Monografia De Accion Popular 62b55

PORTADA

INTRODUCCION La Constitución Política del Perú de 1993 incluye dentro de las garantías constitucionales a la Acción Popular, la cual procede contra los reglamentos, normas istrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen, por infracción de la Constitución y de la ley. En el ámbito doctrinario, César Landa señala que “La Acción Popular está estrechamente ligada a la acción de inconstitucionalidad de las leyes, en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo, además del legal, pero examinando las normas inferiores a la ley” En definitiva, el proceso de Acción Popular constituye un mecanismo de control concentrado de las normas reglamentarias, que es ventilado exclusivamente al interior del Poder Judicial, y que presenta como objetivos el de velar por la defensa del artículo 51º de la Carta Magna (el cual prescribe que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley sobre las normas de menor jerarquía, y así sucesivamente”), y el artículo 118º inciso 8) del mismo texto normativo (que considera dentro de las atribuciones del Presidente de la República la de “Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones”). Así, la Acción Popular es el remedio para defender la constitucionalidad y legalidad frente a las normas istrativas que la contradicen; es decir, es un medio de control constitucional y legal de tipo jurisdiccional sobre normas inferiores como son las de nivel istrativo. En el proceso de inconstitucionalidad, la resolución que declara fundada la demanda expulsa la norma declarada inválida por vulnerar directamente la Constitución, mientras que en el proceso de Acción Popular la sentencia estimativa puede anular una norma reglamentaria no solo por infringir de forma directa la Carta Magna, sino también por quebrantarla indirectamente, cuando se vulneran los artículos 51º y 118º inciso 8) de dicho cuerpo normativo.

2

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN....................................................................................... 2 CAPITULO I: LA ACCION POPULAR..................…....................................05 1.1 ETIMOLOGIA…………………………………………………………………..05 1.2 DEFINICIÓN……………………………….…………………………………...05 1.3 NATURALEZA JURIDICA ……….……………………………………………05 1.4 ORIGEN DE LA ACCIÓN POPULAR………………………………………..06 1.4.1.- DERECHO ROMANO……………………………………………….06 1.4.1.1.- ANTECEDENTES EN EL DERECHO ROMANO……..06 1.4.1.2.- INTERDICTOS Y ACCIONES POPULARES EN ROMA…………………………………………………………….11 1.5 CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812)……………………………….………….12 1.6 ORIGEN DEL PROCESO DE ACCION POPULAR COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL …………………………………..…………………………….12 CAPITULO II: LA ACCION POPULAR EN EL PERU......................................13 2.1 ACCION POPULAR EN EL PERÚ.............................................................13 2.1.1.- ANTECEDENTES DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN EL PERÚ……………………………………………………………………13 2.2 FINALIDAD ….…………………………………………………………………...14 2.3 CARACTERISTICAS PROCESO DE ACCION POPULAR…………………14 2.4 EL CONTROL DIFUSO Y EL CONTROL CONCENTRADO …..……….....15 CAPÍTULO III: LA ACCION POPULAR EN EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO………………….............................................17 3.1 ANALISIS ARTICULADO DEL PROCESO DE ACCION POPULAR SEGÚN EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO …..……………….17 3.1.1.- LEGITIMACIÓN……………………………………………………..17 3.1.2.- COMPETENCIA …………………………………………………….18 3.1.3.- DEMANDA……………………………………………………………19 3.1.4.- PLAZO………………………………………………………………..21 3.1.5.- ISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA……………………………21 3.1.6.- EMPLAZAMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LA DEMANDA………24 3.1.7.- REQUERIMIENTO DE ANTECEDENTES……………………….26 3.1.8.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA……………………………..26 3.1.9.- VISTA DE LA CAUSA………………………………………………27 3.1.10.- APELACIÓN Y TRÁMITE………………………………………...28 3.1.11.- MEDIDA CAUTELAR………………………………………..……29 3.1.12.- PROHIBICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES………….…..….30

3

3.1.13.- CONSULTA…………………………………………………..……31 3.1.14.- SENTENCIA……………………………………………………....32 3.1.15.- COSTOS……………………………………………………..…….34 3.2 ACCIÓN POPULAR CON CONTENIDO PENAL….……………………….35 CONCLUSIONES.............................................................................................36 BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………...37 ANEXO: CASUISTICA………………………………………………………………43

4

CAPITULO I LA ACCION POPULAR

1.1.- ETIMOLOGIA Etimológicamente el vocablo acción proviene del latín actio – ònis que significa “ejercicio de una potencia; efecto de hacer”

1.2.- DEFINICIÓN Acción popular es un proceso constitucional que tiene como finalidad que las normas jurídicas de jerarquía inferior a la ley (ejm. decreto supremo que reglamenta la ley) no contravenga la constitución o la ley. Se presenta ante la sala competente de la corte Superior del poder judicial y esta, en su sentencia declara que la norma que ha sido impugnada contradice o no la constitución o a la ley. Si la sala, comprueba que la norma impugnada infringe algunas de aquellas la declara inconstitucional y por consiguiente esta norma pierde efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia. Acción popular procede contra los reglamentos, normas istrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que se ha la autoridad de la que emane, siempre que infrinja la constitución o la ley, o cuando no haya sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la constitución o la ley.

1.3.- NATURALEZA JURIDICA HANS KELSEN además de ser el padre del control de constitucionalidad, por su aporte en la creación del Tribunal Constitucional en la Constitución austriaca de 1920, también se refirió a la acción de inconstitucionalidad con legitimación popular, en los siguientes términos: Esta legitimación popular, conocida en la doctrina germana como popular lage, fue tenida en cuenta por KELSEN, quien

5

vino incluso a reconocer, ya a la altura de 1928, su superioridad teórica, al señalar que: ‘ciertamente la mayor garantía sería la de establecer un actio popularis; el tribunal debería examinar la regularidad de los actos sujetos a su jurisdicción, en particular las leyes y reglamentos, ante la demanda de cualquiera. De este modo, el interés político en la eliminación de los actos irregulares vendría sin duda satisfecho del modo más pleno”. a) Objetivo: Defensa de la Supremacía normativa de la Constitución. b) Subjetivo: Protección de los Derechos Constitucionales.

1.4.- ORIGEN DE LA ACCIÓN POPULAR 1.4.1.- DERECHO ROMANO “Llamamos acción Popular la que ampara el derecho del propio pueblo”(Digesto, libro 47, título XXIII, ley 1) 1.4.1.1.- ANTECEDENTES EN EL DERECHO ROMANO El derecho romano fue uno de los sistemas jurídicos más avanzados de la antigüedad, prueba de ello es su influencia hasta nuestros días. En el caso determinado de las acciones populares, la legitimación popular para actuar procesalmente, fue una de las instituciones más característicamente romanas que no se ha vuelto a repetir en toda la historia del derecho universal. a) El Populus La cita del Digesto 47.23.1. Título XXIII denominado “De las acciones populares”, dice: 1. Paulus Libro VII, ad edictum.- Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur. Paul. 8 ed. “Llamamos acción popular la que ampara el derecho propio del pueblo”. A partir de esta cita señalamos que la acción popular es aquella que se ejercita en defensa del derecho del pueblo (pópulus). Para especificar el concepto de populus citemos a Gayo en Inst. 1.3.,

6

donde señala que: “... con el nombre de pueblo se comprenden todos los ciudadanos,...” Podemos por tanto afirmar que, la acción popular es aquella que tiende a proteger, garantizar y legitimar el derecho del populus , integrado por una colectividad ciudadana que a diferencia de la concepción moderna, asumía el compromiso no solo de abstenerse a dañar al interés colectivo, sino que también procuraba su arreglo de acuerdo con las condiciones y medios procesales que el derecho romano establecía para ello, cuando era afectado como miembro de ese populus. Durante la época republicana, existía una dominación colectiva ideal, en la cual los poderes estaban en manos del pueblo, del “populus romanus”, siendo su titular y órgano ejecutivo el Rey primero y luego la Suprema Magistratura Republicana. Los actos del estado demandaban para su perfección de la “rogatio” del magistrado y la aprobación del pueblo. El “populus”, personificaba el sujeto activo de acciones e interdictos de interés común, era más que un número plural de personas, llevaba en su esencia la integración de los ciudadanos. Cicerón precisó tres elementos de este concepto: Reunidas por un consenso jurídico. 3. Para lograr una utilidad superior.” Estos tres elementos daban como resultado, un ente plural que alcanzó el carácter de sujeto de derecho al igual que los municipios, las colonias y las asociaciones de personas. Esta condición de sujeto de derecho del “populus” romano provino, de su derecho a litigar como titular de ciertas acciones y recursos procesales, aunque nunca logró la categoría de persona jurídica. Es evidente que en el pueblo romano, “populus romanus” o “populus romanus quiritium”, esto era la denominación técnica del Estado considerado como persona, modelo inimitable, “mutatis mutandis”, por todas las demás personas jurídicas.

7

De estas difiere y de las personas naturales por estar dotado de soberanía. El “populus” era titular de derechos y de cosas, bajo las mismas condiciones que los particulares y con el mismo carácter excluyente. También era titular de derechos y bienes y ejercitaba el dominio como persona de derecho público de manera distinta a la de los particulares. En este caso, el “populus” no excluía a nadie puesto que estos bienes eran de todos y para todos. El “populus” manifestaba su condición de sujeto de derecho público en la defensa de ciertos derechos privados de los ciudadanos que revestían especial importancia para la comunidad, tales como los derechos de los incapaces o la libertad misma de los ciudadanos. Ejercía también su condición de sujeto, en defensa del interés general o del bien común. La evolución histórica de Roma representó siempre una fuerte relación entre el “populus” y el individuo. El daño causado al “populus” afectaba también al individuo que instauraba la acción. El ciudadano, al sentirse perjudicado adquiría un real interés en proteger el derecho colectivo lesionado, el bien común que a él le concernía directamente. Así pues, la noción de “populus” constituye un elemento fundamental en la consolidación y desarrollo de la acción popular en el derecho romano, al punto de perdurar el tiempo suficiente para llegar hasta nuestro sistema jurídico. b) La Res Publica Como se ha señalado en líneas anteriores, la protección del “interés colectivo”, es el argumento que da vida a la acción popular, y para comprender la importancia del mismo, consideramos oportuno hacerlo a partir de la noción de la res pública, para lo cual citaremos lo que el Digesto en el libro “sobre la significación de las palabras” nos dice: D.50.16.23. Ulpianus Libro XIV. Ad Edictum.- “Rei” appellatione et causae, et iura

8

continentur - D. 50.16.23. “En la denominación de ‘cosa’ se comprenden así las causas como los derechos”. D.50.16.17. Ulpianus Libro X. Ad Edictum.- Inter “publica” habemus non sacra, nec religiosa, nec quae publicis usibus destinata sunt, sed si qua sunt civitatum velut bona;...”. D. 50.16.17. “Entre las cosas ‘públicas’ no contamos ni las sagradas, ni las religiosas, ni las que están destinadas a usos públicos, sino las que son de las ciudades, como los bienes;...” Antecediendo a esta cita veremos que en D. 50.16.15. Especifica. Ulpianus Libro X. Ad Edictum.-Bona civitatis abusive “publica” dicta sunt, sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt. “Los bienes de una ciudad se llaman abusivamente ‘públicos’, porque solamente son públicos los que son del pueblo romano”. Apoyados en Iglesias, concluimos que: “La res pública es cosa de todos... al tiempo que todos son de ella”, afirmación que considero resume la esencia de la res pública, y nos acerca a comprender con mayor claridad que el interés de todos, es en consecuencia el interés de Roma. Esta noción es congruente con lo que ya Marco Aurelio decía: “la razón del mundo es social”. “Del mismo modo que tú eres integrante del organismo social, así también toda acción tuya es parte integrante de la vida social. Por tanto cualquiera acción, cualquiera acción tuya que no tenga ni inmediata ni remota relación con este fin común, perturba la vida, escinde la unidad y es sediciosa, como sedicioso es el que en una ciudad se aparta, separándose de la acción común” . En la cita, la acción común está orientada a alcanzar a su vez un fin común, lo cual resulta congruente con el principio de justicia y bien común que caracterizó a la sociedad romana. Por tanto, se reitera el interés colectivo que da vida a la acción popular, nace a partir de un fin común: la protección de la res pública. Hasta aquí

9

concluimos que: el interés colectivo, en la experiencia romana de la época clásica, se advierte de manera diversa a la concepción actual, en la que los intereses individualistas han ganado terreno y sobre todo cuando los ordenamientos legales, niegan en algunos casos, la posibilidad de facto, para accesar a medios procesales que permitan legitimar la defensa de aquellos derechos que tutelan

intereses

colectivos

del

grupo

social,

como

lo

analizaremos con mayor precisión en siguiente punto. Esta clase de bienes era susceptible de protección a través de las acciones populares, pues con la clasificación de los bienes en el derecho romano, “res publicae”, eran las cosas públicas, afectadas al uso de todos y cuyo dominio se encontraba en cabeza del “populus”. Se distinguen dos clases: la “res publicae usi destinatae” y las “res in pecunia” o “in patrimonio populi”. a) La “res publicae usi destinatae” Se encuentran fuera del comercio, como por ejemplo las vías públicas, los puentes, los foros, las plazas, los teatros, las termales, los denominados “flumina perennia”, o ríos de curso permanente, y sus riberas y – aunque es discutido – las costas hasta el flujo de la marea . El derecho romano consideraba que existían ciertas cosas públicas por su naturaleza, como los ríos perennes, el mar y su ribera. Otras construidas por el hombre que adquirían tal condición mediante

acto

solemne

de

la

pública

autoridad

llamado:“publicatio”. b) La “res in pecunia” o “in patrimonio populi” Era susceptible de comercio. Existía la posibilidad de que los particulares las adquirieran mediante oportuno negocio con el Estado. La “res universitatis”, es decir las cosas de las corporaciones, estaban cubiertas por un régimen sustancialmente análogo al de las “res publicae”, o sea el de las cosas pertenecientes al “populus”, los

10

“municipia” y los “coloniae”. El “populus” no era concebible sin la “res publicae”, ella constituía un elemento necesario para la realización de la utilidad común superior de la que habla Cicerón, y es por esta razón que el derecho romano se vio en la necesidad de procurar al “populus” herramientas procesales que permitieran su defensa ante el pretor.

1.4.1.2.- INTERDICTOS Y ACCIONES POPULARES EN ROMA En el derecho romano, existían dos vías de carácter popular: a) Los interdictos populares Los interdictos, cronológicamente, son más antiguos que las acciones populares. Surgen de la necesidad de defender la “res sacra” y la “res publicae” frente a la ineficiencia de las acciones procesales ordinarias, de creación legal, dado el formulismo y el rigorismo de tales procedimientos. Los interdictos y las acciones populares a pesar de ser dos instituciones jurídicas diferentes tenían gran similitud, teniendo en cuenta el bien perseguido. El interdicto popular, procuraba la defensa del interés particular a través del restablecimiento del interese común vulnerado. b) Las acciones populares Las acciones populares en cambio ofrecían una perspectiva más individual ya que se presentaba el fenómeno de la tutela del interés privado mediante el interés común, siendo posible que se causara una multa o indemnización adicional, que iba a parar en unos al Estado y otros al actor.

11

1.5.- CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812) “El soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces producen acción popular” (artículo 255), pero su extensión se remonta a finales del siglo XIX, cuando va a ser entendida como un recurso de carácter penal (deberes de función) o istrativo (infracciones en la prestación de servicios públicos).

1.6.- ORIGEN DEL PROCESO DE ACCION POPULAR COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL A finales del siglo XIX, se extiende como un recurso de carácter penal o istrativo, y de este modo se legitima a cualquier persona para que formule denuncia contra las autoridades que cometan infracciones públicas o delitos contra los deberes de función, con la finalidad de que sean procesados y sancionados. Como acción de inconstitucionalidad o legalidad, se introduce por primera vez en la Constitución “venezolana de 1858 y posteriormente en Colombia en el proceso de Reforma Constitucional de 1901. ERNESTO REY CANTOR, según este autor La Acción Popular por sus orígenes históricos que se remontan al siglo XIX. Pertenece al patrimonio histórico constitucional colombiano el control de constitucionalidad en la modalidad de la acción popular; su origen se halla en la ley de 22 de junio de 1850, por medio de la cual se adicionan y reforman las leyes orgánicas de 3 de junio 1848 y del 30 de mayo de 1849 relacionadas con la istración y régimen municipal. El parágrafo único del artículo 23 concedió el derecho “que tiene todo ciudadano “para pedir la anulación de una ordenanza ante la Corte Suprema de Justicia o de un acuerdo ante el Tribunal del Distrito, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad cuando ella no ha sido propuesta por el funcionario a quien corresponde”. La acción popular de inconstitucionalidad se adoptó en las Constituciones de Venezuela de 1858 (art. 113, num. 8), Panamá de 1941 (art. 188) y El Salvador de 1950 (art. 96).

12

CAPITULO II LA ACCION POPULAR EN EL PERU

2.1.- ACCION POPULAR EN EL PERÚ a) CONSTITUCIÓN 1920 1933: El artículo 157 y artículo 231, respectivamente; pero en estos casos la acción popular tenía un carácter procesal penal. b) CONSTITUCIÓN DE 1933, 1979 Y 1993: El artículo 133, artículo 295 y artículo 200 inciso 5, respectivamente; se regula la acción Popular como una garantía constitucional. 2.1.1.- ANTECEDENTES DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN EL PERÚ En términos generales, durante el siglo XIX, el Perú no contó con instrumentos jurisdiccionales de control, predominando la fiscalización por parte del Congreso. Ha sido recién a partir del siglo XX cuando se empiezan a introducir y fortalecer las herramientas de control. En este sentido, destacó la Carta peruana de 1979, vigente desde julio de

1980,

que

adoptó

un

"modelo

dual

de

Jurisdicción

Constitucional"(14O), el cual fue modificado abruptamente tras la ruptura del régimen constitucional el 5 de abril de 1992. En tal ocasión se dispuso, entre otras medidas, la "reorganización" del Poder

Judicial,

la

desactivación

del

Tribunal

de

Garantías

Constitucionales (TGC), la creación de arbitrarias causales de improcedencia de los procesos de hábeas corpus y amparo, y la restricción de la medida cautelar en el amparo. Incluso, un decreto ley otorgó una "nueva" competencia al des activado TGC. Se inició así una etapa en que la Carta de 1979 quedaba en suspenso en tanto sus disposiciones no fueran compatibles con los objetivos del régimen. Este fue el precedente de la Carta de 1993, la cual fue fruto de

13

la presión de la comunidad internacional y de la necesidad de “constitucionalizar” al régimen de facto de Fujimori.

2.2.- FINALIDAD El proceso de acción popular tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser, directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo.

2.3.- CARACTERISTICAS PROCESO DE ACCION POPULAR a. Es Una Acción Pública: La acción es popular porque la podrá ejercer cualquier ciudadano del pueblo. Ello resalta su carácter democrático y, a su vez, se considera como una de las vías de la participación democracia; por consiguiente, su ejercicio es eminentemente de carácter político, porque el pueblo por medio de un ciudadano podrá cuestionar los actos normativos que expiden

los

gobernantes,

cuando

sean

violatorios

de

los

derechos

constitucionales (fundamentales, económicos, sociales, culturales, colectivos, etc.). b. Es Sustantiva: La acción popular está estrechamente vinculada la acción de inconstitucionalidad contra las leyes en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo, además del legal pero examinando las normas inferiores a la ley. En

ese

sentido

la Acción

Popular

los

jueces

pueden

declarar

la

inconstitucionalidad con carácter general de la norma infralegal que sea contraria a la constitución y las leyes. Sin embargo no concluye con la expulsión judicial de la norma infractora del ordenamiento jurídico solo pueden declararla inaplicable parcial o totalmente pero con efectos generales que casi es lo mismo a declararla nula.

14

Al respecto debemos mencionar que el control de los decretos reglamentos y demás normas istrativas, deben realizase no solamente en las normas constitucionales y legales sino también a las sentencias del tribunal constitucional que hayan desde luego estimado o desestimado la declaración de la ley como inconstitucional. c. Es Procesal: Considera también la protección del orden constitucional y legal ,los valores supremos no solo del estado , sino también de la sociedad , la legitimidad procesal activa es anormal y material , es decir que cualquier ciudadano puede incoar disposiciones reglamentarias y istrativas ante el poder judicial, por inconstitucionales e ilegales incluso los ciudadanos extranjeros residentes en el país , pueden ser titulares de esta acción , así como también el poder judicial debe tutelar ese derecho a la acción de cualquier ciudadano.

2.4.- EL CONTROL DIFUSO Y EL CONTROL CONCENTRADO Para el control normativo de las normas que garantizan la supremacía constitucional, encontramos: a) El control difuso De origen norteamericano, que consiste en la revisión por parte de los jueces ordinarios, bajo el control ultimo del tribunal supremo, de la constitucionalidad de las leyes a efectos de su aplicación en casos concretos. b) El control concentrado De origen austriaco, consiste en entregar a una entidad específica " Tribunal Constitucional" la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes, el TC tiene el monopolio de las competencias para conocer la constitucionalidad de las leyes. La diferencia entre el control difuso y el control concentrado, está en que el difuso es incidental, especial y declarativo, y el concentrado es principal, general y constitutivo. ( Calamandrei). c) El control previo, de origen francés, consiste en el sometimiento de la norma antes de su publicación y vigencia a un análisis sobre su

15

constitucionalidad

por

un

Consejo

Constitucional.

DERECHO

PROCESAL CONSTITUCIONAL 16 La constitución establece en su artículo. 201. el control concentrado. Artículo 201°. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete elegidos por cinco años. Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus . No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. La constitución establece en su artículo. 138. el control difuso. Artículo 138°. La potestad de istrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.

16

CAPITULO III LA ACCION POPULAR EN EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO

3.1.- ANALISIS ARTICULADO DEL PROCESO DE ACCION POPULAR SEGÚN EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO 3.1.1.- LEGITIMACIÓN “ARTÍCULO 84 La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona.” A diferencia de la acción de inconstitucionalidad que sólo puede ser interpuesta, de conformidad con el artículo 203° de la Constitución, por el Presidente de la República, el Fiscal de !a Nación, el Defensor del Pueblo, el 25% del número legal de congresistas, cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, los Presidentes de las Regiones, los Alcaldes Provinciales, los Colegios Profesionales en materias de su especialidad o el 1% de ciudadanos si se trata de una ordenanza municipal, en el proceso de acción popular la legitimación activa recae en cualquier persona. Por consiguiente son titulares de la acción los ciudadanos peruanos en el ejercicio pleno de sus derechos, los extranjeros con residencia en el Perú, las personas jurídicas o constituidas en el país a través de sus representantes legales, entre otros. En efecto, la primera acción popular interpuesta en el marco de la derogada ley 24968 fue incoada por una asociación civil, la Asociación Nacional de Retirados de las Fuerzas Policiales, contra un artículo de un reglamento aprobado por decreto supremo. Lo que quiere decir que la expresión persona no sólo abarca a las naturales sino también a las jurídicas. Más bien lo que cabe plantearse es si el Ministerio Público todavía está legitimado para interponer la acción popular en defensa de la legalidad de acuerdo con su atribución

17

constitucional establecida en el inciso 1) del artículo 159° de la Constitución, que es el de, "promover de oficio, o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho". El artículo 4o de la ley 24968 se lo concedía y lo hizo así porque entendía que formaba parte de sus atribuciones constitucionales, en consecuencia nos parece que no existe obstáculo para que pueda plantearlo si lo cree oportuno, pese a que se trata de una entidad pública y no de una persona. Asimismo, recuérdese bien puede aplicarse en forma supletoria el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

3.1.2.- COMPETENCIA La competencia se determina en razón de la ubicación territorial del órgano que emite la norma impugnada de inconstitucionalidad o de ilegalidad. Pero también se alude a una competencia por razón de la materia. El artículo 85° dice "la Sala correspondiente por razón de la materia". Se entiende en este caso, que si la norma impugnada es de naturaleza penal la sala competente será la penal, la sala civil para las materias de esta clase y así sucesivamente. En los casos que no haya sala establecida para la materia, lo será la civil supletoriamente. Como el proceso de acción popular procede contra cualquier autoridad, no debe entenderse que las Salas de la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente, sólo son competentes frente a las normas que emanan del gobierno regional o local. Somos de la opinión que si se trata de un órgano emisor con ubicación territorial en un determinado gobierno regional o local sin que forme parte de su estructura orgánica ni istrativa, pero que el radio de acción de su normatividad no traspasa la circunscripción territorial correspondiente, la sala competente es la del distrito judicial que

18

corresponde, entendiéndose en estos casos que la de Lima tiene naturaleza residual.

3.1.3.- DEMANDA “ARTÍCULO 86” La demanda escrita contendrá cuando menos, los siguientes datos y anexos: 1) La designación de la Sala ante quien se interpone. 2) El nombre, identidad y domicilio del demandante. 3) La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma objeto del proceso. 4) El petitorio, que comprende la indicación de la norma o normas constitucionales y/o legales que se suponen vulneradas por la que es objeto del proceso. 5) Copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día, mes y año de su publicación. 6) Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. 7) La firma del demandante, o de su representante o de su apoderado, y la del abogado” Como en cualquier proceso, la demanda debe estar bien planteada y para ello debe estar redactada con orden y con claridad, en estilo sencillo, sin galimatías ni errores de sintaxis. Como cabeza de proceso, la demanda debe contener elementos mínimos de isibilidad. La demanda escrita contendrá cuando menos, los siguientes datos y anexos: 

La designación de la Sala ante quien se interpone.- Con el objeto de establecer la competencia en razón del territorio y la materia (juez competente).

19



El

nombre,

identidad

y

domicilio

del

demandante.-

Elemento

indispensable para definir la relación jurídica procesal válida (legitimado activo). 

La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma objeto del proceso.- Con el mismo objeto que el inciso anterior. Hay que establecer la relación jurídica procesal válida y es de necesidad, como es obvio, emplazar a la otra parte en el proceso si la demanda cumple con todos los requisitos de forma (legitimado pasivo).



El petitorio, que comprende la indicación de la norma o normas constitucionales y/o legales que se suponen vulneradas por la que es objeto del proceso.- La demanda que no señala con precisión y exactitud la norma o las normas que se suponen vulneradas serán declaradas inisibles, porque el petitorio no está completo y es impreciso.



Copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día, mes y año de su publicación.- Requisito de forma que se entiende necesario para facilitar a la Sala correspondiente, sobre todo en los lugares apartados de Lima, la norma que es objeto de impugnación, a fin de pueda ser evaluada en su legalidad o constitucionalidad. La copia simple no debe entenderse como una prueba sino como un simple anexo exigido por la ley.



Los fundamentos en que se sustenta la pretensión.- Los fundamentos son siempre de puro de derecho, por la naturaleza propia del proceso, que supone un control abstracto de constitucionalidad y/o de legalidad.



La firma del demandante, o de su representante o de su apoderado, y la del abogado El proceso de acción popular, a diferencia de lo que acontece con el hábeas corpus y el hábeas data, requiere de patrocinio de abogado que autoriza el escrito de la demanda, acompañada también de la firma del demandante o de su representante o apoderado.

20



Adicionalmente, a la demanda se deben acompañar las copias que sean suficientes con la finalidad de emplazar al órgano emisor una vez que se haya declarado su isibilidad.

3.1.4.- PLAZO ARTÍCULO 87 El plazo para interponerla demanda de acción popular prescribe a los cinco años contados desde el día siguiente de publicación de la norma.” El artículo 6o de la derogada ley 24968 señalaba que la acción popular prescribía a los cinco años contra normas violatorias de la Constitución y a los tres años contra normas que contravenían la ley. En ambos casos, los plazos comenzaban a contarse a partir del día de la publicación de la norma cuestionada. La razón para el cambio es obvia. La violación de una ley por parte de un reglamento o norma infralegal, de carácter general, es también en esencia inconstitucional, ya que contradice el principio de jerarquía normativa establecida en el artículo 51° de la Constitución. El Código nos trae dos diferencias. En primer lugar unifica en cinco años el plazo de prescripción, bien se trate de normas que contradicen la Constitución, o bien de aquellas que contravienen la ley. En segundo lugar, el llamado plazo de prescripción no corre desde el día de la publicación, sino que empieza a contarse DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 27 desde el día siguiente de la publicación de la norma cuestionada. El Código vuelve a repetir el error de llamar "prescripción" a lo que es en realidad un plazo de caducidad, porque el cumplimiento del tiempo señalado para interponer la demanda no sólo extingue el derecho sino también la acción.

3.1.5.- ISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA “ARTÍCULO 88 Interpuesta la demanda, la Sala resuelve su isión dentro de un plazo no mayor de cinco días desde su presentación. Si declara la inisibilidad, precisará el requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. Si

21

declara la improcedencia y la decisión fuese apelada, pondrá la resolución en conocimiento del emplazado. El Código establece que la Sala resuelve la isibilidad del proceso de acción popular en un plazo que no puede exceder de cinco días contados desde la presentación de la demanda. La isibilidad se dirige a prevenir el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, conforme lo establece el artículo 86°: 1) juez competente; 2) identificación y domicilio del legitimado activo; 3) identificación y domicilio del legitimado pasivo, que es el órgano emisor de la norma inconstitucional o ilegal; 4) el petitorio, que comprende la indicación de la norma o normas constitucionales y/o legales que se suponen vulneradas (objeto del proceso); 5) anexos exigidos por la ley (copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día, mes y año de su publicación); 6) los fundamentos en que se sustenta la pretensión; 7) la firma del demandante, o de su representante o de su apoderado, y la del abogado.

El plazo para la subsanación de la inisibilidad declarada puede variar, según el criterio de la Sala y teniendo en consideración la dificultad de cumplir con el requisito omitido. Como dice el Código, la propia Sala precisa el requisito incumplido y establece hasta cuando el demandante puede subsanar el vicio o los vicios de forma. En cuanto a la improcedencia.

22

En el proceso de acción popular la demanda debe ser rechazada de plano cuando concurren análogamente los mismos motivos que se establecen para el proceso de acción de inconstitucionalidad en el artículo 104° del Código: 1) cuando se haya interpuesto vencido el plazo previsto en el artículo 87°; 2) Cuando la Sala hubiere desestimado una demanda sustancialmente igual en cuanto al fondo; o 3) Cuando la Sala carezca de competencia para conocer la norma impugnada; 4) también es improcedente la demanda que se interpone contra una norma que no es objeto de un proceso de acción popular, y 5) cuando ha habido sustracción de materia. Por ejemplo si la norma ha sido derogada antes de emitirse sentencia, o cuando ha sido elevada a rango de ley en virtud de una ley formal. Como no puede ser de otro modo, la resolución que declara la improcedencia debe estar debidamente motivada. Cuando la declaración de improcedencia es apelada se corre traslado al emplazado que no puede ser otro que el órgano emisor de la norma. Pero debe tenerse en cuenta lo que deja sentado el artículo 89° del Código en su segundo y tercer párrafo, que pensamos también es de aplicación cuando se trata de la apelación contra la decisión que decreta la improcedencia. La reproducimos textualmente: "Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor, se emplazará al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico, la notificación se dirige al primero que suscribe el texto normativo. En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, el emplazamiento se hará al Ministro que la refrenda; sí fuesen varios, al que haya firmado en primer término. Si el órgano emisor ha dejado de operar, corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones".

23

3.1.6.- EMPLAZAMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LA DEMANDA “ARTÍCULO 89” itida la demanda, la Sala confiere traslado al órgano emisor de la norma objeto del proceso y ordena la publicación del auto isorio, el cual incluirá una relación sucinta del contenido de la demanda, por una sola vez, en el Diario Oficial El Peruano si la demanda se promueve en Lima, o en el medio oficial de publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro Distrito Judicial. Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor, se emplazará al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico, la notificación se dirige al primero que suscribe el texto normativo. En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, el emplazamiento se hará al Ministro que la refrenda; si fuesen varios, al que haya firmado en primer término. Si el órgano emisor ha dejado de operar, corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones. Con este artículo y los que siguen a continuación el Código ingresa a regular propiamente la tramitación del proceso de acción popular, aun cuando podría decirse que el trámite se da inicio con la contestación de la demanda. En primer lugar, hay que emplazar al órgano emisor de la norma que es objeto del proceso y publicar el auto isorio. En correspondencia con la garantía del debido proceso, éste debe incluir una relación sucinta del contenido de la demanda. Jorge Danos, citando a Pazco Cosmópolís, sostiene y creemos que con razón, que el auto isorio se publica "con la finalidad que la ciudadanía resulte advertida de que se está cuestionando en la vía jurisdiccional la legitimidad constitucional y/o legal de una determinada norma, y tenga precaución al aplicarla en el futuro, porque de lo contrario podría no haberse percatado que la norma en cuestión padece de posibles vicios que pueden dar lugar a su posterior invalidación". La publicación, con perdón de ser repetitivos frente a lo que dice el Código tiene lugar por una sola vez en el diario oficial El Peruano si la demanda se

24

promueve en Lima, o en el medio oficial de publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro distrito judicial. Por el principio de gratuidad, los gastos de la publicación corren por cuenta del Estado. Una innovación de la ley es la supresión de la participación del Ministerio Público como tercero. El fiscal puede ser parte en el proceso, ya sea como legitimado activo o pasivo, pero ya no emite dictamen previo a la sentencia como tercero interviniente. La ley 24968 estipulaba que vencido el plazo para la contestación de la demanda, la Sala debía cursar oficio al fiscal para que dentro de un plazo no mayor de diez días contados desde su recepción, emitiera su respectivo dictamen. El oficio no suponía traslado del expediente. Su participación no tenía sentido y lo único que producía era dilación innecesaria y perjudicial. En lo demás que es regulado por la ley, no requiere de mayor explicación porque se entiende desde su propia literalidad. Se trata de simples reglas para determinar el legitimado pasivo. Cuando la norma ha sido emitida por dos órganos, se emplaza al de mayor jerarquía. Si son de igual nivel, al que firmó primero el texto normativo. Cuando la norma emana del Poder Ejecutivo, el emplazamiento se hace al Ministro que lo refrenda. SÍ firman varios al que haya firmado primero. Y si el órgano ha dejado de operar, se notifica al que asumió sus funciones. Pero todo esto no se trata más que de un error. El emplazado tiene que ser el procurador público que corresponde, cuando se trata de órganos o poderes sin personería jurídica y los representantes legales o apoderados, cuando gozan de personería jurídica, como sucede con los gobiernos locales y regionales. El control de constitucionalidad de la norma, no es un juicio intuito personae para juzgar la conducta de quien firmó la norma cuestionada, sino que es un proceso abstracto de constitucionalidad que se dirige contra la propia norma en sí.

25

Es ella y no la conducta del funcionario la que debe pasar, en la terminología utilizada por Kelsen, por la tasación de su regularidad directa o indirecta con la Constitución.

3.1.7.- REQUERIMIENTO DE ANTECEDENTES “ARTICULO 90” La Sala puede, de oficio, ordenar en el auto isorio que el órgano remita el expediente conteniendo los informes y documentos que dieron origen a la norma objeto del proceso, dentro de un plazo no mayor de diez días, contado desde la notificación de dicho auto, bajo responsabilidad. La Sala dispondrá las medidas de reserva pertinentes para los expedientes y las normas que asilo requieran.” El artículo 90° repite el artículo 15° de la derogada ley 24698. Se intuye que lo que se persigue con una disposición de esta naturaleza es el tomar conocimiento de los motivos que llevaron al órgano emisor a expedir la norma cuestionada. Pero parece que en un procedimiento que por su propia naturaleza es de puro derecho, los anexos que pueden pedirse de oficio resultan innecesarios. La remisión de los informes por el emplazado debe hacerse en el plazo improrrogable no mayor a diez días, que se cuentan a partir de la notificación del auto isorio. Cuando la ley señala que la Sala dispondrá las medidas de reserva pertinentes para los expedientes y las normas que así lo requieran, se entiende que ello sólo es posible cuando están en juego intereses públicos, como la seguridad nacional, el orden público, la salubridad o la intimidad personal, etc.

3.1.8.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA artículo 91 La contestación deberá cumplir con los mismos requisitos de la demanda, en lo que corresponda. El plazo para contestar la demanda es de diez días.” El plazo para contestar la demanda es de diez días, igual como acontecía en la legislación derogada.

26

La absolución del emplazamiento debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda, en lo que corresponde. Es decir, debe estar bien redactada, con orden y claridad, en estilo sencillo, sin galimatías ni errores de sintaxis. También la designación de la Sala ante quien se dirige el contradictorio, el nombre, identidad y domicilio del demandado. La denominación precisa y el domicilio del órgano que contesta la demanda, así como la firma del emplazado o de su representante o apoderado y del abogado patrocinante. En cuanto al petitorio de la demanda y sobre la fundamentación que contiene el contradictorio, el emplazado no puede conciliar, transar, desistirse, ni allanarse o reconocer la demanda porque su obligación es defender la constitucionalidad o legalidad de la norma que es objeto del proceso de acción popular, tal como ocurre en los procesos de acción de inconstitucionalidad. Tampoco procede el abandono. El proceso sólo termina por sentencia. Porque como dice el artículo 106° del Código, perfectamente reconducible al proceso de acción popular, "itida la demanda, y en atención al interés público de la pretensión discutida, [la Sala correspondiente] impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad o interés de las partes".

3.1.9.- VISTA DE LA CAUSA “ARTÍCULO 92 Practicados los actos procesales señalados en los artículos anteriores, la Sala fijará día y hora para la vista de la causa, la que ocurrirá dentro de los diez días posteriores a la contestación de la demanda o de vencido el plazo para hacerlo. A la vista de la causa, los abogados pueden informar oralmente. La Sala expedirá sentencia dentro de los diez días siguientes a la vista” Como dice el Código, la vista de la causa se lleva a cabo en el día y hora fijados por la Sala, que tiene que producirse dentro de los diez días posteriores a la contestación de la demanda o de vencido dicho plazo sin que se haya contestado. La vista de la causa es el acto procesal en el cual la Sala de la

27

Corte Superior correspondiente examina la constitucionalídad y/o ilegalidad de la norma cuestionada. En esta etapa los abogados de las partes pueden informar oralmente. Tanto el examen de la Sala como el informe de los abogados debe avocarse a lo que es propio de un proceso abstracto de control de constitucionalidad (en este caso indirecto). El análisis es de puro derecho que pone a prueba los límites materiales de la norma, es decir, la compatibilidad de su contenido con la Constitución o la ley. O la ínconstitucionalidad formal si es que se ha omitido los procedimientos establecidos para su producción. En sentido contrario, solo se trata de comprobar si se han cumplido todos los trámites establecidos en la ley para su aprobación. Algo importante si la demanda ha sido declarada fundada pero el órgano emisor no ha apelado, por disposición del artículo 95° del Código, los autos deberán elevarse en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema (vid infra artículo 95°).

3.1.10.- Apelación y trámite “ARTICULO 93 Contra la sentencia procede recurso de apelación el cual contendrá la fundamentación del error, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Recibidos los autos, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema dará traslado del recurso concediendo cinco días para su absolución y fijando día y hora para la vista de la causa, en la misma resolución. Dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa.” El artículo es sumamente claro. En segunda y última instancia, el proceso de acción popular es de conocimiento de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

28

En el artículo 18° de la legislación anterior la Sala competente era la encargada de los asuntos contencioso-istrativos. Para apelar, el Código establece un plazo de cinco días que se cuentan desde el día siguiente de notificada la sentencia de primera instancia. El recurso Impugnatorio debe circunscribirse a fundamentar por qué el fallo no está arreglado a derecho. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema corre traslado del recurso, para su absolución, por cinco días. En la misma resolución de traslado se fija día y hora para la vista. Las partes tienen tres días para solicitar el informe oral de sus abogados en esta fase del iterprocesal. Aquí también el Código establece cambios en la tramitación. Antes, al recibir el expediente la Sala lo ponía a disposición de las partes por el término de "cinco días simultáneos", vencido el cual pasaba a conocimiento del fiscal correspondiente para su dictamen en un plazo no mayor de diez días. Una vez emitido el dictamen la Sala recién señalaba día y hora para la vista de la causa dentro de los cinco días que lo recibió. El trámite es hoy más expeditivo. Aunque el artículo 93° deja en manos de la Sala fijar el día y la hora para la vista de la causa, ésta se establece en la resolución que corre traslado de la apelación a la otra parte. Se entiende que la vista debe tener lugar en un plazo razonable y que debe ser más rápido que antes, en la medida que ya no participa el Ministerio Público emitiendo dictámenes.

3.1.11.- MEDIDA CAUTELAR “ARTÍCULO 94” Procede solicitar medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de primer grado. El contenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia de la norma considerada vulneratoria por el referido pronunciamiento”. Teniendo en consideración que de acuerdo con el artículo 81° del Código, define, las sentencias fundadas en procesos de acción popular pueden determinar la nulidad con efectos retroactivos y erga omnes de las normas

29

impugnadas, el Código permite como medida cautelar la suspensión de su eficacia. En tal circunstancia, para concederla, la Sala debe tener en cuenta la gravedad del vicio inconstitucional o ilegal y sólo puede proceder cuando ha habido sentencia estimatoria de primera instancia, en la medida que produce un grado de verosimilitud de la pretensión. La medida cautelar sirve para garantizar el respeto de la ley que siempre se presume constitucional en tanto que el reglamento es aplicación y acatamiento de la ley. Esa es la diferencia de por qué en los procesos de acción popular hay medida cautelar pero no en los procesos de inconstitucionalidad.

3.1.12.- PROHIBICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES La ley ha cuidado de establecer expresamente en su artículo 6 que la isión a trámite de la demanda de acción popular no suspende la vigencia de la norma impugnada. De esta manera se prohíbe el otorgamiento de medidas cautelares que consistan en la suspensión de la norma demandada, sin perjuicio de que opere el control de inaplicabilidad a que se refiere el artículo 236 de la Constitución, en casos concretos ventilados a través de otros tipos de litigios. Consideramos que el fundamento de ese dispositivo reside en la presunción de legitimidad de la que disfrutan los actos de los poderes válidamente constituidos, presunción que tanto es más sólida, cuanto más directa es la conexión del órgano que expide la norma con la voluntad popular. Es coherente que el legislador prohíba el otorgamiento de medidas cautelares en los procedimientos de acción popular, en razón que las sentencias estimatorias de la demanda sólo tienen efectividad para adelante, ex nunca, es decir producen la invalidez de las normas descalificadas constitucionalmente recién a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución que declara fundada la demanda. En cambio, la finalidad esencial de la medida cautelar es diferente, consiste en preservar el objeto de la demanda, permitir que se

30

retrotraigan los efectos del fallo a la fecha de interposición de la demanda, situación discrepante con este tipo de procedimientos constitucionales.

3.1.13.- CONSULTA “ARTÍCULO 95” Si la sentencia que declara fundada la demanda no es apelada, los autos se elevarán en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. La consulta se absolverá sin trámite y en un plazo no mayor de cinco días desde que es recibido el expediente.” La institución de la consulta no es una prerrogativa de las partes ya que sólo procede de oficio, por imposición de la ley, sin que pueda el juez incorporarlo a otra clase de proceso que no haya sido contemplado por el legislador. Es de trámite obligatorio y tiene lugar de oficio. Su fundamento está en que los bienes o los intereses en juego trascienden al de las partes. En el caso del proceso de acción popular el objeto que es la norma declarada ilegal o inconstitucional pero que no ha sido apelada, es de orden público y lleva implícito un problema de seguridad y eficacia del sistema jurídico. El artículo 82° del Código Procesal Constitucional en su último párrafo, establece que las sentencias recaídas en el proceso de acción popular podrían determinar la nulidad, con efecto retroactivo y general, de las normas impugnadas y, que en tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. De ahí que resulte lógico y necesario que la Sala Especializada en asuntos constitucionales de la máxima instancia del Poder Judicial, lleve a cabo una revisión sobre el control de constitucionalidad y/o legalidad llevada a cabo por la Sala correspondiente de la Corte Superior. La norma pretende establecer unidad y criterios de interpretación uniformes. Recuérdese el segundo párrafo del artículo VI del Título Preliminar: "Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular". Como el principio del store decisis, de aplicación al control difuso en

31

el sistema del commom law, la norma bajo comentario busca los mismos objetivos. Que el peso de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema convierta en obligatoria la interpretación o la decisión asumida, a tal punto que no exista ningún tribunal ni juez de inferior jerarquía que inaplique una ley en un juicio nuevo si la Sala Constitucional ha hecho de ella una interpretación conforme a la Constitución. Se absuelven en el plazo de cinco días. Sin ningún trámite. No hay participación de abogados ni informes orales ni presentación de escritos. Aunque el Código no lo dice, pensamos que de conformidad con la naturaleza de la institución, durante la tramitación de la consulta los efectos de la resolución de primera instancia se suspenden hasta la decisión que asuma la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. En relación con el control difuso, que no es el caso de un proceso de acción popular, el inciso (3) del artículo 408° del Código Procesal Civil, por ejemplo, dispone que procede la consulta en aquellas resoluciones de primera instancia en las que no habiendo sido apeladas, el juez prefiere la norma constitucional a una legal ordinaria. Este mismo Código adjetivo señala que en segunda instancia también procede la consulta cuando no se ha recurrido a la apelación y se ha preferido la Constitución a la ley. También en materia civil la competencia de la revisión está a cargo de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.

3.1.14.- SENTENCIA “ARTÍCULO 96” La sentencia expedida dentro de los diez días posteriores a la vista de la causa será publicada en el mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto isorio. Dicha publicación no sustituye la notificación de las partes. En ningún caso procede el recurso de casación.” El artículo es tan claro que releva de mayores comentarios.

32

El plazo para expedir sentencia es de diez días posteriores a la vista de la causa. Se publica en el mismo medio donde se publicó el auto isorio, sin que ello implique que no se tenga que notificar a las partes. No procede el recurso de casación. ¡Qué más puede decirse! Algunas disquisiciones personales pueden ser sin embargo pertinentes. En primer lugar, se debe recordar lo establecido en el artículo 82° del Código, en el sentido que "Las

Sentencias

del

Tribunal

Constitucional

en

los

procesos

de

inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación". Esto quiere decir, que las sentencias recaídas en los procesos de acción popular constituyen - como lo decía el artículo 26° de la ley 24968 — normas prohibitivas para que cualquier órgano del Estado, bajo responsabilidad, emita nueva norma con contenido parcial o totalmente idéntico a la derogada por mandato judicial, en tanto no sea derogada o modificada la norma constitucional o legal infringida. Este artículo no ha sido tomado por el Código pero es obvio que se desprende como una consecuencia lógica del artículo 82. Otro aspecto que aunque no tiene que ver con la tramitación sino con el modo de sentenciar en los procesos orgánicos, es que la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad, si se produce, no necesariamente tiene que fundarse en la norma constitucional o legal invocada, sino que como una expresión del principio iura novit curia, la Sala respectiva puede declarar la nulidad amparándose en la violación de preceptos legales o constitucionales que no han sido considerados por el demandante. Aunque el Código no lo dice es obvio que así se produzca, porque no puede haber ninguna norma en el ordenamiento que trasgreda el principio constitucional establecido en el artículo 51° de la Constitución: "La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley sobre las demás normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. El artículo 26° de la ley 24968 lo contemplaba.

33

3.1.15.- COSTOS “Artículo 97” Si la sentencia declara fundada la demanda se impondrán los costos que el juez establezca, los cuales serán asumidos por el Estado. Si la demanda fuere desestimada por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de los costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad. En todo lo no previsto en materia de costos, será de aplicación supletoria lo previsto en el Código Procesal Civil.” La ley 24968 no hablaba de costos sino de costas. La Disposición Complementaria Cuarta de esta norma decía que "si la acción popular es amparada, el importe de las costas será asumido por el Estado; en caso contrario, las asumirá el accionante. Como se sabe, los costos están representados por los honorarios profesionales del abogado de quien ha vencido enjuicio, más un cinco por ciento que se destina al Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo (artículo 411° del Código Procesal Civil). Las costas, en cambio, constituyen las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso (artículo 410° del Código Procesal Civil). Aun cuando el cambio es notorio, la ley deja en manos de la Sala decidir si condena al demandante al pago de costos que sólo procederá si se ha actuado con temeridad. Se entiende que cuando la demanda ha sido declarada fundada, es el Estado la parte vencida, situación en la cual deberá pagar los honorarios profesionales del demandante. ¿Cómo se fijan? De acuerdo con lo señalado por el Código Procesal Civil que se aplica en este caso de modo supletorio. Dice el artículo 418° de este cuerpo adjetivo de leyes: "Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados, el juez aprobará el monto".

34

3.2.- ACCIÓN POPULAR CON CONTENIDO PENAL La Constitución de 1920 introdujo saludables reformas y tubo notorios aciertos agrupándose en la que sus reformas eran de medidas de carácter político con su extenso e interesante capítulo de garantías sociales y nacionales. Tomando en cuenta el artículo 157. Producen accion popular contra magistrados y jueces, la prevaricación , el cohecho , la abreviación o suspensión de los procesos judiciales , el procedimiento igual contra las garantías individuales y la prolongación indebida de los procesos sumarios, La Constitución de 1933 En lo que se refiera al poder judicial mantuvo el anacrónico sistema, en la que quiso crear irrumpiendo con nuestra reiterada experiencia política un sistema mixto residencial parlamentario que ciertamente no pudo prosperar. Considerando el artículo 231, Hay Acción Popular para denunciar los delitos de función y cualquier otro que cometan los del poder judicial, en ejercicio de sus funciones. También la hay para denunciar los delitos contra la ejecución de resoluciones judiciales que cometan los uncionarios del Poder Ejecutivo.

35

CONCLUSION El artículo 87 del Código Procesal Constitucional, Ley Nro. 28237, establece el plazo para interponer el proceso de acción popular es de 5 años contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. Al respecto, considero que no se debe consignar dicho plazo para la interposición de la demanda de acción popular; ello en vista que las normas que podrían infringir la Constitución y la ley no siempre son usadas por las personas que podrían sentirse afectadas. El momento en que una persona se da cuenta que una norma le perjudica, es cuando hace uso de ella; pueden haber normas que no utilizamos a pesar de haber sido publicadas hace 20 años por ejemplo, y no nos enteramos de la misma; y llega el caso que por cualquier motivo, nos vemos en la necesidad de utilizar o ampararnos en dicha normas; y es recién en este momento en que nos damos cuenta que la misma está en contra de la Constitución o de la ley, y tendríamos la necesidad de interponer la demanda de acción popular, a la que toda persona se encuentra legitimada; pero aquí nos encontramos con un problemas gravísimo, que habría vencido el plazo para la interposición de la demanda. Por este motivo, es que considero que no debería limitarse a 5 años el plazo para interponer una demanda de acción popular, ello también resuelta atentatorio de los derechos constitucionales de las personas, por las consideraciones antes expuestas.

36

BIBLIOGRAFIA

1.

Ortecho

Villena,

Víctor

Julio,

(2002)

“Jurisdicción

y

procesos

constitucionales: Habeas corpus y amparo- Habeas data- Acción popularAcción de cumplimiento-Inconstitucionalidad”. 7 ed., Editorial Rodhas. Lima. 2. Bustamante Cisneros, Ricardo;(1961) “Habeas Corpus y Acción Popular”. Memoria en la Apertura del año judicial de 1961. Publicaciones del Departamento de Extensión Cultural del Instituto Moderno. Trujillo - Perú. 3. Ballesteros Bernales, Enrique (2005) “Código Procesal Constitucional Comentado”, Editora Normas Legales S.A.C. Lima. 4. Ignacio Burgoa. (1983). El Juicio de Amparo, Editorial Porrúa S.A., México. 5.

Ortecho

Villena,

Víctor

Julio;

(2000)

“Jurisdicción

y

Procesos

Constitucionales”, Editorial Rodhas, 4ta Edición, Lima. 6. Sáenz Dávalos, Luis R; (2005) “Las innovaciones del Código Procesal Constitucional en el Proceso Constitucional de Amparo, El Código Procesal Constitucional – Comentado” VV AA, Editora Normas Legales S.A.C, Trujillo Perú. 7. Huerta Ochoa; Carla (2003) “Conflictos Normativos”. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Número 142. México. 8. José Afonso da Silva, (1989) Mandado de Injunçao e Habeas Data, Editora Revista dos Tribunais, Sao Paulo – Brasil. 9. J.M.Othon Sidou, (2001) “Las nuevas figuras del Derecho Procesal Constitucional brasileño: Mandado de Injunçao y Habeas Data”, traducción de Héctor Fix Zamudio, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie, Año XXIV, N° 70, México. 10. García Belaunde, Domingo y Tupayachi SotomayorR, Jhonny (2011); Propuestas de Reforma al Código Procesal Constitucional. Comisión de

37

Estudio y Análisis del Código Procesal Constitucional. Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional No. 43. Editorial Adrus, Lima. 11. Abad Yupanqui, Samuel;

(2004) Derecho procesal constitucional. :

Antecedentes, desarrollo y desafíos en el Perú. Gaceta Jurídica. Lima. 12. Álvarez Simonetti, Manuel T. (1974) “El petitorio de Inconstitucionalidad por acción popular” Tesis para optar el Grado Académico de Bachiller por la PUC. Lima. 13. Abanto Torres, Jaime David (2010) La Acción Popular: un Instrumento del Control Constitucional”. Tesis para optar el Grado de Bachiller por la Universidad de Lima. Perú. 14. Giribaldi Pajuelo, Giancarlo (2010) “El proceso de acción popular y su incidencia en materia tributaria”. Ediciones Caballero Bustamante. También publicado en: Gaceta Constitucional No. 36, Diciembre. Lima. 15. Sachica, Luis Carlos (1980)

“El Control de constitucionalidad y sus

mecanismos.” Editorial. Themis, Bogotá. Colombia. 16. Carpio Marcos, Edgar; (2002) “Normas interpuestas en la acción de inconstitucionalidad (el caso peruano)”. En: Instrumentos de tutela y justicia constitucional, Vega Gómez, Juan - Corzo Sosa, Édgar (Coordinadores), UNAM, México. 17. García Toma, Víctor (1994) La acción popular En: Revista Gaceta Jurídica: Legislación, doctrina y jurisprudencia, No. 11, Gaceta Jurídica, Lima. 18. Landa Arroyo, Cesar; (2010) Teoría del Derecho Procesal Constitucional”, Palestra Editores, Lima. 19. Danos Ordoñez, Jorge (2007)

“El régimen de los reglamentos en el

ordenamiento jurídico peruano”. Memorias del VI Foro Iberoamericano de Derecho istrativo y VIII Jornadas de Derecho Constitucional y istrativo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.

38

20.

Grandez Carrasco, David Ángel (2012) ¿Procede una acción popular en

contra de un comunicado? Revista Actualidad Jurídica, No. 222, Mayo. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 21. García Luengo, Javier; (2001) “La subsanación retroactiva de reglamentos nulos mediante la elevación de rango (A propósito de la STC 273/2000, de 15 de noviembre)”, en Revista Española de Derecho istrativo,

nº 111.

España 22. Abanto Torres, Jaime David (2011) La Acción Popular: un Instrumento del Control Constitucional”. Tesis para optar el Grado de Bachiller por la Universidad de Lima. Perú. 23. Barrios Gonzales, Boris, (2001) Derecho procesal constitucional, Editorial Jurídica Ancón. Panamá. 24. Betancur Cuartas, Jaime. 1979) “Derecho Constitucional Colombiano”. Editora Beta, Bogotá. 25. Mesinas Montero, Federico G. (2008); Gaceta Jurídica, Guía Rápida No. 06, Procesos de Acción Popular y Competencial. Primera Edición. Lima. 26. García Belaunde, Domingo. (2010) “La acción de inconstitucionalidad en el derecho comparado”. Publicado en Lecturas Constitucionales Andinas No. 01, Comisión Andina de Juristas. Primera Edición. Lima – Perú. 27. Landa Arroyo, Cesar. (2010) Los Procesos Constitucionales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Palestra Editores. Lima. 28. Huerta Guerrero, Luís Alberto. 2012) “El proceso de acción popular. En la defensa jurídica del Poder Ejecutivo. Jurídica” (Suplemento de análisis legal del diario oficial El Peruano). Lima. 29. Giribaldi Pajuelo, Giancarlo (2010) “El proceso de acción popular y su incidencia en materia tributaria”. RAE Revista de Análisis Especializado de Jurisprudencia No. 6. Ediciones Caballero Bustamante. También publicado en: Gaceta Constitucional No. 36. Lima.

39

30. Giancarlo Giribaldi (2008). El proceso de acción popular y su incidencia en materia tributaria.

Procesos Constitucionales. Temas de Gestión Pública y

Actualidad. Lima – Perú. 31. Camargo, Pedro Pablo (1996) Departamento de Prensa e Información del Gobierno Federal Alemán. Estado, Constitución y Derecho”. Separata de la publicación “La actualidad de Alemania”. Alemania. 32. Álvarez Tamayo, Jairo Hernán (1997) Embajada de la República Federal de Alemania. Asociaciones de intereses: entre la cooperación y el enfrentamiento. Los grupos de presión. Inter Nations. 1997, 33. Embajada de la República Federal de Alemania. “Iniciativas Ciudadanas, Grupos de Autoayuda y Asociaciones. El Asociacionismo en Alemania”. Inter Nations, 1996. 34. Bejarano Guzmán, Ramiro. (2011) “De las Acciones Populares y de Grupo”. En la revista “Reformas a la Legislación Mercantil”. Biblioteca Jurídica DIKE. Primera edición. Colegio de Abogados de Medellín. 35. Sarmiento Palacio, Germán (2009). “Las Acciones Populares en el Derecho Privado Colombiano”. Banco de la República. Colombia. 36. Tamayo Jaramillo, Javier. (2011) “Las Acciones Populares y de Grupo en la Responsabilidad Civil”. Editorial Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie. Primera Edición. Bogotá. 37. Olivera torres, Helmut Andrés (2012) “Apuntes sobre la revisión de las resoluciones firmes recaídas en los procesos de acción popular a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Revista Gaceta Constitucional, No. 58. Lima. 38. Albarracín, Abel Ángel; (2011) Las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo en la Argentina. Ediciones Dike, Mendoza, Argentina. 39. Cassagne, Juan Carlos; (2007) La potestad reglamentaria en la Constitución de 1853 y su evolución posterior tras la reforma constitucional de

40

1994”, En: Fuentes de Derecho istrativo, Boullauge, G. (Director). Estudios de Derecho istrativo XIII. Editorial Lexis Nexis, Argentina. 40. Santiago, Alfonso; (2007) “Régimen constitucional de los reglamentos ejecutivos”. En: Fuentes del Derecho istrativo, Boullaude G. (Director). Estudios de Derecho istrativo XIII. Editorial Lexis Nexis, Argentina. 41. Dromi, Roberto. (2005) “Derecho istrativo”, Tomo I, 1ra Edición Peruana, Gaceta Jurídica. Lima. 42. Rubio Correa, Marcial (2007) “El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho”, 9na edición, Fondo Editorial PU. Lima. 43. Villarán; (1962) Manuel Vicente; Anteproyecto de Constitución de 1931, Exposición de Motivos y texto. Lima Talleres Gráficos P.L. Villanueva S.A., p. 46 44. Santamaría Pastor, Juan Alfonso;

(2010) Principios de Derecho

istrativo, Volumen I, Tercera Edición, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. Lima. 45. Mmuñoz, Luis; (1956) “La Constitución Política del Perú, comentada”. Ediciones Juris, Lima. 46. Vecina Cifuentes, Javier; (2009). Las medidas cautelares en los procesos ante el Tribunal Constitucional. Editorial Colex. Madrid. 47. García Belaunde, Domingo; (1989) La Jurisdicción Constitucional en el Perú”, Incorporado en el libro Teoría y Práctica de la Constitución Peruana Tomo I, Editorial y Distribuidora de Libros S.A., Lima. p. 94. 48. Álvarez Simonetti, Manuel; (2009) “Debate en torno a la Acción Popular”, publicada en la Revista Derecho, No. 32, PUC, 1974. 49. García Belaunde, Domingo; (1989) La Jurisdicción Constitucional en el Perú, En: Teoría y Práctica de la Constitución Peruana, Tomo I, EDDILI. Lima. 50. Pareja Pflucker, Piedad;

(2012) Atribuciones Constitucionales del

Presidente de la Republica, Ediciones Rikchay Perú No. 21. Lima.

41

51. Pareja Soldan, José; (2012) Comentarios a la Constitución Nacional. Tesis para optar el grado de Doctor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Perú. Lima. 52. Ferrero, Raúl. (1984) Ciencia Polìtica. Teoría del Estado y Derecho Constitucional Séptima Edición. Lima. 53. Pedro Planas, (2002)

en su artículo La Reforma del Tribunal

Constitucional: Propuestas desde América Latina. En Reforma Constitucional, Primer Congreso de Reforma Constitucional Arequipa 1999. Fundación Friedrich Ebert. Imp. Edigraf EIRL Arequipa. Lima.

42

ANEXO

43

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE No. : 2008-194 DEMANDANTE: ENRIQUE HEBERT GONZÁLES PISFIL DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFÚ MATERIA: ACCIÓN POPULAR VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA RESOLUCIÓN NUMERO: TRES

En Chiclayo, a los treinta días del mes de enero de dos mil nueve, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Chávez Martos, pronuncia la siguiente resolución:

ANTECEDENTES Con fecha 31 de octubre de 2008, el recurrente Enrique Hebert Gonzáles Pisfil interpone proceso de acción popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú a fin de que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía 057-2008a/MDM, la cual impone el pago de la suma de S/ 70.00 por concepto de renovación de concesión y S/ 10.00 por concepto de solicitud valorada. Alega que la disposición impugnada contiene una imposición de carácter tributario y que no se ha expedido la respectiva Ordenanza Municipal. A su vez, que si se cataloga el pago a efectuar como tasa, que dicho concepto no ha sido consignado en el Texto Único de Procedimientos istrativos TUPA de la entidad demandada, en abierta trasgresión del artículo 44.2 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento istrativo General.

44

El Procurador Público de la Municipalidad, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil ocho, contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada. Acota que el actor solicitó en su momento la disminución del monto de renovación establecido en el TUPA y que como consecuencia de dicha petición, se expidió la Resolución de Alcaldía materia de esta impugnación, ejerciendo la Municipalidad su potestad de facultad normativa. Por tanto, hubo aprobación de los accionistas al respecto, por lo cual corresponde desestimar la pretensión.

FUNDAMENTOS

§ Sobre el proceso de acción popular 1. El artículo 76° del Código Procesal Constitucional prescribe que la demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas istrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso. 2. Corresponde inferir, a partir de lo expuesto, que el Poder Judicial tiene la potestad de determinar si la istración ha decidido en forma correcta su atribución normativa para regular relaciones de orden istrativo entre particulares. Esta competencia es exclusiva del Poder judicial y como tal, el barómetro de ejercicio de fiscalización e la acción popular supone de suyo examinar lo que ha decidido la istración.

§ Análisis del caso concreto 3. En el caso sublitis una particularidad relevante la constituye si el derecho de renovación de concesión ha sido establecido o no. De no haberse insertado en el Texto Único de Procedimientos istrativos o de ser el caso, si no obrara

45

el respectivo Edicto u Ordenanza Municipal para la emisión de una contribución, tasa o impuesto municipal, nos encontraríamos frente a una irregularidad istrativa. 4. A folios treinta y seis obra, como recaudo de la emplazada, que el derecho por concesión ascendente a la suma de S/ 80.00 ha sido fijado por la entidad demandada oportunamente, a mérito de la Ordenanza Municipal 001-06-MDM, de fecha veinte de enero de dos mil seis. 5. Tal como alega la emplazada, la Resolución de Alcaldía materia de impugnación, entonces, obedece a una circunstancia específica de un acuerdo con el actor, a efectos de rebajar el derecho inicialmente fijado de S/. 80.00. En tal sentido, no nos encontramos frente a una incongruencia inmediata, cual sería la no publicación del derecho de concesión, caso en el cual estimaríamos la procedencia de la demanda, sino frente a una determinación istrativa como consecuencia de una disposición autónoma del ente emplazado a efectos de fijar una suma menor a la que fue objeto de reclamo. 6. Por ende, es potestad que en plazo razonable el Municipio demandado regularice la decisión contenida en la resolución impugnada, consignando en el TUPA de su institución el nuevo monto por derecho de renovación. Bajo esta pauta, no apreciamos manifiesta irregularidad en el accionar de la Municipalidad demandada como decisor istrativo.

DECISIÓN: Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, DECLARA INFUNDADA la demanda de acción popular interpuesta por Enrique Hebert Gonzáles Pisfil contra la Municipalidad Distrital de Monsefú; consentida o ejecutoriada que sea la presente, dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley. Interviene el Señor Chávez Martos por haber integrado Sala el día de la vista de la causa. Publíquese y notifíquese

46

Sres. Carrillo Mendoza Figueroa Gutarra Chávez Martos

VOTO SINGULAR DEL SEÑOR CARRILLO MENDOZA, es como sigue: VISTOS; en audiencia pública; y, CONSIDERANDO:

Primero: El Proceso Constitucional de Acción Popular tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones a su jerarquía normativa, y, procede contra los reglamentos, normas istrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanan siempre que infrinjan la Constitución o la Ley, según sea el caso; de lo que se infiere que tal pretensión puede sustentarse en consideraciones de forma o de fondo; Segundo: En el presente caso, don Enrique Hebert Gonzáles Pisfil, interpone demanda de Acción Popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú con la finalidad de que el órgano jurisdiccional declare la inconstitucionalidad de la Resolución de Alcaldía N° 057-2008-A/MDM, del veintisiete de marzo de dos mil ocho, que impone el pago de la suma de S/. 70.00 por concepto de “Renovación de Concesión de Servicio Moto Taxi” por período de tres años y S/. 10.00 nuevos soles por derecho de presentación de Solicitud Valorada, por contravenir el artículo 74° de la Constitución del Estado que recoge el principio de reserva de ley en cuyo mérito solo puede crearse tributos por ley expresa; por otro lado, dicho tributo tampoco figura en el TUPA del referido Gobierno Local. En tal sentido, resulta pertinente determinar si los montos que deben pagar quienes se dedican a la actividad que se vería supuestamente afectada

47

con la imposición de los gravámenes constituye o no un tributo que haga necesario su establecimiento mediante ley o norma con rango de ley; Tercero: De conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, “Las Municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y istrativa en los asuntos de su competencia. Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y la Alcaldía, las funciones ejecutivas”; entre cuyas funciones que le asigna la Carta Magna está la de: “4. Organizar, reglamentar y istrar los servicios públicos locales de su responsabilidad” y “5. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones , y ejecutar los planes y programas correspondientes”(artículo 192); Cuarto: Al respecto, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 004-2000-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no Motorizados, autoriza a las Municipalidades Distritales el cobro al transportador por derechos de trámite relacionados a la prestación del referido servicio que serán fijados en su respectivo Texto Único de Procedimientos istrativos (TUPA), de conformidad con la legislación vigente; Quinto: En consecuencia, el pago de los derechos que la Resolución de Alcaldía objeto de cuestionamiento dispone por Renovación de Concesión de Servicio de Taxi, así como por derecho de presentación de la solicitud respectiva, no constituye un tributo sino un derecho por la concesión de un servicio público establecido en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por otro lado, tal como se puede deducir de la Ordenanza Municipal N° 001-06/MDM, del veinte de enero de dos mil seis, corriente de folios treinta y cuatro a treinta y seis, los referidos pagos han sido dispuestos en el Texto Único de Procedimientos istrativos de la entidad demandada conforme a lo normado por el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776;

48

Sexto: En consecuencia, los actos istrativos materia de cuestionamiento en modo alguno contraviene la Ley ni ha afectado la garantía constitucional de reserva de ley en su creación, por lo que debe desestimarse le demanda.

49