracaso de la pena de prisión como instrumento para combatir el delito podemos adelantar una hipótesis: Los efectos nocivos de la vida carcelaria conducen inevitablemente a la contaminación de conductas antisociales a las personas que la padecen, mientras más tiempo permanecen en ellas mayor será el riesgo.“ Un indicador a tomar en cuenta en lo que se refiere a este fenómeno de

contaminación criminógena es el nivel de reincidencia delictiva, el cual también es resultado de la baja efectividad en los programas de reinserción social puesto que muestran que la cárcel no cumplió la misión de evitar que los internos cometieran más delitos en el futuro. En México, el porcentaje de sentencias condenatorias a personas reincidentes en 2012 fue de 15.5. Sin embargo, esta cifra podría ser más alta, puesto que en 13.7 por ciento de las sentencias no se especificó la condición de reincidencia. Esta tendencia se observa al menos desde 2009, cuando el INEGI comenzó a publicar estos datos, en ese año, el porcentaje de reincidencia fue de 14.3; en 2010 bajó a 13.6; en 201 subió a 14.7; y finalmente en 2012 se ubicó en 15.5. Pero no es el único problema ya que en las prisiones mexicanas además está muy presente el hacinamiento o la sobrepoblación que existe en ellas.

En el caso de la sobrepoblación se dice que da lugar cuando el número de internos excede los espacios disponibles en determinado centro penitenciario. La literatura en materia penitenciaria considera que se tiene situación crítica de hacinamiento cuando se excede 120% de la ocupación penitenciaria. Es necesario mencionar que la posibilidad de reinsertar en el sistema de ejecución de sanciones mexicano está enfrentando una severa crisis pues el constante incremento en la población carcelaria ha dejado muy atrás la capacidad de los centros penitenciarios dando lugar a la sobrepoblación y hacinamiento que son el principal obstáculo para las políticas y programas de la reinserción social. En México existen 420 centros penitenciarios. En total, hay 242 mil 754 internos en dichas instalaciones. En enero de 2013 242 mil 754 personas estaban privadas de su libertad en México en un espacio diseñado para 195 mil 278 lo cual indica que la ocupación alcanza 124.3 por ciento. Así, según los datos más recientes en México hay sobrepoblación en 220 de un total de 420 centros penitenciarios. Al respecto el autor Elías Carranza menciona que: “La sobrepoblación o hacinamiento es el problema que mientras no se resuelva hará inútiles o por lo menos limitara muy seriamente los esfuerzos que en otros ámbitos penitenciarios se realicen”; Entonces la sobrepoblación penitenciaria trae consigo elementos adicionales que contribuyen al problema tan crítico que enfrentan los penales y deteriora la calidad de vida en los centros de reinserción. La saturación y la poca inversión pública generan un entorno de escasez. Esto da lugar a una disputa por los espacios, los alimentos y los servicios que de acuerdo con la normatividad internacionalmente adoptada y las normas mínimas establecidas en la legislación mexicana.

“Las cárceles mexicanas esto hay que decirlo claro y fuerte no son centros de readaptación social. La enorme cantidad de incidentes violentos que ocurren dentro de ellas viene a confirmar este axioma, son por lo contrario sitios donde se aprende a odiar la legalidad establecida y sus autoridades, las instituciones y en general los valores aceptados.” Dado a esto la prisión no cumple con el fin no reinsertan ni rehabilitan más bien arruinan vidas. El paso por la prisión aunque breve, marca de por vida. La prisión es el sitio donde se anudan los hilos de la corrupción y la ineptitud de los directivos, el abandono gubernamental, la violación sistemática a los derechos humanos de la población, la violencia endémica entre los presos, el hambre, el ocio, la drogadicción, la sobrepoblación, etc.; Por lo que coincidimos en la descripción que nos comparte Luis Rodríguez Manzanera, pero que al parecer a nadie le interesan estos espacios y no se mejoran. El uso actual de la prisión en México está muy alejado del ideal constitucional el cual se pretende lograr el de la reinserción social de los internos. Ante la situación actual de violencia resulta necesario entender para qué deben servir nuestras cárceles, para qué están sirviendo en la realidad y si está cumpliendo con el fin de la prisión. La prisión debería ser el último recurso de las instituciones, es decir, el castigo a utilizar en casos en los que se considere que la persona sentenciada realmente representa un peligro potencial a la sociedad. Es fundamental preguntarnos si cumple con su labor de reinserción y si conviene que la privación de la libertad sea la sanción preeminente para prácticamente todos los delitos que se cometen en México. La cárcel debería ser más bien un lugar en el que estas personas verdaderamente obtengan las herramientas necesarias para reinsertarse a la sociedad al final de su condena. Nos resulta redundante el que se insista que en México no existe una ley penitenciaria, o sí se quiere decir de otro modo no contamos con una ley reglamentaria del artículo 18 constitucional que establezca explícitamente los propósitos de la pena de prisión, sus métodos, las autoridades competentes de vigilar el cumplimiento de la pena, la organización del sistema penitenciario, los derechos y obligaciones de las autoridades, y la de los internos según sea su situación jurídica (procesados o sentenciados) y el personal que intervendrá en los tratamientos. Todo naufraga en generalidades. Ante tal situación derivan las siguientes preguntas: ¿Rehabilitarlos o reinsertarlos? del total de dichos centros, más de la mitad están sobrepoblados y las condiciones de vida son degradantes. ¿Prevenir y disuadir futuros crímenes? a nivel nacional el indicador de reincidencia es de 15.5 por ciento y hay estados en donde más de 20 por ciento de los internos son reincidentes, lo cual indica que los centros penitenciarios no están siendo exitosos en su labor de reinserción social.

7. TEORIA SOBRE LA FUNSIÓN PENAL

El primer problema que el segundo párrafo del artículo 18 constitucional pone al intérprete es, según nuestra opinión, aquel de dejar en claro si la función de reinserción atribuida a la pena corresponde a la fase de la conminación legislativa o a la aplicación judicial de la misma, o bien solamente a la disciplina de la ejecución penal. Resuelve tal cuestión en el último sentido de la alternativa puesta es la correcta; en primer lugar, porque valoriza al máximo la interpretación gramatical de la norma a estudio, apuntando sobre el perfil formal de su expresión sintáctico:

Artículo 18. … El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respe- to a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La eficacia persuasiva de tal interpretación pudiera desviarse si tomamos en cuenta que en México, el sistema penitenciario, tanto federal como estatal, está compuesto por reclusorios o centros de custodia preventiva, como por penitenciarías o instituciones de ejecución de penas, las que en su conjunto forman el así llamado Cereso (centro de reinserción social), lo cual contribuye más a su confusión, porque en provincia están construidos arquitectónicamente, la mayor parte de ellos, sobre un mismo complejo penitenciario, lo cual hace creer al público no especializado que todos los ahí recluidos son candidatos constitucionales a ser reinseridos. si la reinserción es un objetivo aplicable a toda persona que se encuentre privada de su libertad tanto en un instituto de custodia preventiva o solo a los que se encuentran en un instituto de ejecución de penas, o a ambos. Sobre un plano de interpretación literal, nosotros nos ponemos de parte de aquella cuya tesis aflora en el sentido de que la función de reinserción atribuida a las penas por el Constituyente permanente es en relación con los condenados, porque así se infiere de la antigua y nueva expresión “...como medios de readaptación social del (delincuente), ahora del (sentenciado)”; y esta última categoría jurídica se etiqueta a aquel individuo que tiene en su contra una declaratoria irrevocable de existencia del cuerpo del delito y una atribución definitiva de responsabilidad penal. De lo que se infiere que los procesados, constitucionalmente, no deben ser readaptados ni reinseridos, sino únicamente interna- dos en custodia preventiva; y por otro lado, los procesados no se

encuentran propiamente compurgando una pena, sino sujetos a una medida cautelar, como lo es la prisión preventiva. Por otra parte, de una interpretación sistemática de la última parte del primer párrafo, en relación con el segundo, del citado precepto constitucional, se infiere que si el sitio de la prisión preventiva debe ser distinto del que se destinara para la extinción de las penas y estarán completamente separados, con ello el legislador histórico quiso que no se mezclaran procesados con sentenciados, no solo para evitar cualquier contaminación, sino también para señalar que merecían tratamientos distintos.

8. ARTICULOS USADOS PARA LOGRAR OBEJETIVOS El presupuesto indispensable para lograr la resocialización es la individualización del tratamiento. El vocablo significa que los técnicos penitenciarios deben tender a lograr una resocialización en la que se tome en cuenta la personalidad de cada individuo, y en particular las carencias físico-psíquicas que determinan su comportamiento criminoso, lo que presupone obviamente un profundo conocimiento de la personalidad del sujeto. A tal propósito, la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados prevé, en relación con los reclusos, la observación científica de su personalidad, dirigida a la búsqueda de tales carencias y de otras causas de inadaptación social. En efecto, el artículo 6o. de las Normas Mínimas establece que “El tratamiento será individualizado, con aportación de diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales”. Ahora bien, si el tratamiento debe ser individualizado, resulta lógico que se debe efectuar con estudios muy cuidadosos de la personalidad de cada reo. Pero si como este es cambiante, semejante a las hojas de un árbol, y muda conforme pasa el tiempo, es necesario adoptar un régimen progresivo, un tratamiento que vaya por etapas, por escalones. El artículo 7o. de la Ley de Normas Mínimas establece el anterior criterio al señalar: El Régimen Penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará, por lo menos, de períodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundará en los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente.

Se procurará realizar el estudio de personalidad del interno desde que éste quede sujeto a proceso;

El artículo 7o. establece un esquema natural de progresividad: fases de estudio y diagnóstico, en primer lugar, y de trata- miento, después. Durante la primera fase realizada en el centro de observación y clasificación se analiza a fondo la personalidad del reo. Esto permite formular un diagnóstico y un pronóstico y establecer el tratamiento que se deberá aplicar al sujeto, teniendo en cuenta sus aspectos médicos, psiquiátricos, sociológicos, psico- lógicos, laborales y pedagógicos. Después de haber desarrollado este examen, se inicia el periodo dinámico de la reclusión; durante su desarrollo se observará detenidamente al detenido, y con base en estas observaciones se determinarán las nuevas formas de tratamiento: en clasificación y en preliberación. La clasificación de los detenidos constituye la mejor forma para lograr la individualización del tratamiento, y tendrá el pro- pósito, entre otros, de erradicar la promiscuidad, tan común en las viejas cárceles. A partir de 1917, el constituyente originario introdujo en el artículo 18 constitucional un criterio de clasificación jurídica de los detenidos, al establecer que: “Art. 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto al que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados...”. Esta separación que debe existir entre procesados (prisión preventiva), y condenados (reclusión penitenciaria), resulta suma- mente acertada, pues en favor de los primeros existe la presunción de inculpabilidad, ya que no existe una condena definitiva en su contra, a diferencia de los sentenciados, en cuya confrontación existe una sentencia ejecutoriada, pues resultaría contrario a los fines del tratamiento de reinserción, tener una misma celda a un probable responsable de un delito, y a un delincuente reincidente, habitual o profesional Las reformas de 1965 al ya citado artículo constitucional introdujeron una ulterior clasificación de tipo criminológico: hombres separados de las mujeres, así como los adultos de los menores: Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad…

La Ley de Normas Mínimas nos sigue dando los lineamientos por lo que respecta a la clasificación de los reos en atención a su peligrosidad social. Así, el segundo párrafo del artículo 6o. dispone:

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los reos en instituciones especializadas, entre las que podrán figurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales psiquiátricos y para infecciosos e Instituciones abiertas.

Durante la ejecución de las penas, el condenado se encuentra jurídicamente obligado a trabajar, a asistir a la escuela elemental, a observar buena conducta y a reparar el daño causado, pues de acuerdo con el artículo 84 del Código Penal Federal, al cumplir las tres quintas partes de su condena (60% de la pena), si cometió delito doloso, o el 50% de la misma, en caso de delitos culposos, tendrá derecho a obtener el beneficio de la libertad preparatoria. Sin embargo, no hay que perder de vista que este o cualquier otra medida alternativa a la detención a que tenga derecho no se obtiene de la simple suma de aquellos requisitos si del examen de personalidad no se infiere su viabilidad de reinserción; es decir, su aptitud para volver a la vida social, a la vida en libertad. 1.

Artículo 21 constitucional:

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Inicio de ejecución

Extinción A)

Arts. 70 y 73, F, sustitución y conmutación de penas

B)

Art. 90, F, suspensión condicional de la ejecución de penas

2.

Duración

Extinción

1.

Muerte del delincuente, artículo 91, F

2.

Amnistía, artículo 92, F

3.

Perdón del ofendido, artículo 93, F

4.

Reconocimiento de inocencia e indulto, artículos 94-98, F

5.

Rehabilitación, artículo 99, F

6.

Prescripción, artículos 100-115, F

7.

Cumplimiento de la pena o medida de seguridad, artículo 116, F

8.

Nueva ley más favorable, artículo 117, F

9. Extinción de las medidas de tratamiento de inimputables, artículo 118 bis, F

3.

¿Incidente o proceso ordinario de ejecución?

que los incidentes se abren para las penas de corta duración y los procesos ordinarios de ejecución para las penas de larga duración. “ART. 92. (Facultad de promover la suspensión). El sentenciado que considere que al dictarse la sentencia, en la que no hubo pronuncia- miento sobre la sustitución o suspensión de la pena reunía las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento, podrá promover el incidente respectivo ante el juez de la causa”. 4.

Código Federal de Procedimientos Penales

ARTÍCULO 1o. El presente código comprende los siguientes procedimientos: I. II. III. IV. V.

VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas; VII. “Art. 540. Cuando algún reo esté compurgando una pena privativa de libertad, crea tener derecho a la libertad preparatoria, la solicitará a la autoridad competente a cuyo efecto acompañará los certificados y las demás pruebas que tuviere…”. 5. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social Para el Distrito Federal Artículo 3o. Principios de la ejecución de la pena, medidas de seguridad y del sistema penitenciario. Los principios rectores de la Ejecución de la Pena, Medidas de Seguridad y del Sistema Penitenciario, como mandatos de optimización, serán los siguientes: V. Judicialización. Las cuestiones relativas a sustitución, modificación o extinción de las penas o medidas de seguridad, se ventilarán ante el Juez de Ejecución en audiencia incidental que se desarrollará de forma oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

6.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20.-

De los principios generales: x. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Nosotros sostenemos que la porción normativa contenida en la fracción V del artículo 3o. de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal es inconstitucional, al establecer que el incidente se desarrollará de forma oral regido por los principios previstos en el reformado artículo 20 constitucional, puesto que la fracción x del apartado A del aludido precepto constitucional, como acabamos de leer, dice que solo se observarán en las audiencias preliminares al juicio (ante el juez de control) y ante el juez de juicio oral, mas no en el procedimiento o incidente de ejecución de penas. En las apuntadas condiciones, es correcto el procedimiento escrito que se realiza ante los jueces de ejecución de penas federales y en el Estado de México.

9. ESTADISTICAS PENITENCIARIAS

CLASIFICACIÓN DE CERESOS

INCIDENTES Y QUEJAS

10. CONCLUSIONES CONCLUSIÓN 1. La investigación nos damos cuenta que la privación de la libertad utilizada como pena para castigar a aquel que comete un delito, es decir, la pena privativa de libertad en México actualmente está muy alejada del fin que se pretende en artículo 18 constitucional que es la reinserción social de los sentenciados y procurar que no vuelvan a delinquir ya que es evidente que las autoridades responsables del sistema penitenciario no han sabido cumplir las obligaciones que impone nuestra Constitución en el artículo antes mencionado y no se respetan las bases que enmarca dicho artículo para lograr el objetivo, además de que no se utilizan los tratamientos adecuados para cada sentenciado, entonces a pesar de la última reforma a este precepto se sigue reflejando un deterioro en el sistema penitenciario mexicano. En nuestro país debería existir una ley reglamentaria del artículo 18 constitucional que establezca explícitamente los propósitos de la pena de prisión, sus métodos, las autoridades competentes de vigilar el cumplimiento de la pena, la organización del sistema penitenciario, los derechos y obligaciones de las autoridades y la de los sentenciados según sea su situación jurídica (procesados o sentenciados) y el personal que intervendrá en los tratamientos, asa como el diseño de los programas de tratamiento. Y con ello se deberían implementar reformas al sistema penitenciario que permitan modificar las tendencias de crecimiento actuales de la población carcelaria y así controlar también las consecuencias asociadas.

CONSLUSION 2 Las condiciones actuales de la prisión en México no permiten llevar acabo satisfactoriamente la reinserción social y por el contrario las habilidades que se aprenden más facialmente son aquellas asociadas con más conductas delictivas o violentas. En la mayoría de las prisiones en nuestro país los presos viven en condiciones inhumanas, no se respetan sus derechos humanos, no se cuenta con el personal suficientemente capacitado, existe sobrepoblación o hacinamiento y por lo tanto no se brindan los tratamientos efectivos a los reos que les permitan en un futuro reinsertarse a la sociedad como hombres útiles y rehabilitados, pues la mayoría de ellos al cumplir su pena y salir de prisión salen peor y pueden ser causas que motiven a la reincidencia, estos son factores importantes en el fracaso de la pena de prisión. Se propone replantear el sistema de sanciones y hacer un uso responsable de la prisión como medida extrema únicamente. Un primer paso es hacer una revisión profunda de nuestra legislación penal y replantear políticas

públicas penitenciarias que dejen de agravar los delitos y así evitar la sobrepoblación en ellas. CONCLUSIÓN 3 la situación actual de violencia resulta necesario entender para qué debe servir la prisión, para qué está sirviendo en la realidad y sí, se cumple con la finalidad de ésta. Para algunos la respuesta es que la prisión es la única opción que hay para que se lleve a cabo la justicia y se cumpla con lo establecido en nuestras normas, legislaciones, reglamentos, etc., pero la verdad es que en sus condiciones y uso actual la prisión no logra dicho cometido. De acuerdo a lo que establece el artículo 18 constitucional se pretende lograr la reinserción social y para lograrlo el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y agregan la salud y el deporte. Por lo tanto la prisión en nuestro país debería ser ese lugar en el que los sentenciados a través de lo antes mencionado y bajo tratamiento efectivo con el personal capacitado para ello obtengan las herramientas necesarias para reinsertarse a la sociedad al final de su condena. De esta forma debería de respetarse totalmente y llevarse a cabo lo que establece dicho artículo y para ello deberían de existir cambios en todo el sistema penitenciario para que sea eficiente y logre su cometido.

11. CYBERGRAFIA https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3169/7.pdf http://congresopuebla.gob.mx/docs/Mesa2/25_LA_REINSERCION_SOCIAL.pdf http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2010/ejecsancionespenales/DE%20LA%20READAPTACI%D3N %20A%20LA%20REINSERCI%D3N%20SOCIAL.pdf http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/36785/1/melgarejobenavidesfrancisco.pdf http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf