Ensayo Sobre El Caso De Ayotzinapa 374347

Ensayo sobre el caso de Ayotzinapa Desde la muerte de los 3 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y la supuesta “detención” de otro 43 más, se han venido haciendo investigaciones, acciones de búsqueda, revueltas, y todo tipo de movimiento para dar justicia a este caso que por el momento sigue sin resolverse. Todo el personal involucrado en este caso, como diputados, policías municipales, ministerios y todo tipo de autoridad, vista en un punto de culpabilidad como por ejemplo que policías municipales hayan secuestrado autobuses y atacado a balazos, nos han dado mucho que desear sobre la seguridad y justicia que se otorga en nuestro país. La tecnología y el seguimiento por parte de autoridades que se le ha dado a este caso tan delicado, no es la que uno como ciudadano espera que se use para un tipo de conflicto como el hablado. Manifestantes, padres de familia, amigos, maestros y la comunidad de Ayotzinapa ha ayudado más en la búsqueda de estos normalistas detenidos a la fuerza y de los cuales no se sabe el paradero. Las acciones que están tomando para la justicia de este caso es fatal, por ejemplo que se han encontrado más de 15 muertos abandonados en lugares de mala muerte como fosas, tiraderos, etc. El caso comienza desde la masacre de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, tres civiles y en la privación de libertad de otros 43 normalistas, en donde nuestro presidente, Enrique Peña Nieto se hizo ver por primera vez, pero 10 días después de este atentado, su respuesta declamo (como ya sabemos) como la peor crisis de derechos humanos en México desde 1968, esto gracias a que Human Rights Watch, organización de defensa y promoción de derechos humanos con sede en Nueva York, iniciara con las investigaciones de este caso. Un mes después de haberse ejecutado a 6 personas, no hay indicios de justicia por parte del gobierno. Tampoco una sola muestra del paradero de los otros 43 alumnos desaparecidos por elementos de la policía de Iguala. Con respecto a la búsqueda de los jóvenes normalistas, el asesor jurídico de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los familiares de los normalistas “desaparecidos a la fuerza”, Vidulfo Rosales Sierra, advierte que éstas no están precedidas de un trabajo de inteligencia.

Como dije anteriormente, el pueblo ha ayudado más que el gobierno Mexicano en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, ya que el método implementado en este caso es el siguiente: Por medio de llamadas telefónicas anónimas, se llama a la policía y estos registran las “sospechosas” zonas donde posiblemente podrían estar los secuestrados, esto ha dado como resultado que los involucrados en la

búsqueda hayan recorrido ya de 30 a 50 puntos de localización registrados por los civiles de Ayotzinapa, sin arrojar ningún resultado favorable. Paralelo de esto, el Estado mexicano ha tomado la decisión de detener a los mandos de grupo de delincuencia Guerreros Unidos, esto porque según las autoridades federales y estatales, podrían estar vinculados con el crimen, esto con la esperanza de que alguno de ellos tenga información útil sobre el paradero de estos 43 normalistas. Lamentablemente esta estrategia no ha funcionado hasta hoy.

Otro problema o deficiencia más marcada en este caso con respecto a la búsqueda, es la deficiencia de tecnología de punta para la localización por tierra y aire de los desaparecidos como, geo-radares, rayos infrarrojos, instrumentos tecnológicos que permitan detectar si la tierra fue removida o presenta concentración de calcio o químicos. En este sentido, se informa que el pasado 13 de octubre los padres de familia llenaron e ingresaron una solicitud de asistencia técnica a la comisión interamericana de Derechos Humanos. Según a lo informado, los pasos o protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, el defensor ite e informa que el país carece de la tecnología o herramientas necesarias, lo que nos lleva al tema de de que la búsqueda sea un problema en México como ya lo hemos discutido por muchos años atrás. Según el ombudsman local, (defensor del pueblo) la búsqueda sí ha incorporado tecnología de punta, además de los mecanismos clásicos, como caballos, perros amaestrados y reconocimientos por aire. Dice que aunque se ha desempeñado una labor muy importante, no se le ha puesto el esfuerzo necesario para encontrar a los desaparecidos. En octubre, tres indagatorias fueron iniciadas, estas con el fin de sospechas de lo que pudo haber sido el ataque, estas fueron: una por homicidio calificado, otra por desaparición y, la última, por delincuencia organizada. Más tarde, el gobierno ya había capturado a 53 personas, en las cuales podemos saber que son 22 policías de Iguala, y 14 de Cocula, y a 17 integrantes de Guerreros Unidos, por su posible ligamiento con la desaparición y muerte de los normalistas. Hablando de los policías detenidos, el abogado Vidulfo Rosales dice que se encuentran elementos para ser considerados cómplices de los hechos, así mismo dice que “tuvieron la oportunidad de cambiar bitácoras y documentos que los ubican en un lugar distinto al momento en que acontecieron los hechos”. Situación que, indica, podría obstaculizar la posibilidad de justicia. El litigante advierte sobre la petición de la Procuraduría General de la República (PGR) de declarar como secuestro la desaparición forzada de los normalistas, esto bajo el argumento de que la pena por secuestro es mayor, siendo que lo último que supieron fue que fueron detenidos por policías municipales e introducidos por la fuerza a diversas patrullas del cuerpo de “justicia” local.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”. Esto ha ocasionado que el término criminal de este caso se esté discutiendo por si lo llaman, secuestro o desaparición forzada. Y tiene que ver que la información que se ha proporcionado a las autoridades sea demasiado “débil” como para no llamarlo secuestro, aunque según la prensa y los noticieros, se dijo “vamos a analizarlo bien con nuestros compañeros”. Por otra parte, el tema de los homicidios y su investigación, se dice que “va caminando bien”, más sin embargo aún tiene que revisarse y procesarse algunas cuestiones técnicas que puedan debilitar la indagatoria.

Vamos a otro tema, después de todo, se ha dicho que también estuvo involucrada la presencia en Iguala del 27 batallón de infantería perteneciente a la SEDENA, lo que ayuda a que las sospechas de que el grupo delictivo Guerreros Unidos hayan actuado sin limitantes, ya que contaron con el armamento proporcionado por dicho batallón. Tampoco ha propiciado un clima de seguridad o de paz. Por el contrario, el 26 y 27 de septiembre pasados, cuando las ráfagas de los policías municipales arremetieron contra los normalistas rurales, los elementos castrenses permanecieron cuando menos inmutables. Por otro lado, en una vista peor, de acuerdo con el testimonio de Omar, uno de los sobrevivientes de la agresión policiaca e integrante del comité Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa, los soldados pudieron haber sido enterados de los planes de “detención” de los estudiantes y en algún caso, participado en un acto violento contra los jóvenes. Este sobreviviente mencionó que una vez cumplido los múltiples ataques que realizó la policía municipal de Iguala, con el apoyo de un comando armado, un grupo de jóvenes logró llegar hasta una clínica particular con el propósito de solicitar atención médica y que detrás de ellos venía una cuadrilla de más de 20 uniformados, quienes con arrebato, llegaron al lugar. Estos soldados actuaron con violencia, dice Omar. La insinuación de desaparición se hizo presente: “Den su nombre real porque eso va a facilitar su búsqueda. Si dan su nombre falso, cuando los busquen nunca los van a encontrar”, comentó un soldado. Cuenta Omar que inmediatamente se preguntó si lo que aquél soldado dijo habrá sido una amenaza. A pesar de testimonios como este, el abogado, Vidulfo remarca que no se han abierto líneas de investigación como esas.

Contralínea solicitó una entrevista con el representante del batallón antes mencionado, dicha solicitud fue íntimamente negada. El abogado había estado haciendo comentarios muy sospechosos como “Un grupo de policías violentos se alía con el crimen organizado para aniquilar y desaparecer tumultuariamente a estudiantes de una Normal Rural. Creerse esta versión es para “ingenuos”. Entre todos los problemas, desapariciones, asesinatos, ejecuciones, investigaciones, manifestaciones, y todo lo que este caso desembocaba hacia un resultado no muy bueno, se discutía que si los asesinatos y desapariciones eran crímenes de estado. “Esta represión se enmarca en una política de Estado en la que resulta muy barato matar o agredir a los normalistas. Porque un policía o narco policía sabe que este acto no le traerá consecuencias, pues, de lo contrario, mediría la agresión que va a hacer.” El abogado seguía insistiendo en que no había antecedentes de América Latina como este caso, que en el que en un solo evento hayan desaparecido y mutilado a tantas vidas, y donde se haya hecho tantas violaciones a los Derechos Humanos, a la libertad de expresión y de organización, educación, libre tránsito, vida y a la integridad personal, según este. Para el representante de los familiares de los desaparecidos en este problema, el hecho es muy grave e inimaginable, por lo que la comunidad internacional de derechos humanos debe tomar medidas serias. Según el abogado Rosales, este caso es una representación exacta y literal de lo que se vive a diario en México con la delincuencia organizada. José Luis Manjarrez, solicitó una entrevista con la PGR para la investigación, solicitud de la cual no hubo respuesta. Durante este caso se dio a conocer que México carece de los protocolos para atender un crimen de desaparición forzada, y por ello, varias recomendaciones de organizaciones de derechos humanos han puesto su atención en ello. En un documento elaborado con el propósito de la iniciativa de Ley Federal para prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas, presentaba en el Senado de la república el 11 de febrero, señalan que este documento “debe contar con un capitulo especial en el que se establezcan los mecanismos de búsqueda urgente de las víctimas de desaparición forzada con vida, es decir, protocolos de actuación que se activen de manera inmediata para la búsqueda de los desaparecidos en cuanto se tenga noticia de que sucedió el hecho”. Hasta el momento, el caso sigue en pie, aun viéndose las tácticas de búsqueda y cómo quedará impune este delito, y que aún no se encuentra a ningún sobreviviente, y como se ha mencionado antes, solo se han entregado cuerpos, los familiares de estas personas se han visto con la necesidad de tomar justicia por mano propia porque el gobierno no se agiliza en ese aspecto, es una error muy grave que los diputados y senadores tarden tanto en aprobar la agilización del uso de herramientas para la justicia en nuestro país. El uso de estos medios proporcionadas para nuestro uso del bien, se está viendo entrometido en otro tipo

de objetivos como el de este caso, delincuencia organizada, sin más ni menos es lo que al final, viendo todo lo que acontece desde que se dio el primer ejecutado, se debieron tomar las medidas necesarias, lamentablemente las autoridades también están involucradas y es por eso que este caso da tantas vueltas sin encontrar un fin