Demanda Incidente De Nulidad De Actuaciones 5r2654

EXPEDIENTE: 1470/2009

JUEZ TERCERO DE LO CIVIL P R E S E N T E.-

RAUL ROGELIO AIZPURU GARDEA, de generales conocidos y personalidad acreditada en los autos del expediente citado al rubro, ante usted C. Juez, respetuosamente comparezco y expongo:

Que mediante el presente escrito y en términos del numeral 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, acudo a promover INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES por defecto en el requerimiento que se realizó al suscrito para que llevara a cabo un acto de ejecución inmediata, el cual se desprende del contenido de la notificación efectuada por el C. Actuario el día 12 de Marzo de 2014, que tuvo como finalidad notificarme el proveído de fecha 21 de Agosto de 2013, por las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: Que con fecha del 12 de Marzo de 2014, se notificó de forma ilegal e indebida al suscrito el proveído de fecha 21 de Agosto de 2013, y por no encontrarme presente al momento de la diligencia, se me notifico por instructivo, el cual fue notificado ‘‘aparentemente’’ a la hija del suscrito ‘‘Isabel Aizpuru Gardeacccccccc’’, a la cual no le fue recogida su firma para ser plasmada tanto en el instructivo como en el acta de notificación, así mismo el oficial notificador no asentó los motivos por los cuales dicha rubrica no aparece al calce de los referidos documentos, pues no menciona si la hija del suscrito no sabía, no podía o no quería firmar, es decir, que el oficial notificador excluyo tal circunstancia del cuerpo de los referidos documentos, por lo que se violentaron los Principios de Certeza, Legalidad y Seguridad Jurídica contemplados en los numerales, 14, 16 y 17 de la Carta Magna.

Por su aplicación se traen a cuenta las tesis, que llevan por rubro, texto y datos de identificación: Jurisprudencia por Reiteración de la Octava Época, registrada bajo el número 220019, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en

el Semanario Judicial de la Federación en Marzo de 1992, localizable bajo el Tomo IX, en su Página 101. NULIDAD DE ACTUACIONES. PUEDE PROMOVERSE RESPECTO DE LAS PRACTICADAS DESPUES DE CONCLUIDO EL JUICIO. Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnan las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada, pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones.

Tesis Aislada de la Novena Época, registrada bajo el número 176542, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Diciembre de 2005, localizable en el Tomo XXII, bajo su Página 2682. INCIDENTE DE NULIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERE DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La notificación de la sentencia de primera instancia, si se estima ilegal, es impugnable a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra ninguna fase procesal, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que se trata de una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia de que se trata ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa rio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos la actuación que se estima ilegal, efectuada después

de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede combatirse la notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme, pues de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance ningún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa.

Ahora bien, el artículo 120 Segundo Párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, establece la forma en que han de llevarse a cabo las notificaciones, el cual a la letra dice lo siguiente: Las demás notificaciones personales se harán al interesado, o a su representante o procurador, por correo electrónico o, en su caso, mediante consulta remota, o bien, de manera personal en la casa designada al efecto; y no encontrándolo el notificador, sin necesidad de nueva búsqueda, le dejará un instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido del promovente, el Tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole la firma en la razón que asentará del acto. Si ésta no supiere, o no pudiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia.

En consecuencia, la notificación efectuada por el actuario adscrito a este H. Juzgado el día 12 de Marzo de 2014 , debía haberse firmado por la persona con quien se entendió la diligencia (y que en el caso fue con persona diversa al demandado), y solo si esta no supiere o no pudiere firmar se hará constar tal circunstancia, situación que el oficial notificador no realizo, es decir, que al no recabar la firma del tercero con quien ‘‘supuestamente’’ se entendió la diligencia ni tampoco asentó en el acta las razones por las cuales no constaba tal firma, es decir, que no existe certeza de los motivos por los que no se encuentra plasmada la firma de la persona con quien ‘‘supuestamente’’ se entendió la diligencia, por lo que es de concluirse que se incumplieron las formalidades establecidas por el referido precepto legal.

Por su aplicación se traen a cuenta las tesis, que llevan por rubro, texto y datos de identificación: Jurisprudencia por Contradicción de la Novena Época, registrada bajo el número 162075, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Mayo de 2011, localizable en el Tomo XXXIII, bajo la Página 24. NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL. La notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben firmar las personas a las que se les practíca, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar si ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo firmar, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué no firmó el interesado, sin requerir de un formulismo sacramental como "no supo", "no pudo" o "no quiso", pues la circunstancia de que sólo firma el actuario y no la persona notificada "porque no lo creyó necesario" significa que el interesado no quiso firmar y explica el motivo.

Jurisprudencia por Contradicción de la Novena Época, registrada bajo el número 194071, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Mayo de 1999, localizable en el Tomo IX, bajo su Página 240. NOTIFICACIONES. LOS NOTIFICADORES DEBEN SEÑALAR CLARA E INDUBITABLEMENTE LA RAZÓN POR LA QUE LOS COMPARECIENTES NO FIRMARON EL ACTA RESPECTIVA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y VERACRUZ). Los artículos 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y 125 (reformado) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco obligan al notificador, en su calidad de funcionario investido de fe pública, a señalar de manera clara e

indubitable el hecho de que la persona con quien se entendió la diligencia no firmó el acta correspondiente, haciendo constar la circunstancia de dicha negativa; es decir que deberá señalar si el interesado dijo no saber, no poder o no querer firmar; sin que sea necesario verificar la autenticidad de su dicho, ni el motivo aducido para no poder, no querer o no saber hacerlo, ya que a esto no se advierte que lo obliguen los preceptos citados.

A razón de lo anterior, el proveído que ‘‘supuestamente’’ se entendió con la hija del suscrito carece de toda legalidad por sí mismo, pues dicha diligencia no se ajusto a los lineamientos legales y en conclusión se violaron en perjuicio del suscrito los derechos fundaméntales de legalidad, certeza y seguridad jurídica, pues para que dicha diligencia fuese valida a pesar de haberse entendido con un tercero distinto al suscrito, y al no haberse plasmado en el acta la firma de éste, el oficial notificador debió haber asentado las causas por las cuales no firmo el acta de la diligencia, es decir, ya sea porque la persona no pudo hacerlo o ya sea también porque se negó a hacerlo.

Por su aplicación se trae a cuenta la tesis, que lleva por rubro, texto y datos de identificación: Tesis Aislada de la Novena Época, registrada bajo el número 186281, del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Agosto de 2002, localizable en el Tomo XVI, bajo su Página 1284. EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE ENTIENDE CON PERSONA DIVERSA AL DEMANDADO, EL ACTUARIO DEBE HACER CONSTAR CON PRECISIÓN A QUIÉN LE ENTREGA EL INSTRUCTIVO Y SI ESA PERSONA VIVE O NO EN ESE DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 120 Y 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Los artículos 119, inciso a), 120 y 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en lo conducente, disponen: que el emplazamiento del demandado y la primera notificación en el juicio deben practicarse personalmente en el domicilio del interesado; que cuando a la primera búsqueda no se encontrare al demandado, cerciorado el fedatario que debe hacer la notificación, de que el interesado vive en esa casa y se encuentra en la población, le dejará cita para hora fija dentro del siguiente día, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación; de igual forma se imprimirá el sello del juzgado y se autorizará el citatorio por el notificador; y si la persona que debe ser notificada no

aguarda al funcionario a que se le haga la notificación, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en la casa, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. De igual forma, las notificaciones deberán firmarse tanto por la persona que las hace como por aquella a quien se hacen, y si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario, notificador, testigos de asistencia o notario, cuya circunstancia deberá constar en la diligencia respectiva. De ahí que el actuario que practique la notificación y el emplazamiento del demandado deba realizar esas diligencias en los precisos términos que los referidos numerales lo establecen, es decir, debe cerciorarse de que el domicilio en que practique las diligencias aludidas sea efectivamente el de la persona a quien se pretende llamar a juicio, para lo cual debe asegurarse, mediante todos los datos que tenga a su alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata como el de la persona buscada y, de no encontrarla, deberá hacer constar si con quien entiende la diligencia es pariente o doméstico del interesado y si vive o no en ese domicilio; de igual forma, deben firmar el acta respectiva tanto el notificador que la practique, como la persona o personas con quienes entendió la diligencia, y en caso de que los notificados no quisieren firmar, el fedatario deberá hacer constar esa circunstancia en el acta levantada para ese efecto, pues de no observarse esas formalidades, la diligencia resulta ilegal y violatoria de garantías constitucionales.

Ahora bien, de la interpretación sistemática y objetiva de lo que establece el precepto transcrito, debe estimarse que las formalidades preestablecidas para efectuar correctamente el emplazamiento (al ser omiso nuestro Código) deben aplicarse a cualquier notificación de carácter personal subsecuente a éste, pues deben satisfacer los principios de rigor que le son propios del emplazamiento a juicio, de ahí que si las demás han de realizarse personalmente al interesado o interesados en su casahabitación, en el lugar del principal asiento de sus negocios o aquél en que el destinatario desempeñe su trabajo, y finalmente donde se encontrare aquél o aquéllos, debe concluirse que siempre que se trate de cualquier notificación personal o como en el caso la establecida en el numeral 119 Inciso c) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, deben aplicarse las formalidades preestablecidas para efectuar correctamente el emplazamiento, pues al ser omiso nuestro Código en especificar la forma y requisitos que han de contener las notificaciones subsecuentes y posteriores al emplazamiento, tal omisión, debe subsanarse con la aplicación de éstos (requisitos) a cualquier notificación de carácter personal subsecuente a éste (emplazamiento), pues se debe atender al Principio Jurídico que versa: ‘‘donde existe la misma razón de la ley, debe existir la misma disposición’’.

Por su aplicación se trae a cuenta las tesis, que llevan por rubro, texto y datos de identificación: Jurisprudencia por Contradicción de la Novena Época, registrada bajo el número 200414, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Junio de 1996, localizable en el Tomo III, en su Página 156. NOTIFICACIONES PERSONALES. APLICACION DEL ARTICULO 49 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. El Libro Primero, Capítulo Primero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y, concretamente, su artículo 49, sólo enumera las formalidades a que debe sujetarse la primera notificación, que por su naturaleza es personal; es decir, en este capítulo, no hay disposición que contemple los requisitos que deben satisfacer las notificaciones personales, diversas a la primera; razón por la que esa laguna debe subsanarse aplicando analógicamente las formalidades para aquélla, que permitan establecer la certeza de una notificación legal. Estas formalidades son las que se contienen en el citado precepto (con excepción de la mencionada en su fracción II, dado que la obligación del diligenciario de cerciorarse plenamente, que en la casa designada se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada, es un requisito que sólo se justifica tratándose del emplazamiento, pues si las notificaciones personales posteriores, se practican en el mismo lugar, no hay ninguna razón para que el notificador se vuelva a cerciorar que ahí vive el demandado; y si se trata de un domicilio convencional que éste señaló, también carece de sentido que el diligenciario satisfaga tal requisito). La anterior solución es la correcta jurídicamente, pues es principio de lógica formal y de hermenéutica jurídica que "donde existe la misma razón de la ley, debe existir la misma disposición". Luego, si las formalidades que la ley civil establece para la primera notificación se encaminan a dar al particular una garantía de seguridad jurídica, consistente en que las consecuencias y efectos legales derivados de esa primera diligencia, se den una vez que el afectado sea notificado con las formalidades previstas en la misma Ley; lógicamente, las ulteriores notificaciones que se señalan como personales deben practicarse respetando esa misma garantía y, por consecuencia, deben ajustarse a las formalidades que permitan establecer la certeza de una notificación legal.

Jurisprudencia por Reiteración de la Novena Época, registrada bajo el número 1013728, del

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, localizable en el Tomo V. Civil Segunda Parte TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo, bajo su Página 1264. NOTIFICACIONES PERSONALES, SEGUNDAS O ULTERIORES AL EMPLAZAMIENTO. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 156, determinó que dicho cuerpo legal del Estado de Puebla es omiso en reglamentar cómo han de efectuarse las notificaciones personales diversas a la primera, por lo que, añadió, a fin de colmar esa laguna deben aplicarse las formalidades previstas para el emplazamiento (al que llama primera notificación), en atención al principio de que "donde hay la misma razón debe aplicarse igual disposición". Dicho criterio es aplicable por analogía al enjuiciamiento civil jalisciense porque también carece de tal regulación; sin embargo, a diferencia de la codificación poblana, los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, sí distinguen entre las primeras notificaciones personales y el llamamiento a juicio, por lo que siguiendo las razones de la tesis de referencia, para la práctica de segundas o ulteriores notificaciones de esa naturaleza, deben satisfacerse los requisitos previstos en el citado numeral 111, que reglamenta las multialudidas primeras notificaciones, a excepción de los que atañen tanto al cercioramiento del domicilio en que se actúe, como a la indicación del nombre del promovente, en razón de que esos datos ya constan en el expediente, es decir, se conoce con precisión la identidad de las partes.

Pues es de concluirse que, el oficial notificador deberá atenderse a las reglas establecidas para la primera notificación a juicio (emplazamiento), establecidas en el Artículo 120 Párrafo Primero del Código Adjetivo, que por su naturaleza es personal; es decir, que en el referido Código Adjetivo Civil, no existe disposición que contemple los requisitos que deben satisfacer las notificaciones personales, diversas a la primera (emplazamiento); razón por la que esa laguna debe subsanarse aplicando analógicamente las formalidades para aquélla, que permitan establecer la certeza de una notificación legal. Dicho lo anterior, el oficial notificador fue omiso en cerciorarse que la persona con quien se entendió la diligencia y que ‘‘supuestamente’’ se trataba de la hija del suscrito (parientes, domésticos o cualquier otra persona) realmente vivía

en la casa y no que solo estaba de visita o de paso. Por lo que, al faltar tal cercioramiento, no debió dejarse el instructivo respectivo a ésta persona (parientes, domésticos o cualquier otra persona), pues no es suficiente con que éstos sean parientes o domésticos con los que se entiende la diligencia, sino que atendiendo a los Principios de Certeza, Legalidad y Seguridad Jurídica, el oficial notificador debió cerciorarse, que tal persona realmente vivía en la casa y no que solo estaba de visita o de paso como en el caso acontece (pues mi hija tiene su domicilio conyugal en diverso,.,.,.,.,..,,), de lo contrario no puede operar la presunción relativa de que el suscrito tuvo conocimiento íntegro del contenido de la diligencia oportunamente y que verdaderamente recibí tales copias, pues el suscrito desconozco su contenido.

Por su aplicación se trae a cuenta la tesis, que lleva por rubro, texto y datos de identificación: Jurisprudencia por Reiteración de la Novena Época, registrada bajo el número 171768, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Agosto de 2007, localizable en el Tomo XXVI, en su Página 1295. EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. PARA QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SE ESTIME LEGAL, EL DILIGENCIARIO DEBE CERCIORARSE, AL NO ENCONTRAR AL DEMANDADO, QUE LOS PARIENTES, DOMÉSTICOS O CUALQUIER OTRA PERSONA HABITAN EN LA CASA DESIGNADA PARA HACER ENTREGA DE LA CÉDULA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). De conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí de aplicación supletoria al Código de Comercio, para que la notificación de una demanda pueda estimarse legal, no basta con que el notificador se cerciore de que actúa en el lugar señalado para ello, sino que, además, es indispensable, al no encontrar al demandado, que la cédula se entregue a los parientes, domésticos o cualquier otra persona que viva en la casa; esto es, lo previsto en el dispositivo en cita debe entenderse en el sentido de que esos parientes, domésticos o cualquier otra persona, presentes en la diligencia, habitan en la casa designada y no simplemente que se trate de un pariente o doméstico, de tal manera que al no haberse cumplido con tal requisito, no puede operar la presunción relativa a que el demandado tuvo conocimiento de la diligencia oportunamente y que recibió las copias del traslado.

Lo anterior es así, pues de acuerdo a lo previsto por el artículo 120 Primer Párrafo del Código de Procedimientos Civiles

del Estado de Chihuahua, el cual debe interpretarse de forma sistemática con Segundo Párrafo del referido precepto, ya que éste al ser omiso en especificar la forma y requisitos que han de contener las notificaciones subsecuentes y posteriores al emplazamiento y atendiendo al Principio Jurídico que versa: ‘‘donde existe la misma razón de la ley, debe existir la misma disposición’’, tal omisión, debe subsanarse con la aplicación de éstos requisitos (los que se contemplan en el artículo 120 Primer Párrafo del Código Adjetivo) a cualquier notificación de carácter personal subsecuente y posterior al emplazamiento. Pues el referido precepto en su párrafo primero dispone a la letra lo siguiente: Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrare al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación de que el interesado vive en dicha casa, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello del juzgado autorizándose el citatorio por el notificador. Si la persona que debe ser notificada no esperase a que se le haga la notificación, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta del domicilio donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Cuando no sea forzoso entregar las copias del traslado, en el instructivo se hará una relación sucinta de la demanda y de la resolución que se notifica y, en todo caso, la designación del juicio y el nombre del promovente.

Por consiguiente, es de precisar que para que pueda entenderse que es legal la notificación personal realizada al suscrito por haberse dejado de actuar por más de dos meses en el expediente, la cual fue realizada en la casa designada para tal efecto; y que al no encontrarse presente el suscrito, el notificador sin necesidad de nueva búsqueda, le notifico por instructivo que se le entrego ‘‘supuestamente’’ a la hija del suscrito (parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona que viva en la casa), lo que de suyo se traduce en que si no se da alguna de esas circunstancias, es decir, que el oficial notificador se cerciore y tenga la plena certeza que los parientes o domésticos del interesado o a cualquiera otra persona realmente viven y habitan la casa y no solo que se trata de algún pariente o doméstico (que solamente este de paso o de visita en el lugar), la notificación será ilegal, tal y como en el caso acontece, pues no puede operar la presunción de que el suscrito tuve conocimiento de la diligencia, y que además ésta fue oportuna y que se me entregaron las copias de la diligencia y que tuve oportunamente conocimiento íntegro del contenido de tales copias, pues a la fecha de hoy todavía ignoro la razón y motivo por el que se me buscaba.

Por su aplicación se trae a cuenta la tesis, que lleva por rubro, texto y datos de identificación: Tesis Aislada de la Novena Época, registrada bajo el número 203600, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Diciembre de 1995, localizable bajo el Tomo II, en su Página 520. EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACION DE LA DEMANDA EN AUSENCIA DEL DEMANDADO. A QUIEN DEBE ENTREGARSE. De conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, para que la notificación de una demanda pueda estimarse legal, no basta con que el notificador se cerciore de que actúa en el lugar señalado para ello, sino que, además, es indispensable, al no encontrar al demandado, que la cédula se entregue a los parientes, domésticos o cualquier otra persona que viva en la casa; esto es, lo previsto en el dispositivo en cita, debe entenderse en el sentido de que esos familiares, domésticos o cualquier otra persona, presentes en la diligencia, habitan en la casa designada, no simplemente que se trate de un pariente o doméstico, de tal manera que, al no haberse cumplido con tal requisito, no puede operar la presunción relativa a que el demandado tuvo conocimiento de la diligencia oportunamente y que recibió las copias del traslado.

Por su parte, el Artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, en lo que interesa, dispone:

Artículo 88. La nulidad de una actuación o notificación, deberá reclamarse en la actuación o promoción subsecuentes en que intervenga el interesado en solicitar la nulidad. Si ésta no se hiciere valer en tiempo, la actuación o notificación conceptuada nula quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento cuando el juicio se haya seguido en rebeldía.

Precepto que recoge el principio de convalidación, porque de no impugnarse la notificación que se considere nula, se estimará válida, pues el fin de dicho principio es evitar que el afectado calle la nulidad en un afán retardador del juicio o de la ejecución de la sentencia, en detrimento de la firmeza del procedimiento y de la expedites. Ahora, el hecho de que el legislador no estableciera un término para promover el incidente de nulidad y, en cambio, dispusiera que debe promoverse en la actuación o promoción

subsecuente, pues de lo contrario opera la convalidación de la notificación realizada, se debe, lógicamente, a que si se realiza de forma indebida, no existe certeza del momento en que el afectado sabe de aquélla y cuál es la formalidad incumplida, por lo que, obviamente, no puede preverse algún término. Por tal motivo, es que el citado precepto establece que debe ser en la siguiente actuación o promoción en que intervenga la parte que se considere afectada con la notificación que estime nula; sin embargo, la palabra "comparezcan" a que se refiere el referido artículo, deriva del verbo "comparecer", cuyo significado es presentarse ante una autoridad u otra persona, personalmente o por poder, especialmente, ante un Juez o tribunal(13) que, a su vez, es el resultado de la acción o efecto de "comparecencia", la cual, en sentido estricto en el juicio, se entiende el acto por el que una persona se presenta o se constituye como parte ante los tribunales, para formular una demanda o para contestarla y, en sentido amplio, también se llama comparecencia a cualquier presentación de una persona ante las autoridades judiciales para llevar a cabo una determinada actividad procesal;(14) de lo que se sigue que la comparecencia a que se refiere el numeral de que se trata, implica que el interesado sea sabedor de la actuación que pretende anular, lo que, desde luego, no ocurre en todos los supuestos en los que una de las partes presenta promoción ante el órgano jurisdiccional, subsecuente a la actuación que se tilda de nula, pues existen aquellas en las que únicamente se solicitan copias, se designa domicilio procesal o autorizados, que son actuaciones de mero trámite; por consiguiente, no cualquier promoción del interesado, subsecuente a la notificación que se tilda de nula, es necesariamente en la que debe intentar el incidente, con la grave consecuencia de que si no lo hace, convalida aquella actuación, pues la interpretación de la aludida norma no debe hacerse en su sentido estrictamente literal, sino atendiendo al principio pro homine, favoreciendo en todo tiempo a las personas, a fin de otorgarles la protección más amplia, pues debe tomarse en cuenta que las razones de la nueva Ley de Amparo, sustancialmente, consintieron en armonizar la regulación del juicio de amparo con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, específicamente, en lo relacionado a su observancia por las autoridades del país, aplicando el referido principio en la interpretación de las normas relativas a tales derechos.

Así, el artículo 1º, párrafos primero, segundo y tercero, de la Carta Magna, dice:

Artículo 1º En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Del que se infiere que la Ley Suprema exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con ella y con los tratados internacionales de los que México es Parte; de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona, que es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual, debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios.

Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 1a. XXVI/2012 (10a), de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."(15)

Asimismo, el sustentado por la propia Sala, contenido en la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO."(16)

Por su parte, el artículo 14 de la Norma Fundamental, en su segundo párrafo, prevé:

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Disposición que garantiza el derecho fundamental de audiencia, referida al debido proceso legal que deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte a los gobernados, cuyo debido respeto impone a aquéllas, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", que son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación, entre las que se incluye la de notificar a las partes las resoluciones que se dicten en los juicios, conforme a las reglas para ello establecidas en las propias leyes.

Acude en apoyo, el criterio sustentado por el Pleno del Más Alto Tribunal, contenido en la tesis P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."(17)

Por su parte, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece:

Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Del que se infiere que la garantía judicial que contiene es concordante con el derecho fundamental de audiencia que garantiza el artículo 14 constitucional, como se establece en la tesis 2a. CV/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE

CON LAS DE AUDIENCIA Y A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES."(18)

Conforme a lo expuesto, se tiene que el debido proceso es un derecho humano que comprende la obligación de que en los juicios se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la de notificar las decisiones judiciales conforme a las formalidades señaladas en la ley correspondiente; como se desprende del criterio sustentado por la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia, contenido en la tesis 1a. IV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN."(19) Así las cosas, si la diligenciaría no se apegó a las formalidades consagradas en los analizados párrafos Primero y Segundo del numeral 120 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, cabe sostener que el suscrito inconforme no fue legalmente enterado del contenido de la diligencia que emana el acto reclamado dejándome en total estado de indefensión, ya que no se me dio oportunidad de cumplir con la determinación que se me notificaba u oponerme a la misma por considerarla gravosa, lo que desemboco en una violación en mi perjuicio de los derechos fundamentales de Legalidad, Certeza, Garantía de Audiencia y Seguridad Jurídica consagrados en los Artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, motivo por el cual, interpongo en tiempo y forma el presente incidente a fin de que la actuación antes señalada, sea anulada y se retrotraiga todo lo actuado con posterioridad a ésta y sea llevada a cabo otra vez en la forma que la Ley señala.

Por su aplicación se traen a cuenta las tesis, que llevan por rubro, texto y datos de identificación: Tesis Aislada de la Octava Época, registrada bajo el número 218254, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en Octubre de 1992, localizable en el Tomo X, en su Página 383. NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACION SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). A fin de que una actuación nula no se convalide es necesario que se reclame "en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve" (artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles del Estado). Es tan claro lo anterior que la simple interpretación gramatical del precepto conduce a concluir que el límite que tiene el afectado para atacar una actuación nula no son tres días, ni cuatro, ni diez, sino que debe hacerlo a más tardar en la

siguiente intervención en que en el propio juicio participe el interesado. Luego, si en autos no está probado que en el juicio natural el inconforme hubiera tenido una intervención anterior a aquella en que propuso el incidente de nulidad, resulta claro que éste se promovió oportunamente. Tesis Aislada de la Quinta Época, registrada bajo el número 341917, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, localizable bajo el Tomo CXIV, en su Página 32. NOTIFICACIONES NULAS. Es verdad que el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal (similar al 228 del código de la materia en el Estado de México), establece que la nulidad de una notificación debe reclamarse en la actuación subsecuente, so pena de que quede revalidada de pleno derecho; pero también lo es que cuando no existe en autos dato alguno que indique que el afectado hubiera tenido conocimiento de la providencia cuya nulidad reclama, no es procedente declarar revalidada la notificación mal hecha, pues la segunda parte del artículo 76 del propio ordenamiento, sólo se refiere a que una notificación nula, por vicio de forma, surta efectos como si hubiese sido legalmente hecha, en el caso de que el notificado se hubiese manifestado sabedor de la providencia, pero no cuando se sigue actuando sin conocimiento del mismo.

Lo anterior, tiene fundamento en lo dispuesto por los Artículos 86, 88, 89, 90, 119 Inciso c) y 120 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Así como los Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Juez atentamente le solicito:

UNICO: Se tenga mediante el presente escrito, por promovido el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación realizada por el C. actuario adscrito a ese H. Juzgado el día 12 de Marzo de 2014, que tuvo como finalidad notificarme el proveído de fecha 21 de Agosto de 2013.

PROTESTO LO NECESARIO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA; A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

RAUL ROGELIO AIZPURU GARDEA