Manual De Derecho Procesal Penal 1b2z5d

WILLIAM ARANA MORALES

MANUAL DE DERECHO

PROCESAL PENAL PARA OPERADORES JURÍDICOS DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO GARANTISTA

GACETA &

procesal penal

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL. Para operadores jurídicos del nuevo sistema procesal penal acusatorio garantista PRIMERA EDICIÓN JUNIO 2014 5,810 ejemplares

© William Arana Morales © Gaceta Jurídica S.A.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DERECHOS RESERVADOS D.LEG. Nº 822

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2014-07899 LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED ISBN: 978-612-311-154-0 REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 31501221400466

DIAGRAMACIÓN DE CARÁTULA

Martha Hidalgo Rivero

DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES

Henry Marquezado Negrini

Gaceta Jurídica S.A. Angamos Oeste 526 - Miraflores Lima 18 - Perú Central Telefónica: (01)710-8900 Fax: 241-2323 E-mail: [email protected] Impreso en: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. San Alberto 201 - Surquillo Lima 34 - Perú

INTRODUCCIÓN Luego de un prolongado proceso de reforma de la justicia penal, y luego de más de seis décadas de vigencia del Código de Procedimientos Penales, nuestros legisladores y políticos tomaron la decisión de modernizar el modelo o sistema procesal penal. Fueron muchas las razones que justificaron que nuestro país cuente con un nuevo Código Procesal Penal, dentro de ellas podemos destacar: la modernización del proceso penal en otros países de la región como Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Argentina, Costa Rica y El Salvador; la necesidad de adecuar la legislación procesal penal a los estándares mínimos establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos; la necesidad de adecuar el procedimiento penal a la configuración constitucional del Ministerio Público como titular de la persecución penal pública y director de la investigación del delito; y la necesidad de flexibilizar, agilizar y simplificar el proceso penal, que por su lentitud había empezado a perder credibilidad entre los justiciables. Frente a esta problemática y luego de los intentos fallidos del año 1991, 1995 y 1997, en el año 2004 se promulgó el Código Procesal Penal, que para los estudiosos del Derecho Procesal Penal, se inspira en un nuevo modelo procesal, de corte acusatorio y con rasgos adversativos.

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Dentro de los aspectos estructurales que caracterizan al nuevo sistema procesal penal podemos destacar: -

La clara distinción de funciones de los sujetos procesales (función de investigación, función de garantía y función de juzgamiento), derivada del principio acusatorio.

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La oralidad, pero ya no solo como metodología y esencia del juicio oral, sino como método para la adopción de decisiones importantes que se adoptan con anticipación al juicio.

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La protección irrestricta de los derechos fundamentales tales como la libertad, la defensa del imputado, el derecho a un plazo razonable de investigación y juzgamiento, entre otros.

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La clara propuesta de cambio respecto al modo de litigación en el proceso penal, derivado del carácter adversativo del modelo y la importancia de los principios de contradicción, inmediación, oralidad e igualdad procesal.

Atendiendo a estas características del modelo procesal y en especial al modo de litigación que este exige, es necesario impulsar un cambio cultural en los diferentes operadores del proceso penal y ello supone dotarlos de competencias que les permitan desenvolverse de modo eficiente en el proceso. Por ello, este trabajo pretende constituirse en una guía teórica y práctica de utilidad para operadores jurídicos (abogados, fiscales y jueces), que se desempeñan en el proceso penal regulado por el Código Procesal Penal del año 2004 o para operadores que pretendan hacerlo, de forma que ante un caso concreto el operador jurídico se ubique fácilmente en el proceso, identifique sus propósitos o pretensiones y sepa cómo actuar para conseguirlos, independientemente de la etapa del proceso en la que se encuentre. Este manual se ha diseñado tomando como referencia el modelo procesal acusatorio garantista que inspira al Código Procesal Penal del año 2004, porque el cambio de modelo procesal supone un cambio de paradigma en el modo de litigación; por ello, en el contenido de la obra, el lector podrá encontrar aspectos teóricos de fácil comprensión, las referencias normativas del Código Procesal Penal pertinentes al tema desarrollado, y finalmente encontrará también modelos de solicitudes propios 6

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de la defensa técnica, de requerimientos o disposiciones propios de la actuación del fiscal, de actas de audiencias o de actuaciones procesales en las cuales se observa la actuación de los diferentes sujetos procesales y, finalmente, modelos de resoluciones judiciales, que en suma facilitarán el trabajo de los operadores jurídicos. Como parte de la metodología del trabajo, la obra se ha diseñado de forma tal que la actuación procesal se desenvuelve en forma ordenada, pues desde la denuncia se va desarrollando todo el camino que sigue el proceso común, se abordan las salidas alternativas del proceso penal, y las formas de conclusión del proceso en sus diferentes etapas. Finalmente, es preciso indicar que la principal motivación de esta obra es contribuir a consolidar un sistema procesal penal que tienda al logro de la justicia como medio para contribuir a la paz social, y en ese afán, el rol de los operadores jurídicos resulta vital; por eso: ¡Trabajando esforzadamente, aportando mejoras o compartiendo nuestras experiencias jurídicas ahora, alcanzaremos a reconstruir estructuras que erigirán el justo orden! EL AUTOR

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CAPÍTULO I Fundamentos del sistema acusatorio garantista

CAPÍTULO I Fundamentos del sistema acusatorio garantista I. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO GARANTISTA 1. La reforma procesal penal en el Perú Para entender el concepto de reforma del proceso penal es necesario tener presente cuáles son los fines del proceso penal. Al respecto, la doctrina acepta que uno de los fines del proceso penal es hacer efectivo el ius puniendi estatal, pero para que ello ocurra resulta necesario que se cumplan ciertas condiciones; así el profesor Florencio Mixán señala que uno de los fines del proceso es el descubrimiento de una verdad concreta y agrega que, en el tipo de proceso penal diseñado para buscar la verdad concreta, la tarea es generalmente compleja y de suma responsabilidad, tanto porque ella no “brota espontáneamente”, cuanto porque –como ya está advertido– tampoco se la ha de buscar “a como dé lugar”, sino aplicando el método legítimo diseñado por el ordenamiento jurídico garantista(1). Frente a aquella postura que plantea el esclarecimiento de la verdad como uno de los fines del proceso penal, existe otro sector de la doctrina que no ite que uno de los fines del proceso penal sea el (1)

MIXÁN, Florencio. Cuestiones epistemológicas y teoría de la investigación y de la prueba. Ediciones BLG, Trujillo, 2005, p. 61.

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esclarecimiento de la verdad; de este modo, Mauricio Duce y Andrés Baytelman señalan que “litigar juicios orales es un ejercicio profundamente estratégico. Esta es una idea incómoda para nuestra cultura jurídica tradicional, pues siempre hemos concebido al juicio penal como un ejercicio de averiguación de la verdad; y siendo así, ¿cómo podría ser el juicio una cuestión estratégica?”. “Lo cierto es que respecto al delito y sus circunstancias, lo mejor que tenemos es un conjunto de versiones de lo que “realmente ocurrió”. El imputado tiene una versión, la víctima tiene la suya, la Policía hace lo propio, y lo mismo cada uno de los testigos”. “Cuando los jueces fallan hacen esto mismo: construyen una versión acerca de lo que ‘verdaderamente ocurrió’ y aceptamos esa versión como la versión oficial”. “Pero, desde luego, nadie pudiera pretender que cuando el juez dicta una sentencia ha descubierto necesariamente la verdad”(2). Independientemente de las dificultades para arribar a la verdad concreta y aceptando que las conclusiones a las que se llegan en un proceso penal siempre serán aproximativas(3), consideramos que el proceso no puede apartarse de esa finalidad, que el juez debe procurar aproximarse lo más posible a la verdad de los hechos que son objeto del proceso penal, independientemente de la metodología que utilice para ello –metodología escritural del proceso inquisitivo o metodología oral del proceso penal acusatorio–, pues como lo señala Michele Tarufo(4), la verdad de los hechos es una condición necesaria de toda decisión apropiada, legítima y justa, pues en el proceso penal, no solo se trata de resolver un conflicto o de poner fin a un proceso, sino en definitiva se trata de hacer justicia. Además del sustento antes indicado, en nuestro ordenamiento jurídico existen referencias normativas que dejan en claro que en el proceso penal peruano regulado por el nuevo Código Procesal Penal de 2004, el juez debe procurar alcanzar la verdad de los hechos que se discuten en el proceso. Así podemos citar: (2) (3) (4)

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DUCE, Mauricio y BAYTELMAN, Andrés. Litigación penal, juicio oral y prueba. Alternativas, Lima, 2005, pp. 91 y 92. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Trotta, Madrid, 1995, p. 130. TARUFFO, Michele. La prueba. Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 23.

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El artículo IV del TP, que prescribe el principio de objetividad del Ministerio Público, por el cual el fiscal debe incorporar elementos de cargo, pero también de descargo, pues solo de esa forma se puede averiguar la verdad de los hechos.

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El artículo 385 inciso 2 establece la posibilidad de que el juez disponga la actuación de pruebas de oficio cuando resulten manifiestamente útiles para esclarecer la verdad.

Habiendo delimitado los fines del proceso –hacer efectiva la pretensión punitiva estatal luego de haberse aproximado a la verdad concreta–, ya es posible afirmar que la reforma es un proceso tendiente a lograr que el ordenamiento jurídico procesal de manera sistemática e integral cumpla sus fines sin dejar de lado el respeto a los derechos fundamentales y a los principios constitucionales que lo informan(5); pues como lo señala el profesor Alberto Binder, quien quiera construir un modelo procesal debe dar respuesta al doble problema de la eficiencia y la garantía. En la construcción de ese modelo aparecerá un punto de equilibrio o perfección que se convierte así en el ideal de su construcción y que consiste en una máxima eficiencia en la aplicación de la coerción penal, con respeto absoluto por la dignidad humana(6). Por ello, el profesor César San Martín señala que el eje de la reforma está conformado, sin duda alguna, por las pautas de la Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DUDH, CADH, PID). No es posible un enfoque serio del proceso penal si no se toma en consideración, en toda su dimensión, lo dispuesto básicamente en los artículos 2 y 139 de la Constitución, así como en los numerales 13 del PID y 8 de la CADH(7). Por otro lado, no debe perderse de vista que en todo proceso de reforma lo esencial no radica en orientar las instituciones procesales hacia un determinado modelo o sistema procesal (inquisitivo o acusatorio); pues esa aproximación sería claramente simplista, además de irreal.

(5) (6) (7)

GIMENO, Vicente. Derecho Procesal Penal. Thomson Reuters, Navarra, 2012, p. 61. BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 59. SAN MARTÍN, César. Estudios de Derecho Procesal Penal. Grijley, Lima, 2012, p. 190.

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La concepción actual de garantías fundamentales como la imparcialidad, el derecho de defensa contradictorio, la valoración de la prueba o el derecho a un juicio público, hacen que el proceso histórico inquisitivo no sea en ningún caso una opción válida(8). Luego de aproximarnos al concepto de reforma del proceso penal, resulta oportuno hacer un recuento de la evolución del proceso penal en nuestro país, a fin de poder entender si la línea histórica del proceso penal define un verdadero proceso de reforma del sistema de justicia penal. En nuestro país, conforme se reconoce en la exposición de motivos del NP, con la renovación del Código de Procedimientos Penales de 1940, se llega al momento culminante de un proceso de reforma que ha durado más de 15 años, dentro de los cuales han acontecido una serie de avatares políticos, sociales y económicos, que de algún modo imposibilitaron la renovación del modelo procesal hasta en dos oportunidades. Primero fue el Código Procesal Penal de 1991, del cual solo se tomaron en cuenta algunos dispositivos que pasaron a formar parte del derecho vigente, pues su aplicación íntegra fue sometida a vacatio legis que se extendió por un tiempo indefinido. En efecto, de este Código Procesal solo se puso en vigencia las normas referidas al principio de oportunidad, a las medidas cautelares de detención, comparecencia simple y restringida, a la libertad provisional, así como también a las diligencias especiales. Un hito importante en el desarrollo del Derecho Proceso Penal peruano es la puesta en vigencia de la Constitución de 1993, que en su artículo 44 destaca que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, los mismos que están reconocidos en la parte dogmática de la propia Constitución, cuyas normas se interpretan conforme a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos –conforme lo prescribe la cuarta disposición final de la Constitución–, ya que los tratados internacionales ratificados por el Perú forman parte del Derecho nacional conforme lo prescribe el artículo 55 de nuestra Constitución. (8)

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BACHMAIER, Lorena. Proceso penal y sistemas acusatorios. Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 12.

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La importancia de la Constitución de 1993 para la reforma del proceso penal radica en que por imperio del principio de Constitucionalidad de las leyes(9) y en la medida que la Constitución reconoce derechos y garantías que inciden en la persecución penal, las normas reguladoras del proceso penal tenían que ajustarse a los parámetros constitucionales y ello ameritaba de una reforma integral de la justicia penal. Dentro de las garantías establecidas por la Constitución de 1993 relativas al proceso penal podemos destacar las siguientes:

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Principio de obligatoriedad del proceso penal, por el cual nadie puede ser sancionado penalmente si no ha sido sometido a un proceso penal (artículo 139 de la Constitución).

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La garantía del debido proceso (artículo 139 inciso 3 de la Constitución).

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El derecho a la tutela jurisdiccional (artículo 139 inciso 3 de la Constitución).

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El derecho a la presunción de inocencia (artículo 2 inciso 24, literal e de la Constitución).

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El derecho de defensa (artículo 139 inciso 14 de la Constitución).

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El principio de igualdad procesal (artículo 2 inciso 2 de la Constitución).

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La motivación escrita de las resoluciones judiciales (artículo 139 inciso 5 de la Constitución).

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El principio de excepcionalidad de la detención (artículo 2 inciso 24 literal f de la Constitución).

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El principio de publicidad de los procesos judiciales (artículo 139 inciso 4 de la Constitución).

Por el principio de constitucionalidad; las normas legales deben ajustarse o deben estar acorde a las normas de la Constitución, y en caso de contrariedad entre la norma legal y la norma Constitucional se ha de dar preferencia a la norma constitucional.

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La prohibición de no ser condenado en ausencia (artículo 139 inciso 12 de la Constitución).

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La prohibición de revivir procesos concluidos con sentencia o resolución ejecutoriada (artículo 139 inciso 13 de la Constitución).

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La pluralidad de instancia (artículo 139 inciso 6 de la Constitución).

Como se aprecia, la Constitución de 1993 y las instituciones procesales que regula, demandaban la modificación sistemática e integral de la justicia penal de nuestro país (reforma procesal), pues la regulación del Código de Procedimientos Penales de 1940 resultaba insuficiente para concretar las garantías procesales previstas por la Constitución; por ello, en el año 1995 se publicó un nuevo proyecto de Código Procesal Penal, cuyo texto fue aprobado por el Congreso, pero fue observado por el Poder Ejecutivo en octubre del año 1997, y luego dicho proyecto fue dejado en el olvido. En los años posteriores a 1997, el proceso de reforma fue dejado de lado por cuestiones políticas y sociales y quedó rezagado al ámbito puramente académico, pero a raíz de los cambios políticos y jurídicos ocurridos en nuestro país durante los primeros años de este nuevo siglo, se retomó el espíritu de reforma de la justicia penal, y, de ese modo, en el año 2003, el Poder Ejecutivo designó una comisión de alto nivel para la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal, lo que se concretó con la elaboración y posterior promulgación del Decreto Legislativo Nº 957, denominado nuevo Código Procesal Penal (en adelante, NP) en el mes de julio del año 2004. Existen sectores que han cuestionado el NP porque es un código garantista y porque emerge en un escenario de inseguridad ciudadana; sin embargo, para hacer frente a estas críticas, debemos reconocer que el NP es el fruto de un largo y prolongado proceso de reforma, que tiende a dotar de razonabilidad al proceso penal, que posibilita el cumplimiento de los fines del proceso y que en definitiva no hace otra cosa que incorporar reglas que desarrollan las garantías y los derechos ya previstos por la Constitución y los tratados sobre DD.HH. 16

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Han pasado algunos años desde la promulgación del NP y como la reforma no se agota en el acto legislativo de creación de las normas, sino que se concreta con la interpretación y aplicación efectiva de las normas, es necesario recordar que hasta el momento el NP no se encuentra vigente en todo el país, que su implementación ha sido progresiva y que en su aplicación efectiva se vienen presentando problemas o dificultades, que deben solucionarse atendiendo a los fines del proceso, y sin perder de vista las garantías del Estado de Derecho. 2. El modelo procesal que inspira al NP del año 2004 Conforme lo señalan algunos estudiosos del Derecho Procesal Penal peruano(10), el NP se inspira en un sistema acusatorio garantista con rasgos adversativos; a continuación se destacan algunos aspectos del referido Código que permiten identificarlo como tal. La Propuesta garantista pretende controlar al poder punitivo del Estado exigiendo del mismo una estrecha vinculación a los principios de igualdad, seguridad jurídica, responsabilidad, proporcionalidad, etc.; como una manera de hacer frente a la difundida crisis del sistema penal. Así, el profesor Juan Terradillos señala que de la finalidad preventiva del sistema derivan límites nítidos al ius puniendi, como los principios de necesidad y proporcionalidad, el de igualdad o el derecho al libre desarrollo de la personalidad(11). Luigi Ferrajoli, el abanderado más importante del garantismo penal, parte de una hipótesis para la construcción de su tesis garantista, como es la existencia de un nexo indisoluble entre garantía de los derechos fundamentales, división de poderes y democracia. Solo un derecho penal, reconducido únicamente a la tutela de bienes y derechos fundamentales, puede conjugar garantismo, eficiencia y certeza jurídica. Y solo un derecho procesal que, en garantía de los derechos del imputado, minimice los espacios impropios de la discrecionalidad judicial, puede ofrecer a

(10) En este sentido se han pronunciado, Florencio Mixán Mass, Arsenio Oré Guardia, Pablo Sánchez Velarde, Pablo Talavera Elguera y Rosa Mavila León. (11) TERRADILLOS, Juan. “Culpabilidad - responsabilidad”. En: HURTADO, José. Aspectos fundamentales de la parte general del Código Penal peruano. PU y Universidad de Friburgo, Lima, 2003, pp. 337 y 338.

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su vez un sólido fundamento a la independencia de la magistratura y a su papel de control de las ilegalidades del poder(12). En concreto el aspecto garantista del NP radica en la vigencia de instituciones (principios y derechos) que avalan el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de la persona. En efecto, el NP contiene estas instituciones tanto en el Título Preliminar, como también en otros apartados del mismo; pero ello por sí mismo no sería suficiente para afirmar que se trata de un modelo procesal garantista, pues el garantismo no puede quedar en un plano formal y meramente declarativo de los derechos y garantías procesales; sino que adicionalmente, deberían existir mecanismos procesales para asegurar el cumplimiento y el respeto de los principios y derechos inmersos en el proceso; tal como ocurre en el NP, que instituye una serie de mecanismos tutelares tendientes a garantizar el cumplimiento y el respeto de los principios y derechos inmersos en el proceso. Veamos a continuación algunos ejemplos: -

Ante una afectación del derecho del imputado a ser investigado en un plazo razonable, el NP instituye el mecanismo tutelar denominado “control de plazo”, siendo que existen dos tipos de controles de plazo, el “control de plazo de diligencias preliminares”, previsto en el artículo 334 inciso 2 del NP y el “control de plazo de la investigación preparatoria”, previsto en el artículo 343 del NP.

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Ante una eventual afectación a los derechos del imputado previstos por el artículo 71 del NP, el inciso 4 del mismo artículo establece la posibilidad de que el imputado pueda acudir ante el juez de la investigación preparatoria formulando una “tutela de derechos”.

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Ante la afectación al derecho a ofrecer actos de investigación previsto en el artículo 337 inciso 4 del NP, el inciso 5 del mismo artículo establece el mecanismo tutelar denominado “control de actos de investigación”, que implica recurrir al juez de la investigación preparatoria para que emita un

(12) FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit., p. 10.

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pronunciamiento sobre la procedencia de la diligencia de investigación denegada por el fiscal. -

A los mecanismos procesales antes indicados se adicionan los remedios como la nulidad prevista en los artículos 149 a 154 del NP y la caducidad prevista en el artículo 144 del NP.

Por otro lado, respecto al aspecto acusatorio del sistema procesal desarrollado en el NP, resulta pertinente destacar que el rasgo más característico de este modelo procesal radica en la función y posición que ocupa la Fiscalía, como única autoridad que incoa el proceso y formula la acusación (principio acusatorio en el sentido de necesidad de existencia de una acusación penal para la incoación y desarrollo del proceso)(13). En este sentido, un aspecto que delinea el aspecto acusatorio del modelo procesal desarrollado en el NP, es la división de roles de los sujetos procesales, de modo que el Ministerio Público es el ente persecutor del delito en calidad de titular del ejercicio público de la acción penal y como tal dirige la investigación del delito y tiene el deber de la carga de la prueba. Por su parte, el juez de la investigación preparatoria resuelve todas las incidencias de la etapa de investigación y de la etapa intermedia del proceso y el juez de juzgamiento es el encargado de dirigir la etapa del juicio y resolver el fondo del asunto con arreglo al principio de imparcialidad, previsto en el artículo I del Título Preliminar del NP(14). Finalmente, el imputado y su defensor tienen derecho a participar en igualdad de armas durante todo el desarrollo del proceso, pues la defensa del imputado puede participar en todas las diligencias de investigación (artículo 84 inciso 4 del NP), excepto las que pongan en peligro la investigación del delito (artículo 338 inciso 1 del NP), tiene derecho a ofrecer actos de investigación (artículo 84 inciso 4 del NP), tiene derecho a contradecir las pretensiones del Ministerio Público, tiene derecho a deducir medios de defensa técnica (artículo 84 inciso 10 del NP), puede ofrecer medios de prueba y tiene derecho a

(13) BACHMAIER, Lorena. Ob. cit., p.70. (14) Artículo I. Justicia Penal.1. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable.

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participar activamente en las audiencias del proceso penal (artículo 84 inciso 9 del NP). Para entender mejor el modelo procesal acusatorio es necesario tener presente que en la doctrina procesal se distinguen dos clases de modelos acusatorios; el modelo acusatorio formal y el modelo de oralidad plena(15). -

Modelo mixto o acusatorio formal



Este modelo procesal se caracteriza porque la investigación o etapa sumarial es reservada o secreta, y adicionalmente es eminentemente escrita, pues todas las actuaciones procesales e incidencias se realizan por escrito; y asimismo, el juez resuelve también por escrito, todas las incidencias de la etapa de investigación.



En el contexto antes descrito, la actuación de la defensa durante la etapa de investigación es limitada, dado que no existe la posibilidad de ser escuchado formalmente antes que el juez adopte alguna decisión propia de las etapas previas al juicio.



En este modelo acusatorio recién la etapa del juicio tiene connotación oral, pues el juicio se caracteriza por ser oral, público y contradictorio, lo que resulta importante porque la prueba se actuará sin intermediaciones ante el juez de juzgamiento, que apreciará de manera directa el debate contradictorio entre el fiscal y la defensa del acusado; sin embargo, las limitaciones de las etapas previas al juicio por razones de escrituralidad, imposibilitan otras formas de conclusión rápida del proceso penal.

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Modelos de oralidad plena



En este modelo procesal no solo el juicio se desarrolla siguiendo la metodología de la oralidad; sino que adicionalmente la preparación del juicio se desarrolla en gran medida en forma oral y contradictoria. Además que el rol del juez penal instructor es

(15) PÉREZ, Eric. Fundamentos del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal. Temis, Bogotá, 2005, p. 3.

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totalmente distinto al del juez de la investigación, porque este es un juez de garantías que no investiga. De estos dos modelos podemos afirmar que el NP se adecua más al modelo acusatorio de oralidad plena, pues no solo el juicio se rige por el principio de oralidad, sino que muchas decisiones importantes de las etapas previas al juicio (etapa de investigación y etapa intermedia) se adoptan por audiencia; así por ejemplo: audiencia de prisión preventiva, audiencia de cese de prisión, audiencia de prolongación de prisión, audiencia de excepciones, audiencia de cuestión previa, audiencia de cuestión prejudicial, audiencia de aplicación de principio de oportunidad, audiencia de control de plazo, audiencia de tutela de derechos, audiencia de prueba anticipada, audiencia de control de acusación. De hecho es importante que el modelo procesal tienda al modelo de oralidad plena, pero atendiendo a la carga procesal, resultaría fácticamente imposible que todas las decisiones del proceso se adopten por audiencia, porque ello podría congestionar a los órganos jurisdiccionales; siendo, para evitar ese eventual congestionamiento de incidencias del proceso, que el artículo 123 inciso 2 del NP ha establecido un sistema númerus clausus (sistema cerrado) de decisiones que se deben adoptar por audiencia, pues según esta norma, los autos se emiten, siempre que lo disponga este código, previa audiencia con intervención de las partes; es decir, que los autos se emiten en audiencia en los casos expresamente contemplados por la ley. A pesar de la existencia del dispositivo antes indicado, algunos jueces convocan a audiencias innecesariamente, para adoptar decisiones que se podrían adoptar sin debate oral, recargando de este modo la agenda judicial y dejando de atender o postergando decisiones que en realidad sí ameritan del debate de una audiencia. Finalmente se afirma que el NP del 2004, adapta una serie de elementos del modelo adversativo angloamericano(16), tales como:

(16) DUCE, Mauricio y BAYTELMAN, Andrés. Ob. cit., p. 15.

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El proceso se desarrolla entre partes contrapuestas que son el acusador (representado por el Ministerio Público) y el imputado y su abogado defensor.

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La prueba se produce en el juicio y por regla general es aportada por las partes. En los sistemas adversativos la prueba es aportada exclusivamente por las partes; sin embargo, en nuestro código el propio juez puede disponer la actuación de pruebas de oficio, de manera excepcional, conforme lo establece el artículo 385, inciso 2 del NP; y en razón a ello, el profesor Pablo Sánchez(17) establece que el nuevo proceso no es una de las partes, sino un proceso bajo la dirección del juzgador.

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La prueba se produce en juicio y el juzgador dirige el debate del juicio como un moderador imparcial, pues ni siquiera es él quien ite las pruebas, sino otro juez, tal como ocurre en el NP, en el que se establece una competencia funcional diferenciada entre el juez de juzgamiento y el juez de la investigación preparatoria, pues es este último quien se encarga de la isión de las pruebas en la audiencia de control de acusación. Esta característica del modelo adversativo se evidencia a partir de la interpretación de algunos dispositivos del NP referidos a la actuación probatoria, pero además de lo prescrito por el artículo II inciso 1 del Título Preliminar que exige de una suficiente actividad probatoria de cargo para poder declarar la responsabilidad penal del imputado.

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Se ite el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio (artículo 375 inciso 3 del NP); sin embargo, esta regla también tiene su excepción prevista por el artículo 375 inciso 4 del mismo texto normativo, y que faculta al juez para interrogar a los órganos de prueba.

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Las partes controlan la producción de prueba en juicio mediante el uso de la técnica de objeciones, que contribuye a evitar que se formulen o que se empleen preguntas prohibidas, tales como

(17) SÁNCHEZ, Pablo. Introducción al nuevo proceso penal. Idemsa, Lima, 2005, p. 140.

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las preguntas sugestivas, capciosas o repetitivas, según el texto del inciso 4 del artículo 378 del NP. -

A lo largo del proceso se garantiza la libertad de declaración del imputado, conforme lo garantiza el artículo 71 inciso 2 del NP, pero también el artículo 376 inciso 2 literal a) del mismo texto normativo, en cuanto establece que el acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso; sin embargo, pareciera haber una contradicción entre el derecho a la libertad de declaración y lo prescrito por el artículo 376 inciso 1 del NP, porque este dispositivo faculta al juez de juzgamiento a advertirle al acusado que, aunque no declare, el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal, aunque tal vez lo único contradictorio resulte ser el concepto “advertirle al acusado”, ya que el hecho de leer sus declaraciones anteriores no lesiona en absoluto la libertad de declaración como se desarrollará más adelante.

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Se incorporan instituciones como: la conformidad y los acuerdos, previstos en los artículos 372 y 350.2 del NP, respectivamente.

Como se aprecia, de las excepciones que se destacan en las líneas precedentes, el NP no contiene un típico modelo procesal acusatorio adversativo e, incluso, muchos críticos destacan la existencia de ciertos aspectos notoriamente inquisitivos; pero dicha perspectiva no es la más correcta, pues, contemporáneamente se afirma que no existen modelos procesales puros; por el contrario, los modelos se están encontrando o tomando partes o elementos de uno y otro; sin embargo, lo relevante es que un modelo procesal penal debe estar compuesto por estándares mínimos que lo garanticen, como serían los derechos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos(18).

(18) BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio. Ob. cit., p. 13.

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II. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN AL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO GARANTISTA La teoría general del Derecho ha señalado que dentro de las fuentes del Derecho es posible identificar a los principios del Derecho; y ello porque las fuentes del Derecho son aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas(19). Dentro de los principios del Derecho es posible reconocer los principios generales del Derecho y los principios específicos de cada una de las ramas del Derecho. Los principios generales del Derecho constituyen normas fundamentales o generalísimas del sistema, y es posible recurrir a ellas a través del procedimiento de autointegración denominado analogía iuris(20). En tanto que los principios específicos constituyen normas de aplicación exclusiva de una rama del Derecho. En esta parte del trabajo, nos referiremos a los principios específicos del sistema procesal penal, que vienen a ser los parámetros fundamentales dentro de cuyo marco el Estado se mueve al ejercer el ius puniendi. De ellos, como principios que son, habrá de enlazarse todo el resto del sistema procesal penal que rige en una determinada sociedad. Así pues los principios conforman el marco y de ellos se derivará y dependerá el resto del sistema, por ello estos principios habrán de aparecer reflejados en las normas que regulan el proceso, iluminándolo y dotándolo de coherencia(21). En cuanto a los principios del proceso penal, si partimos desde la perspectiva de la presunción de inocencia del procesado, se podría afirmar que, salvo en los supuestos de aplicación efectiva de principio de oportunidad, de los procesos de terminación anticipada, o de las conclusiones anticipadas del juicio; para hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado, el caso tiene que someterse al debate del juzgamiento que por lo general consiste en la lucha de dos versiones contrapuestas

(19) BOBBIO, Norberto. Teoría general del Derecho. 2ª edición, Temis, Bogotá, 1992, p. 158. (20) Ibídem, pp. 238 y 239. (21) LÓPEZ, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. 2ª edición, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2007, p. 99.

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(teorías del caso), la versión acusadora y la versión de la defensa; sin embargo, para garantizar el debido proceso, la tutela procesal efectiva y la justicia es necesario que el sistema procesal penal se desarrolle sobre la base de ciertos principios básicos que informen a las diversas instituciones del proceso penal y que además sirvan al operador jurídico como referencia para la interpretación de sus normas. A continuación se desarrollan algunos de los principios que caracterizan al nuevo modelo procesal penal, de corte acusatorio, garantista y con rasgos adversativos. 1. Principio acusatorio Este principio es uno de los pilares más importantes del modelo procesal actual, porque se relaciona con algunos de los aspectos o características esenciales del modelo procesal acusatorio; pues conforme lo ha establecido la doctrina, el principio acusatorio tiene una doble connotación; por un lado, supone la necesidad de que se formule la acusación de parte del sujeto procesal legitimado; es decir, por el Ministerio Público; pero adicionalmente a ello, y como contraste a la concentración de poderes propia de los sistemas inquisitivos, el principio acusatorio implica una clara división o delimitación de roles o de poderes procesales; así: a) el acusador que persigue el delito, b) el acusado y su defensor que en ejercicio del derecho de defensa pueden contradecir la tesis acusatoria; y c) el juez, quien actúa como tercero imparcial puesto que ya no detenta la dirección de la investigación, ni aporta la prueba en el proceso, sino que se comporta como un juez de decisión y de garantías. Por otro lado, desde la perspectiva de la prueba, se afirma que en los sistemas donde rige el principio acusatorio, se deja la actividad probatoria en manos de las partes, a diferencia de los sistemas donde rige el principio de oficialidad, y en el cual el órgano judicial interviene en la obtención de las pruebas, porque el proceso penal está encaminado al esclarecimiento de los hechos(22). Integrando los aspectos anteriores, el profesor Jacobo López Barja de Quiroga destaca como características básicas y esenciales del principio (22) AMBOS, Kai. El principio acusatorio y el proceso acusatorio: un intento de comprender su significado actual desde la perspectiva histórica. En: BACHMAIER, Lorena. Proceso penal y sistemas acusatorios. Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 70 y 71.

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acusatorio las siguientes: a) separación entre el órgano investigador/acusador y el juzgador; b) sin acusación no hay juicio o no hay condena; c) la condena no puede ir más allá de la acusación; d) la proposición y producción de pruebas queda en manos de las partes; y e) la prohibición de la reformatio in peius(23). A partir del análisis del NP del año 2004 y tal como lo señala expresamente su exposición de motivos, se puede afirmar que el principio acusatorio es uno de los principios más importantes del modelo, pues además de la exigencia de la acusación como requisito para que pueda desarrollarse el juicio; existe una clara distinción de los roles del ente persecutor del delito y el juzgador, pues mientras el Ministerio Público es el titular de la persecución penal pública, dirige la investigación, y adicionalmente, tiene el deber de la carga de la prueba en juicio; el juez de la investigación resuelve las incidencias de la etapa de investigación e intermedia; y el juez de juicio se ocupa de la dirección del juzgamiento; pero además es quien en definitiva resolverá el fondo del proceso penal. Otro aspecto acusatorio del proceso regulado por el NP es que, en tanto no se emita una acusación por el Ministerio Público, no será posible la realización del juicio oral; pues incluso cuando el juez discrepa con el requerimiento de sobreseimiento, se limitará a elevar los actuados al fiscal superior, siendo que, si el fiscal superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, al juez no le quedará otra posibilidad que resolver emitiendo el auto de sobreseimiento, conforme lo establece el inciso 3 del artículo 346 del NP. 2. Debido proceso En un plano general existe un debate en torno a la naturaleza jurídica del debido proceso, pues para algunos se trata de un principio, para otros de una garantía y finalmente para otros el debido proceso es un derecho fundamental. En un plano más concreto y asumiendo que el debido proceso tiene la connotación de derecho, el Tribunal Constitucional establece que el

(23) LÓPEZ, Jacobo. Ob. cit., p. 113.

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derecho al debido proceso significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos(24). En este sentido, el profesor César San Martín Castro(25) señala que el debido proceso comprende numerosas instituciones relacionadas tanto con las partes como con la jurisdicción que han de preservar la certeza en el proceso. Busca, en suma, rodear al proceso de las garantías mínimas de equidad y justicia que respaldan en legitimidad la certeza en derecho de su resultado. En el Derecho peruano, el debido proceso se encuentra contemplado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú; norma constitucional según la cual, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. En resumen, cuando el proceso penal se realiza observando los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (en adelante, TIDDHH) y además el proceso se desarrolla observando lo que establece la ley, se puede afirmar que se está respetando el debido proceso, pero si por el contrario, se realizan actos procesales que vulneran los derechos constitucionales o los principios o garantías de la istración de justicia penal, se afirma una vulneración al debido proceso. Así, por ejemplo, si un juez realiza una audiencia de prisión preventiva sin que el imputado cuente con un abogado defensor, se estaría vulnerando el derecho a la defensa del imputado y con ello se afectaría a su vez el debido proceso.

(24) STC Exp. Nº 08123-2005-HC/TC. (25) SAN MARTÍN, César. Derecho Procesal Penal. Vol. I, Grijley, Lima, 1999, pp. 55 y 56.

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3. Principio de oralidad El sistema acusatorio está caracterizado por el primado de la oralidad, puesto que la inmensa mayoría de los actos procesales que se desarrollan durante el proceso se aprecian a viva voz y su apreciación se produce en esa fuente, con independencia de que tales actos sean documentados por medio de acta o de sistemas de audio o sistemas de audio y video(26). Se afirma que históricamente el proceso penal nació acusatorio y oral, por ello, en la doctrina se considera que la oralidad es un método natural y espontáneo de actuación procesal, ya que en la antigüedad ni siquiera existía escritura. En los sistemas procesales de corte acusatorio, la oralidad demanda que la sentencia o las resoluciones judiciales solo puedan basarse en el material presentado oralmente(27); por ello se afirma que, la oralidad es un método para el desarrollo del proceso y para la toma de decisiones del mismo. La metodología que impone el principio de oralidad ofrece algunas ventajas; pues posibilita el a la justicia de las personas iletradas, posibilita el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio y el redirecto; y consecuentemente, asegura la fidelidad del mensaje de los órganos de prueba y la interferencia de terceros, que pueda desvirtuar su contenido o la intención de la declaración. El principio de oralidad se encuentra contemplado taxativamente en el artículo I inciso 2 del Título Preliminar del NP, pero allí aparece como un principio del juicio oral; sin embargo, este principio se encuentra desarrollado para otras actuaciones previas al juicio. Una manifestación concreta de la vigencia del principio de oralidad lo establece el artículo 361 del NP. Norma procesal que prescribe que la audiencia se realiza oralmente, pero las actuaciones se registran en un acta que contiene una síntesis de las mismas; asimismo, muchas

(26) PÉREZ, Eric. Ob. cit., p. 28. (27) LÓPEZ, Jacobo. Ob. cit., p. 133.

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de las resoluciones se dictan y fundamentan oralmente, como ocurre con los denominados autos interlocutorios y los decretos que se emiten durante las audiencias. En cuanto a la intervención de los sujetos procesales en las audiencias se establece que toda petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas; pues está prohibido dar lectura a escritos. Por ello, se recomienda en los alegatos usar un discurso esquematizado e improvisado, en vez de un discurso rígido, leído o memorizado. Finalmente, es necesario resaltar la importancia del principio de oralidad, pues debe entenderse como una garantía relativa a la concreción de la tutela procesal efectiva y por ello, cuando el profesor Jacobo López Barja De Quiroga se refiere al “derecho a la audiencia”, sostiene que en el plano de la tutela judicial efectiva en ningún caso los jueces pueden generar indefensión(28). En la práctica procesal se observan algunos problemas de concepción o de entendimiento de la metodología que impone el principio de oralidad. A continuación citamos algunos ejemplos concretos. -

La motivación escrita de las resoluciones judiciales es una garantía procesal que en la Constitución Política aparece considerada como un principio de la función jurisdiccional; sin embargo, algunos jueces se resisten a emitir las resoluciones por escrito como manda el texto constitucional, y amparándose erróneamente en el principio de oralidad se limitan a expedir resoluciones oralmente; sin embargo, debe tenerse presente que la metodología de la oralidad se refiere al proceso previo a la adopción de la decisión, pero no a la expedición de la resolución, que viene a ser el producto. Así lo ha establecido la Corte Suprema que, en el Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116, señala que en el caso de las sentencias, las únicas que se pueden expedir oralmente son las sentencias del proceso de faltas, pues todas las demás sentencias se expiden por escrito y luego

(28) LÓPEZ, Jacobo. Ob. cit., p. 126.

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son leídas en audiencia; y en el caso de los autos, algunos se pueden expedir oralmente y otros necesariamente se emiten por escrito.

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Otro problema se advierte cuando los jueces requieren la carpeta fiscal para su estudio y terminan resolviendo sobre la base del análisis del expediente o carpeta fiscal y no atendiendo a los argumentos debatidos en la audiencia. Este problema probablemente se produce porque durante el debate oral los sujetos procesales no proporcionan al juez suficientes elementos para resolver la controversia; sin embargo, lo correcto sería que el juez de la investigación preparatoria solicite a los abogados que precisen los aspectos que no han quedado claros e incluso podría solicitar que se oralicen algunas actas o documentos de la carpeta fiscal; pero todo ello en la misma audiencia, a fin de que estas aclaraciones u oralizaciones formen parte del debate y el juez resuelva con base en el material obtenido en la audiencia conforme a lo establece la metodología del principio de oralidad.

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Un tercer problema se advierte cuando los jueces perdieron la perspectiva de los fundamentos debatidos en la audiencia y resuelven en virtud de otros fundamentos respecto de los cuales las partes no han tenido oportunidad de pronunciarse, generando con ello indefensión o imposibilitando la contradicción de una de las partes. A continuación resumimos un caso concreto donde se advierte el problema planteado: En el Expediente N° 2497-2012-07, los jueces superiores de la Segunda Sala de Apelaciones revocan un auto que declaraba infundada una tutela de derechos formulada por la defensa de los procesados, porque el fiscal que asume el caso declaró compleja una investigación desde la disposición de diligencias preliminares y atendiendo al objeto de investigación (lavado de activos), señaló un plazo de investigación de ocho meses. En el caso se aprecia la inobservancia del principio de oralidad y consecuentemente del derecho de contradicción y al debido proceso, porque el fundamento de la tutela de derechos y también del recurso de apelación era el excesivo plazo de investigación señalado por

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el fiscal, pues la defensa proponía un plazo más corto de cuatro meses; sin embargo, a la hora de resolver la Sala de Apelaciones advierte que la defensa debió formular un control de plazo de las diligencias preliminares, y sin siquiera proponer este aspecto o consultarlo con el fiscal, deciden declarar fundado un control de plazo, y le conceden un plazo de diez días para que el fiscal provincial se pronuncie. Sin duda se trata de una decisión arbitraria y como consecuencia la Sala de Apelaciones incurrió en un error grave, pues declaró fundado un control de plazo de las diligencias preliminares pese a que la defensa no había cumplido con el requisito previo de solicitar al fiscal que se pronuncie previamente en un plazo de cinco días conforme lo establece el inciso 6 del artículo 334 del NP. 4. Principio de contradicción Una consecuencia de la separación de funciones procesales en el sistema acusatorio es el carácter contradictorio de la actuación de las partes, que debe regir con toda intensidad y constituye conditio sine qua non del moderno proceso penal(29); pero, para que sea posible la contradicción como un derecho de las partes, es indispensable que además se garantice la oralidad y la inmediación. Por su importancia, el derecho a la contradicción tiene la condición de principio procesal y como tal se encuentra reconocido expresamente en el artículo I inciso 2 del NP(30), aunque esta norma se refiere exclusivamente a la etapa del juzgamiento; sin embargo, este principio debería garantizarse también en otras audiencias de la etapa de investigación o de la etapa intermedia del proceso. Corolario del principio de contradicción entre las partes en posición de igualdad, es el reconocimiento del derecho a la prueba de ambas partes. Ello significa, por un lado, el derecho a la isión de la prueba y a que, en consecuencia, esta sea valorada por el juez. Y, por otro lado, el derecho a presentar una prueba en contrario: el juez no puede itir la (29) PÉREZ, Eric. Ob. cit., p. 18. (30) “Artículo I. Justicia Penal.- 2. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este Código”.

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prueba de cargo, sin itir al tiempo la prueba de descargo que sobre los mismos hechos proponga el imputado (y viceversa)(31). A continuación se resaltan algunas manifestaciones del principio de contradicción: -

El interrogatorio y el contrainterrogatorio, que se encuentra regulado en el inciso 2 del artículo 378 del NP, bajo la denominación de “examen del testigo y del perito”.

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Las objeciones a las preguntas prohibidas que se encuentran reguladas por el artículo 378 inciso 4 del NP, el mismo que establece que el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes.

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Los alegatos preliminares o de apertura regulados por el artículo 371 inciso 2 del NP.

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Los alegatos finales o de cierre desarrollados en los artículos 386 a 390 del NP.

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En las audiencias de la etapa de investigación el juez de la investigación preparatoria brinda oportunidad al fiscal y a los defensores para que sustenten sus pretensiones o para que contradigan o realicen la réplica correspondiente. Así por ejemplo, cuando el fiscal requiere una prisión preventiva, el juez le concede el uso de la palabra para que sustente su requerimiento y a continuación le concede el uso de la palabra a los abogados de la defensa para que realicen la réplica. De igual forma, cuando la defensa del imputado formula un requerimiento de cese se prisión preventiva el juez le concede el uso de la palabra para que sustente su requerimiento y a continuación le concede el uso de la palabra al fiscal para que realice la réplica.

(31) ILLUMINATI, Giulio. Proceso penal y sistemas acusatorios. Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 155.

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En la etapa intermedia, el fiscal formula la acusación y el juez le corre traslado de la acusación a los demás sujetos procesales para que absuelvan el traslado de la misma.

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En las audiencias de control de acusación y sobreseimiento, el juez concede oportunidad al fiscal para que sustente su requerimiento, y a continuación concede el uso de la palabra a los abogados de la defensa para que formulen observaciones formales a la acusación.

5. Principio de igualdad En el modelo acusatorio adquieren relevancia las teorías sobre la argumentación jurídica en razón al carácter dialogal del proceso, en el cual están enfrentadas razones y afirmaciones de una y otra parte. En consecuencia, además de los elementos lógicos, el principio de igualdad en el debate y en la argumentación juega un papel destacado(32). Como se advierte, el modelo procesal acusatorio demanda de la observancia del principio de igualdad de armas, como única forma de garantizar el contradictorio; sin embargo, resulta pertinente realizar algunas precisiones, pues; ¿cómo afirmar que el fiscal y el acusado con su defensor actúan en condiciones de igualdad, si en el proceso penal poseen ubicaciones y persiguen fines diferentes? Al respecto, se debe reconocer que en el proceso penal la igualdad de las partes no es realizable de manera perfectamente equivalente, desde el momento en que el Ministerio Público es un órgano público, que actúa en defensa del interés general de promover la acción de la justicia y, para el cumplimiento de ese objetivo, no solo dispone de poderes coercitivos, sino que se sirve de la Policía, además de ser el director de la investigación y ostentar el deber de la carga de la prueba. Por ello el principio de igualdad no debe entenderse como que el imputado y su defensor poseen poderes idénticos a los del acusador; sino que poseen derechos y facultades proporcionales que garanticen el equilibrio de

(32) BERNAL, Jaime y MONTEALEGRE, Eduardo. El proceso penal. 6ª edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, p. 611.

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los sujetos que interactúan en el proceso(33); por ello el profesor Jacobo López, señala que el principio de igualdad de armas es uno de los elementos integrantes del concepto más amplio del proceso equitativo, y requiere que a cada parte se le ofrezca una oportunidad razonable de presentar su causa en condiciones que no lo coloquen en una desventaja importante con respecto a su adversario(34). En nuestro país el principio de igualdad deriva del derecho constitucional a la igualdad, previsto en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política y se encuentra consagrado en el artículo I inciso 3 del Título Preliminar del NP, el mismo que establece que las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. En la práctica procesal se observan algunos problemas de concepción o de entendimiento del principio de igualdad. A continuación se propone un ejemplo concreto. En el Expediente N° 3500-2008, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Trujillo emitió una resolución que revocó un auto de primera instancia que declaró infundada una tutela de derechos que se formuló ante una disposición fiscal que declaraba la complejidad de una investigación, siendo que el argumento de la Sala de Apelaciones fue que atendiendo al principio de igualdad, el fiscal era una parte del proceso y como tal no podía declarar unilateralmente la complejidad de una investigación. El defecto de esta resolución radica en su concepción acerca del principio de igualdad, pues partiendo de este principio equivocadamente se pretende desconocer al Ministerio Público como director de la investigación, con facultades para decidir el objeto de la investigación, los actos de investigación, la estrategia de investigación, el plazo y hasta su naturaleza simple o compleja.

(33) BACHMAIER, Lorena. Ob. cit., p. 154. (34) LÓPEZ, Jacobo. Ob. cit., p. 123.

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6. Principio de tutela procesal efectiva El derecho a obtener tutela judicial efectiva de jueces y tribunales no es sino un derecho fundamental a que los jueces motivadamente, respondan a las solicitudes de las partes. Así, este derecho corresponde tanto a la parte acusadora como a la parte acusada, entendiéndose por resolución motivada la que contesta a todo lo que se cuestione o se alegue durante el proceso; y motivadamente significa, en el terreno lógicojurídico, que se expongan los razonamientos o motivos por los cuales se acuerda una u otra cosa(35). La tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción”(36). El derecho a la tutela jurisdiccional constituye un derecho autónomo en que se integran diversas manifestaciones y que engloban los siguientes derechos: a) derecho al proceso; b) derecho a obtener una resolución fundada en derecho; c) derecho a los recursos legalmente previstos; d) derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales(37). De los derechos que corresponden a la tutela jurisdiccional, nos interesa destacar el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, que supone que la decisión del juez puede ser denegatoria e incluso puede ampararse en razones estrictamente formales, siempre y cuando razone de modo no arbitrario, en absoluta congruencia con la solicitud y los alegatos de las partes(38). En el Expediente N° 5573-2011-8, la Sala de Apelaciones de Trujillo se pronunció en un incidente de solicitud de incorporación de persona jurídica que en primera instancia se había declarado fundado por el juez de la investigación preparatoria. El fundamento de la oposición a la incorporación de la persona jurídica y también del recurso de apelación

(35) COBO DEL ROSAL, Manuel. Tratado de Derecho Procesal español. Editorial CESEJ, Madrid, 2008, p. 69. (36) STC Exp. Nº 08123-2005-HC/TC. (37) SAN MARTÍN, César. Derecho Procesal Penal. Vol. I, Grijley, Lima, 1999, p. 64. (38) Ibídem, p. 65.

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del auto del juez, era que el fiscal no había incluido a la persona jurídica en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; sin embargo, la Sala de Apelaciones resuelve con base en otros fundamentos, pues se afirma que si bien el requerimiento fiscal se había presentado durante la investigación preparatoria y cumplía con las exigencias materiales y formales, pero el juez de la investigación preparatoria había emitido la resolución de incorporación de la persona jurídica cuando ya se había vencido el plazo de investigación preparatoria, por lo que deciden revocar la resolución recurrida y reformándola declararon infundado el requerimiento fiscal aduciendo que de lo contrario se estaría afectando el derecho de defensa de la persona jurídica que ya no tendría posibilidad de ofrecer actos de investigación. El defecto de esta decisión radica en que se declara infundado un requerimiento fiscal que no adolecía de defectos materiales ni formales; en todo caso, para garantizar la tutela jurisdiccional la Sala de Apelaciones debió confirmar la resolución, pudiendo disponer un plazo exclusivamente para que la persona jurídica pueda ofrecer actos de investigación. 7. Derecho de defensa Tanto la Constitución Política como el NP denotan una preocupación del Estado por proteger al individuo del uso arbitrario del poder penal a fin de dotar al proceso penal de ciertos márgenes de racionalidad y por ello existen un conjunto de principios y garantías que tienden hacia esa finalidad; sin embargo, existe además un principio garantizador tan básico que, si no se le da cumplimiento, las restantes garantías quedan en letra muerta o dejan de cumplir su función específica. Este principio es el derecho intangible que tiene todo ciudadano a defenderse de los cargos que se le realicen en el curso de un proceso penal(39). En cuanto a su ubicación en el sistema jurídico se afirma que el derecho de defensa no es sino un aspecto particular, de un concepto más amplio como es el derecho al debido proceso e incluso se puede afirmar que la parte central del debido proceso es el derecho de defensa(40).

(39) BINDER, Alberto. Ob. cit., p. 151. (40) BERNAL, Jaime y MONTEALEGRE, Eduardo. Ob. cit., p. 666.

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Respecto a su naturaleza se afirma que el derecho de defensa es un derecho fundamental, predicable a toda persona física, nacional o extranjera e incluso de las jurídicas(41); sin embargo, el derecho de defensa no le es inherente al Ministerio Público, porque este constituye una garantía frente al poder del Estado. Atendiendo a esta realidad Julio Maier(42) afirma: se equivoca quien extiende el funcionamiento de la garantía de la defensa al órgano estatal en cuyas manos se coloca el poder de persecución penal. La ley procesal puede otorgar facultades al Ministerio Público, colocándolo en un pie de igualdad con el imputado, o incluso, por encima de él; pero ello no significa regular su defensa y otorgarle oportunidades para ejercer ese derecho, sino, simplemente, darle armas para cumplir su función. Por ello, consideramos que en el caso del Ministerio Público no se puede alegar una afectación del derecho de defensa, sino más bien al debido proceso o la tutela procesal efectiva. El proceso penal moderno está caracterizado por una progresiva y paulatina ampliación de los derechos de la defensa, y como tal, se encuentra consagrado en las Constituciones y en los textos legales que regulan el proceso penal. En el caso peruano el derecho de defensa se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política, el mismo que prescribe el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa y las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con el defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Por su parte, el NP también desarrolla el derecho de defensa como uno de los principios del título preliminar, pues en su artículo IX inciso 1 prescribe que toda persona tiene el derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene

(41) GIMENO, Vicente. Ob. cit., p. 260. (42) MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, pp. 543 y 544.

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derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señale. En cuanto a las manifestaciones del derecho de defensa, la doctrina procesal ha establecido diferencias entre la “defensa material” y la “defensa técnica”, siendo que la primera es ejercitada por el propio imputado, en tanto que la segunda es ejercida por un abogado, ya sea que este ha sido designado por el imputado (defensor particular) o por la autoridad competente (defensor público o abogado de oficio). Algunas manifestaciones concretas del derecho de defensa material lo encontramos en las siguientes normas: -

El derecho a la libertad de declaración del imputado previsto en los artículos IX inciso 2 y 79 inciso 2 literal e del NP.

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La autodefensa material del acusado en el juicio oral previsto en el artículo 391 del NP.

En tanto que el derecho a la defensa técnica lo encontramos desarrollado en las normas siguientes: -

Artículo 80 del NP que prescribe el derecho a la defensa técnica.

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Artículo 84 del NP que prescribe los derechos del abogado defensor.

Con relación a los derechos que le corresponde al abogado defensor, es necesario referirse a uno en concreto, debido a los problemas que se generan en la práctica procesal. Me refiero al derecho a participar de todas las diligencias; excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda (artículo 84 inciso 4 del NP). A partir del precepto antes indicado, los abogados defensores consideran que tienen derecho a participar en todas las diligencias de 38

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investigación y por ahora los jueces de la investigación preparatoria tienen esa misma idea; sin embargo, no se ha reparado en que el derecho a participar de las diligencias es la regla general, y que existen supuestos excepcionales en los que este derecho se relativiza; pues conforme lo establece el inciso 1 del artículo 338 del NP –referido a las condiciones de las actuaciones de investigación–, el fiscal puede permitir la asistencia de los sujetos procesales en las diligencias que deba realizar, y esta participación está condicionada a su utilidad para el esclarecimiento de los hechos, a que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación o a que no impida una pronta y regular actuación. De lo anterior queda claro que el fiscal está facultado para itir la asistencia de los sujetos procesales a las diligencias –siendo que el concepto de sujetos procesales comprende al imputado y su defensor conforme se establece en la sección IV del libro primero del NP–, y además que la participación de los sujetos procesales está condicionada a que no se afecte el éxito de la investigación, pues en algunos supuestos, la intervención de la defensa del imputado pone en riesgo el éxito de la investigación, fundamentalmente cuando se trata de investigaciones contra organizaciones criminales. Así por ejemplo, cuando se realiza una diligencia de inspección de un determinado lugar donde se pretende encontrar alguna evidencia del delito, si se comunica al defensor del imputado para que participe, se corre el riesgo de que antes de la diligencia, se esconda o desaparezca la evidencia del delito; o también cuando se dispone tomar una declaración a un testigo cuya identidad se ha reservado –conforme lo establece el artículo 248 inciso 2 literal d del NP–, la intervención al abogado defensor del imputado no solo pone en riesgo a la investigación sino también al testigo. Respecto al problema antes indicado se han producido pronunciamientos jurisdiccionales que solo se fijan en la regla pero no en la excepción, tal como ocurrió en el Expediente N° 1526-2011-44, en el que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Trujillo declaró fundada una tutela de derechos aduciendo que no haber comunicado a la defensa de los imputados para que participe de la realización de diligencias de toma de declaración de testigos constituye una violación al derecho a la defensa de los investigados. Pronunciamiento jurisdiccional que se

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concretó a pesar de que la Fiscalía invocaba razones de urgencia, necesidad y riesgo de afectación a la eficacia de la investigación. 8. Presunción de inocencia La presunción de inocencia es un derecho y una garantía que deriva del principio del juicio previo; pues como señala Alberto Binder(43), juicio previo y principio de inocencia son dos caras de una misma moneda y por tanto destacan como garantías básicas del proceso penal. El derecho a la presunción de inocencia es una de las banderas de lucha de la reforma liberal al sistema inquisitivo y aparece por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dicha declaración estableció en Francia que debía presumirse inocente “a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable”(44). Posteriormente este derecho fue reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en nuestro país también se lo reconoce como un derecho fundamental contenido en el artículo 2 inciso 24 parágrafo e de la Constitución, el mismo que prescribe: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Por su parte, el NP reconoce el derecho a la presunción de inocencia previsto en el artículo II del Título Preliminar del NP que prescribe: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado.

(43) BINDER, Alberto. Ob. cit., p. 119. (44) HORVITZ, María y LÓPEZ, Julián. Derecho Procesal Penal chileno. Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2002, p. 78.

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Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. A partir del texto normativo antes citado, se puede establecer dos aspectos del derecho a la presunción de inocencia. El primero, que el procesado debe ser considerado como sujeto del proceso y recibir un trato digno hasta que se declare su culpabilidad mediante una sentencia firme; y el segundo, que la carga de la prueba le corresponde al Estado (Ministerio Público) y no al imputado. Respecto al primer aspecto existen una serie de normas que regulan aspectos relacionados con este principio. Así tenemos los siguientes: -

Principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y de las medidas que limitan derechos (artículo V del Título Preliminar del NP).

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Derecho a ser investigado y procesado en un plazo razonable (artículo I del Título Preliminar del NP).

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Principio de legitimidad de la prueba (artículo VIII del Título Preliminar del NP).

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Derecho a declarar libremente o de abstenerse a declarar (artículo IX inciso 2 del Título Preliminar del NP).

Respecto al segundo aspecto, se entiende que el Ministerio Público deberá probar la responsabilidad del procesado, de modo tal que se enerva la presunción de inocencia cuando, con base en la prueba se logra una sentencia condenatoria que declara la responsabilidad del procesado; sin embargo, es necesario precisar que no basta una sentencia condenatoria de primera instancia para que se deje de considerar inocente al procesado, sino que resulta indispensable una sentencia firme, con efectos de cosa juzgada, pues mientras no exista sentencia firme, el sujeto seguirá ostentando la calidad de procesado y como tal se seguirá presumiendo su inocencia hasta que su condene quede firme. El principio de presunción de inocencia es un principio general del Estado de Derecho, que según el Tribunal Constitucional impone al juez

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la obligación de que en caso de no existir prueba plena que determine la responsabilidad penal del acusado, deba absolverlo y no condenarlo(45). La imputación que da origen al proceso penal tiene como fundamento la posibilidad de que una conducta se encuadre en un tipo penal específico, pero para que dicha imputación se pueda convertir en una sentencia condenatoria, se exigirá un profundo grado de conocimiento sobre la existencia del referido supuesto de hecho y sobre la responsabilidad del imputado, en mérito al derecho a la presunción de inocencia que le es inherente al procesado. Se debe reconocer además, que la verdad absoluta no puede ser exigible como finalidad del proceso penal, no solo por la imposibilidad fáctica de conseguirla, sino porque la verdad es algo que está fuera del intelecto del juez, quien solo la puede percibir subjetivamente como creencia de haberla alcanzado(46). Entonces, a lo que plausiblemente se puede aspirar en el proceso penal es al arribo de la certeza entendida como la persuasión de una verdad, esto es, la persuasión de que la idea que nos formamos de una cosa corresponde a la misma. La afirmación anterior constituye la opinión dominante en la dogmática procesal penal actual, sin embargo, existen posiciones que si bien exigen la certeza como requisito para fundamentar una sentencia condenatoria, obligan a que tal estado subjetivo corresponda o refleje a la verdad absoluta, sustancial o concreta. Así, el profesor Florencio Mixán sostiene que en el procedimiento penal se busca descubrir la verdad concreta sobre la imputación; de lograrla a plenitud en el caso singular, sobreviene el convencimiento al respecto; esto es, se adquiere una convicción fundada en la verdad descubierta(47). Según esta orientación se puede deducir que, la finalidad del proceso penal no es alcanzar cualquier clase de convicción judicial, sino que se exige una convicción judicial basada en el descubrimiento de la verdad. Sin embargo, se debe reconocer que la convicción o certeza no

(45) REYNA, Luis. El proceso penal aplicado. Grijley, Lima, 2011, p. 238. (46) CAFFERATA, Jorge. La prueba en el Proceso Penal. 2ª edición, Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 6. (47) MIXÁN, Florencio. Teoría de la prueba. Ediciones BLG, Trujillo, 1992, p. 64.

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siempre implica alcanzar la verdad, ya que esta tan solo constituye una persuasión o creencia de estar en posesión de ella; por lo tanto, si bien la regla general indica que la certeza surge del influjo de la verdad, no es la verdad misma, sino simplemente un estado subjetivo, que no siempre se corresponde con la verdad objetiva. Finalmente, es necesario precisar que las conclusiones vertidas en este acápite del presente trabajo se condicen con la regulación expresa del principio de presunción de inocencia en el NP, que en su artículo II del Título Preliminar, prescribe que “en caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado”, lo que a su vez, supone una exigencia de certeza o convicción judicial, para poder hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado. 9. Principio de publicidad Además del principio de oralidad y contradicción, el NP ha establecido a la publicidad como uno de sus principios. Así, el artículo I del Título Preliminar del NP en su inciso 2 establece que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio. A partir de ello, queda claro que el juicio oral debe cumplirse en condiciones de publicidad erga omnes, es decir, que los actos procesales deben desarrollarse en presencia de todo aquel que quiera presenciarlos. Atendiendo al modelo acusatorio adoptado por el NP, con tendencia hacia el diseño de oralidad plena, queda claro que el sistema de audiencias ya no es exclusividad del juicio oral, sino de muchas actuaciones procesales de la etapa de investigación y de la etapa intermedia del proceso penal, en las que la regla es la observancia de la publicidad de las audiencias y la excepción es la audiencia privada, como ocurre en supuestos expresamente señalados por la ley, como ocurre en la audiencia de terminación anticipada del proceso que a tenor de lo previsto por el inciso 1 del artículo 468 del NP se trata de una audiencia privada. La importancia del principio de publicidad tiene que ver con la garantía de que sea el público quien controle la legitimidad de las actuaciones y decisiones de los jueces; por ello se afirma que la publicidad es una garantía y en mecanismo de control del proceso penal, cuya importancia para el proceso se resume con la siguiente frase: “De como juez, si 43

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queréis, al peor de mis enemigos, con la condición de que todas las actuaciones que deba cumplir tenga que cumplirlas en público” (Mirabeau). Por su parte, el artículo 358 del NP contempla la necesidad de crear condiciones apropiadas para que el público y la prensa puedan presenciar las audiencias; aunque ello solo quede en un plano declarativo en virtud de los problemas logísticos que a veces afronta el Poder Judicial. El principio de publicidad es una regla para las audiencias del proceso penal, pero como tal posee algunas restricciones; como las que se destacan a continuación. -

Está prohibido el ingreso de aquel que porte arma de fuego u otro medio que pueda perturbar el orden de las audiencias.

-

No pueden ingresar a las audiencias menores de 12 años ni personas en estado de ebriedad y bajo los efectos de droga o personas que sufren una grave anomalía psíquica.

Además de las restricciones, la norma procesal también destaca algunas excepciones al principio de publicidad. Así tenemos que el juzgado puede resolver, mediante auto especialmente motivado, que el juicio oral se realice total o parcialmente en privado en los siguientes casos. a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los participantes en el juicio. b) Se afecte gravemente el interés público o la seguridad nacional. c) Se afecte intereses de la justicia o peligre un secreto particular, comercial o industrial. Cuando sucedan manifestaciones del público que turben el normal desarrollo de la audiencia. d) Cuando esté previsto en una norma específica. El juzgado también pude imponer otras limitaciones: personas, cámaras, grabadoras u otros cuyo uso puede perjudicar los intereses de la justicia. Independientemente de las restricciones, limitaciones o excepciones al principio de publicidad, la sentencia siempre será pública, así como

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también los juicios sobre: funcionarios públicos, delitos de prensa, y los referidos a Derechos Humanos. III. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL COMÚN La referencia a la estructura del proceso supone ocuparnos del diseño u organización de las diferentes etapas del proceso penal desde su inicio hasta su culminación, es decir, que la estructura del proceso está referida a las etapas del proceso, que individualmente cumplen fines concretos y que a su vez contribuyen a la concreción de la finalidad general del proceso penal. Para el profesor Alberto Binder la organización del proceso penal no es un problema menor, ya que en numerosas ocasiones dependerá de ella –de su correcta estructuración– que el proceso penal cumpla efectivamente con los principios que lo fundan o deberían fundarlo. Asimismo, muchas de las peores distorsiones de las garantías y principios fundamentales provienen de una estructuración incorrecta o de las distorsiones que la práctica genera en la propia estructura del proceso penal(48). Coincidimos con lo postulado por el profesor Alberto Binder, pero consideramos que la estructura del proceso no solo es importante para garantizar los principios del proceso, sino además para garantizar la eficacia y celeridad del proceso penal, pues recordemos que una de las razones por las que fracasó el modelo mixto plasmado en el Código de procedimientos penales de 1940 fue precisamente por la forma como se había estructurado el llamado “proceso ordinario”, pues además de no existir salidas alternativas que permitan una solución pronta y anticipada del proceso penal, se diseñó el proceso de modo tal que el juicio oral se convirtió en el cuello de botella del proceso penal, pues en el diseño del proceso se encomendó la dirección del juicio a las Salas Penales de la Corte Superior, que por ser pocas en cada distrito judicial, se congestionaron de causas e hicieron colapsar al modelo procesal, generándose con ello un procedimiento neoinquisitivo denominado “proceso sumario”(49), que implicó una regresión de nuestro proceso penal.

(48) BINDER, Alberto. Ob. cit., p. 208. (49) NEYRA, José. Código Procesal Penal. Manuales operativos. Academia de la Magistratura,

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En el NP el proceso penal tipo es el denominado “proceso común”, el mismo que se desarrolla en tres etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral; sin embargo, es necesario indicar que en algunos casos el proceso comprenderá además la etapa de impugnación. Para los actos previos a la formalización de la investigación preparatoria, el NP se refiere al concepto de diligencias preliminares que tienen por objeto establecer si el hecho denunciado realmente ocurrió, establecer la delictuosidad del hecho denunciado, individualizar a los presuntos responsables del hecho y acopiar indicios reveladores de la existencia del delito. Este estadio previo a la investigación preparatoria es dirigido por el fiscal, quien podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional y las diligencias realizadas forman parte de la investigación preparatoria, es decir, que ya no se tienen que repetir durante la investigación preparatoria. Luego, si el fiscal cuenta con indicios reveladores de la existencia del delito, la acción penal no ha prescrito y se ha individualizado a los presuntos responsables del hecho, el fiscal podría promover la acción penal mediante la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria. La investigación preparatoria también dirigida por el fiscal es una etapa que conforme lo establece su denominación, permite incorporar elementos de convicción que permitirán al fiscal preparar un escenario idóneo para adoptar una decisión adecuada en la etapa intermedia del proceso, en la que el fiscal se puede pronunciar acusando o formulando un requerimiento de sobreseimiento o incluso un requerimiento mixto, acusando en parte y solicitando el sobreseimiento respecto de otro extremo de la imputación formalizada; en tanto que al imputado le permitirá preparar su defensa(50). Vencido el plazo de la investigación preparatoria o concluido su objeto, el fiscal dispondrá la conclusión de la investigación, y a partir de este acto procesal, se da inicio a la etapa intermedia del proceso, la Lima, 2007, p. 20. (50) BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio. Ob. cit., p. 22.

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misma que tiene por finalidad determinar si es que el proceso continúa hacia la etapa del juicio oral; o si por el contrario, se sobresee el proceso; siendo que en el primer supuesto, la etapa intermedia debe servir para sanear la relación jurídico-procesal y además para la isión de medios probatorios, tanto de los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, como también, de los medios probatorios ofrecidos por la defensa. La etapa intermedia concentra el debate del requerimiento de sobreseimiento en la audiencia de control de sobreseimiento y el debate sobre la acusación en la audiencia de control de acusación y concluye con la emisión del auto de sobreseimiento o con la emisión del auto de enjuiciamiento, que pone fin a la competencia funcional del juez de la investigación preparatoria, quien luego de formar el expediente judicial, remite los actuados al juzgado de juzgamiento, que puede ser un juzgado unipersonal –para el juzgamiento de delitos cuya pena mínima prevista en la ley alcanza hasta los seis años de pena privativa de libertad–, o un juzgado colegiado –conformado por tres jueces–, que asume la dirección del juicio cuando se trata de delitos cuya pena mínima prevista en la ley es superior a los seis años de pena privativa de libertad. Finalmente, la etapa del juzgamiento es considerada la etapa estelar del proceso penal, porque en ella se desarrolla la fase expositiva de la teoría del caso, pues en ella se desarrollan: los alegatos preliminares o de apertura, la actuación probatoria, los alegatos finales, la autodefensa material del acusado, la deliberación y concluye cuando el juzgado emite la sentencia de primera instancia. IV. LA LITIGACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO GARANTISTA Dentro de los aspectos estructurales que caracterizan al nuevo sistema procesal penal podemos destacar. -

La clara distinción de funciones de los sujetos procesales derivada de la vigencia del principio acusatorio, así tenemos que la función de investigación le corresponde al fiscal, la función de garantía le corresponde al juez de la investigación preparatoria

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y la función de juzgamiento le corresponde al juzgado unipersonal o al juzgado colegiado. -

La oralidad, pero ya no solo como metodología y esencia del juicio oral, sino como método para la adopción de muchas decisiones importantes que se adoptan con anticipación al juicio.

-

La protección irrestricta de los derechos fundamentales tales como la libertad, la defensa del imputado, el derecho a un plazo razonable de investigación y juzgamiento, entre otros.

-

La clara propuesta de cambio respecto al modo de litigación en el proceso penal, derivado del carácter adversativo del modelo y la importancia de los principios de contradicción, inmediación, oralidad e igualdad procesal.

Desde la perspectiva de la presunción de inocencia del procesado, se podría afirmar que, salvo en los supuestos de aplicación efectiva del principio de oportunidad, del proceso de terminación anticipada o de la conclusión anticipada del juicio; para hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado, el caso tiene que someterse al debate del juzgamiento que consiste en la lucha de dos versiones contrapuestas (teorías del caso), la versión acusadora y la versión de la defensa. Antes de la entrada en vigencia del NP existían dos sentimientos contrapuestos: a) La gran expectativa de modernización del sistema procesal; y b) La enorme preocupación ante el probable fracaso del sistema, pues no olvidemos que la historia del derecho proceso penal peruano ya registraba un fracaso en materia de implantación de un nuevo sistema procesal penal, pues cuando se puso en vigencia el Código de Procedimientos Penales de 1940, el proceso penal tipo, el ordinario, que no contaba con salidas alternativas como el actual proceso común, llegaba a su punto final con el juicio oral, que se debía desarrollar ante una Sala Penal de la Corte Superior, pero ante la abundancia de carga procesal y la reducida cantidad de Salas Penales, el juicio se convirtió en el cuello de botella del proceso penal y el sistema colapsó, 48

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dando lugar al proceso penal sumario y a la desnaturalización del sistema procesal. Uno de los principales temores de la puesta en vigencia del NP se sustenta en la dificultad que representaría para los operadores la adaptación a una cultura de litigación distinta, es decir, abandonar la litigación de tipo escrita, pasiva y lineal –propia de la cultura inquisitiva–, para poner en práctica una litigación oral y estratégica, pues no se olvide que la oralidad no solo es la metodología de la etapa de juzgamiento, sino que muchas de las decisiones de las etapas de investigación e intermedia se adoptan por audiencia, y en consecuencia, una de las principales tareas de las agencias del sistema procesal penal, de las universidades, de los colegios de abogados y de las demás instituciones relacionadas con el sistema jurídico procesal penal, consiste en capacitar a los operadores a fin de que se sepan conducir en los diferentes tipos de audiencia. Hemos dicho que el NP se inspira en un modelo procesal acusatorio con tendencia a la oralidad plena, y ello supone, que no solo el juicio se desarrolle con la metodología que importa el principio de oralidad, sino que además existen audiencias preparatorias o previas al juicio que se orientan a resolver cuestiones de relevancia, tales como: las medidas coercitivas, la constitución o incorporación de partes, los medios de defensa técnicos, los mecanismos tutelares del imputado (tutela de derechos, control de plazo, control de actos de investigación) y audiencia de control de acusación. Los aspectos anteriores provienen del sistema angloamericano, en el que la litigación oral y estratégica forman parte de su cultura jurídica, pues históricamente significa una tradición en la forma de actuar de los operadores; en tanto que, en nuestro medio, desde la vigencia del Código de Procedimientos en materia criminal de 1920, la actuación oral de los operadores solo se ha limitado a la etapa del juicio, con las limitaciones propias del modelo procesal y de la propia cultura jurídica inquisitorial de nuestros operadores; pues así lo entendía el profesor Florencio Mixán(51), quien señalaba que el NP positiviza sistemáticamente los

(51) MIXÁN, Florencio. Cuestiones epistemológicas y teoría de la investigación y de la prueba. Ediciones BLG, Trujillo, 2005, p. 261.

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principios jurídicos necesarios para la realización del juicio oral. Algunos muchos de esos principios fueron asumidos mediante el Código de Procedimientos en materia criminal de 1920 y reiterados en el Código de Procedimientos penales de 1940; pero la eficacia de esos principios fue relativizada, notoriamente minimizada, tanto por la tenaz proyección ultractiva de la cultura procesal inquisitorial, cuanto por el modelo procesal mixto que ha sido recepcionado y regulado por dichos códigos. En cuanto a las audiencias previas al juicio lo importante para que se realicen adecuadamente radica en conocer el objeto del debate, el orden de la intervención de los sujetos procesales y el rol que le corresponde a cada uno durante la audiencia, pero además es de gran importancia la dirección imparcial del debate por el juez de la investigación preparatoria, pues si falla alguno de estos aspectos, se puede afectar el normal desarrollo de las audiencias o las audiencias se podrían dilatar o extender innecesariamente. Por ejemplo, respecto a la audiencia de control de acusación los jueces de la investigación preparatoria de Trujillo han establecido el siguiente orden: primero se debaten las observaciones formales, luego se debate la isión de medios probatorios y finalmente se debaten los cuestionamientos materiales como excepciones, solicitudes de sobreseimiento, entre otras; sin embargo, esta secuencia de la audiencia de control presenta una incoherencia lógica que termina por dilatar innecesariamente el debate, pues en muchos casos el juez propicia el debate sobre la isión de pruebas útiles, pertinentes, conducente y legítimas para su actuación en juicio y además resuelve la isión de pruebas y en el tramo final de la audiencia declara el sobreseimiento del proceso. Esta incoherencia afecta la lógica del alegato de los abogados de la defensa que han ofrecido pruebas y que además han planteado el sobreseimiento o alguna excepción perentoria, pues, en el segundo tramo de la audiencia los abogados alegan la utilidad de la prueba para el juicio, y en el tercer tramo de la audiencia alegan que no amerita la realización del juicio. Respecto a la litigación en la etapa de juicio oral, la exigencia para los operadores jurídicos es mayor, pues como lo sostienen Baytelman y Duce, en el modelo procesal acusatorio litigar juicios orales es un

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ejercicio profundamente estratégico, pero esta forma de litigación constituye una idea incómoda para nuestra cultura jurídica tradicional(52). Para litigar juicios orales resulta indispensable contar con una clara estrategia del caso; es decir, una teoría del caso(53); pero además resulta indispensable el manejo de técnicas de litigación oral, para la formulación de los alegatos de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones, para la introducción de pruebas materiales, para la oralización de documentales y para la formulación de los alegatos finales. Respecto a lo primero, Mauricio Duce y Andrés Baytelman señalan que: “la teoría del caso” es, por sobre todas las cosas, un punto de vista. Siendo el juicio penal, ineludiblemente, un asunto de versiones en competencia. La teoría del caso es un ángulo desde el cual es posible ver toda la prueba; un sillón cómodo y mullido desde el cual apreciar la información que el juicio arroja, en términos tales que si el tribunal contempla el juicio desde ese sillón, llegará a las conclusiones que le estamos ofreciendo(54). Esta concepción de “teoría del caso” tan difundida en nuestro medio, ha llegado al punto de generar una confusión, entre “teoría del caso” y “alegatos de apertura”, pues es frecuente escuchar a los jueces peruanos decir, fiscal o abogado, su “teoría del caso”. Todas estas concepciones de “teoría del caso” cometen el error de hacer creer que la teoría del caso se desarrolla únicamente en el contexto del juicio oral, y que además la teoría del caso no es otra cosa que la narración de una historia. A estos defectos Hesbert Benavente Chorres denomina Mitos de la “teoría del caso”, pues la teoría del caso, más que una narración es una herramienta metodológica y estratégica, que

(52) BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio. Ob. cit., p. 91. (53) Como consecuencia del proceso de reforma del proceso penal en el Perú y específicamente de la implementación y puesta en vigencia del NP del año 2004, se han introducido nuevas categorías en el léxico jurídico nacional, y dentro de ellas destaca la denominada “teoría del caso”, que tiene sus orígenes en el ámbito angloamericano (cultura con elementos ingleses y norteamericanos) y que ha sido introducida a nuestra cultura sin mayores precisiones. (54) BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio. Ob. cit., pp. 91 y 92.

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permite un mejor desenvolvimiento planificado de los operadores, desde el inicio del proceso, y no solo a partir del juicio. Tomando como base que la verdad es una condición necesaria para resolver con justicia el objeto del proceso penal y que la “teoría del caso”, cumple una función instrumental y metodológica para los sujetos que intervienen en el proceso, desde su inicio hasta su culminación; se puede afirmar que: la teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes debe realizar, desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con la finalidad de dotar de un solo sentido, significado u orientación a los hechos, normas jurídicas –sustantivas y procesales–, así como el material probatorio –también conocido como evidencias”, precisando además, desde una perspectiva funcional, que la teoría del caso constituye una herramienta metodológica que permite a los abogados el contar con una estrategia o planificación desde el inicio del proceso penal, el cual les guiará en sus actuaciones procesales en las diferentes etapas o fases del proceso punitivo; al permitirles la coherencia entre lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio(55). En cuanto al manejo de las técnicas de litigación oral, consideramos que es una cuestión de experiencia y entrenamiento, pues los operadores del nuevo modelo procesal deben ir cultivando capacidades y destrezas para desarrollarse sin dificultades en los diferentes tipos de audiencia, y fundamentalmente para conducirse de manera eficiente en el desarrollo del juicio oral. En resumen, atendiendo al modo de litigación que exige el nuevo modelo procesal penal asumido en nuestro país, los operadores jurídicos deberán manejar las herramientas teóricas y prácticas que le permitan lograr las siguientes competencias: -

Tener un claro panorama de los diferentes tipos de audiencias que se realizan en el proceso penal.

-

Conocer el objeto de discusión de cada una de las audiencias desarrolladas en el proceso penal.

(55) BENAVENTE, Hesbert. La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio. Bosch Editor, Barcelona, 2011, p. 47.

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-

Conocer la dinámica de cada una de las audiencias y los roles que a cada sujeto le corresponde cumplir en ellas.

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Construir una teoría del caso que asegure el éxito de su actuación procesal.

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Manejar las técnicas de litigación oral para poner en marcha una determinada teoría del caso.

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CAPÍTULO II La denuncia y las diligencias preliminares

CAPÍTULO II La denuncia y las diligencias preliminares I.

LA DENUNCIA

1. Noción Conforme lo establece el artículo 1 del NP, la acción penal es pública y su ejercicio en los delitos de persecución pública corresponde al Ministerio Público, quien la ejercerá de oficio, a instancia del agraviado o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular. Asimismo, esta norma establece que en los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente mediante la presentación de querella y finalmente en los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente. Del texto de la norma antes indicada, queda claro que existen delitos de persecución pública, de persecución privada y de persecución mixta, siendo que en el primer y tercer caso el Ministerio Público es el legitimado para promover la acción penal, pero, para ello será indispensable que, en el primer supuesto, el Ministerio Público tome conocimiento del hecho de cualquier forma –a través de una denuncia, de una comunicación oficial o de una comunicación divulgada por los medios 57

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de comunicación social; en tanto que en los supuestos de persecución mixta, se requerirá necesariamente de la denuncia formulada por el directamente ofendido por el delito. Como se aprecia, en las normas referidas a la acción penal existe una necesaria referencia a la denuncia, la misma que debe ser entendida como una noticia sobre la comisión de un delito, a partir de la cual, el Ministerio Público puede asumir sus funciones referidas a la persecución del delito. En cuanto a la legitimidad para formular la denuncia, el artículo 326 del NP establece que cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos sea público, ya que tratándose de delito de persecución mixta, el único legitimado para formular la denuncia es el directamente ofendido conforme lo establece el inciso 3 del artículo 1 del NP. No obstante, el artículo 326 inciso 2 del NP prescribe imperativamente que deben formular denuncia: a) Quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley. En especial lo están los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos que hubieren tenido lugar en el centro educativo. b) Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible. En tanto que el artículo 377 del NP establece supuestos en los que se exonera de la obligación de denunciar; prescribiendo lo siguiente: a) Nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. b) Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional.

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En cuanto a las formalidades de la denuncia y a su contenido, el NP no es muy exigente, y por el contrario, atendiendo a necesidades eminentemente prácticas; en su artículo 328 tan solo establece que: a) Toda denuncia debe contener la identidad del denunciante, una narración detallada y veraz de los hechos, y –de ser posible– la individualización del presunto responsable. b) La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmará y colocará su impresión digital. Si es verbal se sentará el acta respectiva. c) En ambos casos, si el denunciante no puede firmar se limitará a colocar su impresión digital, dejándose constancia en el acta del impedimento. En resumen, la denuncia es un medio mediante el cual una persona física pone en conocimiento de la Policía o del Ministerio Público la existencia de hechos con el fin de que los mismos sean objeto de persecución penal(56). 2. Diferencias con la querella Como ya vimos anteriormente el artículo 1 inciso 2 del NP establece que en los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente; y que para ello se necesita la presentación de querella. De la interpretación de la norma antes citada, queda claro que mientras la denuncia solo constituye una comunicación referida a la comisión de un delito dirigida a la autoridad competente (Ministerio Público o Policía), para que se dé inicio a una investigación y para procurar que el fiscal promueva la acción penal mediante la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; la querella es una forma de ejercitar la acción penal prevista para delitos de persecución privada, conforme se desprende de lo prescrito por los artículos 107 y 459 del NP.

(56) ASENCIO, José. Derecho Procesal Penal. 4ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 113.

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A diferencia de la denuncia, el inciso 2 del artículo 108 del NP establece requisitos formales que deben observarse en la querella para su isibilidad. Así tenemos que se exigen bajo sanción de inisibilidad: a) La identificación del querellante y, en su caso, de su representante, con indicación en ambos casos de su domicilio real y procesal, y de los documentos de identidad o de registro; b) El relato circunstanciado del hecho punible y exposición de las razones fácticas y jurídicas que justifican su pretensión, con indicación expresa de la persona o personas contra la que se dirige; c) La precisión de la pretensión penal y civil que deduce, con la justificación correspondiente; y, d) El ofrecimiento de los medios de prueba correspondientes. Otra diferencia radica en las facultades que ostentan el denunciante y el querellante, pues conforme al inciso 5 del artículo 334 del NP, el denunciante que no estuviere conforme con la disposición de archivo emitida por el fiscal, puede solicitar la elevación de actuados para que el fiscal superior revise lo dispuesto por el fiscal provincial; sin embargo, esta es la única atribución que tiene el denunciante como tal, salvo que se trate del propio agraviado, porque en ese caso posee además los derechos contemplados en el artículo 95 inciso 1 del NP, referidos a: a) El derecho a la información sobre el desarrollo de la investigación y del proceso. b) El derecho a ser escuchado antes de cada decisión que importe la extinción de la acción penal. c) El derecho a recibir un trato digno y a recibir protección. Por su parte, al querellante particular le asisten facultades similares a los que ostenta el fiscal en el proceso común, pues puede participar en todas las diligencias del proceso, ofrecer pruebas e interponer recursos impugnatorios, y ello porque en el proceso especial por delitos de ejercicio privado de la acción penal, es el querellante particular (agraviado) el titular de la persecución penal, como lo es el fiscal en el proceso común. 60

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Otra diferencia tiene que ver con la legitimidad para interponerlas; pues mientras la denuncia la puede formular cualquier persona; la querella puede ser formulada solamente por el directamente ofendido por el delito(57). Finalmente, atendiendo a la naturaleza de la persecución penal (pública o privada), podemos destacar otra diferencia entre la denuncia y la querella, pues tratándose de la denuncia no procede la figura del desistimiento o del abandono; pero ello sí es posible en el caso de la querella, tal como se establece en el artículo 464 del NP, el mismo que prescribe lo siguiente: a) La inactividad procesal durante tres meses, produce el abandono del proceso, que será declarado de oficio. b) En cualquier estado del proceso, el querellante puede desistirse o transigir. c) El que se ha desistido de una querella o la ha abandonado, no podrá intentarla de nuevo. En el caso de la denuncia, ni el abandono ni el desistimiento del denunciante provocan el archivo del caso, pues recordemos que en los delitos de persecución pública, una vez que el fiscal toma conocimiento del hecho, debe proseguir el caso de oficio hasta lograr un pronunciamiento definitivo que ponga fin al conflicto jurídico penal. 3. Clases de denuncia El artículo 328 del NP referido al contenido y forma de la denuncia establece que la denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmará y colocará su impresión digital. Si es verbal se sentará el acta respectiva. En ambos casos, si el denunciante no puede firmar se limitará a colocar su impresión digital, dejándose constancia en el acta de impedimento.

(57) NÚÑEZ, Cristóbal. Tratado del proceso penal. Tomo I, Editora Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009, p. 74.

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A partir del texto normativo antes citado, se puede establecer diferentes tipos de denuncias, tales como: a) la denuncia verbal y la denuncia escrita; b) denuncia de parte y denuncia por acción popular; y c) denuncia privada y denuncia oficial; sin embargo, atendiendo exclusivamente a la acción penal de ejercicio público, queda claro que el fiscal puede dar inicio a una investigación no solo por denuncia verbal o escrita (de parte o por acción popular); sino que incluso puede actuar de oficio a partir de una denuncia pública. A continuación, revisamos cada uno de estos tipos de denuncia. 3.1. Denuncia verbal

El artículo 328 inciso 2 del NP hace alusión expresa a la denuncia verbal precisando que en su caso se sentará el acta respectiva.



Como se ha indicado anteriormente, la denuncia consiste en el acto de poner en conocimiento de la autoridad la comisión de un presunto hecho delictivo, siendo que en el caso de la denuncia verbal, el denunciante comparece personalmente ante la autoridad policial o del Ministerio Público, para expresar oralmente el contenido de su denuncia; por ello es que el artículo 328 inciso 2 del NP exige sentar un acta.



Respecto al contenido del acta resulta aplicable lo prescrito por el artículo 328 del NP, en cuanto establece lo que “toda denuncia debe contener”; es decir, la identidad del denunciante, la narración de los hechos, la individualización del presunto responsable –en la medida de lo posible–, la firma del denunciante –siempre que el denunciante pueda firmar–, y la impresión digital del denunciante.



Las exigencias anotadas también han sido tomadas en cuenta en otros países, tal como ocurre por ejemplo en el proceso penal chileno; pues como lo señala María Inés Horvitz(58), la denuncia debe hacer alusión a la identificación del denunciante, la

(58) HORVITZ, María y LÓPEZ, Julián. Ob. cit., pp. 474 y 475.

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narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieran cometido y de las personas que lo hubieran presenciado o tuvieran noticia de él, y la firma del denunciante.

En nuestro Derecho Procesal Penal; la denuncia verbal se puede formular ante la PNP y ante el Ministerio Público; y aun cuando no existen reglas que regulen esta materia, por razones de economía y atendiendo a la escasez de recursos humanos en ambas instituciones, se debe entender que el denunciante debe optar por la denuncia verbal de manera excepcional atendiendo a razones de necesidad y urgencia, pues no es razonable que se recurra masivamente a la denuncia verbal y menos razonable que sean los propios abogados quienes sugieran la denuncia verbal sin ningún motivo de urgencia o necesidad.



Por ejemplo, para denunciar un hecho de fraude en la istración de una persona jurídica, un fraude procesal o un hurto sistemático en una empresa recaudadora, sería recomendable formular una denuncia escrita, en tanto que para denunciar un hecho de violación de la libertad sexual, una usurpación, o un robo, sí se justifica la denuncia verbal por su carácter urgente, pues lo que sigue de inmediato a la denuncia serán actos de investigación urgentes, tales como el “reconocimiento médico legal” y la toma de muestras biológicas para el caso de la violación de la libertad sexual, o la inspección para el caso de la usurpación, o las diligencias de reconocimiento de personas en álbum fotográfico de personas incriminadas.



Como ya se dijo la denuncia verbal se puede formular ante la PNP o ante el MP, siendo que en el primer caso se debe recurrir a la dependencia policial competente por el territorio donde ocurrieron los hechos denunciados, y en ese caso la Policía debe comunicar inmediatamente el hecho al fiscal, conforme lo prescribe el artículo 331 inciso 1 del NP; en tanto que, en el segundo caso, la denuncia será formulada ante el fiscal de turno; y en ambos casos se sentará el acta que corresponda.

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3.2. Denuncia de parte

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El NP también se refiere expresamente a la denuncia escrita y establece que en ella el denunciante firmará y colocará su impresión digital (artículo 428 del NP), y adicionalmente se exige la identidad del denunciante, la descripción de los hechos y de ser posible la individualización del presunto responsable.



Aun cuando la norma que establece la formalidad y el contenido de la denuncia, no exige de una fundamentación jurídica y probatoria que es consustancial a una teoría del caso; debe entenderse que cuando la denuncia es elaborada y autorizada por un abogado, la denuncia debería contener estos aspectos a fin de orientar la actuación del fiscal. En tal caso, el abogado debe incluir una narración detallada, precisa y clara de los hechos denunciados (nivel de análisis fáctico), una calificación típica tentativa de los hechos con indicación de las normas jurídicas y las categorías jurídicas aplicables al caso (nivel de análisis jurídico), los elementos de convicción con que se cuentan y los elementos de convicción que se deben recabar a través de actos de investigación a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados (nivel de análisis probatorio).



Sin duda, la denuncia escrita es un medio idóneo para procurar una investigación de un hecho con posibles repercusiones penales, siendo que este tipo de denuncias las puede formular el agraviado o cualquier persona; en el primer caso, recibe el nombre de denuncia de parte, y en el segundo caso recibe el nombre de denuncia por acción popular.



Un aspecto problemático en materia de denuncias escritas tiene que ver con la exigencia de la firma de un abogado, pues hay quienes consideran que esta es una exigencia indispensable para itir a trámite una denuncia; sin embargo, la firma y sello de posfirma de un letrado no aparece regulado como exigencias formales de la denuncia escrita y por el contrario atendiendo a la prerrogativa del MP para iniciar investigaciones de oficio, no es posible condicionar la tramitación de una denuncia a una exigencia formal inexistente, pues al tomar conocimiento de un

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hecho presuntamente delictivo que reviste seriedad y contiene fundamentos, el fiscal tendrá que dar inicio a una investigación.

Dentro de las denuncias escritas también es posible ubicar a la denominada denuncia oficial, a la que el NP hace alusión en el artículo 326 inciso 2. Siendo que este tipo de denuncias también se formulan por escrito, con la particularidad que la denuncia la formula un funcionario público que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del cargo, tome conocimiento de la realización de algún hecho punible; en cuyo caso, el funcionario se encuentra en la obligación de denunciar el hecho. Como ejemplos de denuncias oficiales podemos señalar: a) un juez oficia y remite copias certificadas del expediente de un proceso laboral al Ministerio Público para que se dé inicio a un proceso por delito de violación de la libertad de trabajo ante el incumplimiento del demandado con el pago de beneficios sociales a favor del demandante; b) el Director de una institución educativa que denuncia la sustracción de equipos de cómputo ocurridos al interior del Centro de Cómputo de la institución; c) el médico de un hospital del Ministerio de Salud que al atender a una menor de 14 años advierte que esta ha sido víctima de violación sexual, y en consecuencia comunica el hecho a la Fiscalía de Turno.



Respecto a las denuncias oficiales, el NP no regula formalidades, pero encontrándose comprendidas entre las denuncias escritas se entiende que en lo posible deben contener los mismos requisitos descritos por el artículo 428 del NP; es decir, que el denunciante firmará, y adicionalmente se exige la identidad del denunciante, la descripción de los hechos y de ser posible la individualización del presunto responsable; pero en vez de su impresión digital, deberá colocar su sello de posfirma en el que se indica el cargo público que ocupa.

3.3. Denuncia pública

Una denuncia pública consiste en la difusión abierta e informal dirigida a una pluralidad de personas, cuyo contenido está referido a un hecho con aparente relevancia penal. 65

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El NP no hace alusión expresa a este tipo de denuncias y consideramos que ello es lo más conveniente, en virtud de su naturaleza informal y espontánea; sin embargo, atendiendo a la atribución del MP para investigar de oficio el hecho con apariencia delictiva, no se puede negar la existencia fáctica de este tipo de denuncias y su posible eficacia para propiciar la investigación de delitos e incluso el ejercicio público de la acción penal. Como ejemplo de este tipo de denuncias podemos destacar la denuncia pública contenida en un informe periodístico de la revista Poder publicada en el año 2012 respecto a presuntas irregularidades en el manejo de subvenciones de la MPT que dio lugar a una investigación contra funcionarios de la MPT (Carpeta Fiscal N° 87-2012).

3.4. Denuncia anónima

Luego de revisar algunos tipos de denuncia que tienen cabida en el ámbito del NP, resulta necesario analizar la posibilidad de que se formule una denuncia anónima; es decir, una denuncia en la que no consignen los datos que permitan identificar al denunciante(59).



Para evaluar esta posibilidad, resulta oportuno estudiar algunas normas pertinentes del NP, tales como: normas referidas a la denuncia (artículos 326 y 328), normas sobre el ejercicio público de la acción penal (artículo IV del TP y artículos 1 y 329 del NC), y adicionalmente corresponde evaluar si el uso de las medidas de protección a víctimas y testigos referida a la reserva de la identidad (artículo 248.2 literal d) puede dar lugar a una denuncia anónima.



En principio, el artículo 328 establece que toda denuncia debe contener la identidad del denunciante y ello, sin mayor análisis, nos podría conducir a negar de plano la posibilidad de itir una denuncia anónima porque se trata de una norma imperativa; sin embargo, no se puede descartar esa posibilidad

(59) Caso de contrataciones irregulares de personal en la Defensoría del Pueblo de Trujillo, que dio lugar a la apertura de la investigación en el Caso N° 179-2012.

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sin comprender en el análisis otras normas; pues no es posible soslayar que, conforme lo prescriben los artículos IV y 1 del NC; el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal y que el artículo 329 establece la probabilidad del fiscal de promover de oficio el inicio de una investigación cuando tome conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de un delito.

A partir de esta norma queda claro que no es indispensable la existencia de una denuncia para que el fiscal pueda dar inicio a una investigación; en tal sentido surge la necesidad de responder a las siguientes interrogantes. ¿El fiscal puede impulsar una investigación a partir de una nota escrita que de manera anónima llega hasta su despacho? ¿El fiscal puede impulsar una investigación ante la denuncia que de manera anónima realiza una persona no identificada que declara a través de algún medio de comunicación social a la que de algún modo accede el fiscal?



Respecto a la primera pregunta, debemos reconocer que la nota escrita no cumple con la exigencia del artículo 328.1 del NP, referido a la identidad del denunciante y tampoco cumple con la exigencia del artículo 328.2 que hace alusión a la firma e impresión dactilar del denunciante, y en consecuencia no puede ser considerada como una denuncia escrita en sentido estricto; pero ello no significa que el fiscal no pueda dar inicio a una investigación a partir de esa noticia anónima, pero en este caso tenemos que reconocer que tal investigación no deriva de una denuncia escrita propiamente dicha, porque no cumple con la formalidad exigible a este tipo de denuncias; y por lo tanto se tratará de una investigación de oficio y no de una investigación a petición de la parte denunciante; pero para ello deberá ponderar aspectos como el alcance del hecho denunciado, su intensidad ofensiva o su verisimilitud(60) o verificará que la denuncia reviste seriedad y fundamento(61).

(60) COBO DEL ROSAL, Manuel. Ob. cit., pp. 340-341. (61) HORVITZ, María y LÓPEZ, Julián. Ob. cit., p. 475.

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En cuanto a la segunda interrogante, consideramos que también resulta posible que el fiscal inicie una investigación, solo que, en este caso, no se trata de una denuncia escrita, sino de una denuncia pública, la que por su carácter informal y espontáneo no tiene regulación legal y mucho menos está sujeto a la observancia de exigencias formales.



En resumen, debemos reconocer que la denuncia anónima escrita no puede tener la calidad de denuncia porque no cumple con las exigencias formales de la denuncia escrita; y que la “denuncia pública anónima” sí puede tener la calidad de denuncia ya que este tipo de denuncias no está sujeta a ninguna clase de formalidad.



Otro aspecto a tener en cuenta es el referido a la necesidad de aplicar la medida de protección de reserva de identidad y demás datos personales desde la recepción de la denuncia; sin embargo, se debe tener presente que en este caso no se trataría de una denuncia anónima, pues se supone que el fiscal sí conoce la identidad del denunciante (agraviado y/o testigo), solo que se reserva su identidad como medida de protección y para su individualización en el proceso se le asignará un número o una clave.



En conclusión, la denuncia anónima puede tener lugar como denuncia pública o como simple noticia criminal escrita; la primera cuando una persona o un grupo de personas no identificadas comunican públicamente hechos de posible relevancia penal por cualquier medio de comunicación (radio, televisión, redes sociales, internet, etc.), que posibilite al fiscal acceder a la información; y la segunda, que aunque no cumpla con las exigencias formales de la denuncia escrita, puede ser idónea para motivar al fiscal a iniciar de oficio una investigación.

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II. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN 1. Noción Una vez que el fiscal toma conocimiento de un hecho con posible relevancia penal se generan varias alternativas de actuación, pues conforme a las normas del NP, el fiscal bien podría archivar el caso liminarmente (artículo 334 inciso 1), abrir una investigación preliminar (artículo 330), convocar a una audiencia para la aplicación de un criterio de oportunidad o un acuerdo reparatorio (artículo 2), formalizar la investigación preparatoria, disponer (artículo 336) o disponer la reserva de la investigación (artículo 334 inciso 4). Como se ha señalado en el párrafo precedente, dentro de las alternativas que maneja el fiscal al realizar la calificación de la denuncia, existe la posibilidad de disponer diligencias preliminares previas a la promoción de la acción penal, ya sea que lo haga por medio de la disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria o sea que lo haga a través de una acusación directa. El concepto diligencias preliminares es un concepto amplio que hace alusión a todas las actuaciones previas a la promoción de la acción penal y no necesariamente se refiere a las diligencias de investigación reguladas por el artículo 330 del NP. Así por ejemplo, si antes de formalizar la investigación preparatoria el fiscal convoca a una audiencia para aplicar el principio de oportunidad o para que el agraviado e imputado lleguen a un acuerdo reparatorio, no están disponiendo diligencias o actos de investigación, pero estas no dejan de ser diligencias preliminares, puesto que ocurren antes de la formalización de la investigación preparatoria. Luego de precisar que el concepto de diligencias preliminares es un concepto más amplio que el de diligencias preliminares de investigación, nos centraremos en el análisis de las diligencias preliminares de investigación, por ser estas el objeto de análisis en esta parte del presente trabajo. Las diligencias preliminares de investigación se encuentran regulados por los artículos comprendidos entre el artículo 329 y 336 del NP, 69

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y podríamos definirlo como la actividad de búsqueda y recopilación de información (elementos de convicción) útil, pertinente, conducente y legal que permita esclarecer el hecho que es objeto del proceso. Al referirnos a las diligencias preliminares de investigación, es necesario diferenciar entre actos de investigación y actos de prueba, pues en nuestra cultura jurídica procesal resulta difícil asimilar esta diferencia y sobre todo hacerla entender a los justiciables, pues los actos de investigación que ocurren en el contexto de la investigación, tan solo son actos de búsqueda, recopilación e incorporación de información, útil y pertinente, que permitirá tomar decisiones sobre el desarrollo del proceso; en tanto que los actos de prueba, se refieren a la actuación probatoria, al debate probatorio que acontece en el contexto del juzgamiento, y que tiene por finalidad influir en la decisión que adoptará el juzgador al finalizar el juicio. Por ello, en el NP el producto de los actos de investigación son denominados elementos de convicción, y por su parte, el producto de los actos de prueba se denomina elementos de prueba, que en conjunto serán valorados por el juez en el momento final del juzgamiento, en la etapa de deliberación que antecede a la expedición de la sentencia. En el caso concreto de las diligencias preliminares de investigación se afirma que estos se rigen por los criterios de urgencia y necesidad; es decir, que no se debe tratar de agotar todos los actos de investigación posibles en el plazo de las diligencias preliminares; sino que se deberían realizar solamente las diligencias urgentes y necesarias para acopiar elementos de convicción que permitan afirmar la existencia de indicios reveladores de la existencia del delito, y que hayan hecho posible la individualización de los presuntos autores o partícipes del mismo. Tal como se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 330 y 336 del NP, pues mientras el artículo 330 establece el criterio de urgencia y el objeto de las diligencias preliminares de investigación, el artículo 336 precisa la exigencia de indicios reveladores de la existencia de un delito y la individualización del imputado como condición necesaria para pasar a la etapa de investigación preparatoria.

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2. Finalidad de las diligencias preliminares de investigación Según el texto del artículo 330 del NP, las diligencias preliminares de investigación tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido a lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la ley, asegurarlos debidamente. Como se observa del texto normativo antes citado, la finalidad de las diligencias preliminares de investigación consiste en acopiar información que haga posible al fiscal tomar una decisión respecto a la eventual formalización de la investigación o el archivo de la misma. Se afirma que a partir de la formalización de la investigación –que es una decisión unilateral del fiscal–, se da inicio formalmente al proceso penal, pues a partir de ese acto procesal del fiscal que comunica al juez de la investigación preparatoria, el Ministerio Público pierde la posibilidad de poner fin al conflicto jurídico penal por decisión propia, y será el juez quien deberá poner fin al proceso penal, ya sea por medio de una sentencia (condenatoria o absolutoria) o un auto de sobreseimiento. Lo dicho constituye el fundamento de por qué resulta indispensable la individualización del imputado, pues no se explica que se dé inicio formal a un proceso penal sin que exista un procesado ya individualizado y menos que se dé inicio formal a un proceso penal sin que existan indicios reveladores que indiquen la comisión de un delito, pues por el principio de legalidad procesal nadie puede ser procesado por un hecho que no constituye delito. Finalmente, resulta ineludible asignarle a las diligencias preliminares la finalidad de asegurar elementos materiales de la comisión del delito, pues la construcción de una teoría del caso debe tener su punto de partida en el inicio de la investigación para asegurar el material probatorio que por la variable tiempo podría alterarse o desaparecer, pues la teoría del caso necesariamente comprende el análisis del material probatorio(62).

(62) BENAVENTE, Hesbert. Ob. cit., p. 47.

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En resumen, y recogiendo lo que dice el artículo 330, inciso 1 del NP, el fiscal dispone las diligencias preliminares o las realiza por sí mismo a fin de determinar si debe formalizar o no la investigación preparatoria, así como asegurar los elementos materiales de la comisión del delito. 3. Plazo de las diligencias preliminares A partir de la modificación introducida por el artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, el inciso 2 del artículo 334 del NP establece que el plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Hasta antes de la modificatoria de la Ley Nº 30076, el plazo ordinario de las diligencias preliminares era de 20 días, pero en la actualidad es de 60 días, lo que, de alguna manera, supone –por parte del legislador–, un reconocimiento de la necesidad de contar con un plazo mayor incluso para casos simples. Por otro lado, se advierte un problema de técnica legislativa en esta norma, en cuanto nos remite erróneamente al artículo 3 del NP, ya que este dispositivo se refiere a la comunicación al juez de la investigación preparatoria de la “disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria”, lo que no tiene ninguna relación con el plazo de las diligencias preliminares. Otro aspecto importante de la norma objeto de análisis, se encuentra referido a la salvedad que se hace respecto al plazo de las diligencias preliminares cuando se produce la detención de una persona. Al respecto, debemos reconocer que la norma no precisa si se trata de una detención en flagrancia o de una detención preliminar judicial o un arresto ciudadano, las que también tienen sus plazos de 24 horas para delitos comunes y de 15 días para los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, y de siete días cuando se trata de detenciones

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preliminares judiciales cuando el juez la convalida a solicitud del Ministerio Público. Luego, si tomamos como referencia las formas de detención antes indicadas y sus plazos, pero además lo prescrito por el inciso 1 del artículo 264, en cuanto señala que al término del plazo de detención policial o la detención preliminar, el fiscal decide si ordena la libertad del detenido o si, comunicando al juez de la investigación preparatoria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa; queda claro que en el supuesto en el que el fiscal adopte la decisión de solicitar la prisión preventiva de la persona detenida, queda obligado a realizar las diligencias preliminares en un plazo menor al plazo de vencimiento de la detención, ya que de lo contrario la detención del investigado se convertiría en una detención ilegal. En consecuencia, la salvedad en el plazo de las diligencias preliminares para los supuestos en que se produce la detención de una persona, solo se refiere a los supuestos en los que el fiscal adopta la decisión de solicitar la prisión preventiva del detenido, porque en otros supuestos, cuando el fiscal decida dar libertad al detenido o solicitar una medida alternativa a la prisión, puede continuar realizando diligencias preliminares por el plazo de ley, sin que la detención se convierta en una detención ilegal. Por ejemplo, las diligencias preliminares no podrán durar más de 24 hora si al fiscal le comunican la detención de una persona que ha sido intervenida en flagrancia delictiva por realizar un robo agravado, y se cuenta con graves y fundados elementos de convicción que acreditan el delito y la participación de intervenido; pues en tal caso, el fiscal solo contará con 24 horas para realizar las diligencias preliminares, para analizar la situación jurídica del detenido, para preparar la disposición de formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva, y para presentarlos ante el juez de la investigación preparatoria. Otro problema relacionado con el plazo de las diligencias preliminares se encuentra referido al cómputo del mismo, pues existen dos alternativas posibles: a) Que las diligencias preliminares se contabilizan en días hábiles; y b) Que las diligencias preliminares se contabilizan en días naturales o calendarios, es decir, incluyendo los días inhábiles (como son domingos y feriados). 73

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En cuanto a esta última problemática, la interpretación correcta supone incorporar al análisis las normas especiales contenidas en el NP referidas al cómputo de plazos; siendo aplicable lo prescrito por el inciso 3 del artículo 143 del NP(63), en cuanto establece que solo se computará los días inhábiles tratándose de medidas coercitivas que afectan la libertad personal y cuando la ley lo permita, siendo que respecto al plazo de las diligencias la norma pertinente (artículo 334 del NP) no autoriza expresamente contabilizar los días inhábiles, ni se trata de un plazo referido a medidas coercitivas, y en consecuencia, el plazo de diligencias preliminares debería contabilizarse en días hábiles; sin embargo, la Corte Suprema ha emitido la Casación N°66-2010 Puno, en la que se afirma que el cómputo del plazo de las diligencias preliminares se hace en días naturales, con lo cual consideramos que se ha incurrido en un error que la Corte Suprema podría corregir a través de otra casación. En efecto, la Corte Suprema ha incurrido en un error, porque asume que la regla para el cómputo del plazo se encuentra regulado en el artículo 183 del Código Procesal Civil, que establece que se computará conforme al Calendario Gregoriano; precisando en su inciso 1, que el plazo señalado por días, se computará como días naturales; salvo que la ley o el acto jurídico establezca que se haga por días hábiles; cuando lo correcto hubiera sido recurrir a la norma que regula el cómputo de plazos en el NP; es decir, recurrir al artículo 143. Luego de analizar el plazo ordinario de las diligencias preliminares que ahora es de 60 días, corresponde abocarnos al desarrollo del plazo máximo de las diligencias preliminares, pues recordemos que el inciso 2 del artículo 334 del NP prescribe la facultad del fiscal para fijar un plazo distinto; sin embargo, queda por establecer cuál es ese plazo máximo.

(63) “Artículo 143 Cómputo.- Los plazos se computarán: (...) 2. Cuando son por días, a partir del día siguiente hábil de conocido el mandato o de notificado con él. 3. Solo se computará los días inhábiles tratándose de medidas coercitivas que afectan la libertad personal y cuando la Ley lo permita”.

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Con relación a este problema la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento contenido en el décimo segundo fundamento de la Casación N° 02-2008, el mismo que describe lo siguiente: “(…) el plazo de las denominadas diligencias preliminares y fundamentalmente el plazo adicional al de los 20 días que el artículo trescientos treinta y cuatro, le autoriza al fiscal en casos en que por sus características revistan complejidad, no debe ser uno ilimitado y, si bien es cierto, en este extremo de la norma no se precisa de manera cuantitativa cuál es su límite temporal, también es verdad que ello no puede afectar el derecho al plazo razonable que constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso; que por lo demás, deben entenderse como excepcionales, ponderándose el plazo máximo de duración atendiendo a criterios de orden cualitativos conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse siempre presente que las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables conforme lo prescribe el artículo 330 de la Ley procesal y que por estas consideraciones, la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria, regulado en el artículo 342 del NP”. La casación antes citada fue emitida y publicada antes de la modificatoria del artículo 334 inciso 2 del NP introducida por la Ley N° 30076; sin embargo, sin ser el objeto de la casación, la Corte Suprema, señala que el plazo de diligencias preliminares no puede ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria; lo cual nos parece razonable, pero aún impreciso, porque la casación no hace alusión a los supuestos de procesos complejos y a la duración de las diligencias preliminares para ese tipo de casos. Al respecto, el Tribunal Constitucional(64) ha señalado que la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar no puede ser advertida por el simple transcurso cronológico del tiempo, como si se tratase de una actividad mecánica, sino que más bien se trata de una actividad compleja que requiere del uso de un baremo de análisis especial que

(64) STC Exp. Nº 2748-2010-PHC/TC.

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permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación (actuación del investigado, actuación del fiscal y la naturaleza de los hechos objeto de la investigación). Asimismo, este Tribunal considera que el plazo razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que tal razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso. A continuación se transcriben los fundamentos 5 al 10 de la sentencia del Tribunal Constitucional. (...) 5. El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación del derecho al debido proceso alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra, debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal. Sobre el particular, este Tribunal en la STC Exp. Nº 5228-2006-PHC/TC, caso Gleiser Katz, ha precisado con carácter de doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar del Const.) que para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar, se debe acudir cuando menos a dos criterios: Uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación. 6. Dentro del criterio subjetivo, en cuanto se refiere a la actuación del investigado, es de señalar que la actitud obstruccionista de este puede manifestarse en: 1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la investigación; 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar 76

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información que sea relevante para el desarrollo de la investigación; 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación prejurisdiccional; y, 4) en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia penal. 7. En cuanto a la actividad del fiscal, los criterios a considerar son la capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. Si bien se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público, esta es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. Ahora bien, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no diligencia por parte del fiscal a cargo de la investigación deberá considerarse la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para el esclarecimiento de los hechos y la formalización de la denuncia respectiva u otra decisión que corresponda. 8. Dentro del  criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional, cabe comprender la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto a investigar. Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no solo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados más aún si se trata de organizaciones criminales nacionales y/o internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como la complejidad de las actuaciones que se requieran para investigar los tipos de delitos que se imputan al investigado; como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público.

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9. Sobre lo anterior, cabe precisar que, la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar no puede ser advertida por el simple transcurso cronológico del tiempo, como si se tratase de una actividad mecánica, sino que más bien se trata de una actividad compleja que requiere del uso de un baremo de análisis especial que permita verificar las específicas circunstancias presentes en cada investigación (actuación del investigado, actuación del fiscal y la naturaleza de los hechos objeto de la investigación). Asimismo, este Tribunal considera que el plazo razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que tal razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso. En ese sentido, esta especial evaluación debe ser realizada en principio por el propio fiscal a cargo de la investigación (de oficio o a pedido de parte), mediante una decisión debidamente motivada, o por el juez constitucional cuando conozca de procesos constitucionales en que se alegue la afectación de este derecho constitucional. 10. Por otro lado, si bien el NP de 2004 aún no está vigente en todo el país, no cabe duda de que este cuerpo legal contiene diversos dispositivos que contribuyen al perfeccionamiento del Derecho Procesal peruano que se erige como el programa procesal penal de la Constitución, y que por tanto, pueden servir de parámetro interpretativo para la solución de otros casos en que sean aplicables. En ese sentido, en aras de optimizar la tutela del derecho al plazo razonable de la investigación, este Tribunal considera que en las investigaciones preliminares que se inicien bajo la vigencia y aplicación de los alcances del Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal de 1991, el fiscal conforme a dichas normas, debe fijar un plazo razonable de la investigación preliminar según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de la investigación, y de ser el caso, justificar las razones por las cuales debería continuarse con la realización de la investigación. 78

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A partir de la interpretación conjunta de la Casación N° 02-2008 y de la referida sentencia del Tribunal Constitucional, se podía afirmar que el plazo máximo de las diligencias preliminares podría llegar, según su complejidad, hasta dieciséis meses –plazo máximo de la investigación preparatoria de un proceso complejo incluyendo los ocho meses de prórroga dispuestos por el juez de la investigación preparatoria–; sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema(65) se ha ratificado en lo señalado en la Casación Nº 2-2008, en cuanto el plazo de diligencias preliminares no puede ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria de 120 días, aun cuando se trate de casos complejos, basando su argumentación; en que, si bien se ha establecido que la investigación preparatoria en casos complejos deberá de contar con un plazo mayor a aquellos que se denominan casos “ordinarios”; sin embargo, ello no obliga a que dicha distinción de plazos se efectúe también para las diligencias preliminares, por una sencilla razón, y es que la investigación preparatoria tiene por finalidad reunir todos los elementos probatorios suficientes, a fin de poder sustentar su acusación; esto es, probar su teoría del caso, por ello que en casos complejos sí resulta de suma importancia un plazo más extenso –y no así ilimitado– para la investigación propiamente dicha; lo cual resulta innecesario y fuera de la finalidad que arriba las diligencias preliminares. Sin duda que la fundamentación de la Corte Suprema reviste coherencia lógica en un plano meramente jurídico normativo; sin embargo, la Corte Suprema ha renunciado a realizar un análisis jurídico que integre el aspecto social, pues el Derecho, no se reduce a normas, sino que esas normas se dirigen a lograr solucionar problemas que surgen de la interacción social y adicionalmente el andamiaje del Sistema Penal posee tantas limitaciones y deficiencias que la Corte Suprema debió contemplar; pues en los casos complejos la investigación suele demandar tanto tiempo, que el plazo de diligencias preliminares por 120 días sumado al de la investigación preparatoria no resultan suficientes. Sin duda que la Corte Suprema no ha revisado las estadísticas y los indicadores de los procesos complejos tramitados en nuestro país,

(65) Casación N° 318-2011, emitida por Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

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tampoco ha contemplado las grandes deficiencias de las agencias del sistema penal, y por último, tampoco ha tomado en consideración las experiencias de otros países que han desarrollado enormemente en la lucha contra el crimen organizado; sin embargo, tenemos que recordar que la casación N° 318-2011, no declara expresamente que tenga efectos vinculantes, y ante ello, los jueces podrían adoptar criterios de interpretación diferentes, asumir el criterio esbozado por el Tribunal Constitucional y apartarse de este criterio desarrollado por la Corte Suprema con una debida y razonable motivación de su decisión. La exigencia relativa al plazo de las diligencias preliminares de investigación tiene que ver con la necesidad de garantizar un derecho fundamental, como es el derecho a ser investigado y procesado en un plazo razonable; por ello, el NP ha diseñado un mecanismo denominado “control de plazos”, que permite garantizar de manera efectiva este derecho fundamental; pues ante el supuesto de una prolongación excesiva del plazo de diligencias preliminares de investigación, quien se considere afectado por ello, solicitará al fiscal para que en el plazo de cinco días le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días, instando su pronunciamiento. El juez resolverá previa audiencia, con la participación del fiscal y del solicitante. 4. Formas de realización de las diligencias preliminares Uno de los principios rectores de nuestro sistema procesal penal hace alusión a la titularidad de la acción penal que recae en el Ministerio Público, quien a su vez asume la conducción de la investigación desde su inicio, tal como lo señala el inciso 1 del artículo IV del TP y el artículo 60, inciso 2 del NP; sin embargo, la dirección o conducción de la investigación no significa que los actos de investigación sean realizados necesariamente por el fiscal, pues el artículo 65, inciso 2 del NP prescribe que, en cuanto tenga noticia del delito, el fiscal realizará –si correspondiera– las primeras diligencias preliminares o dispondrá que los realice la Policía; asimismo, el artículo 330, inciso 1, establece que, el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía

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o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria. A partir de la norma antes citada, se advierte que existen dos formas de realizar las diligencias preliminares; en el despacho fiscal y en sede policial, la primera cuando el fiscal decide realizar por sí mismo las diligencias preliminares y, la segunda, cuando el fiscal dispone que sea la Policía quien realice las diligencias preliminares de investigación. 4.1. Diligencias preliminares en el despacho fiscal

Una de las alternativas que maneja el fiscal al momento de decidir la realización de una investigación preliminar, consiste en disponer la investigación en el despacho fiscal, en cuyo caso, las diligencias las realizará por sí mismo el fiscal; aunque ello signifique que en dicha diligencia el fiscal no pueda requerir el auxilio de la Policía, pues como lo prescribe el artículo 60, inciso 2 del NP la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función; por otro lado, las diligencias preliminares en el despacho no significan tampoco que el fiscal no pueda programar diligencias fuera del despacho fiscal, pues ello sí es posible tal como lo prescribe el artículo 116 del NP, las actuaciones procesales se realizarán en el despacho del fiscal, no obstante el fiscal podrá constituirse a cualquier lugar del territorio nacional, cuando resulte indispensable y no sea imposible o de muy difícil obtención, conocer directamente elementos de convicción decisivos en una causa bajo su conocimiento.



Otro aspecto importante está referido al criterio que el fiscal debe adoptar para definir si la investigación se realiza en el despacho fiscal. Al respecto, se debe reconocer que en las normas no se define ningún criterio que oriente la decisión fiscal; y en tal sentido el fiscal tendrá que decidir en función a estrategias jurídicas aplicables a cada caso pero además atendiendo a criterios de gestión del despacho fiscal, pues es complicado que el fiscal realice todas sus investigaciones en un despacho, por ello puede significar el congestionamiento de la agenda fiscal

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y el retraso en la tramitación de los demás casos a cargo de dicho fiscal. 4.2. Diligencias preliminares en sede policial

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La otra alternativa que maneja el fiscal al momento de disponer diligencias preliminares, consiste en disponer la investigación preliminar en sede policial; pero en este caso, el fiscal –como director de la investigación– entre otras indicaciones deberá precisar su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez; pues como lo señala el artículo 65, inciso 3 del NP, la función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del fiscal.



Esta modalidad de realizar las diligencias preliminares no exime ni excluye al fiscal de participar en ellas, salvo que el fiscal disponga la realización por delegación fiscal, en cuyo caso las diligencias de investigación serán realizadas por la Policía.



Cuando la norma hace alusión a la obligación del fiscal de precisar el objeto de la investigación, debe entenderse que en la disposición fiscal que se dispone las diligencias preliminares se debe indicar el hecho investigado descrito con base en proposiciones fáticas y las diligencias que la Policía debe practicar para el esclarecimiento de los hechos.



A partir de las modificatorias introducidas con la Ley Nº 30076 en esencia se mantiene las reglas sobre la potestad de conducción de la investigación que compete al fiscal y sobre el deber de la Policía de cumplir las disposiciones fiscales relativas a la investigación, con la salvedad de que se han introducido referencias sobre la posibilidad de la PNP de emitir recomendaciones sobre las pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la investigación, tal como se desprende del contenido del artículo 67 inciso 4 del NP.

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5. Contenido de la disposición de diligencias preliminares Cuando el artículo 65.3 hace alusión a las diligencias preliminares en sede policial exige mencionar el objeto de la investigación y las diligencias a realizar, pero esa exigencia no se encuentran prevista expresamente cuando se trata de diligencias preliminares en el despacho fiscal; en tal sentido, surge una interrogante con relación al contenido de la disposición para tales supuestos y si esta debe precisar también su objeto y las diligencias a realizar. Al respecto corresponde revisar las normas pertinentes, pues, por un lado el artículo 64 inciso 1 del NP prescribe que el Ministerio Público formulará sus disposiciones en forma motivada y específica, de manera que se basten a sí mismos; y por otro, el artículo 71, inciso 2, literal a) del mismo texto normativo, prescribe que el imputado tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra como mecanismo para garantizar el derecho a la defensa consagrado en el artículo 139, inciso14 de la Constitución y en el artículo IX del Título Preliminar del NP, en cuanto señala que el imputado tiene derecho a que se le comunique la imputación formulada en su contra. De lo anterior se desprende referida a la descripción del hecho investigado en la disposición de diligencias preliminares a fin de cumplir con la exigencia formal del artículo 64, inciso 1 del NP y además como mecanismo para garantizar el derecho a la defensa del imputado. La observancia de esta exigencia se relaciona como el principio de imputación necesaria, y en mérito a ello, algunos abogados exigen precisión y exhaustividad en la descripción del hecho y en su calificación jurídica; sin embargo, a nivel de las diligencias preliminares dicha exigencia resulta exagerada como lo señala James Reátegui(66). Con relación a este problema y siempre partiendo del principio de imputación necesaria podemos distinguir hasta tres perspectivas. a) que el principio de imputación necesaria debe ser garantizado a partir de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; b) que el principio de imputación necesaria se garantice desde (66) REÁTEGUI, James. Nuevo proceso penal y delitos contra la istración Pública. Jurista Editores, Lima, 2014, p. 397.

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la disposición de diligencias preliminares con precisión y exhaustividad en la descripción de los hechos y la calificación típica; y c) que el principio de imputación necesaria se garantice desde la disposición de diligencias preliminares, pero sobre la base de una descripción tentativa de los hechos imputados y con una calificación jurídica todavía genérica. Respecto a la primera postura James Reátegui señala que la imputación (formal) comienza cuando el fiscal emite la disposición de continuación y formalización de la investigación preparatoria; pues es allí donde comienza a custodiarse el principio de imputación necesaria, tal como se desprende del contenido del artículo 336 inciso 2 del NP, en cuanto prescribe que la disposición de formalización contendrá: “b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente”. Con relación a esta primera perspectiva del tema, es correcto afirmar que el principio de imputación necesaria debe estar garantizado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, pero ello no significa que no deba garantizarse durante las diligencias preliminares, porque lo contrario significaría desconocer las garantías del derecho a la defensa y del derecho del imputado a conocer los cargos formulados en su contra. La segunda postura, que es adoptada en la práctica procesal por los abogados de la defensa, constituye una exageración, porque implica desconocer que las diligencias preliminares tienden a establecer la delictuosidad del hecho; y en tal sentido no se puede exigir una calificación típica exacta o específica, porque aún es muy prematuro para ello(67). Finalmente, consideramos más razonable la tercera perspectiva del tema, porque si bien hay que darle un alcance fáctico y jurídico del hecho al imputado, para que este pueda hacer uso de su derecho de defensa, ello no significa que tenga que realizarse una calificación típica precisa y mucho menos de naturaleza descriptiva, ya que incluso las proposiciones fácticas iniciales podrán cambiar en función del resultado, por ello

(67) En el Caso N°1449-2012 en el que se había dado inicio a diligencias preliminares por delito de lavado de activos, la defensa solicitó que el fiscal precise desde este estadio el tipo penal materia de imputación.

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Hesbert Benavente(68) señala que la teoría del caso empieza a construirse desde el primer momento en que se tiene conocimiento de los hechos. Se plantea inicialmente como hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Estas hipótesis deben ser sujetas a verificación o comprobación mediante las diligencias que se practican durante la investigación. Las hipótesis de investigación se convierten en teoría al analizar la misma. Se modifica y se ajusta hasta que empieza el juicio. 6. La reserva y el secreto de la investigación En el nuevo modelo procesal penal, la investigación tiene carácter reservado, es decir, que solo podrán enterarse de su contenido las partes directamente o a través de sus abogados debidamente acreditados, conforme lo señala el artículo 324, inciso 1 del NP y adicionalmente las partes podrán obtener copias simples de los actuados. En mérito al principio de reserva de la investigación se suelen cuestionar injustificadamente algunas actuaciones de investigación del Ministerio Público o de la Policía, porque su realización necesariamente implica ventilar ante terceros el hecho que es materia de investigación. Ello ocurre por ejemplo cuando el fiscal realiza una reconstrucción de los hechos en un lugar público donde concurren personas ajenas a la investigación; o en una diligencia de inspección o en otro tipo de diligencias que se desarrolle en un contexto de publicidad, incluyendo las audiencias de la etapa de investigación; sin embargo, ello no significa afectación alguna al principio de reserva porque si bien la reserva supone que solo las partes puedan enterarse del contenido de la investigación, existen una serie de supuestos como ocurre en los ejemplos anotados, en los que resulta imposible evitar que terceros se enteren del contenido de la investigación, siempre que la realización de las referidas diligencias sean necesarias y útiles para el esclarecimiento del hecho que es objeto de investigación. Sobre la base del razonamiento anterior, queda claro que la garantía de “reserva de la investigación” es relativa, pues en algunos supuestos se pueden generar espacios que permitan a terceros tomar conocimiento

(68) BENAVENTE, Hesbert. Ob. cit, p. 70.

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del contenido de la investigación, sin que ello signifique necesariamente una violación o vulneración de la garantía de la reserva; pues si se trata de diligencias de investigación o actos procesales necesarios y además previstos por la ley, no se habrá producido afectación alguna al principio de reserva de la investigación(69). Por otro lado, el “secreto de la investigación” tiene una connotación diferente, pues implica que por un plazo determinado ni siquiera las partes tendrán a las actuaciones de las investigaciones o a los documentos que forman parte de la misma. Respecto al secreto existen dos normas jurídicas contenidas en el NP (artículo 68, inciso 3 y artículo 324, inciso 2), las que aparentemente serían contradictorias, pues mientras el artículo 68.3 establece que el fiscal decretará el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas; el artículo 324 inciso 2 prescribe que el fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de 20 días. En las normas antes citadas aparentemente existe una contradicción en cuanto al plazo para el secreto; sin embargo, si realizamos una interpretación literal y sistemática de estas normas podemos establecer diferencias sustanciales entre ellas y nos permitirán descartar esa contradicción aparente. En principio si aplicamos la interpretación sistemática debemos reconocer que por su ubicación en el libro tercero, sección I, título I del NP –referido a las normas generales de la investigación preparatoria–, el “secreto de las actuaciones o documentos” previsto por el artículo 342

(69) Como consecuencia de la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 5059-2010, la defensa de los imputados cuestionó la actuación fiscal a través de una queja ante el Órgano Desconcentrado de Control Interno de La Libertad (Expediente N° 85-2012 ); aduciendo afectación al principio de reserva de la investigación porque el fiscal se constituyó a un lugar alejado de la sierra, solicitó apoyo para que garantice su seguridad y en presencia de los efectivos policiales antes indicados y algunos familiares directos del imputado, procedió a tomar la declaración indagatoria. En el caso ante citado no se aprecia de modo alguno la afectación al principio de reserva de la investigación porque la presencia o asistencia de la Policía en las diligencias de investigación se encuentra previsto taxativamente en las normas (artículo 67, inciso 2, artículo 60, inciso 2 del NP).

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inciso 2 del NP, se encuentra referido a la etapa de investigación preparatoria, y como tal, no posibilita decretar el secreto de toda la investigación, sino de algunas actuaciones y su plazo está fijado por la norma en 20 días, que son prorrogables por 20 días más por mandato del juez; en tanto que el artículo 68 inciso 3, se encuentra referido al secreto de las diligencias preliminares, y en ese caso, el plazo estaría sujeto al plazo de las diligencias preliminares de investigación, porque la norma establece que el secreto cesará antes de la culminación de la misma.

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MODELOS •

Modelo de acta de denuncia verbal ante la Policía

ACTA DE DENUNCIA VERBAL Nº 40-2014-NP-EL MILAGRO POR PRESUNTO D/C/P-USURPACIÓN En el Centro Poblado Menor El Milagro-Distrito de Huanchaco, siendo las 14:20 horas del 15 de febrero de 2014 se presentó a esta NP El Milagro, la persona de ELÍAS ROJAS PAJUELO (42) natural de la Provincia del Callao-Lima, soltero, representante legal de la Empresa PILU S.A., con ocupación Superior completa, con DNI Nº 25551499 y domicilio en Panamericana Norte Km 666, con la finalidad de formular la presente denuncia: Que un morador de la zona del sector VIII del Centro Poblado Menor El Milagro, le llamó vía telefónica a horas 09:00 aproximadamente; comunicándole que un terreno de aproximadamente 6 hectáreas que es de propiedad de su representada y que se ubica entre las Mzs. I y J del referido Centro Poblado; había sido invadida parcialmente por parte de cincuenta (50) personas provistas de palos y esteras, los mismos que violentamente habían sacado a los dos guardianes que cuidaban esta parte del terreno y habían ingresado a ocupar indebidamente dicho inmueble en horas de la madrugada; asimismo indica que el inmueble fue adquirido por su representada de su anterior propietario el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC del Gobierno Regional La Libertad y está debidamente inscrita en los registros públicos de la Sunarp, documentación que el denunciante refiere estará haciendo entrega en su debida oportunidad. Lo que denuncia a la PNP para los fines del caso, firmando la presente acta en presencia del instructor que certifica



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EL INSTRUCTOR

EL DENUNCIANTE

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Modelo de denuncia verbal ante el Ministerio Público

CASO Nº 543-2014 DENUNCIA VERBAL En la ciudad de Trujillo, siendo las 06:20 del 28 de enero de 2014, en el Primer Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de la señorita fiscal adjunta provincial de turno, compareció: DENUNCIANTE: MARIELA LLAPO CALDERÓN, con DNI Nº 43433434, con domicilio en Calle San Jorge 172 - El Porvenir, a tres cuadras de la PIP, nacida el 17/09/1985 en Trujillo, sus padres Róger y Magdalena, soltera, sin hijos, con educación secundaria completa, vendedora de ropa por menor, católica, con teléfono de referencia 985743624 (Movistar). DENUNCIADA: ROCÍO GARCÍA JUÁREZ con domicilio en Manuel Seoane frente a la DEPINCRI - Sector Víctor Raúl - El Porvenir. HECHOS DENUNCIADOS: LESIONES Refiere la denunciante que el domingo 26/01/2014 fue con su enamorado PERCY RAMOS LÓPEZ a la inaguración de la Cevichería “Conchas y Camarones” del hermano de la denunciada, que no recuerda el nombre, solo que le dicen “Moreno”, ubicada frente a la DEPINCRI de Manuel Seoane - El Porvenir, y estuvo desde las 6 de la tarde, en compañía de su mencionado enamorado y de sus amigos; y a eso de las 7:30 horas aproximadamente, se acerca su amigo CRISTIAN de quién no recuerda sus apellidos, y le dice que ROCÍO GARCÍA JUÁREZ la estaba mirando mal, y ante esa alerta recién se da cuenta que cuando bailaba efectivamente ROCÍO la miraba como enojada, entonces le dijo a su enamorado para retirarse de ese lugar.

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Que a eso de las 8:00 horas cuando estaban saliendo de la cevichería con su enamorado la denunciada ROCÍO se acerca por detrás, la toma del cabello y la agrede rasguñándole el rostro, y luego con un vaso en la mano le tiró en el lado izquierdo de la cabeza, rompiendo el vaso, y luego con los vidrios de este le ha hecho un corte en el lado derecho de la cara además le ha dado golpes de puño en la cabeza y en el ojo izquierdo, refiriendo que en ese momento perdió algo del equilibrio y empezó a ver un tanto nublado, por lo que la gente que estaba en el lugar interviene y detuvieron a la agresora y la metieron a la cevichería, mientras ella fue apoyada por su amigo CRISTIAN y su enamorado, quienes la llevaron a la Posta Santa Isabel, en donde le limpiaron las heridas superficialmente, porque le dijeron que no eran cortes profundos y por eso se fue a su casa.

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Modelo de denuncia escrita de parte REGISTRO N° FORMULO DENUNCIA POR DELITOS DE LESIONES GRAVES Y VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO MARGARITA RAMOS ORTIZ, identificada con DNI Nº 19030903, con domicilio real en la Av. América Nº 622 y domicilio procesal en Bolívar 565 Oficina 207; ante usted respetuosamente expongo: PETITORIO Formulo denuncia contra Alejandro JUÁREZ IDROGO (domiciliado en Mz. C Lote 15 - Urb. Los Jardines) por la comisión de los delitos de Lesiones Graves y Violación de la Libertad Sexual cometidos en mi agravio; y, en consecuencia, SOLICITO que luego de las diligencias preliminares más urgentes se proceda a formalizar la investigación preparatoria y se requiera la prisión preventiva ante el juez de la investigación preparatoria, en atención al fundamentos fácticos y jurídicos que paso a exponer. FUNDAMENTOS DE HECHO 1. Que con el denunciado Alejandro JUÁREZ IDROGO, lamentablemente me encuentro ligada por vínculo matrimonial desde el año 2000, y como fruto de tal relación tenemos un hijo de 10 años de edad; sin embargo, dejamos de vivir juntos desde hace aproximadamente 6 años atrás, puesto que hizo abandono de hogar por razones que tienen que ver con su propia personalidad conflictiva y conducta desordenada, lo que lo llevó a golpearme en una primera oportunidad. 2. Que, durante todo el tiempo que vivimos juntos e incluso durante todo el tiempo que llevamos separados, nunca pudimos ser felices y siempre trató de hacerme la vida imposible, mediante amenazas diversas, maltratos psicológicos e incluso maltratos físicos; con lo que me atemorizó en todo momento y me inhibió para denunciar estos hechos anteriormente.

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3. El día jueves 20 de marzo del presente, aproximadamente a las 11:00 p.m., llegó hasta mi casa ubicada en la av. América Nº 622 de esta ciudad, en el automóvil que normalmente realiza servicio como taxista, y me pidió que lo acompañara para comer algo, aduciendo que lo hacía porque al día siguiente era mi cumpleaños, pero a pesar de que me insistió tanto con el tema yo no acepté su invitación por las razones que expliqué en el punto anterior. 4. Ante mi negativa, me pidió que subiera a su auto para conversar, a lo que accedí sin pensar lo que podría ocurrir, pues apenas subí en el asiento del copiloto y cerré la puerta del carro del lado derecho, él puso en marcha el carro, que ya lo tenía encendido; conduciéndome contra mi voluntad hasta el local de Parrilladas cuyo nombre no recuerdo, ubicado cerca de la avenida El Ejército, a donde llegamos a las 11:15 aproximadamente y donde me obligó mediante amenaza a permanecer por espacio de 2 horas aproximadamente, mientras comía y me hablaba sobre diversos temas absurdos que siempre plantea en su conversación, como que va a hacer un viaje para matar a alguien en el norte, o que se quiere suicidar. 5. Luego me hizo subir nuevamente a su carro y me llevó hasta una cochera ubicada cerca por la Urb. Los Jardines, donde guardó su carro; durante este trayecto yo le pedía que me llevase a dejar a mi casa, y él me decía que no me preocupe que no me iba a pasar nada. Cuando llegamos a la cochera me bajó del carro a la fuerza, tomándome de un brazo hasta llegar a la calle, donde logré soltarme e intenté tomar un taxi, pero me volvió a alcanzar y a empujones me hizo caminar como cinco cuadras, diciéndome que no me pasaría nada; entonces le insistí que me regresara a mi casa, pero hizo que el carro se dirija a una casa ubicada en Mz. C Lote 15 - Urb. Los Jardines de esta ciudad, a donde llegamos aproximadamente a las 1:45 a.m. del día 21 de marzo. 6. Al llegar a dicha casa, donde me dijo que vivía actualmente, me bajó a la fuerza y me subió de los pelos hasta su habitación ubicada en el tercer piso de dicha casa, sin poder ser auxiliada por nadie puesto que, la calle estaba desolada y además las escaleras de a la habitación son exteriores. Al ingresar a su habitación, cerró la puerta con llave y me pidió que me sacara la ropa y como no accedí, se enfureció y se puso como un animal, llegando a insultarme, a golpearme brutalmente

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con los puños en la cabeza y en la cara; y ante mis gritos de auxilio, trató de asfixiarme con la almohada, para finalmente sacar un arma de fuego y apuntarme diciéndome que si no tenía sexo con él me iba a matar; así que no me quedó más que resistir que abusara sexualmente de mí (estado de imposibilidad para resistir), por el temor a que me matara y por el estado en que me encontraba en esos momentos, por los golpes recibidos en la cabeza y en el ojo izquierdo que en ese instante se me cerró casi por completo y porque sentía que me faltaba el aire y sentía la cabeza como adormecida.

7. Luego de ultrajarme física y sexualmente, no me permitió que saliera de ese lugar hasta las 5:30 a.m. aproximadamente, que empezaba a aclarar la luz del día, llevándome hasta mi casa y dejándome allí como si fuese un objeto, y sin mostrar ni siquiera un poco de arrepentimiento, sino que por el contrario me amenazó con hacerme más daño a mí como a mi menor hijo. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1. Tratándose de una agraviada con mayoría de edad, por el uso de un arma de fuego, y que la conducta violenta del sujeto agente ha sido ejercida de tal forma y con tal intensidad que colocaron a la víctima en imposibilidad de resistir el ataque; los hechos denunciados encuadran en los tipos penales de “violación de la libertad sexual agravada”, “violación sexual de persona en imposibilidad para resistir” y “lesiones”; generándose en el presente caso un “concurso ideal de delitos”, pues se trata de una sola conducta desplegada por el agente (unidad de acción) que encuadra en tres tipos penales. 2. El delito de “violación de la libertad sexual agravada” se encuentra previsto en el artículo 170 inciso 1 del Código penal, que sanciona con una pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación, cuando la violación se realiza a mano armada, como ocurrió en el presente caso. El delito de “violación sexual de persona en imposibilidad para resistir” está sancionado por el artículo 171 del Código Penal, pues la acción del sujeto agente antes de abusar sexualmente de la víctima –golpes recibidos en la cabeza y en el ojo izquierdo que en ese instante se le cerró casi por completo a la agraviada, quien refiere además que por los golpes sentía que le faltaba

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el aire y sentía la cabeza como adormecida. Y el delito de lesiones se encuentra regulado por el artículo 122 del Código Penal, y resulta aplicable en la medida que el sujeto agente ha ocasionado lesiones a la integridad física de la víctima. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: A fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de la presente denuncia; solicitamos se practiquen los siguientes actos de investigación: • El reconocimiento médico legal de urgencia. • Diligencia de allanamiento del inmueble del denunciado a fin de encontrar evidencias materiales de los hechos denunciados. • Toma de muestras biológicas a fin de realizar pericia de homologación. ANEXOS: 1. Copia de DNI. 2. Copia simple de Partida de matrimonio. 3. Fotografía donde se aprecia la lesión en el rostro producida por el denunciado.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted se sirva ordenar las diligencias urgentes y en su momento proceda a formalizar la investigación preparatoria conforme a Ley.

Trujillo, 21 de marzo de 2014.

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Modelo de denuncia por acción popular(70)

I. DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE Nombre completo: Apellido paterno Martínez Nombre(s)

Apellido materno Tudela

Juan Miguel

Relación con la víctima:

Ninguna

Documento de identidad: DNI [X]

LM [ ]

Pasaporte [ ]

Partida nacimiento [ ]

Carné de extranjería [ ] otros [ ] Nº 18171699 Sexo: M [X] F [ ] Fecha de Nacimiento: 15/01/1969

Edad: 45 años

Lugar de Nacimiento: País: Perú

Departamento: La Libertad

Ciudad: Trujillo

Provincia: Trujillo

Distrito: Trujillo

Dirección domiciliaria: Calle 1 Lote 23 AA.HH. Las Flores - Buenos Aires Sur - Distrito de Víctor Larco. ¿Desea reservar frente a terceros la dirección domiciliaria? No [X] Sí [ ] Dirección de Notificación: Calle 1 Lote 23 AA.HH. Las Flores - Buenos Aires Sur - Distrito de Víctor Larco Teléfono de o: 04425922 Correo electronico:

No tiene

(70) Este es un formato oficial del Ministerio Público para la recepción de denuncias por acción popular.

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II. MOTIVO DE DENUNCIA Que a media cuadra de mi domicilio, en el Lote 12 de la calle 1 AA.HH. Las Flores - Buenos Aires Sur - Distrito de Víctor Larco; desde hace algunos meses atras llegan al referido inmueble una serie de personas desconocidas a comprar drogas ilícitas (como pasta básica de cocaína y marihuana). En dicho local atiende una persona de sexo masculino a quien la gente lo conoce con el apelativo de “EL CHOCHO”, quien es una persona de aproximadamente 45 años, que se dedica a vender droga a las personas que concurren a ese lugar; lo que denuncio a fin de que se realice una investigación y se intervenga ese local de venta de drogas ilícitas, porque esta actividad ilícita genera que personas ajenas y de mal vivir se acerquen a nuestro domicilio. Hora, fecha y lugar de los hechos: El hecho ocurre todos los días desde hace aproximadamente 6 meses. Datos y características de los presuntos autores: Persona de sexo masculino a quien la gente lo conoce con el apelativo de “EL CHOCHO”, quien es una persona de aproximadamente de 45 años, cabello lacio y negro, de 1.70 metros aproximadamente ______________ Posible ubicación de los presuntos autores: Lote 24, Calle 4 AA.HH. Las Flores - Buenos Aires Sur - Distrito de Víctor Larco Datos y características de los presuntos testigos: _____________ Posible ubicación de los presuntos testigos:

_____________

Condición de la víctima: Adulto (a) Menor - Fallecido Desaparecido Incapaz Especificar si se utilizó armas: Instrumento punzo-cortante

Objeto

Contundentes Otros

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Fuego

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Detalle: _________________________________________________________ Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad: No [ ] Sí [ ] Precise: ___________________________________ Declaro que se me ha informado que puedo abstenerme de formular denuncia contra mí mismo, contra mi cónyuge, conviviente legal, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, parientes por adopción, por hechos que he conocido en el ejercicio de una profesión amparada por el secreto profesional conforme a los artículos IX.2 Y 165.2. Del NP. Asimismo, que lo declarado es conforme a la verdad y que se me ha informado acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurre en denuncia calumniosa (artículo 402 Del ). Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora: _________________________ Firma _________________

Huella ___________________

Firma _________________

Huella ___________________

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Modelo de disposición fiscal de investigación preliminar en despacho fiscal

CASO Nº 778-2012 Disposición de investigación preliminar Trujillo, dieciséis de marzo de dos mil doce DADO CUENTA: Con la denuncia de parte formulada contra el Gerente del Banco SDFF y contra MANUEL PINTO MALLAP y LUNA VILLEGAS ANACLETO y los que resulten responsables de los delitos de Hurto Agravado, falsedad material en su forma de falsificación de documento privado y uso de documento privado falso; y CONSIDERANDO Al haberse tomado conocimiento de hechos presumiblemente punibles para el Derecho Penal, resulta necesario realizar ciertas diligencias preliminares de investigación a fin de esclarecer el hecho imputado, determinar cómo realmente aconteció, establecer su carácter delictuoso, y acopiar elementos de convicción que permitan vincular a los denunciados como autores o partícipes del mismo. De la denuncia de parte se advierte que el denunciante FÉLIX PEÑA MEDRANO en su calidad de cliente del Banco SDFF, contaba con una tarjeta de crédito “American Express N° 3778-910120-15068”, siendo que a las 20:44 y 20:45 horas del día 30 de noviembre del año 2011, en el establecimiento comercial de la empresa “Mundo de la Naturaleza” se realizaron dos operaciones de compra supuestamente realizadas con tarjeta de crédito y que han sido cargados a la tarjeta de crédito del denunciante por los montos de S/. 20.00 y S/. 20 000.00 nuevos soles, respectivamente. En mérito a las operaciones de compra antes indicadas, el Banco SDFF ha procedido a facturar y cobrar al denunciante los montos correspondientes a tales consumos; ante lo cual el denunciante ha formulado su disconformidad mediante quejas y mediante la presente denuncia, pues afirma que no ha realizado tales operaciones, que no ha realizado dichas compras

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en el referido establecimiento comercial y que por el contrario, antes de que ocurran estos hechos el cliente ya había solicitado la cancelación de su tarjeta de crédito. A partir de los hechos denunciados se advierte que estos tendrían relevancia penal y en mérito a ello resulta indispensable realizar una investigación preliminar a fin de cumplir con el objeto previsto por el artículo 330 inciso 2 del NP. De otro lado, resulta indispensable requerir el informe técnico de la Superintendencia de Banca y Seguros de conformidad con lo prescrito por la cuarta disposición final y complementaria de la Ley Nº 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual prescribe que, en toda denuncia de carácter penal que se interponga contra una empresa del Sistema Financiero y de Seguros o sus representantes, así como cualquier otra supervisada, la autoridad que conozca de dicha denuncia deberá solicitar el informe técnico de la Superintendencia. Por las consideraciones antes expuestas SE DISPONE: ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL DESPACHO FISCAL por el término de 40 días contra el Gerente del Banco SDFF sucursal Trujillo y contra MANUEL PINTO MALLAP y LUNA VILLEGAS ANACLETO y los que resulten responsables de los delitos de Hurto Agravado, falsedad material en su forma de falsificación de documento privado y uso de documento privado falso cometido en agravio de FÉLIX PEÑA MEDRANO. REALIZAR las siguientes diligencias: - Requerir el informe técnico correspondiente a la Superintendencia de Banca y Seguros, para lo cual se deberá remitir copias de la denuncia y de los anexos de la misma. - Solicitar al Banco SDFF un informe en el que se indique el nombre completo y domicilio del representante de la sucursal Trujillo.

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- Requerir al Banco SDFF y a la denunciada LUNA VILLEGAS ANACLETO los vouchers originales de los consumos que se habrían realizado con la tarjeta de crédito “American Express N° 3778-91012015068” el día 30 de noviembre del año 2011 a las 20:44 y 20:45 horas, en el establecimiento comercial “Mundo de la Naturaleza”. Requerimiento que deberá remitir el gerente del banco en un plazo no mayor de diez días hábiles contados desde la notificación de la presente bajo apercibimiento de remitirse copias a la Fiscalía de Turno por delito de desobediencia a la autoridad. - Una vez recabados los vouchers originales de los consumos supuestamente realizados con la tarjeta de crédito “American Express N° 3778910120-15068”, realizar la pericia grafotécnica, para determinar si la firma atribuida a FÉLIX PEÑA MEDRANO es auténtica o falsificada para lo cual oportunamente se deberá requerir al denunciante a fin de que se presente a la oficina de Criminalística de la PNP para la toma de muestras de su firma y letra, y además para que proporcione diversos documentos suscritos por su persona a fin de posibilitar la realización de la pericia grafotécnica ordenada. - Tomar la declaración de la denunciada LUNA VILLEGAS ANACLETO, quien deberá concurrir a este despacho fiscal con su abogado defensor el día 29 de marzo de 2012 a las 11:00 horas. - Requerir un informe al establecimiento comercial “Mundo de la Naturaleza” respecto a: a) Los productos que se vendieron, y b) El nombre y datos personales de la persona que atendió la venta de tales productos. NOTIFÍQUESE a las partes conforme a ley.

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Modelo de disposición fiscal de investigación preliminar en sede policial CASO Nº 3206-07 Disposición de investigación preliminar Trujillo, diez de agosto de dos mil siete DADO CUENTA.- Con la denuncia de parte formulada contra LUIS RAMOS AGAPITO, RAFAEL RUIZ VALDEZ y JUAN CASANOVA MALCA por la comisión del delito de Usurpación Agravada en agravio de la empresa de Transportes y Servicios Múltiples Nuevos Girasoles S.A. y contra LUIS RAMOS AGAPITO, RAFAEL RUIZ VALDEZ y JUAN CASANOVA MALCA por la comisión de los delitos de Falsedad Material (falsificación de documentos y uso de documentos falsos), Falsedad ideológica y Falsedad Genérica cometidos en agravio de la empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Mirasoles S.A. y EL ESTADO. CONSIDERANDO Que, habiendo tomado conocimiento de hechos que podrían tener relevancia para el Derecho Penal, resulta necesario recabar algunos indicios de la comisión de los hechos denunciados y corroborar la información descrita en la denuncia de parte. Considerando que el NP de 2004 impone al Ministerio Público el deber de conducir la investigación y siendo necesario que los actos de investigación se realicen en sede policial resulta oportuno derivar la presente a la Comisaría PNP de Huanchaco, a fin de que realice actos de investigación con intervención de este despacho fiscal. Que el objeto de la investigación en resumen se refiere a la verificación de elementos de convicción respecto a las siguientes afirmaciones sobre hechos denunciados: Que mediante engaño, abuso de confianza o mediante violencia, los denunciados por delito de usurpación habrían despojado a otros, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un

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derecho real sobre las instalaciones de la empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Mirasoles S.A.; hecho supuestamente ocurrido el día 31 de julio a las 09:00 horas de la mañana y para lo cual los denunciados habrían argumentado que se había procedido a remover al Directorio y al Gerente General de la referida empresa, mostrando copias simples de inscripción registral. Que los denunciados por falsedad material y falsedad genérica, habrían confeccionado actas de juntas universales de fecha 8 de julio de 2007 y 22 de julio de 2007, falsificado las firmas de un porcentaje importante de accionistas de la empresa agraviada, dentro de los que destacan las firmas de los denunciantes JULIO ACEVEDO PORTILLO y ROGER RÍOS CASTRO, de algunos socios que habrían fallecido, de algunos socios que estarían radicando en el extranjero, y de algunos otros socios que ya no tendrían la condición de tales por haber transferido sus acciones. Que los denunciados por delitos de falsedad ideológica habrían logrado que se inserte en registros públicos declaraciones falsas referidas a la remoción y nombramiento del Directorio de la empresa agraviada y a la instalación del Directorio y la Remoción y nombramiento del gerente de la misma; lo que se evidencia en los asientos registrales C00012 y C00013 del rubro nombramiento de mandatarios, de la partida electrónica Nº 11002905, perteneciente a la empresa de Transportes y Servicios Múltiples los Mirasoles S.A., en los que aparecen inscritas la remoción y nombramiento del Directorio de la referida empresa y la instalación del Directorio y la Remoción y nombramiento del gerente, respectivamente. Que el denunciado LUIS RAMOS AGAPITO habría denunciado falsamente el extravío de los libros de Actas de asamblea de accionistas N° 05, y el Libro de Reunión de Directorio N° 05, cuando tales libros estaban bajo la custodia de los denunciantes. Atendiendo a las consideraciones anteriores SE DISPONE: Primero.- ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra LUIS RAMOS AGAPITO, RAFAEL RUIZ VALDEZ y JUAN CASANOVA MALCA por la comisión del delito de Usurpación Agravada en agravio de la empresa de Transportes y Servicios Múltiples Nuevos Girasoles S.A. y contra LUIS RAMOS AGAPITO, RAFAEL RUIZ VALDEZ y JUAN CASANOVA MALCA por la comisión de los delitos de Falsedad Material

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(falsificación de documentos y uso de documentos falsos), Falsedad ideológica y Falsedad Genérica cometidos en agravio de la empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Mirasoles S.A. y EL ESTADO. Segundo.- REMITIR LOS ACTUADOS a la Comisaría PNP de Huanchaco a fin de que el plazo de VEINTE DÍAS realice las siguientes diligencias y en la medida de lo posible en el orden que se precisa a continuación: - DECLARACIÓN de los denunciantes JUAN JULIO ACEVEDO GORDILLO y ROGELIO RÍOS MAURICIO, a fin de que brinden información sobre el modo y circunstancias como ocurrieron los hechos denunciados y precisen el tipo de participación de cada uno de los intervinientes. - DECLARACIÓN de la testigo ALICIA TORRES TORRES domiciliada en la calle José Baquíjano y Carrillo N° 1297, La Esperanza Parte Alta; a fin de que declare sobre el modo y circunstancias como ocurrieron los hechos denunciados como delito de usurpación y precisen el tipo de participación de cada uno de los intervinientes. Declaración que se realizará con intervención de este despacho fiscal. - DECLARACIÓN del testigo JUAN SILVA MARTÍNEZ domiciliado en la calle Mercedes Ayarsa N° 1257, Urb. San Fernando; a fin de que declare sobre el modo y circunstancias como ocurrieron los hechos denunciados como delito de usurpación y precisen el tipo de participación de cada uno de los intervinientes. Declaración que se realizará con intervención de este despacho fiscal. - INSPECCIÓN de las instalaciones de la empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Mirasoles S.A., ubicada en la Calle Los Olivares Mz. 07, Lote 01, Villa Progreso, del Distrito de Huanchaco, a fin de verificar si existen indicios de la comisión del delito de usurpación y de los otros delitos denunciados. Diligencia que deberá realizarse con intervención de este despacho fiscal, previa coordinación. - REQUERIR a la Oficina de registros civiles de la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como a las Oficinas de registros civiles de las Municipalidades Distritales de Paiján y de La Esperanza, a fin de que remitan actas de defunción de las personas de David Plasencia Díaz, Francisco Becerra Santa de la Cruz y Procelio Villar Esparza.

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- REQUERIR a la oficina de Migraciones los certificados de movimientos migratorios de los señores accionistas ALBERTO URTIAGA CRUZ, SEGUNDO MERCEDES LÓPEZ, ALEX GAMARRA BARDALES, ÁNGELA SÁENZ IBÁÑEZ, BLANCA CABANILLAS AGUILAR, HENRY MIGUEL BRICEÑO LOAYZA, ROCKY NEYRA SÁENZ, ABELARDO SANTOYA CRISANTO y HUMBERTO SÁNCHEZ LEÓN. - REQUERIR a la SUNARP a fin de que remita copias certificadas de los asientos registrales C00012 y C00013 del rubro nombramiento de mandatarios, de la partida electrónica Nº 11002905, perteneciente a la empresa de Transportes y Servicios Los Mirasoles S.A., en los que aparecen inscritas la remoción y nombramiento del Directorio de la referida empresa y la instalación del Directorio y la Remoción y nombramiento del gerente, respectivamente; así como también, los documentos que sirvieron de sustento para la realización de tales asientos registrales. - REQUERIR a la DEPINCRI a fin de que remita documento policial sobre intervención realizada el 31 de julio de 2007, en las instalaciones de la empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Mirasoles S.A., en la que se capturó a 5 personas, que luego de ser identificadas fueron puestas en libertad, como se desprende de la denuncia de parte. - REQUERIR al señor LUIS RAMOS AGAPITO para que entregue el LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS N° 06 y LIBRO DE ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIO N° 06, a fin de corroborar la información de la denuncia de parte. - DECLARACIÓN del investigado LUIS RAMOS AGAPITO quien deberá declarar en presencia de abogado defensor de su elección o de un defensor de oficio y con intervención de este despacho fiscal. - DECLARACIÓN de CARLOS SOLANO ALDAVE y MANUEL MENDOZA GANOZA a fin de que expliquen el procedimiento de como han registrado la asistencia de los socios a la junta universal de accionistas de fecha 22 de julio de 2007. Los mismos que deberán declarar en presencia de abogado defensor de su elección o de un defensor de oficio y con intervención de este despacho fiscal.

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- PROCEDER a la realización de la PERICIA GRAFOTÉCNICA; debiendo coordinar para ello con la División de Investigación Criminal a fin de realizar una eficaz obtención de las muestras comparativas y determinar la autenticidad o falsedad de las firmas que aparecen en las actas de juntas universales de fecha 8 de julio de 2007 y 22 de julio de 2007. TERCERO.- NOTIFICAR la presente conforme a Ley.

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Modelo de disposición fiscal que fija el plazo de la investigación preliminar

CASO Nº 3206-07 Trujillo, veintiséis de julio de dos mil diez DADO CUENTA: Con la carpeta fiscal que antecede en relación con la investigación que se sigue por delito de Hurto Agravado en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y CONSIDERANDO Que ante el vencimiento del plazo de investigación preliminar por 20 días; y estando al requerimiento de la Comisaría de Huanchaco, quienes solicitan un plazo adicional de investigación que permita realizar los actos de investigación señalados en la disposición de investigación preliminar, tales como las declaraciones de algunos testigos y el recojo de algunas documentales; se advierte que en el presente caso existe una justificación suficiente para fijar un plazo mayor para concretar las diligencias preliminares de investigación. Que atendiendo a los actos de investigación solicitados por la defensa de los investigados y a la necesidad de agotar actos de investigación ya dispuesto con anterioridad, de conformidad con lo prescrito por el artículo 334 inciso 2 del NP, que faculta al fiscal fijar un plazo de investigación preliminar distinto. SE DISPONE FIJAR el plazo de diligencias preliminares en 90 días. COMUNICAR la presente a la Comisaría de Huanchaco a fin de que se realicen las siguientes diligencias: - DECLARACIÓN de la testigo ALICIA TORRES TORRES domiciliada en la calle José Baquíjano y Carrillo N° 1297, La Esperanza Parte Alta; a fin de que declare sobre el modo y circunstancias como ocurrieron los hechos denunciados como delito de usurpación y precisen

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el tipo de participación de cada uno de los intervinientes. Declaración que se realizará con intervención de este despacho fiscal.

- DECLARACIÓN del testigo JUAN SILVA MARTÍNEZ domiciliado en la calle Mercedes Ayarsa N° 1257, Urb. San Fernando; a fin de que declare sobre el modo y circunstancias como ocurrieron los hechos denunciados como delito de usurpación y precisen el tipo de participación de cada uno de los intervinientes. Declaración que se realizará con intervención de este despacho fiscal. - REQUERIR a la Oficina de registros civiles de la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como a las Oficinas de registros civiles de las Municipalidades Distritales de Paiján y de La Esperanza, a fin de que remitan actas de defunción de las personas de David Plasencia Díaz, Francisco Becerra Santa de la Cruz y Procelio Villar Esparza. - REQUERIR a la Sunarp a fin de que remita copias certificadas de los asientos registrales C00012 y C00013 del rubro nombramiento de mandatarios, de la partida electrónica Nº 11002905, perteneciente a la empresa de Transportes y Servicios Los Mirasoles S.A., en los que aparecen inscritas la remoción y nombramiento del Directorio de la referida empresa y la instalación del Directorio y la Remoción y nombramiento del gerente, respectivamente; así como también, los documentos que sirvieron de sustento para la realización de tales asientos registrales. - REQUERIR a la DEPINCRI a fin de que remita documento policial sobre intervención realizada el 31 de julio de 2007, en las instalaciones de la empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Mirasoles S.A., en la que se capturó a 5 personas, que luego de ser identificadas fueron puestas en libertad, como se desprende de la denuncia de parte. - RECEPCIONAR la declaración de los testigos ofrecidos por el denunciado RAFAEL RUIZ VALDEZ. - DECLARACIÓN de CARLOS SOLANO ALDAVE y MANUEL MENDOZA GANOZA a fin de que expliquen el procedimiento de cómo han registrado la asistencia de los socios a la junta universal de

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accionistas de fecha 22 de julio de 2007. Los mismos que deberán declarar en presencia de abogado defensor de su elección o de un defensor de oficio y con intervención de este despacho fiscal.

- REALIZAR la PERICIA GRAFOTÉCNICA; debiendo coordinar para ello con la División de Investigación Criminal a fin de realizar una eficaz obtención de las muestras comparativas y determinar la autenticidad o falsedad de las firmas que aparecen en las actas de juntas universales de fecha 8 de julio de 2007 y 22 de julio de 2007. NOTIFICAR la presente conforme a Ley.

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Modelo de disposición de investigación preliminar de proceso complejo CASO N° 542-2012 Trujillo, veintiocho de mayo de dos mil doce DADO CUENTA, con la denuncia formulada contra de FRANK PEÑA HERRERA, CÉSAR SÁNCHEZ ALVA, CÉSAR PEÑA ZAVALETA y ELIZA MANUELA ÁVILA CAMPOS por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del ESTADO; y CONSIDERANDO Primero.- Que, de la denuncia formulada por la Procuraduría de Lavado de Activos se le imputa a FRANK PEÑA HERRERA, CÉSAR SÁNCHEZ ALVA, CÉSAR PEÑA ZAVALETA y ELIZA MANUELA ÁVILA CAMPOS estar implicados en delito de Lavado de Activos en las modalidades de actos de conversión y transferencia de activos de procedencia ilícita en agravio del ESTADO. Segundo.- Que, el artículo trescientos cuarenta y cuatro numeral dos del NP establece que el plazo de las diligencias preliminares es de veinte días, estableciendo sin embargo el mismo cuerpo normativo que “el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación”. Es necesario además resaltar que el artículo antes invocado no establece un tope máximo de duración de la investigación preliminar (respecto a aquellas que requieran un plazo mayor a los 20 días); sin embargo, dicho vacío es suplementado por la CASACIÓN Nº 02-2008 (Lima, 3 de junio de 2008) emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, misma en la que, en su duodécimo considerando se establece que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables conforme dispone el artículo trescientos treinta de la ley procesal penal y que por estas consideraciones “la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor al plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal”.

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Tercero.- Entonces, de acuerdo a la citada casación, las diligencias preliminares no pueden exceder el plazo máximo de la investigación preparatoria conforme a lo estipulado en el artículo 342 del NP, dispositivo legal que prevé dos supuestos del plazo máximo de investigación preparatoria, el primero con respecto a los procesos comunes, que es de 120 días y el segundo respecto de los procesos complejos, mismo que es de 8 meses; siendo por tanto evidente que en el caso de los procesos complejos, el plazo máximo de investigación preliminar es de 8 meses. Cuarto.- Atendiendo a lo antes señalado, debemos referir que, si bien es cierto la presente investigación preliminar se ha venido tramitando bajo los plazos del proceso común, también lo es que, del contenido de la carpeta fiscal, se evidencia que en el presente caso se presentaría la causal contenida en el apartado a), numeral 3 del artículo 342 del NP, que contiene los presupuestos a tener en cuenta para considerar un caso como complejo, esto es, que en el presente caso la investigación requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación. Quinto.- A efectos de profundizar en este tema, es necesario señalar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Nº 02748-2010-PHC-TC ha establecido como doctrina jurisprudencial (fundamento 9), que “el plazo razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, sino que tal razonabilidad inevitablemente debe estar establecida según las circunstancias concretas de cada caso. En este sentido, esta especial evaluación debe ser realizada por el propio fiscal a cargo de la investigación (de oficio o a pedido de parte), mediante una decisión debidamente motivada”. Así también, el Tribunal Constitucional advierte que el plazo que prevé el artículo 342.2 del NP no se condice con la realizada social, ni con la capacidad de actuación del Ministerio Público, pues, es de conocimiento público que existen investigaciones preliminares o preparatorias sobre lavado de activos que por la complejidad del asunto exceden los ocho meses (fundamento 10 STC). Es por los motivos antes expuestos y atendiendo además a la naturaleza del delito objeto de investigación, esto es, la complejidad del caso a investigar, la pluralidad de investigados y la complejidad de las actuaciones en el delito de lavado de activos, es que este Ministerio Público DISPONE:

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ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra FRANK PEÑA HERRERA, CÉSAR SÁNCHEZ ALVA, CÉSAR PEÑA ZAVALETA y ELIZA MANUELA ÁVILA CAMPOS por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en las modalidades de actos de conversión y transferencia en agravio del ESTADO. DECLARAR COMO PROCESO COMPLEJO la presente investigación preliminar, la misma que se realizará en este despacho fiscal por el plazo de OCHO MESES, debiendo realizarse las siguientes diligencias: - RECÁBESE las actas de defunción de... - RECÁBESE el reporte del movimiento migratorio de ... - RECÍBASE la declaración de los testigos .... - REQUERIR el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria de los investigados y de sus empresas. NOTIFÍQUESE la presente a quienes corresponda conforme a lo establecido en el NP vigente

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Modelo de escrito de control de plazo dirigido al fiscal CASO Nº 090-2009 Escrito Nº 01 SOLICITA DAR TÉRMINO A DILIGENCIAS PRELIMINARES SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TRUJILLO: DIANA NOEMY ANTICONA VÁSQUEZ, Defensora de Oficio del investigado ELMER VILLAR BELLO, en la investigación Nº 90-2014 seguida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, sobre supuesto delito de Hurto Agravado en agravio de Ana Arroyo Mercedes, a usted respetuosamente me presento y expongo. Que a la fecha ha vencido el plazo de sesenta (60) días para la realización de las diligencias preliminares que su Despacho fijó mediante Disposición Nº 01, por lo que en ejercicio de la facultad conferida por el segundo inciso del artículo 334 del NP, solicito a usted se sirva dar término a las diligencias preliminares y emita la disposición que corresponda en el plazo de 5 días contados desde la recepción del presente escrito, pues de lo contrario, recurriré ante el juez de la investigación preparatoria por medio de un “control de plazos”, a fin de lograr que se ponga fin a las diligencias preliminares y se emita el pronunciamiento fiscal que corresponde. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted acceder a lo peticionado por encontrarse conforme a Derecho. Trujillo, 28 de marzo de 2014

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Modelo de escrito de control de plazo dirigido al juez de la investigación preparatoria

Asistente: Cuaderno N° Cuaderno de Control de Plazo. SOLICITO CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO: DIANA NOEMY ANTICONA VÁSQUEZ abogada Defensora de don ELMER VILLAR BELLO, en la investigación Nº 90-2014 seguida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, sobre supuesto delito de Hurto Agravado en agravio de Ana Arroyo Mercedes, a usted respetuosamente me presento y expongo: I. PETITORIO Dentro del plazo de ley, acudo a vuestro honorable Despacho solicitando la realización de una audiencia de CONTROL DE PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES, para que el representante del Ministerio Público exhiba la carpeta fiscal completa y su Despacho disponga que el fiscal concluya las diligencias preliminares y se pronuncie conforme a sus atribuciones. II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA 1. En mérito a la denuncia de parte formulada por Ana Arroyo Mercedes, con fecha 18 de enero del presente año la fiscal provincial penal emite la disposición N° 01 que abre investigación preliminar por 60 días contra mi patrocinado Elmer Villar Bello como presunto autor del delito de Hurto Agravado en agravio de Ana Arroyo Mercedes.

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2. A pesar de que ya han transcurrido más de 60 días desde el inicio de la investigación, la fiscal ha continuado realizando diligencias de investigación; lo que ha motivado para que con fecha 28 de marzo presente un escrito solicitando a la fiscal que dé por concluidas las diligencias preliminares y emita el pronunciamiento que corresponda; sin embargo, a pesar de que a la fecha ya han transcurrido más de 5 días, la fiscal continúa realizando y programando actos de investigación. 3. En mérito a los fundamentos precedentes y a la necesidad de garantizar el derecho del imputado a ser investigado en un plazo razonable, recurro ante su despacho solicitando se convoque a la audiencia correspondiente y en su momento se declare fundado el control de plazo. III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 8, literal i), relativo al plazo razonable de investigación. 2. Constitución Política del Estado; artículo 139.3 y 14, relativos al debido proceso y el irrestricto derecho de defensa. 3. Código Procesal Penal; artículo I.1. del Título Preliminar sobre el derecho al plazo razonable y los artículos 29 inciso 5, 323, 334 inciso 2, relativo a la función del juez de garantía, plazo de las diligencias preliminares y la tutela jurisdiccional en caso de afectación; así como el artículo I.1. del Título Preliminar del mismo Código Adjetivo sobre el derecho al plazo razonable. IV. MEDIOS PROBATORIOS - Copia de la Disposición Fiscal Nº 01-2014. - Copia del cargo del escrito de fecha 28 de marzo de 2014 solicitando el término de las diligencias preliminares. PRIMER OTROSÍ: Suscribo en mérito de los artículos 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (TUO) y 71 inciso 1 del NP.

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SEGUNDO OTROSÍ.- Pedimos que se tenga presente nuestro domicilio procesal sito en …..

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted acceder a lo solicitado por ser legalmente procedente. Trujillo, 7 de abril de 2014

- Resolución que convoca a audiencia de control de plazo. - Acta de audiencia de audiencia de control de plazo de diligencias preliminares. - Auto que declara fundado el requerimiento de control de plazo.

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CAPÍTULO III Restricción de derechos fundamentales y búsqueda de pruebas

CAPÍTULO III Restricción de derechos fundamentales y búsqueda de pruebas I.

ASPECTOS GENERALES

En el contexto de este nuevo modelo procesal y atendiendo a las variables en juego, como son: a) la eficacia de las medidas que restringen derechos fundamentales, y b) el carácter garantista del sistema impuesto por el principio de legitimidad de la prueba y por la vigencia efectiva y plena de los derechos fundamentales del imputado; surgen problemas e interrogantes que deben solucionarse o responderse de modo coherente con el sistema procesal penal y con los principios que lo inspiran(71). Pues como lo señala el profesor Alberto Binder, quien quiera construir un modelo procesal debe dar respuesta al doble problema de la eficiencia y la garantía. En la construcción de ese modelo aparecerá un punto de equilibrio o perfección que se convierte así en el ideal de su construcción

(71) Son precisamente las “prohibiciones probatorias” las que realmente constituyen el núcleo esencial de un proceso penal adaptado a las exigencias del Estado de Derecho, no solo en cuanto implica respeto a determinadas formalidades, garantías y competencias que deben ser observadas en la tramitación de un proceso penal, sino también en cuanto es, o debe ser respetuoso con los derechos fundamentales del imputado en un proceso penal, que constituyen un límite que no puede ser franqueado nunca, ni siquiera en aras de una mayor eficacia en la búsqueda de la verdad y en la investigación y persecución del delito. Cfr. MUÑOZ, Francisco. De las prohibiciones probatorias al Derecho Procesal Penal del enemigo. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pp. 18 y 19.

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y que consiste en una máxima eficiencia en la aplicación de la coerción penal, con respeto absoluto por la dignidad humana(72). Algunos de los principales problemas que intentaremos resolver son los siguientes: a) cuáles son los presupuestos que deben concurrir para la aplicación de medidas que restringen derechos fundamentales; b) en qué casos es exigible una resolución autoritativa previa a la adopción de la medida que restringe derechos; c) existe diferencia entre restricción de derechos fundamentales y violación del contenido esencial de los derechos fundamentales; d) las restricciones de derechos fundamentales acarrean la ilegalidad de la prueba obtenida a partir de ellas; e) qué es y cuál es la finalidad de la confirmatoria judicial de las medidas que restringen derechos; f) en qué casos cabe solicitar la resolución judicial confirmatoria; g) qué consecuencias acarrea el no requerir la confirmatoria judicial, acaso se afecta el valor de la prueba que de ella deriva; h) es coherente que el fiscal requiera la confirmatoria o confirmación judicial –especialmente cuando advierte que la medida concreta proviene de la vulneración o violación del contenido esencial de un derecho fundamental–; i) la confirmatoria judicial convierte en legal a las fuentes de prueba obtenidas ilegalmente. Resolver la problemática anterior obedece a una necesidad que surge de la propia regulación de estas medidas restrictivas de derechos y de la abrumadora carga procesal que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que afrontar; pues a priori pareciera que la norma procesal impone al fiscal solicitar confirmatorias en todos los casos sin excepción alguna; sin embargo, lo que pareciera ser una simple solicitud dirigida al juez de la investigación preparatoria, se convierte en todo un trámite procesal (a la solicitud le sigue el traslado del requerimiento y consecuentemente la audiencia en la que luego del debate se emitirá la resolución que corresponda), que demanda tiempo, esfuerzo y gastos de recursos materiales para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lo importante en esta temática es lograr establecer la razón de ser de las instituciones jurídicas comprometidas y precisar su importancia funcional, a fin de que la confirmatoria judicial no se convierta en una

(72) BINDER, Alberto. Ob. cit., p. 59.

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mera formalidad o un trámite burocrático que no aporte nada al proceso; sino para que sea empleada funcionalmente y de este modo se legitime como un instrumento útil para el logro de los fines del proceso penal. Por otro lado, se pretende evaluar si es coherente asignar al fiscal la titularidad para requerir la confirmación judicial en todos los casos, pero fundamentalmente cuando el defensor de la legalidad se ve condicionado a requerir la convalidación o confirmación de una medida que proviene de la vulneración o violación del contenido esencial de un “derecho fundamental”, y si la convalidación judicial convierte en legal a las fuentes de prueba obtenidas ilegalmente. Finalmente, se pretende analizar si existe diferencia entre restricción y violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, y sobre esta base precisar si las restricciones de derechos fundamentales acarrean la ilegalidad de la prueba obtenida a partir de ellas, y finalmente, si la convalidación de las medidas restrictivas juegan algún papel con relación a la legitimidad de las fuentes de prueba obtenidas por esta vía. Como ha quedado establecido anteriormente, en la práctica procesal penal existe una problemática pendiente de solución sobre un tema sensible y fundamental, y en ello radica la utilidad e importancia del tema que abordamos a continuación. A efectos de este acápite del presente manual, se propone hacer uso de una metodología que combine la interpretación teleológica y sistemática, pues, sin dejar de lado el texto de las normas constitucionales y legales pertinentes, se intentará establecer los alcances y la función que le corresponde cumplir a las instituciones jurídicas comprometidas en la problemática y a partir de ello se buscará bosquejar las implicancias probatorias que surge de la aplicación de las medidas que restringen derechos fundamentales y en especial de la confirmatoria judicial de las mismas. 1. Restricción de derechos fundamentales En cuanto al concepto derechos fundamentales (DD. FF.) existen diversas posturas teóricas, algunas que abarcan más derechos que otras; sin embargo, siguiendo un criterio que tienda a asegurar y garantizar un 121

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mayor ámbito de respeto de los derechos de la persona, consideramos conveniente acoger el criterio más amplio, tal como lo plantea Gálvez Muñoz(73), quien afirma que los Derechos Humanos que aparecen recogidos en la parte dogmática de la Constitución, y que consecuentemente forman parte del Derecho interno, reciben la denominación de derechos fundamentales. En el Estado Constitucional de Derecho se garantiza el respeto de los derechos fundamentales, pero ello no significa que estos sean absolutos y no itan ningún tipo de limitación; pues por el contrario la regla es que los derechos son susceptibles de ser limitados, siendo la excepción que solo algunos de ellos puedan considerarse absolutos. Conforme lo señala Edgar Carpio Marcos, los derechos fundamentales, en cuanto elementos de un ordenamiento como es la Constitución, están sujetos a límites, ya sea para armonizar su ejercicio con otros derechos de su misma clase, ya sea con la finalidad de permitir la efectividad de otros bienes, principios o valores constitucionales(74). Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha sostenido que, “ningún derecho fundamental es ilimitado. En efecto, por alta que sea su consideración dogmática y axiológica, ningún derecho fundamental tiene capacidad de subordinar, en toda circunstancia, el resto de derechos, principios o valores a los que la Constitución también concede protección”(75). El que los derechos fundamentales no sean absolutos y que itan ciertas limitaciones, no significa tampoco que la potestad de persecución penal, de investigación o averiguación de la verdad o de sanción de los delitos, sea ilimitada; sino que las intromisiones en este ámbito

(73) GÁLVEZ, Luis. La ineficacia de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Aranzadi, Navarra, 2003, p. 81. (74) CARPIO, Edgar. “La interpretación de los derechos fundamentales”. En: FERRER, Eduardo. Interpretación Constitucional. Tomo I, Porrúa, México D.F., 2005, p. 350. (75) STC Exp. N° 0019-2005-PI/TC, del 21 de julio de 2005, fundamento 12.

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solo podrán realizarse con las debidas garantías, debiendo cumplirse ciertos presupuestos(76). Las medidas que restringen DD. FF. reguladas en el NP de 2004 constituyen un conjunto de medidas que limitan derechos del imputado que merecen un tratamiento adecuado en el plano fáctico y para ello es indispensable que primero se tengan en claro sus alcances en el plano teórico. Por restricción de DD. FF. debe entenderse una limitación que sin afectar el contenido esencial del derecho, haga posible o permita contribuir al esclarecimiento de la verdad, y de ser necesario se haga efectiva la pretensión punitiva del Estado, para no dejar en la impunidad hechos con relevancia penal y a los responsables del estos. Estos intereses propios del proceso penal tienen estrecha relación con intereses constitucionalmente protegidos, tales como: el orden público, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, el interés nacional, etc. La definición anterior nos permite hacer una clara delimitación entre dos categorías procesales penales que resultan de mucha importancia para resolver la problemática planteada, pues no es lo mismo hablar de “restricción de derechos fundamentales” y de “violación de derechos fundamentales”, pues en el marco del Estado de Derecho se ite limitar los derechos, pero ello no implica que se pueda trastocar el contenido esencial del derecho o el núcleo duro del mismo; puesto que la afectación de ese núcleo esencial, supone un desconocimiento de los elementos indispensables para la recognosibilidad del derecho como fundamental, y en consecuencia suponen una negación de la vigencia de este. Del mismo criterio es la profesora María Ángeles Pérez Marín, quien afirma que es indispensable distinguir entre la auténtica “vulneración”, que no debe producirse jamás, y la mera “afectación” de estos derechos, que en ningún caso pueden ser entendidos como absolutos, porque al tratarse, en la mayoría de las ocasiones, de derechos fundamentales

(76) MORENO, Víctor. “Los elementos probatorios obtenidos con la afectación de los derechos fundamentales durante la investigación penal”. En GÓMEZ, Juan. Prueba y proceso penal: análisis especial de la prueba prohibida en el sistema español y en el Derecho Comparado. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 79.

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relativos, han de ser ponderados para determinar si pueden sufrir algún tipo de limitación en aras de la investigación de los hechos(77). 2. Finalidad de las medidas que restringen derechos fundamentales A partir de una interpretación sistemática de las nomas que regulan las restricciones de derechos fundamentales, se evidencia que la finalidad de esta clase de medidas se orienta al esclarecimiento de la verdad, pues tales normas forman parte de la sección referida a la prueba y además en los preceptos generales contenidos en los artículos 202 y 203 del NP, en forma literal se precisa que estas medidas se utilizan con fines de averiguación o de esclarecimiento de los hechos. Por razones lógicas se entiende que no solo las medidas que restringen derechos fundamentales, sino que además la institución jurídica de la “confirmación judicial”, se orienta a concretar esta misma finalidad de asegurar las fuentes de prueba obtenidas en la investigación, aunque de ello nos ocuparemos más adelante. 3. Clases de medidas que restringen derechos fundamentales Luego de una revisión exhaustiva del título III, sección II, Libro II, intitulado “La búsqueda de pruebas y restricción de derechos” y a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad, es posible establecer una primera clasificación de las medidas orientadas a la búsqueda de información probatoria, en función del grado de intensidad o repercusión de la medida sobre el derecho fundamental del investigado; pues existe una relación directa entre el grado de injerencia de las medidas o la importancia de los derechos, por un lado, y las exigencias legales que deben respetarse para su aplicación, por el otro; de tal forma que, mientras más intenso sea el grado de afectación de la medida o más importante el derecho cautelado, mayores son las exigencias formales y legales requeridas por la norma procesal. Desde la óptica antes definida se pueden verificar la presencia de tres niveles o clases de medidas. (77) PÉREZ, María. Inspecciones, registros e intervenciones corporales. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 19 y 20.

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Medidas que necesariamente requieren resolución judicial autoritativa previa



Estas son las medidas de mayor intensidad, ya sea por su naturaleza misma o por el derecho sobre el cual inciden o limitan, y por ello la norma procesal ha sido mucho más rigurosa en cuanto a las exigencias de carácter formal que deben concurrir para poder implementarlas, pues su ejecución requiere necesariamente de una resolución judicial autoritativa previa, sin excepción alguna, ni en casos de urgencia o peligro por la demora.



En este grupo de medidas restrictivas de derechos, en caso de no contar con la autorización judicial de manera previa, no sería posible la limitación del Derecho Fundamental, y en caso de producirse algún tipo de injerencia sin autorización, se estaría ante un supuesto de afectación o violación del contenido esencial de un derecho fundamental, puesto que, en tales casos la norma constitucional solo ite una injerencia de carácter jurisdiccional, y las evidencias que se obtienen mediante este tipo de medidas sin autorización judicial constituyen prueba prohibida y consecuentemente carecen de eficacia probatoria sin opción de convalidación o confirmatoria. Por ejemplo: cuando se realiza una medida de interceptación de comunicaciones telefónicas sin contar con autorización judicial, se produce un supuesto de violación del contenido esencial del Derecho Fundamental a la intimidad personal, porque se utiliza un procedimiento no autorizado por la Constitución y por el NP.



Dentro de estas medidas podemos destacar: la exhibición e incautación de documentos no privados cuando se vinculan a un secreto de Estado o al secreto profesional (artículo 224 incisos 1 y 2), la interceptación e incautación postal e intervención de comunicaciones telefónicas (artículos 226 inciso 1 y 230 inciso 1 del NP 2004), el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria (artículos 235 y 236 del NP 2004).

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Medidas que por regla general requieren resolución judicial autoritativa previa, pero de manera excepcional se pueden ejecutar sin resolución judicial previa



La existencia de este tipo de medidas se ha establecido a partir de una interpretación sistemática del precepto general contenido en el artículo 203 inciso 3 del NP –que hace alusión a la restricción de derechos fundamentales sin autorización judicial en supuestos de urgencia o peligro por la demora–, y los preceptos que específicamente regulan la posibilidad de ejecutar medidas restrictivas de derecho sin autorización judicial y ante supuestos de urgencia o peligro por la demora, o en supuestos más específicos como la flagrancia o el peligro inminente de perpetración de delito.



En este rubro de medidas podemos destacar:



Las intervenciones corporales (artículo 211 inciso 3), el allanamiento y registro domiciliario (artículo 214 incisos 1 y 3 del NP 2004), la exhibición e incautación de bienes (artículo 218 inciso 2 del NP 2004), el aseguramiento e incautación de documentos privados (artículo 233 del NP 2004), la clausura, vigilancia de locales y la inmovilización de bienes muebles (artículo 241 del NP).



Esta tipología de medidas no es una invención personal, sino el resultado de la interpretación, pues las normas antes indicadas expresamente facultan la adopción de estas medidas sin autorización judicial previa en supuestos de urgencia o peligro por la demora o en supuestos más específicos como la flagrancia o el peligro de perpetración de delito para las medidas de allanamiento. Luego, atendiendo al criterio de clasificación empleado, es decir, al principio de proporcionalidad, se infiere que estamos frente a una tipología de medidas que tienen una incidencia importante respecto a determinados derechos fundamentales, pero no de tanta intensidad o trascendencia como las medidas antes indicadas, pues aquí se ite la injerencia sin autorización judicial, por lo menos en supuestos específicos o excepcionales.

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Medidas que en ningún caso requieren resolución autoritativa judicial previa



A las tipologías anteriores se suma una tercera, conformada por aquellas que menos inciden o tienen menor repercusión respecto a los derechos del investigado, puesto que para su adopción no es necesario en ningún caso la resolución judicial autoritativa, siendo que, en algunos casos pueden ser adoptadas por la Policía unilateralmente y en otros casos por orden del fiscal, sin que necesariamente se trate de supuestos de urgencia o peligro por la demora.



En esta tipología de medidas existen algunas que necesariamente requieren la autorización o mandato del fiscal, como es el caso de: la videovigilancia en lugares abiertos y externos (artículo 207 incisos 1 y 2 del NP 2004), las mínimas intervenciones corporales (artículo 211 inciso 1 en concordancia con el inciso 5 parte in fine del NP 2004), la incautación de documentos no privados que no afectan un secreto de Estado o el secreto profesional (artículo 224 del NP), y el aseguramiento de documentos privados (artículo 232 del NP).



Adicionalmente, dentro de esta tipología de medidas podemos destacar la posibilidad de hacer uso de diversas medidas que restringen derechos fundamentales de las personas sin autorización judicial y fiscal, que por sí la Policía puede utilizar para concretar su función de persecución y lucha contra la criminalidad(78).



Las medidas limitativas de derechos que pueden ser ejecutadas por la Policía sin autorización judicial o fiscal son las siguientes:

(78) Aun con la existencia de esta clase de medidas, existe un sector de enemigos de la reforma procesal y especialmente del NP 2004, quienes infundadamente señalan que se ha recortado las atribuciones de la Policía en materia de prevención, indagación y persecución del delito, sin embargo, ese tipo de afirmaciones no se condicen con el espíritu del nuevo modelo procesal penal y en especial con el texto de sus normas, porque a diferencia de lo que ocurría con la legislación procesal penal anterior –Código de Procedimientos Penales de 1940–, actualmente se regula en forma expresa un catálogo de atribuciones que ostenta la Policía para poder cumplir con la función de persecución del delito.

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el control de identidad policial prevista en el artículo 205 del NP, las pesquisas o inspecciones en lugares abiertos, cosas o personas, previstas en el artículo 208, las retenciones reguladas en el artículo 209, el registro personal regulado por el artículo 210, las mínimas intervenciones corporales descritas en el artículo 211 inciso 5 del NP.

Al igual que las anteriores tipologías de medidas, estas tampoco obedecen a una creación caprichosa de este trabajo, pues a partir de su regulación se evidencia con nitidez que su implementación no requiere ni de resolución autoritativa previa, ni de supuestos excepcionales de urgencia o peligro por la demora, ni de confirmatoria judicial; aunque, como regla general, la Policía tendrá que dar cuenta inmediatamente al fiscal acerca de la adopción de esta clase de medidas.

A la clasificación anterior podemos agregar una segunda clasificación que tiene su punto de partida en la injerencia de la medida respecto a los derechos fundamentales del investigado, pues existen medidas que, si bien se orientan a la búsqueda de fuentes de prueba, por su propia configuración o por alguna circunstancia no llegan a restringir derechos fundamentales, en tanto que, otras medidas sí limitan o restringen derechos fundamentales del imputado, como las que se han detallado en el acápite anterior. Una circunstancia que hace que una medida orientada a la búsqueda de pruebas no signifique una restricción de derechos fundamentales es el consentimiento, tal como ocurre en aquellos supuestos donde el propio sujeto sometido a la medida, con pleno conocimiento de sus derechos, presta su consentimiento voluntario e informado para someterse a ella. Por ejemplo: cuando el imputado por delito de violación sexual de manera voluntaria se somete a una intervención corporal necesaria para la realización de una prueba de ADN. Aun cuando en la dogmática del Derecho Procesal Penal existe un sector que no considera válido el consentimiento(79), considero que si (79) En este sentido Carlos Normando Hall, dedica dos capítulos de su libro intitulado “Registro domiciliario: requisa y secuestro”, para fundamentar la absoluta necesidad de

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partimos de la propia naturaleza relativa de los derechos fundamentales, el consentimiento de su titular repercute jurídicamente, y nos permite negar la restricción o la limitación del derecho fundamental; sin embargo, es necesario precisar que la figura del consentimiento también tiene exigencias, pues debe tratarse de un consentimiento informado –el investigado conoce sus derechos e incluso el derecho a resistir la medida o a no someterse a ella–, y adicionalmente el consentimiento debe ser voluntario, pues no es válido el consentimiento cuando existe un vicio de voluntad o un supuesto de coacción a la libertad de quien presta el consentimiento, ni tampoco es relevante el llamado consentimiento tácito. Al respecto el profesor Julio Maier(80) resalta los pronunciamientos desarrollados en la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina. Así hay una postura que parte de la consideración de “allanamiento” como ingreso por la fuerza, y que si existe consentimiento o voluntad de permitir el ingreso, no hay allanamiento ni necesidad de orden que lo disponga; a la par que la otra postura con tendencia mayoritaria en la Corte Suprema, ha restado casi todo su valor al consentimiento, pues para que tenga efectos, el consentimiento deberá estar revestido de suficientes garantías de autenticidad, debe ser expreso, no debe mediar fuerza ni intimidación, y a la persona que lo presta se le debe hacer saber que tiene derecho de negar la autorización para el allanamiento. A la fundamentación teórica respecto a la influencia del consentimiento, es necesario agregar fundamentos que emanen de nuestra propia regulación procesal. Así de la revisión exhaustiva las normas que son objeto del presente trabajo, se aprecia que el consentimiento sí tiene la influencia decisiva que se postula en esta clasificación. Por ejemplo: en materia de allanamientos y registros domiciliarios, la norma procesal establece que, se obtendrá una resolución autoritativa siempre que sea previsible que le será denegado el al inmueble (artículo 214 del NP), situación similar se aprecia, en los supuestos de incautación de bienes, donde la norma consigna la necesidad de solicitar la autorización

erradicar definitivamente el consentimiento del Derecho Procesal Penal argentino. Cfr. NORMANDO HALL, Carlos. Registro domiciliario: requisa y secuestro. Editorial Jurídica Nova, Buenos Aires, 2003, p. 10. (80) MAIER, Julio. Antología: El proceso penal contemporáneo. Palestra, Lima, 2008, pp. 402 -407.

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judicial de incautación cuando el propietario, poseedor o de un bien útil para la investigación se negare a entregarlo al fiscal. Otra circunstancia que ha llevado a pensar que no existe restricción de derechos fundamentales se sustenta en los supuestos de incautaciones de armas de fuego artesanales o cuando se incauta droga, porque en ambos casos, la incautación –que por regla general afecta un derecho fundamental de contenido económico como la propiedad o la posesión–, de ninguna manera estaría limitando el derecho a la propiedad o a la posesión, por tratarse de bienes cuya posesión resulta intrínsecamente delictiva. Esta primera aproximación es interesante, pero el criterio esbozado puede ir incluso más lejos, pero para ello es necesario distinguir dos clases de incautaciones, aquellas en las que se incauta el bien que es objeto del delito, y aquellas en las que se incautan otros bienes relacionados de otro modo con el delito; pues, en el primer caso, por la naturaleza misma de la medida, no se produce injerencia o limitación alguna del derecho fundamental, porque no se afecta ni la propiedad ni la posesión, que de por sí es ilegal; en tanto que, en los demás casos, cuando los bienes incautados son instrumentos del delito o son efectos que contienen indicios del delito, sí existe una restricción del derecho fundamental. Así por ejemplo. Cuando se incauta medicina adulterada, un automóvil robado, un arma en casos de tenencia ilegal, droga en casos de tráfico ilícito, el documento falso, en sí mismas estas medidas no restringen derecho fundamental alguno –salvo que en la forma de realizarlas sí se restrinja un derecho fundamental, como ocurriría, por ejemplo en caso de allanar un inmueble para luego proceder a incautar el bien–; pero diferente es el caso cuando se incauta el teléfono celular de un intervenido que ha utilizado para comunicarse con la víctima de una extorción o con sus cómplices para la comisión del delito, pues en ese caso, sí se está limitando un derecho fundamental. 4. La confirmatoria de las medidas que restringen derechos fundamentales El NP de 2004 ha regulado por primera vez la restricción de derechos fundamentales, y con ello ha introducido un concepto novedoso denominado “confirmación judicial”, y que aparece en el artículo 130

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203 inciso 3; referido a los preceptos generales del título III, sobre búsqueda de pruebas y restricción de derechos, y que además aparece regulada de manera específica para algunas medidas concretas, tales como: la incautación de bienes, la incautación de documentos, la intervención corporal, la clausura y vigilancia de locales, e inmovilización de bienes. Según el Diccionario de la Real Academia Española, confirmación proviene del latín “confirmatio”, que significa acción y efecto de confirmar; en tanto que, confirmar, significa: “corroborar la verdad, la certeza o el grado de probabilidad de algo, revalidar lo ya aprobado. Asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. A partir del significado común del término “confirmar”, de la regulación normativa del NP y de su ubicación sistemática en el libro de actividad procesal y en la sección II sobre la prueba; se puede afirmar que la convalidación es un acto procesal por el cual el juez, a instancia del Ministerio Público, le otorga mayor firmeza o seguridad a las fuentes de prueba obtenidas a partir de la aplicación de medidas que restringen derechos fundamentales del imputado. Por lo tanto, la finalidad de la confirmatoria judicial es de aseguramiento del material probatorio; es decir, de las fuentes y medios de prueba. La institución de la confirmatoria se encuentra prescrita en el artículo 203 inciso 3 del NP 2004, cuando prescribe: “Cuando la Policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera previamente resolución judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restrinja derechos fundamentales de las personas, corresponde al fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial”. A partir del texto normativo antes citado, es posible definir los requisitos o presupuestos que deben concurrir para poder requerir confirmatoria judicial. a) Restricción de un DD. FF.; b) Situación de urgencia o peligro por la demora; c) Inexigibilidad de resolución judicial previa por razones excepcionales de urgencia o peligro por la demora; y d) Finalidad de indagación de la medida restrictiva. Como se aprecia, la norma precedente resulta de vital importancia de cara a determinar la función o finalidad de la confirmación judicial, 131

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pues se podría pensar que la confirmatoria es un mecanismo para legitimar medidas restrictivas, en supuestos en los que se requería resolución autoritativa previa y se adoptó la medida sin tal autorización, o dicho de otro modo, para obtener la resolución judicial que necesariamente se debió obtener previamente; sin embargo, el dispositivo analizado deja en claro que existe una clara delimitación entre medidas sujetas a convalidación o confirmatoria, y medidas que solo pueden adoptarse previa autorización judicial. De forma tal que la finalidad de la confirmatoria no es legitimar una actuación ilegal u obtener una resolución judicial ex post facto que no se obtuvo oportunamente(81). La resolución confirmatoria no sustituye a la resolución autoritativa previa de modo general o como regla para cualquier tipo de medida(82), pero sí sirve para convalidar actuaciones, en las que de modo general sí es exigible dicha resolución judicial, y que por razones de urgencia o peligro por la demora iten ejecutarse sin autorización judicial previa. Esta conclusión parece contradecir lo prescrito por el artículo 203 inciso 3 del NP, pues este dispositivo pareciere decir que las injerencias por actuaciones de la Policía y el MP sobre DD.FF. sujetas a confirmatoria, solo se podrían producir en supuestos en los que no es exigible una resolución autoritativa previa; sin embargo, una interpretación lógica de la norma antes aludida, nos permite comprender que esta se refiere a supuestos en los que por razones excepcionales (por estrictas razones de urgencia o peligro por la demora), no resulta exigible la resolución judicial previa.

(81) La confirmatoria judicial de ninguna manera legitima los supuestos de violación del contenido esencial de un derecho fundamental, pues solo se pueden convalidar las medias que limitan o restringen el derecho fundamental, pero no aquellas que afectan su esencia, el núcleo duro del derecho o lo que lo hace ser reconocido como tal. (82) Se afirma esto porque, como se ha establecido en la clasificación esbozada anteriormente, existen medidas que de ninguna manera se pueden ejecutar sin resolución judicial previa que las autorice, y en tales casos, no es aplicable la confirmatoria, y mucho menos la resolución confirmatoria podrá sustituir a la resolución autoritativa. Siendo distinto el caso de las medidas que excepcionalmente iten ejecutarse sin resolución judicial, pues en tales casos, la resolución confirmatoria cumple la función de garantía del resolución autoritativa, y en mérito a ello su contenido es idéntico como se desprende de lo prescrito por el artículo 219 inciso 2 del NP.

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Para ejemplificar lo antes dicho basta con revisar tres medidas concretas, una por cada clase o tipo de medida y partiendo de la clasificación ensayada en el presente trabajo: a) En un supuesto de interceptación de comunicaciones privadas, no cabe confirmación judicial, porque de practicarse esta medida sin autorización judicial, directamente estaríamos frente a una violación de contenido esencial del derecho fundamental a la intimidad, que solo se puede limitar previa resolución judicial; y en consecuencia, esta medida ya no se puede confirmar, ni tampoco las fuentes de prueba que de ella se hayan obtenido.

En efecto, el artículo 203 inciso 3 del NP de 2004 no se refiere a estos supuestos, porque en aquellos casos en los que inevitablemente se requiere resolución autoritativa previa, no será posible la injerencia respecto de algún derecho fundamental, y de producirse algún supuesto no podrá ser objeto de confirmatoria, porque la norma en comento no lo permite, porque le falta el requisito de la inexigibilidad de la resolución judicial previa, y consecuentemente las fuentes de prueba obtenidas en este tipo de diligencias carecen de eficacia probatoria o constituyen prueba ilegal, al amparo de lo prescrito por el artículo VIII del TP del NP 2004 y del artículo 159 del mismo.

b) En los supuestos de intervenciones corporales riesgosas, sí procede la confirmatoria, porque estas se pueden ejecutar sin resolución judicial previa en supuestos excepcionales de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación. c) Finalmente, en el supuesto de las mínimas intervenciones corporales, que pueden ser dispuestas por el fiscal o la Policía, sin necesidad de que el caso sea de urgencia o exista peligro por la demora; tampoco corresponde solicitar la confirmatoria, ya que del artículo 203 inciso 3, se desprende que la confirmatoria se requiere frente a supuestos de urgencia o peligro por la demora.

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El planteamiento antes esbozado se aplica con bastante nitidez y claridad a partir de la clasificación de medidas desarrollada en el presente trabajo, pues en resumen: aquellas medidas que necesariamente requieren resolución judicial autoritativa previa, no pueden ser sometidas a confirmatoria; la medidas que excepcionalmente se pueden realizar sin autorización judicial, deben ser sometidas a confirmatoria; y el tercer grupo de medidas que de ninguna manera requieren resolución judicial autoritativa previa, no requieren confirmación judicial. Conforme se advierte hasta esta parte del presente trabajo, uno de los principales problemas en materia de confirmatoria, consiste en establecer en qué casos es exigible; y para responder a esta primera interrogante es necesario resolver algunas cuestiones previas, tales como: precisar cuáles son los presupuestos de la confirmatoria, cuál es la finalidad de la confirmatoria o convalidación judicial de las medidas que restringen derechos, si equivale una restricción de DD. FF. a una violación del contenido esencial de un derecho fundamental, si las restricciones de derechos fundamentales acarrean la ilegalidad de la prueba obtenida a partir de ellas y si la convalidación sirve para legalizar la prueba ilegal. A partir del texto normativo contenido en el artículo 203 inciso 3 del NP, se puede afirmar que los presupuestos para solicitar la confirmatoria judicial son las siguientes: -

Que con fines de averiguación se haya practicado una medida de búsqueda de pruebas, que restringe algún DD. FF.

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Que para la adopción de la medida no se requiera necesariamente de una resolución judicial autoritativa previa, porque de lo contrario ya no sería una restricción de derechos sino una violación de DD. FF.

-

Que la medida de búsqueda de pruebas se haya practicado en supuestos de urgencia o peligro por la demora; puesto que, de no darse esa circunstancia, se debiera obtener una resolución judicial autoritativa previa.

Tomando como punto de partida el primer presupuesto, se evidencia que la confirmatoria no es una regla obligatoria frente a todo tipo de medidas orientadas a la búsqueda de pruebas, porque no todas estas 134

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medidas restringen DD. FF., como ocurre, por ejemplo, en los supuestos de incautación de bienes o documentos que son objeto del delito, y cuando media el consentimiento. En cuanto al primer supuesto referido a la incautación de bienes y documentos, desde la puesta en vigencia del NP 2004, se ha sustentado que no existe restricción de derechos fundamentales en los casos de incautación de armas de fuego artesanales o de incautación de droga, porque en ambos casos, la incautación –que por regla general afecta un derecho fundamental de contenido económico como la propiedad o la posesión–, de ninguna manera estaría limitando el derecho a la propiedad o a la posesión, por tratarse de bienes cuya posesión resulta intrínsecamente delictiva; sin embargo, la razón sobre la ausencia de necesidad de confirmación de las incautaciones puede ir incluso más lejos. En efecto si partimos de nuestra clasificación de incautaciones, veremos que en aquellas en las que se incauta el bien que es objeto del delito, por la naturaleza misma de la medida, no se produce injerencia o limitación alguna del derecho fundamental y a la vez no existe necesidad de confirmación. Al respecto, hay quienes podrían afirmar la necesidad de confirmación para este grupo de casos, a partir de la siguiente interrogante: ¿cómo saber si el bien es o no es objeto de un delito?; sin embargo, la lógica más elemental termina contradiciendo esta afirmación, pues aun cuando se determine que el bien no es objeto del delito, resultará siendo inoficiosa la confirmatoria, porque la posesión de bien por sí no constituye delito y entonces no hay mérito para investigar un hecho que no es constitutivo de delito y menos para asegurar el valor probatorio del objeto incautado(83); y con mayor razón, la confirmatoria deviene en inoficiosa si se establece que se trata de un bien que es objeto del delito, porque en

(83) Distinto sería el caso, si se incauta un bien que además de ser un potencial objeto del delito, pudiera haberse utilizado como instrumento del delito, como ocurre por ejemplo si al investigado se le incauta una arma de fuego, pero no solo porque su posesión pudiera ser ilegal, sino además porque habría utilizado esa arma de fuego para cometer un delito de homicidio. En estos casos, sí se deberá requerir la confirmatoria judicial, porque si se establece que el intervenido tiene licencia para portar esa arma, es decir, que se descarta que el arma es objeto del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, su incautación sí podría considerarse una restricción de DD. FF., y en mérito a ello sí se debería requerir la confirmatoria judicial de medida.

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tal caso, de todas formas la posesión o propiedad sobre el bien será ilícita, y consecuentemente no podría considerarse una restricción de derechos fundamentales. Distinta es la situación respecto de la incautación de otros bienes relacionados de otro modo con el delito; pues, cuando los bienes incautados son instrumentos del delito o son efectos que contienen indicios del delito, sí se produce una restricción del derecho fundamental y a la par surge la necesidad de requerir la confirmatoria. Para graficar lo anterior veamos algunos ejemplos: cuando se incauta medicina adulterada, un automóvil robado, un arma en casos de tenencia ilegal, droga en casos de tráfico ilícito, el documento falso; se evidencia que, en sí mismas estas medidas no restringen derecho fundamental alguno y no ameritan confirmación; pero diferente es el caso cuando se incauta el teléfono celular de un intervenido que ha usado para comunicarse con la víctima de una extorción o con sus cómplices para la comisión del delito, pues aquí sí se produce una restricción del derecho fundamental y por ello amerita de una resolución confirmatoria. A partir del segundo y tercer presupuesto referidos a la no exigencia de la resolución judicial previa y a la urgencia o al peligro por la demora, respectivamente; resulta indispensable realizar una interpretación sistemática –que incardine el precepto general del artículo 203 del NP, y los preceptos especiales que regulan cada una de las medidas de búsqueda de pruebas–, pero además una interpretación teleológica que se oriente a desentrañar el espíritu de las normas que regulan esta materia. A partir de la línea metodológica antes citada, se aprecia que la necesidad de confirmatoria se encuentra asociada a supuestos de peligro por la demora o urgencia, ya que de no existir estos supuestos sería exigible una resolución judicial autoritativa previa. Luego, si partimos de la premisa que “no todas las medidas que se orientan a la búsqueda de pruebas requieren resolución autoritativa previa”, como por ejemplo: el control de identidad policial, las pesquisas (inspecciones en lugares abiertos, cosas o personas), las retenciones de personas, los registros de personas, las mínimas intervenciones corporales; se concluye que tales medidas se pueden ejecutar aun sin que se 136

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trate de supuestos de peligro por la demora o urgencia, y en tal caso, no resulta necesaria la confirmatoria. Para decirlo de otro modo, las medidas que no requieren autorización judicial previa en ningún caso, es decir, aquellas que aun sin urgencia o sin peligro por la demora se pueden implementar y no requieren autorización judicial previa para su ejecución, tampoco deben ser sometidas a confirmatoria ante el juez. En este grupo de medidas se encuentran: el control de identidad policial, las pesquisas (inspecciones en lugares abiertos, cosas o personas), retenciones de personas, registro de personas, y las mínimas intervenciones corporales. Otra razón que sustenta la afirmación anterior se deriva del análisis de lo prescrito por el artículo 219 inciso 2 del NP, en cuanto prescribe que la resolución confirmatoria debe contener los mismos fundamentos de la resolución autoritativa, de donde se evidencia la estrecha relación que existe entre la confirmatoria judicial y la resolución autoritativa previa en cuanto a sus fundamentos, y en consecuencia se evidencia con mayor nitidez que, la confirmatoria tiende a asegurar las fuentes de prueba obtenidas mediante medidas que restringen derechos fundamentales, y que por razones de urgencia o peligro por la demora, no permitieron solicitar previamente la resolución autoritativa previa. Otro problema que deriva del anterior tiene que ver con la consecuencia de no solicitar la confirmatoria judicial de la medida que restringe derechos fundamentales. ¿Acaso se vicia de ilegalidad la prueba obtenida. La convalidación judicial convierte en legal a las fuentes de prueba obtenidas ilegalmente? En los supuestos de medidas que restringen derechos fundamentales –que son distintos a los supuestos de violación de derechos fundamentales–, a priori se podría afirmar que las reglas de exclusión de la prueba ilícita contemplados en los artículos VIII del Título Preliminar y 155.2 y 159 del NP de 2004, no son aplicables para las fuentes de prueba que se obtienen de la ejecución de medidas que restringen derechos fundamentales, ya que estas no tocan en lo absoluto el contenido esencial de los derechos fundamentales; sin embargo, corresponde establecer si el hecho de no solicitar la confirmatoria en los casos que sí corresponde

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solicitarla, termina por configurar un supuesto de afectación del contenido esencial del derecho que se ha restringido. La solución de la problemática antes anotada se reduce a determinar si la violación de un derecho fundamental debe entenderse producida únicamente en caso de vulneración de su contenido constitucional o también en el supuesto de que se infrinja una de sus normas de desarrollo. Dicho de otra forma, se trata de saber si debemos optar por un concepto estricto de violación de derechos fundamentales, equivalente a violación de su regulación constitucional, o por un concepto amplio, que abarque cualquier violación de sus normas reguladoras(84). Como puede apreciarse, ante la problemática caben dos soluciones. La primera, que la inobservancia de confirmación no afectaría el contenido esencial del derecho fundamental –solución que parte de un concepto restrictivo de violación del derecho fundamental y considera que el desarrollo procesal del derecho fundamental o la confirmatoria–, no forma parte de su contenido esencial; y la segunda, que la inobservancia de confirmación afectaría el contenido esencial del derecho fundamental, siendo que en este caso el fundamento de tal solución tendría como base una concepción amplia de violación del derecho fundamental, que considera al desarrollo procedimental como parte de su contenido esencial. Frente a las dos alternativas de solución es necesario tomar una posición que se ajuste a las normas del NP, a los principios procesales que delimitan o definen el modelo procesal penal que subyace a la norma positiva y a los principios constitucionales que configuran el debido proceso. En este orden de ideas, la solución del tema se resume en un problema de interpretación de lo que se debe entender por “violación del contenido esencial de un derecho fundamental”, sobre este aspecto, el artículo VII del Título Preliminar del NP prescribe lo siguiente: “La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada

(84) GÁLVEZ, Luis. Ob. cit., p. 82.

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restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos”. Con base en la norma antes citada, se entiende que la normas que establezca sanciones procesales será interpretada restrictivamente, siendo ese el caso de las normas sobre “violación del contenido esencial de un derecho fundamental”, ya que el artículo VIII del Título Preliminar y los artículos 155.2 y 159 del NP establecen como sanción procesal la exclusión de la prueba ilícita o la no valorabilidad de la misma. Siguiendo la línea argumentativa anterior, se concluye que las normas en cuestión deben interpretarse restrictivamente, y en consecuencia, se debe optar por considerar que las normas de desarrollo de los derechos fundamentales, como es el caso de las normas relativas a la confirmatoria, no forman parte del contenido esencial del derecho fundamental y por ello su inobservancia no acarrearía violación de su contenido esencial ni mucho menos prueba ilegal. En efecto, al no ser posible aplicar las reglas de exclusión de la prueba ilícita frente a los supuestos antes anotados, surge la posibilidad de aplicar la nulidad procesal, como lo señala la doctrina y legislación española; sin embargo, en nuestro Derecho Procesal Penal no es posible aplicar ninguna de las causales de nulidad absoluta o relativa previstas en los artículos 149 y 150 literal d) del NP del 2004, pues, la referida causal de nulidad absoluta del artículo 150.d, al igual que la regla de exclusión–, exige también de la inobservancia del contenido esencial del Derecho Fundamental; en tanto que, la causal de nulidad relativa del artículo 149, exige que esté expresamente prevista por la ley, y en las normas referidas a la restricción de derechos fundamentales no se evidencia, ninguna consecuencia jurídica que acarree la nulidad de actuaciones procesales, por su ejecución o incluso por la falta de confirmatoria judicial. A partir del análisis anterior, se evidencia que en nuestra normativa existe un vacío, pues no existen consecuencias jurídicas que de manera directa se puedan aplicar frente a la inobservancia de la confirmatoria judicial de las medidas que restringen derechos fundamentales; por lo que de lege ferenda sería necesario modificar la normativa referida a la 139

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nulidad absoluta, ya que esta debería recoger los supuestos de inobservancia de las normas que desarrollan los derechos fundamentales, dentro de los que podría estar la confirmatoria judicial de las medidas que restringen derechos fundamentales. A pesar del vacío normativo antes indicado, y atendiendo al significado mismo de la confirmación, es decir, a su finalidad de aseguramiento; el Ministerio Público debe procurar realizar los requerimientos de confirmatoria cuando corresponda hacerlo, porque si bien no existen consecuencias jurídicas directas, existe un mecanismo procesal que posibilita sancionar su inobservancia, pues la defensa cuenta con la llamada “tutela de derechos”, que bien podría emplearse para cuestionar una medida que restringe derechos fundamentales y que no ha sido sometida a confirmatoria, y en tal supuesto, es posible que el juez, dicte medidas correctivas que terminen afectando las fuentes de prueba obtenidas con la medida. Finalmente es necesario mencionar que las conclusiones de esta parte del presente trabajo también distan de la postura desarrollada en el Acuerdo Plenario N° 5-2010 sobre incautación; pues en el fundamento 14 se afirma que: “Siendo indispensable la intervención judicial, que es una condición previa para la valorabilidad de toda incautación desde la perspectiva probatoria, desde luego, no es posible utilizar como evidencia lo obtenido a través de la incautación mientras no se ha cumplido con el correspondiente control jurisdiccional”; sin embargo, la argumentación del acuerdo plenario no está completa, cuando se afirma que “la intervención judicial es una condición previa para la valorabilidad de toda incautación”, pues se parte de una conclusión o proposición no sustentada o que no está provista de fundamentos antecedentes que llevan a afirmarla o a sostenerla. Que lo grave de la observación anterior es que el fundamento del acuerdo plenario antes citado tiene la calidad de doctrina legal, y ello podría llevar a sustentar la aplicación de la regla de exclusión de la prueba ilícita en supuestos que no corresponde; sin embargo, a partir de las imprecisiones o contradicciones que surgen entre el citado fundamento 13 y el fundamento 14 del referido acuerdo plenario, queda claro que las conclusiones del acuerdo plenario no son del todo claras y concluyentes y consecuentemente requieren de interpretación, pues cuando 140

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en el fundamento 13 se afirma que la ausencia de intervención judicial importa un defecto cuya subsanación es posible, supone la posibilidad de lograr la confirmatoria ya sea en una audiencia de tutela de derechos, en una audiencia de control de acusación o en juicio cuando se plantea la isión de pruebas, al momento del reexamen o al momento de la valoración de las pruebas. II. REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE RESTRINGEN DERECHOS FUNDAMENTALES El NP de 2004 ha regulado una serie de medidas orientadas a la búsqueda de pruebas y que suponen restricciones a derechos fundamentales del imputado. A continuación se enuncian las medidas contenidas en el NP de 2004, y a continuación se desarrollan cada una de ellas. 1. Control de identidad policial Dentro del marco de atribuciones legales de la Policía Nacional del Perú, el NP en el artículo 205 ha considerado la atribución policial del control de identidad policial. Que permite a la Policía por sí misma y sin ningún mandato policial o fiscal, asegurar la identidad de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes. La comprobación a la que hace alusión la norma antes citada se refiere a la propia identidad de la persona requerida como también de la posible existencia de una requisitoria y orden de captura en contra de la misma persona requerida. La finalidad del control de identidad está asociada, según el texto del artículo 205, inciso1 del NP, a la necesidad de prevenir el delito y obtener información útil para la averiguación del hecho punible; aunque pareciera que en realidad la finalidad de esta medida es realizar un control de requisitoriados. No podemos dejar de reconocer su aporte en materia de prevención del delito e indagación del mismo, pues en la práctica (reuniendo a la figura del control de identidad), la PNP ha logrado evitar una serie de actos delictivos y en otros casos ha remitido la identificación de personas

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vinculadas a la comisión de los mismos, además del acopio de información útil para la investigación del delito. Dentro de las exigencias del control de identidad encontramos definidos tres aspectos sustanciales: el lugar, el tiempo y la intensidad de la medida; respecto al lugar, el artículo 205, inciso 2 prescribe que la identificación se realiza en el lugar donde la persona se encontrare, por medio del correspondiente documento de identidad; con relación a la intensidad de la medida, la norma contenida en el artículo 205, inciso 4 prescribe la posibilidad de conducir a la persona a la dependencia policial más cercana, cuando en el lugar del control no sea posible la exhibición del documento de identidad y con estrictos fines de identificación, en cuyo caso la detención de la persona no puede superar las 4 horas, luego de lo cual se permitirá al sujeto que se retire. Adicionalmente, en el inciso 4 del artículo 205 establece que en ningún caso el sometido al control de identidad podrá ser ingresado al calabozo o celdas, ni mantenido en o con otras personas detenidas. Finalmente, en el supuesto que indica el inciso 3 del artículo 205 del NP, el control de identidad puede corresponder además la realización de un registro personal en prendas, equipaje e incluso del vehículo en el que se encuentra la persona sometida a la medida de control de identidad; siendo el caso que resulta positiva se levanten las actas respectivas y se dará cuenta inmediatamente al MP respecto a lo que se ha encontrado a la persona registrada. De la regulación normativa de la detención preliminar se advierten dos variantes, la primera que ya abordamos anteriormente denominada “detención preliminar convalidada”, que deriva del requerimiento fiscal de convalidación de la detención preliminar, y la segunda, denominada “detención preliminar incomunicada”, que se encuentra regulada en el artículo 265 del NP e implica incomunicar al detenido por el lapso máximo de 10 días o por el plazo máximo de detención, sin permitirle ningún tipo de comunicación, salvo con su abogado defensor. Respecto a la detención preliminar incomunicada cabe señalar que solo procede en los casos de delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la incomunicación puede durar hasta 142

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10 días, pero también procede para delitos cuya pena abstracta prevista en la ley, en su extremo máximo supere los seis años de pena privativa de libertad, y en tal caso, la incomunicación podría durar hasta 8 días en el caso de la detención preliminar convalidada (8 días que resulta de la sumatoria de 1 día natural que dura la detención preliminar más 7 días naturales que dura la convalidación) o 1 día si se trata de detención preliminar por 24 horas. Respecto de la resolución que dispone la incomunicación y la convalidación de la detención, según lo prescrito por el artículo 267 del NP; procede recurso de apelación. El plazo para apelar es de un día. La apelación no suspende la ejecución del auto impugnado. El juez elevará los actuados inmediatamente a la Sala Penal, la que resolverá previa vista de la causa que la señalará dentro de las cuarenta y ocho horas de recibidos los autos. La decisión se expedirá el día de la vista o al día siguiente, bajo responsabilidad. 2. Controles policiales públicos en delitos graves El artículo 206 del NP regula los denominados “controles policiales públicos en delitos graves”, referidos a una atribución de la Policía, que dando cuenta al Ministerio Público, podrá establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, cuando sea indispensable para el descubrimiento y ubicación de los partícipes en un delito causante de grave alarma social y para la incautación de instrumentos, efectos o pruebas del mismo. En estos denominados controles públicos la Policía podrá proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales, con el fin de comprobar que no se porten sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. Como exigencia formal de este tipo de medidas, el aludido artículo del NP, establece que la Policía abrirá un Libro-Registro de Controles Policiales Públicos; y adicionalmente, el resultado de las diligencias, con las actas correspondientes, se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Público.

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3. Videovigilancia Esta medida limitativa de derechos prevista en el artículo 207 del NP establece que en las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la Policía, y sin conocimiento del afectado, puede ordenar: a) realizar tomas fotográficas y registro de imágenes; y, b) utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado. Estos medios técnicos de investigación se dispondrán cuando resulten indispensables para cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la investigación resultare menos provechosa o se vería seriamente dificultada por otros medios. Estas medidas podrán dirigirse contra otras personas si, en el supuesto de la realización de tomas fotográficas y registro de imágenes, la averiguación de las circunstancias del hecho investigado se vieran, de otra forma, esencialmente dificultadas o, de no hacerlo, resultaren relevantemente menos provechosas; y en el supuesto del uso de medios técnicos especiales dirigidos a la observación o investigación del lugar de residencia del investigado, se podrá dirigir contra otras personas cuando, con base en determinados hechos, se debe considerar que están en conexión con el investigado o cuando resulte indispensable para cumplir la finalidad de la investigación, sin cuya realización se podría frustrar dicha diligencia o su esclarecimiento pueda verse esencialmente agravado. La norma antes citada permite distinguir dos clases de “videovigilancia”, la vigilancia en lugares abiertos y la vigilancia en lugares cerrados. En el primer caso, la videovigilancia debe ser ordenada por el fiscal, en tanto que cuando se trata de lugares cerrados o al interior de inmuebles será necesario contar con autorización judicial. Finalmente, el inciso 5 del artículo 207 establece que, para su utilización como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control previsto para la intervención de comunicaciones; es decir que, vez ejecutada la medida y realizadas las investigaciones inmediatas con relación al resultado de aquella, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo

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actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado. 4. Las pesquisas A diferencia de lo que ocurre con el “control de identidad” y los denominados “controles policiales públicos” que tienen una finalidad preventiva, las denominadas pesquisas tienen una connotación diferente, pues se trata de inspecciones que se orientan a encontrar rastros de un delito ya cometido, o a encontrar a algún imputado o alguna persona prófuga. Conforme al artículo 208 del NP, la Policía, por sí –dando cuenta al fiscal– o por orden de aquel, podrá inspeccionar o disponer pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán rastros del delito, o considere que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona prófuga, en cuyo casos procede a realizar una inspección. La pesquisa como tal, tiene por objeto comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere, de utilidad para la investigación. De su realización se levantará un acta que describirá lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerá o conservarán los elementos materiales útiles. Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar; y de ser posible se levantarán planos de señales, descriptivos y fotográficos y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria al efecto. 5. La intervención corporal A diferencia de lo que ocurre con el denominado “registro personal”, que supone un registro externo de la ropa o equipaje del intervenido, la “intervención corporal” supone un mayor grado de injerencia en la intimidad y/o integridad física de la persona, porque conforme se 145

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define en el artículo 211 del NP se trata de un examen corporal del imputado, que sin su consentimiento comprende pruebas de análisis sanguíneos, pruebas genético-moleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado. En cuanto a la finalidad de estas medidas, el mismo artículo 211 precisa que las intervenciones corporales aportan a establecer hechos significativos de la investigación; pero su ejecución, dado el mayor nivel de injerencia respecto a los derechos fundamentales que limitan, está condicionada a que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad mayor de cuatro años y no se tema fundadamente un daño grave para la salud del imputado, pues en tal caso, si resultare necesario se requerirá un previo dictamen pericial. Si el examen corporal de una mujer puede ofender el pudor, sin perjuicio que el examen lo realice un médico u otro profesional especializado, a petición suya debe ser itida otra mujer o un familiar. La regulación contenida en el artículo 211 del NP permite distinguir tres clases de medida de intervención corporal: a) las intervenciones corporales propiamente dichas; b) las mínimas intervenciones corporales reguladas en el inciso 5 de la norma antes citada, y c) las intervenciones corporales a terceros. En cuanto a las “intervenciones corporales propiamente dichas”, la norma procesal exige que sea ordenada por el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del Ministerio Público. Asimismo, dentro de este tipo de intervenciones se pueden distinguir dos subtipos: intervenciones corporales de escaso riesgo e intervenciones corporales de alto riesgo, pues en este último caso, la norma procesal exige contar previamente con un dictamen pericial sobre la viabilidad de la medida, y aun cuando la norma no lo diga, en caso el riesgo sea muy elevado según el informe del perito, se tendrá que prescindir de la medida, ya que la vida y la integridad de la persona son derechos fundamentales que no se pueden arriesgar por priorizar los fines del proceso. Como ya se dijo, cuando se trata de las intervenciones corporales propiamente dichas la norma procesal exige, que sea ordenada 146

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previamente por el juez de la investigación preparatoria; sin embargo, en el inciso 3 del artículo 211 del NP, esa regla tiene su excepción, pues se prescribe que el fiscal podrá ordenar la realización de ese examen si el mismo debe realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, y no puede esperar la orden judicial. En ese caso, el fiscal instará inmediatamente la confirmación judicial. Con relación al aspecto formal de la ejecución de la medida, el inciso 4 de la norma analizada establece que la diligencia se asentará en acta. En esta diligencia estará presente el abogado defensor del imputado, salvo que no concurra pese a la citación correspondiente o que exista fundado peligro de que la prueba se perjudique si no se realiza inmediatamente, en cuyo caso podrá estar presente una persona de la confianza del intervenido siempre que pueda ser ubicada en ese acto. En el acta se dejará constancia de la causal invocada para prescindir de la intervención del abogado defensor y de la intervención de la persona de confianza del intervenido. Por otro lado, las denominadas “mínimas intervenciones corporales” se encuentran reguladas en el inciso 5 del aludido artículo 211, el cual señala que el Ministerio Público, o la Policía Nacional con conocimiento del fiscal, sin orden judicial, podrán disponer mínimas intervenciones para observación, como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello que no provoquen ningún perjuicio para su salud, siempre que el experto que lleve a cabo la intervención no la considere riesgosa. En caso contrario, se pedirá la orden judicial, para lo cual se contará con un previo dictamen pericial que establezca la ausencia de peligro de realizarse la intervención. Respecto al “examen corporal de otras personas”, el artículo 212 del NP prescribe, que otras personas no inculpadas también pueden ser examinadas sin su consentimiento, solo en consideración de testigos, siempre que deba ser constatado, para el esclarecimiento de los hechos, si se encuentra en su cuerpo determinada huella o secuela del delito; pero en tal caso, los exámenes para la constatación de descendencia y la extracción de análisis sanguíneos sin el consentimiento del examinado son isibles si no cabe temer ningún daño para su salud y si la medida es indispensable para la averiguación de la verdad. 147

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En este tipo de medidas los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser rehusados por los mismos motivos que el testimonio. Si se trata de menores de edad o incapaces, decide su representante legal, salvo que esté inhabilitado para hacerlo por ser imputado en el delito, en cuyo caso decide el juez. Finalmente, el artículo 213 del NP establece que la Policía, ya sea en su misión de prevención de delitos o en el curso de una inmediata intervención como consecuencia de la posible comisión de un delito mediante la conducción de vehículos, podrá realizar la comprobación de tasas de alcoholemia en aire aspirado; pero si el resultado de la comprobación es positiva o, en todo caso, si se presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido será retenido y conducido al centro de control sanitario correspondiente para realizar la prueba de intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo. 6. El allanamiento El allanamiento es una medida útil para la búsqueda de información probatoria, que implica una restricción a derechos como la inviolabilidad del domicilio o la intimidad, siendo que su regulación en el NP permite afirmar que por regla general este exige de una resolución judicial autoritativa previa, pero excepcionalmente se podría realizar sin la autorización judicial en los casos que establece la norma (flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración), pues de conformidad con lo prescrito por el artículo 214 del NP, fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración –supuestos en los que no se exige resolución judicial previa pero sí confirmatoria judicial ex post–, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta. 148

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El requerimiento consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará. La resolución autoritativa contendrá: el nombre del fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia, y el apercibimiento de ley para el caso de resistencia al mandato. La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un periodo determinado, en cuyo caso constarán esos datos. El artículo 216 del NP hace alusión al desarrollo de la diligencia, precisando que al iniciarse el allanamiento se entregará una copia de la autorización al imputado siempre que se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza. En caso de que no se encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se dirigirá a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ellos, solo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces. La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose el acta. Durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado. Por otro lado, el artículo 217 del NP prescribe que, según sea el caso, el fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un inventario en varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable del recinto allanado. Adicionalmente, si el fiscal lo decide podrá comprender el registro personal de las personas presentes o que lleguen, cuando considere que las mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el 149

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mismo. El fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El transgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar. Un aspecto importante a considerar, fuera de las casos de flagrancia o peligro inminente de perpetración del delito tiene que ver con el consentimiento del titular del inmueble o domicilio objeto de registro, pues si bien no existe una norma que explícitamente se refiera al consentimiento, el artículo 214 del NP establece como una exigencia para fundamentar el requerimiento de allanamiento el que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto, y si realizamos una interpretación a contrario sensu de esta norma, es decir, si afirmamos que no se niega el ingreso al recinto sino que más bien que el titular presta el consentimiento y permite el ingreso al referido recinto, concluimos que en ese caso no se podrá solicitar un allanamiento ni mucho menos se requerirá de la resolución judicial que autorice la medida; ya que en tales supuestos más que un allanamiento, se tratará de un registro domiciliario consentido por el titular del recinto y por tanto tampoco requerirá de confirmatoria judicial, pues recordemos que uno de los presupuestos para la confirmatoria es la restricción de un derecho fundamental, pero ello no se configura en estos supuestos, porque es el propio titular quien consiente la medida. 7. La exhibición e incautación de bienes Con relación a la incautación de bienes, el artículo 218 del NP establece que si el propietario, poseedor, , tenedor u otro requerido por el fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la ley así lo prescribiera, el fiscal, solicitará al juez de la investigación preparatoria ordene su incautación o exhibición forzosa. La petición será fundamentada y contendrá las especificaciones necesarias. La Policía no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial cuando se trata de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al 150

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fiscal. Cuando existe peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe disponerla el fiscal. En todos estos casos, el fiscal una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su ejecución, requerirá al juez de la investigación preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria. En cuanto a la resolución que autoriza la incautación, el artículo 219 del NP establece que la resolución autoritativa especificará el nombre del fiscal autorizado, la designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena y, de ser necesario, la autorización para obtener copia o fotografía o la filmación o grabación con indicación del sitio en el que tendrá lugar, y el apercibimiento de ley para el caso de desobediencia al mandato. Se aplicarán, en lo pertinente, las mismas reglas para la resolución confirmatoria. Con relación a este medida limitativa de derechos se debe tener presente que se diferencia de la incautación cautelar, porque la finalidad de la incautación como medida limitativa de derechos, es la búsqueda de información probatoria; es decir, la búsqueda de fuentes y medios de prueba; en tanto que la incautación cautelar tiene como meta el aseguramiento de bienes para aseguramiento de la reparación civil o de consecuencias rias del delito. En cuanto a la ejecución de la medida, el artículo 220 del NP prescribe que, una vez obtenida la autorización, el fiscal la ejecutará inmediatamente, contando con el auxilio policial. Si no se perjudica la finalidad de la diligencia, el fiscal señalará día y hora para la realización de la diligencia, con citación de las partes. Al inicio de la diligencia se entregará copia de la autorización al interesado, si se encontrare presente. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones o alteración de su estado original; igualmente se debe identificar al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material incautado. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en el acto.

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Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia y –si es posible– se inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de un derecho sobre él, adicionalmente a su ocupación, se operará de manera que se anote en el registro respectivo dicha medida, en cuyo caso se instará la orden judicial respectiva. Por otro lado, el artículo 222 del NP establece que el fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrán devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento del juez de la investigación preparatoria. Asimismo, podrá devolverlos al imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse provisionalmente y en calidad de depósito, pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera necesario. Los bienes sustraídos serán entregados al agraviado. Por su parte, si el fiscal no accede a la devolución o entrega, el afectado podrá instar, dentro del tercer día, la decisión del juez de la investigación preparatoria. Finalmente, el artículo 223 del NP establece que en caso de no haberse identificado al autor o al perjudicado, el bien incautado, transcurridos seis meses, puede ser rematado. El remate se realiza previa decisión de la Fiscalía que conoce del caso si no se ha formalizado la investigación preparatoria o previa orden del juez de la investigación preparatoria, si existe proceso abierto, a pedido del fiscal; siendo que el remate se llevará a cabo por el órgano istrativo competente del Ministerio Público, según las directivas reglamentarias que al efecto dicte la Fiscalía de la Nación. 8. La exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados El NP establece un régimen diferenciado para la incautación de actuaciones y documentos, pues el artículo 224 prescribe que también pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación de las actuaciones y documentos que no tienen la calidad de privados; en cuyo caso, al ejecutarse la medida se levantará el acta correspondiente a la incautación de las actuaciones o documentos públicos; en cuyo caso, se procederá a 152

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entregar copia del acta de incautación a la persona u oficina ante la que se efectuó la medida. Cuando se trate de un secreto de Estado, el fiscal acudirá al juez de la investigación preparatoria a fin de que proceda, en lo pertinente, conforme a lo dispuesto en el artículo 165 numerales 2) y 3); es decir, para que el juez requiera los documentos a los funcionarios públicos que corresponda. Para la incautación de documentos públicos no se requiere autorización judicial de incautación, pues conforme lo establece el artículo 224 del NP, el que tenga en su poder los actos y documentos requeridos está obligado a exhibirlos o entregarlos inmediatamente al fiscal, incluso su original, y todo objeto que detenten por razones de su oficio, encargo, ministerio o profesión, salvo que exprese que se trata de un secreto profesional o de Estado. El afectado, salvo los casos de invocación de secreto de Estado, podrá instar la intervención judicial, para establecer si correspondía la exhibición o incautación de todos los documentos o actos intervenidos por el fiscal. Cuando se invoque secreto profesional, el fiscal realizará las indagaciones necesarias a ese efecto, siempre que resulte indispensable para la marcha de las investigaciones, y si considera infundada la oposición a la exhibición o incautación, instará la intervención judicial. El juez de la investigación preparatoria, previa audiencia, si considera fundada la petición del fiscal ordenará la incautación. Cuando se invoque secreto de Estado, el fiscal acudirá al presidente del Consejo de Ministros solicitando confirme ese carácter. En caso se confirme la existencia del secreto y la prueba sea esencial para la definición de la causa, el fiscal acudirá al juez de la investigación preparatoria, para que previa audiencia con asistencia de las partes decida si clausura la investigación por existir secreto de Estado. Por razones de seguridad y siempre que no requiera tener los documentos originales –como por ejemplo cuando no se requiere hacer una pericia–, el fiscal podrá obtener copia de las actuaciones y de los documentos incautados, restituyendo los originales; pero en caso sea 153

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indispensable contar con los documentos originales, el fiscal podrá autorizar la expedición gratuita de copia certificada a aquellos que los detentaban legítimamente, conforme lo señala el artículo 225 del NP. Si el documento incautado forma parte de un volumen o un registro del cual no puede ser separado y el fiscal no considera conveniente extraer copia, el volumen entero o el registro permanecerá en depósito judicial. El funcionario público con la autorización del fiscal, expedirá a los interesados que lo soliciten, copias, extractos o certificados de las partes del volumen o registro no sujetas a incautación, haciendo mención de la incautación parcial, en las copias, extractos y certificados. Los afectados podrán instar la intervención del juez de la investigación preparatoria cuando la disposición del fiscal afecta irrazonablemente sus derechos o intereses jurídicos. El juez se pronunciará previa audiencia con asistencia de los afectados y de las partes. 9. Interceptación e incautación postal Se trata de una medida destinada a la búsqueda de pruebas, que restringe el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la intimidad de las personas, pues supone la interceptación, incautación y ulterior apertura de cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o envío postal, dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales por razón de especiales circunstancias, se presumiere emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario. En efecto, conforme al texto del artículo 226 del NP, es posible la aplicación de esta medida previa autorización del juez de la investigación preparatoria, y a solicitud del fiscal, pues se trata de una medida que restringe derechos en la que necesariamente se requiere de una autorización judicial previa y siempre que la medida sea indispensable para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Ante el requerimiento del fiscal, el juez de la investigación preparatoria resolverá, mediante trámite reservado e inmediatamente, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal.

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La denegación de la medida podrá ser apelada por el fiscal, e igualmente se tramitará reservada por el Superior Tribunal, sin trámite alguno e inmediatamente. Dentro de sus características podemos destacar que se trata de una medida, estrictamente reservada, que lógicamente opera sin conocimiento del afectado, y que se prolongará por el tiempo estrictamente necesario, sin que su duración pueda ser mayor al periodo de la investigación. Recabada la autorización, el fiscal –por sí o encargando su ejecución a un funcionario de la Fiscalía o un efectivo policial– realizará inmediatamente la diligencia de interceptación e incautación. Acto seguido examinará externamente la correspondencia o los envíos retenidos, sin abrirlos o tomar conocimiento de su contenido, y retendrá aquellos que tuvieren relación con el hecho objeto de la investigación. De lo actuado se levantará un acta. La apertura, examen y análisis de la correspondencia y envíos se efectuará en el lugar donde el fiscal lo considere más conveniente para los fines de la investigación, atendiendo a las circunstancias del caso. El fiscal leerá la correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si tienen relación con la investigación dispondrá su incautación, dando cuenta al juez de la investigación preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren relación con el hecho investigado serán devueltos a su destinatario, directamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones. La entrega podrá entenderse también con algún miembro de la familia del destinatario o con su mandatario o representante legal. Cuando solamente una parte tenga relación con el caso, a criterio del fiscal, se dejará copia certificada de aquella parte y se ordenará la entrega a su destinatario o viceversa. En todos los casos previstos en este artículo se redactará el acta correspondiente. Cumplida la diligencia y realizadas las investigaciones inmediatas con relación al resultado de aquella, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado. La audiencia se realizará con asistencia del afectado, de su defensor y de las demás partes. El juez decidirá si la diligencia se realizó 155

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correctamente y si la interceptación e incautación han comprendido comunicaciones relacionadas con la investigación. Si la persona en cuyo poder se encuentra la correspondencia, al ser requerida se niega a entregarla, será informada que incurre en responsabilidad penal. Si persiste en su negativa, se redactará acta de esta y seguidamente se le iniciará la investigación pertinente. Si dicha persona alegare como fundamento de su negativa, secreto de Estado o inmunidad diplomática, se procederá conforme al numeral 3) del artículo 224 en el primer caso y se solicitará informe al Ministerio de Relaciones Exteriores en el segundo caso. 10. Intervención de comunicaciones y telecomunicaciones Esta medida se encuentra prevista por el artículo 230 del NP y podrá aplicarse en la medida que existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones. En tal caso, el fiscal podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Ante el requerimiento del fiscal, el juez de la investigación preparatoria resolverá, mediante trámite reservado e inmediatamente, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen el requerimiento fiscal. La denegación de la medida podrá ser apelada por el fiscal, e igualmente se tramitará reservada por el Superior Tribunal, sin trámite alguno e inmediatamente. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe estimar fundadamente –en mérito a datos objetivos determinados–, que reciben o tramitan, por cuenta del investigado, determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación. El requerimiento del fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma de la interceptación, su alcance y 156

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su duración, al igual que la dependencia policial o Fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro. El juez comunicará al fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se transcribirá la parte concerniente. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los servidores de las indicadas empresas deben guardar secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento. Dichos concesionarios otorgarán el , la compatibilidad y conexión de su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del fiscal y decisión motivada del juez de la investigación preparatoria. En cuanto al registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, el artículo 231 del NP establece:

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-

La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación será registrada mediante la grabación y aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las grabaciones, indicios y/o evidencias recolectadas durante el desarrollo de la ejecución de la medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de Recolección y Control serán entregados al fiscal, quien dispone su conservación con todas las medidas de seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean conocidas por personas ajenas al procedimiento.

-

Durante la ejecución del mandato judicial de los actos de recolección y control de las comunicaciones se dejará constancia en el acta respectiva de dichos actos. Posteriormente, el fiscal o el juez podrán disponer la transcripción de las partes relevantes de las comunicaciones, levantándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar la grabación completa de la comunicación. Las grabaciones serán conservadas hasta la culminación del proceso penal correspondiente, ocasión en la cual la autoridad judicial competente dispondrá la eliminación de las comunicaciones irrelevantes. Igual procedimiento adoptará el fiscal en caso la investigación no se judicialice, previa autorización del juez competente.

Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos delitos ajenos a los que son materia de la investigación, el fiscal comunicará estos hechos al juez que autorizó la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso amerita. Las actas de recolección y control de las comunicaciones se incorporarán a la investigación, al igual que la grabación de las comunicaciones relevantes. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones inmediatas con relación al resultado de aquella, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres días de notificado. La notificación al afectado solo será posible si el objeto de la investigación lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de

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terceras personas. El secreto de las mismas requerirá resolución judicial motivada y estará sujeta a un plazo que el juez fijará. La audiencia judicial de reexamen de la intervención se realizará en el más breve plazo. Estará dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de identificación de comunicaciones, se tomara conocimiento de la comisión de delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y secuestro, a cometerse en las próximas horas, el fiscal, excepcionalmente y dando cuenta en forma inmediata al juez competente para su convalidación, podrá disponer la incorporación de dicho número al procedimiento de intervención de las comunicaciones ya existente, siempre y cuando el juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad. 11. Aseguramiento e incautación de documentos privados Cuando la Policía o el fiscal, al realizar un registro personal, una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspección o allanamiento un documento privado, y no ha recabado previamente la orden de incautación con arreglo al artículo siguiente, se limitará a asegurarlo –sin examinar su contenido–, sin perjuicio de que el fiscal lo ponga a inmediata disposición judicial, antes de vencidas las veinticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y solicitando dicte orden de incautación, previo examen del documento. El juez resolverá dentro de un día de recibida la comunicación bajo responsabilidad; tal como lo prescribe el artículo 232 del NP. Asimismo, cuando existan motivos suficientes para estimar que una persona tiene en su poder documentos privados útiles para la investigación, el fiscal solicitará al juez para la investigación preparatoria dicte orden de incautación, atendiendo a lo señalado por el artículo 233 del NP. Por su parte, la resolución autoritativa se expedirá inmediatamente, sin trámite alguno, y contendrá fundamentalmente el nombre del 159

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fiscal a quien autoriza, la persona objeto de intervención y, de ser posible, el tipo de documento materia de incautación. Recabada la autorización, el fiscal la ejecutará inmediatamente. De la diligencia se levantará el acta de incautación correspondiente, indicándose las incidencias del desarrollo de la misma. Cuando se trata de indagaciones indispensables para el esclarecimiento de un delito, la Fiscalía, o la Policía por orden del fiscal puede inspeccionar los libros, comprobantes y documentos contables y istrativos de una persona, natural o jurídica. Si de su revisión considera que debe incautar dicha documentación, total o parcialmente, y no cuenta con orden judicial, se limitará a asegurarla, levantando el acta correspondiente. Acto seguido, el fiscal requerirá la inmediata intervención judicial, antes de vencidas las veinticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y el acta respectiva, solicitando a su vez el mandato de incautación correspondiente. 12. Levantamiento del secreto bancario El levantamiento del “secreto bancario” es una medida que restringe o limita el derecho al secreto bancario (derecho a que se mantengan en secreto todo tipo de operaciones pasivas realizadas en el sistema bancario), y como tal se encuentra comprendida dentro de aquellas medidas en las que necesariamente y sin excepción alguna, tienen que ser ordenadas por el juez mediante una resolución motivada; pues de conformidad con lo prescrito por el artículo 235 del NP, el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá ordenar, reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. Recibido el informe ordenado, el juez previo pedido del fiscal, podrá proceder a la incautación del documento, títulos valores, sumas depositadas y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las cuentas, siempre que exista fundada razón para considerar que tiene relación con el hecho punible investigado y que resulte indispensable y pertinente para los fines del proceso, aunque no pertenezcan al imputado o no se encuentren registrados a su nombre.

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El juez de la investigación preparatoria, a solicitud de fiscal, siempre que existan fundadas razones para ello, podrá autorizar la pesquisa o registro de una entidad del sistema bancario o financiero y, asimismo, la incautación de todo aquello vinculado al delito. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán proporcionar, en el plazo máximo de treinta días hábiles, la información correspondiente o las actas y documentos, incluso su original, si así se ordena, y todo otro vínculo al proceso que determine por razón de su actividad, bajo apercibimiento de las responsabilidades establecidas en la ley. El juez fija el plazo en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso en particular. Las operaciones no comprendidas por el secreto bancario (operaciones activas) serán proporcionadas directamente al fiscal a su requerimiento, cuando resulte necesario para los fines de la investigación del hecho punible. 13. Levantamiento de la reserva tributaria El levantamiento de la reserva tributaria es una medida que restringe o limita el derecho a la reserva de los tributos, y al igual que el levantamiento del “secreto bancario” se encuentra comprendida dentro de aquellas medidas en las que necesariamente y sin excepción alguna, tienen que ser ordenadas por el juez mediante una resolución motivada. En efecto, según el artículo 236 del NP, el juez, a pedido del fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la istración Tributaria la exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando resulte necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado; la istración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documentos o declaraciones ordenados por el juez. 14. Clausura o vigilancia de locales e inmovilización La clausura o vigilancia de locales y la inmovilización de bienes con fines de investigación constituyen medidas restrictivas de derechos fundamentales que se ubican dentro del rubro de medidas que por regla general requieren de una autorización judicial previa, pero que ite 161

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excepciones en supuestos de urgencia o peligro por la demora; pues así lo precisa el artículo 241 del NP, en cuanto prescribe que el fiscal podrá ordenar y ejecutar, por razones de urgencia o peligro por la demora, la clausura o vigilancia del local o la inmovilización de los bienes muebles, cuando sea indispensable para iniciar o continuar la investigación. Efectuada la medida, antes de vencidas las veinticuatro horas de realizada la diligencia, solicitará al juez la resolución confirmatoria y para el efecto adjuntará copia del acta. Fuera de los casos excepcionales antes indicados, el artículo 237 del NP establece que el juez, a pedido del fiscal y cuando fuere indispensable para la investigación de un delito sancionado con pena superior a cuatro años de privación de libertad, podrá disponer la clausura o la vigilancia temporal de un local, por un plazo no mayor de quince días, prorrogables por un plazo igual si las circunstancias lo exigieran. Asimismo, podrá disponer la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensión no puedan ser mantenidas en depósito y puedan servir como medios de prueba. En este caso se procederá a asegurarlas según las reglas del allanamiento. Los plazos de permanencia de dichos bienes en poder de la autoridad son los mismos del numeral anterior. En cuanto al requerimiento fiscal, el artículo 238 del NP, establece que el fiscal especificará en su solicitud los fundamentos y la finalidad que persigue, la individualidad del local o bien mueble objeto de la petición, el tiempo aproximado de duración de la medida y demás datos que juzgue convenientes; en tanto que, la resolución autoritativa contendrá el nombre del fiscal que solicita, la expresa autorización del local o bien mueble, el tiempo de duración de la medida y el apercibimiento de ley para el caso de resistencia al mandato. Respecto a la forma de implementación de la medida, el artículo 240 del NP señala que una vez obtenida la autorización judicial, se llevará a cabo la medida con citación de las partes y, de ser necesario, se requerirá el auxilio policial; redactándose acta respectiva, que será suscrita en el mismo lugar, salvo circunstancias de fuerza mayor. El fiscal dictará las medidas más apropiadas para la custodia y conservación de las cosas muebles. 162

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MODELOS •

Requerimiento de intervención corporal CASO N° 4350-2012 REQUIERE INTERVENCIÓN CORPORAL SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TURNO William Enrique Arana Morales, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en la Oficina 301 de la institución ubicada en la esquina de las Avenidas Jesús de Nazareth y Daniel A. Carrión de la Urb. San Nicolás de esta ciudad; a usted con el debido respeto digo: I. PETITORIO: Que, con motivo de la investigación seguida contra Ever Cabanillas Pérez, como presunto autor del delito de violación sexual, en la modalidad de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales S.D.C.V., de conformidad con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar y el numeral 1 del artículo 211 del NP vigente en este Distrito Judicial de Trujillo, solicito que vuestro Despacho dicte Resolución que autorice el EXAMEN CORPORAL AL IMPUTADO, a fin de que los peritos de la División Médico Legal del Ministerio Público tomen muestras de sangre al imputado para poder realizar pericia biológica de homologación de ADN del investigado con muestra obtenida de secreción vaginal e Hisopado en la menor agraviada. II. DATOS DEL IMPUTADO: Nombres Sexo Doc. de Identidad Fecha de Nac. Lugar de Nac. Estado Civil

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Ever Cabanillas Pérez Masculino 18649617 16 de setiembre de 1976 Trujillo-Trujillo-La Libertad Conviviente

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Nombre de Padres : Felipe y Margarita Condición : Prisión Preventiva-Penal de varones “El Milagro” Domicilio Real : Calle Los Pinos, Mz. N Lt. 05 Villa Judicial - Huanchaco Domicilio Procesal : Jr. Bolognesi Nº 830 Of. 202-M Abogado : Luis Vásquez Núñez III. EXPOSICIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN: Los hechos materia de incriminación consisten en que con fecha 14 de enero de 2013 aproximadamente a las 19:00 horas se presentó ante la Comisaría de Jersusalén - Wichanzao la persona de Cinthia Varas Herrera para denunciar que su menor hija de inciales S.D.C.V. de 12 años había sido víctima de violación sexual por parte de su padre biológico Ever Cabanillas Pérez desde que la menor agraviada tenía 11 años de edad, habiendo tenido la última relación sexual en contra de su voluntad el día 14 de enero de 2013 a horas 6:00, y que la menor no le había contado a su madre porque el denunciado la había amenazado de muerte y que ella había tomado conocimiento de estos hechos en el momento en que encontró a su menor hija desnuda en la cama del denunciado. Al ser interrogada la menor agraviada, refirió que había tenido relaciones sexuales en contra de su voluntad con su padre desde que tenía 11 años y que estos hechos han venido ocurriendo de manera frecuente (una vez por semana) y que ello ocurría en su cama y otras en la cama de su padre, cuando su madre no se encontraba en casa o cuando sus hermanos salían a jugar. Por otra parte, al ser interrogado el denunciado, aceptó los cargos denunciados por su conviviente Cinthia Varas Herrera y de su menor hija, de lo cual se sentía muy arrepentido solicitando a la autoridad competente tomen en cuenta. Al practicarse el Reconocimiento Médico Legal a la menor de iniciales S.D.C.V. se recibió el certificado Médico Legal Nº 00525-CLS, de fecha 14 de enero de 2013 procedente de Medicina Legal Trujillo, en donde los peritos concluyen que la menor presenta lesiones traumáticas extragenitales recientes de tipo contuso, asimismo presenta signos de desfloramiento de himen antiguo.

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Se recibió el protocolo de Pericia Psicológica Nº000584-2013-PSC, de la agraviada (menor de iniciales S.D.C.V.), en la que concluye que la menor presenta desarrollo psicosexual inadecuado inhibido asociado a estresor de tipo sexual, producto de experiencias de maltrato por parte de la figura paterna. Se efectuó el examen de secreción vaginal e Hisopado en la menor de iniciales S.D.C.V., en la que concluyó que en la muestra (2 hisopos) se observaron espermatozoides completos e incompletos, morfológicamente compatibles con la especie humana, según Informe Pericial de Biología Forense Nº 2013035. IV. FUNDAMENTO DEL REQUERIMIENTO: El presente requerimiento (examen corporal del imputado) es con la finalidad de establecer hechos significativos de la presente investigación, consistente en determinar si los espermatozoides que se observan en las muestras de hisopado vaginal que se le tomaron a la menor de iniciales S.D.C.V. corresponden al imputado Ever Cabanillas Pérez; para lo cual se deberán tomar muestras sanguíneas al imputado, y con ello efectuarse la pericia de ADN. V. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO: CERTIFICADO MÉDICO LEGAL Nº 000525-CLS, el cual concluye, que la menor de iniciales S.D.C.V. presenta lesiones traumáticas extragenitales recientes de tipo contuso, asimismo presenta signos de desfloramiento de himen antiguo. FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, seguida contra Ever Felipe Pérez Cabanillas, por encontrarse implicado en la comisión del delito de violación de la libertad sexual, en la modalidad de VIOLACIÓN DE MENOR DE EDAD AGRAVADO, en agravio de la persona de iniciales S.D.C.V. Siendo que en el presente caso concurre la agravante del último párrafo del artículo 173, pues el imputado es el padre de la menor agraviada, y en razón de ello la pena a imponer será de cadena perpetua.

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PROTOCOLO DE PERICIA PSICOLÓGICA Nº 000584-2013-PSC, practicado a la agraviada, en la que concluye que la menor presenta desarrollo psicosexual inadecuado inhibido asociado a estresor de tipo sexual, producto de experiencias de maltrato por parte de la figura paterna. INFORME PERICIAL DE BIOLOGÍA FORENSE Nº 2013035, en la que concluyó que en la muestra (2 hisopos) tomada en la menor de iniciales S.D.C.V. se observaron espermatozoides completos e incompletos, morfológicamente compatibles con la especie humana, según Informe Pericial de Biología Forense Nº 2013035. VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO: La presente petición se ampara en lo prescrito en el numeral 1 del artículo 211 del NP en vigor, que autoriza el examen corporal del imputado para establecer hechos significativos de la investigación, siempre que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad, mayor de cuatro años. Con esta finalidad, aun sin el consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis sanguíneos, pruebas genéticos moleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones radiológicas, siempre efectuadas por un médico u otro profesional especializado. La diligencia está condicionada a que no se tema fundamentalmente un daño grave para la salud del imputado, para lo cual si es necesario se contará con un previo dictamen pericial; y que por las circunstancias particulares de dicho examen, puede desprenderse que no atentará contra la salud del investigado. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez acceda al presente requerimiento por encontrarse conforme a Ley. Trujillo, 14 de febrero de 2013

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Auto que declara fundado requerimiento de intervención corporal CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE Nº

: 00290-2013-39-1601-JR-PE-04

ESPECIALISTA

: ROXANA REBAZA LEÓN

MINISTERIO PÚBLICO : ARANA MORALES, WILLIAM ENRIQUE IMPUTADO

: PÉREZ CABANILLAS, EVER FELIPE

DELITO

: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO

: S.D.C.V.

RESOLUCIÓN N°: UNO Trujillo, dieciocho de febrero del dos mil trece AUTOS Y VISTO: Dado cuenta con el requerimiento fiscal de intervención corporal en el proceso que se sigue contra Ever Cabanillas Pérez, por el delito de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales S.D.C.V., y siendo estado de la causa emitir pronunciamiento; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el representante del Ministerio Público doctor William Arana Morales, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, sustenta fácticamente su requerimiento señalando que los hechos materia de incriminación, consisten en que con fecha 14 de enero de 2013 aproximadamente a las 19:00 horas, se presentó ante la Comisaría de Jerusalén - Wichanzao, la persona de Cinthia Varas Herrera para denunciar que su menor hija de inciales S.D.C.V. de 12 años había sido víctima de violación sexual por parte de su padre biológico Ever Cabanillas Pérez desde que la menor agraviada tenía 11 años de edad, habiendo tenido la última relación sexual en contra de su voluntad el día 14 de enero de 2013 a horas 6:00, y que la menor no le había contado a su madre porque el denunciado la había amenazado de muerte y que ella había tomado conocimiento de estos hechos en el momento en que encontró a su menor hija desnuda en la cama del denunciado.

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Al ser interrogada la menor agraviada, refirió que había tenido relaciones sexuales en contra de su voluntad con su padre desde que tenía 11 años y que estos hechos han venido ocurriendo de manera frecuente (una vez por semana) y que ello ocurría en su cama y otras en la cama de su padre, cuando su madre no se encontraba en casa o cuando sus hermanos salían a jugar. Por otra parte, al ser interrogado el denunciado aceptó los cargos denunciados por su conviviente Cinthia Varas Herrera y de su menor hija, de lo cual se sentía muy arrepentido solicitando a la autoridad competente tomen en cuenta. Al practicarse el Reconocimiento Médico Legal a la menor de iniciales S.D.C.V. se recibió el certificado Médico Legal Nº 00525-CLS, de fecha 14 de enero de 2013 procedente de Medicina Legal Trujillo, en donde los peritos concluyen que la menor presenta lesiones traumáticas extragenitales recientes de tipo contuso, asimismo presenta signos de desfloramiento de himen antiguo. Se recibió el protocolo de Pericia Psicológica Nº 000584-2013-PSC, de la agraviada (menor de iniciales S.D.C.V.), en la que concluye que la menor presenta desarrollo psicosexual inadecuado inhibido asociado a estresor de tipo sexual, producto de experiencias de maltrato por parte de la figura paterna. Se efectuó el examen de secreción vaginal e Hisopado en la menor de iniciales S.D.C.V., en la que concluyó que en la muestra (2 hisopos) se observaron espermatozoides completos e incompletos, morfológicamente compatibles con la especie humana, según Informe Pericial de Biología Forense Nº 2013035. SEGUNDO: Que el artículo 211 del NP prevé que “El juez de Investigación Preparatoria a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar un examen corporal del imputado para esclarecer hechos significativos de la investigación, siempre que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad mayor a cuatro años (…)”.

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TERCERO: Que del análisis del requerimiento fiscal y recaudos que se adjuntan como elementos de convicción, los siguientes: a) Certificado Médico Legal N° 000525-CLS; b) Disposición de formalización de la investigación preparatoria, seguida contra Ever Cabanillas Pérez; c) Protocolo de Pericia Psicológica N° 000584-2013-PSC, practicado a la agraviada de iniciales S.D.C.V.; d) Informe Pericial Biológico Forense N° 20130335. Por estos fundamentos de acuerdo a las normas antes acotadas. Se RESUELVE: DECLARAR FUNDADO el requerimiento fiscal sobre intervención corporal que se practicará al investigado Ever Cabanillas Pérez a fin de que los peritos de la División Médico Legal del Ministerio Público tomen muestras de sangre del imputado para la pericia de ADN. NOTIFÍQUESE a quienes corresponda.

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Requerimiento de allanamiento CASO N° 3206-2012 REQUERIMIENTO DE ALLANAMIENTO, REGISTRO DOMICILIARIO, INCAUTACIÓN Y DETENCIÓN DE PERSONAS SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TURNO Briseyda Inca Villacorta, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en la esquina de la Av. Jesús de Nazareth y Av. Carrión de la Urb. San Nicolás de esta ciudad; a usted con el debido respeto digo: I. PETITORIO: Que, con motivo de la investigación seguida contra los representantes de la Empresa: “Taxi Santa Eulalia”, por la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO, en agravio del Estado-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 y siguientes del NP, solicito que vuestro Despacho dicte LA RESOLUCIÓN AUTORITATIVA DE ALLANAMIENTO y REGISTRO DOMICILIARIO del inmueble ubicado en la Manzana LL Lote 1 de la Urbanización Santo Dominguito, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad lugar donde funciona la Empresa: “Taxi Santa Eulalia”, la que en la actualidad se encuentra operando de manera legal y sin autorización el Teleservicio Privado en la Frecuencia Modulada N° 147.1 Mhz. Asimismo, que la mencionada Resolución también AUTORICE LA INCAUTACIÓN de equipos, trasmisores, antenas y demás bienes que permitan y/o faciliten la comisión del ilícito penal materia de investigación, los que serán entregados al representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en calidad de CUSTODIO; así como la DETENCIÓN de las personas que pretendan impedir la realización de dicha diligencia.

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II. EXPOSICIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN: Que, los hechos incriminatorios conforme a lo mencionado en Vistos, consisten en que personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones (CER-TRUJILLO) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha detectado que de manera ilegal viene operando en esta ciudad la empresa “Taxi Santa Eulalia”, que en la actualidad se encuentra operando el Teleservicio Privado en la Frecuencia Modulada N° 147.1 Mhz, la que está debidamente identificada, conociéndose además su domicilio y su propietario y/o representante, conforme aparece de las actas que se han adjuntado a la denuncia; asimismo dicha empresa a pesar de que los Técnicos Electrónicos de Comunicaciones han efectuado la inspección técnica correspondiente, en la que se les hizo conocer que deben dejar de operar en tanto no tengan autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha hecho caso omiso a dichas inspecciones y continúan operando de manera ilegal, causando perjuicio no solo al Estado, sino también a las empresas radiodifusoras formalizadas. III. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO: -

Informe N° 5945-2010-MTC/29.02 de fecha 16 de noviembre de 2010 efectuado por personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, en el que se concluye que efectuada la Inspección Técnica en el inmueble ubicado en la Manzana LL Lote 1 de la Urbanización Santo Dominguito, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, se ha verificado que ahí se encuentra operando la estación denominada “Taxi Santa Eulalia”, en el Teleservicio Privado en la Frecuencia Modulada N° 147.1 Mhz, la que está operando sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este documento se identifica además como propietario de dicha estación a la persona de Roberto Campos Cruces.

-

El Acta de Inspección Técnica Nº 00204-2010 de fecha 8 de noviembre del año 2010 efectuado por personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, en el que se deja constancia de haberse verificado que en el inmueble ubicado en la Manzana LL Lote 1 de la Urbanización Santo Dominguito, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, funciona

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la estación denominada “Taxi Santa Eulalia”, en el Teleservicio Privado en la Frecuencia Modulada N° 147.1 Mhz, la que está operando sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En esta acta se especifica además que se hizo conocer a la persona de Eulalia Cotrina Rivas, empleada de la empresa en cuestión que debía dejar de operar en tanto no cuente con la respectiva autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

-

Resolución Directoral N° 0603-2011-MTC/29 de fecha 20 de abril de 2011, en la que se autoriza al personal de la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones del MTC, adoptar la medida cautelar de Decomiso e incautación de los bienes de la empresa denunciada.

- La Gráfica del Espectro Radioeléctrico de Señal FM No Autorizada, en la que se comprueba que la estación de radiodifusión sonora en denominada “Taxi Santa Eulalia” se emite a través de la Frecuencia Modulada N° 147.1 Mhz. IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Que, nuestro ordenamiento penal punitivo, ha previsto en el artículo 185 concordante con el inciso 6 segundo párrafo del artículo 186 del Código Penal que: “La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido. 6. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegal”; en tal sentido, compulsados los hechos antes descritos, encontramos que la conducta realizada por el representante de la Empresa “Taxi Santa Eulalia” sería constitutiva del delito de hurto agravado, y su autor está debidamente individualizado. Que, el artículo 214 del NP prescribe que: “Siempre que existan motivos razonables para considerar (...) que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa-habitación, casa de negocio o dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado lugar”; y dado que en el presente caso, dado a la modalidad del ilícito investigado, en donde para su realización resulta necesario la existencia de equipos, trasmisores, antenas y otros bienes que por ser instrumentos del delito requieren ser incautados, ES PREVISIBLE que será negado el ingreso y más aún la incautación de dichos bienes.

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Que, el artículo 217 del NP establece que: “Cuando sea el caso, el fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso (...)”; y dado que en el allanamiento que se requiere, también se efectuará la incautación de los bienes que se utilizan para la comisión del delito materia de investigación, y que es previsible que se pretenderá impedir dicha diligencia, resulta necesario que también que se autorice la detención de las personas que pretendan impedir su realización. Por tales razones, teniendo en consideración que las diligencias solicitadas se encuentran dentro del marco normativo del NP, es procedente que su Despacho disponga su realización en el más breve plazo. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez acceda al presente requerimiento. PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, teniendo en consideración que la presente diligencia se está actuando a nivel preliminar y con carácter reservado, debido a que en caso de tener conocimiento los denunciados podrían sustraer del lugar en donde se encuentran los bienes que se pretende incautar, imposibilitando así el objetivo de la diligencia, SOLICITO que la Resolución que se emita sea notificada únicamente al representante del Ministerio Público requiriente. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Se adjunta copia del presente requerimiento y de los elementos de convicción sustentatorios de este. TERCER OTROSÍ DIGO: Se deja constancia de que la diligencia de allanamiento será realizada dentro del lapso de DOS SEMANAS a partir de Resolución Judicial, aclarándose además que el tiempo de duración de esta será de máximo DOCE HORAS. CUARTO OTROSÍ DIGO: La fiscal encargada de la diligencia será la Doctora Mónica María Requejo Chamorro. QUINTO OTROSÍ DIGO: Se pone en conocimiento que la referida diligencia será filmada con cámara de video y se efectuarán las tomas fotográficas que resulten necesarias para la presente investigación. Trujillo, 24 de junio de 2011

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Auto que ordena el allanamiento QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE N°

: 2712-2013-68

IMPUTADO

: CÉSAR CASANA RODRÍGUEZ

DELITO

: HOMICIDIO Y OTROS

AGRAVIADO

: ROLANDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

JUEZ

: JUAN MARTÍN RAMÍREZ SÁENZ

ASISTENTE

: KATTY MILAGRO LEGOAS LOZADA

RESOLUCIÓN Nº : DOS Trujillo, veinte de noviembre del dos mil trece AUTOS Y VISTOS, dado cuenta con el requerimiento fiscal que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la señora fiscal Provincial del Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, doctora Teresa Wong Gutiérrez, requiere al juzgado se autorice el allanamiento y registro domiciliario con descerraje del inmueble ubicado en la Calle Francisco de Paula N° 220 - La Esperanza, en el cual se encontraría viviendo el investigado César Casana Rodríguez (a) “Chipi” quien se encuentra con la medida de prisión preventiva dictada por este juzgado y por consiguiente, con orden de captura; siendo necesaria su aprehensión para los fines de la investigación; así como la posibilidad de encontrar objetos de delito tales como armas de fuego, conforme a uno de los delitos por el cual se investiga al imputado, de tenencia ilegal de armas de fuego. SEGUNDO: NORMAS APLICABLES A LA BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIONES DE DERECHOS Código Procesal Penal Artículo VI del Título Preliminar.- Legalidad de las medidas limitativas de derechos “Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad

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judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad”. Artículo 202.- Legalidad Procesal “Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado”. Artículo 203.- Presupuestos “1. Las medidas que disponga la autoridad, en los supuestos indicados en el artículo anterior, deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el juez de la investigación preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del Ministerio Público. 2. Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados. El juez de la investigación preliminar, salvo norma específica, decidirá inmediatamente, sin trámite alguno (...)”. Artículo 214.- Solicitud y ámbito del allanamiento “1. Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa-habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. 2. La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará.

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3. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta”. Artículo 215.- Contenido de la resolución “1. La resolución autoritativa contendrá: el nombre del fiscal autorizado, la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia, y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato. 2. La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un periodo determinado, en cuyo caso constarán esos datos”. Artículo 217.- Solicitud fiscal para incautación y registro de personas “1. Cuando sea el caso, el fiscal solicitará que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso se hará un inventario en varios ejemplares, uno de los cuales se dejará al responsable del recinto allanado. 2. El allanamiento, si el fiscal lo decide, podrá comprender el registro personal de las personas presentes o que lleguen, cuando considere que estas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con este. El fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. El trasgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar”. TERCERO: HECHOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO FISCAL Y LA CALIFICACIÓN TÍPICA REALIZADA Los hechos se habrían suscitado el día 23 de marzo de 2013 al promediar las 21:30 horas en inmediaciones de la calle Hipólito Unanue y Ramón de Castro del Distrito El Porvenir, lugar donde se venían realizando una actividad conocida como POLLADA donde se encontraba el agraviado Rolando Sánchez Rodríguez departiendo con familiares y amigos del

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barrio; es en tales circunstancias en que llegaron hasta ese lugar tres sujetos provistos de armas de fuego, los que han sido identificados como Diego Vera Cruz conocido como “Vaca”, César Casana Rodríguez conocido como “Chipi” y Terry Pérez Solano conocido como “Loco Terry”; siendo que el primero de los nombrados le apuntó con su arma de fuego al agraviado y le disparó varias veces. Al ver esta escena, todos los presentes identificaron al que disparó, pero no pudieron arrestarlo porque se encontraba en compañía de las otras dos personas, quienes luego de producido el hecho se retiraron y abordaron un vehículo automóvil de color azul, donde también abordó una chica de nombre “Olivia”, no sin antes realizar disparos con arma de fuego al aire, para intimidar a los testigos. Asimismo producto de tal acto de violencia, resultó también con lesiones la persona de Edgar Espinola León. Por estos hechos se formalizó la Investigación Preparatoria contra Diego Vera Cruz conocido como “Vaca”, César Casana Rodríguez conocido como “Chipi” y Terry Pérez Solano; por los delitos de homicidio calificado, tenencia ilegal de arma de fuego, encubrimiento persona y lesiones; dictándose la medida de prisión preventiva contra los tres imputados, encontrándose actualmente cumpliendo dicha medida en el establecimiento penitenciario de varones - El Milagro, los investigados Diego Vera Cruz y Terry Pérez Solano; sin embargo, el imputado César Casana Rodríguez, aún no ha sido ubicado y capturado, encontrándose vigente dicha medida. Con fecha 8 de noviembre de este año, se recibió en la Fiscalía el Oficio N° 1223-2013-DITERPOL-LL-DIVICAJ/SEC.SEX-EXT, mediante el cual adjuntan Informe N° 271 indicando que tienen conocimiento que la persona de César Casana Rodríguez, se encontraba viviendo en el domicilio ubicado en la Calle Francisco de Paula N° 565-El Porvenir-Trujillo, domicilio que figura en el Reniec; sin embargo, evita su aprehensión al asomarse únicamente al frontis de su domicilio, para ingresar inmediatamente a este, burlando así la acción policial al tener conocimiento pleno que se encuentra con orden de captura y encontrando refugio en su propia vivienda, conforme se puede corroborar con las tomas fotográficas captadas por el personal policial y que se adjuntan al requerimiento fiscal. Señala la señora fiscal que existe la posibilidad fundada que en el interior del inmueble se encuentren objetos relacionados con el delito, tales como armas de fuego que pudiera haber utilizado en el caso que viene siendo materia de investigación ante este despacho fiscal, u otros que resulte relevantes para la investigación.

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Conforme a los hechos redactados, se ha formalizado investigación preparatoria contra César Casana Rodríguez, por los delitos de Homicidio Calificado, tenencia ilegal de arma de fuego, encubrimiento personal y lesiones. CUARTO: DETERMINACIÓN DEL CASO Suficientes elementos de convicción El requerimiento fiscal se sustenta en: - Oficio N° 1223-2013-DITERPOL-LL-DIVICAJ/SEC-EXT mediante el cual se adjunta Informe N° 271-2013, donde aparece que el personal policial de la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la DIVICRI, informan que tienen conocimiento que la persona de César Casana Rodríguez se encontraría viviendo en el domicilio ubicado en la Calle Francisco de Paula N° 565-El Porvenir-Trujillo, que es el domicilio que aparece en su ficha del Reniec. - Acta de levantamiento de cadáver del agraviado, cuyo diagnóstico fue traumatismo tóraco abdominal por PAF. - El Acta de necrópsia en la cual se han registrado los aspectos relevantes de la diligencia, en la cual se determinó como causa de muerte “Hemorragia intratorácica e introabdominal debido a laceración pulmonar cardiaca y hepática originada por herida perforante en tórax y abdomen por PAF”. Asimismo, se halló un proyectil de arma de fuego en la pared abdominal. - Informe Policial remitido a la fiscalía mediante Oficio N° 787-2013DITERPOL-RPLL-DEPINCRI “Olicia”, donde se precisa que se ha identificado a los sujetos que habrían participado en los hechos que son objeto de la presente investigación, indicando que se trata de Diego Vera Cruz conocido como “Vaca”, Cesar Casana Rodríguez conocido como “Chipi” y Terry Pérez Solano conocido como “Loco Terry” siendo el primero quien ejecutó el disparo en contra de los agraviados y los otros dos quienes mostraron sus armas en defensa del primero; a fin de evitar que los asistentes a la pollada pudieran detenerlo y todos juntos en compañía de la última se dieron a la fuga en un vehículo azul, efectuando disparos al aire y amedrentando a los pobladores de la zona.

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- El Acta de Intervención Policial donde aparecen los hechos constatados por personal policial en el lugar de los hechos a las 01:00 horas del día 24 de marzo de 2013, en la Calle Manuel Ubalde y pasaje Ramón de Castro, pudiendo apreciar la existencia de restos de sangre esparcidos en la vereda, casquillos percutados y se obtuvo la información que minutos antes el agraviado fue llevado al Hospital Belén de Trujillo, al haber sido auxiliado, quien llegó cadáver por las heridas por PAF. - Acta de ocurrencia policial, donde se da cuenta que personal policial llegó al área de emergencia del Hospital Belén, verificando que a las 00:45 horas del 24 de marzo de 2013, ingresaron a ese nosocomio Edgar Espinola León, por haber sido herido por PAF en el muslo derecho y la persona de Rolando Sánchez Rodríguez, quien llegó cadáver, habiéndose mencionado que el hecho se realizó en la calle Manuel Ubalde y 26 de marzo. - Acta de hallazgo y recojo, en el cual personal policial que suscribe dicho documento, se constituyó al lugar de los hechos y halló, frente a la cuadra I de Manuel Ubalde 197, dos casquillos esparcidos encima de la vereda; y en la intersección de la Calle Manuel Ubalde y Pasaje Ramón de Castro hallaron cuatro casquillos más. - Acta de entrevista efectuada a Edgar Espinola León efectuada en emergencia del Hospital Belén, con la que corrobora que recibió disparo de bala por una persona desconocida y luego escuchó otros disparos más. - Acta de declaración testimonial de la madre del occiso, quien señala que los vecinos le informaron que la persona que disparó a su hijo sería “Vaca”, quien estaba acompañado de sus amigos apodados “Terry” y “Chipi”; agregando que “Edgar Espinola León” se llama David Vera. Asimismo, que le habían informado que el arma que utilizaron para matar a su hijo sería del papá del tal “Chipi”, que se llama Jaime Vera y se dedica a la fabricación de calzado, que esa arma es su pistola. - Acta de declaración de Julia Gonzales Valle, quien realizó la pollada en el frontis de su domicilio, que los hechos ocurrieron en la noche, pero desconoce quiénes serían los responsables y que quien vendió la cerveza fue Tania Ortecho Pérez, su nuera.

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- Acta de declaración de Tania Lina Ortecho Pérez, quien reconoce haber vendido cerveza el día de los hechos, que escuchó varios disparos de armas de fuego y cuando ha salido de su casa ha visto a la víctima herido y tendido, y la gente lo auxilió pero lamentablemente llegó cadáver. - Acta de declaración del testigo con Código de Reserva Nº 1806-2013, quien dijo haberse encontrado presente en el momento que se producen los hechos, participando de la pollada, observando que “Vaca”, le disparó al occiso en varias oportunidades y vio la participación de sus amigos “Chipi” y ”Loco Terry”. - Acta de reconocimiento en fichas de Reniec mediante el cual el testigo con Código de Reserva Nº 1808-2013 reconoció plenamente a los investigados. - Dictamen pericial de balística forense Nº 361-2013 mediante el cual se determinó que la persona de Jhony Foster Velásquez Tantaleán presentó una herida de ingreso y una de salida de proyectil de arma de fuego. - Dictamen pericial de balística forense Nº 365-2013 mediante el cual se realizó el análisis de 6 casquillos de cartucho de arma de fuego, las cuales han sido descritas en el documento de su propósito. - Dictamen pericial de balística forense Nº 368-2013 mediante el cual se determina que la víctima presentó ocho heridas de entrada por PAF, y seis de salida, conforme a la descripción que se efectúa. - Dictamen pericial de restos de disparos de arma de fuego RD 309310/2013, en la que se ha determinado que los tres investigados han presentado una probabilidad del 70% de correspondencia con restos de disparos de arma de fuego. - Tomas fotográficas obrantes en la carpeta fiscal. Los elementos de convicción que permiten determinar en alto grado de probabilidad que el investigado César Rodríguez Ruiz “Chipi” se encuentra vinculado con los delitos materia de investigación. Por tanto, se consideran que existen suficientes elementos de convicción para permitir la restricción de derechos fundamentales (inviolabilidad de domicilio y la propiedad) para buscar pruebas, en virtud de que el imputado

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César Rodríguez Ruiz está vinculado al proceso con prisión preventiva y encontrándose como no habido, según información policial sustentada en el informe correspondiente, estaría ocultándose en el domicilio en el cual se requiere la medida de allanamiento con descerraje y registro domiciliario. Principio de proporcionalidad César San Martín Castro tiene señalado que existe este principio, que exige la ponderación de los intereses en conflicto, tiene rango constitucional y es extraído del principio del Estado de Derecho y de la esencia de los derechos fundamentales (arts. 43 y 1 de la Constitución)(1). La aplicación del principio de oportunidad tiene requisitos extrínsecos e intrínsecos que deben cumplirse; los intrínsecos regulan el contenido de la actuación del Estado cuando se restringen derechos fundamentales para obtener prueba; estos son idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. a) Idoneidad Permite verificar que una medida tenga cualidades que la conviertan en apta para alcanzar los fines previstos. En este caso, se propone el allanamiento con descerraje y registro domiciliario del inmueble ubicado en la Calle Francisco de Paula Nº 565-El Porvenir-Trujillo, para capturar al imputado César Casana Rodríguez y para encontrar objetos de delitos, como armas de fuego. Si el informe policial determina que el investigado burla a la autoridad policial para evitar su captura, refugiándose en el inmueble que se pretende allanar y registrar, las medidas tienen la capacidad de lograr los fines propuestos, porque se podrá ingresar al inmueble y capturar al imputado y porque también se podrá registrar el inmueble en búsqueda de los objetos que señala el Ministerio Público. b) Necesidad Sirve para apreciar si la medida es esencial para evitar la frustración de la investigación y si existe otra vía menos gravosa para obtener la finalidad propuesta.

(1)

SAN MARTÍN, César. Derecho Procesal Penal. 2ª edición, Grijley, Lima, 2009, p. 563.

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Las restricciones propuestas por el Ministerio Público son absolutamente esenciales para evitar la frustración de la investigación, pues de tratar de obtener permiso para el ingreso al domicilio, en virtud de la situación jurídica del imputado (captura por prisión preventiva), es posible que no se consigna tal ingreso y, de otro lado, se podría esconder algún tipo de arma que sea utilizada por el imputado. Resultando que estas medidas son fundamentales para obtener la prueba sin alertar al imputado y de esa manera conseguir información para proseguir con la investigación, de otro modo se vería estancado. c) Proporcionalidad en el sentido estricto Según la cual se deberá verificar si de otro modo no será posible obtener la información que se busca; que sea posible la desaparición de la fuente de prueba y que la información a obtener sea pertinente y útil al objeto de la investigación. Es absolutamente claro y objetivo afirmar que no existe otra forma de obtener la información que se busca, porque la autoridad policial ha determinado que el imputado se esconde en el domicilio a allanar, porque se podría desaparecer el arma o armas de uso del imputado y este podría cambiar de lugar de residencia; siendo que esta actividad es absolutamente útil a los fines del proceso. Negación previsible del ingreso a la autoridad fiscal en acto de función al domicilio a allanar y registrar Conforme aparece de los elementos de convicción, el imputado César Casana Rodríguez se encuentra con mandato de prisión preventiva, la actividad policial informa que se sustrae a la acción de búsqueda para su captura, manteniéndose en el inmueble donde actualmente radica, por lo tanto, resulta absolutamente previsible que si el representante del Ministerio Público trataría de ingresar de otro modo, le sería negado el para continuar sustrayendo de la acción de la justicia al imputado. CONCLUSIÓN Ante la existencia de suficientes elementos de convicción y superado el análisis de proporcionalidad de las medidas requeridas, sin que exista flagrancia o peligro inminente de la perpetración del delito de contaminación

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y ante la negación previsible de la autoridad fiscal al inmueble materia de la medida instrumental, corresponde autorizar las medidas requeridas para limitar derechos fundamentales y obtener pruebas de la comisión de los delitos de Asesinato, Tenencia Ilegal de arma de fuego, encubrimiento personal y lesiones. Por estas consideraciones, SE RESUELVE: DECLARAR FUNDADA el requerimiento fiscal. En consecuencia, AUTORIZO el ALLANAMIENTO CON DESCERRAJE Y REGISTRO DOMICILIARIO del inmueble ubicado en la CALLE FRANCISCO DE PAULA Nº 565-EL PORVENIR-TRUJILLO, en el cual se encontraría viviendo el imputado César Casana Rodríguez; con la finalidad de lograr: - La captura del Imputado César Casana Rodríguez que se encuentra con mandato de prisión preventiva. - Encontrar objetos relacionado con los delitos, tales como armas de fuego. DURACIÓN: La diligencia deberá tener un máximo de duración de DOCE HORAS y se llevará a cabo bajo apercibimiento para quienes se resistan al mandato de ser denunciados penalmente por el delito que corresponde. La orden de allanamiento tendrá una duración máxima de DOS SEMANAS, contadas a partir de la notificación de la presente resolución a la señora fiscal requirente. La señora fiscal provincial encargada de las medidas será la doctora Teresa Wong Gutiérrez y será extensiva a los señores fiscales William Enrique Arana Morales, fiscal provincial penal y Sara Carola García Arrascue, fiscal adjunta provincial penal. DISPONGO que las diligencias se circunscriban a lo autorizado, redactándose las actas correspondientes y se tomen precauciones necesarias para preservar la reputación y pudor de las personas que se encuentren en el local allanado. NOTIFÍQUESE a la señora fiscal provincial requiriente.

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Requerimiento de incautación de bienes SGF. Nº 1234-13 EXP. Nº: ESPECIALISTA: PONE A DISPOSICIÓN DOCUMENTO PRIVADO (MEMORIA DE CELULAR) Y SOLICITA ORDEN DE INCAUTACIÓN PREVIO EXAMEN DEL MISMO SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA William Enrique Arana Morales, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio en las esquinas de las Avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión - Oficina 505 y con teléfono de o 949494748; a usted digo: I. PETITORIO: Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 232 del NP, SE PONE A DISPOSICIÓN documento privado consistente en la memoria del celular contenida en el celular encontrado en poder del intervenido Héctor Carlos Reyes quien fue detenido en flagrancia delictiva cuando se encontraba cobrando cupos provenientes del delito de extorsión conjuntamente con la detenida Olga Trelles Segura; y en tal sentido solicitamos se emita la orden de incautación del celular previo examen de este; autorizándose además la visualización de la memoria del celular, pues se trata de una solicitud de incautación como medida de búsqueda de pruebas. II. INFORME RAZONADO DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD: Que como consecuencia de la videovigilancia dispuesta por este despacho fiscal, personal policial de la unidad especializada DEPROVE ha realizado un minucioso seguimiento a personas dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos a diversas empresa de Transporte Público de Pasajeros; y como consecuencia de dicha labor de videovigilancia en lugares abiertos, el día 4 de julio del año 2013, a las 12.45 horas se realiza la

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intervención de Olga Trelles Segura y Héctor Carlos Reyes quienes fueron encontrados en sus labores cotidianas de cobros de cupos en la intersección de Av. Los Incas con Pasaje Albarracín, tal como consta en el acta de intervención policial que se adjunta al presente requerimiento y en el video de la intervención. Atendiendo a los hechos antes descritos, se evidencia que la conducta de Héctor Carlos Reyes encuadra en el tipo penal de EXTORSIÓN de conformidad con lo prescrito 200 del Código Penal. Como consecuencia de la intervención policial, al detenido Héctor Carlos Reyes se le practicó un registro personal, y dentro de otros elementos que lo vinculan a la ilegal actividad que estaba realizando, a dicho imputado se le encontró en poder de un teléfono celular marca Motorola color negro con plomo, con su respectiva batería y chip de la empresa CLARO. Durante las primeras diligencias y con intervención del abogado defensor público se le hizo conocer al imputado sus derechos constitucionales, y en relación con la información contenida en la memoria de su celular se le pidió un consentimiento informado para poder acceder a ella, –toda vez que se trata de un documento privado porque contiene declaraciones de voluntad que además se vinculan a su intimidad personal–; siendo que dicho imputado se negó a brindar su consentimiento para dicha visualización, y en mérito a ello, de conformidad con lo prescrito en el artículo 232 del NP, se pone a disposición de vuestro Despacho el documento privado consistente en la memoria del celular contenida en el celular encontrado en poder del intervenido Héctor Carlos Reyes y solicitamos se emita la orden de incautación del celular previo examen de este; autorizándose además la visualización de la memoria del celular, pues la intimidad o privacidad de la persona constituye un derecho fundamental, que como tal, es relativo y puede ser objeto de restricciones cuando sean necesarias para el esclarecimiento de hechos delictivos de especial gravedad como el delito de extorsión que se investiga en el presente caso. III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Que el presente requerimiento se encuentra amparado en el artículo 232 del NP, el que prescribe lo siguiente:

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Aseguramiento de documentos privados.- Cuando la Policía o el fiscal, al realizar un registro personal, una inspección en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del intervenido o en el lugar objeto de inspección o allanamiento un documento privado, y no ha recabado previamente la orden de incautación con arreglo al artículo siguiente, se limitará a asegurarlo –sin examinar su contenido–, sin perjuicio que el fiscal lo ponga a inmediata disposición judicial, antes de vencidas las veinticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe razonado y solicitando dicte orden de incautación, previo examen del documento. El juez resolverá dentro de un día de recibida la comunicación bajo responsabilidad. IV. ELEMENTOS QUE FUNDAMENTAN LOS HECHOS INFORMADOS: El presente requerimiento se sustenta en elementos de convicción suficientes, los que se anexan al presente y se detallan a continuación: 1. Copia del oficio de DEPROVE requiriendo la autorización para videovigilancia. 2. Copia de la disposición de videovigilancia emitida por este despacho fiscal. 3. Copia de fotografías de la videovigilancia donde se aprecia al imputado Héctor Carlos Reyes, conjuntamente con su coimputada Olga Trelles Segura, realizando cobros de los cupos de las extorsiones. 4. Copia del acta de intervención policial. 5. Copia del acta de registro personal y del acta ininterrumpida de cadena de custodia. 6. Sobre lacrado que contiene el celular del intervenido Héctor Carlos Reyes. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez que en el día emita la resolución que ordena la incautación solicitada y autorice la visualización del documento objeto de incautación (memoria del celular del intervenido); por tratarse de un requerimiento que se encuentra conforme a Ley. Trujillo, 5 de julio de 2013

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Requerimiento de confirmatoria de incautación REQUERIMIENTO DE CONFIRMATORIA DE INCAUTACIÓN DE BIEN MUEBLE SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TURNO Teresa Valencia Zavaleta, fiscal provincial del Segundo Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en la esquina formada por las Avenidas Jesús de Nazareth y Daniel Alcides Carrión de la Urbanización San Nicolás de esta ciudad - Oficina Nº 402; a usted con el debido respeto digo: PETITORIO: De conformidad con lo prescrito en el inciso décimo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, el artículo VI del Título Preliminar y el inciso segundo del artículo 218 del vigente NP, SOLICITO a vuestro Despacho CONFIRMAR LA INCAUTACIÓN DEL TELÉFONO CELULAR DE LA EMPRESA MOVISTAR, MARCA NOKIA, COLOR ROJO CON BLANCO, CON CÁMARA, AUDÍFONO Y CARGADOR, DE NÚMERO 044-948928531, del CHIP QUE ESTE CONTIENE DE N° 102080 252113 64.02 y de la AGENDA TELEFÓNICA COLOR VERDE, CON DIBUJOS DE BLANCA NIEVES, objetos que le fueran incautados a Consuelo Castro Venega, presunta autora del delito de Extorsión tipificado en el artículo 200 del Código Penal en vigor, el que fuera cometido en agravio de Américo Blancas Padilla. SUSTENTO FÁCTICO Y PROBATORIO DEL REQUERIMIENTO: Que, fluye de la investigación preliminar realizada, que desde el 5 de mayo del año en curso, el denunciante ha recibido constantes llamadas telefónicas a su celular de N° 949636504, provenientes del celular N° 948963780, en las que un sujeto desconocido lo amenazó con matar a su esposa y a sus hijos si no pagaba la suma de tres mil nuevos soles (S/. 3,000). Refiere además el agraviado que estas llamadas las habría

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recibido también en los teléfonos fijos Nºs 292859 y 230808 de la base de la empresa Taxi Night SAC que es de su propiedad y al teléfono celular de N° 949933787, de propiedad de su hija Vanesa Blancas Padilla. Es ante estas amenazas que el agraviado decide realizar averiguaciones entre el personal que labora en su empresa, sorprendiendo a la investigada Consuelo Castro Venega, teniendo una conversación telefónica con alguien a quien le estaba dando los números de los teléfonos celulares de sus hijos, razón por la cual le increpó, cuestionándola y preguntando con quién estaba conversando y ante la insistencia del agraviado esta reconoció que se encontraba conversando con la persona de Mario Gómez Sánchez, conocido como el “Ojón Mario”, que es justamente la persona que lo estaba extorsionando y que actualmente se encontraba recluido en el Penal de Tumbes. Es ante esta circunstancia que el agraviado informa de lo ocurrido a la Policía, quien interviene posteriormente a la investigada, realizando el Registro personal respectivo encontrando en su poder un TELÉFONO CELULAR DE LA EMPRESA MOVISTAR, MARCA NOKIA, COLOR ROJO CON BLANCO, CON CÁMARA, AUDÍFONO Y CARGADOR, DE NÚMERO 044-948928531, del CHIP QUE ESTE CONTIENE DE N° 102080 252113 64.02 y de la AGENDA TELEFÓNICA COLOR VERDE, CON DIBUJOS DE BLANCA NIEVES, objetos que le fueron incautados. Posteriormente, al momento de rendir su declaración la investigada ha aceptado haber sido ella quien le pasó la información a Mario Gómez Sánchez, referente al agraviado y a su familia a efectos de poder extorsionarlo y de esa manera conseguir que este les pagara un cupo; refiere también la investigada que ella se comunicaba con una frecuencia de dos o tres veces al día con Mario Gómez, agregando que había duado su teléfono celular es el número 948928531 con el teléfono celular de él cuyo número es 949471617. Los hechos consignados en el párrafo anterior y la documentación adjuntada justifican la necesidad de que vuestro Despacho decida confirmar la incautación del TELÉFONO CELULAR DE LA EMPRESA MOVISTAR, MARCA NOKIA, COLOR ROJO CON BLANCO, CON CÁMARA, AUDÍFONO Y CARGADOR, DE NÚMERO 044-948928531, del CHIP QUE ESTE CONTIENE DE N° 102080 252113 64.02 y de la AGENDA TELEFÓNICA COLOR VERDE, CON DIBUJOS DE BLANCA NIEVES

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a la persona de Consuelo Castro Venega, puesto que tal decisión permitirá continuar las investigaciones correspondientes en torno al suceso anteriormente reseñado, a efectos de determinar en su oportunidad, la responsabilidad o no responsabilidad penal de la investigada. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL REQUERIMIENTO: El artículo VI del Título Preliminar del vigente NP prescribe que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Estado, únicamente podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo y forma legalmente previstos. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. La respectiva orden judicial deberá sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como al respeto al principio de proporcionalidad, y los subprincipios de necesidad, conducencia e idoneidad. Por su parte, el artículo 218 del NP en vigor prescribe que la Policía Nacional no necesitará autorización del fiscal ni orden judicial, en puntual referencia a la incautación de bienes, cuando se trata de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al fiscal. Cuando exista peligro por la demora, acota el citado precepto legal, la exhibición o la incautación debe disponerla el fiscal. En todos estos casos, el fiscal, una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su ejecución, requerirá al juez de la investigación preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria. BIEN MUEBLE OBJETO DEL REQUERIMIENTO: Los bienes inmuebles objeto del presente requerimiento son los que a continuación se detallan: UN TELÉFONO CELULAR DE LA EMPRESA MOVISTAR, MARCA NOKIA, COLOR ROJO CON BLANCO, CON CÁMARA, AUDÍFONO Y CARGADOR, DE NÚMERO 044-948928531, del CHIP QUE ESTE CONTIENE DE N° 102080 252113 64.02 y de la AGENDA TELEFÓNICA COLOR VERDE, CON DIBUJOS DE BLANCA NIEVES, que fuera incautada a Consuelo Castro Venega en el contexto anteriormente

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reseñado, y que aparece descrita al detalle en el Acta de Intervención Policial y el Acta de Registro Personal, la Manifestación y Ampliación de Manifestación del agraviado y la Declaración de la Investigada que en copia fotostática, se adjuntan al presente. Por lo anteriormente expuesto, este despacho fiscal de Investigación solicita a vuestra digna autoridad CONFIRMAR LA INCAUTACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DETALLADOS EN EL NUMERAL IV DEL PRESENTE REQUERIMIENTO. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted, señor juez de la investigación preparatoria, tener a bien acceder al presente requerimiento, para los fines que resulten pertinentes, útiles y conducentes. Trujillo, 14 de mayo de 2008

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Auto que ordena la incautación de bienes QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE Nº : ESPECIALISTA : M.P. : IMPUTADO : DELITO : IMPUTADO : DELITO : IMPUTADA : DELITO : IMPUTADA : DELITO :

04041-2013-65-1601-JR-PE-05 KATTY MILAGRO LEGOAS LOZADA PALOMEQUE TEJEDA, PAULO CÉSAR LAVADO DE ACTIVOS PRADO OJEDA, PAULO ASOCIACIÓN ILÍCITA ZAVALA ZAONA, JENY LAVADO DE ACTIVOS ZAVALA ZAONA, ESTELA LAVADO DE ACTIVOS

AGRAVIADO ESTADO - PROCURADOR PÚBLICO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO RESOLUCIÓN Nº: UNO Trujillo, ocho de agosto del dos mil trece I. PARTE EXPOSITIVA: La fiscal provincial titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con fecha siete de agosto del dos mil trece, presenta el requerimiento de incautación y bloqueo Registral sobre el bien inmueble de propiedad de los investigados ZAVALA ZAONA ubicado en la Mz. W, Lt. 18, Urbanización Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, el que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica N° 11046175 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral V - Trujillo. II. PARTE CONSIDERATIVA: 1. Conforme al artículo 317.1 del NP del 2004, si no existe peligro por la demora, las partes deberán requerir al juez la medida de incautación, para estos efectos, debe existir peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de

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otros delitos. Asimismo, el artículo 318.2 del NP precisa que, si se trata de bienes inmuebles o de derechos sobre ellos, adicionalmente a su ocupación, se procederá de manera que dicha medida se anote en el registro respectivo, en cuyo caso se instará la orden judicial respectiva.



En el caso de autos, se tiene que, desde el 29 de enero del año 2007, el agraviado Juan Cruz Luna era propietario y poseedor del inmueble ubicado en Mz. W, Lt. 18, Urbanización Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, inscrito en la Partida Electrónica N° 11046175 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral V, hasta que con fecha 7 y 16 de octubre del año 2009, mediante poder por Escritura Pública FALSA, el imputado Palomeque Tejeda Paulo César dispuso ilegalmente del citado inmueble, celebrando dos contratos de compraventa con la Empresa MM CONSTRUCCIÓN & NEGOCIOS S.A.C., a través de su gerente general, el imputado Prado Ojeda Paulo, para lograr lo indicado, con fecha 24 de marzo de 2009, los hermanos Zavala Zaona constituyeron la empresa MM CONSTRUCCIÓN & NEGOCIOS S.A.C., con el objeto de dedicarse a la compraventa de inmuebles –no obstante según la información obtenida de la Sunat el giro del negocio realizado, y conocido por estas personas, es el de productos textiles y calzado– empresa que contaba con el capital social ascendente a S/. 140 000.00, nombrándose como gerente general a JENY ZAVALA ZAONA.

2. La empresa MM CONSTRUCCIÓN & NEGOCIOS S.A.C, a través de su gerente general JENY ZAVALA ZAONA, adquirió el total de acciones y derechos del inmueble ubicado en Mz. W, Lt. 18, Urbanización Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, mediante dos minutas de compraventa del 50 % de acciones y derechos, cada una por la suma de $ 12 000.00, de fecha 7 y 16 de octubre del año 2009, respectivamente, justificando esta circunstancia que la citada empresa, inicialmente no contaba con los $ 24 000.00 necesarios para efectuar el contrato, por lo que primero adquirió el 50% de las acciones y derechos del inmueble y posteriormente el 50% de las acciones y derechos restantes, para la última transacción la imputada ESTELA ZAVALA ZAONA debió previamente realizar un préstamo a la Caja Trujillo, existencia del préstamo que no ha podido ser acreditada en autos, y que no aparece de la información de los documentos obrantes de folios 41 a 46.

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3. Con fecha 4 de noviembre de 2009, a tan solo diecinueve días después de haber adquirido el inmueble ubicado en la Mz. W, Lt. 18, Urbanización Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, la empresa MM CONSTRUCCIÓN & NEGOCIOS S.A.C., presentó ante la Sunarp La Libertad la declaración de fábrica del citado bien, la cual “supuestamente” se encontraba suscrita por el verificador - Ingeniero Civil Aurelio San Martín Enrique; sin embargo, según copias simples obrantes en folios 49-50 se ha determinado que este profesional no participó en la supuesta declaratoria de fábrica, y que habrían utilizado su firma y sellos correspondientes. 4. Posteriormente, mediante Escritura Pública de fecha 7 de enero de 2011, la empresa MM CONSTRUCCIÓN & NEGOCIOS S.A.C., transfirió la propiedad del inmueble antes indicado al imputado Miguel Zavala Zaona, por la suma de S/. 64 000.00 para garantizar un crédito de S/. 140,000.00, garantía que tal como se aprecia en los documentos obrantes en la carpeta fiscal, está pronta a ejecutarse en el Expediente Nº 1914-2011 ante el Tercer Juzgado Civil de Trujillo, Secretaria Cerna Díaz. 5. Tal como aparece de la copia obrante en fojas 285 a 291 de la carpeta fiscal, en el Expediente N° 1061-2010, se ha acreditado la falsedad del documento consistente en escritura pública de otorgamiento de poder amplio y especial, otorgada por Juan Cruz Luna a favor de Palomeque Tejeda Paulo César; y consecuentemente, este imputado, con fecha 2 de agosto de 2012, ha sido condenado por el Noveno Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, por el Delito de uso de documento público falso; con lo cual queda acreditado que el documento que inició a las posteriores y sucesivas transferencias del inmueble ubicado en Mz. W, Lt. 18, Urbanización Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, es FALSO. 6. De la información remitida por la Sunat, se ha logrado determinar que desde el año 2006, la actividad económica de los imputados Zavala Zaona ha sido la venta de productos textiles para calzado, y tienen consignados como domicilios fiscales en stands de galerías dedicadas a la venta del rubro de calzado, más aún doña Zavala Zaona Jeny, es la representante legal de la junta de propietarios del Centro Comercial Alameda del Calzado, quienes a su vez tendrían relación con su

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coimputado Prado Ojeda Paulo, quien también está inmerso en el mismo giro de su negocio de venta de productos textiles para calzado; por otro lado, el coinvestigado Palomeque Tejeda Paulo César, se dedicaría a la venta de arquitectura e ingeniería, según aparece en folios 134, Palomeque Tejeda es representante legal de la empresa BRUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., dedicada a la construcción de edificios y la venta de materiales de construcción; asimismo de la copia certificada de la Partida N° 11134474, obrante de folios 235 a 241 aparecen que el objeto social de esta empresa es la elaboración de proyectos de construcción y ejecución de estos, no la de realizar préstamos personales de dinero, por sumas incluso mayores a las del capital social de la empresa.

Conforme a lo señalado precedentemente los hechos consistentes en las transferencias del bien inmueble constituyen actos de transferencia del bien, que se califican como delito de lavado de activos; asimismo, estando a la modalidad delictiva consistente en la falsificación de documentos públicos y privados orientados a la adquisición ilegal de bienes inmuebles ajenos, tales hechos previos a los actos de trasferencia antes mencionados, constituyen también la configuración del delito de asociación ilícita para delinquir.

7. El bien inmueble cuya medida de incautación y bloqueo registral se peticiona ha sido transferido, presumiéndose que dicho bien inmueble ha sido cancelado con el dinero de procedencia ilícita en coautoría con los investigados Zavala Zaona; en tal sentido, se hace imprescindible el dictado de la presente incautación a efectos de garantizar la no pérdida del bien y/o transferencia a terceros de buena fe. Hasta acá, se puede concluir que existe información relevante que hace presumir la comisión del delitos de lavado de activos tipificado en el artículo 1 de la Ley N° 27765 - Ley Penal Contra el Lavado de Activos; por lo que se hace necesario acceder a la medida de incautación requerida, para evitar el traslado del bien inmueble y con ello la pérdida de los efectos del delito y el probable perjuicio a terceros de buena fe. 8. Los elementos de convicción que corroboran el grado de probabilidad positiva de los hechos punibles antes descritos y que han sido adjuntados al requerimiento fiscal son: Copia de la partida N° 11046175 de la Sunarp - La Libertad del inmueble Mz. W, Lt. 18, Urbanización Natasha Alta,

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Distrito y Provincia de Trujillo; copia de la partida N° 11112405 de la Sunarp - La Libertad, correspondiente a la inscripción de la empresa MM CONSTRUCCIÓN & NEGOCIOS S.A.C; vigencia de poder como gerente general de la empresa MM CONSTRUCCIÓN & NEGOCIOS S.A.C; copia del registro de inscripción de Mandatos y Poderes (Sunarp) a favor del imputado Palomeque Tejeda Paulo César, otorgado por el denunciante Juan Cruz Luna, poder que ya se ha determinado es FALSO; Copia de oficio N° 167-2009-NHDL/GPE de fecha 3 de diciembre de 2009, emitido por el Notario de Guadalupe - Pacasmayo, Héctor Herrera Castro; Copia de Minuta de Compraventa del 50% de Acciones y derechos del inmueble Mz. W, Lt. 18, Urbanización Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, su fecha 16 de octubre del año 2009; copia del segundo testimonio de Escritura Pública celebrado ante la Notaría Corcuera correspondiente al inmueble Mz. W, Lt. 18, Urbanización Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo; declaración testimonial del denunciante; Oficio N° 1125-2011, remitido por la Sunarp - La Libertad y documentos anexos; copia de la cadena de custodia emitida en el Expediente N° 1061-2010 tramitado ante el Noveno Juzgado Unipersonal de Trujillo; Reporte del Expediente N° 1914-2011-0-1601-JR-CI-03 sobre ejecución de garantías, seguido por Paulo César Palomeque Tejeda.

9. Por lo expuesto, deberá accederse al requerimiento de incautación (sin desocupación), mediante la inscripción del bien inmueble de propiedad de los investigados Jeremías Levi Zavaleta Zavaleta, Marly Magdalena Zavaleta Zavaleta, Víctor Ángel Aburto Villanueva, Hugo Miller Zavaleta Eustaquio y Paulo César Palomeque Tejeda, ubicado en Mz. W, Lote 18-Urb. Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, el que se encuentra inscrito en la partida electrónica N° 11046175 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral V de Trujillo; y de bloqueo registral al presumirse razonablemente que constituye un bien inmueble producto de actividades ilícitas y con la finalidad de evitar transferencias del bien y pérdida de los efectos del delito, así como perjudicar a terceros de buena fe con dichas transferencias. Por estas consideraciones, SE RESUELVE:

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III. PARTE RESOLUTIVA: FUNDADO el requerimiento de incautación y bloqueo registral peticionado por la Dra. Elena del Carmen Jara Castañeda en calidad de fiscal provincial titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo; en consecuencia procédase a la incautación (sin desocupación), bajo la forma de inscripción sobre el bien inmueble de propiedad de los investigados Zavala Zaona Yeni y Zavala Zaona Estela, ubicado en Mz. W, Lote 18-Urb. Natasha Alta, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, el que se encuentra inscrito en la partida electrónica N° 11046175 del Registro de propiedad Inmueble de la Zona Registral V de Trujillo y el bloqueo de la referida partida registral. CÚRSESE oficio a la V Zona Registral de Trujillo para que se cumpla con lo ordenado. NOTIFÍQUESE en forma inmediata al Ministerio Público y en forma inmediata a la parte afectada una vez ejecutada la medida con la respectiva inscripción.

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Requerimiento de intervención de comunicaciones y telecomunicaciones CASO SIATF Nº 2306014502-2007-5303-0 REQUERIMIENTO DE CONTROL DE COMUNICACIONES SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TURNO Alexander Chávez Huamán, fiscal provincial del Segundo Despacho Fiscal de Investigación, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en las esquinas de la Av. Jesús de Nazareth con Av. Carrión de la Urbanización San Nicolás de esta ciudad, oficina Nº 402; a usted con el debido respeto digo: I. REQUERIMIENTO: Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 inciso 10 de la Constitución Política del Estado, artículo VI del Título Preliminar del NP y artículo 230 del mismo Código adjetivo vigente en este Distrito Judicial de la Libertad, SOLICITO que vuestro Despacho dicte MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS - CONTROL DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES necesaria en la investigación que se viene realizando bajo la dirección de este despacho fiscal por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN en agravio de Jésica Rodríguez Gil. II. HECHOS Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO: Que, tal como se advierte del contenido del Acta de denuncia verbal y de Declaración de la denunciante Jésica Rodríguez Gil, se advierte que el día diecisiete de octubre del presente año, aproximadamente a las cuatro de la tarde cuando se encontraba fuera de su establecimiento comercial “Neumáticos La Noria” ubicado en la Avenida América Sur Nº 604 - Urbanización Palermo, la secretaria Flor Arevalo Quispe se

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comunicó a su Nextel comunicándole que una persona quien dijo llamarse Márquez había llamado al teléfono fijo de su tienda Nº 044-215270 preguntando por el declarante y que tenía un negocio de llantas y pedía información donde podía ser ubicado y también preguntaba por el teléfono de su casa, convenciendo a dicha persona de proporcionarle dicho número el cual es 044-215968, no dándole mayor importancia; después de media hora dicho sujeto llamó a su casa contestando su suegra la señora Lola Alfaro quien se encuentra de visita en su domicilio, preguntando nuevamente por su persona y al no comunicarle con el declarante la amenazaron que lo ubique y que se comunique con el teléfono Nº 073-9593722, caso contrario su familia correría peligro de muerte y tenía que reunir la suma de ocho mil soles y luego colgó el teléfono, tomando conocimiento de dicho hecho el declarante ante la comunicación telefónica que tuvo con su suegra a su Nextel. Que posteriormente ese mismo día a las 20.00 horas cuando el declarante se encontraba en su domicilio cenando sonó nuevamente su teléfono cuyo número es 215968 y como tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo contestó personalmente, identificándose la persona que llamaba como “Márquez” quien llamó al declarante por su nombre “Jésica”, le saludó y le dijo que quería hacer un negocio con él, que tenía que darle ocho mil soles a cambio de que no le pase nada a él ni a su familia y que le iba a llamar el día dieciocho de octubre a las diez de la mañana a su domicilio, pero como el denunciante no se iba a encontrar en su casa, le proporcionó el número de celular Nº 9716445 para que le llame, recibiendo la llamada el día antes señalado a las once y treinta de la mañana, figurando la llamada como Privado, quien le refirió nuevamente que quería negociar con él, contestándole el declarante que no tenía dinero y que le iba a dar una respuesta a las seis de la tarde, terminando la conversación que duró aproximadamente tres minutos; posteriormente al observar tanta presión de amenazas de muerte a su familia, llamó el declarante al teléfono Nº 073-9593722 y le contestó el mismo sujeto Márquez, y sin darle tiempo a explicaciones le preguntó que cuánto había reunido de dinero, diciéndole que solo tenía seiscientos nuevos soles, motivo por el cual le comenzó a amenazar de muerte y también con secuestrar a sus menores hijos, pidiéndole más dinero, circunstancias en que le pasan el teléfono a otro delincuente que tenía la voz más gruesa quien le exigió que complete la suma de ocho mil soles y al contestarle que no tenía dicha suma de dinero, le siguieron insultándole para luego cortar la llamada, siendo que luego de tres minutos volvieron

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a llamar exigirle la suma de cuatro mil soles, diciéndole que lo pida a sus hermanos los cuales se encuentran en el mismo rubro de comercio de las llantas, pese a ello el denunciante les reiteró que no tenía dicha suma de dinero, amenazándolo nuevamente que tenía que reunir dicha suma de dinero para el día de la fecha a las 10.30 horas. III. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL PETITORIO: El artículo 2 de la Constitución Política del Estado en el inciso 10 señala que toda persona tiene el derecho al secreto de la inviolabilidad de sus comunicaciones. El artículo VI del Título Preliminar del NP prescribe que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción; en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. El artículo 230 del NP vigente en este Distrito Judicial tiene como presupuesto para solicitar la intervención o grabación o Registro de Comunicaciones Telefónicas o de otras formas de comunicaciones telefónicas o de otras formas la comunicación, que el delito investigado sea sancionado con pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, así como también que la intervención con fines de reporte sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones; presupuestos que en el presente requerimiento se cumplen, por cuanto el delito materia de investigación (EXTORSIÓN), es sancionado con pena privativa de VEINTE ni mayor de TREINTA AÑOS, además que lo peticionado resulta ser imprescindible para la ubicación e identificación de los autores de dicho ilícito penal, para la posterior aprehensión de los que resulten responsable de tal acto delictivo. IV. DEL NOMBRE DEL AFECTADO POR LA MEDIDA: El afectado con la medida es el agraviado Jésica Rodríguez Gil, pues las personas que están realizando las llamadas amenazadoras y extorsionadoras lo realizan a sus teléfonos fijos Nºs 044-215270 y 044-215968

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y su teléfono móvil (Claro) 044-9716445; asimismo, se desconoce la identidad y dirección de las demás personas que resultaran afectados con dicha medida, la que se establecerá a la ejecución del levantamiento de las telecomunicaciones. V. FORMA DE INTERVENCIÓN, ALCANCE Y DURACIÓN: 5.1. NÚMEROS TELEFÓNICOS SOBRE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES: La intervención de comunicaciones y telecomunicaciones comprende los siguientes números de teléfonos: 1. 044-215968 - Fijo (receptor de las llamadas extorsivas). 2. 044-215270 - Fijo (receptor de las llamadas extorsivas). 3. 044-9716445 – teléfono móvil de la Empresa CLARO (receptor de las llamadas extorsivas). 4. 073-9593722 - teléfono móvil de la Empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ (de donde se realizan las llamadas extorsivas). 5.2. ALCANCE DEL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES: • Detalle de llamadas entrantes y salientes en formato Excel con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las mencionadas llamadas, dirección donde se encontraban físicamente los celulares A y B al momento de producirse dichas llamadas; números de IMEIs de los equipos A y B que efectuaron y recibieron las llamadas, empresas a las que pertenecen los números A y B. • Detalle de Mensajes de Texto (SMS) entrantes y salientes en formato Excel con indicación de fecha, hora de los SMS, dirección donde se encontraban físicamente los celulares A y B al momento de producirse dichos mensajes de texto, número de IMEI de los equipos A y B que efectuaron y recibieron los SMS, empresas a las que pertenecen los números A y B que participaron en la comunicación de SMS. • Si los mensajes de texto SMS fueran enviados de la Página WEB de CLARO, identificar al y los datos que este haya registrado en

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los sistemas, así como el número celular que esté relacionado con este , identificación de la IP desde donde se envió el SMS, y dirección de la ubicación física de esa dirección IP, desde donde enviaron los mensajes de texto.

• Generales de ley de las personas que adquirieron ya sea en pack o individualmente los equipos y chips materia del presente mandato judicial, así como la identificación de todas las personas que se encuentren registradas en el sistema como s de dichos teléfonos, estableciendo según registro de estos, los nombres de los s actuales. • Informar si los equipos y chips materia del presente documento se encuentran habilitados para hacer tráfico de llamadas o están reportados como robados, de ser así informar los nombres de los propietarios que reportaron el robo. • Informar todos los IMEIs que hayan sido utilizados con los CHIPs indicados en el presente informe, así como todos los CHIPs que hayan sido ingresados en los IMEIs investigados, identificando las generales de ley de los s de estos nuevos CHIPs e IMEIs, indicando fecha, hora y direcciones de donde se realizaron estas modificaciones; asimismo, el detalle de llamadas entrantes y salientes de estos nuevos números celulares. • Identificar todos los celulares CLARO, que recibieron o hicieron llamadas telefónicas al número fijo indicado en el presente requerimiento, remitiendo el detalle de llamadas entrantes y salientes de estos nuevos números celulares. • Ubicación permanente las 24 horas y en tiempo real –sistema LBS– de todos los números indicados en el presente requerimiento, inclusive de aquellos números celulares que fueron descubiertos e incorporados durante el proceso de la investigación. Esta información deberá contener la dirección física real donde se encuentra el número monitoreado, así como las direcciones por donde se ha desplazado. Esta información debe ser trasmitida vía mensaje de texto al celular Nº 044-9376819 del coordinador la DEPINCRI - Trujillo por espacios de tiempo no mayor a 10 minutos, mediante diagramas vía mail, o a través de links de comunicación remota, inclusive brindando la posibilidad que el mismo personal de secuestros pueda hacer las consultas directamente.

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• Identificación permanente 24 horas y en tiempo real de los números celulares, que llaman a los números de las víctimas, con códigos ocultos, identificando plenamente a sus s e ingresando dichos números al sistema de localización física LBS para su correspondiente monitoreo en tiempo real. • Informar en tiempo real la numeración de PINK o PUK de celulares que se encuentren en el proceso de investigación o que dentro de este la Sección de investigación de extorsiones acaba de incautar, para lo cual bastará un oficio o un correo electrónico de esta Unidad Policial a la empresa América Móvil. • Informar por el número de las tarjetas físicas de recarga qué celular fue recargado con dicho importe, identificando a su , remitiendo el detalle de llamadas que corresponda. • Las fallas de carácter técnico o de otra índole, que impidan a las empresas de Telefónica del Perú, América Móvil Perú SAC, CLARO (TIM) PERÚ SAC y NEXTEL DEL PERÚ, cumplir con la presente disposición legal deberán ser comunicadas por escrito o correo electrónico al Juzgado Penal, Ministerio Público y División de Secuestros comprometidos en la presente investigación, indicando las causas y tiempo de puesta en operatividad nuevamente, bajo responsabilidad de ser denunciado. 5.3. DURACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES: Dichas medidas serán por el plazo de QUINCE días, que comprende desde el QUINCE DE OCTUBRE AL TREINTA DE OCTUBRE del presente año, debiendo disponer su Juzgado, que la información sea remitida a este Despacho fiscal y al correo electrónico [email protected], dirección adonde Telefónica del Perú SAC, América Móvil, Claro (TIM) PERÚ SAC Y NEXTEL DEL PERÚ remitirán la información física y virtual respectivamente, a fin de visualizar la respuesta de las entidades telefónicas responsables, disponiendo a su vez que dicha medida sea ejecutada por las mencionadas instituciones en el término de VEINTICUATRO HORAS con el apercibimiento indicado en el numeral 4 del artículo 230 del NP vigente.

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Este Ministerio Público anexa al presente requerimiento, copia certificada de la manifestación de la denunciante Jésica Rodríguez Gil y el informe remitido por la División de Investigación Criminal. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez de la investigación preparatoria acceda al presente requerimiento para los fines de la investigación. Trujillo, 19 de octubre de 2008

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Auto que dispone el levantamiento del secreto de las comunicaciones QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE Nº : 05139-2012-68-1601-JR-PE-05 ESPECIALISTA : MILAGROS GISELA JUÁREZ VIERA MINISTERIO PÚBLICO : VERÁSTEGUI GÁLVEZ OMAR LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES IMPUTADO : DELITO : EXTORSIÓN AGRAVIADO : PAUL REYNA CRUZ RESOLUCIÓN N°: UNO Trujillo, dieciséis de octubre del dos mil doce AUTOS Y VISTO: Dado cuenta con el REQUERIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES formulado por el representante del Ministerio Público, recaudos que se acompañan; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN Fluye del Requerimiento Fiscal, que los hechos materia de investigación consisten en que con fecha 19 de setiembre de 2012, aproximadamente a las 09:30 y 18:00 horas, el agraviado Paul Reyna Cruz manifestó haber recibido llamadas telefónicas y mensajes de texto a sus números fijos N°s 044-327957 - 044-729443 y a su celular N° 979221648, procedente del N° 947816988, mediante el cual un sujeto de sexo masculino le solicita y exige con frases amenazantes y extorsivas la suma de S/. 20,000.00 a cambio de no atentar contra su vida, y la de su familia; asimismo manifestó el agraviado que lo amenazaban con incendiar su negocio de fabricación de calzado y matarlo si no paga el dinero que le solicitan. SEGUNDO: DEL REQUERIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES El Ministerio Público señala como fundamentos jurídicos y fácticos del presente requerimiento: la Constitución Política del Estado, artículo 2, inciso 10; NP, artículo VI del Título Preliminar y artículo 230

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del referido texto legal, asimismo refiere que los hechos investigados se subsumen en los tipos penales de Extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal, que prescribe “el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”; Que, asimismo ofrece como elementos de convicción, entre otros, a) Denuncia de Parte; b) Acta de visualización de mensajes de texto; c) Declaración de la parte agraviada. TERCERO: LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS Las medidas limitativas de derechos, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley, en tal sentido, se impondrán mediante resolución motivada, esto es, deben estar sustentadas en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, respetando además el principio de proporcionalidad, tal como lo prescribe el artículo VI del Título Preliminar del NP. Dentro de este orden de ideas, el artículo 202 del referido texto legal prescribe que “cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, debe proceder conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado”. Que asimismo el artículo 203, del NP, establece que “las medidas que disponga la autoridad, en los supuestos indicados en el artículo anterior, deberán hacerse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. La Resolución que dicte el juez de la investigación preparatoria debe ser motivada, al igual que el Requerimiento del Ministerio Público”. CUARTO: PRESUPUESTOS NORMATIVOS DE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES La intervención de Comunicaciones y Telecomunicaciones implica evidentemente la restricción de derechos fundamentales, en tal sentido, en el NP en el artículo 230, inciso 1, se señala que: “El fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior

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a los 4 años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones podrá solicitar al juez de investigación preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación, la que será resuelta mediante trámite reservado e inmediatamente (artículo 226, inciso 4 del NP). El Requerimiento del fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la acuerde, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación a intervenir y gravar o registrar. También indicará la forma de la intercepción, su alcance y su duración, al igual que la autoridad o funcionario, policial o de la propia fiscalía, que se encargará de la diligencia de intercepción y grabación del registro” (artículo 230, inciso 3 del NP). QUINTO: ANÁLISIS DEL PRESENTE REQUERIMIENTO Conforme fluye de las declaraciones del agraviado Paul Reyna Cruz, Acta de Visualización de mensajes de texto, Acta de la declaración de la parte agraviada, entre otros elementos de convicción, el referido agraviado estaría siendo víctima del delito de Extorsión, debiendo el Ministerio Público, en su condición de director de la investigación y titular de la carga de la prueba, realizar los diversos actos de investigación con tal fin, asimismo advirtiéndose que en los hechos investigados, se han utilizado teléfonos celulares por los presuntos implicados, resultando necesario identificar a sus titulares, para cuyo fin deberá ampararse lo peticionado por el Ministerio Público en los Términos solicitados. Por estas consideraciones, de conformidad con lo previsto por las normas jurídicas invocadas, SE RESUELVE: DECLARAR FUNDADO el Requerimiento presentado por el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, en la presente investigación seguida en agravio de Paul Reyna Cruz. DISPÓNGASE la Intervención de las Comunicaciones y Telecomunicaciones del teléfono celular N° 947816988, para conocer lo indicado por el Ministerio Público consistente en lo siguiente: a) Dichas medidas se encuentran dirigidas a obtener el nombre completo y demás generales de ley del titular de la línea de teléfono celular N° 947816988.

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INDÍQUESE que la persona afectada por esta medida es aquella que resulte ser el propietario del teléfono celular N° 947816988. PRECISAR que se limita a recabar información sobre el teléfono celular, que comprende el 19 de setiembre de 2012; COMUNÍQUESE a las Oficinas de Asuntos Legales de las Empresas Telefónicas Movistar y Claro, para que dentro del plazo de 24 horas de recibida la comunicación remitan la información requerida; bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 230 del NP; esto es, ser denunciados los representantes legales por el delito de Desobediencia a la Autoridad en caso de incumplimiento. ORDENO que los encargados de realizar la diligencia y los servidores de las indicadas empresas guarden secreto acerca de esta y la información será comunicada por escrito a la fiscalía a cargo de las investigaciones (Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, fiscal Dra. Silvia Horna Carnero). Hágase Saber.

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Requerimiento de levantamiento de la reserva tributaria CARPETA FISCAL Nº : 1277-2013 REQUIERE LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA SEÑOR JUEZ PENAL DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TURNO Alexander Chávez Horna, fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio legal en Av. Jesús de Nazareth y Av. Alcides Carrión s/n - Urb. San Nicolás; a usted digo: I. PETITORIO: Solicito al Juzgado expedir resolución judicial autorizando el levantamiento de la reserva tributaria de los investigados Roberto Salas Díaz, Liz Aranda Torres, Carlos Manuel Aranda Torres, Leny María Aranda Torres, Gílmer Francisco Aranda Torres, Bonnie Aranda Torres, Hugo Anaya Ugaz, Janeth Sánchez Aranda y de la persona jurídica Autopartes Audry S.A.C., con motivo de la investigación preliminar seguida contra los antes nombrados por el delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano; en tal sentido, ORDENE que la Superintendencia Nacional de istración Tributaria - Sunat remita el registro de los importes acumulados por Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF de todos los investigados y persona jurídica antes mencionados desde el 2002 hasta la fecha. De igual manera, remita las Declaraciones Juradas por Impuesto a la Renta presentadas por los investigados en mención, así como por la persona jurídica antes mencionada. II. HECHOS: Los hechos que motivan el requerimiento fiscal tienen su origen en la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº ONCE de fecha 14 de enero de 2013 en la que se precisa que, conforme al Informe de Análisis Financiero Nº 053-2012, entre los años 2002 y 2011, los investigados Carlos Manuel Aranda Torres, Leny María Aranda Torres, Gílmer Francisco Aranda Torres,

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Bonnie Aranda Torres, Hugo Anaya Ugaz, Janeth Sánchez Aranda registran un desbalance en su patrimonio que implica comportamiento de inversión que no se encuentran relacionados con el incremento patrimonial de los oficiales PNP Roberto Salas Díaz y Liz Aranda Torres, en tanto que los comportamientos de los también investigados Carlos Manuel Aranda Torres, Leny María Aranda Torres, Gílmer Francisco Aranda Torres, Bonnie Aranda Torres, Hugo Anaya Ugaz, Janeth Sánchez Aranda reflejan conductas de manejos de capitales cuyo patrimonio no estaría justificado legalmente. En atención a lo antes expuesto, se dispone en el cuarto considerando de la referida Resolución de la Fiscalía de la Nación, remitir copia de los actuados contenidos en la investigación por delito de enriquecimiento ilícito seguido contra Roberto Salas Díaz, Liz Aranda Torres, Carlos Manuel Aranda Torres, Leny María Aranda Torres, Gílmer Francisco Aranda Torres, Bonnie Aranda Torres, Hugo Anaya Ugaz, Janeth Sánchez Aranda, contenida en el Caso Nº 079-2012, en mérito a los hechos descritos en el numeral 42 de la mencionada resolución al estar referidos al tratamiento de capitales que no tendrían justificación legal por parte de los investigados antes nombrados que se relacionarían con tipos penales previstos en el D. Leg. Nº 1106 - Lucha Eficaz Contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado. Se señala también que los hechos contenidos en los numerales 18, 19, 20 y 21 importarían tratamiento de capitales que no tienen justificación legal por parte de los investigados Roberto Salas Díaz y Liz Aranda Torres relacionados igualmente con tipos penales previstos en el ya mencionado D. Leg. Nº 1106, como lo serían las transferencias de dinero desde diversas cuentas del exterior y de otra Cuenta a la Cuenta de Ahorros ME Nº 57020748412-1-45 del Banco de Crédito del Perú a nombre de Roberto Salas Díaz por un monto total de US$ 23 900,00 (S/. 66 056,00) que no cuentan con sustento y que se detallan a fs. 33 y 98 del Informe de Análisis Financiero. Por su parte, el Banco Continental ha reportado como operaciones sospechosas las transferencias de dinero realizadas al exterior, durante los años 2007 (US$ 94,462.00 equivalentes a S/. 289,448.51), 2008 (US$ 94,704.00 equivalentes a S/. 282,054.06) y 2009 (US$ 5,000.00 equivalentes a S/. 15,750.00) que hacen una suma total de US$ 194 166,00 (S/. 587,252.57) desde la Cuenta de Ahorro ME Nº 0011-0254-0200140291 perteneciente a Liz Aranda Torres hacia la Cuenta Nº 1081-700-345246 en los EE.UU. de Norteamérica a nombre de la empresa PROMOTORS CORPORATION.

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De igual modo, se indica en el vigésimo numeral de la aludida disposición fiscal que el Banco Continental calificó también como operación sospechosa el depósito de dinero en el año 2011 en la Cuenta Corriente ME Nº 0011-0254-0100026300 a nombre de la empresa Autopartes Audry S.A.C. (socios fundadores Roberto Salas Díaz y Liz Aranda Torres constituida el 2006 con un capital social de S/. 1,000.00) por US$ 19,980.00 (S/. 55,304.64) proveniente del exterior ordenada por GRUPO CORPORATIVO NEW WEALT. Reporta también dicha entidad bancaria como operaciones sospechosas los depósitos en efectivo en la antes referida Cuenta Corriente a nombre de Autopartes Audry S.A.C. en los años 2009 (US$ 124 926,00), 2010 (US$ 117 150,00) y 2011 (US$ 6 320,00) por un total de US$ 248 396,00 (S/. 721 397,22), cuyo origen se desconoce al no guardar relación con los ingresos obtenidos por Autopartes Audry S.A.C., según Libro Caja y de Registro de Compras; depósitos de dinero estos que fueron transferidos al exterior a la Cuenta Nº 1081700345246 a nombre de la empresa PROMOTORS CORPORATION, la cual no figura como proveedora de Autopartes Audry S.A.C., menos aún fue contabilizada dicha transferencia, tal como así se especifica en el cuadro 56-A de fs. 2101 del Informe Financiero. El Banco Continental reportó igualmente como operaciones sospechosas las transferencias al exterior desde la Cuenta Corriente ME Nº 00110254-0100026300 de la empresa Autopartes Audry S.A.C. por el importe total de US$ 139 346,00 (S/. 408, 620.11), en el 2009 de US$ 88,756.00 (S/. 264,757.31) y en el 2010 de US$ 50,590.00 (S/. 143,682.80), hacia la Cuenta Nº 1081700345246 a nombre de la empresa PROMOTORS CORPORATION que se detallan a fs. 72 y 2101 - Cuadro 56-A del Informe Financiero. Por su parte, los cónyuges Carlos Manuel Aranda Torres y Leny María Aranda Torres resultan ser propietarios de trece (13) vehículos dedicados al rubro de transporte; para la determinación patrimonial de estos se estableció que, entre los años 2002 y 2011, registraron un total de ingresos ascendente a S/. 2 067 360,56 y un total de egresos de S/. 2 240 403,35, apreciándose un desbalance patrimonial total de la cantidad de S/. 173,042.80, correspondiendo a los años 2002 de S/. 40,780.46, el 2003 de S/. 39,966.99, el 2007 de S/. 2,613.67, el 2008 de S/. 80,793.53 y el 2011 de S/. 8,888.14 conforme se desprende del Informe de Análisis Financiero.

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En cuanto a Gílmer Francisco Aranda Torres (casado con Bonnie Aranda Torres) se señala que la actividad del antes nombrado también está relacionada con el transporte público de pasajeros en la modalidad de servicio de taxi; de la comparación entre los ingresos y egresos del investigado Gílmer Francisco Aranda Torres correspondiente al periodo comprendido entre el 2005 al 2011 se determinó un DESBALANCE PATRIMONIAL total de S/. 68,742.47 correspondiente a los años 2006 de S/. 64,812.73 y 2007 de S/. 3,929.74. Por último, se señala también que se determinó la situación patrimonial del investigado Hugo Anaya Ugaz, y su cónyuge Janeth Sánchez Aranda del periodo correspondiente del 2003 al 2011; de la comparación entre los ingresos y egresos se determinó un DESBALANCE PATRIMONIAL de S/. 24, 163.65 correspondiente al año 2005. El delito de Lavado de Activos puede definirse como las conductas que tienden a ocultar o encubrir la naturaleza de dinero obtenido ilícitamente, con la finalidad de aparentar que dichos bienes proceden de fuentes lícitas, debiendo precisarse que fue mediante Ley Nº 27765 que se creó un sistema punitivo especial para este Delito, norma esta que ha sufrido modificaciones mediante Decreto Legislativo Nº 1106 publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de abril de 2012. Precisamente por los medios a través de los cuales se realiza el delito de Lavado de Activos para dar visos de legalidad al dinero proveniente de actividades delictuales: obtención del dinero (recolección de dinero como resultado de la ejecución de delitos); colocación de este en el sector financiero, estratificación con fondos de origen legal (el lavador procura que el rastro del dinero no sea fácil de seguir por auditores, fiscales, jueces y autoridades en general); integración o inversión (ingresar el dinero de donde inicialmente salió, pero disfrazado de fondos legítimos). El delito de Lavado de Activos es un delito pluriofensivo (como así ha quedado establecido en el Acuerdo Plenario Nº 03-2010/CJ-116 al sostener en su fundamento 13: “Resulta, pues, mucho más compatible con la dinámica y finalidad de los actos de lavado de activos que tipifica la Ley Nº 27765 la presencia de una pluralidad de bienes jurídicos que son afectados o puestos en peligro de modo simultáneo o sucesivo durante las etapas y operaciones delictivas que ejecuta el agente (…)” que lesiona los bienes jurídicos: orden socioeconómico y istración de justicia y cuya naturaleza

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ha sido precisada en el fundamento 7 del Acuerdo Plenario Nº 3-2010 que ha identificado a este delito como: “Todo acto o procedimiento realizado para dar apariencia de legalidad a los bienes y capitales que tienen origen ilícito” habiéndose establecido que se trata de un delito “no convencional” y notorio exponente de la moderna criminalidad organizada. La prueba que se convalida en el delito de lavado de activos resulta estar un tanto apartado de la concepción formal de la prueba, ya que la prueba usual en este delito es la indiciaria, a cuyo efecto la experiencia dicta como válido el siguiente indicio referido al incremento inusual del patrimonio de quien realiza las operaciones de ingreso de dinero o bienes al mercado o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, características del negocio mercantil llevado a cabo, razonabilidad de las inversiones o por tratarse de dinero en efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. Eduardo Barrachina señala que en relación con la prueba de los incrementos no justificados el legislador aplica, el mecanismo de la presunción iuris tantum para acreditar su existencia por parte de la istración Tributaria, correspondiendo la carga de la prueba al sujeto pasivo del Impuesto, que es una consecuencia del propio significado jurídico de las presunciones de tal naturaleza, que trasladan al sujeto pasivo la carga de su destrucción. En los hechos que motivan el presente requerimiento, se especifica en el Informe de Análisis Financiero de la UIF que los investigados Roberto Salas Díaz, Liz Aranda Torres (quienes a su vez aparecen constituyendo la persona jurídica AUTOPARTES AUDRY S.A.C.), Carlos Manuel Aranda Torres, Leny María Aranda Torres, Gílmer Francisco Aranda Torres, Bonnie Aranda Torres, Hugo Anaya Ugaz, Janeth Sánchez Aranda reflejan conductas de manejos de capitales cuyo patrimonio no estaría justificado legalmente, esto es, habría indicios de incrementos patrimoniales injustificados que a su vez podrían configurar presunto delito de defraudación tributaria. En este orden, se hace necesario establecer los montos acumulados por ITF que registren los investigados antes mencionados, así como la referida persona jurídica AUTOPARTES AUDRY S.A.C., esto es, montos pagados por impuesto a las transacciones financieras que a su vez nos indicará los reales montos que por el sistema bancario y financiero movieron todos los investigados desde el año 2002 hasta la fecha, ello posibilitará relacionar

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dichos montos con los reales ingresos conocidos de los investigados y los que aparezcan en sus movimientos de sus cuentas bancarias, lo que será un indicador a tener en cuenta para establecer los incrementos patrimoniales no justificados advertidos. En el particular caso de los investigados, esposos Roberto Salas Díaz y Liz Aranda Torres, permitirá relacionar los montos que efectuaron en distintos años utilizando el sistema bancario y financiero y los envíos y retiros de dinero que registran en sus distintas cuentas bancarias hacia el exterior, así como establecer los montos o ingresos que todos los investigados declararon ante la Sunat. III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: El segundo párrafo del numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política prescribe que el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez; el artículo VI del Título Preliminar del NP de 2004 establece que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución solo podrán dictarse por la autoridad judicial en el modo, forma y con las garantía previstas por la ley. Más específicamente el numeral uno del artículo 235 del NP señala que el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá ordenar, reservadamente y sin trámite alguno el levantamiento del secreto bancario cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. IV. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS SOLICITADA: En relación con los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos no resultan ser absolutos, tal como así lo ha precisado en la sentencia de fecha 9 de agosto de 2006 - Exp. Nº 003-2005PI/TC al señalar: “(…) si bien un Estado Constitucional y Democrático de Derecho tiene el deber de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de las personas, también tiene la obligación de proteger otros valores constitucionales, como la seguridad y la paz social, así como preservar el orden público constitucional, esto en el entendido de que los derechos fundamentales no

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son absolutos sino relativos; en consecuencia, pueden ser objeto de restricciones por parte del legislador en forma razonable y proporcional (…)”. Los derechos fundamentales pueden ser limitados o restringidos cuando entren en colisión con otros derechos o intereses jurídicos de igual valor, claro está, con estricto respeto al TEST DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD al que hace referencia el artículo 200 de nuestra Constitución Política y que tiene por objeto el establecimiento de una relación de preferencia condicionada por las circunstancias de un caso en particular. Para que la aplicación del referido test sea adecuado corresponde utilizar tres criterios como son: a) Fin válido e idoneidad, b) Necesidad y c) Proporcionalidad en sentido estricto o Ponderación. El Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 5 de junio de 2008 con motivo del Exp. Nº 579-2008-PA/TC ha establecido en relación con el test de proporcionalidad: “(…) En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos establecido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual ‘cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro (…)’”. En el presente caso el interés jurídico que se pretende dar relieve o preservar es el valor justicia, así como la eficacia de la investigación de conductas socialmente intolerables para la sociedad (delitos) que causan alarma social, debiendo precisarse que en el presente caso, el delito objeto de investigación está referido a bienes jurídicos cuyo titular resulta ser el Estado peruano que

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redundan mayor lesividad para toda convivencia pacífica en razón al carácter pluriofensivo del delito de lavado de activos que se investiga. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez declarar fundado el presente requerimiento y disponer que en el más breve plazo y bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad la Superintendencia de istración Tributaria - Sunat remita al Ministerio Público la información requerida. OTROSÍ DIGO: Se adjuntan los elementos de convicción correspondientes. Trujillo, 9 de octubre de 2013

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Requerimiento de levantamiento del secreto bancario REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TURNO Hugo Campos Bazán, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con motivo de la investigación seguida contra José María Morillo Guzmán como presunto autor del delito de Estafa en agravio de Lucio Rebaza Fernández; a usted con el debido respeto digo: I. REQUERIMIENTO: Que, solicito que vuestro Despacho dicte MEDIDA RESTRICTIVA DE DERECHOS - LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO necesaria en la investigación que se viene realizando bajo la dirección de este despacho fiscal contra José María Morillo Guzmán como presunto autor del delito de Estafa en agravio de Lucio Rebaza Fernández. II. HECHOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO: La presente carpeta fiscal tiene como sustento en el acta de Denuncia Verbal N° 61-13-DIRTEPOL-LL/DIVICAJ-DEPOLFIS.E respecto a la comisión del delito de Estafa, en el que se advierte que: El día 10 de mayo de 2013 a las 2:00 horas aproximadamente el presunto agraviado recibe una llamada supuestamente de su primo Adrián Rebaza, quien le dijo que venía de la ciudad de Lima hacia Trujillo, y que vaya a recogerlo a la agencia, luego a las 7:00 horas vuelve a llamar con la finalidad que recargue el celular Nº 959111777 con un monto de S/. 20.00, siendo media hora después que recibe nuevamente una llamada de su supuesto primo, diciéndole esta vez que un Capitán Roberto Huertas Iglesias le iba a ayudar, esto a cambio de que le hicieran un depósito de dos mil quinientos nuevos soles (S/. 2.500,00) en la cuenta del Banco de Crédito del Perú N° 570-25984545-0-68. Es ante estas

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circunstancias que el agraviado ha procedido a depositar la suma de dos mil nuevos soles (S/. 2.000,00) en la cuenta proporcionada, verificando de esta manera que la referida cuenta se encuentra a nombre de José María Morillo Guzmán. Es luego de realizar el depósito de dinero que el agraviado se comunicó con su familia, preguntando por su primo Adrián Rebaza, siendo de esta manera que se entera que la antes referida persona se encontraba viviendo en la ciudad de Valparaíso - Chile, y que había sido víctima de un engaño. En este contexto y de conformidad con lo previsto en el artículo 235 inciso 1 del NP, se evidencia la necesidad de que se levante el secreto bancario de los investigados. III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PETITORIO: 3.1 El artículo VI del Título Preliminar del NP establece que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción; en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. 3.2 Asimismo, el artículo 235 numeral 1 del NP establece que el juez de investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá ordenar reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. IV. DEL NOMBRE DE LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA: Los afectados con la medida solicitada son: - José María Morillo Guzmán (INVESTIGADO)

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V. FORMAS Y ALCANCES DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO: 1. Cuenta del Banco de Crédito del Perú N° 570-25984545-0-68, créditos o cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo a nombre del afectado por la medida solicitada; así como los movimientos en sus cuentas durante todo el año 2013, y los estados de cuenta actual de estas. 2. Cobros de cheques de cualquier naturaleza, de certificados de depósito negociables en moneda nacional o extranjera o de certificados bancarios en moneda nacional o extranjera, que hayan realizado el afectado por la medida solicitada. 3. Pagarés bancarios girados por el afectado de la medida solicitada. 4. Préstamos en todas su modalidades (a corto, mediano y largo plazo, con o sin garantía, hipotecarios, prendarios), que hayan solicitado el afectado de la medida solicitada. 5. Descuento de letras y pagarés, tarjetas de crédito, fianzas, avales y cartas de crédito pertenecientes a los afectados por la medida solicitada. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez de la investigación preparatoria acceda al presente requerimiento, para los fines de la investigación. PRIMER OTROSÍ DIGO: Se adjunta a fs. (...) copias certificadas de los actuados principales realizados en la presente investigación. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Ordenada que sea la medida, se disponga que la información sea remitida a este despacho fiscal (sede del Ministerio Público - Oficina 101). Trujillo, 29 de mayo de 2013

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Auto que dispone el levantamiento del secreto bancario PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE Nº : 011111-2012-73-1601-JR-PE-01 ESPECIALISTA : PAOLA RABELLO LOZA MINISTERIO PÚBLICO : MARIO PACHECO HUERTAS IMPUTADO : CARLOS MIGUEL QUITO PÉREZ DELITO : LAVADO DE ACTIVOS : HURTO AGRAVADO : DELITO INFORMÁTICO AGRAVIADO : COOPERATIVA DE AHORROS PROGRESO RESOLUCIÓN N°: TRES Trujillo, diecisiete de julio del dos mil trece AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el requerimiento fiscal, a través del cual el Doctor Mario Pacheco Huertas, en calidad de fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo requiere la Medida Restrictiva de Levantamiento del Secreto Bancario, esto dentro del trámite del proceso seguido en contra de Carlos Miguel Quito Pérez por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio - Hurto Agravado, Delito Informático y Lavado de Activos, en agravio de la COOPERATIVA DE AHORRO PROGRESO; solicitando en consecuencia que se informe sobre todos los movimientos pasivos y activos de sus cuentas bancarias, conforme a lo previsto en el artículo 203.2 del NP del 2004, se procede a resolver directamente por escrito y sin trámite alguno. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: La privacidad económica ha sido reconocida por nuestro ordenamiento legal elevándola a la categoría de Derecho Constitucional a través de la reserva tributaria y el secreto bancario. En este sentido, el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1219-2003-HD sostiene que “(...) la protección constitucional que se dispensa con el secreto bancario busca asegurar la reserva o confidencialidad –términos ambos que aquí se utilizan como sinónimos– de una esfera de la vida privada de los individuos

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o de las personas jurídicas de derecho privado. En concreto, la necesaria confidencialidad de las operaciones bancarias de cualquiera de los sujetos descritos que pudieran realizar con cualquier ente, público o privado, pertenecientes al sistema bancario o financiero. En ese sentido, el secreto bancario forma parte del contenido constitucional protegido del derecho a la intimidad, y su titular es siempre el individuo o la persona jurídica de derecho privado que realiza tales operaciones bancarias o financieras”. SEGUNDO: Sin embargo, tal como señala Cubas Villanueva “la privacidad económica no es absoluta, su limitación es una clara expresión del sometimiento de las libertades privadas o ciertos límites impuestos por el orden público económico (...) La necesidad de información que tiene el Estado para poder cumplir sus fines en ocasiones limita los derechos individuales(2)” es así que el artículo 2.5 de la Constitución establece que (...) el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Congreso con arreglo a Ley y siempre que se refiera al caso investigado. TERCERO: Que, según el artículo 202 del NP, cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines del esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado; por otro lado, el artículo 203 del NP en su inciso 1 precisa que las medidas que disponga la autoridad en los supuestos indicados en el artículo anterior, deben realizarse con arreglo al principio de oportunidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el juez de investigación preparatoria debe ser motivada. Que conforme al artículo 235 del NP, el juez de investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá ordenar, reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto Bancario, cuando sea necesario y pertinente para el caso investigado (inciso 1). Recibido el informe ordenado, el juez, previo pedido del fiscal, podrá proceder a la incautación del documento, títulos-valores, sumas depositadas y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las cuentas, siempre que existan fundadas razones para ello, podrá autorizar

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CUBAS, Víctor. El nuevo proceso penal peruano. Palestra Editores, Lima, 2009, p. 342.

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la pesquisa o registro de una entidad del sistema bancario o financiero, asimismo la incautación de todo aquello que esté vinculado al delito (inciso 3). Finalmente, las operaciones no comprendidas por el secreto bancario serán proporcionadas directamente al fiscal a su requerimiento, cuando resulte necesario para los fines de la investigación del hecho punible (inciso 6). CUARTO: Que el representante del Ministerio Público sustenta fácticamente su requerimiento señalando que la presente carpeta fiscal tiene como sustento la denuncia de parte y los documentos presentados en esta respecto a la presunta comisión de los delitos de Hurto Agravado, Delito Informático y Lavado de Activos en agravio de la COOPERATIVA DE AHORROS PROGRESO, documentos estos en los que se advierte que: Carlos Miguel Quito Pérez en su calidad de Analista Desarrollador fue contratado por la COOPERATIVA DE AHORROS PROGRESO, siendo en estas circunstancias que habría utilizado el temporal que le fuera brindado –información privilegiada–, para manipular indebidamente la Base de Datos del Sistema Informático SIAF de la Caja de Ahorros agraviada, siendo de esta manera que habría logrado sustraer mediante tres modalidades el monto total de S/. 109,564.72 de las arcas de la Caja de Ahorros antes mencionada. Como se ha mencionado, Carlos Miguel Quito Pérez estaba designado a la Unidad de Tecnología de la Información de la COOPERATIVA DE AHORROS PROGRESO desde el 15 de junio de 2009 hasta el 14 de noviembre de 2012, fecha en la que presentó su carta de renuncia ante el Gerente General. Es justamente desde el mes de febrero del año 2012, que los encargados de la istración de Base de Datos de Información habrían brindado al hoy imputado s temporales a información privilegiada de la base de datos de la empresa, mediante los cuales se pueden realizar operaciones o modificaciones en el sistema de base de datos informáticos de la Cooperativa. Sin embargo, estos s temporales que se le brindó al denunciado fueron utilizados indebidamente por este para manipular el sistema informático y sustraer de este modo diversas cantidades de dinero de las arcas de la COOPERATIVA DE AHORROS PROGRESO, manipulación esta

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que fuera realizada mediante tres diferentes modalidades; las que han sido detectadas, identificadas y sustentadas en el Informe Preliminar N° 30-2013/UAI, elaborado por el jefe de Auditoría Interna, ingeniero Enrique Iván Julca Briones. La primera modalidad empleada por el denunciado consiste en haber realizado abonos irregulares por el monto total de S/. 35,534.72 a la cuenta de ahorros N° 01-31-0-0013198 a su nombre; hecho este que habría ocurrido desde el mes de marzo de 2012 hasta el mes de setiembre del mismo año, tiempo este durante el cual se habrían realizado un total de diecinueve (19) abonos irregulares a la cuenta del imputado, provenientes estos de cuentas de ahorros de socios inactivos; operaciones bancarias estas que se han realizado por medio de la manipulación de la base de datos informáticos de la COOPERATIVA DE AHORROS PROGRESO. La segunda modalidad consiste, primero, en haber creado (aperturado) irregularmente por medio de la base de datos, una Cuenta de Ahorros a la socia María Antonieta Avendaño Villarreal y luego de ello, haber utilizado esta cuenta para realizar transferencias hacia la cuenta de ahorros del denunciado. Retirando este último, el dinero producto de aquellas transferencias, el cual asciende a la suma de S/. 9,500.00. Cabe precisar que durante la realización de la auditoría se descubrió que María Antonieta Avendaño Villarreal guarda un vínculo parental con el extrabajador, ahora denunciado. Por último, en lo que respecta a la tercera modalidad empleada por el denunciado, consistió en haber creado una cuenta de ahorros a una persona inexistente y hacerla figurar como si fuera socia de la COOPERATIVA DE AHORROS PROGRESO. Así pues, según el cruce de información que realizara la auditoría interna, se determinó que existe una cuenta de ahorros a nombre de Paula Valdiviezo Cubas; sin embargo, esta persona no cuenta con ningún tipo de información en la base de datos informáticos de la COOPERATIVA DE AHORROS PROGRESO, siendo incluso que ni siquiera aparece inscrita en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - Reniec. Es una vez que el denunciado apertura la cuenta de ahorros señalada, que procedió a realizar en esta –en virtud del dominio que tenía sobre la base de datos– un total de ciento ochenta y ocho (188) movimientos entre

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ingresos y egresos de efectivo, siendo en lo que respecta a egresos, que algunos de ellos fueron transferencias a su cuenta de ahorros; mientras que los otros los habría retirado por ventanilla en la Unidad de Operaciones, lo que se evidencia en los vouchers correspondientes en donde figura el nombre de Carlos Miguel Quito Pérez. Cabe mencionar que el monto total del dinero en efectivo retirado por la ventanilla o caja asciende a S/. 64,780.00. QUINTO: Los elementos de convicción que corroboran a priori los hechos antes descritos son: a) Informe final N° 030-2013/UAI, de fecha 11 de junio de 2013; b) Documento de Identidad de Carlos Miguel Quito Pérez; c) contrato de trabajo de Carlos Miguel Quito Pérez; d) vouchers de retiro de efectivo de Carlos Miguel Quito Pérez; e) Manifestación de Enrique Iván Julca Briones de fecha 5 de junio de 2013; f) Manifestación de María Antonieta Avendaño Villarreal de fecha 5 de junio de 2013; g) Manifestación de Rita Polo Meléndez de fecha 5 de junio de 2013; h) Manifestación de José Julio Otiniano Requena de fecha 6 de junio de 2013; i) Manifestación de Sara Quito Campos, de fecha 7 de junio de 2013. SEXTO: En el caso de autos, se advierte que existen suficientes y razonables elementos de convicción para considerar que en el presente caso se ha perpetrado un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad, verificándose además que la restricción de derechos solicitada resulta absolutamente necesaria para proseguir con las investigaciones; verificándose, por tanto, que en el caso de autos se cumplen con los requisitos establecidos por ley para ampararse la medida restrictiva de Levantamiento del Secreto Bancario. Por estas consideraciones, en aplicación de los dispositivos legales antes invocados: SE RESUELVE: 1. DECLARAR FUNDADO el Requerimiento de Levantamiento del Secreto Bancario; en consecuencia, ORDENO que en el plazo de cinco días útiles, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGURO (SBS), proceda a OFICIAR a todas las Entidades Bancarias y Financieras para que estas remitan información detallada respecto a Carlos Miguel Quito Pérez, la que deberá consistir en:

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1.1. Información sobre las cuentas, créditos o cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo a nombre del afectado por la medida; así como los movimientos en sus cuentas durante los años 2012 y 2013, y los estados de cuenta actual de estos. 1.2. Cobros de cheques de cualquier naturaleza, de certificados de depósito negociables en moneda nacional o extranjera o de certificados bancarios en moneda nacional o extranjera. 1.3. Pagarés bancarios girados por el afectado de la medida (año 2013). 1.4. Préstamos en todas sus modalidades (a corto, mediano y largo plazo, con o sin garantía, hipotecarios o prendarios), que hayan sido solicitados por el afectado de la medida (año 2013). 1.5. Descuento de letras y pagarés, tarjetas de créditos, fianzas, avales y cartas de crédito pertenecientes al afectado por la medida (año 2013). La información deberá ser remitida directamente al fiscal requirente con domicilio en la esquina de las avenidas Jesús de Nazaret y Carrión de la Urbanización San Nicolás, en la ciudad de Trujillo - Sede Ministerio Público - (Of. 101), BAJO APERCIBIMIENTO de ser denunciados por delito de desobediencia a la autoridad, debiendo los encargados de realizar la diligencia y los servidores de la indicada entidad guardar secreto acerca de esta, salvo que se les citara como testigos al procedimiento. NOTIFÍQUESE únicamente al fiscal requirente y CÚRSESE los oficios respectivos.

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CAPÍTULO IV Los criterios de oportunidad

CAPÍTULO IV Los criterios de oportunidad I.

NOCIÓN DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD

Antes de abordar el tema en su detalle, explicaremos cómo y por qué razón es que los criterios de oportunidad aparecen en el Derecho Procesal Penal peruano. Por muchos años el sistema penal ha sido duramente cuestionado porque no respondía a las necesidades del Estado en cuanto al control punitivo, eficaz y oportuno. Es por ello que en tales circunstancias, debían asumirse criterios de simplificación que permitan corregir los excesos del sistema legal preponderante; permitiendo no solo dar eficacia al sistema sino llegar oportunamente al destinatario de este. Con el transcurrir del tiempo las sociedades han ido progresando y comenzaron a instalar y perfeccionar las diversas garantías y derechos de istración de justicia, lo que provocó la formación y la configuración de sistemas procesales; sin embargo y de manera paralela, la densidad poblacional, la pérdida de valores y el incremento de necesidades de consumo, provocaron el aumento de la criminalidad, y con ello, sobrecargaron y congestionaron el desenvolvimiento del sistema; de forma tal que surgió la necesidad de buscar salidas o mecanismos que posibiliten dar solución pronta al conflicto jurídico-penal; dentro de los cuales aparecen los criterios de oportunidad, cuyo sustento no es precisamente el aspecto represivo sino la ausencia de necesidad de reproche penal, ya 227

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sea en virtud del hecho mismo o en mérito al acuerdo conciliatorio para el resarcimiento del daño a favor de la víctima del delito. Dentro de las dificultades de los sistemas procesales, podemos mencionar los siguientes: -

La inexistencia de salidas alternativas que posibiliten una solución rápida del conflicto jurídico-penal, pues iniciado un proceso este no podía interrumpirse, suspenderse o cesar, hasta que no se agoten todas sus etapas y se genere una decisión judicial que solucione el caso planteado. Este problema ha estado presente en el proceso penal peruano desde que se implantó el sistema inquisitivo e incluso perduró cuando se implementó el sistema procesal penal mixto que inspiraba al CdePP de 1940, pues en este texto normativo no se adoptó otra forma de solución pronta del problema.

-

Monopolio del Estado de la persecución penal, esto se debe a que desde el modelo procesal inquisitivo, el Estado se atribuyó la potestad de solución de los conflictos derivados del delito a través de sus funcionarios.

-

Imposibilidad del Estado de perseguir y sancionar todos los conflictos; esta imposibilidad surge por el hecho de que el Estado no cuenta con infraestructura o el andamiaje (material y equipos) y personal idóneo para sancionar todos los delitos, lo que origina la sobrecarga procesal.

Ante estas dificultades descritas se han buscado y encontrado diversas soluciones, así tenemos: la relativización del principio de legalidad procesal, la renuncia a la persecución penal pública y la simplificación procesal. Es dentro de la solución de simplificación –que consiste en la mayor elasticidad del proceso penal para dar paso a la reparación antes que a la sanción–, que se prevé la terminación anticipada del proceso, el proceso por decreto penal de condena, el procedimiento por colaboración eficaz y el principio de oportunidad, que a nuestro criterio permitirá descongestionar los juzgados y solucionará de manera rápida y eficaz los conflictos.

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A las instituciones procesales antes indicadas, el Derecho Procesal Penal las estudia bajo la denominación de salidas alternativas, que en su acepción y origen estricto constituyen mecanismos o fórmulas extrasistémicas de resolución de conflictos, que buscan que las partes alcancen acuerdos con el fin de evitar dirimir los problemas en el sistema penal. Siendo que estas fórmulas incluyen, entre otras, modalidades de negociación, conciliación, reparación y composición. Las salidas alternativas son compatibles con una política criminal reduccionista. El mayor nivel de desarrollo social y de igualdad social de un país se manifiesta por su capacidad de resolver los conflictos con el menor uso de los instrumentos coactivos, como son los utilizados por el Derecho Penal. En esta línea, las salidas alternativas se sitúan como instrumentos de despenalización dirigidas a disminuir la intensidad y modalidad de la intervención penal clásica. La finalidad de las salidas alternativas al proceso penal es el descongestionamiento del sistema, debido a que el Estado es incapaz de dar una respuesta eficaz a todas las transgresiones de normas penales mediante el juicio oral y la sentencia. Los países que acogieron la reforma procesal penal adoptaron las salidas alternativas con la pretensión de dar una solución a los conflictos jurídico-penales por una vía distinta al juicio oral y de la imposición de una pena privativa de libertad; pues es innegable que las salidas alternativas ofrecen grandes ventajas; pues en mérito a ellas: la víctima obtiene una reparación al daño causado en breve plazo, evitando ir a juicio para que sea resarcido; por su parte, el imputado evita ser sometido a juicio y obtener una condena, favoreciéndose su reinserción social; y finalmente, al Estado le permite resolver de manera fácil y rápida el conflicto jurídico-penal, ahorrando recursos materiales y humanos y brindando satisfacción a los ciudadanos. Si bien no hay consenso entre los autores acerca de cuáles son exactamente las salidas alternativas, algunos incluyen en estas, al principio de oportunidad y al acuerdo reparatorio; en tanto que, para el MP, las salidas alternativas son: el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, el proceso inmediato y la terminación anticipada; aunque dichas fórmulas, si bien son procedimientos simplificadores del proceso, pero no 229

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otorgan a los intervinientes una vía diferente o paralela al sistema penal para solucionar su disputa; sin embargo, si partimos de una concepción más amplia de salidas alternativas del proceso penal, debemos entenderlas como mecanismos de solución al conflicto jurídico penal, que permiten poner fin a la controversia sin tener que llegar al juicio oral, y en ese entendido, sí corresponde ubicar al principio de oportunidad como una salida alternativa; y con mayor razón si partimos de la premisa de que las salidas alternativas fueron concebidas como una forma de reparación inmediata del daño causado a la víctima; y que su aplicación está condicionada a garantizar que la víctima obtenga justicia cuanto antes. A manera de conclusión, podemos afirmar que los criterios de oportunidad constituyen salidas alternativas del proceso penal cuyo sustento no es precisamente el aspecto represivo sino la ausencia de necesidad de reproche penal, ya sea en virtud del hecho mismo (mínima culpabilidad del agente, escasa gravedad de la infracción penal, mínima afectación al interés público), o en mérito al acuerdo conciliatorio para el resarcimiento del daño a favor de la víctima del delito. II. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 1. Antecedentes El principio de oportunidad tiene su origen en la imposibilidad del Estado de intervenir oportuna y eficazmente para la sanción de todos los conflictos derivados de un delito, lo que generaba a su vez la existencia de excesiva carga procesal, por lo que se adoptó soluciones como el “principio de oportunidad”; que apunta además a aliviar la carga procesal y tratar de componer los conflictos que ocasiona el delito sin ir hasta el final del proceso. El principio de oportunidad como salida alternativa de solución del conflicto jurídico penal apareció en Alemania en el año 1924, siendo diseñado como mecanismo que facultaba al Ministerio Público a abstenerse de ejercer la acción penal en los casos en que la culpa sea leve y carezcan de importancia las consecuencias dañosas del delito, de tal manera que su persecución no afecte al interés público.

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Actualmente, el principio de oportunidad viene siendo incorporado en la mayoría de reformas contemporáneas de los ordenamientos procesales penales. Tanto es así que la Recomendación N° R-87 del Comité del Consejo de Europa aconseja a sus Estados incorporar a sus legislaciones este principio. En el Perú, el principio de oportunidad se introdujo por primera vez con el Código Procesal Penal de 1991 (D. Leg. N° 638), por medio del cual, además de los criterios de oportunidad, se introducen importantes instituciones en nuestra legislación y doctrina, a tono con las nuevas orientaciones del Derecho Procesal moderno. En la Exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 638, nuestro legislador no ha hecho alusión expresa a la instauración de tal principio, remitiéndose en líneas generales al contenido de la Exposición de motivos del Comité consultivo del proyecto alternativo de noviembre de 1990, y que importaba un planteamiento a la limitación de la persecución penal para los delitos considerados de mínima y mediana gravedad. 2. Principio de oportunidad y principio de legalidad Conforme lo señala Julián López Masle, el principio de legalidad enuncia que el Ministerio Público está obligado a iniciar y sostener la persecución penal de todo delito que llegue a su conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar a su mero arbitrio(85). Por su parte, Julio Maier señala que frente a la decisión de oficializar la persecución penal, como regla general, se ha estimado necesario imponer a los órganos del Ministerio Público, el deber de promover la persecución penal (promoción necesaria), ante la noticia de un hecho punible en procura de la decisión judicial que solucione el caso(86). A partir de las apreciaciones doctrinarias antes indicadas, podemos afirmar que por imperio del principio de legalidad, una vez que el Ministerio Público toma conocimiento de un hecho con relevancia para

(85) HORVITZ, María y LÓPEZ, Julián. Ob. cit., p. 46. (86) MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 1996, p. 828.

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el Derecho Penal, está obligado a promover la acción penal y a impulsarla hasta lograr concretar la pretensión punitiva del Estado –si es que se dan estas condiciones– o hasta que se emita un pronunciamiento jurisdiccional acorde con la ley; sin embargo, como se ha señalado anteriormente, se trata de una regla general que puede tener excepciones, pues en las legislaciones procesales modernas, por razones político-criminales se han introducido los criterios de oportunidad que autorizan a prescindir de la persecución penal frente a la noticia de la comisión de un hecho punible. 3. Noción de principio de oportunidad Este principio ha sido definido por varios autores. A continuación, hacemos referencia a algunas definiciones, para luego construir nuestra propia noción: Así, pues, el tratadista argentino Julio Maier lo define como: “La posibilidad de los órganos públicos, a quienes se le encomienda la persecución penal, prescinda de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o inclusive, de la prueba más o menos completa de su perpetración formal o informalmente; temporal o indefinidamente, condicional o incondicionalmente, por razones de utilidad o razones político-criminales”(87). Para Clauss Roxin, el principio de oportunidad es la contraposición teórica del principio de legalidad, mediante el que se autoriza al fiscal a optar entre elevar la acción o abstenerse de hacerlo, archivando el proceso; cuando las investigaciones llevadas a cabo conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran probabilidad ha cometido un delito(88). Por su parte, el jurista peruano Carlos Torres Caro, más que dar una definición se limita a transcribir el objeto del principio de oportunidad, precisando que es un postulado rector que se le contrapone excepcionalmente al principio de legalidad procesal, corrigiendo su exceso (87) MAIER, Julio. Ob. cit., p. 836. (88) ROXIN, Clauss, citado por SAN MARTÍN, César. Derecho Procesal Penal. 1999, Grijley, p. 226.

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disfuncional, con el objeto de conseguir una mejor calidad de justicia, facultando al fiscal, titular de la acción penal, decidir sobre la permanencia de no dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, independientemente de estar ante un hecho delictuoso como autor determinado, concluyéndola por acto distinto al de una sentencia y teniendo como sustento de su conclusión los criterios de falta de necesidad de pena o falta de merecimiento de pena, todo ello amparado en la necesidad de solucionar, en parte, el grave problema de la sobrecarga y congestión procesal y penitenciaria(89). Atendiendo a las definiciones anteriores y tomando como referencia la regulación del principio de oportunidad contenida en el artículo 2 del NP, podemos afirmar que el principio de oportunidad constituye una excepción al principio de legalidad, que facultad al Ministerio Público para abstenerse de ejercitar la acción penal o para provocar el sobreseimiento de la causa si es que ya se ha promovido la acción penal, aun cuando el hecho tenga relevancia para el Derecho Penal. 4. Finalidad del principio de oportunidad -

Descongestionamiento del aparato judicial: El principio de oportunidad es un mecanismo expedito llamado a descongestionar el aparato judicial, para casos de delitos leves o de poca monta.

-

Resarcimiento de la víctima: El resarcimiento rápido y oportuno a la víctima por el daño ocasionado, de tal manera que no haya necesidad de esperar todo el tiempo que demanda el desarrollo de un proceso para que el afectado obtenga su reparación. Esta oportunidad en el resarcimiento a la víctima tiene suma importancia, en cuanto va a permitir a esta contar con los medios económicos para, de alguna manera, sobrellevar o amenguar el dolor o perjuicio provocado por el delito.

-

Oportunidad para el imputado: Que ya no deberá invertir tiempo y recursos en el proceso, y adicionalmente se evita la posibilidad de que el imputado reciba una condena y tenga antecedentes penales.

(89) TORRES, Carlos. El principio de oportunidad. Edelesa, Lima, 1998, p. 16.

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5. Modelos de regulación del principio de oportunidad En la doctrina, se distinguen dos modelos en la regulación del principio de oportunidad: •

Modelo de oportunidad libre (angloamericano)



En este sistema, la aplicación del principio de oportunidad es una regla. Sistema en que el fiscal es el que decide si investiga, si la inicia formalmente, si garantiza inmunidad al imputado, si negocia con este, qué cargo formula, cuándo o dónde los formula, es decir que cuenta con discrecionalidad incontrolada, pues sustrae al juez penal del conocimiento de los hechos, limitándose este a decidir sobre los términos de una negociación libre en la que no ha participado.



Mediante este sistema en los países donde se aplica se resuelve el 90 % de los casos, demostrando la importancia de este principio en la istración de justicia.



Este sistema se preocupa por obtener la declaración de culpabilidad del imputado a fin de evitar procesos largos, pudiendo ser esta voluntaria, estructuralmente inducida y negociada. Es voluntaria cuando la culpabilidad del imputado es evidente. Es estructuralmente inducida, cuando el imputado reconoce su falta, renunciando al contradictorio a fin de que se le imponga una pena más benigna. Es negociada cuando el fiscal utiliza el principio de oportunidad, para llegar a un acuerdo con el imputado o con su representante legal, sobre la pena y el delito. Y cuando se obtenga la confesión de este, el fiscal pueda reducir poscargos e incluso, efectuar en su favor una recomendación de indulgencia, discrecionalidad absoluta, que ha dado pie a que se le denomine como “justicia contratada”.



Este sistema es aplicado por los países anglosajones, principalmente los Estados Unidos.

•

Sistema de oportunidad reglado (centro-europeo)



En este sistema la aplicación del principio de oportunidad constituye una excepción, pues la regla es la legalidad. En este sistema los casos están estrictamente regulados por la ley.

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La oportunidad reglada presenta las siguientes características:



La discrecionalidad del Ministerio Público comprende la renuncia a la persecución penal, sea en cuanto no promueve la acción; sea cuando se desiste de su ejercicio si ha sido promovida.



La Ley regula taxativamente las condiciones para su aplicación.



Su ejercicio está sujeto a la aprobación del tribunal, es decir que existe un control jurisdiccional de la discrecionalidad del fiscal.



Este sistema busca dos objetivos: la descriminalización de los hechos punibles, por lo cual se entiende innecesaria la aplicación del poder penal, si otra (extraproceso) obtiene un mejor resultado a los fines de la pena; y la eficiencia del sistema penal, que cuidará de sancionar las conductas que así lo ameriten, al otorgar un tratamiento preferencial a su persecución, política que inexorablemente acarreará descongestionamiento procesal.



Este sistema se basa en consideraciones relativas al hecho, ya sea de mínima lesividad, antigüedad, poca relevancia, entre otras. También se basa en consideraciones relacionadas con el autor: como su edad (juvenil o senil), o la conveniencia de aplicar una medida de rehabilitación o tratamiento. Por último, también obedece a consideraciones como la relación entre el autor y el hecho o entre el autor y su víctima, así como el interés del Estado.

6. Supuestos en los que es posible aplicar el principio de oportunidad Según el artículo 2 inciso 1 del NP; el Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.

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En relación con este primer supuesto, el profesor Arsenio Oré Guardia(90) señala que la afectación que sufre el agente puede ser moral o material; así por ejemplo, la afectación moral se puede configurar cuando a consecuencia de un delito culposo el sujeto agente sufre la pérdida de un ser querido; en tanto que la afectación material se podría manifestar cuando el agente a consecuencia del referido delito culposo sufre un daño físico o en su salud que lo afecte gravemente.

b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

En relación con este supuesto existen problemas para la conceptualización del “interés público” y también para la determinación de la intensidad de su afectación, pues el supuesto de hecho de la norma requiere que “se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público”.



Frente a este problema, no existen referencias normativas expresas ni en el NP ni en otras normas especiales, y en tal caso, corresponde al fiscal discrecionalmente evaluar si un determinado delito afecta o no afecta el interés público y si lo afecta gravemente, pues de estimar que el delito sí afecta gravemente el interés público, no podrá aplicar el principio de oportunidad; sin embargo, la discrecionalidad que se le otorga al fiscal para esta determinación no tiene un carácter absoluto pues conforme lo establece el aludido literal b) del NP, además del criterio sobre la intensidad de la afectación al interés público el legislador ha establecido la exigencia adicional referida a la pena mínima prevista en la ley, pues si el extremo mínimo de la pena supera los dos años de pena privativa de libertad, ya no es posible aplicar el principio de oportunidad, y lo mismo ocurrirá si el delito ha sido cometido por un funcionario público en ejercicio de su cargo.

(90) ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Adelesa, Lima,

1997, p. 420.

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c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del denunciado, el fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

Este supuesto de aplicación del principio de oportunidad hace alusión a la concurrencia de circunstancias atenuantes del delito y de la responsabilidad penal, al criterio de afectación del interés público y a la pena máxima prevista para el delito. En cuanto a las circunstancias atenuantes, debemos indicar sus alcances y a qué supuestos se refiere la norma que es objeto de análisis.

El artículo 14 del Código Penal prescribe el error de tipo, que se produce cuando el sujeto desconoce que está realizando un hecho típico. El error de tipo anula el dolo, y si fuere invencible conduce a la atipicidad, pero si fuere vencible, se podría sancionar como delito culposo, siempre que exista la figura culposa. Por ejemplo, si un sujeto no sabe que sustrae un bien ajeno porque se confundió creyendo que era propio, incurre en error de tipo. De los dos supuestos de error de tipo antes mencionados, el artículo 2 únicamente se refiere al error de tipo vencible, porque este supone una circunstancia atenuante, a diferencia del error de tipo invencible que dogmáticamente supone una eximente de responsabilidad, que debiera motivar un archivo de la investigación, mas no un criterio de oportunidad. El artículo 15 del Código Penal hace alusión al error culturalmente condicionado, que se produce cuando el sujeto por su cultura o costumbres, comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esta comprensión, siendo la consecuencia que se exime de responsabilidad al agente, salvo que esa posibilidad solo se halle disminuida, en cuyo caso, el error opera como atenuante. De los dos supuestos de error culturalmente condicionados antes mencionados, el artículo 2 únicamente se refiere al error vencible, porque 237

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este supone una circunstancia atenuante, porque de tratarse de un error invencible se eximirá de responsabilidad al sujeto agente, y ello debería motivar un archivo de la investigación, mas no un criterio de oportunidad. El artículo16 del Código Penal regula la institución de la tentativa, que se configura cuando el agente inicia la ejecución del hecho punible sin llegar a consumarlo por razones ajenas a su voluntad; pues como se sabe, la tentativa es una forma de infracción penal que faculta al juez para reducir la pena prudencialmente. Los requisitos para que se configure la tentativa son:



-

El inicio de la ejecución.

-

La resolución hacia el hecho.

Se corresponde en lo esencial con el dolo, pero no es necesariamente idéntico a este; pues además del dolo el autor debe haber actuado de modo que su conducta presente los demás elementos subjetivos del tipo. Entonces la resolución a cometer un hurto presupone, junto al dolo de sustraer una cosa ajena, también el ánimo de apropiarse ilícitamente de ella y obtener un beneficio económico. En consecuencia, se descarta la configuración de la tentativa en los delitos imprudentes.

La resolución criminal no solo comprende el dolo directo, sino también el dolo eventual. Por su parte, el artículo 18 del Código Penal se encuentra referido al desistimiento voluntario, en el cual el hecho punible no se llega a consumar, pero por propia voluntad del sujeto agente. En tal caso, el agente ya no responde por los actos ejecutivos que haya realizado, salvo que de por sí estos actos constituyan otros delitos. Es para este último supuesto que el legislador ha dispuesto la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad. El artículo 21 del Código Penal se refiere a supuestos de responsabilidad atenuada, que van a operar en los casos del artículo 20 del Código Penal, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. 238

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En materia de responsabilidad, es importante recordar los planteamientos del funcionalismo moderado, que en vez del concepto de culpabilidad, propone la denominación de responsabilidad en vez de culpabilidad; atendiendo a la capacidad de los sujetos para motivarse conforme a la norma, pues el sustento de esta concepción se encuentra en la teoría de la prevención general positiva de la pena (motivar el respeto de los bienes jurídicos); y en mérito a ello, formula una concepción graduable y le adiciona a la exigencia del merecimiento el de la necesidad del reproche penal. Partiendo de estos planteamientos, podemos afirmar que el principio de oportunidad constituye una institución jurídica que da sentido a la exigencia sobre la necesidad del reproche penal y de la pena, pues en los supuestos de eximentes incompletas que resultan de la aplicación del artículo 20 en concordancia con el artículo 21 del Código Penal, se evidencian supuestos de responsabilidad mínima, que hacen posible la abstención del ejercicio de la acción penal, por falta de necesidad de reproche penal. El artículo 22 del Código Penal regula los supuestos de imputabilidad relativa como una cualidad atenuante. Según esta norma, se consideran imputables relativos los menores de 21 y mayores de 18 años, así como los mayores de 65 años de edad. En relación con este tema cabe indicar que la imputabilidad debe ser entendida como la capacidad de culpabilidad del agente o capacidad mental suficiente para comprender el carácter delictuoso de un acto; la inimputabilidad debe entenderse como la incapacidad del sujeto para comprender la naturaleza delictiva de su actuar; en tanto que la imputabilidad restringida debe entenderse como un supuesto intermedio, y para ello, el legislador penal ha decidido optar por regular los supuestos de responsabilidad restringida utilizando un sistema cerrado, un sistema legal, que no posibilita cuestionarlo mediante pericia. El artículo 25 del Código Penal contempla dos instituciones jurídicas sustantivas: la complicidad primaria y la complicidad secundaria. El cómplice primario es aquel que realiza un aporte esencial e indispensable para la realización del hecho punible. Se diferencia del coautor, porque el cómplice primario o necesario no contribuye en la etapa de ejecución del hecho sino en la preparación, y además porque no posee 239

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dominio del hecho. Por su parte, el cómplice secundario es aquel que realiza un aporte para la realización del hecho punible, pero su conducta no es indispensable para que este se pueda concretar. El aporte del cómplice secundario se puede actualizar tanto en la etapa preparatoria como en la de ejecución del delito, y si bien no es esencial para la realización del hecho, al menos debe poder ser considerado como un aporte relevante para el Derecho Penal desde el punto de vista de la imputación objetiva. Atendiendo al texto del artículo 2 del NP, se entiende que este tercer supuesto de aplicación del principio de oportunidad se refiere a delitos en los que concurren circunstancias atenuantes, y por ello asumimos que de los supuestos regulados por el artículo 25 del Código Penal, solo será posible aplicarlo cuando se trata de los supuestos de complicidad secundaria. El artículo 46 del Código Penal, recientemente modificado por el artículo 1 de la Ley N° 30076, en su inciso 1 contempla una serie de circunstancias atenuantes (la carencia de antecedentes penales, el móvil noble o altruista del agente, la reparación del daño, etc.), cuyo concurso posibilita la aplicación del principio de oportunidad. Que el literal c) del inciso 1 del artículo 2 del NP no solo exige de la concurrencia de las atenuantes antes mencionadas para posibilitar la aplicación del principio de oportunidad; sino que además exige que no existe ningún interés público gravemente comprometido en la persecución del delito, y además que no se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Adicionalmente a los supuestos de aplicación del principio de oportunidad contemplados en el inciso 1 del artículo 2 del NP, el fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en la comisión de los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E del Código Penal (referidos a los tipos penales de los delitos de Minería Ilegal), suspenda sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento 240

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de fecha cierta. Si la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las mismas reglas establecidas en el presente artículo(91). A las exigencias contempladas en el inciso 1 del artículo 2 del NP, en el inciso 2 de este mismo dispositivo se adiciona que, en los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. Así pues, en el supuesto de que el agente haya sufrido las consecuencias del delito y la pena resulte innecesaria, no será imprescindible que el agente repare los daños ocasionados por el delito, pero en los otros dos supuestos, para que se concrete la abstención de la acción penal será indispensable que se haya cumplido con el pago de la reparación civil. Por otro lado, cuando exista la posibilidad de cuestionarse o ponerse en tela de juicio la aplicación del principio de oportunidad porque el delito sí afecta el interés público, el inciso 5 del artículo 2 del NP establece que, si el fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al juez de la investigación preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los interesados. Atendiendo a los modelos de aplicación del principio de oportunidad y a los presupuestos y exigencias contemplados por el artículo 2 del NP, reconocemos que la oportunidad presente en nuestro modelo procesal penal se aproxima más al modelo de oportunidad reglado, ya que el fiscal solo puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal cuando se reúnan determinados presupuestos o condiciones(92), tal como ocurre con los presupuestos y exigencias que acabamos de analizar. (91) Numeral incorporado por el artículo cuarto del Decreto Legislativo Nº 1102, publicado el 29 febrero de 2012, que entró en vigencia a los quince días de su publicación; pero de conformidad con la primera disposición complementaria final de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto de 2013, se adelante la vigencia del presente artículo, en todo el territorio peruano. (92) VELÁSQUEZ, Fernando. “Principio de oportunidad vs. principio de legalidad”. En: FALCONE, Roberto; GUZMÁN Nicolás; GÖSSEL, Karl, GOZAÍNI, Osvaldo. La actividad

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7. Impedimentos para la aplicación de los criterios de oportunidad A partir de la modificación introducida por el artículo 3 de la Ley N° 30076, en el inciso 9 del artículo 2 se ha incorporado un conjunto de supuestos que impiden la aplicación del principio de oportunidad y del acuerdo reparatorio. En efecto la norma antes indicada precisa que no procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo reparatorio cuando el imputado: a) Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal; b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico; c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito; o, d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. En estos casos, el fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) es aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la acción penal. Respecto al supuesto del literal b) debemos precisar que si un sujeto se ha acogido al principio de oportunidad o al acuerdo reparatorio en dos oportunidades; por ejemplo: la primera en el 2010 y la segunda el 1 de enero de 2013, no podrá acogerse a criterio de oportunidad alguno hasta el 2 de enero del año 2018, siempre que se trate de delitos de la

procesal del Ministerio Público Fiscal - I. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2009, p. 225.

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misma naturaleza o atenten contra un mismo bien jurídico, como ocurre por ejemplo si en las dos oportunidades anteriores se trató del delito de omisión de asistencia familiar y al agente nuevamente se le investiga por delito de omisión de asistencia familiar. Pues en estos casos cabe un segundo principio de oportunidad, pero no un tercero, salvo que pasen más de cinco años desde la aplicación del último principio de oportunidad. Fuera de los casos de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico, es decir para los casos de delitos de diferente naturaleza o de bienes jurídicos diferentes, de conformidad con el literal c) no cabe la aplicación del principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio, si el imputado se acogió al principio de oportunidad dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito. Así, por ejemplo, si un sujeto pretende acogerse a un principio de oportunidad por un delito de lesiones dolosas cometido el 1 de enero del año 2014, no podrá hacerlo si se acogió antes a un principio de oportunidad por delito de hurto simple luego del 1 de enero del año 2009. Finalmente, el supuesto descrito en el literal d) hace alusión a la imposibilidad de conceder el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, si es que el sujeto agente, independientemente del tiempo en el que se haya acogido al principio de oportunidad, no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio. 8. Trámite para la aplicación del principio de oportunidad En cuanto a la oportunidad para aplicar el principio de oportunidad, el NP establece hasta tres momentos diferentes: a) Antes de la promoción de la acción penal; b) Luego de formalizar la investigación preparatoria y hasta antes de formularse la acusación; y c) En la etapa intermedia. A continuación, describimos el trámite que se sigue en cada uno de estos supuestos.

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8.1. Antes de la formalización de la investigación preparatoria El trámite para la aplicación del principio de oportunidad antes del ejercicio de la acción penal se encuentra establecido en los incisos 3 y 4 del inciso 2 del NP, los que prescriben: •

El fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, mediante la notificación de una disposición que convoca a las partes para aplicación del principio de oportunidad. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.

•

La audiencia o diligencia de acuerdo debe constar en acta.



En caso de inasistencia del agraviado, el fiscal podrá determinar el monto de la reparación civil que corresponda.



Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo para el pago de la reparación civil, el fiscal lo fijará sin que este exceda de nueve meses.

•

Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el fiscal expedirá una disposición de abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento.

•

De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable. 8.2. Durante la investigación preparatoria

Conforme a lo prescrito por el artículo 2 inciso 7 del NP, si la acción penal hubiera sido promovida, el juez de la investigación preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento –con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)– hasta antes de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil 244

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si esta es fijada por el juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si estas son desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado. A continuación, resumimos el trámite del principio de oportunidad en este estadio procesal. •

Requerimiento fiscal dirigido al juez de investigación preparatoria, por medio del cual el fiscal solicita la aplicación del principio de oportunidad.

•

Auto que convoca a audiencia para la aplicación del principio de oportunidad, con citación al fiscal, al imputado, a su defensor y al agraviado, ya sea como simple agraviado o como actor civil.

•

Audiencia para evaluar la aplicación del principio de oportunidad: El fiscal sustenta el requerimiento, y luego el imputado debe aceptar la aplicación del principio de oportunidad.

•

Auto de sobreseimiento por aplicación del principio de oportunidad. 8.3. Durante la etapa intermedia

El artículo 2 del NP solo hace alusión a los dos primeros momentos para la aplicación del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio; mas no hace alusión a un tercer momento; es decir, luego de formulada la acusación; sin embargo, entre las normas que rigen la etapa intermedia del proceso penal común nos encontramos con el artículo 350, referido al traslado de la acusación fiscal a los demás sujetos procesales; siendo que en el inciso 1 la norma antes aludida prescribe que: La acusación será notificada a los demás sujetos procesales, y en el plazo de diez días estas podrán: e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad. Finalmente, el artículo 351 inciso 3 del NP establece que instalada la audiencia de control de acusación, el juez otorgará la palabra por un tiempo breve al fiscal y a los abogados defensores del actor civil, del acusado y del tercero civil, los que debatirán sobre la procedencia o isibilidad de cada una de las cuestiones planteadas; es decir que, si al absolver el traslado de la acusación el imputado ha solicitado la aplicación del principio de oportunidad o de un acuerdo reparatorio, se 245

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debatirá ello en la audiencia de control de acusación, siendo aconsejable que ello sea debatido antes de los otros aspectos planteados por las partes, porque de ser viable su aplicación, se relevarían los demás puntos de debate. III. EL ACUERDO REPARATORIO 1. Supuestos en los que es posible aplicar el acuerdo reparatorio De conformidad con el inciso 6 del artículo 2 del NP, independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. 2. Trámite para la aplicación del acuerdo reparatorio A diferencia del principio de oportunidad que opera como una facultad del fiscal para abstenerse del ejercicio de la acción penal o para desistir de su persecución, el acuerdo reparatorio opera como una obligación del fiscal, quien por mandato imperativo del artículo 2 inciso 6 del NP, de oficio o a pedido del imputado o de la víctima, propondrá un acuerdo reparatorio. En mérito a la característica antes anotada, el acuerdo reparatorio es considerado un requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal, en aquellos delitos en los que resulta aplicable este criterio de oportunidad, y su inobservancia podría dar lugar a la formulación de una cuestión previa por parte de la defensa del investigado. Luego de que el fiscal propone el acuerdo reparatorio, el trámite que sigue es el mismo que se establece para el principio de oportunidad cuando se aplica antes del ejercicio de la acción penal, pues el inciso 6 del artículo 2 del NP remite expresamente al numeral 3 del artículo 2; es decir que: 246

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•

El fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, mediante la notificación de una disposición que convoca a las partes para aplicación del acuerdo reparatorio. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento privado legalizado notarialmente.

•

La audiencia o diligencia de acuerdo debe constar en acta.



En caso de inasistencia del imputado a la segunda citación o si se ignora su domicilio, el fiscal promoverá la acción penal.



Si se llega a un acuerdo, el fiscal se abstendrá de ejercitar la acción penal.

Hasta antes de la modificatoria introducida por el artículo 3 de la Ley N° 30076, en el inciso 7 del artículo del NP, existía la posibilidad de que el juez apruebe el acuerdo reparatorio y dicte el sobreseimiento del proceso con la sola presentación de un instrumento público o un documento privado legalizado notarialmente en el que conste el acuerdo; sin embargo, hoy en día esa posibilidad ya no existe, de forma tal que el acuerdo reparatorio como tal, solo procede antes de la promoción de la acción penal que ocurre con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria o con la acusación directa; pero ello no es obstáculo para que en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa intermedia en los mismos supuestos del acuerdo reparatorio, se pueda aplicar el principio de oportunidad en la medida que se den los presupuestos señalados en el artículo 2 del NP.

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MODELOS •

Escrito solicitando la aplicación de criterios de oportunidad antes de formalizarse la investigación preparatoria CARPETA FISCAL Nº 502-2011-853 SOLICITO APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TRUJILLO Mario Martín Castillo Ospina, identificado con DNI 17861264 con domicilio en calle Paraguay Nº 444 de la ciudad de Trujillo, en la investigación que se me sigue por delito de hurto en agravio de Alejandra Cahuana Solano, ante usted respetuosamente expongo: I. PETITORIO: En mi calidad de investigado y atendiendo a lo prescrito por el artículo 2 inciso 1 literal b) del NP, manifiesto mi voluntad de someterme a la aplicación del principio de oportunidad y para ello solicito se fije día y hora para la diligencia de acuerdo a fin de establecer el monto de reparación civil que deberé pagar a favor del agraviado. II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA SOLICITUD: 1. En mérito a la denuncia de parte formulada por la agraviada Alejandra Cahuana Solano se ha dado inicio a una investigación preliminar por delito de hurto simple, en la que tengo la calidad de investigado. 2. El delito que se me imputa se encuentra previsto en el artículo 185 del Código Penal, el que sanciona al hurto con una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años, y como tal se trata de un delito que no afecta gravemente el interés público, pues atendiendo

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al bien jurídico protegido se trata de un delito que atenta contra el patrimonio de un particular y atendiendo al desvalor de la acción no concurren circunstancias que le den gravedad al hecho.

3. Que en el presente caso, resulta procedente la aplicación del principio de oportunidad, pues el inciso 1 literal b) del artículo 2 del NP prescribe que procede el principio de oportunidad cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de libertad; tal como ocurre en el presente caso, pues el hurto que se me imputa no afecta gravemente el interés público y la pena mínima prevista para este delito no es superior a los dos años. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted acceder a lo solicitado por encontrarse conforme a Ley.

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Disposición que ite pedido de criterio de oportunidad y convoca a la audiencia para su aplicación Trujillo, veinte de junio del año dos mil ocho. DADO CUENTA, con la denuncia de parte presentada por la señora Corina Lechuga Medina en contra de la persona de Alfredo Mora Luján por la presunta comisión del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio del menor Junior Mora Lechuga; y CONSIDERANDO: Que, fluye de las copias certificadas adjuntadas a la denuncia de parte, que, mediante Resolución N° 6 expedida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo con fecha 26 de diciembre del año 2006, recaída en la acción de alimentos que promoviera Corina Lechuga Medina a favor del menor Junior Mora Lechuga, se falló declarando FUNDADA en parte la demanda interpuesta y en consecuencia se ordenó al ahora investigado Alfredo Mora Luján a que acuda a su menor hijo con una pensión de ciento setenta nuevos soles (S/. 170) mensuales. Posteriormente, mediante Resolución N° 14 del 16 de mayo de 2008, se aprobó la Liquidación de las Pensiones Devengadas, que arrojará una deuda del ahora investigado ascendente a la suma de mil ochocientos noventa y cinco punto veintiocho nuevos soles (S/. 1,895.28), notificándosele al señor Alfredo Mora Luján a efectos de que este cumpla con el pago de estas en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público en caso de incumplimiento. Que, habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido sin que el investigado cumpla con cancelar el íntegro de la suma adeudada, ya que tan solo habría abonado la cantidad de trescientos nuevos soles (S/. 300), se procedió a hacer efectivo el apercibimiento ordenado, remitiéndose, por tanto, las copias de los actuados al Ministerio Público a efectos de que se proceda a la denuncia correspondiente. Que, a través de escrito presentado ante este despacho fiscal con fecha 16 de junio del año 2008, el imputado Alfredo Mora Luján ha manifestado su voluntad de acogerse a un principio de oportunidad, solicitando por tal motivo se fije día y hora para llevarse a cabo la Audiencia de Aplicación de Principio de Oportunidad.

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Que, del estudio de los actuados se advierte que los hechos que dieron lugar al inicio de la presente investigación se adecuan al ilícito penal de Omisión a la Asistencia Familiar, previsto y sancionado por el artículo 149 primer párrafo de nuestro Código Penal; norma legal esta que prevé una pena privativa de la libertad no mayor de tres años o prestación de servicio comunitario a la persona que “Omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece resolución judicial”. Asimismo, el artículo 2 numeral 1 del NP establece los supuestos en los que procede la aplicación de los criterios de oportunidad, prescribiendo la antes referida norma en su numeral b que “El Ministerio Público de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento podrá abstenerse de ejercitar acción penal (...) b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de la libertad, o hubieran sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo”. Que, de lo referido en los párrafos precedentes se evidencia que en el presente caso y habiéndose establecido que los hechos materia de imputación se adecuan al ilícito penal de Omisión a la Asistencia Familiar, procedería en efecto promover la Aplicación de un Criterio de Oportunidad, por encontrarse la figura típica antes referida contenida dentro de los supuestos que permiten su aplicación; esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 párrafo 1 del literal b de nuestro NP. Es por todas estas consideraciones que este despacho fiscal DISPONE: CONVOCAR al imputado Alfredo Morales Luján y a la denunciante, Corina Lechuga Medina para la AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, la que se llevará a cabo el día 4 de julio del año en curso a horas 09:00 de la mañana. NOTIFÍQUESE a las partes conforme a ley; previniéndose a la parte agraviada de que su inasistencia no impedirá determinar el monto de la reparación civil; en tanto que a la parte denunciada, que si no concurre a esta citación se procederá a promover en su contra el proceso penal correspondiente.

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Disposición que ite pedido de acuerdo reparatorio y convoca a la audiencia para su aplicación Trujillo, veinte de enero del año dos mil trece. DADO CUENTA, con la denuncia de parte formulada por la señora Angelita Medina Tejada en contra de la persona de Francisco Luna Alarcón por la presunta comisión del delito de Apropiación ilícita cometido en agravio de la empresa de Transportes Tejada S.A.C.; y CONSIDERANDO: Que de la denuncia verbal formulada por la señora Angelita Medina Tejada en su calidad de gerente y representante de la empresa Transportes Tejada S.A.C., se advierte que el primero de diciembre del año 2009, el denunciado Francisco Luna Alarcón recibió en arrendamiento dos camionetas de propiedad de la empresa agraviada de placas BD-4235 y BD-3759, con la obligación de devolver las camionetas el primero de enero del año 2010, tal como consta en el documento privado con firmas legalizadas que se adjunta a la denuncia; sin embargo, el denunciado no ha cumplido con devolver las referidas camionetas a pesar de haber vencido el plazo para la entrega de estas y de haber recibido una carta notarial de la empresa agraviada requiriendo la entrega inmediata en el local de la empresa; en tanto que el denunciante no contesta las llamadas que se formulan a su celular. El acuerdo reparatorio opera como una obligación del fiscal, quien por mandato imperativo del artículo 2 inciso 6 del NP, de oficio o a pedido del imputado o de la víctima, propondrá un acuerdo reparatorio cuando corresponda; siendo que de conformidad con el inciso 6 del artículo 2 del NP procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos; siendo que dentro de estos delitos se encuentra el delito de apropiación ilícita que es materia del presente caso.

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Es por todas estas consideraciones que este despacho fiscal DISPONE: CONVOCAR al imputado Francisco Luna Alarcón y a la denunciante Angelita Medina Tejada para la AUDIENCIA DE ACUERDO REPARATORIO; la que se llevará a cabo el día 30 de enero del año 2013 a horas 09:00 de la mañana. NOTIFÍQUESE la presente conforme a ley; previniéndose a la parte agraviada de que su inasistencia no impedirá determinar el monto de la reparación civil; en tanto que a la parte denunciada, que si no concurre a esta citación se procederá a promover en su contra el proceso penal correspondiente.

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Acta de acuerdo para la aplicación del principio de oportunidad CASO N° 583-2013 ACTA DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Siendo las trece con treinta horas del día primero de marzo del año dos mil trece, en la oficina del Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, ante la fiscal provincial penal Dra. Carmen Niño Reyes se presentó Juan Pablo Candelo Faifer, identificado con DNI N° 18232343, asesorado por su abogado José Ponce Ortiz, con Registro CALL Nº 13876, ambos con generales de ley conforme al acta de declaración del investigado que corre en la presente Carpeta a fojas 24; dejándose constancia de la inconcurrencia del agraviado. La fiscal en este estado hace conocer al concurrente los alcances de la aplicación del principio de oportunidad, señalando las ventajas de llegar a un acuerdo, a fin de posteriormente abstenerse del ejercicio de la acción penal. Se pregunta al investigado si se considera responsable del delito de coacción que se le imputa en agravio de Faustina Obeso Chávez, y si presta su consentimiento para la aplicación del principio de oportunidad. En este acto el investigado, luego de conferenciar con su abogado defensor acepta su responsabilidad en el delito que se le imputa y accede a someterse a la aplicación del principio de oportunidad. Después del diálogo correspondiente se arriba al siguiente acuerdo: El investigado pagará la suma de S/. 800.00 (OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES) por concepto de reparación civil, monto que será pagado en dos partes, la primera parte de S/. 600.00 que será pagada el día de la fecha y la segunda parte que será cancelada el último día hábil del presente mes.

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Se le informa al imputado que dicho pago deberá realizarlo en el Banco de la Nación como depósito judicial dirigido a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, y cumplido que sea el pago deberá presentar el certificado de depósito en original y dos copias simples ante este despacho fiscal, haciéndole presente además que en caso de incumplimiento se procederá a ejercitar la acción penal en su contra quedando debidamente notificado en este acto. Con lo que terminó la diligencia a las 14:20 horas, firmando los asistentes en señal de conformidad.



FISCAL

DEFENSOR

INVESTIGADO

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Acta de acuerdo para la aplicación de acuerdo reparatorio CASO N° 1234-2013 ACTA DE AUDIENCIA DE ACUERDO REPARATORIO Siendo las diez horas del día primero de marzo del año dos mil trece, en la oficina del Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, ante la fiscal provincial penal Dra. Carla Villacorta Aguilar se presentó José Chávez Cotrina, identificado con DNI N° 60699678, asesorado por su abogado Luis Sánchez Mejía, con Registro CALL Nº 13876 y concurre también la agraviada Celia Horna Salas con su abogada defensora Emérita Silva Castro con Registro CALL Nº 13866. La fiscal en este estado hace conocer que es posible aplicar el acuerdo reparatorio por tratarse de una investigación por delito culposo, además da a conocer a los concurrentes los alcances y ventajas de la aplicación del acuerdo reparatorio, y de la consecuente abstención del ejercicio de la acción penal. Se pregunta al investigado si se considera responsable del delito de lesiones culposas derivadas de accidente de tránsito que se le imputa en agravio de Celia Horna Salas, y si presta su consentimiento para la aplicación de un acuerdo reparatorio, y asimismo a la agraviada si está de acuerdo con arribar a un acuerdo reparatorio. En este acto el investigado y la agraviada, luego de conferenciar con sus abogados aceptan someterse a la aplicación del acuerdo reparatorio. El fiscal invita a las partes a arribar al acuerdo reparatorio que ponga fin al conflicto jurídico penal; siendo que después del diálogo correspondiente se arriba al siguiente acuerdo: El investigado pagará la suma de S/. 3,000.00 (TRES MIL NUEVOS SOLES) por concepto de reparación civil, que corresponden S/. 2,000.00 para sufragar los gastos del tratamiento que ha requerido la agraviada para restituir su estado de salud, conforme lo ha acreditado con los comprobantes de pago de tratamientos y medicinas, y S/. 1,000.00 por concepto de indemnización, pues la agraviada ha acreditado haber dejado sus actividades económicas por 15 días, habiendo dejado de percibir dicha suma.

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El monto acordado será pagado en dos partes, la primera parte de S/. 2000.00 que será pagada en el plazo máximo de cinco días hábiles y la segunda parte que será cancelada en el plazo de un mes, contado desde el día de la fecha. Se le informa al imputado que dicho pago deberá realizarlo en el Banco de la Nación como depósito judicial dirigido a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, y cumplido que sea el pago deberá presentar el certificado de depósito en original y dos copias simples ante este despacho fiscal, haciéndole presente además que en caso de incumplimiento se procederá a ejercitar la acción penal en su contra quedando debidamente notificado en este acto. Con lo que terminó la diligencia a las once horas, firmando los asistentes en señal de conformidad.





FISCAL

AGRAVIADO

INVESTIGADO

DEFENSOR

DEFENSOR

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Disposición de abstención del ejercicio de la acción penal Trujillo, veintidós de diciembre del año dos mil nueve ABSTENCIÓN DE ACCIÓN PENAL POR PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DADO CUENTA: Con la investigación seguida contra Alfredo Mora Luján por la presunta comisión del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio del menor Junior Mora Lechuga. CONSIDERANDO: Que en audiencia de fecha 9 de marzo del año 2009, el investigado Alfredo Mora Luján dio su consentimiento para la aplicación de Principio de Oportunidad, estando de acuerdo con la madre del agraviado, señora Corina Lechuga Medina. En esta diligencia, el investigado acordó cancelar el íntegro de las pensiones alimenticias devengadas, ascendentes a la suma de dos mil novecientos cuarenta y ocho nuevos soles y 35/100 (S/. 2 948.35), más una suma de quinientos nuevos soles (S/. 500) por concepto de reparación civil. Tal y como se desprende de la copia del certificado de depósito judicial que corre en la carpeta fiscal, a la fecha, el investigado Alfredo Mora Luján ha cancelado el monto íntegro de la deuda por pensiones alimenticias devengadas, más la suma de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil, cumpliendo de esta manera con el acuerdo adoptado en la Audiencia de Aplicación de Principio de Oportunidad. El artículo 2 numeral 4 del NP prescribe que una vez realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el fiscal expedirá una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal; siendo que tales presupuestos se han cumplido a cabalidad en el presente caso. Por las consideraciones anteriores, SE DISPONE: LA ABSTENCIÓN del ejercicio de la acción penal en relación con la investigación que se sigue contra Alfredo Mora Luján por la presunta comisión del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio del menor Junior Mora Lechuga, debiendo procederse a ARCHIVARSE DEFINITIVAMENTE los actuados en el modo y forma de ley consentida o aprobada que sea la presente, debiéndose notificar a las partes interesadas.

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Requerimiento fiscal para la aplicación de criterio de oportunidad dirigido al juez de la investigación preparatoria CASO N° 821-2013 EXPEDIENTE Nº 2013-09726-0-1601-JR-PE-1 REQUIERO SE CITE A AUDIENCIA PARA APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Silvia Lopez Idrogo, fiscal provincial titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en las esquinas de la Av. Jesús de Nazareth con Av. Sánchez Carrión de la Urb. San Nicolás de esta ciudad; con motivo de la investigación preparatoria seguida contra Alexander Villar Trelles como presunto autor del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio del menor Ángel Villar Castro; a usted con el debido respeto digo: Que, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 7 del artículo 2 del NP, solicito a usted se cite a Audiencia de Aplicación de Principio de Oportunidad en el caso seguido en contra de Alexander Villar Trelles, por la presunta comisión del DELITO OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio del menor Ángel Villar Castro; conducta prevista y sancionada en el primer párrafo del artículo 149 de nuestro Código Penal. DATOS QUE SIRVAN PARA IDENTIFICAR AL IMPUTADO Alexander Villar Trelles, de 41 años de edad, identificado con DNI 18121812, casado, nacido el 28 de febrero de 1967, en el Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, hijo de Roberto Villar Condori y Anita Trelles Romero, de ocupación técnico en computación, domicilio real en Calle Uruguay N° 380 - Urb. El Recreo - Trujillo y domicilio procesal en Calle Díaz de Cienfuegos N° 281 Urbanización La Merced de esta ciudad - Abogado Defensor Dr. Alejandro Martín Galloso Asencio.

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FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y FÁCTICA DEL REQUERIMIENTO: Que, fluye de las copias certificadas adjuntadas a la denuncia de parte, que, mediante Resolución N° 6 expedida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo con fecha 26 de diciembre del año 2006, recaída en la acción de alimentos que promoviera Corina Lechuga Medina a favor del menor Junior Mora Lechuga, se falló declarando FUNDADA en parte la demanda interpuesta y en consecuencia se ordenó al ahora investigado Alfredo Mora Luján a que acuda a su menor hijo con una pensión de ciento setenta nuevos soles (S/. 170) mensuales. Posteriormente, mediante Resolución N° 14 del 16 de mayo de 2008, se aprobó la Liquidación de las Pensiones Devengadas, la que arrojará una deuda del ahora investigado ascendente a la suma de mil ochocientos noventa y cinco punto veintiocho nuevos soles (S/. 1,895.28), notificándosele al señor Alfredo Mora Luján a efectos de que este cumpla con el pago de estas en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público en caso de incumplimiento. Que, habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido sin que el investigado cumpla con cancelar el íntegro de la suma adeudada, ya que tan solo habría abonado la cantidad de trescientos nuevos soles (S/. 300), se procedió a hacer efectivo el apercibimiento ordenado, remitiéndose por tanto las copias de los actuados al Ministerio Público a efectos de que se proceda a la denuncia correspondiente. Con base en los hechos antes descritos se procedió a formalizar la investigación preparatoria por el delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por primer párrafo del artículo 149 de nuestro Código Penal, el que a su vez se encuentra dentro de los supuestos que permiten la aplicación de los criterios de oportunidad normados por el artículo 2 párrafo 1 del literal b de nuestro NP, por tratarse este de un ilícito que no afecta gravemente el interés público y que no es superior en su extremo mínimo a los dos años de pena privativa de la libertad. Que la defensa del imputado ha presentado un escrito solicitando acogerse al principio de oportunidad; y considerando que el inciso 7, del artículo 2 de NP, establece que en caso de haberse promovido la acción penal, es el juez de la investigación preparatoria, quien previa audiencia, podrá a

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petición del Ministerio Público, con la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de sobreseimiento, bajo los supuestos del principio de oportunidad. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted, señor juez de la investigación preparatoria, tener a bien acceder al presente requerimiento, y señalar fecha y hora para la audiencia de su propósito. Trujillo, 14 de agosto de 2008

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CAPÍTULO V Ejercicio de la acción penal pública, archivo y reserva de la investigación

CAPÍTULO V EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA, ARCHIVO Y RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN I.

EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

Conforme lo establece el artículo 1 del NP, la acción penal es pública y su ejercicio en los delitos de persecución pública corresponde al Ministerio Público, el que la ejercerá de oficio, a instancia del agraviado o por cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular. Asimismo esta norma establece que en los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente mediante la presentación de querella y finalmente en los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la autorización correspondiente. Del texto de la norma antes indicada, queda claro que existen delitos de persecución pública, de persecución privada y de persecución mixta. En el primer y tercer caso el Ministerio Público es el legitimado para promover la acción penal; sin embargo, resulta necesario determinar: ¿en qué momento se produce el ejercicio de la acción penal? o ¿con qué actuación concreta el fiscal promueve o ejercita la acción penal? Para responder a estas interrogantes resulta necesario definir el concepto de acción penal. 265

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Al respecto, el profesor español Jacobo López Barja de Quiroga señala que la acción penal es el derecho a impetrar ante los Tribunales una resolución motivada en derecho(93), y por ello cuando se hace alusión al contenido del derecho de acción, se afirma que la acción penal se ejercita mediante la puesta en conocimiento de un órgano jurisdiccional de una “notitia criminis”(94). A partir del concepto antes descrito, es posible afirmar que en el marco del NP, la promoción o ejercicio de la acción penal se produce cuando el fiscal emite la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, porque a partir de ese momento, el fiscal hace conocer el hecho ante el juez y, en consecuencia, el fiscal ya no puede por sí mismo resolver el conflicto jurídico formal, sino que lo debe hacer el juez mediante un auto o una sentencia(95); sin embargo, para que el fiscal emita la referida disposición tiene que hacer un análisis de los hechos denunciados y/o investigados, una interpretación jurídica y una valoración de los elementos de convicción; pues conforme lo establece el artículo 334 del NP, el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares puede: a) archivar el caso, b) formalizar la investigación preparatoria, o c) formular acusación directa. A continuación abordaremos estas alternativas de pronunciamiento del Ministerio Público. II. EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN En cuanto a las exigencias normativas previstas para el ejercicio de la acción penal, el artículo trescientos treinta y seis del NP vigente prescribe que para la formalización de la investigación preparatoria se requiere, entre otros presupuestos, que existan indicios reveladores de la comisión de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado, y que, si fuera el caso, se han satisfecho

(93) LÓPEZ, Jacobo. Ob. cit., p. 616. (94) GIMENO, Vicente. Derecho Procesal Penal. Edit. Thomson Reuters, Navarra, 2012, p. 238. (95) El artículo 339 inciso 2 establece que a partir de la formalización de la investigación preparatoria el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial.

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los requisitos de procedibilidad; ya que de lo contrario no será posible ejercitar la acción penal. De igual forma, en la doctrina también existe un consenso de que es necesaria la concurrencia de indicios o elementos de convicción de la comisión de un delito. Así, Julio B. J. Maier(96), unos de los principales exponentes del Derecho Procesal Penal en habla hispana, afirma que concluidas las diligencias pertinentes, si ellas ofrecen al Ministerio Público los suficientes elementos de convicción como para estimar probable la existencia de una conducta delictiva punible atribuida a persona determinada (individualizada) es de obligación la promoción de la acción penal pública. Por su parte el artículo trescientos treinta y cuatro del NP, prescribe que “si el fiscal considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado”. 1. Clases de archivo de la investigación Según el texto del artículo 334 del NP, el fiscal puede archivar el caso al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, siendo que en el primer caso se produce un archivo denominado archivo liminar, porque se emite sin que se haya realizado acto de investigación alguno, y en el último caso se emite una disposición denominada archivo preliminar, ya que es emitida luego de haberse realizado diligencias preliminares de investigación. Los archivos liminares, por lo general, están referidos a denuncias que no tienen ninguna posibilidad de éxito o cuando se trata de hechos que no poseen relevancia penal, como por ejemplo: -

Casos de víctimas que no lograron ver las características físicas del sujeto agente.

(96) MAIER, Julio. El proceso penal contemporáneo. Palestra, Lima, 2008, p. 77.

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-

Casos en los que no existe ningún indicio o ningún testigo que contribuya a la identificación del sujeto agente.

-

Casos de hechos atípicos (supuesto de atipicidad absoluta).

En el diseño de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, los fiscales coordinadores se encargan de la asignación de casos, siendo que los casos que se pueden archivar liminarmente se asignan a los fiscales de decisión temprana y no a los fiscales de investigación. 2. Prohibición de nueva denuncia y reapertura de investigación De conformidad con lo prescrito por el artículo 335 del NP la emisión de la disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del artículo 334, impide que otro fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Se exceptúa esta regla si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el fiscal que previno. En el supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, el fiscal superior que previno designará a otro fiscal provincial. A partir de la norma antes indicada, es posible reconocer que las disposiciones de archivo no necesariamente tienen un carácter definitivo, pues ante la concurrencia de nuevos elementos de convicción, el caso podría reabrirse. Con relación a este tema el Tribunal Constitucional ha señalado que las resoluciones que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal, que en el ejercicio de sus funciones pudieran emitir los representantes del Ministerio Público, no constituyen en estricto cosa juzgada, pues esta es una garantía exclusiva de los procesos jurisdiccionales. No obstante ello, el Tribunal les ha reconocido el estatus de inamovible o cosa decidida, siempre y cuando se estime en la resolución, que los hechos investigados no configuran ilícito penal o no constituyen delito(97).

(97) STC Exp. Nº 2725-2008-PHC/TC.

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Considero que la apreciación del Tribunal Constitucional es jurídicamente válida; sin embargo, debe tenerse presente que tal afirmación solo es aplicable cuando se trata de supuestos de atipicidad absoluta, es decir, cuando el fiscal ha decidido archivar el caso, porque el hecho no encuadra en ningún tipo penal, pero este razonamiento del Tribunal Constitucional no es aplicable en los supuestos en los que por el mismo hecho se ha formalizado investigación preparatoria y erróneamente en la misma disposición se emite un pronunciamiento de archivo de la investigación referido a una calificación jurídica determinada del mismo hecho(98). III. LA RESERVA PROVISIONAL DE LA INVESTIGACIÓN Ya nos habíamos referido antes al concepto “reserva” para hacer alusión al carácter reservado de la investigación regulado por el artículo 324 inciso 1 del NP –por el cual solo podrán enterarse de su contenido las partes directamente o a través de sus abogados debidamente acreditados–, pero en esta ocasión nos ocupamos de una institución procesal diferente, como es la “reserva provisional de la investigación”, regulada por el artículo 334 inciso 4 del NP, cuyo texto es el siguiente. “Cuando aparezca que el denunciante ha omitido una condición de procedibilidad que de él depende, dispondrá la reserva provisional de la investigación, notificando al denunciante”. A continuación citamos algunos ejemplos en los que podría tener lugar la reserva provisional. •

Si el procurador para delitos de corrupción de funcionarios directamente formula ante la Fiscalía Provincial Penal una

(98) Una situación de esta naturaleza se presentó en la tramitación del Caso N° 656-14, en la que se había formalizado investigación preparatoria con una calificación jurídica por delito de hurto de armas de fuego y respecto del mismo hecho se dispuso el archivo de la investigación por delito de tenencia ilegal de armas de fuego, y a consecuencia de la formulación de una tutela de derechos deducida por la defensa de uno de los procesados frente a una disposición fiscal que integró la calificación jurídica por delito de tenencia ilegal de arma de fuego en la disposición de formalización de la investigación, la señora jueza de investigación preparatoria aplicó la citada Sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. N° 345-14, 5º JIP), aduciendo erróneamente que se configuraba un supuesto de cosa decidida.

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denuncia por delito de enriquecimiento ilícito, el fiscal dispondrá la reserva provisional de la investigación, hasta que la Fiscalía de la Nación emita la resolución que autoriza promover la acción penal por este delito, pues dicha autorización constituye un requisito de procedibilidad, de conformidad con lo prescrito por el artículo 41 de la Constitución Política del Perú. •

Si un juez remite copias certificadas de un proceso de alimentos para que el fiscal dé inicio a una investigación por delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, pero ha omitido apercibir al demandado para que cumpla con pagar la resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas; el fiscal competente deberá disponer la reserva de la investigación de conformidad con lo prescrito por el artículo 566-A del Código Procesal Civil.

En los supuestos descritos por el inciso 4 del artículo 334 del NP, una vez cumplido el requisito de procedibilidad, de ser el caso, se podrá promover la acción penal, si se dan las condiciones previstas por el artículo 336 inciso 1 del NP, o se dispondrá el archivo de la investigación de conformidad con el artículo 334 del mismo cuerpo normativo. IV. LA SOLICITUD DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS 1. Legitimidad para interponerla A partir de la modificatoria del artículo 334 inciso 5 del NP(99), el denunciante o el agraviado tienen legitimidad para solicitar que se eleven los actuados al fiscal superior, pues según el texto del artículo 334 inciso 5 del NP, el denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior; sin embargo, antes de la aludida modificatoria, esa legitimidad recaía exclusivamente en el denunciante, pues el texto original del artículo 334 inciso 5 del NP señalaba (99) Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 de agosto de 2013.

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lo siguiente: “El denunciante que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior”. Sin duda, que la modificatoria introducida en la aludida norma corrige un grave defecto procesal, pues recordemos que en los delitos de persecución pública, la denuncia puede ser formulada por el agraviado y en ello no habría ningún problema de cara a la solicitud de elevación de actuados, pero si la denuncia era formulada por acción popular, el agraviado se encontraba imposibilitado para formular la solicitud de elevación de actuados. Con la referida modificatoria se ha superado un problema que afectaba a la víctima –la eterna olvidada del sistema penal–, pero aún subsiste un problema, pues al concederse al denunciante la legitimidad para solicitar la elevación de actuados, se obliga al fiscal a disponer la notificación al denunciante, quien en los casos de denuncia por acción popular, viene a ser un tercero total o parcialmente ajeno al conflicto jurídico penal, que como tal no tiene la calidad de parte y cuya notificación supondría una afectación al principio de reserva de la investigación. En mérito de la consideración anterior, y realizando una interpretación sistemática y no literal del inciso 5 del artículo 334 del NP, de lege lata, debemos concluir que el denunciante podrá solicitar la elevación de actuados, siempre que tenga además la calidad de agraviado o sujeto pasivo del delito(100), pues de conformidad con el artículo VII inciso 4 del NP, en caso de duda sobre la ley ha de estarse a lo más favorable al procesado –que en este caso supone recortar la facultad del denunciante para recurrir una disposición que le es favorable–; y además, porque si el denunciante no tiene la calidad de parte, no se le podrá notificar con el archivo a fin de no afectar la reserva de la investigación, y tal caso el denunciante no podrá solicitar la elevación de actuados. En tanto que, de lege ferenda, la facultad de recurrir las disposiciones de

(100) Luis Guillermo Bringas afirma la necesidad de diferenciar al sujeto pasivo del delito, del perjudicado; pues el sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico, y el perjudicado es quien sufre económica o moralmente las consecuencias del delito. Cfr. GUILLERMO, Luis. La reparación civil en el proceso penal. Pacífico Editores, Lima, 2011, p. 109.

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archivo y reserva provisional debería ser exclusiva del agraviado o del sujeto pasivo del delito. 2. El plazo El artículo 334 inciso 5 del NP prescribe que el denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior. A partir del texto normativo antes citado, desde el inicio de la vigencia del NP las fiscalías provinciales otorgaban el plazo de 5 días contados desde la notificación para que las partes formulen la solicitud de elevación de actuados; sin embargo, el día 3 de marzo del año 2011, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal emitió una disposición en la que se establece:

“Que, el nuevo Código Procesal Penal, no ha establecido de manera expresa el plazo para interponer la impugnación contra la disposición de archivo definitivo expedida en sede fiscal, solo ha precisado el término en el cual debe ser elevada a la instancia superior (cinco días). Sin embargo, se debe aplicar en forma extensiva las disposiciones que rigen la actividad recursal en el nuevo ordenamiento procesal, así tenemos que para la interposición del recurso de apelación contra autos, el plazo es de tres días (ver artículo 414 inciso 1). Por lo tanto, este plazo será el que se tome en consideración a los efectos de recurrir la disposición de archivo definitivo”; siendo el caso que, en la misma disposición se recomienda tener en cuenta lo antes anotado en casos similares”.

Posteriormente, se aprobó la Directiva N° 09-2012 emitida por la Fiscalía de la Nación; por la cual se establece que el plazo para interponer la queja de derecho frente a una disposición de archivo es de tres días de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

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En el Distrito Judicial de La Libertad hasta antes de la Directiva N° 09-2012 se venía concediendo el plazo de 5 días para interponer la solicitud de elevación de actuados derivados de las disposiciones de archivo definitivo y de reserva provisional; por ello considero indispensable evaluar la interpretación que se establece a partir de la Directiva N° 09-2012, pues si bien es cierto que el artículo 334 inciso 5 del NP ite dos interpretaciones posibles; sin embargo, consideramos oportuno establecer cuál de ellas resulta más razonable y de ser el caso hacer la propuesta correspondiente a la Fiscalía de la Nación. Para este análisis, además del artículo 334 inciso 5 del NP(101), referido a la solicitud de elevación de actuados formulada por el denunciante, pero además el artículo VII inciso 3 el Título Preliminar del NP, referido a la interpretación de las normas procesales(102). Cuando se afirma que el NP, no ha establecido de manera expresa el plazo para interponer la impugnación contra la disposición de archivo definitivo expedida en sede fiscal; y que solo ha precisado el término en el cual debe ser elevada a la instancia superior (cinco días), se evidencia que en el análisis se ha dejado de lado el primer método de interpretación que el operador jurídico debe emplear, como es el método de interpretación gramatical, que consiste en fijarse en el significado de los enunciados y en su forma de redacción. En efecto, si se realiza este procedimiento se tendrá muy en claro que en la redacción del inciso 5 del artículo 334 del NP, el legislador ha empleado la denominada “coma explicativa”, con la que se abre una coma para explicar la idea precedente, y luego continúa la oración. De este modo, cuando el texto normativo en cuestión prescribe entre comas explicativas: “en el plazo de 5 días”, se entiende que ello explica algo

(101) Artículo 334. 5. “El denunciante que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior”. (102) Artículo VII. 3. “La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos”.

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respecto al requerimiento dirigido al fiscal; es decir, explica que el plazo para requerir la elevación de actuados es de 5 días. Si la interpretación gramatical antes propuesta no resulta del todo satisfactoria, se podría recurrir a una interpretación lógica o teleológica, y para ello se debe partir de la finalidad de las normas del NP, que por su naturaleza regulan aspectos relacionados al proceso y su articulación, a los sujetos procesales y a las facultades o potestades procesales, mas no se trata de un código de naturaleza istrativa. En tal sentido, al abordarse el plazo de cinco días regulado en el inciso 5 del artículo 334 del NP, debe interpretarse que se trata de un plazo de la actividad procesal pues es el plazo para formular la solicitud de elevación de actuados o “queja de derecho”, y no de un plazo istrativo para remitir las actuaciones al fiscal superior. Por otro lado, en otra parte de la argumentación de la Resolución de Fiscalía Suprema, se dice que “se debe aplicar en forma extensiva las disposiciones que rigen la actividad recursal en el nuevo ordenamiento procesal, así tenemos que para la interposición del recurso de apelación contra autos, el plazo es de tres días (ver artículo 414 inciso 1). Por lo tanto, este plazo será el que se tome en consideración a los efectos de recurrir la disposición de archivo definitivo”. Al respecto, es necesario tener presente que en la argumentación precedente se ha inobservado uno de los preceptos cardinales del NP, referido a la interpretación de las normas procesales; pues el inciso 3 del artículo VII del Título Preliminar establece que “la ley que limite un poder conferido a las partes será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos”. Como se aprecia, en la argumentación se hace uso de la interpretación extensiva y de la analogía para limitar el poder del denunciante de solicitar la elevación de actuados; cuando en estos casos, la norma procesal del Título Preliminar, lo prohíbe expresamente, y la salvedad referida al hecho de favorecer la libertada del imputado o el ejercicio de sus derechos, no es aplicable al caso concreto, porque la norma en cuestión no está referida ni a la libertad del imputado, ni al ejercicio de derechos del imputado, sino que por el contrario se refiere al derecho 274

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del denunciante para solicitar la solicitud de actuados frente a la disposición fiscal de archivo definitivo. Finalmente en el sustento de la Directiva N° 09-2012 se establece que se debe recurrir al artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que regula el plazo para la formulación de la queja de derecho frente a la resolución que declara que no procede formalizar la denuncia; sin embargo, esta norma resulta impertinente para resolver esta cuestión, no solo porque se refiere a instituciones del Código de Procedimientos Penales que ya no son vigentes en muchos distritos judiciales donde rige el NP; sino además porque se trata de una norma que no hace alusión al supuesto de la reserva provisional de la investigación, que sí se contempla en el artículo 334 inciso 5 del NP. En tal caso, si se asume que el plazo para interponer la queja de derecho es de 3 días y se toma como sustento el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, habrá que asumir que no existe plazo legal para interponer la “solicitud de elevación de actuados” contra las disposiciones de reserva provisional. En conclusión, el plazo legal para solicitar la elevación de actuados es de cinco días según el texto expreso y claro del NP; sin embargo, mientras se mantenga vigente la Directiva N° 09-2012, los fiscales concederán solo el plazo de 3 días, pues tratándose de una Directiva de la Fiscalía de la Nación, ningún fiscal podría soslayarla, porque de lo contrario podría incurrir en responsabilidad funcional, al desacatar disposiciones superiores. 3. Alternativas del fiscal superior De conformidad con el inciso 6 del artículo 334 del NP, el fiscal superior se pronunciará dentro del quinto día. Podrá ordenar se formalice la investigación, se archiven las actuaciones o se proceda según corresponda. •

El fiscal superior ordenará que el fiscal provincial emita la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, cuando advierta que concurren las exigencias del artículo 336 del NP.

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•

Si no concurren las exigencias del artículo 336 del NP y por el contrario se dan los presupuestos del artículo 334 inciso 1 del NP, el fiscal superior se pronunciará confirmando la disposición de archivo de la investigación, y en caso se configure el supuesto del artículo 334 inciso 4, se pronunciará porque se confirme la disposición de reserva provisional de la investigación.

•

Finalmente, si el fiscal superior advierte que aún existe causa probable de investigación porque faltan realizarse diligencias preliminares importantes puede dejar sin efecto la disposición de archivo y disponer realizar las diligencias necesarias.

V. LA ACUSACIÓN DIRECTA Que el artículo 336 inciso 4 del NP establece la posibilidad de formular acusación directamente una vez realizadas las diligencias actuadas preliminarmente; lo que supone que ello es posible sin necesidad de formalizar la investigación preparatoria y sin necesidad de requerir previamente la aplicación del proceso inmediato, puesto que se trata de una facultad asignada al Ministerio Público, quien como titular del ejercicio público de la acción penal y director de la investigación puede promover la acción penal ya sea a través de una disposición de investigación preparatoria si es que amerita continuar con la investigación o si es posible obviar la investigación preparatoria para acusar directamente, en los supuestos expresamente indicados en la norma procesal antes citada. 1. Naturaleza jurídica Como se advierte, el fiscal podría promover la acción penal ya sea a través de una disposición de investigación preparatoria o si es posible podría obviar la investigación preparatoria y formular acusación directa; con lo cual, el proceso penal común con sus etapas de investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, se sintetiza, se acorta y se abrevia, pues se evita el desarrollo de la etapa de investigación preparatoria, y directamente se ingresa a la etapa intermedia del proceso. A raíz de la observación anterior, la acusación directa se configura como un mecanismo de simplificación procesal, cuya finalidad es 276

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garantizar la celeridad del proceso penal y con ello contribuir a la eficacia del sistema penal(103). 2. Fundamentos Existen fundamentos jurídicos que legitiman la aplicación de la acusación directa, en la medida en que no lesiona los derechos constitucionales reconocidos al imputado y al agraviado, porque para poder formular una acusación directa es indispensable realizar una investigación preliminar en la que se brinde oportunidad al imputado para conocer los cargos materia de imputación (principio de imputación necesaria), para que ejercite su derecho de defensa y para ofrecer actos de investigación que ayuden al esclarecimiento de los hechos materia de imputación; sin embargo, para la formulación de la acusación directa no es indispensable que el imputado haya declarado, pues aún en ese supuesto no existiría impedimento para poder acusar directamente, porque el derecho a declarar es un derecho relativo, al cual el imputado puede renunciar. La acusación directa constituye un mecanismo mucho más garantista que el proceso inmediato, porque la acusación se somete a un control de acusación ante el juez de la investigación preparatoria y donde el imputado podrá ejercitar plenamente su derecho de defensa a través de todos los mecanismos previstos en el artículo 350 del NP, lo que no ocurre en el proceso inmediato, en el que no existe etapa de control de acusación, sino que directamente el juez de juzgamiento emite auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 3. Presupuestos para su aplicación El inciso 4 del artículo 336 prescribe que si el fiscal considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación.

(103) Así lo establece el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 en cuanto señala que la acusación directa forma parte del proceso común y es un mecanismo de aceleración del proceso que busca evitar trámites innecesarios.

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Del texto normativo antes citado se evidencia que los presupuestos para formular la acusación directa son: -

La realización de diligencias preliminares.

-

La individualización plena del imputado.

-

El acopio de elementos de convicción que establecen suficientemente la comisión del delito y la intervención del imputado en su comisión.

4. Acuerdo plenario En relación con la acusación directa la Corte Suprema ha emitido el Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116; a continuación se resumen los principales fundamentos: n Aspectos generales La acusación directa forma parte del proceso común y es un mecanismo de aceleración del proceso que busca evitar trámites innecesarios. Se encuentra regulada en el artículo 336.4 del NP y faculta al fiscal formular directamente acusación, si concluidas las diligencias preliminares o recibido el informe policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. Esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal. Por su parte, el proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación. Su regulación, en sus aspectos esenciales, se encuentra desarrollada en el Libro V, Sección I, artículos 446/448 NP correspondiente a los procesos especiales. Por lo tanto, siguiendo la línea fijada en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ–116, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto 278

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en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal [Acuerdo Plenario N° 05-2009 CJ-116 de la Corte Suprema de la República, del 13 de noviembre de 2009, fundamento jurídico 6]. n Alcances de la acusación directa conforme al artículo 336.4 NP y diferencias con el proceso inmediato regulado en el artículo 446 y ss. del NP La acusación directa como parte del proceso común faculta al Ministerio Público acusar directamente, siempre que estén presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad y se cumplan los supuestos de aplicación contemplados en el artículo 336.4 del NP. En el presente caso, el fiscal decide pasar directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la etapa de investigación formal. La acusación directa formulada por el Ministerio Público deberá cumplir con los presupuestos contemplados en el artículo 349 del NP, y previo traslado del requerimiento a las partes el juez de la investigación preparatoria ejercerá el correspondiente control de acusación pudiendo desestimar el pedido fiscal cuando concurra alguna de las causales de sobreseimiento, previstas en el artículo 348 del NP. El proceso inmediato es un proceso especial distinto del proceso común. Sus supuestos de aplicación se encuentran suficientemente desarrollados en el artículo 446 del NP. El fiscal podrá solicitar la aplicación del proceso inmediato al juez de la investigación preparatoria. El requerimiento de proceso inmediato se presentará luego de culminadas las diligencias preliminares, o en su defecto, hasta antes de transcurrido 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. La solicitud del fiscal está sujeta a la decisión jurisdiccional, pues la exigencia de su aplicación está condicionada a los presupuestos contemplados por el artículo 446.1 del NP. Asimismo, el requerimiento de incoación de proceso inmediato deberá ser notificado a las demás partes procesales, quienes podrán pronunciarse sobre su procedencia. En el caso de que el juez ita el requerimiento emitirá un auto que dispone la procedencia de este proceso especial, luego de lo cual el fiscal formulará acusación y lo remitirá al juez competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 279

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Al ser el proceso inmediato distinto al proceso común y no haber etapa intermedia, será el juez del juicio oral quien controle la acusación y evaluará la isión de los medios probatorios que podrán presentar los demás sujetos procesales de constitución en parte procesal, así como otros requerimientos. En el caso de que no concurran los supuestos taxativos de aplicación del proceso inmediato, el juez de la investigación preparatoria podrá desestimar la solicitud del fiscal. La decisión que desestima el pedido podrá ser apelada. n La acusación directa y la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria La disposición de formalización de la investigación preparatoria es la comunicación formal que el fiscal dirige al imputado para efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente calificación jurídica específica y, por ende, que se va a realizar una investigación formalizada en su contra, posibilitándole, a través de su abogado defensor, aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. Al respecto, la Corte Suprema ha llegado a considerar que si el fiscal ha decidido no continuar con las diligencias de investigación y acusar directamente –como una de sus facultades como director de la investigación–, no se produciría la etapa de investigación preparatoria por ser innecesaria, ni tampoco una formalización de la investigación preparatoria en este sentido. Además, el artículo 336.4 del NP estipula que la acusación directa podrá formularse por el fiscal, si concluida las diligencias preliminares o recibido el informe policial considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión. Además se afirma que la acusación directa debe cumplir con los mismos requisitos previstos en el artículo 349 del NP, con lo cual la acusación directa contará con los mismos elementos de la formalización de la investigación preparatoria prevista en el artículo 336.1 del NP,

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y con ello se garantiza el conocimiento cierto de los cargos y la probabilidad de contradicción. n Funciones del requerimiento acusatorio en la acusación directa Para la Corte Suprema la acusación directa cumple las funciones de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria en la etapa de investigación; es decir: i) individualiza al imputado y señala los datos que sirven para identificarlo; ii) satisface el principio de imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y la correspondiente tipificación; iii) establece la suficiencia probatoria señalando los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; iv) determina la cuantía de la pena que se solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y v) ofrece los medios de prueba para su actuación en la audiencia. El derecho de defensa de las partes procesales queda salvaguardado con la notificación del requerimiento de acusación para que en el plazo de 10 días puedan pronunciarse sobre el pedido fiscal. Respecto al imputado, se le posibilita, en virtud del artículo 350.1 del NP, observar la acusación fiscal formal y sustancialmente y, de ser el caso, ofrecer las pruebas que considere se deben producir en el juzgamiento. En el caso de que la víctima no haya podido constituirse en actor civil podrá solicitarla al juez de la investigación preparatoria conforme al artículo 100 del NP y antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 350 del NP, en virtud de lo señalado por la citada normativa en el apartado 1, literal h), conforme al cual los sujetos procesales podrán plantear en el plazo de 10 días cualquier otra cuestión que prepare mejor el juicio; asimismo, objetar la reparación civil, o reclamar su incremento o extensión, para lo cual ha de ofrecer los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral. El fiscal en el requerimiento de acusación, de conformidad con el artículo 349.4 del NP, indicará entre otros aspectos las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria;

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y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda. En caso que el fiscal no solicite una medida coercitiva, será de aplicación lo dispuesto por el artículo 286 del NP, la medida que prevé de comparecencia simple. Excepcionalmente, y solo por razones de urgencia y necesidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso, el fiscal podrá requerir medida de coerción personal proporcional al peligro procesal en una audiencia autónoma a la de la etapa intermedia de control de la acusación directa, según las reglas correspondientes a tal requerimiento. n El proceso inmediato y la formalización de la investigación preparatoria Estando a lo dispuesto por el artículo 447.1 del NP, el fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato en dos momentos: i) luego de culminar las diligencias preliminares y ii) antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria. Con base en el primer supuesto, se estará ante un proceso inmediato incoado sin formalización de la investigación preparatoria; de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de investigación preparatoria y supuestos de aplicación que se producen. En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el proceso inmediato, sí existe la obligación de formalizar la investigación preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifique de esta disposición al imputado a fin de que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa, o, de ser el caso, interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinentes. n El proceso inmediato y la etapa intermedia Dentro de la estructura del proceso común, una de las funciones más importantes que debe cumplir la etapa intermedia es controlar los resultados de la investigación preparatoria, para lo cual se ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa con el fin de decidir si procede o no iniciar el juicio oral. Es decir, el juez de la 282

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investigación preparatoria como director de la etapa intermedia realiza un control tanto formal, sustancial y sobre la suficiencia de los elementos de convicción de la acusación. En el proceso inmediato, al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia. No obstante ello, la autoridad judicial ha de realizar en este proceso dos controles. A. De acuerdo con el artículo 448.1 del NP el juez de la investigación preparatoria, realiza un primer control antes de dar inicio al proceso inmediato. Es el control al requerimiento del fiscal para la incoación del proceso inmediato.

Este primer control permite al juez de la investigación preparatoria determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es preciso que dicha autoridad judicial verifique el cumplimiento de los supuestos de aplicación de este proceso.



Asimismo, en armonía con el artículo 448.1 del NP, el juez de la investigación preparatoria corre traslado a las partes de dicho requerimiento por un plazo de tres días y debe decidir, en un plazo igual, si acepta o rechaza el requerimiento fiscal.



Sobre este punto cabe destacar que, en el marco de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, así como para evitar la indefensión, que inspiran el NP, puede ser factible, atento a las circunstancias de la causa, establecer una audiencia para el proceso inmediato, que se seguirá conforme a las pautas establecidas de manera genérica por el artículo 8 del NP. Por lo tanto, para que el juez de la investigación preparatoria resuelva la procedencia o no de este proceso especial, si fuera el caso –aunque no obligatoriamente–, podrá producirse un debate con la concurrencia del fiscal, quien argumentará oralmente por qué eligió y considera la aplicación de 283

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este proceso especial, así como con la presencia del imputado y su abogado defensor, los cuales podrán contradecir este requerimiento fiscal y el juez hará las preguntas aclaratorias expidiendo la resolución motivada que corresponda.

Asimismo el fiscal, de ser el caso, solicitará la aplicación de las medidas de coerción que considere pertinentes, de manera simultánea y separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato, requerimiento que será discutido en audiencia, siguiendo las consideraciones del Título I, Sección Tres, del citado Código, según corresponda.

B. El segundo control a cargo de la autoridad judicial, es el de la acusación fiscal, para ello es preciso referir que en virtud del artículo 349 del NP tal requerimiento debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez, y que corresponde controlar al juez de juicio oral, quien dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448.2 del NP. n Momento de aportación de medios probatorios en el proceso inmediato Uno de los problemas que se suscitan en torno al proceso inmediato es que al no contar con fase intermedia, no se tiene un momento específico en el que el imputado y las demás partes realicen la aportación de medios probatorios, por lo que el acusado ingresaría en desventaja al juicio. Asimismo, que no hay oportunidad para que las partes procesales puedan constituirse como tales. En un proceso común, en el que sí se lleva a cabo la etapa intermedia –donde las partes tienen la oportunidad de ofrecer cuanto medio de prueba consideren– cabe la posibilidad de permitir que las partes ofrezcan medios de pruebas al inicio del juicio oral, en virtud del artículo 373 del NP, lo que se condiciona únicamente a determinados supuestos, tales como: i. Que la prueba sea nueva y que haya sido conocida con posterioridad a la audiencia de control. ii. Que la prueba no haya sido itida a nivel de la audiencia de control en la etapa intermedia. De ello se tiene que en el proceso inmediato resulta válida la realización de este acto al inicio del juicio oral bajo la conducción del mismo 284

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juez de juzgamiento, quien ha de realizar un control de los medios de prueba ofrecidos para el juicio oral como por las demás partes que debe cumplir los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje central del juicio oral, será desarrollada respetando los principios de igualdad, legalidad y contradicción, que integran las garantías del debido proceso y defensa procesal. Estas consideraciones no afectan el principio de imparcialidad, que garantiza que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que la regla con base en la cual el ofrecimiento y isión probatoria debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que, como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo demás, queda garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas al poder ser actuadas en el juicio oral. Función que se realiza, siguiendo la misma lógica empleada para la aportación de los medios probatorios, al no existir investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su constitución en el proceso, y tanto en el rol previsto en el parágrafo 21 como en el presente, la mayor garantía de imparcialidad se comprobará con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal al respecto. n Apreciaciones críticas Considero que la Corte Suprema ha sabido establecer las diferencias entre el proceso inmediato y la acusación directa, pues de hecho se trata de instituciones procesales diferentes, el primero es un proceso especial y el segundo es un mecanismo de simplificación procesal. Sin embargo, considero necesario indicar que el proceso inmediato es un procedimiento especial antitécnico, que su trámite torna lento el procedimiento, y no posibilita un efectivo control de la acusación como ocurre en el proceso común, aun cuando este se simplifique por medio de la acusación directa.

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VI. FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 1. Disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria En el nuevo modelo procesal, una de las formas de promoción de la acción penal es por medio de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, pero para que el fiscal emita dicha disposición deben concurrir las exigencias previstas por el artículo 336 del NP; es decir:

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-

Que aparezcan de indicios reveladores de la existencia del delito. Por ejemplo, si se trata de una denuncia o una investigación por delito de violación de la libertad sexual mediante violencia, deben existir indicios de cada uno de los elementos del tipo de violación sexual, tales como: indicios de la violencia, del carnal por vía vaginal, anal o bucal, y de la actuación consciente del sujeto agente (dolo), en ese caso procederá formalizar la investigación preparatoria, pero si no existen indicios de violencia o del carnal o del conocimiento característico del elemento dolo, no podrá promoverse la acción penal, y por el contrario, se declarará el no ha lugar a formalizar la investigación preparatoria.

-

Que el hecho materia de imputación o denuncia constituya delito, es decir, que se trate de un hecho que revista relevancia penal; es decir, que por lo menos debe haberse establecido la tipicidad de la conducta imputada, la antijuridicidad material entendida como la afectación o puesta en peligro de un bien jurídico y la mayoría de edad del imputado (18 años) requerida para la imputabilidad o capacidad de culpabilidad del sujeto agente.

-

Que la acción penal no haya prescrito, es decir, que no haya transcurrido el tiempo de prescripción de la acción penal previsto para el delito, lo que se determinará siguiendo las reglas del artículo 80 del Código Penal.

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Aun cuando la norma contenida en el artículo 336 del NP no se refiere a las otras causales de extinción de la acción penal prescritas en el artículo 78 del Código Penal, como muerte del imputado, amnistía, derecho de gracia (indulto) o cosa juzgada; de conformidad con lo prescrito por el artículo 6 del NP, debe entenderse que para formalizar la investigación preparatoria el fiscal no solo debe verificar que la acción penal no haya prescrito, sino que además debe verificar que no se haya producido otras causales de extinción de la acción penal, tales como: la amnistía o la cosa juzgada, ya que de lo contrario, la defensa del imputado se opondrá a la formalización de investigación preparatoria formulando las excepciones de cosa juzgada o amnistía. -

Que se haya individualizado al presunto autor o partícipe del hecho. Esto no supone la identificación plena (nombres y apellidos completos y número de documento de identidad), porque muchos investigados ni siquiera tienen documento de identidad o brindan un nombre falso aduciendo no tener documento de identidad; por lo que la exigencia de la individualización está referido a contar con un conjunto de características (rasgos físicos, talla, contextura, color de piel, forma y color del cabello, tatuajes, lunares, cicatrices, impresión dactilar, firma), que no dejen lugar a dudas en relación con la persona del investigado.

-

Que, de ser el caso, se haya satisfecho el requisito de procedibilidad previsto por la ley; así por ejemplo, en los casos por delito de enriquecimiento ilícito será necesario, que previo a la formalización de la investigación preparatoria el fiscal cuente con la resolución de la Fiscalía de la Nación que autoriza la promoción de la acción penal, tal como establece el artículo 41 de la Constitución.

2. Características de la investigación preparatoria Como características de esta etapa del proceso podemos destacar las siguientes: -

La denominación de esta etapa del proceso obedece a su finalidad, pues la investigación se orienta a preparar las decisiones 287

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que adoptará el fiscal a partir del acopio de los elementos de convicción, y sirve además para la elaboración de la teoría del caso. -

La dirección de la investigación preparatoria corresponde al fiscal.

-

Se trata de una etapa sujeta a control judicial.

-

Las diligencias de investigación preliminar forman parte de la investigación preparatoria; es decir, que ya no se repiten las diligencias de investigación.

-

Se trata de una etapa sujeta a plazos, pero sus plazos son flexibles, pues la investigación podría concluir antes del vencimiento del plazo, cuando se ha cumplido el objeto de la investigación y siempre que no se afecte el derecho de defensa del imputado.

-

En esta etapa rige también el principio de objetividad que impone al fiscal el deber de acopiar no solo elementos de convicción de cargo, sino también los que sean favorables para el imputado, pues por sobre todo, detrás de un proceso penal existe un conflicto social por resolver y debe procurarse la justicia.

3. Diligencias de la investigación preparatoria Atendiendo a las normas que regulan la etapa de investigación preparatoria, en relación con las diligencias de investigación es posible distinguir dos supuestos: 3.1. Diligencias ordenadas por el fiscal De conformidad con el artículo 336 inciso 2 literal d) del NP la disposición de formalización de investigación preparatoria contendrá las diligencias que de inmediato deban actuarse. Por otro lado, en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 337 del NP se establece que el fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la ley; que las diligencias 288

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preliminares forman parte de la investigación preparatoria y que estas no podrán repetirse una vez formalizada la investigación; siendo que su ampliación procede si dicha diligencia resultare indispensable, siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción. Dentro de las diligencias el fiscal puede: -

Disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están obligados a comparecer ante la Fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injustificada determinará su conducción compulsiva;

-

Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

-

Disponer actos especiales de investigación.

3.2. Diligencias solicitadas por los demás sujetos procesales Por su parte, en el inciso 4 del artículo 337 del NP prescribe que durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes; pero si el fiscal rechazare la solicitud, instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el fiscal. A este procedimiento, se le denomina “control de actos de investigación”, que de hecho tiene una naturaleza tutelar, pero no puede confundirse con la “tutela de derechos” prevista por el artículo 71 inciso 4 del NP.

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4. Actos especiales de investigación 4.1. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos Técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito, así como también prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines. El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales. De conformidad con el artículo 340 del NP, el fiscal podrá autorizar la circulación o entrega vigilada de bienes delictivos. Esta medida deberá acordarse mediante una disposición, en la que determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como las características del bien delictivo de que se trate. Para adoptarla se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. El fiscal que dicte la autorización remitirá copia de la misma a la Fiscalía de la Nación, que abrirá un registro reservado de dichas autorizaciones. Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a la elaboración de aquellas; c) los bienes, dinero, títulos valores, efectos y ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1106; d) los bienes relativos a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Código Penal. 4.2. Agente encubierto El artículo 341 del NP modificado por el artículo 5 de la Ley N° 28950, establece que el fiscal, cuando se trate de diligencias preliminares que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante una 290

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disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por el fiscal por periodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad(104).  Con la modificatoria introducida por la Ley Nº 30077, lo que cambiará es lo siguiente: -

Que la identidad supuesta será otorgada por el fiscal y ya no por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú.

-

En cuanto al plazo de seis meses, ya no existirá el límite de dos periodos más, sino que ahora pueden ser más periodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo.

Por otro lado, en el inciso 2 del artículo 341 del NP se establece que la disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar el nombre verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del fiscal y

(104) Extremo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto de 2013, la cual entrará en vigencia el 1 de julio de 2014.

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de sus superiores. Dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará como corresponde por el órgano jurisdiccional competente. De igual manera, esta información solo puede ser utilizada en otros procesos, en la medida en que se desprendan de su utilización conocimientos necesarios para el esclarecimiento de un delito. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la participación de estos últimos. Cuando en estos casos las actuaciones de investigación puedan afectar los derechos fundamentales, se deberá solicitar al juez de la investigación preparatoria las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. El procedimiento será especialmente reservado. El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocación al delito. 4.3. Agente especial El artículo 341 del NP modificado por el artículo 5 de la Ley N° 28950, también establece que el fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal. En lo demás relacionado con la utilización del agente encubierto, rigen las reglas previstas para el agente encubierto en lo que resulte aplicable.

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4.4. Operaciones encubiertas Cuando entre en vigencia el artículo 341-A del NP(105) el fiscal también podrá disponer la realización de operaciones encubiertas, pues dicha norma prescribe que cuando en las diligencias preliminares se trate de identificar personas naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la criminalidad organizada, en tanto existan indicios de su comisión, el Ministerio Público podrá autorizar a la Policía Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los investigados, tales como la protección legal de personas jurídicas, de bienes en general, incluyendo títulos, derechos y otros de naturaleza intangible, entre otros procedimientos, pudiéndose crear, estrictamente para los fines de la investigación, personas jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes. La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo los parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones de seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán parte del expediente del proceso respectivo, sino que formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán los jueces y fiscales competentes. 5. Condiciones de las actuaciones de investigación El artículo 338 del NP hace alusión a las condiciones que se deben dar durante la etapa de investigación preparatoria y son las siguientes: -

El fiscal podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales en las diligencias que deba realizar, salvo las excepciones previstas por la ley. Esta participación está condicionada a su utilidad para el esclarecimiento de los hechos, a que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación o a que no impida una pronta y regular actuación.



Esta condición contenida en el inciso 1 del artículo antes aludido, constituye una excepción a la regla contenida en el artículo 84 inciso 4 del NP, que prescribe el derecho del

(105) Artículo incorporado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto de 2013, la cual entrará en vigencia el 1 de julio de 2014.

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abogado defensor a participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. De tal forma que la regla es la participación del abogado en todas las diligencias de investigación, pero el inciso 1 del artículo 338 contiene una excepción, pues faculta al fiscal a permitir la asistencia de los sujetos procesales a las diligencias (“El fiscal podrá permitir”), lo que a su vez supone que no en todo acto de investigación el fiscal deberá permitir la asistencia del abogado, ya que ello podría afectar el éxito de la investigación.

En tal sentido, a partir de la interpretación de la norma antes indicada, se establece que el espíritu del NP tiende a salvaguardar el éxito de la investigación, limitando de ese modo la facultad de la defensa del imputado contemplada en el artículo 84 inciso 4) del NP; es decir, que si bien el abogado tiene derecho a participar de todas las diligencias de investigación, ello tiene su excepción expresamente contemplada en la norma, cuando se ponga en peligro el éxito de la investigación, lo cual será decidido en cada caso por el fiscal que conforme al artículo 159 inciso 4) de la Constitución Política del Perú es el director de la investigación, y de acuerdo al artículo 65 inciso 4) del NP decide la estrategia de investigación adecuada al caso(106).

-

El fiscal velará porque la concurrencia de las personas autorizadas no interfiera en el normal desarrollo del acto e impartirá instrucciones obligatorias a los asistentes para conducir adecuadamente la diligencia. Está facultado a excluirlos en cualquier momento si vulneran el orden y la disciplina.

(106) Como consecuencia de la formulación de una tutela de derechos en el Expediente N° 01526-2011, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria la declaró fundada por supuesta afectación del derecho de defensa del imputado (derecho del abogado a participar de todas las diligencias de investigación conforme al artículo 84 inciso 4 del NP), porque el fiscal toma o con tres testigos y los entrevista sin intervención de los demás sujetos procesales; sin embargo, el juez no observó que esta regla tiene excepciones, que no fueron materia de análisis en la audiencia de tutela de derechos y mucho menos en el auto que declara fundada la tutela, pues en el caso concreto existían variables que hacían prever actos de obstaculización de estos actos de investigación.

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-

El fiscal, en el ejercicio de sus funciones de investigación, podrá solicitar la intervención de la Policía y, si es necesario, el uso de la fuerza pública, ordenando todo aquello que sea necesario para el seguro y ordenado cumplimiento de las actuaciones que desarrolla.

-

Cuando el fiscal, salvo las excepciones previstas en la ley, deba requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la investigación, a menos de que lo hubiere realizado previamente.

6. Efectos de la formalización de la investigación De conformidad con lo prescrito por el artículo 339 del NP, son dos los efectos de la emisión de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria: el primero que el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial; y el segundo, referido a la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal. Respecto a este último efecto la Corte Suprema ha emitidos dos acuerdos plenarios, el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 y el Acuerdo Plenario N° 3-2012/CJ-116, que resumimos a continuación: •

El primero de estos plenarios definió que el artículo 339.1 del NP regulaba un supuesto sui géneris de “suspensión” del cómputo de prescripción de la acción penal, porque a diferencia de los supuestos de suspensión previstos en el artículo 84 del Código Penal que tienen un límite temporal que cesa cuando se resuelve la cuestión que debía debatirse en otro procedimiento, esta causal de suspensión no tiene límites temporales al punto que puede mantenerse suspendida la prescripción indefinidamente.

•

Por otro lado, el Acuerdo Plenario Nº 3-2012-CJ-116 reevalúa el tema la suspensión de la prescripción dispuesta en el artículo 339.1 del NP de 2004, y si bien se ratifica que la norma 295

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aludida contempla un supuesto de “suspensión” del cómputo de prescripción de la acción penal, sin embargo, este plenario establece que el plazo de suspensión no puede ser indefinido, y en consecuencia define un plazo razonable de suspensión que no puede ser mayor al plazo ordinario de prescripción más una mitad. De la lectura del referido Acuerdo Plenario N° 3-2012 queda bastante claro que la Corte Suprema se ha preocupado por señalar el plazo de suspensión de la prescripción, mas no del plazo de prescripción como erróneamente lo consideran algunos operadores jurídicos; tal como ocurrió como consecuencia de la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 1452007 (Expediente N° 1833-2008), en la que el juez del Noveno Juzgado declara la prescripción de la acción penal y ante ello el Ministerio Público formula recurso de apelación, y la Segunda Sala Penal de Apelaciones resolvió revocar el auto de primera instancia, porque el Acuerdo Plenario Nº 3-2012 no establece el plazo de prescripción, sino el plazo de suspensión de la acción penal por causal de formalización de la investigación preparatoria. 7. El plazo de la investigación preparatoria y la conclusión de la investigación preparatoria El artículo 342 del NP prescribe que el plazo de la investigación preparatoria es de ciento veinte días naturales. Solo por causas justificadas, dictando la disposición correspondiente, el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales; pero tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria(107).

(107) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto de 2013, la cual entrará en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: “2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria”.

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Se considera proceso complejo cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaborares de bandas u organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; o, g) deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado(108). En resumen podemos afirmar los siguientes plazos referidos a la investigación preparatoria. SUPUESTO

PLAZO

QUIÉN DETERMINA EL PLAZO

Etapa de investigación preparatoria del proceso común.

120 días naturales

Lo establece el artículo 142.1 NP.

Prórroga de plazo de etapa de investigación preparatoria de un proceso común.

60 días naturales

El fiscal dispone la prórroga conforme al artículo 142.1 NP.

Etapa de investigación preparatoria del proceso complejo.

8 meses

Lo establece el artículo 142.2 NP.

Prórroga de plazo de etapa de investigación preparatoria de un proceso complejo.

8 meses

La concede el juez de la investigación preparatoria a solicitud del fiscal.

A partir de la vigencia de la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077 (1 de julio de 2014) en el caso del proceso complejo y contra integrantes de organizaciones criminales se observarán los siguientes plazos:

(108) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto de 2013, la cual entrará en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: 3. Corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

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SUPUESTO

PLAZO

QUIÉN DETERMINA EL PLAZO

Etapa de investigación preparatoria del proceso complejo

8 meses

Lo establece el artículo 142.2 NP.

Prórroga de plazo de etapa de investigación preparatoria de un proceso complejo.

8 meses

La concede el juez de la investigación preparatoria a solicitud del fiscal.

Etapa de investigación preparatoria para delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

36 meses

Lo establece el artículo 142.2 NP.

Prórroga de plazo de investigación preparatoria para delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

36 meses

La concede el juez de la investigación preparatoria a solicitud del fiscal.

De hecho los plazos de 36 meses y de prórroga por 36 meses que establece la Ley Nº 30077 para la investigación preparatoria, resulta razonable para delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, porque estos casos denotan mayor complejidad; sin embargo, llama poderosamente la atención que esta ley no se haya fijado en el plazo de la prisión preventiva, que en su versión más larga alcanzaría los 36 meses y sería insuficiente para garantizar los fines de un proceso complejo que solo en etapa de investigación preparatoria podría superar este plazo. En cuanto a la prórroga del plazo de investigación preparatoria debemos distinguir dos cuestiones importantes. La primera que la prórroga del plazo de la etapa de investigación preparatoria de un proceso común opera por única vez por disposición fiscal y por un plazo máximo de 60 días naturales; y la segunda, que la prórroga de la etapa de investigación preparatoria de un proceso complejo o de un proceso contra integrantes de organizaciones criminales, puede ser requerida y dispuesta en más de una oportunidad, pues la norma no prescribe que deba ser “por única vez”, como ocurre con la prórroga del proceso penal común, y en mérito a ello es posible afirmar que se puede solicitar y conceder más de una vez la prórroga del plazo de investigación cuando se trata de un proceso complejo o de un proceso contra integrantes de organizaciones criminales, siempre que las prórrogas en suma no superen el plazo máximo previsto por la ley.

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A partir de la vigencia de la modificación del artículo 342.3 del NP, introducida por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, se establece taxativamente que es al fiscal a quien corresponde emitir la disposición que declara complejo el proceso, pues hasta antes de esta modificatoria no se señalaba expresamente quien era el legitimado para declarar la complejidad de una investigación. En vista de la inexistencia de una norma que taxativamente señale a quién corresponde emitir la disposición que declara la complejidad del proceso, la Segunda Sala Superior Penal de Apelaciones de La Libertad revocó un auto que declara infundado el requerimiento de tutela de derechos formulado por el imputado, y reformando dicho auto declaró fundado el requerimiento de tutela de derechos promovido por dicho imputado, e insubsistente la disposición fiscal en cuya virtud se declaró compleja la investigación penal instaurada contra aquel; argumentando que “la declaración de complejidad del caso acarrea afectación de derechos del imputado y por ello, si bien la norma de modo específico no ha definido quién debe determinar la complejidad del caso; de acuerdo a una interpretación sistemática, y atendiendo a la división de roles que inspira al modelo, a la condición del fiscal como parte del proceso, y a la función de garantía del juez de la investigación preparatoria; no puede ser una parte (el fiscal), sino el juez de la investigación preparatoria, quien analizando cada caso, y en aplicación del artículo 343 del NP, debe determinar si el caso es complejo(109)”. La argumentación anterior implica una clara vulneración del principio de legalidad procesal penal, porque de conformidad con el artículo 29 del Código Adjetivo Penal, el ámbito competencial de los jueces de (109) Resolución emitida por la Segunda Sala Superior Penal de Apelaciones de La Libertad, como consecuencia de la tramitación del Expediente N° 3500-08. Respecto a esta resolución formulamos nuestra discrepancia en cuanto a sus fundamentos jurídicos; sin embargo, comparto la preocupación respecto al problema planteado, pero solamente en cuanto a la prisión preventiva y a la repercusión de una declaración de complejidad posterior a la emisión del auto de prisión preventiva, pero considero que aun en ese caso se trata de una facultad del fiscal –que de acuerdo al modelo procesal vigente está sujeto a control a través de mecanismos tutelares previstos expresamente en la ley–, pero el plazo de prisión preventiva sí ameritaría un pronunciamiento del juez de la investigación preparatoria de conformidad con la característica de variabilidad de las medidas coercitivas prevista por el artículo 255 inciso 2 del NP.

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investigación preparatoria se halla delimitado por un sistema númerus clausus (cerrado), en el que no se especifica expresamente la facultad de declarar compleja una investigación penal. Incluso, la fórmula prescrita en el inciso séptimo de la referida norma, circunscribe las facultades del juez de la investigación preparatoria a los casos que el NP y las leyes determinen; sin embargo, del propio texto de la norma que regula la complejidad de la investigación (artículo 342 del NP), no se advierte concesión alguna al juez de la investigación preparatoria para declarar la complejidad de la investigación, conforme lo reconoce la propia Sala Superior Penal de Apelaciones cuando argumenta que “la norma de modo específico no ha definido quién debe determinar la complejidad del caso”; a diferencia de lo que ocurre con otros aspectos, tales como la prórroga del plazo de investigación preparatoria en los procesos complejos, donde expresamente se indica que se trata de una facultad del juez de la investigación preparatoria. Desde otro punto de vista, la referida sala de apelaciones ha realizado una interpretación errónea de las normas que regulan las atribuciones del Ministerio Público, pues de conformidad con lo prescrito por el inciso segundo del artículo 61 del NP, el fiscal conduce la investigación preparatoria, y solicita al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. A partir de este texto normativo, se entiende que el fiscal define en qué momento se da inicio a una investigación preparatoria, define su objeto, sus fines, individualiza a los sujetos sometidos a investigación, programa los actos de investigación y, por qué no, se encarga de definir la complejidad de la investigación con arreglo a la legalidad y a la objetividad, aunque el ejercicio de estas atribuciones supongan afectación de derechos del imputado; más aún si el dispositivo en análisis precisa que solo se formulan requerimientos al juez, cuando corresponda hacerlo, y ello implica recurrir al juez en los casos expresamente indicados por la ley, lo que no ocurre en el caso de la declaración de complejidad de la investigación y del proceso. En resumen, a pesar de la inexistencia de una norma que indique taxativamente quien declara la complejidad del proceso queda claro que se trata de una competencia del fiscal, y ello, finalmente ha sido ratificado por el legislador con la modificatoria introducida por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077. 300

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Por otro lado, en relación con el plazo de la investigación preparatoria, debe entenderse que se trata de un plazo distinto e independiente al plazo de las diligencias preliminares, de forma tal que se contabilizará a partir de la emisión de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Finalmente, respecto a la conclusión de la investigación preparatoria, de la interpretación del artículo 343 del NP se evidencia que el fiscal puede dar por concluida la investigación preparatoria, bien cuando se ha cumplido el plazo de investigación; o cuando el fiscal considere que ha cumplido con el objeto de la investigación preparatoria, aun cuando no hubiere vencido el plazo. 8. Control de plazos de investigación preparatoria El artículo 343 incisos 2 y 3 del NP, prescribe que si han vencido los plazos de investigación preparatoria o de prórroga, y el fiscal no dispone aún la conclusión de la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Para estos efectos el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda, ya sea declarando fundado o infundado el control de plazo. Si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal en el plazo de diez días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación, según corresponda. Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria en el fiscal. Como ya se dijo anteriormente, el plazo de la investigación preparatoria se computa de modo independiente del plazo de las diligencias preliminares; sin embargo, cuando recién se puso en vigencia el NP, en La Libertad se produjo un pronunciamiento jurisdiccional erróneo que sumaba el plazo de las diligencias preliminares al plazo de la investigación preparatoria(110); sin embargo ese defecto pudo ser corregido a

(110) En el Expediente Nº 374-2007, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Trujillo emite una resolución que revoca la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria, y declara

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partir de la formulación de un recurso de casación que trajo consigo la emisión de la Casación N° 2-2008-La Libertad, donde la Corte Suprema establece que los plazos para las diligencias preliminares no se hallan comprendidos en el plazo de la investigación preparatoria. A continuación se resumen los fundamentos utilizados en el recurso de casación que dio lugar a la Casación N° 2-2008. -

La norma invocada por la Sala de Apelaciones (artículo 337 inciso 2 del NP) no establece que el plazo de investigación preliminar se encuentre comprendido dentro del plazo de investigación preparatoria, sino que tan solo establece que las diligencias preliminares practicadas durante la investigación preliminar forman parte de la investigación preparatoria, y en tal sentido, la interpretación no puede establecer un supuesto de “identidad de plazo” que no se encuentra contemplado en la norma, ni mucho menos se puede afirmar que en la etapa de investigación preparatoria exista unidad de prueba, ya que la prueba no se produce en esta etapa del proceso, sino en la etapa del juicio oral, en todo caso, se podría hablar de unidad de investigación pero no de unidad de plazo.

-

Que para fundamentar su interpretación la Sala Penal de Apelaciones invoca una interpretación teleológica, sin embargo, la finalidad de la norma invocada no es delimitar los plazos de investigación, sino evitar que se repitan las diligencias preliminares de investigación, por ello en la misma norma se indica, que las diligencias preliminares “no podrán repetirse una vez formalizada la investigación”. En tal sentido, tal interpretación teleológica es incorrecta, ya que las diligencias preliminares cumplen una finalidad distinta y están sujetas a un control de plazo distinto.

Fundado el control de plazo promovido por el investigado, y ordena la conclusión de la investigación preparatoria; argumentando que el plazo de investigación preliminar se encuentra comprendido dentro del plazo de investigación preparatoria, porque se interpreta que durante la investigación preparatoria rigen los criterios de unidad de prueba, unidad de investigador y en consecuencia de identidad de plazo, amparándose tal argumentación en lo prescrito por el artículo 337 inciso 2 del NP.

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-

Que la Sala de Apelaciones además incurrió en el error de falta de aplicación de la norma procesal penal pertinente, contenida en el artículo 143 inciso 2 del NP en cuanto establece que los plazos se computaran: “Cuando son por días, a partir del día siguiente hábil de conocido el mandato o de notificado con él”; debiendo interpretarse que cada plazo se computa desde que se notifica o se pone en conocimiento el acto procesal sujeto a plazo, de este modo, el plazo de investigación preliminar se computa desde que se pone en conocimiento la disposición de investigación preliminar, en tanto que el plazo de la investigación preparatoria se contabiliza desde que se pone en conocimiento la disposición de formalización de investigación preparatoria.

VII. MEDIDAS COERCITIVAS DEL PROCESO PENAL 1. Aspectos generales Las medidas coercitivas constituyen limitaciones legales de derechos fundamentales que se aplican proporcionalmente, porque aunque no cumplen un fin en sí mismas, sirven para garantizar los fines del proceso siempre que existan elementos que le den buena apariencia a los presupuestos de las pretensiones del proceso. Dentro de las características de las medidas coercitivas podemos destacar las siguientes: -

Las medidas coercitivas son legales, pues únicamente se pueden imponer las medidas coercitivas que contempla la ley, pero además se imponen con las exigencias establecidas por la ley.

-

Las medidas coercitivas son rias, pues no cumplen un fin en sí mismas, pero sirven para garantizar los fines del proceso.

- Son variables, pues para imponerlas es indispensable que existan elementos que le den buena apariencia a los presupuestos de las pretensiones del proceso, y varían estos presupuestos, también puede variar la medida coercitiva.

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- Son temporales, pues por mandato legal las medidas coercitivas se imponen por un plazo razonable. Según el artículo 253 del NP en materia de restricción de derechos fundamentales rigen los siguientes principios. -

Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella (principio de legalidad).

-

La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción (el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho).

-

La restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva (principios de riedad y temporalidad).

En el NP se pueden diferenciar dos tipos de medidas coercitivas: -

Las medidas personales, que limitan la libertad de la persona con mayor o menor intensidad, y

-

Las medidas reales, que limitan el patrimonio de la persona natural o jurídica.

2. Medidas coercitivas personales 2.1. Detención policial En el Derecho nacional, por mandato constitucional rige el derecho a la libertad personal y el principio de excepcionalidad de la detención, 304

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conforme se establece en el artículo 2 inciso 24 literal f de la Constitución Política del Perú; y a partir de este texto normativo se entiende que la libertad personal, la libertad de todo ciudadano a desplazarse libremente constituye un “Derecho fundamental”, cuyo contenido esencial debe ser inquebrantable; pero atendiendo a su carácter relativo puede ser limitado o restringido por el Estado en determinados supuestos excepcionales(111), tal como ocurre con el supuesto de la detención, que se puede producir en mérito a un mandato judicial o en mérito a la intervención policial, cuando el sujeto es sorprendido en flagrante delito. La norma constitucional antes citada solo hace mención a la detención policial y a la flagrancia; pero es al Derecho Procesal Penal que le corresponde definir y desarrollar estos conceptos. Atendiendo a lo antes señalado, la detención policial se debe entender como una restricción del derecho fundamental a la libertad personal y de manera especial a la libertad de tránsito, que es realizada por la autoridad policial en supuestos de flagrancia delictiva. Por otro lado, respecto al concepto de flagrancia, la doctrina procesal establece dos tipologías: a) La flagrancia en sentido estricto, que abarca el momento mismo de la comisión del delito, y b) La cuasiflagrancia, que comprende los momentos inmediatamente posteriores, es decir, cuando ha transcurrido un escaso lapso de tiempo entre el momento de la comisión y aquel en que se inicia la persecución o es sorprendido con los efectos o instrumentos del delito(112). El NP regula la detención policial en los artículos 259, 263 y 264, siendo que en el primero de los artículos antes citados prescribe lo siguiente:

“Artículo 259.- La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: •

El agente es descubierto en la realización del hecho punible.

(111) SALAS, Christian. El proceso penal común. Gaceta Jurídica, Lima, 2004, p. 184. (112) SAN MARTÍN, César. Derecho Procesal Penal. Vol I, Grijley, Lima, 1999, p. 809.

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•

El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.

•

El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.

•

El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso”.

De los cuatro supuestos descritos en la norma, solamente el primero está referido a la flagrancia en sentido estricto o también llamada flagrancia propiamente dicha, pues el agente es descubierto en la realización del hecho punible; pero los otros tres supuestos estarían comprendidos en el concepto de cuasiflagrancia, con una particularidad en el tercer y cuarto supuesto, porque el legislador nacional ha definido el concepto de inmediatez y lo ha circunscrito a las 24 horas siguientes a la realización del delito. En cuanto al plazo de la detención policial se evidencia un doble régimen atendiendo al tipo delito que se imputa al agente, pues por regla general la detención puede tener una duración máxima de 24 horas, pero tratándose de delitos de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas, el plazo de la misma podría durar hasta 15 días naturales. Finalmente, es necesario indicar que por mandato del artículo 203 del NP, una vez efectuada la detención, la Policía tiene los siguientes deberes: •

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Informar al detenido el delito que se le atribuye y comunicar inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará al juez de la investigación preparatoria tratándose de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

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•

En todos los casos, la Policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los derechos previstos en el artículo 71. De esa diligencia se levantará un acta.

2.2. Arresto ciudadano Antes de la vigencia del NP, la sociedad peruana ya había adoptado una práctica similar a lo que hoy se denomina “arresto ciudadano”, pues se arrestaba a personas que eran descubiertas en flagrancia delictiva, pero como se trataba de una medida informal, no institucionalizada ni regulada por el ordenamiento jurídico, se caracterizaba porque acarreaba ciertos excesos en perjuicio de la persona sometida al arresto, quien muchas veces era sometido a castigos físicos, vejámenes y otro tipo de tratos inhumanos, de forma tal que la labor policial se convertía en un auxilio para la persona arrestada. Frente a esta realidad social, el legislador nacional introdujo en el texto del NP la figura del “arresto ciudadano” (artículo 260), y con ello, se institucionalizó una práctica social bastante difundida, pero se le cambió de rostro, porque si bien toda persona podrá proceder al arresto de otra persona en estado de flagrancia delictiva, la norma exige que la persona que es sometida a un arresto ciudadano debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial. Además de la institucionalización de una práctica social bastante difundida el “arresto ciudadano” es una institución jurídica que contribuye a la labor de apoyo que presta la denominada “policía municipal de seguridad ciudadana”, pues estos agentes, utilizan la figura del “arresto ciudadano”, para realizar intervenciones en flagrancia delictiva; pero ello no debería amparar de ninguna manera el que este tipo de policía asuma competencias que son exclusivas de la Policía Nacional del Perú, como por ejemplo: pesquisas, controles de identidad o registros personales.

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Adicionalmente, debemos precisar que no es correcto el proceder que en materia formal viene adoptando el personal de “seguridad ciudadana”, pues una vez realizado el arresto, estos agentes suelen elaborar un acta que es entregada a la Policía y funge como si se tratara de un acta de intervención, cuando lo correcto sería que la policía elabore un acta de arresto ciudadano; pues como lo señala el artículo 260 del NP la Policía que recibe al arrestado deberá redactar un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención. Finalmente, existe un cuestionamiento respecto a la constitucionalidad de esta medida, pues la norma constitucional que consagra el derecho fundamental a la libertad personal establece que este puede ser limitado por la Policía Nacional del Perú o por mandato del juez; sin embargo, si realizamos una ponderación, y consideramos que la finalidad de este tipo de medida es evitar los excesos que se cometían con los arrestados antes de la vigencia del NP, existe justificación jurídica para su aplicación, y en mérito a ello debemos considerar que no se trata de una práctica ilegal o inconstitucional. 2.3. Detención preliminar judicial En NP ha introducido una nueva forma de detención judicial, denominado “detención preliminar judicial”, la cual es ordenada por el juez de la investigación preparatoria a solicitud del Ministerio Público; sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones emitidas por el fiscal, conforme lo prescribe el artículo 261 del NP. Los supuestos en los que es posible la detención preliminar judicial son los siguientes:

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•

No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga.

•

El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.

•

El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.

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Aun cuando el aludido artículo 261 no establece la finalidad de la “detención preliminar judicial”, consideramos que atendiendo a la naturaleza coercitiva, su finalidad consiste en asegurar algún fin propio del proceso y específicamente un fin propio de las diligencias preliminares como es realizar actos de investigación urgentes que ameriten la presencia del imputado y tiendan a verificar que el hecho denunciado realmente ocurrió y que el hecho constituye delito. A pesar de la consideración anterior, en la práctica procesal se suele solicitar la detención preliminar judicial con la finalidad de procurar de manera más rápida la prisión preventiva de un investigado, pues cuando se produce la detención preliminar el fiscal suele formalizar de inmediato la investigación preparatoria y solicitar la prisión antes del vencimiento de las 24 horas. De hecho la práctica antes descrita, es una práctica legal que contribuye a la celeridad del proceso y aporta en términos de eficacia; sin embargo había que evaluar la legitimidad de la referida medida. Por otro lado, el artículo 263 del NP establece que una vez efectuada la detención preliminar judicial, la policía está obligada a: •

Informar al detenido el delito que se le atribuye.

•

Comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público.

•

Pondrá al detenido inmediatamente a disposición del juez de la investigación preparatoria.

•

Advertir al detenido o arrestado que le asiste los derechos previstos en el artículo 71. De esa diligencia se levantará un acta.

Finalmente debemos señalar que conforme a lo prescrito en el artículo 264, inciso 1, este tipo de detención puede durar 24 horas o 15 días tratándose de delitos de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas, y adicionalmente, el artículo 266 (salvo los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas) establece la posibilidad de que el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal convoque a una audiencia para debatir si corresponde convalidar la detención preliminar por un plazo de 7 días naturales, en cuyo vencimiento el fiscal pone

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a disposición del juez de la investigación preparatoria al detenido para determinar si se dicta mandato de prisión preventiva o comparecencia. 2.4. Prisión preventiva De conformidad con lo prescrito por el artículo 268 del NP, los presupuestos para que se imponga la medida coercitiva de prisión preventiva son los siguientes: a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar la comisión de un delito y la autoría o participación del imputado. En la doctrina este requisito es conocido como el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, y consiste en hacer un juicio de verosimilitud sobre el derecho cuya existencia se pretende declarar. Atendiendo a los grados de conocimiento judicial y a sus correspondientes estados subjetivos, es pertinente indicar que la exigencia subjetiva es un alto grado de convencimiento, cercano a la certeza basada en fundados y razonables elementos de convicción. b) Que la sanción a imponerse sea mayor a 4 años, es decir, que antes de emitir un pronunciamiento respecto a la posible imposición de la prisión preventiva el juzgador debe realizar una prognosis de la pena aplicable al caso, para lo que deberán tenerse en cuenta el principio de legalidad (en cuanto al tipo de pena aplicable y a los límites mínimos o máximos de la pena a imponer), el principio de proporcionalidad de la pena, a los criterios para la individualización de la pena y a los agravantes y atenuantes previstos en la ley. c) Que sea previsible que el imputado por sus antecedentes u otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). En la doctrina este requisito es conocido como el periculum in mora o peligro por la demora procesal, y en el ámbito del NP se oriente a evitar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización.

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Para la determinación del peligro de fuga se han establecido ciertos criterios, tales como: -

El arraigo en el país del imputado, que se define por la existencia de un domicilio o residencia habitual, el asiento de familia, negocio y trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. En el presente caso, no basta con que el sujeto se encuentre dentro del país para negar el peligro de fuga, sino que se deben evaluar los criterios antes indicados.

-

La gravedad de la pena esperada o pena probable. Este criterio no es una repetición del presupuesto de la pena probable exigido para dictar la prisión preventiva, ya que de lo contrario no tendría razón de ser como un criterio diferenciado al de la determinación del peligro de fuga.

-

La importancia del daño resarcible y la actitud del imputado frente a él. Ejemplo. En un delito de estafa como el del caso CLAE el daño a resarcir era muy importante dado que era una estafa masiva que había perjudicado a muchísima gente.

-

El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida en que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y

-

La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas.

En cuanto a la forma de aplicar los criterios antes indicados existen dos posibilidades de interpretación; la primera, que los aprecia como criterios reglados, y la segunda, que los considera como criterios abiertos que deben combinarse y que deben ser apreciados con libertad por el juzgador, quien además deberá poner en juego las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, a fin de que su criterio sea razonable y ello se ponga de manifiesto a través de la motivación de su decisión. En este mismo sentido se pronuncia el profesor Gonzalo del Río Labarte, quien afirma que estas normas no establecen criterios tasados, cuya concurrencia conduzca a presumir el peligro procesal, sino que se limita a

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señalar una serie de pautas que el juez podrá valorar individual o conjuntamente, para determinar su existencia en el caso concreto(113). En cuanto al “peligro de obstaculización”, el artículo 270 del NP establece que se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado: •

Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.

•

Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

•

Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

El requerimiento fiscal de prisión preventiva, debe tener una motivación sencilla, pues tratándose de una medida coercitiva que se adopta por audiencia, el fundamento del requerimiento se hace oralmente y luego se debate. Por ello el objeto de la audiencia de prisión preventiva consiste en debatir la concurrencia o inconcurrencia de cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva antes indicados. La audiencia se celebrará con la presencia obligatoria del fiscal, el imputado y el defensor; en caso de que el abogado defensor no concurra, será remplazado por un abogado de oficio, y si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su abogado o el defensor de oficio según sea el caso, conforme lo establece el artículo 271 del NP. Sobre este último aspecto surge la cuestión referida a la posibilidad o imposibilidad de requerir una prisión preventiva para un imputado que se encuentra libre y que no concurre a la audiencia. Para algunos operadores eso no es posible ya que la audiencia tiene que realizarse con presencia obligatoria del imputado, sin embargo, otro sector mayoritario que se ha impuesto en la práctica procesal, lo considera viable porque entiende que al estar notificado el imputado para la realización de la audiencia, su inconcurrencia se tomaría como negativa para estar presente en la audiencia, y en tal sentido

(113) DEL RÍO, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal. ARA, Lima, 2008, p. 48.

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esta se realizará con el fiscal y con el defensor del imputado, sea que se trate de un abogado particular o de un defensor de oficio. En cuanto a la permanencia y al cese de la prisión preventiva; una vez que el juez de la investigación preparatoria ha dictado la prisión preventiva, salvo en el supuesto de la apelación del auto correspondiente, ya no cabe discutir la concurrencia de los presupuestos que llevaron al juez a la imposición de la medida, salvo en el supuesto de que como consecuencia de los actuados de la investigación preparatoria surjan nuevos elementos que hagan variar la apreciación de alguno de los presupuestos de la prisión preventiva, en tal caso, el artículo 283 NP ha previsto la figura de la cesación de la prisión preventiva, que en caso de ser declarada fundada, el juez sustituirá la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones. La cesación de prisión preventiva es promovida por el imputado o su defensor, y el pedido deberá discutirse en una audiencia oral, pública y contradictoria, lo que resulta de la remisión expresa al trámite prescrito por el artículo 274 del NP, que resulta del propio texto del artículo 283 del mismo código. Para la instalación de la audiencia de prisión preventiva que es dirigida por el juez de la investigación preparatoria, se requiere la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado y su defensor, quien podría ser reemplazado por el defensor de oficio en caso de que no asista el abogado particular. El juez luego de verificar la presencia de cada una de las partes, indica los datos generales de la audiencia (lugar, hora, día, mes, año, juzgado, el nombre del juez que realiza la audiencia). Una vez instalada la audiencia se procede a la acreditación de los sujetos procesales que intervienen. El fiscal indica sus nombres, apellidos, cargo que desempeña en fiscalía, domicilio procesal, teléfono fijo o celular y correo electrónico. El imputado se identifica indicando sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad, sexo, nombre completo de sus padres, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil y domicilio real. El abogado defensor indica sus nombres, apellidos, número de registro del colegio de abogados, domicilio procesal, teléfono fijo o celular, correo eléctronico.

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A continuación el juez otorgará el uso de la palabra a la parte que requirió la audiencia, y posteriormente ite la formulación de una réplica de la otra parte. A continuación se otorga una segunda rueda de intervención a las partes. Luego de la contraposición de planteamientos de las partes el juez de la investigación preparatoria, podría formular algunas preguntas de carácter aclaratorio, y luego de ello, procede a la emisión de la resolución correspondiente, en ese mismo acto de la audiencia o dentro de las 48 horas, salvo en el caso de la prisión preventiva que tiene que resolver inmediatamente. Luego de la audiencia de cesación de la prisión preventiva se emite el auto que resuelve el pedido de cesación, el mismo que es impugnable mediante recurso de apelación, formulado por el imputado y por el fiscal, siendo que el recurso de apelación no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dictó el auto de cese de prisión preventiva. Cuando se dicta un auto de cesación de prisión preventiva, el juez de la investigación preparatoria impondrá las correspondientes reglas de conducta necesarias para garantizar la presencia del imputado durante el proceso; pero si el imputado infringe las reglas de conducta sin excusa suficiente o haga preparativos de fuga o cuando nuevos elementos de convicción hacen aparecer nuevamente los presupuestos de prisión preventiva, la cesación de la prisión preventiva será revocada y perderá la caución si la hubiera pagado. El problema de la revocatoria de la cesación de prisión preventiva está referido al plazo, pues como toda medida coercitiva se rige por el criterio de la temporalidad, y en consecuencia surge la interrogante acerca del plazo de prisión preventiva que se cuenta a partir de que la cesación de prisión es revocada, pues por una lado se podría pensar de que el imputado tendría que cumplir el tiempo que le faltare para llegar al tope legal máximo de prisión, en tanto que la otra posibilidad implicaría contabilizar un nuevo plazo de prisión, sin contar el plazo que haya cumplido hasta antes de que se emita el auto de cesación de prisión preventiva. Sin duda que esta incertidumbre obedece a un defecto de regulación, a un vacío legal que amerita una solución legislativa.

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En cuanto a la duración de la prisión preventiva, el artículo 272 del NP establece que la prisión preventiva no durará más de nueve meses; y tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses; sin embargo, el artículo 274 del NP(114) establece la posibilidad de alargar el plazo de la prisión preventiva mediante la institución jurídica denominada “prolongación de la prisión preventiva”. Según esta norma, la prolongación de prisión preventiva procede en dos supuestos: por especiales circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso; y por impugnación de la sentencia condenatoria de primera instancia; siendo que el primer supuesto se encuentra regulado en los tres primeros incisos del artículo 274 del NP; en tanto que el segundo supuesto se encuentra regulado únicamente en el inciso 4 del referido dispositivo legal. En efecto, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento. Por su parte el juez de la investigación preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2) del artículo 278. Por otro lado, respecto al segundo supuesto de prolongación de prisión previsto en el inciso 4 del artículo 274 del NP, una vez condenado (114) Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto de 2013.

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el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida. Al supuesto antes desarrollado, el NP regula otro supuesto de prolongación de la prisión preventiva, que opera en aquellos casos en los que el imputado sujeto a una prisión preventiva es condenado y la sentencia es recurrida, en cuyo caso la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta. Ejemplo. Si un preso preventivo es condenado a una pena de 8 años de privación de la libertad, dicha prisión preventiva podrá prolongarse hasta cuatro años si es que la sentencia condenatoria es impugnada. El problema que se suscita a partir de este supuesto de prolongación de prisión preventiva previsto en el inciso 4 del artículo 274 del NP, tiene que ver con el plazo de prisión preventiva en aquellos casos en los que se anula la sentencia de primera instancia y el juicio; porque en ese caso, surge incertidumbre en cuanto al plazo de prisión preventiva aplicable, por un lado podría interpretarse que rige la mitad de la pena impuesta en la condena –lo que no tiene mucho sentido porque dicha condena ya fue anulada, y además porque implicaría un plazo de prisión preventiva que en algunos casos podría ser excesivo–, y, por otro lado, podría interpretarse que rige el plazo de la prisión ordenado inicialmente, pero en ese caso probablemente el plazo de prisión ya se encuentre vencido y en consecuencia podría decretarse la libertad del imputado en aplicación de lo previsto por el artículo 273 del NP, sin que sea viable canalizar la solicitud de prolongación de la prisión preventiva, porque esta opera solo antes del vencimiento del plazo de prisión preventiva. Respecto a este tema, el NP ha establecido que para el cómputo del plazo de prisión preventiva no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido hasta la emisión de la resolución que declara la nulidad de todo lo actuado y dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva. Esta resolución aclara un poco la problemática antes planteada, porque la declaración de nulidad deberá comprender también un pronunciamiento en el que los jueces ad quem (Sala de Apelaciones) ordenan al juez de la investigación preparatoria la emisión de un nuevo auto de prisión preventiva, y en consecuencia el cómputo de un nuevo plazo de 9 o 316

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18 meses de acuerdo al tipo de proceso (simple o complejo), mas no el plazo de la mitad de la pena impuesta; sin embargo, el problema subsiste si la declaración de nulidad solo se refiere al juicio o si la Sala de Apelaciones no dispone la emisión del nuevo auto de prisión preventiva(115). De lege lata no se puede proponer una solución plena al problema planteado, y en consecuencia, para afrontar ese problema y siempre que sea necesario evitar la libertad de imputados que amerita mantenerlos dentro de los alcances de la medida coercitiva de prisión preventiva, se deberá entender que a partir de la impugnación de la sentencia condenatoria se produce una prórroga del plazo y consecuentemente rige un nuevo plazo de prisión preventiva, que se extiende hasta la mitad del tiempo de pena fijado en la pena impuesta, salvo que la Sala de Apelaciones decida ordenar la emisión de un nuevo auto de prisión preventiva. De lege ferenda resulta necesario una enmienda del NP, pues la norma que faculta a los jueces ad quem para decretar la nulidad de todo lo actuado, o al menos la nulidad del juicio y la sentencia, debe tener un sentido imperativo en cuanto al hecho de que se debe ordenar la emisión de un nuevo auto de prisión preventiva. Otro problema que se suscita a partir de la regulación anterior se produce si la sentencia condenatoria tiene el carácter de suspendida en cuyo caso, también se prolongará la prisión preventiva, sin embargo, en el presente caso la solución al problema se encontrará en manos de la defensa del imputado, que podría plantear la cesación de la prisión preventiva. A partir de la regulación antes citada, se puede distinguir claramente dos tipos bien diferenciados de prolongación de prisión, cuyo régimen se resume en el cuadro siguiente.

(115) Este problema se presentó en el caso signado Exp. Nº 1099-07, en el que la Primera Sala de Apelaciones de Trujillo (Expediente en sala N° 45-2008), declaró la nulidad de la sentencia y la nulidad del juicio oral, pero no se pronunció respecto a la medida coercitiva de prisión preventiva. Pronunciamiento que dejó en incertidumbre la situación jurídica del procesado.

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Prolongación de prisión prevista por el artículo 274 incisos 1, 2 y 3 del NP.

Prolongación de prisión prevista por el artículo 274 inciso 4 del NP.

Supuesto de hecho.

Especiales circunstancias que prolongan el proceso.

Impugnación de sentencia condenatoria.

Requerimiento fiscal.

Debe solicitarla el fiscal antes de su vencimiento.

No se exige requerimiento fiscal, pues podría ser ordenada de oficio.

Metodología para resolver el requerimiento.

La resolución se adopta luego de una audiencia.

Imponerla no requiere audiencia.

Impugnación.

La resolución es impugnable.

La resolución no es recurrible.

Respecto a la competencia para resolver los requerimientos de prolongación de prisión preventiva, la Corte Suprema ha señalado que el único competente para resolver los requerimientos de prolongación de prisión preventiva en todos los casos es el juez de la investigación preparatoria; mas no el juzgado unipersonal o colegiado(116). En relación con el cómputo del plazo de la prisión preventiva, el artículo 275 del NP prescribe lo siguiente: •

No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa.

•

El cómputo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha de la emisión de dicha resolución.

•

En los casos en los que se declare la nulidad de procesos seguidos ante la jurisdicción militar y se ordene el conocimiento de los hechos punibles imputados a la jurisdicción penal ordinaria, el plazo se computará desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de prisión preventiva.

Al vencimiento del plazo el juez de la investigación preparatoria procede a dar libertad al imputado, a solicitud de este o de oficio; sin embargo, la libertad será revocada, inmediatamente, si el imputado no cumple con asistir, sin motivo legítimo, a la primera citación que se le

(116) Casación N° 328-2012-Ica, publicada el 17 de marzo del año 2014.

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formule cuando se considera necesaria su concurrencia. El juez seguirá el trámite previsto en el numeral 2) del artículo 279. Así lo prescribe el artículo 276 del NP; en tanto que el artículo 277 establece que el juez deberá poner en conocimiento de la Sala Penal la orden de libertad, su revocatoria y la prolongación de la prisión preventiva. El artículo 268 establece la necesidad de que sea el juez quien dicte la prisión preventiva; sin embargo no resulta claro a qué juez se refiere la norma, ya que esta medida se puede solicitar en diferentes estados del proceso donde intervienen distintos jueces, tales como el juez de la investigación preparatoria, el juez de juzgamiento o el juez de apelación. Si restringimos el análisis a la interpretación del artículo 268 del NP, vemos que este dispositivo utiliza la expresión genérica “el juez”, que ite comprender a todos aquellos jueces (unipersonales o colegiados), que participan en diversas fases del proceso, y que pueden necesitar de esta cautelar personal para asegurar su desarrollo y lograr el fin mediato del mismo; sin embargo, si nos fijamos en lo prescrito por los artículos 271, 274, 278 y 279 del NP, podremos apreciar que en todos ellos existe una mención expresa al juez de la investigación preparatoria. Por otro lado, en las normas sobre competencia funcional, vemos que los jueces de investigación preparatoria (artículo 29.2 del NP) están facultados para imponer, modificar, hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la investigación preparatoria; y en el artículo 27 inciso 4 del NP se establece que las Salas Penales de las Cortes Superiores pueden dictar medidas limitativas de derechos a solicitud del fiscal superior; sin embargo, a diferencia de lo anterior, el artículo 28 no establece la posibilidad de que los juzgados unipersonales o colegiados dicten prisión preventiva u otra medida limitativa de derechos; aunque el artículo 399.5 establece que el juez (refiriéndose al juez de juicio), una vez leído el fallo condenatorio, podrá disponer prisión preventiva si el acusado se encuentra en libertad, siempre que se estime que el condenado no se someterá a la ejecución de la pena una vez firme la sentencia, y a ello se agrega lo señalado en el artículo 364.5 del NP, en cuanto establece el poder discrecional del juez para resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, aunque no se señala específicamente la posibilidad de imponer la prisión preventiva. 319

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Del análisis de las normas antes mencionadas podemos concluir que el juez competente para imponer la medida de prisión preventiva es el juez de la investigación preparatoria; salvo el supuesto del artículo 399 inciso 5 del NP, en cuanto establece que el juez (refiriéndose al juez de juicio), una vez leído el fallo condenatorio podrá disponer prisión preventiva, si el acusado se encuentra en libertad, siempre que se estime que el condenado no se someterá a la ejecución de la pena una vez firme la sentencia. 2.5. Comparecencia La comparecencia es el mandato emanado del juez de la investigación preparatoria en caso de que el fiscal no solicite prisión preventiva o cuando lo solicite sin que concurran los presupuestos materiales necesarios para tal propósito. La comparecencia simple se encuentra prevista en el artículo 286 del NP; pero si concurren los presupuestos materiales para dictar la prisión preventiva, se podrá optar por una comparecencia con restricciones, siempre que el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación o de la actividad probatoria, pueda razonablemente evitarse con la imposición de ciertas reglas de conducta o restricciones. Las restricciones que se podrían imponer se encuentran reguladas por el artículo 287 del NP, y son las siguientes: •

La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados(117).

•

La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen.

(117) De conformidad con el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1097, publicado el 1 setiembre de 2010, se adelanta la vigencia del presente inciso a los distritos judiciales donde aún no se encuentra vigente, respecto de los procesos señalados en el artículo 2 del citado decreto legislativo. Posteriormente, el citado decreto legislativo fue derogado por el artículo 1 de la Ley Nº 29572, publicada el 15 de setiembre de 2010.

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•

La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa.

•

La prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente.

La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad. La calidad y cantidad de la caución se determinará teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de este para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial.  No podrá imponerse una caución de imposible cumplimiento para el imputado, en atención a su situación personal, a su carencia de medios y a las características del hecho atribuido. La caución será personal cuando el imputado deposita la cantidad fijada en la resolución en el Banco de la Nación. Si el imputado carece de suficiente solvencia económica ofrecerá fianza personal escrita de una o más personas naturales o jurídicas, quienes asumirán solidariamente con el imputado la obligación de pagar la suma que se le haya fijado. El fiador debe tener capacidad para contratar y acreditar solvencia suficiente. La caución será real cuando el imputado constituya depósito de efecto público o valores cotizables u otorgue garantía real por la cantidad que el juez determine. Esta caución solo será procedente cuando de las circunstancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades de las cauciones precedentemente establecidas y que, por la naturaleza económica del delito atribuido, se conforme como la más adecuada. Cuando el imputado sea absuelto o sobreseído, o siendo condenado no infringe las reglas de conducta que le fueron impuestas, le será devuelta la caución con los respectivos intereses devengados, o, en su 321

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caso, quedará sin efecto la garantía patrimonial constituida y la fianza personal otorgada. Las reglas de la comparecencia con restricciones están reguladas por el artículo 287 del NP. •

Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 167, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. También podrá utilizarse, alternativamente, alguna técnica o sistema electrónico o computarizado que permita controlar que no se excedan las restricciones impuestas a la libertad personal.

•

El juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas, según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado.

•

Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá el juez será el previsto en el artículo 271.

•

El juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima o a aquellas personas que determine, siempre que ello no afecte el derecho de defensa.

Para ordenarse una comparecencia simple o una comparecencia con restricciones no se requiere de una audiencia, salvo en el supuesto de que la comparecencia sea impuesta luego de una audiencia de prisión preventiva, en la que el juez de investigación decidió no imponer la prisión preventiva y optó por la comparecencia con restricciones. La decisión que sí exige de la realización de una audiencia es la relativa a la revocatoria de comparecencia con restricciones, pues, si durante la investigación resultan indicios de que el imputado en situación de comparecencia está incurso en los presupuestos de la prisión preventiva, el juez dictará el auto de prisión preventiva a solicitud del 322

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fiscal, luego de una audiencia que se realizará con los asistentes que concurran, y el objeto de discusión de esta audiencia está referido a la concurrencia de los presupuestos de la prisión preventiva previstos en el artículo 268 del NP. 2.6. La detención domiciliaria Esta medida cautelar se encuentra regulada por el artículo 290 del NP, y se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado es mayor de 65 años de edad; adolece de una enfermedad grave o incurable; sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento; es una madre gestante. En todos los casos antes descritos, la medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición. La detención domiciliaria debe cumplirse en el domicilio del imputado o en otro que el juez designe y sea adecuado a esos efectos, bajo custodia de la autoridad policial o de una institución –pública o privada– o de tercera persona designada para tal efecto. Cuando sea necesario, se impondrá límites o prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan con él o que lo asisten. El control de la observancia de las obligaciones impuestas corresponde al Ministerio Público y a la autoridad policial. Se podrá acumular a la detención domiciliaria una caución. El plazo de duración de detención domiciliaria es el mismo que el fijado para la prisión preventiva. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 273 al 277. Si desaparecen los motivos de detención domiciliaria establecidos en los literales b) al d) del numeral 1), el juez –previo informe pericial– dispondrá la inmediata prisión preventiva del imputado.

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2.7. La internación preventiva De conformidad con lo prescrito por el artículo 293 del NP, el juez de la investigación preparatoria podrá ordenar la internación preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para terceros, cuando medien los siguientes presupuestos: -

La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que es autor de un hecho punible o partícipe en él y probablemente será objeto de una medida de seguridad de internación.

-

La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación. Rigen análogamente los artículos 269 y 270.

Si se establece que el imputado está incurso en el artículo 20, inciso dos, del Código Penal, el juez de la investigación preliminar informará al juzgado penal competente para dictar la decisión final sobre su inimputabilidad e internación y lo pondrá a su disposición. Rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 274. No será necesaria la concurrencia del imputado si su estado de salud no lo permite, pero es obligatoria la presencia de su defensor. El imputado podrá ser representado por un familiar. Por otro lado, el artículo 294 del NP regula la figura del internamiento previo para observación y examen, que faculta al juez de la investigación preparatoria, después de recibir una comunicación motivada de los peritos, previa audiencia con asistencia de las partes legitimadas, instada de oficio o a pedido de parte, para disponer –a los efectos de la preparación de un dictamen sobre el estado psíquico del imputado–, que el imputado sea llevado y observado en un hospital psiquiátrico público. Para adoptar esta decisión deberá tomar en cuenta si existen elementos de convicción razonable de la comisión del delito, siempre que 324

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guarde relación con la importancia del asunto y que corresponda esperar una sanción grave o la medida de seguridad de internamiento. 2.8. Impedimento de salida del país El fiscal podrá solicitar al juez que expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije, si durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres años resulta indispensable para la indagación de la verdad. Igual petición puede formular respecto del que es considerado testigo importante. El requerimiento será fundamentado y precisará el nombre completo y demás datos necesarios de la persona afectada, e indicará la duración de la medida; en tanto que la resolución judicial también contendrá los requisitos previstos en el artículo anterior; pero para tal propósito el juez de la investigación preparatoria citará a una audiencia para decidir sobre el requerimiento fiscal; la audiencia se celebrará con los asistentes que concurran; el juez emitirá resolución inmediatamente o dentro de las cuarenta y ocho horas de su celebración; y contra la resolución que se emita procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo; es decir, que la tramitación y resolución del recurso corresponde al superior jerárquico al que dictó la resolución recurrida. A quo emite resolución

A quo ite el recurso

Ad quem asume conocimiento

La medida no puede durar más de cuatro meses. La prolongación de la medida solo procede tratándose de imputados y hasta por un plazo igual, procederá en los supuestos y bajo trámite previsto en el artículo 274 referido a la prolongación de prisión preventiva. En el caso de testigos importantes, la medida se levantará luego de realizada la declaración o actuación procesal que la determinó. En todo caso, no puede durar más de treinta días, siendo que el juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 279; es decir, que el juez de la investigación preparatoria citará a una audiencia para decidir sobre el requerimiento fiscal; la audiencia se celebrará con los asistentes que concurran; el juez emitirá resolución inmediatamente o dentro de las cuarenta y ocho horas de su celebración; 325

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y contra la resolución que se emita procede recurso de apelación. Para lo dispuesto en el recurso de apelación rige lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278 en cuanto prescribe que la Sala Penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar dentro de las setenta y dos horas de recibido el expediente, con citación del fiscal superior y del defensor del imputado. La decisión, debidamente motivada, se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad. 2.9. La suspensión preventiva de derechos El juez, a pedido del fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión preventiva de derechos cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea esta principal o ria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Las medidas de suspensión que podrían imponerse son: •

Suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, según el caso.

•

Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter público. Esta medida no se aplicará a los cargos que provengan de elección popular.

•

Prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales o empresariales.

•

Suspensión temporal de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo o para portar armas de fuego.

•

Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel o la suspensión temporal de visitas.

Sin embargo, para poder imponer estas medidas se requiere:

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•

Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

•

Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus

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condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que se procede. Por otro lado, de conformidad con lo prescrito por el artículo 299 del NP las medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilitación en el caso concreto. Los plazos se contarán desde el inicio de su ejecución. No se tomará en cuenta el tiempo transcurrido en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al procesado o a su defensa. Las medidas dictadas perderán eficacia cuando ha transcurrido el plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia. El juez, cuando corresponda, previa audiencia, dictará la respectiva resolución haciendo cesar inmediatamente las medidas impuestas, adoptando los proveídos que fueren necesarios para su debida ejecución. El incumplimiento de las restricciones impuestas al imputado, autoriza al juez a sustituir o acumular estas medidas con las demás previstas en el presente título, incluso con las de prisión preventiva o detención domiciliaria, teniendo en cuenta la entidad, los motivos y las circunstancias de la trasgresión. VIII. MEDIDAS COERCITIVAS REALES 1. El embargo El fiscal o el actor civil son los sujetos procesales legitimados para solicitar al juez de la investigación preparatoria la adopción de la medida de embargo. A estos efectos motivará su solicitud con la correspondiente justificación de la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción, especificará el bien o derecho afectado, precisará el monto del embargo e indicará obligatoriamente la forma de la medida. Las formas de embargo son las previstas en el Código Procesal Civil. Para ello, de conformidad con artículo 302 del NP en el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el fiscal, de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y al tercero civil, a fin de asegurar la 327

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efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas. Cuando el embargo es promovido por el actor civil debe ofrecer contracautela(118). Esta no será exigible en los supuestos previstos en el artículo 614 del Código Procesal Civil; es decir, cuando se trata del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales y las universidades que están exceptuados de prestar contracautela, y además a quien se le haya concedido auxilio judicial. El juez, sin trámite alguno(119), atendiendo al mérito del requerimiento y de los recaudos acompañados, dictará auto de embargo en la forma solicitada o la que considere adecuada, siempre que no sea más gravosa que la requerida, pronunciándose, en su caso, por la contracautela ofrecida. El embargo tiene por finalidad asegurar el futuro pago de la reparación civil, por ello se adoptará la medida de embargo, siempre que en autos existan suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito objeto de imputación, y por las características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien. La exigencia de los suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito objeto de imputación y la legitimidad para solicitarla que recae en el fiscal y el actor civil, nos llevan a considerar que el embargo se puede solicitar una vez formalizada la investigación preparatoria, pues a partir de este momento se da inicio formal al proceso penal, el agraviado ya está en condiciones de constituirse en actor civil y, finalmente, el denunciado se convierte en imputado, ya que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, con

(118) Rige, para el actor civil, lo dispuesto en el artículo 613 del Código Procesal Civil. (119) El embargo es una cuestión que debe resolverse siguiendo la metodología de la escrituralidad, pues no se requiere audiencia para la imposición de esta medida.

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arreglo al principio de imputación necesaria, formula una imputación concreta contra el investigado. La prestación de la contracatuela, cuando corresponde, será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento o ejecución del embargo acordado. Corresponde al juez pronunciarse sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la contracautela ofrecida. Aun denegada la solicitud de medida cautelar de embargo, podrá reiterarse la misma si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición; es decir, que el requerimiento de embargo se puede formular varias veces. Si se ha dictado sentencia condenatoria, aun cuando fuere impugnada, a solicitud de parte, procede el embargo, sin necesidad de contracautela ni que se justifique expresamente la probabilidad delictiva. Cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la concreción de la medida es inisible. Ejecutada la medida se notificará a las partes con el mandato de embargo, procediendo el recurso de apelación dentro del tercer día de la notificación. El recurso procede sin efecto suspensivo. En el propio cuaderno de embargo se tramitará la petición de variación de la medida de embargo, que puede incluir el alzamiento de la misma. A este efecto se alegará y en su caso se acreditarán hechos y circunstancias que pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión. La solicitud de variación y, en su caso, de alzamiento, se tramitará previo traslado a las partes. Está permitida la sustitución del bien embargado y su levantamiento previo depósito en el Banco de la Nación a orden del juzgado del monto por el cual se ordenó la medida. Efectuada la consignación la resolución de sustitución se expedirá sin trámite alguno, salvo que el juez considere necesario oír a las partes. La resolución que se emita en los supuestos previstos en los numerales anteriores es apelable sin efecto suspensivo. 329

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Pero, si una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o una resolución equivalente queda firme, se alzará de oficio o a petición de parte el embargo adoptado, y se procederá de ser el caso a la determinación de los daños y perjuicios que hubiera podido producir dicha medida si la solicitó el actor civil. Firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al afectado el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzosa respecto del bien afectado. Si el procesado o condenado decidiere vender el bien o derecho embargado, pedirá autorización al juez. La venta se realizará en subasta pública. Del precio pagado se deducirá el monto que corresponda el embargo, depositándose en el Banco de la Nación. La diferencia será entregada al procesado o a quien él indique. La desafectación se tramitará ante el juez de la investigación preparatoria. Procede siempre que se acredite fehacientemente que el bien o derecho afectado pertenece a persona distinta del imputado o del tercero civil, incluso si la medida no se ha formalizado o trabado. La tercería se interpondrá ante el juez civil, de conformidad con el Código Procesal Civil. Deberá citarse obligatoriamente al fiscal provincial en lo civil, que intervendrá conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 113 de dicho Código. 2. Orden de inhibición De conformidad con lo prescrito por el artículo 310 del NP, el fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los requisitos establecidos para el embargo (artículo 303 del NP), que el juez dicte orden de inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero civil, que se inscribirá en los Registros Públicos. La orden de inhibición se rige por las reglas previstas para medida cautelar de embargo. 330

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3. Desalojo preventivo En los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del agraviado, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrando provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado. El desalojo se ejecuta dentro del término de setenta y dos horas de concedida. La Policía Nacional, una vez que tenga conocimiento de la comisión del delito, lo pondrá en conocimiento del fiscal y llevará a cabo las investigaciones que el caso amerita. El fiscal, sin perjuicio de disponer las acciones que correspondan, realizará inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia certificada de las actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del fiscal. La solicitud de desalojo y ministración provisional puede presentarse durante las diligencias preliminares o en cualquier estado de la investigación preparatoria. Se acompañarán los elementos de convicción que acrediten la comisión del delito y el derecho del ofendido. El juez resolverá, sin trámite alguno, en el plazo de veinticuatro horas. Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación. La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada. El juez elevará el cuaderno correspondiente dentro de veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se pronunciará en el plazo de tres días, previa audiencia con notificación de las partes. Si ampara la solicitud de desalojo y ministración provisional de posesión, dispondrá se ponga en conocimiento del juez para su inmediata ejecución. 4. La incautación cautelar Conforme lo ha precisado la Corte Suprema a través del Acuerdo Plenario Nº 5-2010/CJ-116 (fundamento 7) en el NP la medida procesal de incautación presenta una configuración jurídica dual:

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-

Como medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos –propiamente medida instrumental restrictiva de derechos–, refiriéndose a la medida prevista por los artículos 218 al 223 del NP; y

-

Como medida de coerción con una típica función cautelar, conforme a lo prescrito por los artículos 316 al 320 del NP.

En el primer caso, su función primordial es de aseguramiento de fuentes de prueba material (función probatoria), en tanto que, en el segundo caso, su función es substancialmente de prevención del ocultamiento de bienes sujetos a decomiso, y de impedimento a la obstaculización de la averiguación de la verdad; concluyéndose que entre la finalidad de ambas medidas existen ámbitos comunes o que pueden cumplir funciones similares, pero que existe una función principal de cara a la posibilidad de una consecuencia ria de decomiso de acuerdo a lo previsto por el artículo 102 del Código Penal (ver fundamentos 7 y 10 del acuerdo). En este aspecto es acertado que la Corte Suprema inicie su análisis a partir del reconocimiento de dos tipos de incautación, aunque la denominación de “medida instrumental” genere cierta confusión, puesto que las medidas coercitivas o de coerción también tienen un carácter instrumental, pues no cumplen una función en sí misma, sino que sirven para asegurar los fines del proceso. En tal sentido, a efectos de distinguirlas podemos afirmar que un tipo de incautación se ha establecido como medida de búsqueda de pruebas y el otro tipo de medida ha sido concebida como medida cautelar o de coerción. Independientemente de las denominaciones, la existencia de dos tipos de incautación supone que se trata de instituciones jurídicas diferentes, por lo que consideramos erróneo el hecho de considerar ámbitos comunes en cuanto a la finalidad de ambas medidas, ya que es justamente la finalidad la que permitirá diferenciarlas. En tal sentido, consideramos que en función de lo prescrito por los artículos 202 del NP –fin de esclarecimiento del proceso–, y 203 del NP –fines de averiguación–, queda claro que la incautación regulada por los artículos 218 a 223 del NP, es una medida orientada al esclarecimiento de los hechos y a la búsqueda de pruebas, a diferencia de la incautación como medida 332

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cautelar desarrollada en los artículos 316 a 320 del Código Adjetivo, pues a tenor de lo prescrito por el artículo 218 inciso 1, la incautación para la prueba se orienta sobre bienes necesarios para el esclarecimiento de los hechos; en tanto que según el 316 inciso 3 del NP, la incautación cautelar se encuentra estrechamente ligada a la posibilidad de aplicar una consecuencia ria –decomiso o pérdida de los efectos provenientes del delito, conforme a lo prescrito por los artículos 102 y 103 del Código Penal–, o de evitar el ocultamiento de bienes o la insolvencia sobrevenida como lo establece el incido 3 del artículo 253 del NP, que a su vez posibilitaría cobrar la reparación civil. Otra razón que refuerza la posición adoptada, se deriva del contenido del artículo 222 inciso 1 del NP, porque indica la posibilidad de devolver los objetos incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, y además porque posibilita la entrega de los bienes sustraídos al agraviado. En ambos supuestos se evidencia que una vez cumplida la finalidad de la incautación de tales bienes estos podrán ser entregados o devueltos. De ello se desprende que la incautación como medida de búsqueda de pruebas no tiene por finalidad asegurar una consecuencia ria, sino el esclarecimiento de la verdad en el proceso; lo que no significa que de ella no se pueda derivar luego la aplicación de una consecuencia ria, porque la devolución a la que hace alusión el artículo 222 inciso 1 del NP, es una facultad y en consecuencia nada impide que el fiscal deniegue la entrega de los bienes y que luego se proceda al comiso o a la pérdida de los efectos del delito, aunque ella no haya sido la finalidad para la que fue aplicada la medida. Otro aspecto abordado por el acuerdo plenario tiene que ver con el objeto de la incautación, aquí la Corte Suprema, en una lectura acorde con lo regulado por el NP, parte de la diferenciación de los dos tipos de incautación y señala que. -

La incautación como medida de búsqueda de pruebas se dirige contra: a) Bienes que son cuerpo del delito, b) Cosas relacionadas con el delito o que sean necesarias para el esclarecimiento del delito.

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-

La incautación cautelar incide en: a) Los efectos del delito (objetos y ganancias), b) Los instrumentos del delito, y c) Los objetos del delito.

A partir del objeto de la incautación también es posible ver que existe una clara diferencia en cuanto a la finalidad de la incautación. En cuanto al régimen de la incautación, instrumental o cautelar, se tiene que es una medida que en los casos de peligro por la demora la realiza, en primer término, la Policía o la Fiscalía, pero a continuación requiere de la decisión confirmatoria del juez de la investigación preparatoria; pero para ello, el juicio de necesidad de la medida es básico; pues la incautación garantiza que no se desaparezcan u oculten tales bienes o cosas, con lo que se dificultaría o se frustraría el ulterior decomiso, si correspondiera –la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia se pondría en crisis–. Por otro lado, se requerirá previa orden judicial cuando el peligro por la demora, no es que sea inexistente, sino que en él no confluya la noción de urgencia y siempre que se trate de bienes objeto de decomiso (artículo 317 del NP). Esta noción dice de la perentoriedad o necesidad inmediata, apremiante de la incautación; cuando el riesgo de desaparición del bien o cosa delictiva es más actual o grave. Si no se presenta esta situación fáctica será del caso pedir la orden judicial. En este punto, la Corte Suprema parte de un error metodológico, pues realiza un desarrollo general del régimen de la incautación, desconociendo por completo la existencia de dos tipo de incautación, que a su vez presentan un régimen o una regulación diferenciada, como se muestra a continuación. La incautación para la prueba contempla tres supuestos: a) Peligro por la demora; b) Negativa frente al requerimiento fiscal para la entrega o exhibición del bien; y c) Flagrancia delictiva o peligro inminente de comisión del hecho delictivo;

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De estos supuestos en: a) Peligro por la demora: La puede disponer el fiscal. b) Negativa frente al requerimiento fiscal: se requiere autorización judicial previa. c) Flagrancia delictiva o peligro inminente de comisión del hecho delictivo: Por sí misma la puede realizar la policía, dando cuenta inmediata al fiscal. La incautación cautelar contempla solo dos supuestos: a) Peligro por la demora, y b) Cuando no existe peligro por la demora. De estos supuestos en: a) Peligro por la demora: La puede realizar la Policía o el fiscal. (artículo 316 del NP). b) Cuando no existe peligro por la demora: Se requiere autorización judicial previa (artículo 317 del NP). Como se aprecia el régimen de regulación de ambos tipo de incautación es diferente, y la Corte Suprema al realizar un estudio generalizado incurre en ciertos errores. Un primer error se evidencia cuando se indica que, “fuera de los casos de flagrancia o de peligro inminente de perpetración del delito, se requiere de una decisión del fiscal, lo que no es correcto, porque ello rige exclusivamente para los casos de incautación para la prueba, pero no para los casos de incautación cautelar, pues en este último caso, cuando existe peligro por la demora la puede realizar la policía sin autorización fiscal (artículo 316 del NP). Un segundo error, de carácter consiste en considerar la flagrancia o peligro de perpetración del delito, como un supuesto para realizar la incautación por la policía, sin embargo, este es un supuesto exclusivo de la incautación para la prueba, mas no de la cautelar.

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En cuanto al trámite de la incautación, la Corte Suprema señala que la regla general en la materia es que la decisión judicial se dicta sin trámite alguno –el mismo día o a más tardar al día siguiente–, salvo norma específica al respecto (artículos 203 y 254.1 del NP). En los dos supuestos de incautación, instrumental y cautelar, no se exige la celebración de una audiencia; solo el previo traslado a las partes o sujetos procesales, en especial al afectado, si no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida –si el conocimiento de la posible incautación podría determinar la desaparición u ocultamiento del bien o cosa delictiva–. Pero, por otro lado, es posible que el juez, discrecionalmente, decida la realización de una audiencia. Disponer el traslado o realizar la audiencia es una decisión previa inimpugnable, opción que, en caso de revisión de la decisión final, no puede ser censurada por el Tribunal Superior, a menos de que ponga en serio riesgo la finalidad procesal de la incautación o no persiga utilidad procesal alguna. La incautación siempre requiere de una resolución judicial, sea antes de su ejecución –excepción– o después de ella –regla general–. En el último caso, la ausencia de la intervención y ulterior resolución judicial, al vulnerarse un requisito de la actividad procesal, importa un defecto cuya subsanación, empero, es posible. Un efecto distinto –de nulidad absoluta e insubsanabilidad–, en cambio, tiene el primer supuesto, atento a su especial relevancia: sin resolución judicial no puede tener lugar legalmente una incautación. La confirmación judicial debe solicitarse –inmediatamente– (artículo 317.2 del NP). Esto último significa que entre el momento en que tiene lugar la incautación y que se presenta la solicitud de confirmación judicial no debe mediar solución de continuidad. Debe realizarse enseguida, sin tardanza injustificada, lo que será apreciable caso por caso, según las circunstancias concretas del mismo. La justificación de la tardanza se examinará con arreglo al principio de proporcionalidad. n Reexamen de la incautación El afectado por una medida de incautación, instrumental o cautelar, que en ambos casos tiene la condición de interviniente rio, 336

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tiene dos opciones: interponer recurso de apelación o solicitar el reexamen de la medida. La institución del reexamen se asocia a la incorporación de actos de investigación o de algún elemento de convicción luego de la realización del acto mismo, que modifique la situación que inicialmente generó la incautación. Desde luego, si la incautación carece desde un inicio de los presupuestos materiales que la determinan será del caso interponer el respectivo recurso de apelación. El tercero que alegue ser propietario de un bien incautado y que no ha intervenido en el delito, dice el artículo 319.2 del NP, puede solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fin de que se levante y se le entregue el bien de su propiedad. Esta norma no significa que solo tiene esta opción, pues muy bien, frente a la contundencia de la evidencia preexistente –no la que puede aportar con posterioridad a la incautación– puede intentar derechamente la apelación. El reexamen, por lo demás, importa un análisis de la medida a partir de nuevos indicios procedimentales o elementos de convicción; no controla la incautación sobre la base de las evidencias existentes cuando esta se decretó o efectivizó. 5.  Medidas preventivas contra las personas jurídicas El artículo 313 del NP establece que la posibilidad de dictar medidas preventivas contra personas jurídicas, con la finalidad de garantizar la imposición de las consecuencias jurídicas previstas por el artículo 105 del Código Penal. La referida norma prescribe que el juez, a pedido de parte legitimada, puede ordenar respecto de las personas jurídicas: -

La clausura temporal, parcial o total, de sus locales o establecimientos.

-

La suspensión temporal de todas o alguna de sus actividades.

-

El nombramiento de un judicial.

-

El sometimiento a vigilancia judicial.

-

Anotación o inscripción registral del procesamiento penal.

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La norma aludida no establece quién es la parte legitimada, pero tratándose de consecuencias rias del delito, resulta innegable la legitimidad del Ministerio Público, sin descartar la legitimidad que eventualmente pueda tener el actor civil, dependiendo del tipo de delito y su vinculación con la persona jurídica. Para imponer estas medidas se requiere: -

Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación de la persona jurídica en los supuestos previstos en el artículo 105 del Código Penal.

-

Necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos del delito, peligro concreto de que a través de la persona jurídica se obstaculizará la averiguación de la verdad o se cometerán delitos de la misma clase de aquel por el que se procede.

Estas medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para las medidas temporales establecidas en el artículo 105 del Código Penal. En los delitos ecológicos la suspensión o la clausura durarán hasta que se subsanen las afectaciones al ambiente que determinaron la intervención judicial. 6. Pensión anticipada de alimentos En los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar prevista en el artículo 150 del Código Penal, violación de la libertad sexual, o delitos que se relacionan con la violencia familiar, el juez a solicitud de la parte legitimada impondrá una pensión de alimentos para los directamente ofendidos que como consecuencia del hecho punible perpetrado en su agravio se encuentran imposibilitados de obtener el sustento para sus necesidades. El juez señalará el monto de la asignación que el imputado o el tercero civil ha de pagar por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la sentencia firme.

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Respecto a este tema, el artículo 314 del NP establece que las medidas previstas en este título podrán variarse, sustituirse o cesar cuando atendiendo a las circunstancias del caso y con arreglo al principio de proporcionalidad resulte indispensable hacerlo. La imposición, variación o cesación se acordarán previo traslado, por tres días, a las partes. Contra estas decisiones procede recurso de apelación. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 278. IX. MECANISMOS TUTELARES 1. Control de actos de investigación Por su parte, en el inciso 4 del artículo 337 del NP prescribe que durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes; pero si el fiscal rechazare la solicitud, instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el fiscal. A este procedimiento se le denomina “control de actos de investigación”, que de hecho tiene una naturaleza tutelar, pero no puede confundirse con la “tutela de derechos” prevista por el artículo 71 inciso 4 del NP. 2. Control de plazos El artículo 342 del NP prescribe que el plazo de la investigación preparatoria es de ciento veinte días naturales. Solo por causas justificadas, dictando la disposición correspondiente, el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales; pero tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación 339

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preparatoria es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria(120). Se considera proceso complejo cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaborares de bandas u organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; o, g) deba revisar la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado(121). Pero, si vencidos los plazos antes indicados, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes podrán solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Para estos efectos el juez citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control de plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda.

(120) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto de 2013, la misma que entrará en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: “2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria”. (121) Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto de 2013, la misma que entrará en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: 3. Corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.

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3. Tutela de derechos Se afirma que el nuevo modelo procesal es de corte garantista, porque sus principios se orientan a proteger los DDFF de las personas, pero además porque se han introducido mecanismos específicos que permiten garantizar de manera concreta y efectiva el respeto de los derechos ciudadanos; y en salvaguarda de su efectiva vigencia, pueden emanar resoluciones judiciales que corrijan los desafueros cometidos por la policía o los fiscales, así como también protejan al afectado. Esto es reconocido por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 4-2010, que considera a la audiencia de tutela como uno de los principales aportes del nuevo sistema procesal, y sirve para la protección efectiva de los derechos que se encuentran recogidos taxativamente en el artículo 71 del NP. Son los siguientes: (i) conocimiento de los cargos incriminados; (ii) conocimiento de las causas de la detención; (iii) entrega de la orden de detención girada; (iv) designación de la persona o institución a la que debe avisarse de la detención y concreción inmediata de esto; (v) posibilidad de realizar una llamada, en caso se encuentre detenido; (vi) defensa permanente por un abogado; (vii) posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado; (viii) abstención de declarar o declaración voluntaria; (ix) presencia de abogado defensor en la declaración y en todas las diligencias que requieran su concurso; (x) no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad, ni ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren la libre voluntad; (xi) no sufrir restricciones ilegales; y (xii) ser examinado por un médico legista o por otro profesional de la Salud, cuando el estado de salud así lo requiera. La finalidad esencial de la audiencia de tutela es, entonces, la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el juez de la investigación preparatoria se erige en un juez de garantías durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71 del NP, responsabilizando al fiscal o a la policía del agravio. En otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el juez determine, desde la instancia y 341

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actuación de las partes, la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva –que ponga fin al agravio–, reparadora –que lo repare, por ejemplo, subsanando una omisión– o protectora. Un aspecto vital que es de destacar es que la tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del statu quo de los derechos vulnerados, que encuentra una regulación expresa en el NP, y que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción –ya consumada– de los derechos que asiste al imputado. Como puede apreciarse, es un mecanismo o instrumento procesal que se constituye en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar con mayor eficiencia y eficacia que un proceso constitucional de hábeas corpus(122). Por otro lado, la Corte Suprema destaca que la tutela de derechos constituye uno de los principales mecanismos para realizar el control de legalidad de la función del fiscal, quien deberá conducir y desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales podrá ser controlado por el juez de la investigación preparatoria. Queda claro entonces que en el nuevo modelo procesal penal es fundamental la idea de control en el ejercicio del ius puniendi estatal. En otro ámbito, el NP ha establecido en varios casos mecanismos específicos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede con las audiencias de control del plazo de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada (artículos 334.1, 343.2) o con aquella que sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas (artículo 231.3). En tales casos, la Corte Suprema reconoce que aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneran derechos fundamentales constitucionales, pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia

(122) ALVA, César. La tutela de derechos en el Código Procesal Penal de 2004. Gaceta Jurídica, Lima, 2004, p. 13.

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de tutela. Por ello, no es errado afirmar que la audiencia de tutela es residual, esto es, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación por un derecho afectado. En esa misma línea, no podrá cuestionarse a través de la tutela la inisión de diligencias sumariales solicitadas por la defensa durante la investigación, pues, para este efecto rige lo dispuesto en el artículo 337.4 del NP. En cuanto al trámite de la tutela de derechos, una vez formulada la tutela el juez de la investigación preparatoria está obligado a convocar a audiencia de tutela. No obstante, debe de realizar una calificación del contenido de la solicitud porque eventualmente el agravio puede constituirse en irreparable si se cita a audiencia, por lo que en este caso excepcionalmente puede resolver de manera directa y sin audiencia. Asimismo, no está obligado a convocar a audiencia de tutela en los casos que aprecie manifiesta intención del imputado o de su abogado defensor de obstruir la labor de investigación de la fiscalía en vez de debatir sobre la existencia de un agravio de derechos. Sin embargo, la Corte Suprema afirma que el juez se encuentra habilitado para realizar un control de isibilidad de la petición respectiva y, en su caso, disponer el rechazo liminar, cuidando siempre de verificar cada caso en particular para no dejar en indefensión al imputado. Por otro lado, si bien los actos de investigación realizados por el Ministerio Público gozan de amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución del delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad. Es decir, estos actos de investigación podrán quedar viciados o excluidos, según el caso, si se vulneraron derechos fundamentales que se encuentran recogidos en el artículo 71 del NP, esto es, si por ejemplo se efectuó su detención sin haberle puesto en conocimiento al imputado de los derechos fundamentales que le asisten, por lo que el juez en audiencia de tutela dictará las medidas que correspondan de acuerdo a ley. Una de las cuestiones más polémicas y discutibles del Acuerdo Plenario Nº 4-2010/CJ-116 tiene que ver con la afirmación de la posibilidad de solicitar en vía de tutela la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente –en los casos en los que esta sea la base de sucesivas 343

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medidas o diligencias– siempre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que ver con la afectación o vulneración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el artículo 71 del NP. La posibilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente deriva del reconocimiento del principio de legitimidad de la prueba –axioma que instruye que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, y que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona– que se encuentra establecido en el artículo VIII del Título Preliminar del NP y de la utilización de la prueba –regulado en el artículo 159 del acotado Código– que establece que el juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Para la Corte Suprema, lo anotado hace viable que en la audiencia de tutela se cuestionen los elementos probatorios obtenidos mediante procedimientos ilegales o viciosos y que una vez comprobada su ilicitud el juez determine su exclusión, como medida correctiva o de protección. Sobre este punto formulamos una discrepancia que tiene que ver con la oportunidad para la isión de pruebas y la aplicación de la regla de exclusión de la prueba ilícita, pues atendiendo a la estructura del proceso y a las propias reglas sobre isión de medios probatorios, se verá que la exclusión de la prueba ilícita ocurre en la audiencia de control de acusación, donde el juez evaluará la pertinencia, utilidad, conducencia y la legalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, y, finalmente, se decidirá la isión o inisión de los medios probatorios. Con esta afirmación no queremos afirmar que la parte imputada tenga que abstenerse de formular la tutela o que juez tenga que reservar la incidencia hasta la audiencia de control de acusación, sino que de darse este caso, el juez tramite como corresponde la tutela y luego de la audiencia resuelva lo que es objeto de tutela, es decir, declararla fundada o infundada, y decretará las medidas de corrección que correspondan, sin llegar a la aplicación de la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, porque ello supone declarar por no itido un medio probatorio, ello carece aun 344

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de sentido en este estado del procedimiento, porque no se puede declarar inisible un medio probatorio que aún no ha sido ofrecido como tal. Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente acuerdo es el relativo al cuestionamiento de la disposición de formalización de la investigación preparatoria a través de la audiencia de tutela, es decir, sí es posible activar –desde la defensa– una vía de control judicial de la referida disposición fiscal. Sobre el particular y, en principio, debemos descartar esta posibilidad, fundamentalmente porque, como se ha enfatizado, la vía de la tutela solo está habilitada para aquellos casos en los que se vulnere algunos de los derechos esenciales asociados en términos amplios a la defensa. Por lo demás debe quedar claro que la disposición en cuestión es una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el juez de la investigación preparatoria, porque cumple una función esencialmente garantista: informa al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica, esto es, el contenido de la imputación jurídico-penal que se dirige en su contra. Además, ya en el proceso formalmente iniciado, las partes pueden hacer uso de los medios de defensa técnico para evitar un proceso en el que no se haya verificado los presupuestos esenciales de imputación. Piénsese, por ejemplo, en la declaración de atipicidad a través de la excepción de improcedencia de la acción o en la de prescripción ordinaria, si es que antes de la formalización de la investigación preparatoria se cumplió el plazo correspondiente. En síntesis, es de afirmar, que la tutela de derechos es una garantía de específica relevancia procesal penal, que puede usar el imputado cuando ve afectado y vulnerado uno o varios derechos establecidos específicamente en el artículo 71 del NP, quien puede acudir al juez de la investigación preparatoria para que controle judicialmente la legitimidad y legalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público y repare, de ser el caso, las acciones u omisiones que generaron el quebrantamiento del derecho de las partes procesales. Finalmente, en cuanto a la oportunidad, la Corte Suprema ha señalado que la vía de tutela judicial solo podrá hacerse efectiva durante las

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diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha. X. MEDIOS DE DEFENSA TÉCNICOS El Derecho Procesal Penal tiene por finalidad instituir los parámetros del procedimiento que sirve para establecer si es necesario hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado. Esto ocurre porque entre el delito y la consecuencia jurídica –que puede ser la pena o una medida de seguridad–, existe un paso previo por recorrer, al que se le denomina proceso penal. En un Estado de derecho, el proceso penal debe estar provisto de una serie de principios y derechos que garanticen la seguridad jurídica y la racionalidad el sistema penal en sus procesos de criminalización. En este contexto, el juicio previo y la presunción de inocencia se presentan como dos principios fundamentales, pues a partir de ellos se establece que el proceso penal es el único medio con que cuenta el Estado para tratar de establecer si se ha producido la comisión de un delito y sobre quién recae la responsabilidad del mismo. En tal sentido, corresponde al Derecho Procesal Penal proveer de todo lo necesario para garantizar la presunción de inocencia y los demás derechos del procesado, y así tratar de disminuir al máximo el efecto deteriorante que para el procesado significa afrontar un proceso penal; pues, sin necesidad de que se recurra a las medidas coercitivas más severas, el proceso siempre restringe derechos fundamentales, somete al procesado a una dosis de estrés e incertidumbre; le genera gastos para ejercitar su defensa y finalmente afecta su imagen en la sociedad. Ante la carga negativa que implica el sometimiento de un sujeto a un proceso penal, existe la necesidad de que el Derecho Procesal Penal precise una serie de condiciones para dar inicio al proceso penal, a fin de restringir al máximo las posibilidades de abrir procesos penales (necesidad de proceso); asimismo, se genera la necesidad de implementar mecanismos de culminación rápida del proceso cuando no existe justificación para que se desarrolle un proceso o cuando tal justificación se desvanece.

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Por ello, el artículo 336 del NP establece como condiciones para la formalización de investigación preparatoria que el hecho constituya delito, que la acción penal no haya prescrito, que se haya individualizado al imputado y que se haya satisfecho el requisito de procedibilidad, si así lo establece la ley; de tal forma que la inobservancia de estas exigencias acarrea consecuencias que afectan el desarrollo del proceso. En ese sentido, luego de promovida la acción penal, el imputado en razón del derecho de defensa irrestricto que le asiste, conforme al artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Estado, está facultado a contradecir la acción, sea por defecto de procedibilidad, sea porque el hecho imputado no constituye delito o en virtud de que la acción ya ha prescrito; este derecho de contradicción tiene por objeto impedir el nacimiento de una relación jurídica inválida. En conclusión, se puede decir que los medios de defensa técnicos son por sí mismos obstáculos procesales que se dirigen a declarar la inobservancia de requisitos formales y de fondo vinculados al ejercicio de la acción penal, que en determinados casos dilatan la sustanciación del proceso penal, y en otros casos evitando su pronunciamiento sobre el fondo(123). 1. Cuestión previa Dentro de las condiciones que contempla el artículo 336 del NP para la formalización de investigación preparatoria, se señala que se haya satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la ley, y ante su inobservancia por parte del fiscal debe existir algún mecanismo procesal que posibilite retrotraer el proceso y dejar sin efecto la disposición de promoción de la acción penal. En efecto, el NP ha establecido que ante la inobservancia de un requisito de procedibilidad previsto por la ley, procede formular la denominada “cuestión previa”, la que se encuentra desarrollada en el artículo 4 del NP.

(123) PEÑA CABRERA, Alonso. Exégesis del nuevo Código Procesal Penal. Rhodas, Lima, 2006, p. 178.

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Según la norma antes citada la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley; de forma tal que si el órgano jurisdiccional la declara fundada se anulara todo lo actuado. Si el requisito omitido es posteriormente satisfecho, la investigación preparatoria podría reiniciarse. Atendiendo a lo prescrito por el artículo 7 del NP, la cuestión previa se puede formular a partir de la formalización de investigación preparatoria e incluso podría plantearse en la etapa intermedia cuando se absuelve el traslado de la acusación; sin embargo, es preciso preguntarse si podría ampararse una cuestión previa luego de emitido el auto de enjuiciamiento. La problemática planteada debe resolverse atendiendo a la naturaleza y finalidad de la cuestión previa, que tiende a la observancia de requisitos de procedibilidad expresamente señalados en la norma, que son de cumplimiento obligatorio y que no pueden soslayarse por razones de caducidad o preclusión. Por ello, aplicando una interpretación teleológica –atendiendo a la finalidad de la cuestión previa–, debe entenderse que las cuestiones previas podrían declararse en cualquier estado del proceso; sin embargo, debe dejarse en claro también que estas no pueden plantearse o deducirse en cualquier estado del proceso, pues si realizamos una interpretación lógica –atendiendo al sentido lógico de los conceptos empleados en la norma–, debemos distinguir los conceptos que aparecen en la descripción del referido artículo 7. Así tenemos que en el inciso 1 se alude al concepto “plantean” y en el inciso 2 se alude al concepto “deducir”, siendo que para el caso ambos conceptos se emplean como sinónimos, y respecto a la acción de plantear o deducir la norma la restringe o limita hasta la etapa intermedia; sin embargo, cuando en el inciso 3 del artículo 7 se prescribe que los medios de defensa pueden resolverse de oficio, ello abre la posibilidad para que el juez los pueda declarar en cualquier estado del proceso. 2. Cuestiones prejudiciales La cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pese a que fuere necesaria en vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. 348

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El supuesto de hecho de la cuestión prejudicial supone la existencia de un proceso extrapenal en el que se debate un objeto de prueba que incide en algunos de los elementos del tipo penal materia de formalización de investigación preparatoria; por ello si el juez la declara fundada, la investigación preparatoria se suspende hasta que en la otra vía se emita una resolución firme; siendo que esta decisión beneficia a todos los imputados que se encuentren en igual situación jurídica, aun cuando no la hubieran invocado. De lo resuelto en la vía extrapenal dependerá la prosecución o el sobreseimiento definitivo de la causa. Por ejemplo, si el proceso penal se refiere al delito de bigamia y en un proceso extrapenal se está debatiendo la validez del primer matrimonio del imputado, procederá la cuestión prejudicial, se suspenderá el desarrollo del proceso penal hasta que en el proceso extrapenal se dilucide la validez del primer matrimonio del imputado, y en caso se declare la invalidez del primer matrimonio, se podrá decretar el sobreseimiento de la causa y en caso contrario se reanudará el proceso penal. El inciso 3 del artículo 5 del NP –referido a la cuestión prejudicial– establece que en caso de que el proceso extrapenal no haya sido promovido por la persona legitimada para hacerlo, se le notificará y requerirá para que lo haga en el plazo de 30 días. Si vencido dicho plazo no cumpliera con hacerlo el fiscal provincial en lo civil deberá promoverlo. De conformidad con el artículo 7 del NP, la cuestión prejudicial puede plantearse una vez que el fiscal haya decidido continuar con la investigación preparatoria, y se resolverá necesariamente antes de culminar la etapa intermedia. Respecto a la posibilidad de plantear la cuestión prejudicial durante la etapa intermedia existe cierta contradicción entre lo previsto por el artículo 77 inciso 2 y el artículo 350 inciso 1 literal b) del NP, pues mientras esta última norma contempla la posibilidad de deducir excepciones y otros medios de defensa al absolverse el traslado de la acusación, el inciso 2 del artículo 7 restringe esa posibilidad únicamente a la cuestión previa y a las excepciones; sin embargo atendiendo al principio de prevalencia de las normas del Título Preliminar previsto en el artículo X 349

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del NP resulta aplicable lo previsto en el artículo VII inciso 3 del NP en cuanto señala la prohibición de la interpretación extensiva o analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos, y asimismo el inciso 4 de la misma norma en cuanto establece que en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable, debe estarse a lo más favorable al reo; en mérito de todo ello debe entenderse que resulta viable deducir la cuestión prejudicial al absolverse el traslado de la acusación, porque esta interpretación extensiva es la más favorable al procesado. 3. Excepciones Dentro de los mecanismos que el Derecho Procesal ha diseñado para que el imputado se deshaga rápidamente del proceso sin necesidad de llegar hasta la sentencia, destacan las excepciones. De conformidad con lo prescrito por el artículo 6 del NP, las excepciones que pueden deducirse son las siguientes: a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley. b) Improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona. d) Amnistía. e) Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena. En la doctrina del Derecho Procesal Penal se distinguen dos clases de excepciones: las perentorias y las dilatorias, las primeras que pueden poner fin al proceso penal y las segundas que solo retrasan el desarrollo del procedimiento; por ello el inciso 2 del artículo 6 del NP prescribe que en caso se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite reconocido en el auto que la resuelva (excepción dilatoria). Si se declara fundada cualquiera de las excepciones 350

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previstas en los cuatro últimos literales, el proceso será sobreseído definitivamente (excepciones perentorias). El artículo 6 inciso 1, parágrafo b, del NP de 2004 prescribe la excepción de improcedencia de acción que, desde su denominación, ya es mucho más reveladora del significado y función que le corresponde cumplir a este medio de defensa en el proceso penal, puesto que una exigencia para la formalización de la investigación preparatoria es que el hecho denunciado constituya delito y que sea justificable penalmente conforme lo establece el artículo 336 del NP ya que, de no serlo, el ejercicio de la acción penal no sería procedente y el fiscal debería disponer el no ha lugar a formalizar la investigación preparatoria, conforme lo prescribe el artículo 334 del mismo texto normativo. Si en un determinado proceso penal, a pesar de las exigencias antes indicadas, el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria y promueve una acción penal improcedente, el procesado podría oponerse a ella mediante la excepción de improcedencia de acción. En resumen, la excepción de improcedencia de acción constituye un medio técnico de defensa que se puede deducir cuando la acción penal se ha ejercitado pese a que no era procedente hacerlo, porque el hecho denunciado no es constitutivo de delito o no es justificable penalmente. Los presupuestos para deducir este medio de defensa son prácticamente los mismos que se habían previsto para deducir la excepción de naturaleza de acción, pues los requisitos sustantivos son: a) que el hecho denunciado no constituya delitos, o b) que el hecho denunciado no sea justificable penalmente. Para un sector importante de la doctrina, la excepción de improcedencia de acción opera solo cuando el hecho imputado es atípico, y en mérito a ello, muchos abogados y jueces suelen utilizar este medio de defensa, ante supuestos de atipicidad relativa, es decir, aduciendo que el hecho imputado no encuadra en el tipo penal invocado en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria; sin embargo, tal apreciación de la excepción de improcedencia de acción es equivocada por dos motivos.

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Primero, porque el fundamento de la excepción de improcedencia de acción se encuentra en el principio de legalidad previsto en el artículo 2 inciso 24 literal d) de la Constitución en cuanto prescribe que: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”; en tal sentido, si el hecho imputado –hecho descrito en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria– no encuadra en ningún tipo penal (supuesto de atipicidad absoluta) debe ampararse la excepción, ya que nadie debe ser procesado por un hecho que no constituye delito; pero si el hecho imputado no encuadra en el tipo penal invocado en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, pero sí es un hecho típico porque encuadra en otro tipo penal no invocado, no puede ampararse la excepción. El investigado sí puede ser procesado porque el hecho, definitiva, sí constituye delito.

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Segundo, porque existe la posibilidad de que el fiscal cambie la calificación jurídica del hecho, ya sea durante la investigación preparatoria, al momento de formular la acusación (artículo 349 inciso 2 del NP) e incluso durante el desarrollo del juicio, conforme lo establece el artículo 374 del NP.

De lo anterior concluimos que la excepción de improcedencia de acción opera ante supuestos de atipicidad absoluta, pero consideramos la atipicidad objetiva no es el único supuesto que puede dar lugar a esta excepción. En este sentido, el profesor Oré Guardia(124) refiere que esta excepción se funda en la alegación de que los hechos incriminados no constituyen delito, pero puntualiza que en un concepto lato de inexistencia de un delito puede abarcar no solo la ausencia de tipicidad, que es la alegación más corriente en nuestro medio, sino también el carácter antijurídico del hecho denunciado, la inocencia del inculpado o la existencia de causas justificatorias.

(124) ORÉ, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Alternativas, Lima, 1996, p. 467.

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Que, en nuestro Derecho Penal, las causas para que un hecho no constituya delito o no sea justiciable son varias, y dentro de ellas se pueden destacar: las causas de atipicidad (objetiva y subjetiva)(125), las causas de justificación y las causas de exculpación; todas ellas previstas en la parte general del Código Penal (artículos: 14, 20, 25, etc.). Desde mi punto de vista, dada la formulación legal de la excepción, es inevitable concluir que esta excepción se puede deducir y declararse procedente por razones de atipicidad, de causas de justificación o de causas de exculpación, con una salvedad de naturaleza procesal, que tiene que ver con la concurrencia de otro presupuesto que se desarrolla a continuación(126). A los requisitos sustantivos es necesario agregar el requisito procesal de la evidencia de tales presupuestos, pues no existe ninguna razón para que un pronunciamiento que requiere una base probatoria se realice antes de emitirse la sentencia; por ello, debe tenerse presente la formulación de esta excepción en el proceso penal genera una discusión de puro derecho, que no se fundamenta en pruebas, sino en cuestiones puramente normativas. En cuanto a la oportunidad, el artículo 7 del NP establece tres posibilidades: a) la primera, que se formule una vez que el fiscal formaliza la investigación preparatoria ya antes de la formulación de la acusación fiscal; b) la segunda que se formulen durante la etapa intermedia del proceso penal, una vez que se corra traslado de la acusación del fiscal para el trámite de control de la acusación (artículo 350 del NP); y c) la tercera, que la excepción sea resuelta de oficio. En el primer supuesto, el juez de la investigación preparatoria, ante quien se deduce la excepción, recaba la información correspondiente del proceso y, luego de notificar la isión de la excepción dentro del tercer día, señalará fecha para la realización de la audiencia, que se

(125) Cfr. PLENO JURISDICCIONAL PENAL DE 1997, donde se acuerda que incluso: “La ausencia del dolo o de otros elementos subjetivos distintos del dolo es una causa para declarar fundada una excepción de naturaleza de acción”. (126) ARANA, William. “De la excepción de naturaleza de acción a la excepción de improcedencia de acción en el proceso penal peruano”. En: Actualidad Jurídica. Tomo 152, Gaceta Jurídica, Lima, 1996, p. 129.

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realizará con quienes concurran, pero con asistencia obligatoria del fiscal, quien exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el juez en ese acto. Instalada la audiencia, el juez de la investigación preparatoria escuchara por su orden al abogado que propuso la excepción, luego al fiscal, el abogado del actor civil y al tercero civil e incluso al imputado si es que asiste luego, el juez resolverá inmediatamente o después de dos días de celebrada la vista, pudiendo retener el expediente fiscal hasta por 24 horas para resolver el medio de defensa, que tendrá que hacerse mediante auto debidamente motivado. Contra este auto procede recurso de apelación. En el segundo caso, la excepción se resolverá en la audiencia preliminar de control de la acusación, donde el juez de la investigación preparatoria emitirá la resolución correspondiente, contra la que se podrá interponer recurso de apelación sin efectos suspensivos sobre el proceso. En el tercer supuesto, la excepción podrá declararse de oficio, lo que podrá ocurrir una vez formalizada la investigación preparatoria y hasta la conclusión del proceso con la sentencia. Las excepciones deducidas a favor de uno de los imputados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica. Contra el auto expedido por el juez de la investigación preparatoria procede recurso de apelación. Concedido el recurso de apelación, dicho juez dispondrá, antes de la elevación del recurso a la Sala Penal Superior, que dentro del quinto día se agreguen a los actuados formados en sede judicial las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. Si transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias correspondientes, el juez inmediatamente elevará los actuados a la Sala Penal Superior, la que sin perjuicio de poner este hecho en conocimiento del fiscal superior instará al fiscal provincial para que complete el cuaderno de apelación. Por otro lado, el establecimiento del trámite inmediato de las excepciones permite avizorar que los abogados ya no utilizarán la excepción de improcedencia de acción para dilatar los procesos, sino más bien la plantearán siempre que sea útil desde la perspectiva de la teoría del caso. 354

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En cuanto al problema del desconocimiento de las nuevas concepciones de la dogmática penal de orientación normativa, es necesario precisar con satisfacción que coincidentemente con la formulación del NP 2004, e incluso antes de su promulgación, se viene gestando un importante movimiento normativista en la dogmática penal peruana, al punto que tales planteamientos empiezan a repercutir en las resoluciones judiciales, donde se han expedido algunas resoluciones que evidencian la aplicación de los novedosos criterios de imputación objetiva e imputación subjetiva. XI. CONSTITUCIÓN E INCORPORACIÓN DE SUJETOS PROCESALES 1. Constitución de actor civil El NP de 2004 establece que el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito; además, estipula que si este último se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso: artículo 11, apartado 1), del citado Código adjetivo. En tal virtud, la participación del Ministerio Público será por sustitución, esto es, representa un interés privado. Por ello, su intervención cesa definitivamente cuando el actor civil se apersona al proceso. Según el Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116 el actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del proceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños producidos por la comisión del delito, siendo titular, frente al responsable civil, de un derecho de crédito, bien a título de culpa, o bien por la simple existencia de una responsabilidad objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de un delito. Dicho de otro modo, en palabras de San Martín Castro, se define al actor civil como aquella persona que puede ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir, quien directamente ha sufrido un daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en el

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proceso penal una pretensión patrimonial que trae a causa de la comisión de un delito. El artículo 98 del NP prevé la constitución del actor civil y sus derechos. Esta institución está regulada en la Sección IV “El Ministerio Público y los demás sujetos procesales”, Título IV “La Víctima”, Capítulo II “El Actor Civil” del Libro Primero “Disposiciones Generales”. La referida norma prescribe que: “La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito”. El citado artículo 98 del NP establece como premisa inicial que el actor civil es el titular de la acción reparatoria, y luego precisa que esta acción solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado del delito, es decir, el agraviado o víctima del delito. De conformidad con el artículo 94 del NP, se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la Ley designe. En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrán tal condición los establecidos en el orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código Civil. También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados o , respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, istran o controlan. Las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas, o en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú, podrán ejercer los derechos y facultades atribuidas a las personas directamente ofendidas por el delito, siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente con esos intereses y haya sido reconocida e inscrita con anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento. Ahora bien, para poder constituirse en actor civil, el agraviado que actúa procesalmente para hacer valer su derecho a la reparación civil por

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el daño causado con el delito, debe reunir los requisitos puntualizados en el artículo 100 del NP; es decir: La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante el juez de la investigación preparatoria. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inisibilidad: -

Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal.

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La indicación del nombre del imputado y, en su caso, el tercero civilmente responsable, contra quien se va a proceder.

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El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión.

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La prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98.

Como se advierte del parágrafo precedente, si bien se está frente a una pretensión de índole resarcitoria, la ley procesal exige que el perjudicado –que ejerce su derecho de acción civil– precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva que individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Con esta medida la norma procesal persigue dar solución a un problema sumamente grave en nuestro ordenamiento judicial, pues con el transcurrir del tiempo la práctica tribunalicia revela que los montos dinerarios que se establecen por concepto de reparación civil en sede penal son relativamente menores y no guardan relación ni proporción con el hecho que forma parte del objeto procesal. En cuanto a la oportunidad para constituirse en actor civil. El artículo 101 del NP expresa que la constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. En este punto lo que cabe dilucidar es si la petición de constitución en actor civil puede hacerse en la fase de diligencias preliminares –que integra la investigación preparatoria–, o si resulta necesario que se haya formalizado la continuación de la investigación preparatoria. 357

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Al respecto, en el fundamento 17 del Acuerdo Plenario N° 5-2011/ CJ-116 se descarta la primera posibilidad porque al momento que se vienen realizando las diligencias preliminares el Ministerio Público aún no ha formulado la inculpación formal a través de la respectiva disposición fiscal; esto es, no ha promovido la acción penal ante el órgano jurisdiccional, por lo que mal podría acumularse a ella una pretensión resarcitoria en ausencia de un objeto penal formalmente configurado. Por lo demás, debe quedar claro que con la formalización de la investigación preparatoria el fiscal recién ejerce la acción penal, acto de postulación que luego de ser notificado al juez de la investigación preparatoria (artículos 3 y 336.3 del NP) permite el planteamiento del objeto civil al proceso penal incoado. En lo que respecta al trámite jurisdiccional para la constitución en actor civil del perjudicado por el hecho punible, el artículo 102 del Código Procesal establece que: “El juez de la investigación preparatoria, una vez que ha recabado información del fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en actor civil resolverá dentro del tercer día; sin embargo, la misma norma prescribe que rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, el artículo 8”. Lo más importante, además del trámite previsto en el referido artículo 102 del aludido Código que establece la obligación del juez de recabar información de los sujetos procesales apersonados y correr traslado de la petición, a fin de resolver dentro del tercer día, es el hecho de analizar si este procedimiento de constitución en actor civil debe hacerse obligatoriamente con la celebración de audiencia. Con relación a este tema en el fundamento 19 del Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116 se afirma que una lectura asistemática del artículo 102, apartado 1), del NP puede sugerir a algunas personas que el juez dictará la resolución sin otro trámite que el haber recabado la información y la notificación de la solicitud de constitución en actor civil. Empero, el segundo apartado del indicado artículo precisa que a efectos del trámite rige lo dispuesto en el artículo 8 –se trata, como es obvio, de una clara norma de remisión–. Esta última disposición estatuye que el procedimiento requiere como acto procesal central que el juez lleve a cabo una audiencia con la intervención obligatoria del fiscal y, debe entenderse así, con la participación facultativa de las otras 358

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partes procesales. No es el caso, por ejemplo, del artículo 15.2.c) del NP, que autoriza al juez, bajo la expresión: “(…) de ser el caso”, resolver un incidente procesal determinado solo si se producen determinados presupuestos. Resulta entonces que el trámite de la constitución en actor civil tendría que realizarse necesariamente mediante audiencia, en cumplimiento de los principios procedimentales de oralidad y publicidad, y el principio procesal de contradicción establecidos en el artículo I.2 del Título Preliminar del NP. Debe entenderse, desde esta perspectiva, que el plazo de tres días fijado en el artículo 202.1 de la Ley Procesal Penal se refiere al paso de expedición de la resolución correspondiente –que en el caso del artículo 8 es de dos días de celebrada la audiencia como plazo máximo–, pero esta debe proferirse, como paso posterior, de la realización de la audiencia. Por consiguiente, no es posible deducir de la ley que la audiencia solo se llevará a cabo ante la oposición de una parte procesal, pues tal posibilidad no está reconocida por el NP y sería contraria al principio de legalidad procesal. No obstante ello, la vulneración del derecho objetivo no necesariamente produce nulidad de actuaciones, pues esta tiene como presupuestos no solo la vulneración de la ley, sino principalmente la generación de una indefensión material a las partes procesales o la absoluta desnaturalización del procedimiento lesiva a los principios y garantías que le son propios e insustituibles. La nulidad, pues, está condicionada a las infracciones de relevancia constitucional que se anotan. La importancia de la constitución en actor civil se relaciona con los derechos o atribuciones procesales que se le adicionan al agraviado constituido en actor civil; pues mientras el agraviado tan solo tiene derecho a ser informado de sus derechos y del desarrollo del proceso, a ser escuchado, a recibir trato digno, a ser protegido, a impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, y además de tener la condición de testigo para el juicio oral; el actor civil tiene la posibilidad de deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar de actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer recursos impugnatorios, y contribuir con esclarecer el hecho, 359

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la participación y el daño a reparar, mas no tiene facultades para pedir sanción o alegar respecto de ella. 2. Incorporación del tercero civil El artículo 111 del NP prescribe que las personas que conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito, podrán ser incorporadas como parte en el proceso penal a solicitud del Ministerio Público o del actor civil. La solicitud deberá ser formulada al juez en la forma y oportunidad prevista en los artículos 100 - 102, con indicación del nombre y domicilio del emplazado y su vínculo jurídico con el imputado. El trámite en sede judicial para la constitución en parte del tercero civil será el previsto –en lo pertinente– en el artículo 102, es decir, el trámite que se sigue para la constitución del actor civil. Si el juez considera procedente el pedido, mandará notificar al tercero civil para que intervenga en el proceso, con copia del requerimiento. También dará inmediato conocimiento al Ministerio Público, acompañando el cuaderno, para que le otorgue la intervención correspondiente. Según el inciso 3 del artículo 112 del NP, solo es apelable la resolución que deniega la constitución del tercero civilmente responsable, pero no la resolución que incorpora al tercero civil. El artículo 113 del NP regula los derechos y garantías del tercero civil, los que se resumen a continuación:

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El tercero civil, en lo concerniente a la defensa de sus intereses patrimoniales, goza de todos los derechos y garantías que este Código concede al imputado.

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Su rebeldía o falta de apersonamiento, luego de haber sido incorporado como parte y debidamente notificado, no obstaculiza el trámite del proceso, quedando obligado a los efectos indemnizatorios que le señale la sentencia.

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El asegurador podrá ser llamado como tercero civilmente responsable, si este ha sido contratado para responder por la responsabilidad civil.

3. Incorporación de las personas jurídicas En el Derecho Penal se desarrollan diferentes consecuencias jurídicas del delito, pues además de la pena –que se aplica atendiendo a la responsabilidad del sujeto agente– y la medida de seguridad –que se aplica atendiendo al interés público por la preligrosidad del sujeto–, se regulan consecuencias económicas como la reparación civil, las consecuencias rias y la consecuencias contra personas jurídicas. Hasta aquí ya hemos revisado las medidas y normas que tienden a asegurar la eventual imposición de la pena, la reparación civil y las consecuencias rias; sin embargo, ante la existencia de consecuencias dirigidas contra personas jurídicas, es importante que el Derecho Procesal Penal también genere condiciones para su aplicación, y ello supone permitir que la persona jurídica pueda tener participación en un proceso del que podrían derivar consecuencias contra ella. En este sentido, el Acuerdo Plenario Nº 7-2009/CJ-116 regula lo referente a las personas jurídicas y consecuencias rias, y específicamente en el numeral 21 se precisan los aspectos específicos vinculados con la capacidad procesal, los derechos y garantías reconocidos a las personas jurídicas, así como sobre la actividad procesal que estas pueden desplegar. El artículo 90 del NP prescribe que las personas jurídicas deberán ser emplazadas e incorporadas al proceso a instancia del fiscal, siempre que sean pasibles de imponérseles las consecuencias rias previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal. El artículo 91 del NP regula que es requisito para que el fiscal requiera el emplazamiento e incorporación al proceso de la persona jurídica que, de conformidad con el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, se haya comunicado al juez de la investigación preparatoria su decisión formal de continuar con la investigación preparatoria. 361

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El artículo 92 del NP establece que una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso, se requerirá a su órgano social para que en el plazo de cinco días designe un apoderado judicial, quien no podrá ser de ningún modo una persona natural que se encuentre imputada por los mismos hechos. En caso de no hacerlo, el juez de la investigación preparatoria lo designará. En cuanto a la oportunidad para formular el requerimiento de incorporación de la persona jurídica, el artículo 91 del NP prescribe que el requerimiento del fiscal se producirá una vez cumplido el trámite estipulado en el artículo 3 del mismo código, es decir, una vez que el Ministerio Público comunica al juez de la investigación preparatoria que ha emitido la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria y hasta antes de darse por concluida la investigación preparatoria. Será necesario que se indique la identificación y el domicilio de la persona jurídica, la relación sucinta de los hechos en que se funda el petitorio y la fundamentación legal correspondiente. Luego, el trámite que seguirá el juez penal para resolver el pedido será el estipulado en el artículo 8, es decir, que este tema se resuelve por audiencia con la activa intervención de la persona jurídica emplazada. La norma antes aludida no establece un plazo para emitir la resolución de incorporación de la persona jurídica; sin embargo, en el Expediente Nº 05573-2011-8-1601-JR-PE-05 la Primera Sala Penal de Apelaciones de Trujillo, por mayoría resolvió revocar el auto de fecha 19 de marzo del año 2013 que declaró fundado el requerimiento fiscal de incorporación al proceso de persona jurídica, y reformándolo declaró infundado dicho requerimiento. La referida resolución de la Sala de Apelaciones constituye una decisión desacertada, pues en su argumentación no se encuentra ningún fundamento que informe respecto a la existencia de algún defecto o error –sustancial o formal– del requerimiento fiscal que indefectiblemente nos conduzca a declararlo infundado. Lo que acabamos de afirmar es precisamente lo que ha ocurrido en el presente caso, pues la demora en la tramitación del requerimiento del Ministerio Público por razones ajenas a él, de ninguna manera puede ser el fundamento para declararlo infundado; en consecuencia se evidencia 362

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que la Sala de Apelaciones ha afectado gravemente el principio constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva que también atañe al Ministerio Público, porque ni siquiera se han evaluado las alegaciones y fundamentos del Ministerio Público; pero además se ha emitido una resolución arbitraria por dos razones que explicamos a continuación. Primero, porque si a la Sala de Apelaciones le preocupaba el derecho de la persona jurídica para ofrecer actos de investigación, debió fijar las condiciones necesarias para que ello ocurra, pues pudo dar o fijar un plazo extraordinario de investigación, exclusivamente para que la persona jurídica pueda ofrecer actos de investigación; pero de ninguna manera rechazar y declarar infundada la pretensión del Ministerio Público, sin motivación alguna. Segundo, porque la decisión de la Sala de Apelaciones sorprendentemente cambia el sentido de las normas jurídicas aplicables a la incorporación de personas jurídicas, pues si bien el inciso 1 del artículo 323 del NP prescribe que durante la investigación preparatoria el juez de la investigación preparatoria puede realizar los actos procesales que expresamente establece el Código y luego en el inciso 2 de la misma norma establece que el juez está facultado para autorizar la constitución de las partes; ello de ninguna manera quiere decir, que este juez no pueda realizar actos procesales antes de la formalización de la investigación preparatoria o durante la etapa intermedia, incluyendo las facultades que se describen en el inciso 2 del mismo artículo 323, pues algunas de estas atribuciones se pueden realizar durante las diligencias preliminares –como la imposición de medidas limitativas de derechos previstas en el literal b) o controlar el cumplimiento de plazos del literal e)–, o en la etapa intermedia, como ocurre con los medios de defensa técnicos descritos en el literal c) o incluso autorizar la constitución de partes del literal a), como ocurre en los procesos en los que se emite la acusación directa.

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MODELOS •

Disposición de archivo liminar

CASO SIAFT: 2306014502-2012-2289-0 FISCAL RESPONSABLE: DRA. BURGOS VILLARREAL NO FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y ARCHIVO DISPOSICIÓN Nº 01-2012 Trujillo, trece de agosto del del año dos mil doce.- DADO CUENTA: Con el Oficio N° 311-2011-III-DTP-RPLL-DIVICAJ/ DEPOLFIS-ESTAFAS, a través del cual se remite la denuncia verbal por la presunta comisión del Delito de ESTAFA cometido por LIZÁRRAGA CHANG CRISTO y L.Q.R.R. en agravio de EUSEBIO HINOJOSA FIESTAS; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Estando a los actuados en la presente carpeta fiscal, se tiene que EUSEBIO HINOJOSA FIESTAS denuncia que el 24 de julio del año 2012, aproximadamente, a las 13.00 horas, personas desconocidas habrían llamado a su domicilio, siendo atendidos por su hijo Jorge Eusberto Hinojosa Gonzáles, a quien le informaron que necesitaban hablar con el agraviado, pues era urgente que este se comunicara con el Ministerio de Economía de Lima, proporcionándole para tales efectos los teléfonos de Nº 01-6814395 y 01-6813901. Es posteriormente, con fecha 27 de julio del año en curso, que el denunciante se habría comunicado con el número que le fuera proporcionado por los imputados, hablando con una persona de sexo masculino quien se identificó ante él como el Capitán PNP Gonzalo Espino Benavides, quien le informó que en la Oficina de Economía de la Policía Nacional del Perú existía un monto de dinero, destinado a su persona por la suma de treinta y dos mil novecientos ochenta nuevos soles (S/. 32,980); explicando al agraviado que como él no había presentado sus papeles de manera oportuna, se iba a devolver ese dinero al Tesoro Público, ya que ese mismo día se vencía el plazo para cobrarlo. Ante esto, el señor HINOJOSA FIESTAS pidió al “Capitán Espino” le proporcionara

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el nombre de la persona con la que debía hablar para que no depositen esa suma de dinero en el Tesoro Público, siendo en ese momento comunicado con una persona de sexo masculino que se identificó como el Coronel PNP Pablo Cárdenas Agreda, quien refirió al agraviado que desde el año 2010 hasta la fecha no le habían realizado unos descuentos por el monto de mil doscientos ocho y 50/100 nuevos soles (S/. 1208.50), cantidad esta que debía depositar en la cuenta 04-085-112375 a nombre de LIZÁRRAGA CHANG CRISTO, luego de lo cual debía comunicarse con él, siendo en este momento que le indicaría cuáles eran los documentos que debía presentar para que le hicieran entrega del dinero prometido. Es ante estas circunstancias que el agraviado realiza un depósito ante el Banco de la Nación por el monto que le fuera solicitado, luego de lo cual se habría comunicado con el supuesto Capitán, quien le especificó que debía remitir su resolución de pase al retiro, Declaración Jurada de la PNP, Certificado de Supervivencia y dos copias de su DNI para realizar sus trámites; siendo posteriormente que el hoy denunciante se habría enterado que todo se trataría de una estafa, esto al ser informado en la Oficina de la DIRTEPOL que no era necesario realizar ningún depósito de dinero para la realización de trámite alguno. Refiere también el señor Hinojosa que al tener conocimiento de esto intentó bloquear la cuenta, dándose con la sorpresa de que ya habían realizado el cobro del dinero. SEGUNDO.- Que, uno de los rasgos centrales que permite definir y comprender el funcionamiento de los sistemas penales contemporáneos es el carácter selectivo de los casos que se conocen y de los que pueden llegar hasta sus instancias finales, siendo las más importante de estas facultades la constituida por la posibilidad de archivar las denuncias, cuando en ellas no se aprecien antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, seleccionando aquellas denuncias que ofrezcan posibilidades para conducir a una investigación productiva, permitiéndose que en los casos que no ofrezcan estas perspectivas pueda evitarse desarrollar un proceso de investigación, por lo menos, mientras no surjan nuevos antecedentes que permitan generar un proceso de indagación y acumulación de medios de prueba. TERCERO.- Que, la conducta que se denuncia se configuraría como el Delito de Estafa previsto en el artículo 196 del Código Penal que prescribe: “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante

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engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”. Al respecto, debe indicarse que el Código Penal Peruano al regular el Delito de Estafa establece taxativamente como uno de los medios idóneos que puede utilizar el sujeto activo del delito para obtener la disposición patrimonial “el engaño”, en tal sentido, como lo señala León Alva: “(…) el engaño, se estatuye como un medio no violento del que se sirve el sujeto activo para viciar el consentimiento de la víctima o disponente mediante la desfiguración de la realidad, bien alegando hechos falsos u ocultando los verdaderos, en cualquier caso quebrantando la confianza del sujeto pasivo que cree razonablemente en la buena fe del autor. De la mano del desarrollo de los criterios de imputación objetiva la doctrina trata de conceptuar al engaño como la falta a la verdad en lo que se hace o dice de modo bastante para producir error e inducir al acto de disposición patrimonial. En este sentido que el tipo básico de estafa restringe el número de engaños típicos, exclusivamente, aquellos que sean ‘bastantes’ para producir error de otro. Lo que permite reconducir la capacidad de idoneidad del engaño a la exigencia de su adecuación; ‘solo al engaño que genere un riesgo jurídico-penalmente desaprobado de lesión del bien jurídico, esto es del patrimonio ajeno, le puede ser imputado el resultado posterior que, además, deberá ser, precisamente, la realización concreta de ese riesgo’” (“El engaño típico en el Delito de Estafa”. En: Actualidad Jurídica. Lima, Edición Gaceta Jurídica 2009, pp. 190198). En ese sentido, debe señalarse que se ha establecido dogmáticamente que el engaño que sirve para definir la tipicidad es aquel que viene determinado normativamente, el adecuado para generar el “error” en la psique del sujeto pasivo, en efecto, la capacidad del engaño para producir error depende de que la acción del autor comporte un riesgo típicamente relevante de producción del resultado de lesión del bien jurídico, por tanto, el engaño típico del artículo 196 del Código Penal se encuentra necesitado de una depuración normativa conforme a los postulados de la imputación objetiva; así, se ha puesto especial atención a la participación de la víctima en la perpetración del injusto, específicamente en su intervención en cuanto a la realización típica, que ha de procurarse el autor para lograr su propósito delictivo. En ese orden de ideas si la efectiva lesión del bien jurídico se produce por la asunción de un riesgo, al cual la víctima de forma voluntaria se sometió, no puede entonces formularse el juicio de imputación al tercero, por cuanto, solo

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ella, la víctima, será responsable por los defectos de su esfera de competencia organizativa. Como lo señala Peña Cabrera Freyre: “En una comunidad –jurídica y políticamente organizada–, los individuos –como sujetos libres y responsables–, han de conducirse en sociedad conforme a los roles que desempeñan, de acuerdo a sus ámbitos de organización, por lo tanto solo ellos pueden ser responsables de los defectos que puedan derivarse de dicha actuación y; si ellos no son diligentes, no son precavidos en los negocios y/o contratos que puedan gestionar con terceros, no puede esperar que el Estado, a partir de la violencia institucionalizada que significa el Derecho Penal, haya de reprimir esa clase de conductas. El engaño, por ende, determina un baremo generalizador, de que el hombre medio en la situación concreta, se haya comportado de cierta manera (…)” (Derecho Penal Parte Especial. Tomo II, 3ª Reimpresión, Editorial IDEMSA, Lima, setiembre 2010, p. 592). Siendo así, se puede establecer que no merece protección alguna del Derecho Penal, la víctima que no se comporta de modo responsable en el cuidado de sus bienes patrimoniales, que no despliega una mínima diligencia para protegerlos, por lo que, cuando el ciudadano se descuida de sus deberes de autoprotección no merece protección penal, dado que, la conducta del autor queda fuera del alcance del tipo cuando la víctima no se ha comportado conforme al principio de autorresponsabilidad y ello por cuanto, no constituye fin del tipo de la estafa evitar las lesiones patrimoniales fácilmente evitables por el titular del patrimonio que con una mínima diligencia hubiera evitado el menoscabo. CUARTO.- Que, de acuerdo a lo expuesto, en el presente caso se advierte que el denunciante señala que efectuó el depósito de mil doscientos ocho y 50/100 nuevos soles (S/. 1208.50) ante el requerimiento que le efectuara un supuesto miembro de la policía nacional del Perú, quien se comunicara con él tan solo de manera telefónica, siendo que supuestamente la entrega de dicha suma de dinero era requisito necesario para la realización un trámite, que tenía por objetivo que al agraviado se le entregara un monto en efectivo, que supuestamente le estaban adeudando; siendo que el denunciante en ningún momento intentó corroborar la información que le fuera proporcionada, a pesar de ser este un miembro de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, verificándose además de manera objetiva que el engaño del que fue objeto pudo haber sido fácilmente evitado si se hubiera comportado dentro de su rol de ciudadano respetuoso del ordenamiento jurídico, cosa que se comprueba con el hecho de que la

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“estafa” de la que fuera víctima fue descubierta por el señor Hinojosa simplemente con el hecho de haberse comunicado con las oficinas de la DIRTEPOL, en donde sin trámite alguno le informaron que no era necesario realizar ningún depósito dinero para la realización de trámite alguno, siendo pues su conducta poco diligente la que conllevó que se produzca un menoscabo en su patrimonio lo cual se encuentra fuera del ámbito de protección del tipo penal previsto en el artículo 196 del Código Penal, dado que, ha sido el propio denunciante el que se ha autopuesto al peligro, resultando por tanto atípico el hecho denunciado. QUINTO.- Que, si bien es cierto y por regla general, la persecución del delito corresponde al Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal, conforme prescribe el artículo IV inciso 1 del Título Preliminar del NP, concordante con el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, también lo es que el ejercicio de la acción penal se encuentra condicionado al cumplimiento previo de requisitos mínimos, como se desprende de la interpretación de lo prescrito por el artículo 336 inciso 1 del acotado Código Adjetivo, siendo uno de ellos que “existan indicios razonables que hagan presumir la existencia del delito”, caso contrario y de conformidad con lo establecido por el artículo 334, inciso 1 del mismo texto legal, si el fiscal al momento de calificar la denuncia considera que el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria. En el presente caso, de los fundamentos expuestos se determina que no existen indicios que revelen la existencia del delito de Estafa, por lo que, es del caso archivar los actuados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334, inciso 1, del NP. Por las consideraciones anteriormente expuestas, de conformidad con lo prescrito en el inciso primero y cinco del artículo 334 del NP - Decreto Legislativo Nº 957, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 1, 5, 9 y 94, inciso segundo, de la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo Nº 052, este despacho fiscal DISPONE: NO FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra LIZÁRRAGA CHANG CRISTO y L.Q.R.R. por el Delito de ESTAFA en agravio de EUSEBIO HINOJOSA FIESTAS; y consentida o

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aprobada que sea la presente, ARCHÍVESE los actuados y NOTIFÍQUESE la presente disposición fiscal al denunciante, haciéndole saber que, de conformidad con lo prescrito en el inciso quinto del artículo 334 del NP en vigor, puede requerir a este despacho fiscal la elevación de los presentes actuados al fiscal superior penal de apelaciones que resultare competente, con fines impugnativos.

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Disposición de no ha lugar a formalizar la investigación preparatoria o archivo preliminar

SGF N° 2564-2009 DISPOSICIÓN DE NO HA LUGAR A FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Trujillo, cinco de junio del año dos mil nueve.DADO CUENTA: Dado cuenta con la carpeta fiscal que antecede en relación a la investigación que se sigue contra RAFAEL OTOYA GUERRA por los delitos de ESTAFA y FALSEDAD IDEOLÓGICA cometido en agravio de CARLOS OLIVA TOYAMA; y CONSIDERANDO: 1. Los hechos que motivaron la investigación preliminar, según el texto de la denuncia de parte, consisten en que a mediados del año 2005 el denunciado Rafael Otoya Guerra le solicitó la suma de cuarenta mil dólares americanos US $ 40 000.00 al denunciante Carlos Oliva Toyama; indicándole que contaba con el patrimonio suficiente para garantizar el mutuo, en virtud a los bienes que le había transferido su fallecido padre Rafael Otoya Flores, ofreciendo la constitución de una garantía real sobre uno de los inmuebles de su propiedad, hasta cumplir con el pago del total del préstamo. En ese contexto el día 3 de febrero del 2005 el denunciante Carlos Oliva Toyama le hizo entrega de la totalidad del dinero y cuatros días después el día 7 de febrero suscribieron una “Transacción Extrajudicial, Reconocimiento de deuda y Constitución de Garantía Hipotecaria y Prensa Quirográfica”, que se elevó a escritura pública Nº 0424 ante el Notario Público Marco Antonio Corcuera García, a través del cual el denunciado Rafael Otoya Guerra reconoce adeudarle el monto de cuarenta mil dólares americanos US $ 40 000.00, se pacta una forma de pago a partir del 1 de abril del 2005, y se constituye una garantía hipotecaria sobre el inmueble ubicado en Pedro Muñiz con numeración de finca Nº 287293 Distrito de Trujillo, hasta por el importe de cincuenta y cinco mil dólares americanos US $ 55 000.00.

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2. Que según la denuncia de parte, el denunciado habría incurrido en delito de estafa y falsedad ideológica porque, indujo a error al denunciante, pues para lograr el desprendimiento patrimonial y recibir el dinero mintió respecto a su capacidad económica y realizó declaraciones falsas en cuanto indicó ser el propietario del inmueble hipotecado, que su derecho de propiedad sobre el inmueble proviene de haberla adquirido de sus anteriores propietarios mediante declaración de herederos y por transferencias de propiedad, y que se compromete a inscribir en los asientos registrales correspondientes; sin embargo, todo ello no se ajustaría a la verdad, porque la hipoteca no se podía inscribir, puesto que en Registros Públicos el inmueble se encuentra inscrito a nombre de Rafael Otoya Flores –padre del denunciado–, el bien no estaba saneado ni física ni legalmente y hasta la fecha no se ha realizado la sucesión intestada del padre del denunciado, ni tampoco acto de traslación de dominio alguno a favor del denunciado 3. En atención al principio de exhaustividad habría sido indispensable valorar en este estado la versión del denunciado Rafael Otoya Guerra de 78 años de edad; sin embargo, durante la diligencia de declaración indagatoria realizada en este despacho fiscal, el referido investigado decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio, conforme lo prescribe el artículo 71, inciso 1, literal d), del NP, circunstancia que no se debe valorar en contra del investigado de acuerdo a lo prescrito por el artículo 87 inciso 2 del mismo texto normativo; y en consecuencia, corresponde evaluar los cargos formulados contra el investigado, así como las circunstancias que se evidencien a partir de los elementos de convicción aportados por el denunciante y los que se han incorporado durante la investigación preliminar, a fin de adoptar una decisión respecto a la posibilidad de promover la acción penal. 4. En cuanto a las exigencias normativas previstas para el ejercicio de la acción penal, el artículo 336 del NP vigente, prescribe que para la formalización de la investigación preparatoria se requiere, entre otros presupuestos, que existan indicios reveladores de la comisión de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado, y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad; ya que de lo contrario no será posible ejercitar la acción penal.

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5. De igual forma, en la doctrina también existe un consenso de que es necesaria la concurrencia de indicios o elementos de convicción de la comisión de un delito. Así, Julio B. J. Maier(1), el máximo exponente del Derecho Procesal Penal en habla hispana, afirma que: “Concluidas las diligencias pertinentes, si ellas ofrecen al Ministerio Público los suficientes elementos de convicción como para estimar probable la existencia de una conducta delictiva punible atribuida a persona determinada (individualizada) es de obligación la promoción de la acción penal pública”. 6. Por su parte el artículo 334 del NP, prescribe que “si el fiscal considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado”. 7. Que luego del análisis de los hechos denunciados y los elementos de convicción incorporados durante los actos de investigación urgentes e inaplazables propios de la investigación preliminar (artículo 330, inciso 2, del NP), se evidencia que no existen elementos de convicción que indiquen la comisión de los delitos denunciados. 8. En cuanto al delito de estafa es necesario tener presente que, de conformidad a lo prescrito por el artículo 196 del Código Penal, las exigencias del tipo describen: a) La conducta típica que consiste en inducir a error o mantener en error al agraviado, mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, b) el resultado típico referido al error de la víctima y al acto de disposición patrimonial –que en el texto normativo se describe en términos de perjuicio–, y c) el dolo, referido al conocimiento que caracteriza a la actuación del sujeto agente(2). 9. A las exigencias antes indicadas, la dogmática penal tradicional(3) adiciona las exigencias referidas a la relación de engaño y el error que

(1) (2) (3)

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J. MAIER, JULIO. El proceso penal contemporáneo. Lima, 2008, p. 77. Cfr. GARCÍA CAVERO, P. “La imputación subjetiva en Derecho Penal”. En: Cuestiones Actuales de Derecho Penal General. Piura, 2005, p. 26. Cfr. BAJO FERNÁNDEZ, M. Manual de Derecho Penal. Parte especial. Madrid, 1987, p. 166.

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sufre el sujeto pasivo del delito, y a su vez, la relación de causalidad entre el error y el acto de disposición patrimonial que realiza el sujeto pasivo del delito. En tanto que la dogmática penal más reciente ha empezado a desarrollar consideraciones normativas que tienen su origen en la imputación objetiva y que en definitiva contribuyen a la determinación de la conducta típica del delito de estafa, es decir, del engaño suficiente o idóneo para provocar el error en el sujeto pasivo del delito, lo que siempre ha sido una cuestión controvertida para la dogmática de la parte especial del Derecho Penal. 10. Como consecuencia de la exigencia del nexo de causalidad, BramontArias Torres considera necesario que el engaño en la estafa sea anterior al error y a la disposición patrimonial, de modo que si esta se produce antes del engaño no se configuraría el delito de estafa(4). Apreciación que es aplicable al presente caso, puesto que a partir de los hechos denunciados no se evidencia la concurrencia del nexo de causalidad, pues de la revisión del texto de la escritura pública Nº 0424 de fecha 7 de febrero del 2005, se verifica que para la fecha de celebración de la referida escritura pública y de la constitución de la garantía hipotecaria y de la prensa, el denunciante ya había realizado el acto de disposición patrimonial por la suma de cuarenta mil dólares americanos US $ 40 000.00, lo que se pone de manifiesto con el propio texto de la escritura pública, puesto que ni siquiera se trata de un contrato de mutuo, sino de una transacción extrajudicial de reconocimiento de deuda, donde además se constituye una garantía hipotecaria y una prenda. En tal sentido, al no existir una relación de causalidad entre el supuesto engaño y el acto de disposición patrimonial, se configura un supuesto de atipicidad. 11. Respecto al engaño propio del delito de estafa, la parte denunciante indica que este habría consistido en que “a mediados del año 2005 el denunciado, sabiendo de antemano que había logrado acumular ahorros suficientes por trabajar en Japón, me requirió le prestara el importe de US $ 40 000.00; el denunciado expresó que contaba con suficiente patrimonio transmitido por su padre fallecido Ismael Gonzales Otoya Cloks para garantizar el cumplimiento de la obligación dineraria, (4)

Cfr. BRAMONT-ARIAS TORRES, L. Manual de Derecho Penal. Parte especial. Lima, 1994, p. 262.

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ofreciéndome la constitución de una garantía real sobre uno de los varios inmuebles de su propiedad y cancelar el préstamo en armadas”, lo que según la denuncia no se ajusta a la realidad, puesto que el denunciado no era el propietario registral de ningún inmueble, y ni siquiera se habría realizado la sucesión intestada del padre fallecido del imputado. 12. En cuanto a la tipicidad del engaño, Nuria Pastor(5) precisa que para afrontar el tema es necesario enfocarlo desde una perspectiva distinta a de la causalidad, de forma que ya no hay que establecer ¿quién ha causado el error de la víctima?, sino ¿quién es el responsable del déficit de conocimientos de la víctima?; precisando que el disponente es quien tiene que buscar la información veraz sobre la que se basa su acto de disposición patrimonial, y solo puede entenderse que esa tarea corresponde a otro, si ese otro tiene posición de garante, entendido como un deber de transmitir información veraz; es decir, que en el delito de estafa se requiere que el acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo sea consecuencia de una decisión instrumentalizada. 13. Partiendo de la afirmación anterior queda claro que existen algunos engaños que no son típicos porque la víctima tenía un deber de autoprotección, tal como ocurre en el presente caso, en el que por razones propias de la estructura normativa del tráfico jurídico y del imperio del principio de publicidad registral, el denunciante Víctor Carlos Olivera Kodama tenía el deber de autoprotección y por razones de seguridad jurídica debía verificar previamente la titularidad del imputado respecto de los bienes que iban a servir para garantizar el mutuo otorgado a favor de Ismael Eduardo Gonzales Otoya Guerrero. En consecuencia, el engaño que se le atribuye al denunciado resulta siendo atípico atendiendo a las consideraciones normativas y al principio de autoresponsabilidad, o más propiamente al principio de competencia de la víctima, desarrollada en el marco de la teoría de la imputación objetiva desarrollada por Gunther Jakobs(6), quien afirma que la configuración de un contrato social compete no solo al autor, sino también a la víctima.

(5) (6)

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Cfr. PASTOR MUÑOZ, N. “El engaño típico en el delito de estafa”. En: Cuestiones Actuales de Derecho Penal General. Piura, 2005, p. 26. Cfr. JAKOBS, G. La imputación objetiva en el Derecho Penal. Traducción de Manuel Cancio Meliá, Lima, 2001, p. 32.

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14. El presente caso es muy similar al ejemplo de atipicidad del engaño propuesto por la profesora Nuria Pastor, quien niega la tipicidad del engaño, en el caso del vendedor que miente al comprador sobre la titularidad registral de la finca, porque la información sobre la titularidad de la finca estaba normativamente accesible al comprador, estaba a su disposición en el Registro de la Propiedad que es público(7). 15. Por otro lado, también se encuentra descartada la posibilidad de promover la acción penal por delito de falsedad ideológica, puesto que para la configuración de este delito, según el texto del artículo 428 del Código Penal, se sanciona al que “hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio”; siendo que el presente caso no se subsume en el referido tipo penal, puesto que no concurren dos de las exigencias típicas antes indicadas, una de naturaleza objetiva referida a la posibilidad del perjuicio, y la otra de connotación subjetiva referida a un elemento subjetivo adicional al dolo, referido al ánimo de emplear el documento como si el documento fuera conforme a la verdad. 16. La posibilidad del perjuicio no se aprecia en el presente caso porque como se desprende del propio texto de la referida escritura pública Nº 0424, la pretendida falsa declaración en que se sustenta la denuncia, se ha producido en el marco de un reconocimiento de deuda (de dinero entregado con anterioridad), y no como instrumento o medio para lograr algún tipo de beneficio propio o un perjuicio para el denunciante, y a ello se agrega, el hecho de que tampoco concurre la exigencia típica subjetiva referida al ánimo de utilizar el documento, puesto que la referida escritura pública no se suscribió para ser usada por el denunciado Ismael Eduardo Gonzales Otoya Guerrero, sino más bien para ser utilizada por el denunciante a fin de poder hacer cobro del monto correspondiente al préstamo otorgado previamente a la suscripción de la aludida escritura pública; por lo que se aprecia que el hecho denunciado es atípico o no encuadra en el tipo penal de falsedad ideológica; más aún si de la décima cláusula de la escritura pública 0424, (7)

Cfr. PASTOR MUÑOZ, N. Ob. cit., p. 154.

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se aprecia que el deudor declara que el bien inmueble que es materia de la garantía hipotecaria es un “bien indiviso, sujeto a independización, habilitación urbana, inscripción registral, división y partición”, y que se afecta con la garantía hipotecaria “la parte que le corresponda al coheredero respecto de los bienes de la masa hereditaria del causante Ismael Gonzales Otoya Cloks”; con lo cual, queda claro que el propio deudor había alertado al acreedor, que se trataba de un bien indiviso y que tan solo se afectaba su cuota ideal como coheredero, porque el bien inmueble correspondía a varios herederos.

Por los argumentos expuestos, de conformidad con lo prescrito por el artículo 334 inciso 1, del NP en concordancia con el artículo doce, e inciso segundo del artículo noventa y cuatro del Decreto Legislativo cero cincuenta y dos –Ley orgánica del Ministerio Público–, SE DISPONE: Declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Ismael Eduardo Gonzales Otoya Guerrero por los delitos de ESTAFA y FALSEDAD IDEOLÓGICA cometido en agravio de Víctor Carlos Olivera Kodama; en consecuencia ARCHÍVESE la presente investigación. NOTIFICÁNDOSE la presente disposición a las partes procesales, con arreglo a Ley, y haciendo de conocimiento del denunciante que la presente disposición es recurrible al fiscal superior en el plazo de 5 días conforme los prescribe el artículo 334, inciso 5, del NP.

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Disposición de reserva provisional

SIAFT Nº 570-2011 DISPOSICIÓN Nº 02-2011 Trujillo, Nueve de Marzo del año dos mil once DADO CUENTA: con la denuncia verbal interpuesta por la persona de Jesús Alberto Uribe Dongo, en contra de LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES por la presunta comisión de delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa y Apropiación Ilícita; I. CONSIDERANDO: Primero: Que, tal y como se observa del análisis de la presente carpeta fiscal, durante la etapa de investigación, en un primer momento el denunciante Jesús Alberto Uribe Dongo, habrían identificado al presunto autor de los hechos con el nombre de Domingo Jesús Reto Hernández refiriendo que este habría sido la persona que cometiera el ilícito en su agravio. Que, iniciadas las investigaciones preliminares se ha podido determinar que no existiría ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) con los nombres proporcionados por el agraviado, siendo además que el número de DNI consignado por el autor de los hechos en el documento entregado al agraviado le correspondería a una persona totalmente diferente; es decir que a la fecha no se ha logrado la identificación plena del imputado, requisito indispensable para la formalización de investigación preparatoria. Segundo: Que, el artículo trescientos treinta y seis numeral uno establece que “si de la denuncia, del Informe Policial y de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y continuación de la investigación preparatoria”. Asimismo, el numeral 3 del artículo 334, prescribe que “en caso de que el hecho fuera delictuoso y que la acción penal no hubiere prescrito, pero faltare la identificación del autor o partícipe, ordenara la intervención de la policía para tal fin”. Tercero: Que, teniendo en cuenta lo precedentemente señalado y considerando que a la fecha no se ha podido individualizar plenamente al autor del ilícito denunciado, incumpliéndose por tanto con uno de los requisitos estipulados en el numeral uno del artículo

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trescientos treinta y seis del NP para la formalización de la investigación preparatoria, correspondería remitir la presente investigación a la policía a efectos de que realice las diligencias necesarias para conseguir la PLENA IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO. Es por todo lo antes referido que este despacho fiscal DISPONE: Reservar la presente investigación fiscal hasta conseguir la individualización del autor del ilícito denunciado, para cuyos efectos deberá cursarse oficio a la Comisaría NP de Buenos Aires, a efectos de que en el plazo de TREINTA DÍAS realicen las diligencias tendientes a conseguir la PLENA IDENTIFICACIÓN del investigado, debiendo remitir los resultados de la investigación de manera inmediata a este despacho fiscal.

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Solicitud de elevación de actuados

EXPEDIENTE N° 1623-2013

SOLICITAMOS CONTROL DE PLAZO SEÑORA JUEZA DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: RAÚL REGALADO FUENTES, abogado de THIAGO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ en la investigación penal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, en supuesto agravio del Estado, a usted atentamente digo: I. Petitorio.

En virtud del derecho de defensa que asiste a mi defendido, al amparo de lo previsto en los artículos 71.1 y 334.2 del NP, interponemos Control de Plazo de la Investigación Preliminar y le solicitamos que sirva fijar la audiencia de control de plazo en la que se ordene al representante del Ministerio Público dar por concluida la investigación preliminar y dicte la disposición fiscal que corresponda, en virtud de los argumentos que exponemos a continuación.

II. Fundamentos que sustentan nuestra pretensión.1.1. El artículo 334.2 del NP prescribe que:

“(…) Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días instando su pronunciamiento. (…)”.

1.2. Señora jueza, conforme nos permite la norma antes citada, con fecha 13 de febrero del presente año hemos solicitado al representante del Ministerio Público a cargo de la presente investigación que en el plazo de cinco días se sirva dar por concluida la investigación preliminar y dicte la disposición fiscal que corresponda (Anexo 2), sin embargo hasta la fecha no se han pronunciado respecto a nuestro pedido

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incumpliendo lo dispuesto en la norma procesal antes invocada, para lo cual dejamos constancia que de la revisión física de la carpeta fiscal hasta el momento de presentación de este escrito no existe disposición fiscal alguna al respecto.

1.3. El Ministerio Público debe ejercer sus facultades en estricta observancia y respeto a las garantías procesales que establece nuestra Constitución, debiendo ser garante de los derechos de los sometidos a investigación. Sin embargo, en este caso, la Fiscalía no solo pretende avalar –al no respetar los plazos de ley y no emitir pronunciamiento– a) un excesivo e irracional plazo de investigación preliminar, sino además b) sustentar que la complejidad de una investigación preliminar sea computada desde el momento en que esta es declarada como tal pese a que cuando se dispuso dicha complejidad ya habían transcurrido 39 meses de investigación preliminar propiamente dicha. 1.4. Señor juez, conforme se explicará a continuación el Ministerio Público tuvo noticias de los hechos que hoy investiga con fecha 18 de setiembre de 2009 con la recepción del Informe Policial Nº 43-09-XIII DTP-HZ, y que fuera elaborado por la Policía Nacional del Perú - Sección de Investigación Criminal. A partir de dicha noticia el Ministerio Público mediante disposición fiscal del 20/10/09 da inicio a la investigación preliminar y recientemente mediante Disposición Fiscal Nº 04-2013-1ra.FPPCNCH-DA-MP del 16 de enero de 2013 declara compleja la presente investigación disponiendo que el plazo de investigación sea de OCHO MESES a computarse desde que esta es declarada compleja, justificando su decisión en la existencia de dos investigaciones acumuladas (lo cual no se advierte de la carpeta fiscal) y que requiere acopiar innumerables elementos de convicción para establecer irregularidades en la adquisición de determinados bienes. 1.5. Señor juez vienen transcurriendo aproximadamente 41 meses desde que la Fiscalía conoce el caso e inicia la investigación en sede preliminar y aún no existe pronunciamiento alguno, pretendiendo que la investigación preliminar continúe por un periodo de complejidad de 8 meses más, tornándose en inconcebible el periodo de indagaciones preliminares, su plazo es unívoco, y el caso planteado ha excedido el plazo razonable fijada por la norma procesal y que la

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Corte Suprema de la República ha establecido al emitir la Casación N° 02-2008-La Libertad.

1.6. Como se advierte de lo vertido, el Ministerio Público no solo ha vulnerando el plazo que tiene para investigar en sede preliminar sino que sostiene sin rigor jurídico que el plazo de una investigación compleja debe computarse desde que esta es declarada compleja, afirmación arbitraria desde el plano legal y desde la óptica del modelo procesal actual.

El nomen iuris de una investigación preliminar como “compleja” no implica el no cómputo del periodo de investigación anterior. Este razonamiento es arbitrario, solo premiaría la inacción de quien fue responsable de la investigación.

Por estos motivos señor juez, corresponde a su Juzgado corregir la actuación del representante del Ministerio Público al haber excedido el plazo razonable de investigación preliminar, ordenando que emita pronunciamiento en el plazo razonable de cinco (5) días. Primer Otrosí Digo: Señalamos nuestro domicilio procesal en la calle Las Pomarosas Nº 182- Trujillo. Adjuntamos en calidad de anexos: 1. Copia del cargo de nuestra solicitud al fiscal de dar por concluida la investigación preliminar. POR TANTO: A usted, señora jueza, pido: señalar fecha de audiencia de control de plazo y en su oportunidad declarar fundado nuestra solicitud por encontrarse fundada en la Ley y el Derecho.

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Disposición de elevación de actuados

CASO Nº 04-145-2007 FISCAL ENCARGADA: MARÍA EUGENIA PERALTA TINEO SEGUNDO DESPACHO DE ADECUACIÓN PROVIDENCIA FISCAL Trujillo, cinco de mayo del dos mil ocho DADO CUENTA, con los escritos presentados de fecha 25 de abril del año en curso por el Procurador Público Adjunto Ad Hoc a cargo de la Defensa del Poder Judicial de los procesos en giro y por generarse de Provincias, ALIPIO MORENO HUAMÁN, en la denuncia interpuesta por la Universidad Los Azulejos contra David Jesús Horna Villanueva y Paolo Guerra Holguín y otros; por el delito contra la istración de justicia en la modalidad de Fraude Procesal, Falsedad ideológica y Falsedad Genérica en agravio de su representada, TÉNGASE por apersonado al Sr. Procurador Público Adjunto ALIPIO MORENO HUAMÁN, TÉNGASE como representantes en esta ciudad a las letradas que se indican en el Tercer Otrosí del escrito presentado; TÉNGASE presente como domicilio procesal el ubicado en la Calle Las Cucardas Nº 821 del Distrito de San Isidro de la ciudad de Lima y AGRÉGUESE a los actuados; y habiendo recurrido en queja de Derecho contra la disposición fiscal Nº 02 de fecha 11 de abril de 2008 expedida por este despacho y encontrándose dentro del término de ley, en consecuencia: CONCÉDASE y ELÉVESE al señor fiscal superior correspondiente, con la nota de atención respectiva.

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Disposición que deniega la solicitud de elevación de actuados por extemporánea y declara consentida disposición de archivo

IMPROCEDENTE QUEJA DE DERECHO DISPOSICIÓN Nº 04-2010 Trujillo, veintiocho de abril del año dos mil diez.VISTOS: El escrito presentado por Thomas Díaz Hinojosa, interponiendo Queja de Derecho contra la Disposición Nº 03-2010 de fecha 31 de marzo de 2010, por no encontrarse conforme, así las cédulas de notificación de la referida disposición. I. CONSIDERANDO: Primero.- Conforme lo dispone el artículo 334 inciso 5 del NP, el denunciante que no estuviere conforme con la disposición de archivar las actuaciones o reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal en el plazo de cinco días, la elevación de los actuados al fiscal superior; Segundo.- La persona de Thomas Díaz Hinojosa presenta en este despacho fiscal, con fecha 19 de abril de 2009, su escrito interponiendo Queja de Derecho contra la Disposición Nº 03-2010 de fecha 31 de marzo de 2010, por no encontrarse conforme y solicitando se eleve los actuados al Superior Jerárquico para los fines de su competencia; sin embargo, verificada la cédula de notificación de la Disposición Nº 03-2010 se advierte de fs. 94, que fue notificada en el domicilio procesal de Thomas Díaz Hinojosa y recepcionada por la secretaria María Alejandra Morillo Pacheco con fecha 9 de abril de 2010; por tanto, el escrito de Queja de Derecho mencionado ha sido interpuesto fuera del plazo de los cinco días hábiles que señala el NP; debiendo en consecuencia declararse improcedente dicha Queja de Derecho. Por estas consideraciones el Primer Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo DISPONE:

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DECLARAR IMPROCEDENTE, por extemporánea, la Queja de Derecho interpuesta por Thomas Díaz Hinojosa, contra la Disposición Nº 03-2010 de la presente carpeta fiscal, quedando en consecuencia CONSENTIDA la disposición de Archivo apelada. Notifíquese.

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Disposición que confirma la disposición de archivo

QUEJA DE DERECHO Nº 58-2011 CASO Nº 5000-2010 Trujillo, catorce de abril del año dos mil once.I. INTRODUCCIÓN.Viene a esta Fiscalía Superior la queja de derecho interpuesta por Rodrigo Medina Ganoza, contra la disposición fiscal de fecha 01-02-2011 que declara NO FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES del delito Contra la Fe Pública en la modalidad de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS en agravio de la Oficina de Normalización Previsional, y por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de ESTAFA en agravio de Juan Portal Rubio, Hugo Molina Ordóñez, Gustavo Sierra Pinedo e Irene Contreras Dongo. II. FUNDAMENTOS.1. Los hechos imputados se desprenden de la denuncia de parte interpuesta por el apoderado legal de la Oficina de Normalización Previsional ONP, quien indica que existen personas inescrupulosas que pululan en la zona de trámite de los pensionistas, y que estarían dedicándose a falsificar firmas de algunos integrantes del Área de Control de Calidad de la Subdirección de Calificaciones de la ONP, emitiendo documentos de contenido falso (notificaciones, formatos, sobres y otros), los mismos que son entregados a pensionistas del Departamento de La Libertad, como ha sucedido en el caso de Juan Portal Rubio (Exp. Nº 01354146605), Hugo Molina Ordóñez (Exp. Nº 013000008305), Gustavo Sierra Pinedo (Exp. Nº 12300239106) e Irene Contreras Dongo (Exp. Nº 01300251905), toda vez que la pericia grafotécnica indica que las firmas del titular no coinciden con la registrada en la copia del Documento Nacional de Identidad; documentos que han sido realizados con el propósito de sorprender a los pensionistas y a su representada, agrega que dichos documentos fueron detectados en la plataforma de Lambayeque.

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2. Este hecho ilícito fue tipificado como delito de estafa (artículo 196 del Código Penal), que establece: “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”. Por su parte el delito de falsificación de documentos (primer y último párrafo del artículo 427 del Código Penal), señala: “El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”. 3. En el presente caso, el señor fiscal provincial ha dispuesto el archivo de los actuados por considerar que los hechos denunciados son atípicos al no concurrir todos los elementos en los delitos denunciados. Habiendo sido materia de impugnación el referido pronunciamiento por la ONP, mediante escrito de folios 68-75 en el que básicamente se expone los mismos argumentos fácticos y reiterando la delictuosidad de los hechos, expresados en la denuncia. 4. Al respecto, se aprecia de la imputación formulada que se desconoce a los autores de los ilícitos denunciados, teniéndose como único dato que se ubican en las inmediaciones de la zona de trámite de los pensionistas con el fin de sorprenderlos, quienes vendrían operando desde hace varios años otorgando documentos falsos a los pensionistas para la tramitación de sus expedientes, es decir que en el presente caso no existe aún una o varias personas debidamente individualizadas para proseguir con las investigaciones, siendo este un requisito indispensable, como lo establece el artículo 336.1

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del NP(1). En ese sentido, independientemente de la calificación jurídica que se haya otorgado a los hechos denunciados, es claro que preliminarmente los mismos sí revisten delictuosidad por falsedad documental y merecen ser investigados; no obstante, al no haberse logrado la identidad de los posibles autores durante la investigación preliminar, corresponde a la Policía continuar realizando las pesquisas y operativos correspondientes para ello, y solo una vez logrado dicho objetivo se podrá reexaminar el caso y proseguir con las indagaciones, como lo establece el inciso 2 del artículo 335 del NP.

III. DISPOSICIÓN.Por lo antes expuesto esta Fiscalía Superior Penal, de acuerdo con las atribuciones contenidas en el artículo 334 inciso 6) del NP y el Decreto Legislativo Nº 52 - Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone declarar INFUNDADA la queja de derecho interpuesta contra la disposición fiscal venida en grado. Remítase los actuados al señor fiscal a cargo del caso para los fines de ley. Notifíquese.

(1)

“(…) 1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado, y que, si fuera el caso se ha satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria”.

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Disposición que declara nula disposición de archivo

QUEJA DE DERECHO Nº 115-2009 CASO SGF Nº 695-2009 Trujillo, veinte de noviembre del año dos mil nueve.I. INTRODUCCIÓN Viene a esta Fiscalía Superior Penal la presente carpeta fiscal al haberse interpuesto queja de derecho de parte de Alicia María Tucto Saucedo, respecto de la disposición fiscal de fecha 07-10-2009 que declara NO HA LUGAR A FORMALIZAR NI CONTINUAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra JUAN BELEVÁN CORREA y ELIZABETH KARINA MEDINA LUPERDI por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de ESTELIONATO en agravio de Alicia María Tucto Saucedo; por el delito Contra la istración Pública - Delitos Contra la Función Jurisdiccional en la modalidad de FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO ISTRATIVO en agravio del Estado peruano representado por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial y de Alicia María Tucto Saucedo, y contra Elizabeth Karina Medina Luperdi por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN en agravio del Estado peruano y de Alicia María Tucto Saucedo. II. FUNDAMENTOS 1. Los hechos presuntamente ilícitos imputados a los denunciados Juan Beleván Correa y Elizabeth Karina Medina Luperdi, se desprenden de la denuncia de parte, en la cual la quejosa Alicia María Tucto Saucedo refiere que los citados denunciados con fecha 05-06-2001 mediante testimonio de Escritura Pública realizada ante la Notaría del Doctor Benito Méndez Castillo han vendido el terreno situado en la calle Los Jardines (ex Las Almendras) Manzana Z (N° 654) Urbanización San Luis Jurisdicción del distrito y provincia de Chepén (folios 46) con una extensión de 151.80 metros cuadrados, a la persona de Ariel Valdez Bueno; siendo que la misma mediante testimonio de Escritura Pública de fecha 28-03-2003 vendió dicha propiedad a la quejosa recurrente.

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Sin embargo, –continúa relatando la denunciante– se ha enterado de forma fortuita que la denunciada Elizabeth Karina Medina Luperdi pretende inscribir la totalidad del terreno de 297.60 metros cuadrados (en el que está incluido su propiedad de 151.80 metros cuadrados) a su favor ante los Registros de Propiedad Inmueble de la ciudad de Chepén, porque supuestamente su esposo y codenunciado Juan Beleván Correa le ha transferido el 50% que le correspondía de dicho predio, con motivo de haberse divorciado. Agregando en su denuncia que estos hechos le están causando malestar a su familia, pues temen que los denunciados valiéndose de argucias puedan causarles daño, ya que su esposo está recibiendo amenazas de muerte a su teléfono móvil. Estos hechos han sido tipificados por la denunciante por el delito de Estelionato (artículo 197 inciso 4 del Código Penal).

2. En este contexto, el fiscal a cargo del caso dispuso la apertura de la investigación preliminar (disposición N° 1 de fecha 05/06/2009 folios 24-25) por los delitos de Falsa declaración en procedimiento istrativo y estelionato, remitiendo los actuados a la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de Chepén DICRIAJ, para luego evaluar la carpeta fiscal y concluir disponiendo el archivo por los actuados por los delitos de estelionato (artículo 197 inciso 4 del Código Penal), falsa declaración en procedimiento istrativo (artículo 411 del Código Penal) y extorsión (primer párrafo del artículo 200 del Código Penal). 3. Al respecto, se debe considerar que uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona consiste en obtener una resolución o un pronunciamiento debidamente motivado por parte de los operadores de justicia (jueces y fiscales), lo cual implica, específicamente, que los fiscales emitan disposiciones absolutamente congruentes en sí mismas, es decir que no exista contradicciones u omisiones entre los fundamentos esbozados y la decisión final. Obviar esta exigencia constitucional genera la nulidad de toda disposición fiscal, pues lo que busca finalmente tal exigencia es otorgar a toda persona una respuesta idónea a sus requerimientos de justicia. 4. Dentro de dicho contexto, se advierte que la disposición fiscal de archivo materia de alzada carece de correlatividad entre sus fundamentos jurídicos y la decisión final que determina la no apertura de

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investigación preliminar respecto del delito de estelionato. Puesto que el fiscal provincial en los considerandos cuarto, quinto y sexto de su citada disposición fiscal de fecha 07/10/2009 solo se ha limitado a detallar doctrinariamente el delito de extorsión (artículo 197 inciso 4 del Código Penal), sin embargo, no se ha pronunciado y menos ha fundamentado del porqué no se ha configurado los presupuestos objetivos y subjetivos del aludido tipo penal (estelionato), ya que solo ha concluido señalando que: “sin embargo, de lo actuado no se ha determinado que los denunciados hayan tratado de vender a alguna persona o gravar mediante algún derecho real de garantía el inmueble materia de la denuncia (…)” .

5. Por lo tanto, no habiéndose respetado el derecho que tiene todo justiciable a la correcta motivación de los pronunciamientos fiscales, es necesario declarar nula la disposición de folios 151-156 que declara no ha lugar a la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Juan Beleván Correa y Elizabeth Karina Medina Luperdi por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Estelionato en agravio de Alicia María Tucto Saucedo; por el delito Contra la istración Pública - Delitos Contra la Función Jurisdiccional en la modalidad de falsa declaración en procedimiento istrativo en agravio del Estado peruano representado por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial y de Alicia María Tucto Saucedo; y contra Elizabeth Karina Medina Luperdi por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Extorsión en agravio del Estado peruano y de Alicia María Tucto Saucedo; debiéndose emitir un nuevo pronunciamiento con arreglo a ley. III. DISPOSICIÓN Por lo expuesto, esta Fiscalía Superior Penal, de conformidad con el artículo 334 inciso 6 del NP, así como las facultades otorgadas por el Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, DISPONE: se declare NULA la disposición fiscal que obra a folios 151-156 debiéndose remitir la presente carpeta al señor fiscal provincial a cargo del caso para que proceda conforme a los fundamentos antes expuestos.

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Disposición que declara fundada la solicitud de elevación de actuados y dispone que el fiscal provincial formalice la investigación

QUEJA DE DERECHO Nº 275-2011 CASO SGF Nº 374-2011 Trujillo, dos de diciembre del año dos mil once.IV. INTRODUCCIÓN Viene a esta Fiscalía Superior Penal, la presente carpeta fiscal que contiene la investigación preliminar seguida contra Jorge Javier Elías Tiznado por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO; en virtud a la queja de derecho interpuesta por Olga Briceño Gutiérrez de Elías, contra la disposición fiscal de archivo de fecha 25/10/2011 que obra a folios 49-50. V. FUNDAMENTOS 1. Los hechos imputados se desprenden del accidente de tránsito sucedido el día 11/07/2011 a horas 18:30 aproximadamente, en el Sector La Arenita (a la altura del kilómetro 633.5 de la Panamericana Norte) Distrito de Paiján, siendo que Vicente Alzamora Iglesias, quien conducía el vehículo Toyota de placa BC-5808 con dirección de Sur a Norte, en dichas circunstancias apareció la mototaxi de placa M-69377 conducida por Jorge Javier Elías Tiznado que ingresó a la calzada del carril este, contrario al tránsito vehicular, siendo impactada a la altura de la puerta del lado derecho, sufriendo lesiones traumáticas el agraviado Jorge Javier Elías Tiznado, razón por la cual fue trasladado a la Posta Médica de Paiján y luego trasladado al Hospital de Chocope, lugar donde falleció. Los hechos denunciados, fueron tipificados por el fiscal como delito de Homicidio Culposo, tipificadas en el artículo 111 del Código Penal. 2. El delito de homicidio culposo, previsto en el primer párrafo del artículo 111 del Código Penal, prescribe: “El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad (…)”.

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La Doctrina señala: “(…) Entonces, lo que nos interesa, para poder calificar a una conducta como un delito culposo, es que la conducta haya inobservado una norma de cuidado, y que esta a su vez haya generado un riesgo jurídicamente desaprobado con aptitud de lesión al bien jurídico tutelado (…) En otros términos lo que adquiere relevancia, es que el conductor haya sobrepasado la velocidad permitida, que el trabajo en la mina se haya realizado sin la debida protección, que la actividad quirúrgica se haya realizado sin la debida protección, que la actividad quirúrgica se haya realizado sin observar la lex artis, que la construcción no haya cumplido con los estándares mínimos de seguridad para con los obreros, etc.; todos estos datos, serán la premisa inicial para poder analizar si procede la imputación delictiva a título de culpa. En el caso concreto del Homicidio Culposo, el primer dato a saber, es que se haya producido la muerte de una persona, segundo dato a saber, es que el resultado fatal haya obedecido a una conducta negligente del autor, tercer dato, es que dicha negligencia haya sobrepasado el riesgo permitido y cuarto dato, es examinar si efectivamente dicho resultado es la consecuencia directa de la conducta infractora del autor. Debe descartarse, la presencia de otros cursos causales hipotéticos, así como la autopuesta en peligro de la propia víctima, en términos de imputación objetiva (…)”(1). 3. La recurrente Olga Briceño Gutiérrez de Elías, madre del occiso, mediante escrito a folios 56-59, cuestiona la disposición fiscal, bajo los siguientes argumentos: a) La fiscal del caso no ha tenido en cuenta lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 321 del NP, pues no ha citado a la recurrente en calidad de pariente más cercano del occiso para poder ejercer el derecho de defensa; b) La disposición fiscal solo se sustenta en el fallecimiento del agraviado, quien ha resultado ser el imputado de la acción penal, ya que el Informe Técnico Pericial N° 70-2011-RPLLDIVPOLTRAN-DEPIAT-T-E2, concluye que el factor predominante para la muerte de su hijo ha sido de su exclusiva responsabilidad; c) No se ha tenido en cuenta las contradicciones entre lo declarado por Vicente Alzamora Iglesias y Fernando Yordan Ravello, (1)

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PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal. Parte Especial. IDEMSA, Tomo I, pp. 139-140.

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persona que viajaba en la mototaxi con su difunto hijo al momento del accidente, pues este último manifestó que venían por el carril izquierdo de la Panamericana Norte sintiendo un impacto del carro contra la mototaxi, cuando se iban de norte a sur, en tanto Miranda Leyva iba a excesiva velocidad de sur a norte y en bajada, todo lo contrario sucede con lo declarado por el presunto agraviado quien manifestó que el imputado entró a gran velocidad a la carretera Panamericana Norte para cruzarla, y por ello se produjo el choque; d) Que el Informe Técnico Pericial se ha basado solo en la versión de Vicente Zamora Iglesias, ya que la Policía no ha hecho mención en su Informe que en el punto del choque, la carretera Panamericana es de subida para los carros que vienen de norte a sur y de bajada en sentido contrario, es decir cómo su hijo fallecido pudo haber ingresado a velocidad en la mototaxi a la Panamericana Norte cuando en esta parte de la pista es de subida; e) No se ha considerado en el ITP que el factor contributivo en el accidente de parte de Jorge Javier Elías Tiznado, pues este iba a una excesiva velocidad no apropiada para las circunstancias del momento y por la hora estaba oscureciendo, este iba con las luces apagadas, por ello ante el rompimiento de su neumático, perdió el control de su vehículo y fue a chocar contra la mototaxi de su hijo causándole la muerte, por ello dicho Informe es parcializado, pues solo pretende librar al indicado de su culpabilidad, ya que como se ha indicado el ITP fue realizado solo teniendo en cuenta la declaración del supuesto agraviado y no de otros testimonios que contribuyan al mejor esclarecimiento de los hechos.

4. De la disposición fiscal impugnada se desprende que la señora fiscal decide no continuar ni formalizar Investigación Preparatoria bajo el sustento que “(…) siendo la muerte del imputado una causa de extinción de la acción penal, como se ha descrito en la ley acotada, debido a que la comisión del delito es personalísimo, es decir quien debe responder por su comisión es aquel quien lo ha cometido, en este caso el occiso Jorge Javier Elías Tiznado, no siendo transmisible la responsabilidad penal a los sucesores legales; por lo que siendo así y teniendo a la vista su partida de defunción, se tiene que el imputado Jorge Javier Elías Tiznado ha fallecido el 11 de julio de 2011, por lo que la acción penal se ha extinguido (…)”.

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5. Del análisis de la carpeta fiscal que se tiene a la vista, aparece que el día 11/07/2011 a las 18:30 horas aproximadamente, en el kilómetro 633.5 de la carretera Panamericana Norte se produjo un accidente de tránsito, en circunstancias que el vehículo de placa BC-5808 iba con dirección de sur a norte conducido por Vicente Alzamora Iglesias, impactando con la parte delantera derecha del vehículo a Jorge Javier Elías Tiznado, con resultado lesivo para la vida de este, lo cual se acredita con la recepción de cadáver (folio 09), que da cuenta de su fallecimiento. Ahora en cuanto a si Vicente Alzamora Iglesias, infringió o no algún deber objetivo de cuidado, que para el caso de autos se expresa en los normas de tránsito o si por el contrario la víctima se puso en riesgo (antepuesta en peligro) como se aduce en la disposición fiscal de archivo, se verifica que en el lugar donde sucedieron los hechos y según las fotografías que aparecen insertas a folios 37, en dicho tramo la carretera Panamericana es de subida para los carros que vienen de norte a sur (para Elías Tiznado) y de bajada en sentido contrario (para Alzamora Iglesias), además de ello, se aprecia que si bien corresponde a un tramo de la Panamericana, es una zona residencial, circunstancias que no han sido advertidas ni valoradas en el Informe Técnico Pericial N° 70-2011-RPLL-DIVPOLTRAN-DEPIAT-T-E2 (folios 20-27), elaborado por personal policial del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP de Trujillo, el mismo que resulta subjetivo y no se corresponde con la realidad, pues en el mismo se concluye como Factor Predominante: “(…) el accionar operativo imprudente del conductor de la UT-1 (mototaxi placa M6-9377), la persona que en vida fue Jorge Javier Elías Tiznado (23 años), al realizar una maniobra antirreglamentaria, al invadir el carril de circulación contrario al tránsito vehicular, para cruzar la calzada de la vía en forma díagonal, cuando no le asista el derecho de paso, por la aproximación vehicular, del desplazamiento de la UT-2 (automóvil BC-5808), aunado a que el conducto del vehículo menor (UT-1), desplazaba a la unidad vehicular a una excesiva velocidad, lo que no le permitió realizar maniobras evasivas tendientes a evitar el accidente (…)” y como Factor Contributivo: “(…) el accionar operativo del conductor de la UT-2 (automóvil BC-5808), la persona de Vicente Alzamora Iglesias (39 años), que instantes previos al accidente era desplazado por su conductor a una velocidad que resultó no apropiada a las circunstancias del momento, como fue el cruce intempestivo de la calzada de la vía,

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por parte de la UT-1 (mototaxi)”; sin embargo, dichas conclusiones no se sustentan en elementos objetivos a partir de los cuales se pueda inferir cómo se ha hecho. Así, no se indica por qué se asevera que el conductor Jorge Javier Elías Tiznado realizó una maniobra antirreglamentaria invadiendo el carril de circulación contrario, ni tampoco se explica a partir de cuál información (huella de frenada, daño ocasionado en la unidad, punto de impacto, testigos, etc.), se determina que se desplazaba a excesiva velocidad, apreciándose que tal conclusión solo se sustenta en el dicho de uno de los protagonistas del accidente, Vicente Alzamora Iglesias, según se advierte del contenido de su declaración a folios 12, en la que incluso ite la presencia de otro pasajero en la mototaxi que conducía Jorge Javier Elías Tiznado. En consecuencia, el informe policial no puede valorarse como determinante para esclarecer el accidente, existiendo indicios mínimos de la participación imprudente del conductor Alzamora Iglesias, ya que él mismo ha itido que producto del impacto se desprendió la llanta posterior derecha de su vehículo, lo que indica que conducía a una velocidad no acorde a las circunstancias del lugar (zona residencial y en declive), por lo que se hace necesario pasar a la siguiente fase procesal, en donde se deberá realizar la diligencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos con participación del investigado, del testigo Fernando Yordan Ravello y uno o dos peritos físicos, para cuyo efecto se deberá requerir apoyo a la Universidad Nacional de Trujillo, quienes deberán emitir Informe teniendo en cuenta los daños de los vehículos que se visualizan en las tomas fotográficas en el peritaje de daños y en la versión de los testigos, determinando de ser factible, las direcciones y las velocidades que llevaban los vehículos antes y hasta el momento del impacto. Asimismo, deberá oficiarse al Jefe de la III DIRTEPOL de La Libertad, haciendo conocer las deficiencias de los peritajes emitidos por personal policial especializado en accidentes de tránsito, sin tener en cuenta las evidencias objetivas y sustentándose en meras apreciaciones subjetivas, siendo recurrente la falta de eficiencia del referido personal policial en otros casos sobre accidentes de tránsito con resultado fatal, que este Despacho ha conocido con motivo de su función, por lo que es necesario la capacitación y fiscalización adecuada al personal de dicha unidad policial por parte de las instancias policiales respectivas.

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6. En este orden de ideas, nos encontramos entonces ante suficientes indicios de la realización del delito de homicidio culposo, por lo que corresponde que la señora fiscal provincial a cargo del caso proceda a formalizar investigación preparatoria contra Vicente Alzamora Iglesias. VI. DISPOSICIÓN Por lo expuesto, esta Fiscalía Superior Penal, de conformidad con el artículo 334 inciso 6 del NP, así como las facultades otorgadas por el Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, DISPONE: Se declara FUNDADA la queja de derecho interpuesta contra la disposición fiscal de fecha 25/10/2011, debiendo la señora fiscal provincial a cargo del caso proceder conforme a los fundamentos antes expuestos. Notifíquese.

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Disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria

CASO N° 300-2014(1) SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TRUJILLO DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Trujillo, dieciséis de abril del año dos mil catorce.DADO CUENTA, con la intervención de la persona de Miguel Infantes Zamorano como presunto autor del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA en grado de TENTATIVA, mismo que fuera cometido en agravio de José Antonio Caldas Jara y Lorena Rojas Campos; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, los hechos materia de imputación consisten en que desde los últimos días del mes de marzo del año 2014, el agraviado José Antonio Caldas Jara habría empezado a recibir llamadas amenazantes y extorsivas al teléfono celular Nº 999903316 (RPM #999983316), registrado a nombre de la empresa “NIÑO LUZ DE MIRAMAR S.A.C.”, comunicaciones estas durante las cuales, un sujeto desconocido le manifestaba que tenía que cancelar la suma de quince mil nuevos soles (S/. 15 000), a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia, llegando incluso a mencionar que haría explotar con una granada de guerra el colegio de su nieta. Es posteriormente, con fecha 14 de abril del año 2014, aproximadamente a las 13:00 horas; en circunstancias en las que el agraviado ingresaba a su domicilio, sito en la calle Comandante Moore Nº 567 Segundo Piso de la Urbanización Virgen de la Puerta - Moche; encontró debajo de su puerta una bolsa transparente conteniendo en su interior una hoja de cuaderno

(1)

Fiscal responsable del caso: Requejo Chamorro Mónica.

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de triple línea tamaño A4 con manuscrito de contenido amenazante y extorsivo dirigido a su esposa doña Lorena Rojas Campos, persona a quien exige el pago de un cupo de QUINCE MIL NUEVOS SOLES (S/.15,000.00) para no atentar contra la vida de su familia; proporcionándole además el número del celular 979533806 para realizar las coordinaciones necesarias para la entrega del dinero. Es ante estos hechos y teniendo en cuenta la circunstancia de que la carta extorsiva hacía alusión a los de su familia, a sus actividades comerciales y a su rutina; que el señor Caldas Jara decide denunciar el delito cometido en su agravio ante la Policía, siendo que la antes referida denuncia fue realizada por su persona con fecha 15 de abril del año 2014; siendo durante el desarrollo de estas primeras diligencias que el denunciante habría entregado a los del orden su celular de Nº 99903316 de la empresa Movistar; número telefónico al que comenzaron a llamar los extorsionadores desde el celular 979533806. Es de esta manera que empezó a entablarse una comunicación telefónica con una persona de sexo masculino, en la que el SOS PNP Wilfredo Vilca Enciso, haciéndose pasar por el agraviado, acordó con esta persona la entrega de la suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES, pactando además que la entrega de este monto de dinero se realizaría en la loza deportiva “El Acuario” del Balneario Las Delicias en el distrito de Moche en horas de la tarde. Es así que el efectivo policial VILCA ENCISO, se apersonó al lugar antes referido acompañado por el SO3 PNP Carlos Méndez Pereda, quien se hizo pasar por el hijo del agraviado, siendo aproximadamente a las 19:30 horas que el sujeto agente del delito volvió a comunicarse con los efectivos policiales, a quienes llamó desde el número 979533806, exigiéndoles que dejen el dinero pactado dentro de una bolsa plástica chequera, en medio de la loza deportiva; siendo luego de realizar lo solicitado que los agentes del orden habrían aparentado retirarse del lugar, escondiéndose entre los kioscos existentes a orillas de la playa. Es aproximadamente media hora después, que hizo su aparición en el lugar de los hechos un sujeto vestido con polo de color negro, pantalón jean color azul, quien de manera sospechosa se acercó a la loza deportiva, estando aparentemente hablando por un teléfono celular; procediendo en esas circunstancias a recoger la bolsa chequera con el dinero, la misma que escondió dentro de la pretina de su pantalón, procediendo luego a retirarse del lugar.

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Al percatarse de esto los agentes del orden que se encontraban en la zona se aproximaron hacia el hoy investigado, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo intervenido a trescientos metros de distancia por los efectivos policiales, pudiendo de esta manera ser identificado como el hoy imputado Miguel Infantes Zamorano, persona esta a la que se le practicara el Registro Personal correspondiente, encontrando en su poder la bolsa plástica de color blanco tipo chequera dejada momentos antes por policías y un celular marca Movistar de color azul/negro de Número 961092821. Es luego de ser intervenido que el hoy imputado refirió haber sido enviado a recoger el dinero por un sujeto a quien conoce con el apelativo de (a) “PULPO” quien se encuentra recluido en el penal El Milagro. Segundo.- Que, los hechos antes descritos se encuadran en el tipo penal de EXTORSIÓN AGRAVADA, previsto y sancionado por el apartado b) del artículo 200 de nuestro Código Penal, norma legal que prescribe que “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años (…) La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida: (…) b) Participando dos o más personas”. Se deja constancia de que las normas invocadas deben ser aplicadas en concordancia con el artículo 16 del Código Penal, ya que el ilícito imputado ha sido cometido en grado de tentativa, por no haber tenido el imputado disposición del dinero producto de la extorsión. Tercero.- Que, se aprecia de las diligencias preliminares realizadas, que aparecen indicios reveladores de la existencia del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA en grado de TENTATIVA, el mismo que fuera cometido en agravio de José Antonio Caldas Jara y Lorena Rojas Ñique Campos, que la acción penal continúa vigente y que se ha individualizado al investigado Miguel Infantes Zamorano con sus datos físicos y fenotípicos, adecuándose de esta manera a los presupuestos que exige la investigación preparatoria conforme lo prevé el artículo trescientos treinta y seis y siguientes del NP, por lo que se debe disponer la formalización de la Investigación Preparatoria.

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Por estas consideraciones, el Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo DISPONE: PRIMERO: FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, contra Miguel Infantes Zamorano como presunto autor del delito de EXTORSIÓN AGRAVADA en grado de TENTATIVA, el mismo que fuera cometido en agravio de José Antonio Caldas Jara y Lorena Rojas Campos, en consecuencia realizarse dentro del plazo de ley, los siguientes actos de investigación: 1. Recabar los antecedentes judiciales, policiales y penales del investigado. 2. Se requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono de la agraviada, del teléfono encontrado en poder del imputado Miguel Infantes Zamorano, así como del teléfono proporcionado por los extorsionadores para realizar las coordinaciones necesarias para la entrega del dinero. 3. Se notifique al efectivo policial Carlos Méndez Pereda a efectos de que se presente a este despacho fiscal con fecha 20 de abril del año en curso a horas 08:00 de la mañana a efectos de recabar su manifestación acerca de lo que conozca de los hechos investigados. 4. Se notifique a la agraviada Lorena Rojas Campos a efectos de que se presente a este despacho fiscal con fecha 20 de abril del año en curso a horas 08:00 de la mañana a efectos de recabar su manifestación acerca de lo que conozca de los hechos investigados. 5. Se practique la pericia grafotécnica de la carta extorsiva a efectos de determinar si la misma ha sido escrita por el hoy investigado. 6. Se realicen las diligencias necesarias a efectos de identificar a la persona identificada por el apelativo “el PULPO” a quien el investigado sindica como el sujeto que lo habría mandado a recoger el dinero producto de la extorsión. 7. Se realicen las demás diligencias necesarias para continuar con la presente investigación.

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SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO, la formalización de la investigación preparatoria del presente caso, conforme a lo previsto en el artículo tres del NP en vigor, concordante con el inciso tercero del artículo trescientos treinta y seis del acotado. TERCERO: NOTIFICAR la presente disposición a las partes.

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Auto que da por recibida la disposición de Formalización y continuación de la investigación preparatoria

Expediente Nº : 1729-2012 JUZGADO

: TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO

IMPUTADO : ALANCITO MORENO RAMÍREZ AGRAVIADO : CARLOS ZAVALETA CARRANZA DELITO

: HOMICIDIO CALIFICADO

JUEZ

: ROBERTO TUDELA QUIÑONES

ASISTENTE : ABEL SÁNCHEZ LUJÁN AUTO I. PARTE EXPOSITIVA El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, pone en conocimiento del juzgado la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. II. PARTE CONSIDERATIVA - Los artículos 3, 29 y 336.3 del NP prescriben que el Ministerio Público comunicará al juez de la investigación preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias, a efectos de que asuma competencia material.

- Los artículos 286 y 287.1 del NP prescriben que el juez de la investi-

gación preparatoria dictará mandato de comparencia simple, si el fiscal no requiere la prisión preventiva o la comparecencia con restricciones o si habiéndola requerido no concurren los presupuestos materiales para su imposición.

- El artículo 80 del NP prescribe que el Servicio Nacional de la Defensa de

Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso.

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- Los derechos del agraviado se encuentran restringidos a los regulados en el artículo 95 del NP, en tanto que, al agraviado constituido judicialmente en actor civil se le reconoce extensivamente las facultades de los artículos 104 y 105 del NP en la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil que se pretende. - El artículo 127, numerales 3 y 4 del NP prescriben que la primera notificación se hará personalmente en el domicilio real o centro de trabajo, empero, si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto si la Ley o la naturaleza del acto exigen que aquellas también sean notificadas. - El artículo 6.3 y el artículo 16, incisos 1 y 2 del Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las Normas del NP aprobado por Resolución istrativa Nº 096-2006-CE-PJ de fecha 28/06/2006 autoriza la notificación por dirección electrónica equiparable como domicilio procesal. Asimismo, se incorpora la notificación por lectura cuando las resoluciones se dicten en el curso de una audiencia, las cuales serán notificados en forma oral a los asistentes y también se considerarán notificados a aquellos sujetos procesales que hayan sido debidamente citados y cuya concurrencia haya sido ordenada como obligatoria, aunque no concurran a dicha diligencia. En este sentido el artículo 109.5 del C –aplicable supletoriamente por remisión del artículo 127.6 del NP–, establece como deberes de las partes concurrir ante el juez cuando este los cite, de tal manera que, por regla general la concurrencia a las citaciones judiciales son obligatorias, distinto será que la audiencia para determinados supuestos legales pueda instalarse válidamente solo con la presencia de determinados sujetos procesales, a pesar de la ausencia de los demás. - El artículo 139.4 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 1.1 y 8.3 del NP, reconoce el principio de publicidad del proceso y el método de la oralidad para el debate y decisión de los requerimientos y solicitudes presentados por las partes, debiendo ser declarados inisibles ante la inconcurrencia del peticionante a la audiencia fijada para tal fin, en interpretación similar al artículo 423.3 del NP.

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- El artículo 120, numerales 1 y 3 del NP prescribe que la actuación procesal judicial se documenta utilizando los medios técnicos que correspondan como la reproducción audiovisual. Por estas consideraciones SE RESUELVE, III. PARTE RESOLUTIVA: 1. RECEPCIONAR la comunicación de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria expedida por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, contra el imputado Alancito Moreno Ramírez por el delito de ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 189 del Código Penal en agravio de Carlos Zavaleta Carranza, a efectos de que el juez de la investigación preparatoria asuma competencia material en el proceso. 2. IMPONER la medida de COMPARECENCIA SIMPLE al imputado, quien se encuentra obligado a concurrir a las diligencias del proceso en que sea necesaria su presencia, bajo apercibimiento de ser conducido compulsivamente por la Policía. 3. DESIGNAR abogado de oficio, para que asuma la defensa del imputado, al haberse advertido que no cuenta con defensa técnica, dejando a salvo su derecho de sustituirlo por abogado de su libre elección comunicándolo en forma inmediata al juzgado, para ello, se notificará al Coordinador de los defensores de oficio en su sede institucional, adjuntando copia de la disposición de formalización de investigación preparatoria, para que cumpla con lo ordenado, con el apersonamiento inmediato del abogado de oficio, bajo apercibimiento de tenerse por designado a él mismo. 4. COMUNICAR a la parte agraviada que tiene derecho a ser informado y escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal siempre que lo solicite al juzgado y solamente tendrá derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; asimismo, tiene la facultad de solicitar su constitución en actor civil, con la finalidad de obtener mayores facultades de actuación en el proceso.

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5. PRECISAR a los sujetos procesales que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria, se encuentra disponible en las oficinas de la Fiscalía encargada del caso, para su revisión, expedición de copias u otros fines que correspondan. 6. ADVERTIR a las partes que los requerimientos y solicitudes se presentan por escrito (en formulario oficial cuando corresponda) y deben ser sustentados oralmente en audiencia pública, bajo apercibimiento de declararse inisible en caso de inconcurrencia del peticionante. 7. EXPLICAR que el desarrollo íntegro de las audiencias judiciales será grabado en audio, pudiendo acceder las partes a una copia. La resolución dictada oralmente en audiencia, se entenderá notificada a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan asistido. 8. ORDENAR a las partes que fijen en autos un domicilio procesal dentro del radio urbano del juzgado (dentro del perímetro de la Avenida América), precisándose que las resoluciones escritas en adelante serán notificadas solo en el domicilio procesal, siendo de su entera responsabilidad la variación del mismo no comunicada al juzgado o el fijado fuera del radio urbano, para lo primero se entenderá válida la notificación en el último domicilio fijado en autos y para lo segundo se entenderá efectuada la notificación en el mismo día de expedida la resolución. 9. AUTORIZAR a las partes la utilización del correo electrónico para la notificación de las resoluciones, equiparable al domicilio procesal, la misma que deberá ser comunicada al juzgado y será excluyente a la notificación por cédula en lo que sea pertinente. NOTIFICAR la presente resolución al imputado y al agraviado solo por esta vez en su domicilio real, y al Ministerio Público en su sede institucional.

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Acusación directa

CARPETA Nº 5936-2009 EXPEDIENTE Nº ASISTENTE: FORMULO ACUSACIÓN DIRECTA SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA William Enrique Arana Morales, fiscal provincial del Quinto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en las intersecciones de las Avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión, oficina 504, a usted con el debido respeto expongo: De conformidad con lo prescrito por los artículos 336, inciso 4, del NP, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, procedo a formular ACUSACIÓN contra Alex Javier Buendia por delito de Omisión de Asistencia Familiar cometida en agravio de Carla Javier Mendocilla. PROCEDENCIA DE LA ACUSACIÓN DIRECTA Que el artículo 336 inciso 4 del NP establece la posibilidad de formular acusación directamente una vez realizadas las diligencias actuadas preliminarmente; lo que supone que ello es posible sin necesidad de formalizar la investigación preparatoria y sin necesidad de requerir previamente la aplicación del proceso inmediato, puesto que se trata de una facultad asignada al Ministerio Público, quien como titular del ejercicio público de la acción penal puede promover la acción penal ya sea a través de una disposición de investigación preliminar o directamente mediante una acusación, y finalmente como Director de la Investigación, puede decidir si es que amerita continuar con la investigación o si es posible obviar la investigación preparatoria para acusar directamente, en los supuestos expresamente indicados en la norma procesal antes citada.

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Que es procedente la aplicación de la acusación directa, en la medida que no lesiona los derechos constitucionales reconocidos al imputado y al agraviado, porque para poder formular una acusación directa es indispensable realizar una investigación preliminar en la que se brinde oportunidad al imputado para que ejercite su derecho de defensa, tal como ha ocurrido en el presente caso, en el que se ha citado al imputado para que ejercite su autodefensa material a través de su declaración indagatoria conforme se aprecia de los cargos de notificación que obran en la carpeta fiscal a folios 34 y 35, y con el escrito presentado por el investigado de fecha 3 de noviembre de 2009 de folios 44 de la carpeta fiscal. Que si bien es cierto que en el presente caso el imputado no ha declarado, ello no es un impedimento para poder acusar directamente, pues el derecho a declarar es un derecho relativo, que en este caso el imputado no ha querido ejercitar, porque de lo contrario habría concurrido a declarar o habría requerido una nueva fecha para rendir su declaración, pero ese supuesto no ha ocurrido en el presente caso. Finalmente se opta por la acusación directa por ser mucho un mecanismo más garantista que el proceso inmediato, porque la acusación se somete a un control de acusación ante el juez de la investigación preparatoria y donde el imputado podrá ejercitar plenamente su derecho de defensa a través de todos los mecanismos previstos en el artículo 350 del NP, lo que no ocurre en el proceso inmediato, en el que no existe etapa de control de acusación, sino que directamente el juez de juzgamiento emite auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO Alex Javier Buendía, identificado con DNI Nº 37754208, natural de Casma, soltero, nacido el 1 de octubre de 1983, de 26 años de edad, grado de instrucción secundaria, hijo de CHARLES y de DOMINGA, con domicilio real en calle Leoncio Prado Nº 713 de la Provincia de Ascope y con domicilio procesal en Jr. Túpac Yupanqui Nº 339, Urb. Santa María (abogado defensor Dr. Cristian Gómez Gálvez). MEDIDA COERCITIVA PERSONAL Contra el acusado aún no se ha impuesto la medida coercitiva personal alguna por haber procedido a realizar la acusación por salto, sin embargo, atendiendo al delito imputado corresponde dictarse la medida de comparecencia simple.

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HECHO MATERIA DE IMPUTACIÓN FÁCTICA Se le imputa a Alex Javier Buendía no haber cumplido con su obligación de prestar alimentos establecidos en la resolución judicial de aprobación de liquidación de pensiones alimenticias devengadas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2009, por el monto de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO y 18/100 NUEVOS SOLES, emitida en el proceso de alimentos seguido ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado, Expediente 1930-2002, secretario Manuel Verdi, donde se declaró fundada la demanda de alimentos y se impuso el pago mensual de ochenta nuevos soles a favor de la menor Carla Javier Buendía. Que en el presente caso, el delito de omisión se consumó al vencer el plazo de tres días otorgados a partir de fecha de notificación de la resolución de aprobación de pensiones devengadas (18 de mayo de 2009 a las 11.49 horas); y por ello se hizo efectivo el apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público. TIPO PENAL MATERIA DE IMPUTACIÓN Los hechos que son objeto de acusación se subsumen en el supuesto de hecho típico del primer párrafo del artículo 149 del Código Penal, el mismo que prescribe: “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuentidos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial”. PARTICIPACIÓN QUE SE LE ATRIBUYE AL IMPUTADO El acusado ha realizado el delito de omisión de asistencia familiar y en consecuencia tiene la calidad de AUTOR DIRECTO de conformidad con lo prescrito por el artículo 23 del Código Penal. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN Las copias certificadas del expediente del proceso de alimentos signado con el Nº 1930-2002 tramitado ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, Secretario Manuel Verdi, donde constan: a) Copias de la audiencia única del proceso de alimentos en la que se aprueba la conciliación

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a la que llegaron las partes fijándose una pensión de alimentos de S/. 80.00 nuevos soles de fs. 10 y 11; b) Informe sobre liquidación de pensiones devengadas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2009, por el monto de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO y 18/100 NUEVOS SOLES de fs.14; c) La Resolución Nº 21 que aprueba la referida liquidación de pensiones devengadas y sus cargos de notificación de fs. 21, 23 a 26, y d) La Resolución Nº 22 que dispone la expedición de copias certificadas al Ministerio Público de fs. 28 y sus respectivos cargos de notificación. CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD PENAL No existe ninguna circunstancia que modifique la responsabilidad. PENA SOLICITADA De conformidad a lo prescrito en primer párrafo del artículo 149 del Código Penal que establece una pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios, y considerando las reglas sobre determinación de la pena previstas en el artículo 45 inciso 3 del Código Penal, referidas a los intereses de la víctima –que en el presente caso se trata de una menor alimentista–, y en el artículo 46 incisos 1, 3 y 9, del Código Penal, referidas a la naturaleza de la acción, a la importancia de los deberes infringidos y a la reparación espontánea que hubiere hecho del daño, respectivamente; ya que tratándose del incumplimiento de uno de los deberes más importantes derivados de la patria potestad, al tiempo que ha transcurrido sin que el investigado cumpla con pagar el total de las pensiones alimenticias del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2009; en tal sentido se solicita una pena de un año de pena privativa de libertad para el acusado. REPARACIÓN CIVIL REQUERIDA De conformidad a lo prescrito por el artículo 93 del Código Penal, se establece que la reparación civil comprende: la restitución del bien o el pago de su valor, más una indemnización; que en el caso del delito de Omisión de Asistencia Familiar, la restitución del bien debe estar referida al pago de las pensiones devengadas y la indemnización debe estar referida a un monto adicional, en tal sentido, se solicita que al acusado se le imponga el

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pago de tres mil cuatrocientos setenta y cinco nuevos soles por concepto de reparación civil, que comprende el saldo de las pensiones devengadas equivalente a S/. 3 375.18, más S/. 100.00 por concepto de indemnización; monto que se pagará a favor de la menor Carla Javier Mendocilla. MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA SU ACTUACIÓN EN JUICIO 1. La DECLARACIÓN de la testigo Meche Mendocilla Fernández, identificada con DNI Nº 23534146, con domicilio en Jr. Pedro Muñiz Nº 657, quien declarara sobre la forma y circunstancias de realización del delito en calidad de madre y representante de la menor alimentista. 2. DOCUMENTALES: Consistentes en copias certificadas del expediente del proceso de alimentos signado con el Nº 1930-2002 tramitado ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, Secretario Manuel Verdi, donde constan: a) Copias de la audiencia única del proceso de alimentos en la que se aprueba la conciliación a la que llegaron las partes fijándose una pensión de alimentos de S/. 80.00 de fs. 10 y 11; b) Informe sobre liquidación de pensiones devengadas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 28 de febrero de 2009, por el monto de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO y 18/100 NUEVOS SOLES de fs.14; c) La Resolución Nº 21 que aprueba la referida liquidación de pensiones devengadas y sus cargos de notificación de fs. 21, 23 a 26, y d) La Resolución Nº 22 que dispone la expedición de copias certificadas al Ministerio Público de fs. 28 y sus respectivos cargos de notificación. OTROSÍ DIGO.- A fin de garantizar el derecho a la tutela procesal efectiva consagrada en la Constitución y el ejercicio de los derechos que la norma procesal le concede al agraviado para la constitución en ACTOR CIVIL, solicito para que de manera previa a la audiencia de control de la acusación se le otorgue oportunidad al agraviado para que se pueda constituir en actor civil, de conformidad a los fundamentos que se desarrollan a continuación. 1. De conformidad con el artículo 101 del NP la oportunidad para que el agraviado se constituya en actor civil es hasta antes de la culminación de la investigación preparatoria, lo que supone

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la imposibilidad de realizar este trámite procesal una vez declarada la conclusión de la investigación preparatoria.

2. Que en los supuestos de acusación directa no es necesaria la formalización de la investigación preparatoria ni el previo requerimiento de proceso inmediato, pues no se trata de un proceso especial, sino de un mecanismo de simplificación procesal, en el que se evita la etapa de investigación preparatoria. 3. A partir de un análisis de las normas antes indicadas se concluye que la limitación de solicitar la constitución en actor civil antes del vencimiento de la investigación preparatoria no resulta aplicable al presente caso, puesto que en los supuestos de acusación directa en el que la exigencia del artículo 101 del NP no resulta de aplicación por razones de impertinencia. 4. La exigencia referida a la oportunidad para solicitar la constitución en actor civil –que no resulta aplicable a los casos con acusación directa–, se comporta como una dificultad para el ejercicio de esta potestad que el sistema procesal reconoce al agraviado; por ello el sustento para afirmar la posibilidad de constituirse en actor civil se encuentra en el principio de igualdad procesal, que conforme a lo prescrito por el artículo 1 inciso 3 del referido código adjetivo, establece que las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y que los Jueces preservarán el principio de igualdad allanando todos los obstáculos que dificulten su vigencia; en tal caso, se debe garantizar que el agraviado se pueda constituir en actor civil durante la etapa intermedia a fin de garantizar sus derechos en los procesos en que se acusa directamente, pues si la Fiscalía y el imputado pueden ejercitar sus derechos en la etapa intermedia, la misma razón le asiste al agraviado en la medida que no ha tenido lugar una investigación preparatoria. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez, tramitar la presente conforme a Ley, y en su momento se emita auto de enjuiciamiento, itiendo las pruebas ofrecidas por este despacho fiscal para su actuación en juicio. Trujillo, 9 de noviembre de 2009

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Requerimiento de proceso inmediato

EXPEDIENTE Nº 3452-2007 R E Q U E R I M I E N TO D E P R O C E S O INMEDIATO SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO DESPACHO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO: Luciana Meléndez Canales, fiscal provincial titular de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio en las esquinas de las avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión; a usted Digo: I. REQUERIMIENTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 446 y siguientes del NP, SOLICITO que vuestro Despacho dicte RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA PROCEDENCIA DEL PROCESO INMEDIATO en los seguidos contra Edwin Vigo Vargas como presunto autor del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio de Leomary Priscila, Tony Milciades y Edwin Vigo Huertas. II. SUPUESTOS DEL PROCESO INMEDIATO QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO: Conforme lo prescribe el numeral 1 del artículo 446 del NP vigente: “El fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato cuando: inciso c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes”. Estando a lo antes expuesto, se aprecia de la presente carpeta fiscal los siguientes elementos de convicción evidentes: Las copias certificadas del Expediente Nº 1751 remitidas por el Sexto Juzgado de Paz Letrado, ante el proceso seguido por la hoy agraviada María del Pilar Huertas Coronel contra el hoy inculpado Edwin Vigo Vargas sobre Alimentos, de donde se desprende que a Edwin Vigo Vargas, se le ha seguido un proceso de alimentos a favor su cónyuge, hoy agraviada

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Pricila Huertas Coronel y de sus menores hijos Leomary Priscila Vigo Huertas, Tony Milciades Vigo Huertas y Oriel Óscar Vigo Huertas donde la demandante Huertas Coronel y el demandado Edwin Vigo Vargas arribaron a un acuerdo conciliatorio por el cual Edwin Vigo Vargas se obligó a asistir a su cónyuge e hijos mencionados precedentemente con una pensión alimenticia ascendente a quince nuevos soles díarios, acuerdo que fue aprobado por el Juzgado adquiriendo el carácter de sentencia con las consecuencias de cosa juzgada, conforme se advierte de folios 18-19. Posteriormente mediante resolución Nº 13 que obra a folios 31, el Juzgado aprobó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, ascendente a la suma de S/. 11,007.37 (once mil siete nuevos soles con treinta y siete céntimos), notificada a su domicilio real y procesal del denunciado Edwin Vigo Vargas conforme a los cargos de folios 32-36, y mediante resolución Nº 14 a folios 38, fue requerido para que en el plazo de tres días cumpla con cancelar las pensiones devengadas antes señaladas, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público, sin embargo ha hecho caso omiso a lo ordenado por la jueza del Tercer Juzgado de Familia de Trujillo pese a haber sido noticiado conforme constancias de folios 39 y 40. La declaración del inculpado Edwin Vigo Vargas (ver folios 63-65), quien en presencia de su abogado defensor y de la representante del Ministerio Público, ha referido que sí tenía conocimiento que se encontraba adeudando la suma de S/. 11, 007.37 por concepto de pensiones alimenticias, y que ha cumplido con cancelar parcialmente las pensiones alimenticias que le fueron fijadas ya que no trabaja en el taller de soldadura de su padre porque ya se cerró dicho negocio, pero que ha realizado pagos parciales directamente a la agraviada María del Pilar Huertas Coronel. III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: El presente requerimiento se encuentra amparado en los artículos 446 y 447 del NP, artículos que permiten requerir la vía del proceso inmediato cuando existan elementos de convicción evidentes y previo interrogatorio del imputado como en el presente caso, requerimiento que se efectúa antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria conforme se aprecia de folios 52-53.

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PRIMER OTROSÍ DIGO.- Se acompaña al presente requerimiento el ORIGINAL de la carpeta fiscal, en folios 65, conforme a si lo dispone el numeral 2 del artículo 447 del NP, sin perjuicio que la asistente de función fiscal FOTOCOPIE TODO LO ACTUADO y lo certifique, conforme así lo dispone el artículo 8 del Reglamento de la carpeta fiscal, aprobado por Resolución Nº 748-2006-MP-FN del 21 de junio de 2006. SEGUNDO OTROSÍ DIGO.- Con la finalidad de notificar al imputado se cumple con señalar que el imputado Edwin Vigo Vargas, tiene domicilio real en calle F. Sarmiento 568, Urb. Las Quintanas y domicilio procesal en Orbegoso 385 - oficina 302 de la ciudad de Trujillo. - Se adjunta 3 copias de la presente para la notificación a las partes. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez, y previo traslado al imputado y demás sujetos procesales DECLARE PROCEDENTE EL PROCESO INMEDIATO conforme a lo dispuesto por el artículo 448 numeral 1 del NP. Trujillo, 2 de mayo de 2007

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Auto que declara la procedencia del proceso inmediato

7º JUZ. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE Nº

: 04320-2013-0-1601-JR-PE-07

ESPECIALISTA

: KATTY LEGOAS LOZADA

MINISTERIO PÚBLICO : JORGE ALBERTO BELAUNDE LUJÁN IMPUTADO

: ÁNGEL MEREGILDO RODRÍGUEZ

DELITO

: OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO

: LUIS CARLITOS MEREGILDO PÉREZ

Resolución Nº DOS Trujillo, cinco de setiembre del año dos mil trece.DADO CUENTA; Con el requerimiento fiscal de proceso inmediato contra el imputado Ángel Meregildo Rodríguez, por el delito de Omisión a la asistencia familiar, en agravio de Luis Carlitos Meregildo Pérez; atendiendo a los medios probatorios evidentes como las copias certificadas del Expediente Nº 1851-2006 remitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, se puede colegir que a este se le ha seguido un proceso de alimentos a favor de su menor hijo Luis Carlitos Meregildo Pérez, donde al demandado mediante sentencia se le fija una pensión mensual por concepto de alimentos de S/. 150.00 (ciento cincuenta nuevos soles). Posteriormente, por Resolución Nº 13, de folios 50, el Juzgado aprobó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, ascendente a la suma de S/. 6,450.29 (seis mil cuatrocientos cincuenta con 29/100 nuevos soles), la misma que notificada a su domicilio real –conforme al cargo de folios 51–, para que en el plazo de tres días cumpla con cancelar las pensiones devengadas antes señaladas, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público, siendo así que finalmente mediante Resolución Nº 14 (obrante a folios 54), se remiten dichas copias a fin de proceder conforme a ley; y

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CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, sustenta jurídicamente su requerimiento de proceso inmediato contra el imputado amparándose en el artículo 446 numeral 1, que refiere c) a los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes del NP y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 447.1 del citado Código en cuanto que el requerimiento lo ha solicitado al culminar las diligencias preliminares. SEGUNDO.- En el Acuerdo Plenario Nº 6-2010/CJ-116(1) del 16 de noviembre del dos mil diez, el proceso inmediato es un proceso especial y una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia. TERCERO.- Que a consideración del suscrito, el proceso inmediato es un proceso especial, en el cual no existe la etapa intermedia, pasa directamente de la investigación preliminar al juicio oral. Dicho requerimiento puede ser solicitado concluida la investigación preliminar o, hasta los 30 días de formalizada la investigación preparatoria; consecuentemente, importa la simplificación del proceso, siempre que se observen los requisitos que estipula la ley adjetiva, apreciándose, por ende lo que se busca es la celeridad en los trámites y una de estas alternativas de una justicia pronta y oportuna, satisfaciendo no solo los intereses de la justicia sino de los sujetos procesales involucrados. CUARTO.- En el caso de autos el representante del Ministerio Público considera como elementos de convicción que hacen evidente el delito y la responsabilidad del procesado:

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Según el Acuerdo Plenario Nº 06-2010/CJ-116 este proceso especial se produce cuando es innecesario realizar mayores actos de investigación, y siguiendo la línea del Acuerdo Plenario Nº 05-2009/CJ-116 y las reglas de la hermenéutica, establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto y en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato o las disposiciones y su estructura procesal.

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1. La sentencia de Vista, dictada por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de La Libertad, obrante a fojas treinta y seis a treinta y nueve, donde se declara fundada en parte la demanda de alimentos por la suma ascendente a S/. 150.00 (ciento cincuenta con 00/100 nuevos soles); 2. La liquidación de Pensiones, obrante a fojas cuarenta y cinco a cuarenta y seis, en donde se determina un total de deuda ascendente a S/. 6,450.29 (seis mil cuatrocientos cincuenta con 29/100 nuevos soles); 3. El cargo de notificación, obrante a fojas cuarenta y ocho, donde consta se le ha notificado al imputado con la referida liquidación; 4. La resolución N° Trece, que aprueba la liquidación de pensiones; 5. El cargo de notificación de la resolución Nº Trece, la cual aprueba la liquidación de pensiones; 6. La resolución N° Catorce, donde se remiten los actuados del proceso 1851-2006 mediante copias certificadas al Ministerio Público para que formule denuncia por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; no habiéndose presentado recurso alguno; 7. La declaración del inculpado quien señala haber tomado conocimiento del proceso de alimentos en su contra y que está dispuesto a llegar a un acuerdo de principio de oportunidad, lo cual corroborado una vez más respecto así conocimiento del proceso y aceptación de los cargos atribuidos por la fiscalía con su dicho expuesto en la absolución al proceso inmediato; QUINTO.- Advirtiéndose, con los elementos de convicción adjuntados y analizados los mismos, e incluso con la aceptación de los cargos en su interrogatorio y con lo aseverado en su escrito de absolución positiva, el requerimiento fiscal se encuentra subsumido en el artículo 446.1. c) del NP que demostraría evidentemente la existencia del delito y la presunta responsabilidad del procesado; aclarando que en la etapa preliminar e investigación preparatoria se realizan actos de investigación y en la etapa del juicio oral medios de prueba, etapa en la cual los actos de investigación serán valorados como medios de prueba o no, en este caso, de acuerdo a la convicción del juez unipersonal.

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Por estas consideraciones; se resuelve declarar PROCEDENTE el proceso inmediato contra el imputado ÁNGEL MEREGILDO RODRÍGUEZ, investigado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; en agravio de Luis Carlitos Meregildo Pérez; consecuentemente se dispone su INCOACCIÓN; NOTIFICÁNDOSE a los sujetos procesales con esta resolución; a fin de que el fiscal PROCEDA a formular acusación. NOTIFÍQUESE.-

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Auto que declara improcedente la aplicación de proceso inmediato

QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE

: Nº 5004-2013-0

IMPUTADO

: ADRÍAN GÓMEZ ALVARADO

DELITO

: OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO

: JESÚS CALVANAPÓN REQUENA

JUEZ

: JUAN MARTÍN RAMÍREZ SÁENZ

ASISTENTE

: JOSÉ ANTONIO VERA CHIRINOS

FISCAL

: JORGE ALBERTO BELAUNDE LUJÁN

CASO FISCAL

: Nº 154-2012

RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO Trujillo, veintiséis de noviembre del año dos mil trece.DADO CUENTA, con el presente cuaderno sobre requerimiento fiscal para la incoación del proceso inmediato; y CONSIDERANDO: PRIMERO: REQUERIMIENTO FISCAL DE PROCESO INMEDIATO Que el señor fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, requiere al juzgado se dicte la resolución de procedencia a proceso inmediato contra Adrían Gómez Alvarado, investigado preliminarmente por delito de omisión a la asistencia familiar, en agravio de Jesús Calvanapón Requena. Se adjunta al requerimiento fiscal, la carpeta fiscal en original, de la cual aparece que con fecha 6 de abril del presente año, mediante disposición

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número uno, obrante en la página 96, se dispuso iniciar investigación preliminar por el plazo de 45 días, para recibir la declaración del investigado y convocar a los sujetos procesales a la audiencia única de aplicación de principio de oportunidad; lográndose recibir la declaración del imputado y realizar la aplicación del principio de oportunidad, que obra en el acta de fojas 112. SEGUNDO: NORMAS APLICABLES AL CASO Artículo 2, inciso 4 del NP Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la reparación civil, el fiscal expedirá una disposición de abstención. Esta disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro fiscal pueda promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable. Artículo 446.1 El fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato, cuando: a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la comisión del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. TERCERO: DEFINICIÓN JUDICIAL DEL CASO Como aparece en la página 112, con fecha 28 de mayo de 2013, la Fiscalía declaró viable la aplicación del principio de oportunidad para el presente caso, otorgándose al investigado un plazo para cancelar la deuda de pensiones alimenticias devengadas, más el importe por concepto de reparación civil en cuotas mensuales, desde junio a diciembre del presente año y textualmente se consigna en la parte final del acta: “Se hace de conocimiento al investigado que en caso de incumplimiento de cualquiera de las cuotas, se procederá a la anulación del presente principio de oportunidad”. Que de la verificación de la carpeta fiscal, se advierte que la referida anulación del principio de oportunidad no se ha producido, de tal manera que

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el acta de aplicación del principio de oportunidad mantiene su vigencia y validez y en esas condiciones, se entiende no es posible promover la acción penal y menos aún promover incoar la aplicación de proceso inmediato. Por estas consideraciones SE RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE la aplicación del proceso inmediato requerido por el Ministerio Público. DISPONGO que consentida o ejecutoriada que sea esta resolución, SE DEVUELVA al señor fiscal la carpeta fiscal, dejándose copia certificada de la misma en autos. NOTIFÍQUESE a quienes corresponda.

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Solicitud de actos de investigación

Carpeta Fiscal N° 6345-2011 Fiscal a cargo: MARIO GÓMEZ ZAVALETA Solicitamos actos de investigación SEÑOR FISCAL DE LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA: Hans Rubio Sánchez, abogado de Luis Sandoval Cabrera (constituido en actor civil), en el proceso seguido contra Hipólito Juárez Mendiola, por el delito de estafa y fraude procesal, en agravio de nuestra representada y el Estado, a usted atentamente digo: Al amparo de lo previsto en el artículo 337.4 del NP, y en virtud de haberse dispuesto la ampliación de la investigación preparatoria respecto a nuevos investigados, solicitamos a su Despacho se sirva disponer la realización de las diligencias que a continuación señalamos y que consideramos son pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos: 1. Se reciba las testimoniales de Jorge Vega Cruz así como de Daniela Cruz Lescano, con domicilio en Av. América Norte N° 2465 y en Prol. Santa N° 635 - Urb. Palermo, en Trujillo, respectivamente. 2. Se oficie al Banco de Crédito del Perú, a fin de que en virtud de la resolución judicial de levantamiento de secreto bancario promovida a instancia del Ministerio Público informe respecto a la titularidad de las Cuentas Bancarias Nºs 193-16352393-0-14 y Cta. Nº 455-191864-70042, así como fecha de apertura y movimientos que realizaron entre los meses de julio y setiembre de 2010. 3. Se oficie a la Universidad LOS ÁNGELES DEL NORTE, a fin de que informe si Juan Gutiérrez Vega y Mariela Meléndez Orbegoso son o han sido alumnos de dicha institución, la profesión que seguían, y los años de estudios. 4. Se oficie a la Oficina Registral de Propiedad Inmueble de Trujillo, a fin de que remita copia literal de la empresa CONSORCIO W&T

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S.A.C. así como informe si Edmundo Siguenza Linares, es o ha sido su representante legal.

Asimismo, a fin de evitar posteriores cuestionamientos, solicitamos que dado que se ha incorporado al Estado como parte agraviada, las disposiciones que se expidan durante el presente proceso sean notificadas al Procurador correspondiente, y se proceda a recibir su declaración. Por tanto: A usted, señor fiscal, pido: se sirva acceder a lo solicitado. 26 de setiembre de 2013

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Solicitud de actos de investigación

Carpeta Fiscal N° 6345-2011 Fiscal a cargo: MARIO GAMEZ ZAVALA Solicitamos actos de investigación SEÑOR FISCAL DE LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA: Hipólito Juárez Mendiola, en el proceso que se me sigue por el delito de estafa y fraude procesal, en agravio de Ronald Mesa Díaz y el Estado, a usted atentamente digo: Al amparo de lo previsto en el artículo 337 inciso 4 del NP, solicito a su Despacho se sirva disponer la realización de las diligencias que a continuación se señala y que consideramos son pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos: Se reciba las testimoniales de Jorge Vega Cruz y Daniela Cruz Lescano, con domicilio en Av. América Norte N° 2465 y en Prolongación Santa N° 635 - Urb. Palermo, en Trujillo, respectivamente; quienes declararán que el investigado DONATO PEREDA DOMÍNGUEZ fue la persona que lo ó con engaños para hacerlo firmar un contrato de compraventa, una escritura pública y hasta una demanda; siendo que en mérito a estos documentos actualmente me están investigando. Se oficie al Banco de Crédito del Perú, a fin de que en virtud de la resolución judicial de levantamiento de secreto bancario promovida a instancia del Ministerio Público informe respecto a la titularidad de las Cuentas Bancarias Nºs 193-16352393-0-14 y Cta . Nº 455-191-864-70042, así como fecha de apertura y movimientos que realizaron entre los meses de julio y setiembre de 2010. Se oficie a la Universidad LOS ÁNGELES DEL NORTE, a fin de que informe si Juan Gutiérrez Vega y Mariela Meléndez Orbegoso son o han sido alumnos de dicha institución, la carrera profesional que seguían, y los años de estudios.

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Se oficie a la Oficina Registral de Propiedad Inmueble de Trujillo, a fin de que remita copia literal de la empresa CONSORCIO W&T S.A.C. así como informe si Edmundo Siguenza Linares, es o ha sido su representante legal. Asimismo, a fin de evitar posteriores cuestionamientos, solicitamos que dado que se ha incorporado al Estado como parte agraviada, las disposiciones que se expidan durante el presente proceso sean notificadas al Procurador correspondiente, y se proceda a recibir su declaración. Por tanto: A usted, señor fiscal, pido: se sirva acceder a lo solicitado. 26 de setiembre de 2013

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Disposición que deniega la realización de actos de investigación requeridos por la defensa

CASO Nº 778-2012 Trujillo, primero de octubre del año dos mil trece.DADO CUENTA: Con el escrito presentado por Hipólito Juárez Mendiola, en el proceso que se me sigue por el delito de estafa y fraude procesal, en agravio de Ronald Mesa Díaz y el Estado; y CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo prescrito por el artículo IX del TP del NP, el imputado tiene derecho a la defensa, y como parte de ese derecho, el inciso 5 del artículo 84 y el inciso 4 del artículo 337 del NP contemplan la facultad del imputado y su defensor para solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; y a su vez esta última norma prescribe que el fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas diligencias que estimare conducentes. Si realizamos una interpretación a contrario sensu del precepto contenido en el artículo 337 inciso 4 del NP, queda claro que el fiscal no ordenará que se lleven a efecto aquellas diligencias cuando considere que no son conducentes para el esclarecimiento de los hechos. En el presente caso el imputado Hipólito Juárez Mendiola solicita la realización de ciertas diligencias de investigación; sin embargo, de las diligencias solicitadas solo ha sustentado la utilidad y pertinencia de las declaraciones testimoniales de Jorge Vega Cruz y Daniela Cruz Lescano, las mismas que ya se han programado de oficio mediante providencia de fecha 28 de setiembre del año 2013; en tanto que las demás diligencias solicitadas no están debidamente sustentadas y por lo tanto no pueden disponerse. Por las consideraciones antes expuestas SE DISPONE:

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DECLARAR no ha lugar a la realización de las diligencias solicitadas por el imputado Hipólito Juárez Mendiola. NOTIFICAR la presente conforme a ley.

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Solicitud de control de actos de investigación

Especialista : LUZMILA BERNAL V. Expediente

: N°657-2013

Solicita control de actos de investigación SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: JOSÉ BETETA PALACIOS, abogado de Hipólito Juárez Mendiola, en el proceso que se le sigue por los delitos de estafa y fraude procesal, en agravio de Ronald Mesa Díaz y el Estado, en supuesto agravio del Estado, a usted atentamente digo: I. PETITORIO.En virtud a lo previsto por el artículo 337 inciso 5 del NP formulamos control de actos de investigación denegados por el fiscal, a fin de que vuestro despacho luego de evaluar la pertinencia, utilidad y conducencia de las diligencias propuestas, declare fundado el presente requerimiento y ordene al fiscal la realización de las diligencias de investigación denegadas. II. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN NUESTRA PRETENSIÓN.Atendiendo a lo previsto por el artículo 337 inciso 4 del NP, durante la investigación, en mi calidad de imputado, solicité al fiscal la realización de diligencias pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Que mediante disposición de fecha primero de octubre del año dos mil trece el fiscal sin un motivo suficiente rechazó mi solicitud para la realización de las siguientes diligencias: - Se reciba las testimoniales de Jorge Vega Cruz y Daniela Cruz Lescano, con domicilio en Av. América Norte N° 2465 y en Prolongación Santa N° 635 - Urb. Palermo, en Trujillo, respectivamente; quienes declararan que el investigado DONATO PEREDA DOMÍNGUEZ fue la persona que los ó con engaños para hacerlos firmar un contrato de

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compraventa, una escritura pública y hasta una demanda; siendo que en mérito a estos documentos actualmente me están investigando.

- Se oficie al Banco de Crédito del Perú, a fin de que en virtud de la resolución judicial de levantamiento de secreto bancario promovida a instancia del Ministerio Público informe respecto a la titularidad de las Cuentas Bancarias Nºs 193-16352393-0-14 y Cta. Nº 455-191864-70042, así como fecha de apertura y movimientos que realizaron entre los meses de julio y setiembre de 2010. - Se oficie a la Universidad LOS ÁNGELES DEL NORTE, a fin de que informe si Juan Gutiérrez Vega y Mariela Meléndez Orbegoso son o han sido alumnos de dicha institución, la carrera profesional que seguían, y los años de estudios - Se oficie a la Oficina Registral de Propiedad Inmueble de Trujillo, a fin de que remita copia literal de la empresa CONSORCIO W&T S.A.C. así como informe si Edmundo Siguenza Linares, es o ha sido su representante legal. Primer Otrosí Digo: Adjuntamos en calidad de anexos: 1. Copia del cargo de nuestra solicitud dirigida al fiscal. 2. (…) 3. .. Segundo Otrosí Digo: Señalamos nuestro domicilio procesal en la (…) (…).

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Disposición de conclusión de investigación preparatoria cuando se ha cumplido con el objeto de la investigación y antes de que se cumpla el plazo

Ministerio Público Tercer Despacho de Investigación SIAFT N° 2303-2009 Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo Expediente Nº 6109-2009 Fiscal responsable: Dra. Burgos Villarreal CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Trujillo tres de diciembre del año dos mil nueve.DADO CUENTA: Con la investigación seguida contra JAVIER GUERRERO RISCO por la presunta comisión del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio de su menor hijo YERSON GUERRERO RUIZ. CONSIDERANDO: Primero: Que, conforme lo prescribe el numeral 1 del artículo 343 del NP “El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto aun cuando no hubiere vencido el plazo”. Segundo: Que, la investigación preparatoria tiene un objetivo determinado: la verificación jurídica de los hechos denunciados como delito y la verificación de la persona denunciada como su autor, de tal manera que mediante una investigación dirigida por el fiscal de Investigación Preparatoria y con las garantías procesales, se han de practicar las

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diligencias de investigación necesarias, se recabarán los elementos probatorios y se posibilitará el juzgamiento o archivamiento del proceso. De allí que la investigación preparatoria debe reunir la prueba de la realización del delito, de sus circunstancias, móviles, la distinta participación de los autores y cómplices. Tercero: Que, siendo ello así, debe disponerse la conclusión de la investigación al haberse reunido las pruebas necesarias y suficientes para continuar con la siguiente etapa del proceso penal. Por estas consideraciones: EL TERCER DESPACHO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DISPONE: LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA seguida contra JAVIER GUERRERO RISCO por la presunta comisión del delito de OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR en agravio de su menor hijo YERSON GUERRERO RUIZ, debiendo notificarse a las partes procesales y proceder a emitir la decisión fiscal que corresponda conforme lo prescribe el numeral 1 del artículo 344 del NP; PONER EN CONOCIMIENTO DE LA SEÑORA JUEZA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO, la presente disposición con la nota de atención.

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Disposición de conclusión de investigación preparatoria por vencimiento del plazo de investigación

Ministerio Público Tercer Despacho de Investigación SIAFT N° 2263-2009 Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo Expediente Nº 7524-2009 Fiscal responsable: Dra. Burgos Villarreal CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Trujillo tres de diciembre del año dos mil trece AUTOS Y VISTOS: La investigación seguida contra JORGE GUERRERO RISCO por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO en agravio de MIGUEL MUÑOZ CORREA. CONSIDERANDO: Primero: Que, conforme lo prescribe el numeral 1 del artículo 342 del NP: “El plazo de investigación preparatoria es de ciento veinte días naturales. Solo por causas justificadas el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un plazo máximo de sesenta días naturales”. Segundo: Que, como es de verse, en el presente caso, se ha formalizado investigación preparatoria en contra de JORGE GUERRERO RISCO por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO en agravio de MIGUEL MUÑOZ CORREA, esto a través de disposición de fecha 4 de junio del año en curso, siendo posteriormente, con fecha 3 de agosto del mismo año que se emitió la disposición de Prórroga de Investigación Preparatoria, esto por haber resultado necesario para recabar los elementos de convicción indispensables a efectos de cumplir con el objetivo

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de la investigación preparatoria, consistente en la verificación jurídica de los hechos denunciados como delito y la verificación de la persona denunciada como su autor. Tercero: Que a la fecha, habiéndose cumplido el plazo de ley para llevar a cabo la investigación preparatoria y en cumplimiento estricto de lo prescrito por el numeral 1 del artículo 342 del NP, este Despacho fiscal cumple con disponer la conclusión de la presente investigación. Por estas consideraciones: EL TERCER DESPACHO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DISPONE: LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA seguida contra OSWALD GUERRERO RISCO por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO en agravio de MIGUEL MUÑOZ CORREA, debiendo notificarse a las partes procesales y proceder a emitir la decisión fiscal que corresponda conforme lo prescribe el numeral 1 del artículo 344 del NP; PONER EN CONOCIMIENTO DE LA SEÑORA JUEZA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO, la presente disposición con la nota de atención.

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Disposición de prórroga del plazo de investigación preparatoria

MINISTERIO PÚBLICO SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - TRUJILLO SOLICITA PRÓRROGA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PROCESO COMPLEJO REQUERIMIENTO Nº 03-2013 CASO SIAFT: 1924-2012 Y 2359-2012 Expediente Nº 358-2013 Especialista: Legoas Lozada SEÑORA: JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ALEXANDER CHÁVEZ HORNA, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo, con Domicilio en la Av. Jesús de Nazareth y Carrión S/N Oficina 404; a usted digo: PETITORIO: De conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 342 del NP, y estando por vencer el plazo de investigación preparatoria compleja seguida contra JUAN JOSÉ LAGOS SIFUENTES, LUIS CARLOS ZÁRATE OLGUÍN Y ROBERTO VIGO BAZÁN en calidad de AUTORES y de ALEXANDER CUEVA MIÑANO, ÁNGEL MIGUEL TERÁN GÓMEZ, AUGUSTO DARÍO JULCAN REQUENA, ALBERTO ANTONIO VALDIVIEZO BENITES Y GABY TORRES MELÉNDEZ en calidad de CÓMPLICES PRIMARIOS del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA, el mismo que fuera cometido en agravio de ESTADO- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS

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PÚBLICOS y GUILLERMO VALDEZ AMADO. Asimismo, la investigación seguida en contra de JUAN JOSÉ LAGOS SIFUENTES, LENIN JOSÉ CRUZADO MORALES y NÉSTOR CORREA CONTRERAS en calidad de AUTORES y de LUIS CARLOS ZÁRATE OLGUÍN, BENITO GONZALES JUÁREZ, ÁNGEL MIGUEL TERÁN GÓMEZ, AUGUSTO DARÍO JULCAN REQUENA, JOSÉ MIGUEL SUÁREZ CASTRO Y FERNANDO OTERO BECERRA, en calidad de (CÓMPLICES PRIMARIOS) del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO, el mismo que fuera cometido en agravio de ESTADOSUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, GUILLERMO VALDEZ AMADO. Por último, la investigación seguida en contra LUIS CARLOS ZÁRATE OLGUÍN, BENITO GONZALES JUÁREZ, LENIN JOSÉ CRUZADO MORALES, JOSÉ LUIS PAREDES CHÁVEZ, ALEXANDER CUEVA MIÑANO, VÍCTOR HUGO ARENAS PINTO, ÁNGEL MIGUEL TERÁN GÓMEZ, AUGUSTO DARÍO JULCAN REQUENA, ALBERTO ANTONIO VALDIVIEZO BENITES, NÉSTOR CORREA CONTRERAS, JOSÉ MIGUEL SUÁREZ CASTRO, FERNANDO OTERO BECERRA, ROBERTO VIGO BAZÁN, JUAN JOSÉ LAGOS SIFUENTES Y GABY TORRES MELÉNDEZ como presuntos COAUTORES del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR en agravio de la SOCIEDAD, SOLICITO a usted señor juez autorice la PRÓRROGA DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Proceso Complejo, atendiendo a los siguientes fundamentos: FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD Mediante Disposición de fecha 3 de enero del año 2013 aclarada posteriormente mediante disposición fiscal de fecha 28 de enero del mismo año, se formalizó investigación preparatoria contra JUAN JOSÉ LAGOS SIFUENTES, LUIS CARLOS ZÁRATE OLGUÍN Y ROBERTO VIGO BAZÁN en calidad de AUTORES y de ALEXANDER CUEVA MIÑANO, ÁNGEL MIGUEL TERÁN GÓMEZ, AUGUSTO DARÍO JULCAN REQUENA, ALBERTO ANTONIO VALDIVIEZO BENITES Y GABY TORRES MELÉNDEZ en calidad de CÓMPLICES PRIMARIOS del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA, mismo que fuera cometido en agravio de ESTADO- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS y GUILLERMO VALDEZ AMADO. Asimismo, la investigación seguida en contra de JUAN JOSÉ LAGOS SIFUENTES, LENIN JOSÉ CRUZADO MORALES y NÉSTOR

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CORREA CONTRERAS en calidad de AUTORES y de LUIS CARLOS ZÁRATE OLGUÍN, BENITO GONZALES JUÁREZ, ÁNGEL MIGUEL TERÁN GÓMEZ, AUGUSTO DARÍO JULCAN REQUENA, JOSÉ MIGUEL SUÁREZ CASTRO Y FERNANDO OTERO BECERRA, en calidad de (CÓMPLICES PRIMARIOS) del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO mismo que fuera cometido en agravio de ESTADO- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, GUILLERMO VALDEZ AMADO. Por último, la investigación seguida en contra de LUIS CARLOS ZÁRATE OLGUÍN, BENITO GONZALES JUÁREZ, LENIN JOSÉ CRUZADO MORALES, JOSÉ LUIS PAREDES CHÁVEZ, ALEXANDER CUEVA MIÑANO, VÍCTOR HUGO ARENAS PINTO, ÁNGEL MIGUEL TERÁN GÓMEZ, AUGUSTO DARÍO JULCAN REQUENA, ALBERTO ANTONIO VALDIVIEZO BENITES, NÉSTOR CORREA CONTRERAS, JOSÉ MIGUEL SUÁREZ CASTRO, FERNANDO OTERO BECERRA, ROBERTO VIGO BAZÁN, JUAN JOSÉ LAGOS SIFUENTES Y GABY TORRES MELÉNDEZ como presuntos COAUTORES del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR en agravio de la SOCIEDAD, disponiéndose además la realización de diversos actos de investigación. Precisamente, los actos de investigación desarrollados permitieron establecer que la investigación preparatoria debía ser declarada compleja, esto por requerirse la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; porque se involucraba a una cantidad importante de imputados y agraviados y porque debían realizarse una cantidad importante de pericias, siendo por este motivo que a través de la misma disposición que formalizaba la presente investigación, se declaró a la misma como compleja. Ahora bien, a la fecha se han logrado realizar una cantidad importante de actos de investigación dispuestos, encontrándose sin embargo aún pendientes de finalizar las pericias grafotécnicas respecto de documentación incriminada en la presente carpeta fiscal (minutas y escrituras públicas), encontrándose además pendientes de realizar otros actos de investigación que se advierten necesarios para el desarrollo de la presente investigación en mérito a los elementos acopiados hasta el momento, esto especialmente teniendo en consideración que a través de las diligencias realizadas durante el presente proceso, se ha logrado identificar a otro de los presuntos autores del ilícito materia de investigación, señor JUAN JOSÉ

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LAGOS SIFUENTES, imputado este respecto al que se emitiera disposición de formalización de fecha 22 de julio del año 2013 y respecto al que aún quedan pendientes la realización de diversas diligencias tendientes a determinar si en efecto esta persona ha tenido algún tipo de relación con los hechos materia de imputación. En ese sentido, atendiendo a que la finalidad de la investigación preparatoria es obtener los elementos de convicción y los medios probatorios destinados a determinar si procede o no formular acusación, el presente requerimiento se justifica por cuanto faltan realizarse concretos actos de investigación encaminados a dicho fin, correspondiendo que la presente investigación preparatoria sea prorrogada por el plazo legal previsto en el inciso 2 del NP. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Que, el presente requerimiento se encuentra amparado en el inciso 2 del artículo 342 del NP. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez acceda al presente requerimiento. Trujillo, 29 de agosto del año 2013

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Disposición que declara la complejidad de la investigación

Ministerio Público Fiscalía de Investigación SIAFT N° 3466-2011(1) Expediente: Nº 1668-2012 (1JIP) Trujillo, catorce de mayo del año dos mil doce DADO CUENTA: con la investigación seguida en contra de RITA FERNÁNDEZ SILVESTRE y OTROS por la presunta comisión de DELITO CONTRA EL PATRIMONIO en la modalidad de USURPACIÓN AGRAVADA, mismo que fuera cometido en agravio de MARCEL ALOE FLORES ZAVALA; I CONSIDERANDO: Primero: Que, de los actuados en la presente carpeta fiscal se evidencia que con fecha 3 de marzo del año 2012, se habría expedido la disposición de formalización de investigación preparatoria, la misma en la que se ha considerado como presuntos autores del delito de USURPACIÓN AGRAVADA a un total de treinta y cinco (35) personas, quienes a la fecha tendrían la calidad de imputados en el presente proceso. Segundo: Que, el artículo trescientos cuarenta y dos numeral uno establece que el plazo de investigación preparatoria es de ciento veinte días naturales , especificando que solo por causas justificadas, dictando la disposición correspondiente, el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales. Asimismo, el numeral 2 del mismo artículo prescribe: “tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses, la prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria”, precisándose en el numeral 3 los supuestos a tener en cuenta a efectos de poder considerar un proceso como complejo.

(1)

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Fiscal responsable del caso: Dra. Mónica Requejo Chamorro.

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Tercero: Que, teniendo en cuenta lo precedentemente señalado, debemos referir que si bien es cierto, la presente investigación preparatoria se ha venido tramitando bajo los plazos del proceso común, también lo es que del contenido de la carpeta fiscal, se evidencia que en el presente caso se presentaría la causal contenida en el apartado c), numeral 3 del artículo 342 del NP, el mismo que contiene los presupuestos a tener en cuenta para considerar un caso como complejo, esto es, que en el presente caso la investigación involucra una cantidad importante de imputados. Cuarto.- Estando a lo antes señalado y considerando que en esta investigación concurre uno de los presupuestos contenidos en la norma procesal invocada en los párrafos precedentes, se hace evidente la necesidad de declarar la complejidad del presente proceso; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 342 del NP vigente; LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DISPONE: DECLARAR COMO PROCESO COMPLEJO la presente investigación, debiendo continuarse con la investigación preparatoria, disponiéndose por tal motivo la realización de las siguientes diligencias: 1. Cursar Oficio a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, a efectos de solicitar se remita a este Ministerio Público la Partida Registral de la Asociación de Vivienda Aracely Vásquez Villanueva, debiendo además informar si la antes referida persona jurídica cuenta con propiedades muebles, inmuebles o vehiculares inscritas en sus registros. 2. Solicitar copias certificadas del Expediente Judicial Nº 6501-2001 seguido por Carmen Margarita Flores Zavaleta en contra de la Asociación de Vivienda Aracely Vásquez Villanueva y Otros sobre Desalojo por Ocupación Precaria, para cuyos efectos deberá cursarse oficio al Sexto Juzgado Especializado en lo civil de Trujillo. 3. Citar a la imputada Marta Pino de Alayo, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 1 de junio del año 2012 a las 08:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor.

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4. Citar al imputado Jaime Infantes Rubio, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 1 de junio del año 2012 a las 09:30 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor. 5. Citar a la imputada Lurdes Flores Roldán, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 1 de junio del año 2012 a las 11:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor. 6. Citar al imputado Marciano Haro Urtecho, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 1 de junio del año 2012 a las 12:30 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor. 7. Citar a la imputada Lorenza Vásquez Anticona, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 1 de junio del año 2012 a las 14:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor. 8. Citar al imputado Armando Briceño Alonzo, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 4 de junio del año 2012 a las 08:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor. 9. Citar a la imputada Shirley Melina Zavaleta Camones, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 4 de junio del año 2012 a las 09:30 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor. 10. Citar al imputado Andrés Ramos Rodríguez, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 4 de junio del año 2012 a las 11:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos

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materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor.

11. Citar a la imputada Manuel Alvarado de Sánchez, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 4 de junio del año 2012 a las 12:30 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor. 12. Citar al imputado Juan Mariano Rodríguez Santos, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 4 de junio del año 2012 a las 14:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación, diligencia a la que deberá asistir en compañía de su abogado defensor. 13. Citar al testigo Brian López Trujillo, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 5 de junio del año 2012 a las 08:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación. 14. Citar a la testigo Félix Ruiz Vásquez, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 5 de junio del año 2012 a las 10:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación. 15. Citar a la testigo Almendra López Llaro, persona que deberá presentarse a este despacho fiscal con fecha 5 de junio del año 2012 a las 12:00 horas, a efectos de referir lo que conozca de los hechos materia de imputación. 16. Realícense las demás diligencias que sean necesarias a efectos de continuar con la presente investigación PONER LA PRESENTE EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Y DE LOS DEMAS SUJETOS PROCESALES. NOTIFICAR la presente conforme a Ley.

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Requerimiento de prórroga del plazo de investigación preparatoria del proceso complejo

SOLICITA PRÓRROGA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR PROCESO COMPLEJO REQUERIMIENTO Nº 03-2013 CASO SIAFT: 1924-2012 Y 2359-2012 Expediente Nº 358-2013 Especialista: Legoas Lozada SEÑORA: JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ALEXANDER CHÁVEZ HORNA, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo, con Domicilio en la Av. Jesús de Nazareth y Carrión S/N Oficina 404; a usted digo: PETITORIO: De conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 342 del NP, y estando por vencer el plazo de investigación preparatoria compleja seguida contra RICARDO FERNANDO RÍOS YGLESIAS, FELIPE OMAR BARRIOS BURGA, LUIS GONZALO VARGAS ALFARO, ÓSCAR ALBERTO SILVA BURGOS, JOSÉ LUIS PINTO CHONG, PAUL ANTHONY HURTADO VALENCIA, HUGO ALFONSO SIFUENTES PALACIOS, GUILLERMO DE LA ROSA QUISPE LEÓN, JUAN CARLOS GUTIÉRREZ RONCAL, MANUEL JULIO SILVA CASTRO Y EDGAR ANTONIO MORE PERALTA en calidad de AUTORES y de MARIO CONSTANTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL UGARTE MIMBELA, CÉSAR AUGUSTO LUNA VÍCTORIA DE LA TORRE, HUGO ALFONSO SIFUENTES PALACIOS Y NATIVIDAD ZENAIDA PEREDA SÁNCHEZ en calidad de CÓMPLICES PRIMARIOS del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA, el mismo que fuera cometido en agravio de ESTADO-

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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, ALEJANDRO RAMÍREZ ODIAGA, WILFREDO MANUEL LÉVANO LUNA VÍCTORIA, CARLOS AURELIO LÉVANO LUNA VÍCTORIA, VIRGINIA MARION ASTRID ATALA VIVANCO, BLANCA SUSANA DE LA TORRE SOLANO, MARLENY CONCEPCIÓN ESTRAVER RAMÍREZ, JORGE S. CAMACHO SÁENZ, MIRTHA AMELIA VILLANUEVA GONZALES DE CAMACHO. Asimismo, la investigación seguida en contra de RICARDO FERNANDO RÍOS YGLESIAS, ÓSCAR ALBERTO SILVA BURGOS y GUILLERMO DE LA ROSA QUISPE LEÓN en calidad de AUTORES y de FELIPE OMAR BARRIOS BURGA, LUIS GONZALO VARGAS ALFARO, MIGUEL ÁNGEL UGARTE MIMBELA, CÉSAR AUGUSTO LUNA VÍCTORIA DE LA TORRE, JUAN CARLOS GUTIÉRREZ RONCAL Y MANUEL JULIO SILVA CASTRO, en calidad de (CÓMPLICES PRIMARIOS) del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO, el mismo que fuera cometido en agravio de ESTADO-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, ALEJANDRO RAMÍREZ ODIAGA, WILFREDO MANUEL LÉVANO LUNA VÍCTORIA, CARLOS AURELIO LÉVANO LUNA VÍCTORIA, VIRGINIA MARION ASTRID ATALA VIVANCO, BLANCA SUSANA DE LA TORRE SOLANO, MARLENY CONCEPCIÓN ESTRAVER RAMÍREZ, JORGE S. CAMACHO SÁENZ, MIRTHA AMELIA VILLANUEVA GONZALES DE CAMACHO. Por último, la investigación seguida en contra FELIPE OMAR BARRIOS BURGA, LUIS GONZALO VARGAS ALFARO, ÓSCAR ALBERTO SILVA BURGOS, JOSÉ LUIS PINTO CHONG, MARIO CONSTANTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PAUL ANTHONY HURTADO VALENCIA, MIGUEL ÁNGEL UGARTE MIMBELA, CÉSAR AUGUSTO LUNA VÍCTORIA DE LA TORRE, HUGO ALFONSO SIFUENTES PALACIOS, GUILLERMO DE LA ROSA QUISPE LEÓN, JUAN CARLOS GUTIÉRREZ RONCAL, MANUEL JULIO SILVA CASTRO, EDGAR ANTONIO MORE PERALTA, RICARDO FERNANDO RÍOS YGLESIAS Y NATIVIDAD ZENAIDA PEREDA SÁNCHEZ como presuntos COAUTORES del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR en agravio de la SOCIEDAD, SOLICITO a usted señor juez autorice la PRÓRROGA DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Proceso Complejo, atendiendo a los siguientes fundamentos:

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FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD Mediante Disposición de fecha 3 de enero del año 2013 aclarada posteriormente mediante disposición fiscal de fecha 28 de enero del mismo año, se formalizó investigación preparatoria contra FELIPE OMAR BARRIOS BURGA, LUIS GONZALO VARGAS ALFARO, ÓSCAR ALBERTO SILVA BURGOS, JOSÉ LUIS PINTO CHONG, PAUL ANTHONY HURTADO VALENCIA, HUGO ALFONSO SIFUENTES PALACIOS, GUILLERMO DE LA ROSA QUISPE LEÓN, JUAN CARLOS GUTIÉRREZ RONCAL, MANUEL JULIO SILVA CASTRO Y EDGAR ANTONIO MORE PERALTA en calidad de AUTORES y de MARIO CONSTANTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL UGARTE MIMBELA, CÉSAR AUGUSTO LUNA VÍCTORIA DE LA TORRE, HUGO ALFONSO SIFUENTES PALACIOS Y NATIVIDAD ZENAIDA PEREDA SÁNCHEZ en calidad de CÓMPLICES PRIMARIOS del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA, mismo que fuera cometido en agravio de ESTADO- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, ALEJANDRO RAMÍREZ ODIAGA, WILFREDO MANUEL LÉVANO LUNA VÍCTORIA, CARLOS AURELIO LÉVANO LUNA VÍCTORIA, VIRGINIA MARION ASTRID ATALA VIVANCO, BLANCA SUSANA DE LA TORRE SOLANO, MARLENY CONCEPCIÓN ESTRAVER RAMÍREZ, JORGE S CAMACHO SÁENZ, MIRTHA AMELIA VILLANUEVA GONZALES DE CAMACHO. Asimismo, la investigación seguida en contra de ÓSCAR ALBERTO SILVA BURGOS y GUILLERMO DE LA ROSA QUISPE LEÓN en calidad de AUTORES y de FELIPE OMAR BARRIOS BURGA, LUIS GONZALO VARGAS ALFARO, MIGUEL ÁNGEL UGARTE MIMBELA, CÉSAR AUGUSTO LUNA VÍCTORIA DE LA TORRE, JUAN CARLOS GUTIÉRREZ RONCAL Y MANUEL JULIO SILVA CASTRO, en calidad de (CÓMPLICES PRIMARIOS) del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO ADULTERADO mismo que fuera cometido en agravio de ESTADO-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, ALEJANDRO RAMÍREZ ODIAGA, WILFREDO MANUEL LÉVANO LUNA VÍCTORIA, CARLOS AURELIO LÉVANO LUNA VÍCTORIA, VIRGINIA MARION ASTRID ATALA VIVANCO, BLANCA SUSANA DE LA TORRE SOLANO, MARLENY CONCEPCIÓN ESTRAVER RAMÍREZ, JORGE S CAMACHO SÁENZ, MIRTHA AMELIA VILLANUEVA

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GONZALES DE CAMACHO. Por último, la investigación seguida en contra FELIPE OMAR BARRIOS BURGA, LUIS GONZALO VARGAS ALFARO, ÓSCAR ALBERTO SILVA BURGOS, JOSÉ LUIS PINTO CHONG, MARIO CONSTANTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PAUL ANTHONY HURTADO VALENCIA, MIGUEL ÁNGEL UGARTE MIMBELA, CÉSAR AUGUSTO LUNA VÍCTORIA DE LA TORRE, HUGO ALFONSO SIFUENTES PALACIOS, GUILLERMO DE LA ROSA QUISPE LEÓN, JUAN CARLOS GUTIÉRREZ RONCAL, MANUEL JULIO SILVA CASTRO, EDGAR ANTONIO MORE PERALTA Y NATIVIDAD ZENAIDA PEREDA SÁNCHEZ como presuntos COAUTORES del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR en agravio de la SOCIEDAD, disponiéndose además la realización de diversos actos de investigación. Precisamente, los actos de investigación desarrollados permitieron establecer que la investigación preparatoria debía ser declarada compleja, esto por requerirse la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; porque se involucraba a una cantidad importante de imputados y agraviados y porque debían realizarse una cantidad importante de pericias, siendo por este motivo que a través de la misma disposición que formalizaba la presente investigación, se declaró a la misma como compleja . Ahora bien, a la fecha se han logrado realizar una cantidad importante de actos de investigación dispuestos, encontrándose sin embargo aún pendientes de finalizar las pericias grafotécnicas respecto de documentación incriminada en la presente carpeta fiscal (minutas y escrituras públicas), encontrándose además pendientes de realizar otros actos de investigación que se advierten necesarios para el desarrollo de la presente investigación en mérito a los elementos acopiados hasta el momento, esto especialmente teniendo en consideración que a través de las diligencias realizadas durante el presente proceso, se ha logrado identificar a otro de los presuntos autores del ilícito materia de investigación, señor RICARDO FERNANDO RÍOS YGLESIAS, imputado este respecto al que se emitiera disposición de formalización de fecha 22 de julio del año 2013 y respecto al que aún quedan pendientes la realización de diversas diligencias tendientes a determinar si en efecto esta persona ha tenido algún tipo de relación con los hechos materia de imputación.

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En ese sentido, atendiendo a que la finalidad de la investigación preparatoria es obtener los elementos de convicción y los medios probatorios destinados a determinar si procede o no formular acusación, el presente requerimiento se justifica por cuanto faltan realizarse concretos actos de investigación encaminados a dicho fin, correspondiendo que la presente investigación preparatoria sea prorrogada por el plazo legal previsto en el inciso 2 del NP. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Que, el presente requerimiento se encuentra amparado en el inciso 2 del artículo 342 del NP. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez acceda al presente requerimiento. Trujillo, 29 de agosto del año 2013.

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Acta de lectura de derechos del imputado

- FORMATO DE INFORMACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL IMPUTADO -

- A-11-

-

SE INFORMA A ........................................................................

IDENTIFICADO CON............................................................................. QUE ES IMPUTADO POR LOS CARGOS DE LOS PRESUNTOS DELITOS DE : 1. ________________________________________________________ 2. ________________________________________________________ 3. ________________________________________________________ 4. ________________________________________________________ 5. _________________________________________ _______________ Y QUE EN DICHA CONDICIÓN TIENE SIGUIENTES DERECHOS (artículo 71 del NP): 1. Que puede hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando corresponda; 3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; 4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor;

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5. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia; 6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y 7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. CAUSA O MOTIVO DE LA DETENCIÓN: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Solicito se comunique mi detención a : Nombre y apellido ____________________________________________ Grado de parentesco _________ Teléfono____________ Dirección____________________________________________ Solicito ser asistido por un intérprete en el idioma: _________________ _____________________________ Solicito se comunique a su abogado defensor _____________________ ________________ Teléfono____________ Dirección____________________________________________ Solicito se designe abogado de Oficio SÍ NO Solicito ser examinado por un médico SÍ NO

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Lugar \ Año \ Mes \ Día y Hora:________________________________ Firma (S) ______________________________ Huella_________________ CONSTANCIA DE BUEN TRATO El imputado que suscribe la presente acta, deja constancia de haber recibido buen trato físico y psicológico, por parte del personal que realizo el procedimiento de captura y durante su detención ha sido tratado con dignidad y respeto. Firma (S) ______________________________ Huella _________________

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Acta de entrega de sujeto intervenido por arresto ciudadano

En la Ciudad de Laredo, siendo las 12:15 del día 11 de febrero del año 2014, se hizo presente a esta comisaría PNP Laredo, las personas de Juan Carlos Rosas Aguirre con DNI N° 18748572; César Zavaleta Blas con DNI N° 19427632, Miguel Carranza Varas con DNI N° 18754685 y la persona de Enrique Gonzales Domínguez, Jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital - El Porvenir. Quien en aplicación al artículo 260 del NP - Arresto Ciudadano, intervinieron en flagrancia de delito el día 11 de febrero de 2014 a horas 11:20, a la altura del Sector Valle El Sol - Distrito de Laredo. 1. A las personas que indicaron llamarse: Diego Grauz Veloz (23), natural de Huamachuco, soltero, con primaria completa, con domicilio en Av. 28 de Julio N° 315 - Trujillo y Armando Huamán Pérez (17) con DNI N° 47754865, con domicilio en Av. Perú N° 2030 - Trujillo. 2. Narrar las Circunstancias de la Intervención: En circunstancias que personal de serenazgo del Porvenir Patrullaba por Víctor Raúl - El Porvenir, fueron alertados por moradores que dos sujetos estaban asaltando en el sector Valle El Sol por lo que al constituirse al lugar encontraron a los agraviados que tenían arrrestados al sujeto de nombre Armando Huamán Pérez (17), por lo que al subirlo a la móvil del serenazgo y durante el traslado a la PNP – Laredo, en el mismo sector, los agraviados lograron visualizar al otro sujeto por lo que se procedió a su arresto, quien se identificó como Diego Grauz Veloz , siendo trasladados ambos sujetos y los agraviados a la PNP- Laredo para las investigaciones correspondientes. Datos y características de los supuestos testigos y posible ubicación: Jessika Rodríguez Villacorta (16) y la persona Eva Fernández Guzmán (28) con DNI N° 47845873

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Los presentes hechos han sido objeto de denuncia ante otra autoridad NO

¨

SÍ

¨

Precise: En día 10 de febrero impuso la denuncia la segunda de los nombrados en la NP - Laredo 3. Constatación de lesiones: Se deja constancia que, al momento de ser entregado el detenido a la Policia Nacional del Perú por parte del ciudadano(s) ya individualizado(s), se observó lo siguiente (marcar con X la situación que corresponda): ¨ Detenido NO PRESENTA lesiones visibles. ¨ Detenido PRESENTA lesiones visibles. El ciudadano (s) que realizaron la detención explicaron que las lesiones observadas en el detenido obedecen a : - Los detenidos refieren haber sido agredidos por los agraviados con puñetes y patadas por diferentes partes del cuerpo. 4. Efectos personales del detenido y evidencias incautadas Conjuntamente con el detenido, el ciudadano(s) que realizó la detención, hace entrega de los efectos personales y/o evidencias incautadas, a saber: Efectos Personales Del primero de los investigados: Una billetera de color negro/marrón conteniendo la suma de S/. 3 300.00 en billetes de S/. 200.00 y S/. 100.00, los mismos que tienen denominación SIN VALOR; un celular, color negro, marca Nokia con su respectivo chip con N° 9851031063318757957 de la empresa Movistar y la suma de S/. 21.80 en monedas de diferentes denominaciones. Del segundo de los intervenidos Un celular color negro/blanco marca Nokia de la empresa Claro, el mismo que es de la menor agraviada.

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5. Datos del funcionario policial que recibe al detenido Grado SO3 PNP, apellido y nombres AUGUSTO VALDIVIESO RODRÍGUEZ Dependencia, Comisaría Sectorial PNP - Laredo Cargo, encargado de la sección de Investigación de delitos y falta. - Siendo las 13:05 horas del día 11 de febrero de 2014 se dió por concluida la presente diligencia, firmando a continuación el personal (ciudadano) interviniente, los intervenidos y personal PNP que suscriben.

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Requerimiento fiscal de detención preliminar judicial

SOLICITA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD: HÉCTOR PALACIOS MEDINA, fiscal provincial titular del primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, con domicilio legal en la Av. Jesús de Nazareth y Daniel A. Sánchez Carrión de la urbanización Luis Albrech - Trujillo - tercer piso, a usted, con todo respeto expongo: I. PETITORIO: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 261 del NP, recurro a su Despacho a fin de solicitar se dicte MANDATO DE DETENCIÓN PRELIMINAR, contra la persona de POOL HERNÁNDEZ BERTELLO, identificado con DNI N° 09340822, nacido el 5 de marzo del año 1972, en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, sexo masculino, con 1.82 metros de estatura, hijo de don Julio y doña Margarita, sin domicilio conocido, en la investigación preliminar dispuesta en su contra por el Delito Contra La Vida, El Cuerpo y La Salud, en la modalidad de PARRICIDIO en grado de Tentativa en agravio de su esposa Carla Cabrejo de Quattrini, y por Homicidio en grado de Tentativa y Delito Contra El Patrimonio, en la modalidad de Daños, en agravio de Luis Obando Paredes y Pilar Cabrejo Ríos de Obando, petición que la sustento en los siguientes fundamentos de hecho y jurídicos que a continuación expongo: II. HECHOS Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO: 1. Que con fecha 2 de marzo de 2007, personal policial de Radio Patrulla de Trujillo, a horas 12:25 de la mañana aprox., con la móvil policial KG-0429, fueron desplazados por la Central Radiopatrulla 105, a la calle Fernando La Carrera Nº 1030, 2da Etapa, urbanización La Merced, por motivo que sujetos desconocidos habían realizado disparos contra dicho

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inmueble, quienes en el lugar se entrevistaron con el propietario de dicho inmueble, el señor Jorge Luis Obando Paredes, quien le manifestó que momentos antes escuchó el timbre insistentemente por lo que inmediatamente por la ventana del segundo piso, observó a la persona de POOL HERNÁNDEZ BERTELLO, quien con palabras soeces lo invitó a salir del inmueble para conversar, accediendo este a asomarse por la reja de su ventana del primer piso sin abrir la puerta de la calle, acompañado de su esposa, accediendo estos por el escándalo que hacía su yerno y ahora denunciado POOL HERNÁNDEZ BERTELLO, a esas horas de la madrugada, una vez constituidos en el primer piso procedieron a conversar para posteriormente dicha conversación tornarse en insultos y amenazas de muerte contra estos y su esposa Carla Obando Cabrero de Quattrini, percatándose estos en ese instante que el denunciado portaba un arma de fuego, la misma que nos puso a la vista encañonándonos con la intención de matarnos, procediendo los agraviados a correr aprovechando que el arma no había sido desenfundada. 2. Posteriormente, los agraviados al ingresar al interior de su domicilio y cerrar su puerta interior y subir a su dormitorio que tiene ventana con vista al exterior; y ante tal actitud el denunciado procedió a realizar siete disparos contra los tres agraviados quienes en ese preciso momento se encontraban asomándose por la ventana, con la finalidad de matarlos, quienes pudieron evitar los impactos de bala, arrojándose al piso de dicha habitación, ocasionándose de esta manera solo daños materiales, en el referido inmueble. III. PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA DETENCIÓN PRELIMINAR: A. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE VINCULAN AL IMPUTADO CON EL DELITO INVESTIGADO.1. Se tiene la declaración contundente de la agraviada Carla Obando Cabrero de Quattrini, esposa del denunciado, así como también de los agraviados Luis Obando Paredes y Pilar Cabrero Ríos de Obando, suegros del denunciado, quienes reconocen al investigado POOL HERNÁNDEZ BERTELLO, como la persona que intentó quitarles la vida disparando contra ellos, así como también les ocasionó daños materiales en su vivienda.

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B. PROGNOSIS DE LA PENA.1) La conducta desplegada por el denunciado POOL HERNÁNDEZ BERTELLO, contra CARLA OBANDO CABREJO DE QUATTRINI, se encuadra en el tipo penal de PARRICIDIO; previsto y sancionado en el artículo 107 del Código Penal, cuya sanción es no menor de 15 años de pena privativa de libertad, que concordante con el artículo 16º, esta se reduciría prudencialmente. 2) La conducta desplegada por el denunciado POOL HERNÁNDEZ BERTELLO, contra LUIS OBANDO PAREDES y PILAR CABREJO RÍOS DE OBANDO, se encuadra en el tipo penal de HOMICIDIO; previsto y sancionado en el artículo 106 del Código Penal, cuya sanción es no menor de 6 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad, que concordante con el artículo 16, esta se reduciría prudencialmente. Asimismo, se encuadra en el tipo penal de DAÑOS AGRAVADOS; previsto y sancionado en el artículo 206 del Código Penal, cuya sanción es no menor de 1 ni mayor de 6 años de pena privativa de libertad. C. PELIGRO DE FUGA Y OBSTACULIZACIÓN.1) Que, dadas las circunstancias y la modalidad en que se ha cometido los delitos materia de investigación, existen indicios de posibilidad de fuga, puesto que el referido denunciado no cuenta con trabajo ni domicilio conocido, hecho que es corroborado por las Actas de Constatación en donde se aprecia que el denunciado se viene alojando en diferentes hoteles de la ciudad, y que incluso se registra con nombre y DNI falso. Es preciso señalar que, si bien es cierto que en su ficha de RENIEC aparece como su domicilio en la calle Fernando de La Carrera 1030, urbanización La Merced, también es verdad que este, hace aprox. 7 meses no vive en dicho domicilio, desconociéndose su paradero actual; hecho corroborado con la declaración jurada de fecha 26 de abril del presente año, en donde el mismo denunciado hace llegar a la denunciante quien es su esposa Carla Obando Cabrejo de Quattrini, donde literalmente hace conocer que no tiene domicilio conocido, en consecuencia, no estando frente a un caso de flagrancia delictiva y existiendo suficientes elementos que vinculan al denunciado con los delitos imputados, resulta determinante la detención preliminar requerida a fin de no afectarse el normal desarrollo de las investigaciones y favorecer el esclarecimiento de los hechos.

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IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: Que, el presente requerimiento se encuentra amparado en el inciso a) del ítem 1 del artículo 261 del NP, debido a que la conducta del investigado se encuentra subsumida en la tal previsión. POR LO TANTO: Solicito, a usted señor juez de la investigación preparatoria, tener presente lo expuesto y acceda al presente requerimiento, para los fines de la investigación. PRIMER OTROSÍ DIGO: A merced de lo establecido en el artículo 135, inciso 1, del NP en vigor, acompaño al presente a fojas (...), el respectivo cuadernillo de Requerimiento. Trujillo, 5 de junio de 2007

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Auto que ordena la detención preliminar judicial

PROCESO

: Nº 00592-2011-36-1601-JR-PE-03

IMPUTADA : YESENIA MORE CABRERA DELITO

: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO : EMPRESA TRUDEX SAC JUEZ

: DRA. IRMA REIVERRTI CHICO

ASISTENTE : DRA. KATTY MILAGRO LEGOAS LOZADA RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO Trujillo, ocho de febrero del año dos mil once.AUTOS Y VISTOS: Con el requerimiento fiscal de detención preliminar solicitada por la representante del Ministerio Público en la investigación seguida contra la imputada Yesenia More Cabrera, como presunto autor del delito de Robo Agravado. Avocándose al conocimiento de la presente causa la señora jueza que suscribe por disposición superior; y CONSIDERANDO: I. ANTECEDENTES: Que, la fiscalía sustenta su requerimiento en lo siguiente: Con fecha 18 de diciembre del año dos mil diez, aproximadamente 20:30 horas, personas desconocidas con armas de fuegos, ingresaron al local de la Empresa TRUDEX SAC, ubicada en la calle Daniel Hoyle Nº 126 del Barrio El Molino, luego de reducir a los vigilantes que se encontraban en la puerta de ingreso de la mencionada empresa, cuatro de ellos entre los que se encontraba una mujer, ingresaron hasta la oficina ubicada en el semisótano, donde se encontraba el Técnico en Computación Sr. Jaime Huerta a quien agredieron físicamente y empezaron a buscar las cosas logrando sustraer tres laptos de las cuales 2 eran de marca HP y 01 Compaq, un teléfono inalámbrico fijo, teléfono celular Very Good, tres equipos nextel, un reloj de marca Swacht, un DNI perteneciente al encargado de Caja, quien también fue agredido y obligado a abrir la caja fuerte de donde

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sustrajeron dinero, en un monto de S/ 54, 704.73, para luego darse a la fuga en una camioneta DIC UP doble cabina, color plomo oscuro sin saber la placa rodaje. II. FUNDAMENTOS: 1. El derecho a la Libertad Personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2 inciso 24) literales a) y b) de la Constitución Política del Perú, establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado, ya sea por ley, en caso de flagrancia delictiva o por motivos de sanidad. 2. Que, en concordancia con el mandato constitucional, el artículo 261 del NP establece que el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, dictará mandato de detención preliminar cuando: a) no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, que por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga. 3. Que, al constituir la detención preliminar una restricción sobre los derechos fundamentales del investigado, es necesario aplicar el test de proporcionalidad para determinar si la misma resulta ilegítima o puede ser justificada en el marco de un Estado de Derecho. Este test de proporcionalidad pasa por determinar la idoneidad de la medida, lo que implica que esta debe ser adecuada para la realización del fin propuesto y examen de necesidad supone que la medida adoptada, para ser constitucional deber ser absolutamente indispensable para la consecución del fin legítimo, pues de existir una medida alternativa que, siendo igualmente idónea para conseguir el mencionado fin, influya con menor intensidad en el respectivo bien constitucional. 4. Que, los elementos de convicción que sustentan el presente requerimiento del Ministerio Público consisten en : a) Oficio Nº 1913-10-IIIDIRTEPOL/RPLL/DIVICAJ-DEPINCRI-R-G2 en el que se transcribe el contenido de la denuncia verbal formulada por el gerente de la Empresa TRUDEX SAC; b) Informe Policial Nº 16-2011-RPLLDIVICAJ-DEPINCRI-R-G2 el cual da cuenta de los resultados de las diligencias dispuestas por el despacho fiscal con motivo de la denuncia

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fiscal, en el que se pone en conocimiento entre otros aspectos que Yesenia More Cabrera se encuentra requisitoriada por el delito de Robo; c) La declaración de Walter Hugo Moisés de la Piedra Mesones, quien narra las circunstancias en se produjo el ingreso al local de la empresa agraviada; d) La Declaración de Walter Antonio Cabrera Gonzales, quien en calidad de encargado de vigilancia de la empresa agraviada, narra la forma en que habrían ingresado los sujetos y como fue reducido por uno de ellos con arma de fuego; e) La Declaración de testigo con identidad reservada Nº 001-2011-RA/5474-2011; f) El Acta de Reconocimiento de Personas en Fichas RENIEC ; g) Copia de Licencia de Posesión y Uso de arma Nº 320999 que acredita la propiedad y preexistencia del arma de fuego sustraída al vigilante; y h) Boletas, recibos y comprobantes, que acreditan la propiedad y preexistencia de la suma de dinero sustraído a la empresa agraviada. Elementos de convicción que han sido adjuntados al presente requerimiento y valorados por esta judicatura.

5. Que, en el presente caso estamos frente a la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado cuya penalidad mínima es de 12 años, a tenor de lo dispuesto por el artículo 189 incisos 1, 2, 3 y 4 del Código Penal; asimismo del análisis de los elementos de convicción que sustentan el requerimiento fiscal concluimos que estos son suficientes para considerar que existen razones plausibles para establecer una vinculación del investigado con la conducta delictiva imputada a su persona, esto es en calidad de autor del delito de Robo Agravado en agravio de La Empresa TRUDEX SAC; por otro lado, de las circunstancias del caso existe cierta posibilidad de fuga del investigado, dada la naturaleza del delito, la gravedad de la pena conminada para la conducta delictiva materia de imputación fiscal y el hecho de que el imputado no tenga una ocupación o profesión conocida. 6. Que, siendo así, la Detención Preliminar solicitada por la Fiscalía resulta idónea, necesaria y absolutamente indispensable, para garantizar el normal desarrollo de la investigación y no burlar los fines del proceso y, al concurrir los presupuestos establecidos en el artículo 261 inciso 1.a) del NP, el requerimiento de Detención Preliminar debe ser amparado.

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III. PARTE RESOLUTIVA: Por estas consideraciones, de conformidad con las normas constitucionales y dispositivos legales señalados, la juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, impartiendo Justicia a Nombre del Pueblo: RESUELVE: a) DECLARAR FUNDADO el requerimiento fiscal de detención preliminar solicitada por la representante del Ministerio Público, en consecuencia dispongo la DETENCIÓN PRELIMINAR de YESENIA MORE CABRERA, Identificado con DNI Nº 76942825, natural de Trujillo - La Libertad, nacida el 13 de Diciembre de 1984, de Estado Civil Soltera, hija de Antenor y Natalia María, con domicilio real en Mz. 22 Lote 8 AAHH Víctor Raúl del distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo; la misma que no durará más de VEINTICUATRO HORAS. b) MANDO que la presente resolución sea notificada con las formalidades de ley a la Fiscalía requiriente.

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Requerimiento de prisión preventiva

SGF N° 643-2011 EXPEDIENTE Nº: ESPECIALISTA: REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA WILLIAM ENRIQUE ARANA MORALES, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio en las esquinas de las avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión; a usted Digo: 1. PETITORIO: Que, de conformidad con lo prescrito en los artículos 268 a 271 del NP, SOLICITO SE DICTE LA MEDIDA COERCITIVA DE PRISIÓN PREVENTIVA contra ENRIQUE PRÍNCIPE LUNA a quien se le ha formalizado investigación como autor del delito de robo agravado cometido en agravio de VÍCTOR HILARIO BLAS. 2. DATOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR AL IMPUTADO ENRIQUE PRÍNCIPE LUNA, identificado con DNI Nº 45523289, nacido en la Provincia de Mache, Otuzco, La Libertad, contando a la fecha con 19 años de edad, sexo masculino y con domicilio procesal en el Jirón Grau 603 Oficina 201, encontrándose representado por la Dra. Amada Patricia Aranguri Ruiz. 3. HECHOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD: De las diligencias preliminares realizadas se desprende que a las 19.30 horas del día 5 de diciembre del año 2011, en circunstancias que el agraviado VÍCTOR HILARIO BLAS se encontraba conduciendo su vehículo de transporte de pasajeros de placa de rodaje RD-2561, dejando su

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último pasajero en la última cuadra de la Avenida Sánchez Carrión, y diciéndole a su cobrador a quien conoce como “HUEVITO” que su pago se lo haría efectivo en su casa, ya que el agraviado se había percatado que se acercaban dos sujetos; sin embargo, el cobrador le indica que no pasaba nada por los sujetos eran sus vecinos, luego de lo cual los dos sujetos abordan el vehículo por la puerta lateral del cobrador y conversaban con él, lo que no le pareció bien al agraviado, quien le dijo a su cobrador si esos eran sus amigos, y ante ello uno de los dos sujetos que estaba sentado detrás del asiento del piloto –sujeto conocido con el apelativo de “El Chapulín”– toma por el cuello al agraviado, se pasó al asiento delantero y apunta con un revolver al agraviado a la altura del abdomen, en tanto que el ENRIQUE PRÍNCIPE LUNA, desciende por la puerta del cobrador y abre la puerta del copiloto del vehículo del agraviado y vocifera diciendo “ya perdiste” y mentando la madre al agraviado. Ante lo cual el agraviado ya no pudo hacer resistencia, pues el sujeto conocido como “CHAPULÍN” le quitó su dinero y billetera que contenía sus documentos, ante lo cual logra desprenderse del brazo del sujeto que lo tenía encañonado, y se baja de la combi para pedir ayuda en el paradero, pero al no encontrar a nadie, regresa su cobrador le dice que también se habían llevado el radio, para lo cual habían utilizado una piedra. Finalmente cuando el agraviado y su cobrador se dirigían a la Comisaría para poner la denuncia, el agraviado y su cobrador se percatan de la presencia de ENRIQUE PRÍNCIPE LUNA que se encontraba hablando por teléfono público, ante lo cual piden ayuda al SERENAZGO y logran la intervención del investigado. Que atendiendo a los hechos antes descritos, se evidencia que la conducta de ENRIQUE PRÍNCIPE LUNA encuadra en el tipo penal de Robo Agravado, de conformidad con lo prescrito por el artículo 189 del Código Penal, siendo que en el caso concreto concurren los agravantes de los incisos 2, 3, 4, y 5 del referido dispositivo legal, pues el hecho ocurrió durante la noche, a mano armada, con el concurso de dos personas, y al interior de un medio de transporte privado de pasajeros. 4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Que, el presente requerimiento se encuentra amparado en el artículo 268 del NP, y la concurrencia de los presupuestos de prisión será sustentada en audiencia.

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POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señora jueza se señale día y hora para la audiencia de prisión preventiva y en su momento la declare fundada por encontrarse conforme a Ley. Trujillo, 6 de diciembre de 2011

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Acta de audiencia de prisión preventiva

TERCER JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO EXPEDIENTE

: Nº 459-2014-83

ESPECIALISTA

: EDDY MARTIN SÁNCHEZ GÁLVEZ

ASISTENTE AUDIENCIAS : CÉSAR AUGUSTO CASTRO ZAMORA ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE DETERMINACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA I. INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, siendo las 10:30 horas del día 14/03/2014 en la Sala de Audiencias del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dirigida por la señora jueza supernumeraria doctora ELIZABETH ZULUETA CABRERA se realiza la audiencia pública de Prisión Preventiva, en el proceso seguido contra WINSTON RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ por el presunto delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR en agravio de la menor de iniciales GMST, la misma que será grabada en sistema de audio.II. ACREDITACIÓN: FISCAL: DR. DANIEL MACEDO RABINES: fiscal provincial adjunta de Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal: en Av. Jesús de Nazaret y Carrión - Trujillo. ABOGADO DEL IMPUTADO WINSTON RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: DR. DANY ANHUAMÁN VÍLCHEZ, con Registro del Colegio de Abogados de la Libertad N° 1358, con domicilio procesal en la Av. Antenor Orrego 826-828 - COVICORTI - Trujillo. INCIDENCIA FISCAL: Solicita que se aplique la sanción de amonestación al abogado Edmundo Sandoval Carrión por haber in concurrido injustificadamente a la

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audiencia anterior que es de carácter inaplazable presentando luego constancias médicas de atención, sin embargo, el señor fiscal ha sido testigo que el mismo día de su inconcurrencia lo ha visto al citado letrado sentado en una audiencia de actor civil en otro Juzgado, siendo una maniobra dilatoria. JUEZ: Dicta la RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO: AL HABER SIDO YA EXCLUIDO EL ABOGADO EDMUNDO SANDOVAL CARRIÓN CARECE DE OBJETO LA IMPOSICIÓN DE AMONESTACIÓN, DECLARÁNDOSE EN CONSECUENCIA IMPROCEDENTE la petición Fiscal. III. DEBATE SOBRE LOS REQUISITOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: - FISCAL: Sustenta su requerimiento de prisión preventiva, y solicita se declare Fundado por el plazo de 9 meses. Queda registrado en audio. - ABOGADO DEL IMPUTADO: Se opone al pedido fiscal y se declare infundada. Queda registrado en audio. - FISCAL: Réplica lo expuesto por la defensa del imputado y mantiene su pedido de prisión. Queda registrado en audio. - ABOGADO DEL IMPUTADO: Duplica lo expuesto por la fiscal y mantiene los fundamentos de su defensa. Queda registrada en audio. - FISCAL: Mantiene su pedido. Queda registrada en audio. - ABOGADO DEL IMPUTADO: Se ratifica en su pedido. Queda registrada en audio. IV. RESOLUCIÓN: - JUEZ: Tiene por cerrado el debate y dicta la resolución N° CINCO PARTE CONSIDERATIVA: Se resume: Suficiencia Probatoria. Se ha valorado los elementos de convicción de cargo consistentes en: acta de denuncia verbal, acta de nacimiento de la

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menor agraviada, certificado médico legal Nº 14952 de fecha 09/12/2013 con resultado: himen con signos de desfloración antigua, certificado médico aclaratorio 15069-PF-AR; declaración de Carmen López, madre de la menor que ratifica la denuncia verbal; declaración del tío de la menor Jame Rodríguez Rodríguez, referencial Kevin Eduardo Flores Durand, quien habría visto los hechos la forma como ha sido encerrada la menor por el profesor en la sala de cómputo, declaración de la profesora Blanca Gonzáles Urteaga, entrevista en cámara GESELL 26 DIC 2013 a la menor agraviada, pericia psicóloga practicada a la menor agraviada, oficio remitido por la Directora del colegio donde estudia la menor quien habría informado los nombres de los profesores que laboran en dicha institución educativa y entre ellos se encuentra el nombre del profesor inculpado existiendo los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho delictuoso. Se cumple Prognosis de Pena: La pena no será menor de 12 años. Se cumple. Peligro Procesal: Por la pena a imponerse existe peligro de fuga, asimismo, estando a la magnitud del daño ocasionado y a la inconcurrencia del inculpado a aclarar las investigaciones a pesar de estar debidamente notificado es que trataría de obstaculizar la averiguación de la verdad, aunado a ello, no se ha acreditado que el inculpado tenga arraigo domiciliario y laboral, y que no tenga antecedentes. Se cumple. PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe: FUNDADO el Requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA presentado por la Fiscalía, en el proceso seguido contra WINSTON RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ por el presunto delito de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR en agravio de la menor de iniciales GMST. OFICIAR a quienes corresponda para su inmediata ubicación y captura y una vez capturado la prisión preventiva se extenderá hasta por el plazo de nueve meses. VI. IMPUGNACIÓN: - FISCAL: Conforme. Queda registrado en audio. - ABOGADO DEL IMPUTADO: Interpone recurso de Apelación. Queda registrado en audio.

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- JUEZ: Se le concede el plazo de ley para que lo fundamenten por escrito, bajo apercibimiento de tenerla por no interpuesta. VII. CONCLUSIÓN: Siendo las 12:28 horas se da por terminada la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla la señora jueza y el asistente de audio encargado de la redacción del acta, como lo dispone el artículo 121 del NP.

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Auto que impone comparecencia con restricciones

TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE

:

Nº 2007-01111-14-1601-JR-PE-1

DELITO

:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

ESPECIALISTA

:

MARÍA GONZÁLEZ PÉREZ

JUEZ

:

DR. GIAMMPOL TABOADA PILCO

AGRAVIADO

:

EL ESTADO

IMPUTADO

:

EDINSON ASMAT BECERRA

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES Trujillo, diecinueve de abril Del dos mil siete.AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con los actuados; y atendiendo que de la investigación preliminar aparece que se han realizado diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados; Elmer Santiago Becerra Pérez, fiscal provincial titular del Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo solicita se dicte medida de coerción procesal de comparecencia restrictiva al investigado Edinson Asmat Becerra, como presunto autor del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de posesión de escasa cantidad de marihuana en agravio de El Estado ; y considerando: PRIMERO.- Que, efectuado el pesaje y descarte de la sustancia decomisada se determinó que se trataba de marihuana estableciendo un peso bruto de doce treintidós gramos, se tiene el acta de prueba de orientación y descarte número doscientos noventidós - dos mil siete, advirtiéndose del dictamen pericial químico toxicológico número QT - trescientos treinta y siete - cero siete ausencia de marihuana y cocaína en el organismo del imputado; habiendo aceptado él mismo en presencia del representante del Ministerio Público, y de su abogado defensor, haberse encontrado en posesión de la droga decomisada, precisando que lo adquirió el día anterior a su intervención por inmediaciones del lugar conocido como “El Pozo” del distrito de la

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Esperanza, parte alta, por la suma de tres nuevos soles; por lo que estando a la forma y circunstancias como fue intervenido, asimismo por el dinero en monedas que se le incautara al momento de la intervención, se desprende que el denunciado se encuentra incurso en la comisión del delito denunciado; SEGUNDO: Que, los hechos configuran delito contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de Microcomercialización, sancionado por el artículo doscientos noventiocho inciso uno del Código Penal, que reprime con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de siete años, y de ciento ochenta a trescientos sesenta días - multa, y atendiendo a los recaudos acompañados por el representante del Ministerio Público a su formalización de Investigación Preparatoria, es posible determinar que no se cumplen todos los presupuestos materiales para que se dicte prisión preventiva al imputado Edinson Becerra, conforme a lo prescrito por el artículo 268 del NP; como son A) Que, existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; en el presente caso, se tiene el acta de prueba de orientación y descarte número doscientos noventidós - dos mil siete, dictamen pericial químico toxicológico número QT - trescientos treinta y siete - cero siete donde se aprecia ausencia de marihuana y cocaína en el organismo del imputado; además existe la aceptación del mismo de habérsele encontrado en posesión de la droga decomisada; B) Que, la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; por lo que haciendo una prognosis de la pena probable a imponerse en caso de fallo condenatorio se determina que esta no sería superior a cuatro años de pena privativa de libertad; C) Que, el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); el imputado Edinson Asmat Becerra cuenta con Documento Nacional de Identidad, domicilio y trabajo habitual conocido; por lo que de conformidad con lo previsto por el artículo 287 del NP, debe disponerse mandato de comparecencia restrictiva contra el citado imputado; por estas consideraciones y de conformidad con lo prescrito por el artículo 288 inciso 2 del NP, se resuelve: dictar contra el imputado EDINSON BECERRA mandato de COMPARECENCIA RESTRICTIVA, quedando obligado a cumplir con las siguientes reglas de conducta,

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a) No ausentarse del lugar de su residencia sin autorización de este órgano jurisdiccional; b) No concurrir a lugares de dudosa reputación; c) Comparecer cada quince días a la Oficina de Control de Imputados y sentenciados de la Corte Superior de Justicia de la Libertad para informar y justificar sus actividades; bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia restrictiva y disponerse su prisión preventiva en caso de incumplimiento.

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Requerimiento de prolongación de la prisión preventiva

SGF N° 643-2011 EXPEDIENTE Nº: ESPECIALISTA: REQUERIMIENTO DE PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA WILLIAM ENRIQUE ARANA MORALES, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio en las esquinas de las avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión; a usted Digo: 1. PETITORIO: Que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 274 del NP, SOLICITO SE PROLONGUE LA MEDIDA COERCITIVA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR EL PLAZO DE 9 MESES MÁS, contra ENRIQUE PRÍNCIPE LUNA a quien se le investiga en su calidad de autor del delito de robo agravado cometido en agravio de VÍCTOR HILARIO BLAS. 2. FUNDAMENTACIÓN DE LA SOLICITUD: 2.1. El artículo 274.1 del NP establece que cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del artículo 272. El fiscal debe solicitarla al juez antes de su vencimiento. 2.2. En el presente caso, mediante resolución de fecha 5 de setiembre del año 2013, se impuso prisión preventiva por el plazo de 9 meses contra el imputado ENRIQUE PRÍNCIPE LUNA, en su calidad de presunto autor del delito de robo agravado cometido en agravio de VÍCTOR HILARIO BLAS.

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2.3. Que en mérito a una serie de diligencias solicitadas por la defensa del imputado y a las dificultades materiales que se han presentado para concretar tales diligencias, la Fiscalía ha tenido que agotar los plazos de investigación preparatoria y de prórroga de la investigación; en tal sentido, al haberse producido especiales circunstancias que han prolongado la investigación y del proceso, y estando por vencer el plazo de 9 meses de la prisión preventiva, corresponde se declare fundado el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva por el mismo plazo de 9 meses. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señora jueza se señale día y hora para la audiencia de prolongación de prisión preventiva y en su momento la declare fundada por encontrarse conforme a Ley. Trujillo, 27 de mayo del 2014

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Solicitud de cese prisión preventiva

Especialista: Dr. Cornejo Expediente N° 130-2010-JIP-SPLL SOLICITA CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE (…): DI (…), defensora (…). de don J (…), en el proceso penal sobre supuesto delito de Lesiones, en agravio de Edgar Egúsquiza Saucedo, a usted respetuosamente digo: I. PETITORIO Al amparo de lo previsto en el artículo 283 del NP, solicito el CESE de la prisión preventiva que fuera ordenada contra mi patrocinado y se imponga la medida de comparecencia, para lo cual solicito que se programe la audiencia respectiva. II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO-FÁCTICA Mis fundamentos son los siguientes, reservándome el derecho de que sean expuestos con mayor amplitud en la audiencia de su propósito: 1. La existencia de un nuevo elemento de convicción que desvanece la imputación en contra de mi patrocinado, lo que implica la no concurrencia de los requisitos que motivaron la imposición de la prisión preventiva. El nuevo elemento de convicción lo constituye la declaración del supuesto agraviado, respecto de quien solo existió un acta de entrevista fiscal que fe valorada como elemento grave y fundado de la vinculación de mi patrocinado con la comisión del delito, cuando su contenido no corresponde a lo que realmente refirió el Sr (…) al efectivo policial que redactó el acta, tal como ahora lo ha manifestado en su declaración de fecha(…).realizada con citación y participación de las partes, cuya versión desvincula a mi patrocinado de la comisión del hecho investigado.

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2. La conducta procesal de mi patrocinado en otro procedimiento anterior que no fue valorado en su oportunidad y el tiempo que llevo detenido durante este proceso. Por lo expuesto: Pido a usted se ordene el cese de la prisión preventiva, disponiendo la inmediata libertad de mi patrocinado. Trujillo 6 de agosto 2010

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Acta de audiencia de cese de prisión preventiva

SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD Expediente

:

Nº 4850-2012-5

Asist. Causas

:

ASUNCIÓN PEREDA YUPANQUI

Asist. Audiencia :

RAÚL FIGUEROA GRADOS

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA I. INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, siendo la 14:00 pm horas del día 08/01/2013, en la Sala de Audiencias N° 4 - Adjunta al Establecimiento Penal “El Milagro”, se constituye el SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, dirigida por el señor juez provisional Dr. ROSENDO VÍA CASTILLO para realizar la AUDIENCIA PÚBLICA DE CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA en la investigación seguida contra HENRY ZAVALETA CERNA - (PARTE SOLICITANTE) y JUAN SALINAS CASTILLO por el delito CONTRA EL PATRIMONIO en la MODALIDAD de ROBO AGRAVADO - En grado de Tentativa, tipificado en el artículo 189 - concordante con el artículo 16 del Código Penal en agravio de LUCIANA RÍOS ARTEAGA, la misma que será grabada en sistema de audio. II. ACREDITACIÓN: 1. FISCAL: Dr. JOSÉ ANTICONA MINCHOLA: fiscal provincial penal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en las Intersecciones de la Av. Jesús de Nazareth y Carrión de esta ciudad (En reemplazo de la Dra. SARA GARCÍA ARRASCUE). 2. ABOGADO DEL IMPUTADO HENRY ZAVALETA CERNA: Dra. FANNY ALVARADO CASTRO: Con registro C.A.L N° 46522, con domicilio procesal en Jr. Pizarro N° 569 - Of. N° 14 de esta ciudad.

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3. IMPUTADO HENRY ZAVALETA CERNA: Identificado con D.N.I. Nº 42707786 y no recuerda su domicilio real III. DEBATE SOBRE EL PEDIDO DE CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA: ABOGADO DEL IMPUTADO HENRY ZAVALETA CERNA: Sustenta su SOLICITUD DE CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA, pidiendo que por los fundamentos fáctico y de derecho que expone se declare fundado su pedido, dado que reúne los requisitos previstos en el articulado pertinente previsto en el artículo 283 del NP. FISCAL: Se opone a lo solicitado por la defensa, alegando que uno de los nuevos elementos que desvirtuarían a los ya existentes y que sirvieron para amparar el pedido de prisión preventiva es el certificado domiciliario, sin embargo en esta audiencia el imputado ha señalado desconocer su domicilio por ser analfabeto, a lo que hay que mencionar que en Acta de Intervención Policial, minutos después que fue intervenido, mencionó una dirección. Adicionalmente a ello también la defensa pretende alegar que su patrocinado tendría arraigo laboral, debiendo acotarse que anteriormente el imputado manifestó ser mototaxista y la supuesta labor que pretende acreditar la defensa es de otra naturaleza y que de la revisión en registros no se aprecia declaración alguna por parte del empleador respecto a la nómina de sus trabajadores. Agrega que el plazo de investigación aun no ha vencido y están pendientes algunos actos de investigación ABOGADO DEL IMPUTADO HENRY ZAVALETA CERNA: Alega que en este estadío su patrocinado está investido de la presunción de inocencia y que eso debe tenerlo presente esta Judicatura. IMPUTADO HENRY ZAVALETA CERNA: Manifiesta que ese día únicamente realizaba servicio de mototaxi y que la labor que realiza es de ayudante de mecánico JUEZ dicta la RESOLUCIÓN NÚMERO DOS: PARTE CONSIDERATIVA: AUTOS, VISTOS y OIDOS en audiencia pública con el pedido de CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA instada por la defensa de HENRY ZAVALETA CERNA en la investigación que se le sigue por el delito CONTRA EL PATRIMONIO en la MODALIDAD de ROBO AGRAVADO - En grado de Tentativa, tipificado en el artículo 189 - concordante con el artículo 16 del Código Penal en agravio de LUCIANA RÍOS ARTEAGA y CONSIDERANDO: PRIMERO:

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Que, la abogada defensora del imputado Henry Zavaleta Cerna –Dra. Fanny Alvarado Castro– solicitó el cese de prisión preventiva de su patrocinado por las razones expuestas en esta audiencia y que básicamente consisten en que su patrocinado no registra antecedentes y que tiene un domicilio conocido asimismo tiene arraigo laboral, además menciona que se debe tener presente que el delito es de robo agravado en grado de tentativa, para cuyo efecto ha presentado como nuevos elementos de convicción el certificado domiciliario expedido por el juez de paz de segunda nominación de El Porvenir, una boleta expedida por Multiservicios “Danny” así como una declaración jurada de Danny Polo Jerónimo la cual señala que el investigado se ha desempeñado como ayudante en su centro de labores. SEGUNDO: Que, habiendo corrido traslado al fiscal, este señala que el peligro procesal no se ha desvanecido en vista que el certificado domiciliario está referido al domicilio de su supuesto empleador tal como se señala en la declaración jurada que este ha presentado y en la que manifiesta también que el imputado labora en sus multiservicios, sin embargo se debe tener presente que en su declaración primigenia el imputado manifestó que se dedicaba a la labor de mototaxista. TERCERO: Que, asimismo en cuanto a su domicilio el imputado ha señalado en su declaración que es Barrio 3 - Mz “X” - Lote 09 de Alto Trujillo y que en su FICHA RENIEC aparece otro domicilio y que a través de un certificado domiciliario intenta acreditar otro domicilio, creándose una ambigüedad domiciliario, todo ello no hace más que generar dudas sobre el arraigo domiciliario como laboral y además en el mes de setiembre se ha iniciado este caso y que se encentra dentro de su plazo de investigación y que dejarlo en libertad sería un inconveniente para realizar los actos de investigación CUARTO: Que esta judicatura tiene presente que la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa en la que se afecta la libertad ambulatoria y que por tanto es la medida cautelar personal más violenta que ha previsto nuestro legislador y que para darse esta medida el juez de la investigación preparatoria tuvo que tener en cuenta los requisitos previstos en el artículo 268 del NP así como los establecidos en el artículo 269 y artículo 270 del NP y a efectos de posibilitar un cese el artículo 283 del NP ha regulado que “eI imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente” y en su tercer párrafo se señala que “(…) La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron

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su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva el juez tendrá en consideración, adicionalmente, las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa (…)”. QUINTO: Que, haciendo el análisis de la solicitud del imputado recurrente, los nuevo elementos de convicción agregados y sustentados en esta audiencia hay que confrontarlos con los que la jueza tuvo en cuenta al amparo de los presupuestos del artículo 268 del NP para emitir la prisión preventiva y dentro de estos presupuestos evidentemente a parte de los contemplados en el literal a) y b) siendo que en aquella ocasión la jueza de investigación preparatoria dilucidó que en efecto se daban los tres presupuesto establecidos de manera copulativa y por lo tanto encontró que se fundaba positivamente la prisión requerida por fiscalía. SEXTO: Que, en cuanto a lo que se pretende demostrar en este acto se debe ser minucioso en el análisis de los mismos, si bien se ha presentado un certificado domiciliario emitido por el juez de paz de segunda nominación del Porvenir en la que se declara que dicho imputado tendría como domicilio real el mismo domicilio laboral que se ha insertado en esta audiencia. Esta información debe contrastarse con la información obrante en carpeta fiscal y en la que el imputado en su declaración fiscal del 28/09/2012 señala que su domicilio sería en Barrio 3 - Mz “X” - Lote 09 de Alto Trujillo, ahora con este certificado domiciliario introducido en este acto se menciona otro domicilio incluso se menciona en dicho certificado de manera literal que en dicho domicilio ahí consignado será donde el imputado “seguirá viviendo”, lo que da a entender que ya habría estado viviendo en dicho domicilio, cosa que no se verifica con los actuados. Lo que sí se tiene en cuenta es la versión del imputado de su domicilio, y no se condice con lo manifestado, por lo que con esta información que se brinda al juzgado se denota que este certificado domiciliario genera una duda razonable sobre el domicilio cierto y debe ser tomado con suma reserva. SÉTIMO: Que, en cuanto a la declaración jurada presentada por Danny Polo Jerónimo quien tiene el mismo domicilio que el imputado y señala que este ha trabajo en su taller como ayudante de mecánica, debiendo contrastarse lo antes mencionado por el imputado quien ya anteriormente mencionó que era mototaxista y también realizaba labores de construcción, lo cual se colige que esta declaración ha sido probablemente brindado de favor no constituyendo ambos documentos elementos de convicción consistentes y coherentes con la

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información que se viene acopiando y por lo tanto no son elementos de convicción que exige el artículo 283 del NP que establece que “(…) esta medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición (…)” y en el presente caso queda en entredicho lo referido a dichos certificados domiciliarios y laboral no creando convicción en el Juzgador, por lo cual no existiendo elementos de convicción de mayor contundencia que nos persuada que los elementos de la prisión preventiva se han desvanecido, siendo que no se puede amparar esta solicitud, y por estas consideraciones PARTE RESOLUTIVA: Se resuelve declarar INFUNDADA la SOLICITUD DE CESE DE PRISIÓN que ha presentado el imputado HENRY ZAVALETA CERNA en la investigación que se le sigue por el delito CONTRA EL PATRIMONIO en la MODALIDAD de ROBO AGRAVADO debiendo CONTINUAR el mismo con la medida de prisión preventiva. FISCAL: Conforme ABOGADA DEL IMPUTADO: Se reserva el derecho IV. CONCLUSIÓN: Siendo las 16:10 pm., se da por terminada la audiencia.

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Auto que impone la medida de impedimento de salida del país

ÍNDICE DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE REQUERIMIENTO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS PROCESO COMÚN

: N° 3749-2012-78

Asistente de Audiencia : Jairo Roldán Álvarez Asistente Jurisdiccional : Roxana Rebaza León I. ETAPA INICIAL En la ciudad de Trujillo, a las 12:05 del día 7 de marzo del dos mil trece, presentes en la de Audiencia del Sétimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo Dr. ALBERTO RAMIRO CRUZADO ALIAGA, para conocer de la audiencia de Impedimento de Salida del país en el proceso seguido contra MANUEL ALCÁNTARA ASCÓN por el delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR, en agravio de MENOR DE INICIALES AAAH.II. VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES a) Ministerio Público: Dr. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. en la intersección de la Av. Sánchez Carrión y Jesús de Nazareth de la ciudad de Trujillo oficina 603 - A, en reemplazo de la Doctora Karina Castañeda Hinostroza. b) MADRE DE LA MENOR AGRAVIADA ELSA CUÑA HIDALGO: Identificada con DNI Nº 17971176 y domicilio real en calle Libertad Nº 475 - Huanchaco - Trujillo. c) ABOGADO DEL INVESTIGADO MANUEL ALCÁNTARA ASCÓN Doctor ELMER GUERRERO CONTRERAS Identificado con registro Cal Nº 46566 y domicilio procesal en Calle Díaz de Cienfuegos Nº 281 - La Merced. II. DEBATE  FISCAL: Sustenta su requerimiento de impedimento de salida contra el investigado y solicita se declare fundado el mismo y solicita que

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esta medida se dicte hasta por cuatro meses, y los fundamentos de su pretensión quedan registradas en audio.

 ABOGADO DEL IMPUTADO: Se opone a lo solicitado por cuanto no se han expuesto los motivos que indiquen que el investigado vaya a fugar del país. Su exposición se registra en audio.  FISCAL: Hace uso de su derecho a replica. Se registra en audio.  ABOGADO DEL IMPUTADO: Hace uso de su derecho a dúplica. Se registra en audio. III. RESOLUCIÓN NÚMERO TRES Parte Considerativa: Queda registrada en audio. Parte Resolutiva: Se Transcribe. 1. DECLARAR FUNDADO el requerimiento de Impedimento de Salida del País contra el procesado MANUEL ALCÁNTARA ASCÓN por el plazo de TRES MESES a partir de la fecha. 2. OFÍCIESE a las autoridades competentes a fin de hace efectiva la decisión dictada por este Despacho. IV. IMPUGNACIÓN  FISCAL: Conforme y copia del Acta.  ABOGADO DEL INVESTIGADO: Se reserva su derecho. V. FIN: Siendo las 12:30 se da por concluida la audiencia y cerrada la grabación del audio.

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Solicitud de embargo

Expediente N° 1352-2013 Carpeta Fiscal Nº 752-2013 Asistente: Juan Martínez Solicitamos embargo en forma de inscripción SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: Luis Ramírez Solís, debidamente representado por Alberto Cruz Salirrosas, según poder por Escritura Pública que obra en autos, en el proceso seguido contra Mario Rojas Varas y otros, por el delito de hurto agravado, a usted decimos lo siguiente : I. Petitorio: 1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 254, 255, 302 y 303 del NP, concordante con el artículo 642 y ss. del Código Procesal Civil, solicitamos a su Despacho se sirva TRABAR EMBARGO PREVENTIVO en forma de inscripción, sobre los derechos y acciones que corresponden a Mario Rojas Varas, principal procesado en los hechos investigados, respecto de los inmuebles que a continuación se describen, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de pago de la futura reparación civil que se pueda ordenar en el proceso penal. 2. Forma de medida cautelar, identificación de inmueble y monto de afectación solicitada: A) Se trabe embargo en forma de inscripción sobre los derechos y acciones que correspondan a Mario Rojas Varas al momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, sobre el inmueble constituido por el lote 02, Mz. T, Urb. Santa Mónica, Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, inmueble inscrito en la Partida Electrónica Nº 74654234 del Registro de Propiedad Inmueble de La Libertad (Anexo 02), hasta por la suma de S/. 50,000.00;

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B) Se trabe embargo en forma de inscripción sobre los derechos y acciones que correspondan a al momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, sobre el inmueble constituido por el lote 01, Mz. T, Urb. Santa Mónica, Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, inmueble inscrito en la Partida Electrónica Nº 45287543 del Registro de Propiedad Inmueble de La Libertad (Anexo 03), hasta por la suma de S/. 90,000.00, y Para tal efecto, el juzgado de la investigación preparatoria deberá cursar los partes respectivos a la Oficina Registral de Propiedad Inmueble de La Libertad. II. Fundamentación fáctico - jurídica: 3. Verosimilitud del derecho: De la investigación desarrollada hasta el momento se ha podido verificar la participación de Mario Rojas Varas en el delito investigado consistente en la sustracción de estructuras metálicas del interior del inmueble, Zona Industrial del distrito de La Esperanza, de propiedad de mi representado. Dicho procesado conjuntamente con terceros elaboraron y utilizaron un contrato privado falso para extraer del ámbito de dominio de mi patrocinado los bienes, que conforme a los informes periciales que hemos presentado han sido valorados en US$ 92,000.00 (noventaidós mil dólares americanos) que al tipo de cambio actual equivale a S/. 265,880.00, tal es el caso que incluso sus coprocesados lo sindican como la persona responsable de los hechos, limitándose a negar dichas incriminaciones sin mayor sustento probatorio. De este modo, y tal como se describe en el considerando tercero de la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria, el investigado Mario Rojas Varas tuvo conocimiento de la existencia de las estructuras ferrosas instaladas en el interior del inmueble desmantelado ya que está ubicado al costado del inmueble de su propiedad, y que fue quien buscó a sus coprocesados para apoderarse ilegítimamente del fierro elaborando un documento [falso] para eludir el control policial. En este sentido, se encuentra verosímilmente acreditada nuestra pretensión de trabar embargo sobre sus bienes, pues consideramos viable la sustentación de su responsabilidad lo que generará finalmente la determinación de la reparación civil, cuyo pago justamente hoy pretendemos asegurar.

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4. El embargo es una medida cautelar de carácter patrimonial que tiene como finalidad, como lo señala el profesor César San Martín “[(…)] lograr el aseguramiento anticipado de las eventuales responsabilidades civiles en que, en su caso, pueda incurrir el sujeto pasivo de un proceso penal” (César San Martín Castro. Derecho Procesal Penal. Tomo II, 2ª edición, p. 1182). Así, la reparación civil, conforme a lo estipulado en los artículos 93 y siguientes del Código Penal, comprende tanto la restitución del bien o dinero sustraído, y que en el presente caso asciende a ascendente a la suma de US$ 92,000.00 (noventidós mil dólares americanos), así como también el pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima. 5. Señor juez, el artículo 302 del NP dispone que desde la investigación preliminar se puedan realizar indagaciones sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas. Por su parte el artículo 303.1 de la misma norma señala que “Identificado el bien o derecho embargable, el [(…)] actor civil [(…)], solicitarán al juez de la investigación preparatoria la adopción de la medida de embargo”. En dicha línea, señor fiscal y en nuestra calidad de actor civil recurro a su Despacho a fin de solicitarle trabar la medida cautelar descrita sobre los bienes antes indicados inscritos en las Partidas Electrónicas Nº 74654234 y N° 45287543 del Registro de Propiedad Inmueble de La Libertad (que anexamos al presente), y en cuyos ítems “C. Título de Dominio” aparece descrita la propiedad a favor de Mario Rojas Varas y otra. 6. Peligro en la demora: señor fiscal, mediante nuestro escrito del 11-06-13 adjuntamos la Partida Nº 74654234 expedida por el Registro de Propiedad Inmueble, donde aparecía como propietario a Mario Rojas Varas y su cónyuge; sin embargo tres días más tarde de dicha presentación solicitó el cierre de la partida registral procediendo a su SUBDVISIÓN en 5 inmuebles: Lote C, Lote C.1, Lote C-2, Lote C-3 y Lote C-4 (Anexo 01). Es el caso que tres (3) de los cinco (5) lotes subdivididos han sido transferidos a terceras personas, y que a la fecha desconocemos si guardan alguna relación o no con dicho investigado, quedando solo los lotes

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C-1 y C-2 –dos de los inmuebles cuyos embargos estamos solicitando– probablemente también ad puertas de ser transferidos (Anexo 02 y 03). De no asegurarse de manera inmediata mediante el embargo solicitado, la decisión final que el Juzgado expida sobre la pretensión civil considerando la valuación de los bienes sustraídos en el proceso penal a iniciarse, podría ser totalmente inejecutable, pues el imputado podría –eventualmente– disponer de los bienes de su propiedad durante el transcurso del proceso. Como puede apreciar, señor juez, existe un evidente peligro en la demora, siendo por lo tanto urgente disponer la medida cautelar de carácter real solicitada. §7. Contracautela.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 numerales 2 y 5 del NP, concordante con el tercer párrafo del artículo 613 del Código Procesal Civil, cumplimos con ofrecer como contracautela nuestra caución juratoria. Para dicho efecto, cumpliremos –cuando así lo disponga el Juzgado– con legalizar la firma del apoderado con facultades suficientes según poder por escritura pública que obra en autos. Por tanto: A usted señor juez pido se sirva acceder a lo solicitado, por ser de ley. Primer Otrosí Digo: Sin perjuicio de lo solicitado mediante el presente escrito, nos reservamos el derecho de solicitar nuevos embargos en caso tomemos conocimiento de la existencia de bienes de propiedad del procesado. Adjuntamos en calidad de anexos los siguientes documentos: Anexo 01: Partida Electrónica Nº 74654234 del Registro de Propiedad Inmueble de Trujillo. Anexo 02: Partida Electrónica Nº 45287543 del Registro de Propiedad Inmueble de Trujillo. Anexo 04: Partida Electrónica Nº 46329875 del Registro de Propiedad Inmueble de Trujillo. 7 de julio de 2013

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Auto que declara fundado el requerimiento de desalojo preventivo

EXPEDIENTE

: Nº 2008-02401-14-1601-JR-PE-1

DELITO

: USURPACIÓN

ESPECIALISTA : MARIO GÓMEZ PERALTA AGRAVIADO

: RICARDO BRICEÑO TERRONES

IMPUTADO

: HÉCTOR ARENAS RODRÍGUEZ



: OMAR ARENAS RODRÍGUEZ

Resolución Número uno Trujillo, once de mayo Del dos mil siete.AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el requerimiento fiscal que antecede; en el que se solicita se ministre provisionalmente la posesión a favor del agraviado Ricardo Briceño Terrones previa orden de desalojo preventivo del inmueble ubicado en la Manzana cinco lote trece de la Avenida Argentina mil setecientos sesenta - Trujillo; atendiendo que con fecha nueve de abril del año en curso, a las veinte horas con treinta minutos a solicitud del denunciante Ricardo Briceño Terrones, quien refería que acababa de ser víctima del despojo de su terreno ubicado en la Manzana cinco lote trece de la Avenida Argentina mil setecientos sesenta - Trujillo, se realizó la diligencia de verificación policial en el mencionado terreno donde se encontró que la puerta principal estaba con candado y cadena, y que en el interior se encontraba la persona de Héctor Arenas Torres, en compañía de cinco varones y tres mujeres, manifestando que estaba en posesión en representación de su hermano Omar Arenas Torres, en mérito a los documentos consistentes a un contrato de transferencia de posesión otorgado por el señor William Chang Luján, de fecha dos de abril del año en curso, y de la vista ocular realizada por el juez de paz. Iniciadas las investigaciones preliminares se obtuvo la declaración del denunciante agraviado Ricardo Briceño Terrones, de fojas veinte-veintidós, quien manifestó que efectivamente antes de ser despojado, se ha encontrado

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en posesión del terreno ubicado en la Manzana cinco lote trece de la Avenida Argentina mil setecientos sesenta - Trujillo desde el año mil novecientos noventa y ocho conforme así lo acredita con el título de posesión de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho, acta de inspección ocular de fecha diez de diciembre del dos mil dos, carta dirigida por el Alcalde de Trujillo de fecha tres de junio del dos mil dos, declaración jurada del dos mil uno, pago de arbitrios del año dos mil cinco, declaraciones juradas del año dos mil cinco, recibo de pago de fecha julio de mil novecientos noventa y nueve, lo cual se encuentra corroborado con las testimoniales de Diana Velásquez Zárate, Gloria Burgos Cueva y Rosa María Novoa Ríos. Además que según se aprecia del acta de verificación realizada en presencia del representante del Ministerio Público se encontró en el interior la puerta que daba al mencionado terreno en el que aparece consignado los nombres del denunciante, así como el domicilio del inmueble usurpado, y pese a que los investigados Omar y Héctor Arenas Rodríguez niegan haber realizado el despojo del terreno, señalando que este les fue entregado por la persona de Willian Chang Luján, con previa verificación del juez de paz de Trujillo, además que el investigado Héctor Arenas Rodríguez refiere que porta arma de fuego; Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el requerimiento efectuado por la representante del Ministerio Público se encuentra amparado en el numeral uno del artículo 311 del NP que prescribe: “En los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del agraviado, podrá ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente ocupado en el término de veinticuatro horas, ministrado provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha cometido delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado; SEGUNDO.- Que, en el presente caso se precisa por parte del Ministerio Público que existen motivos razonables para sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente acreditado con 1) Declaración del agraviado Ricardo Briceño Terrones, que señala estar en posesión del bien inmueble usurpado; 2) Documentos consistentes en: a) Acta de Inspección ocular del terreno materia de litis, carta de fecha tres de junio del dos mil dos, dirigida por el Alcalde de Trujillo al domicilio materia de litis con el nombre del denunciante, b) recibo de pago de la Municipalidad de Huanchaco, c) declaración jurada del dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho por la Comunidad Campesina de Huanchaco a nombre

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del agraviado; e) acta de verificación en la que se deja constancia de las modificaciones recientes efectuadas en el bien materia de litis entre ellas tapiado de la puerta, pintura, además que en el lugar donde se encontró la puerta con inscripción del nombre del propietario y de la dirección del bien usurpado; f) declaración de la testigo Diana Velásquez Zárate, quien el nueve de abril dice haber escuchado disparos, y al salir encontró al agraviado, quien es su vecino del bien materia de litis que le habían sacado sus cosas, además que siempre llega el denunciante a dormir con su esposa, declaración de la testigo , Gloria Burgos Cueva, quien declara que un día escuchó disparos y al indagar se enteró que había desalojado al agraviado a quien lo conoce desde hace cinco años pues integra la Asociación de Vivienda Los Tumbos; g) copia de una notificación istrativa que está dirigida al agraviado en el domicilio materia de litis, en el que se señala deuda existente desde el año dos mil dos al dos mil siete, h) declaración testimonial de Rosa María Novoa Ríos, quien refiere que el agraviado ha sido el único posesionario del bien materia de litis a quien lo conoce desde el año dos mil cinco; TERCERO.- Que, de todo lo expuesto, se colige que para el Juzgador existen motivos razonables para sostener que se ha cometido el delito de usurpación, y el derecho del agraviado está suficientemente acreditado con las documentales antes referidas; por estas consideraciones; se resuelve ORDENAR el DESALOJO PREVENTIVO del inmueble indebidamente ocupado, sito en la Manzana cinco lote trece de la Avenida Argentina mil setecientos sesenta Trujillo, en el término de veinticuatro horas, por parte de las personas que se encuentren indebidamente poseyendo así como de los investigados OMAR ARENAS RODRÍGUEZ Y HÉCTOR ARENAS RODRÍGUEZ; ministrado provisionalmente la posesión al agraviado RICARDO BRICEÑO TERRONES; para cuyo efecto COMISIONESE al juez de paz de Trujillo, a efecto de llevar a cabo la diligencia respectiva; AUTORIZÁNDOSE el descerraje de ser necesario, para lo cual LÍBRESE el exhorto correspondiente. NOTIFÍQUESE.-

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Requerimiento de incautación cautelar

CARPETA FISCAL: Nº 6672-2012 (Investigación preliminar) Fiscal a cargo de la investigación: José Luis Gómez Sánchez, Lucía Moreno Quezada y otros REQUERIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE INCAUTACIÓN DE BIEN MUEBLE (VEHÍCULOS) SEÑOR(A) DOCTOR (A): JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE ASCOPE: JOSÉ LUIS GÓMEZ SÁNCHEZ, fiscal provincial titular de la Tercera Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio en la intersección de la Av. Jesús de Nazareth con Daniel Alcides Carrión S/N - Oficina N° 602 de esta ciudad; a usted digo: I. PETITORIO: De conformidad con lo previsto en los artículos 316, 317 y 318 del NP presento ante su Juzgado el requerimiento de MEDIDA CAUTELAR REAL DE INCAUTACIÓN, en la investigación seguida contra: SALVADOR VERA RODRÍGUEZ por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD PREVARICATO y FALSEDAD GENÉRICA en agravio del Estado; HERNÁN EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ, JUAN LINARES NORMAN, FELIPE GONZALO SUÁREZ SÁNCHEZ y JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES como coautores de los delitos de FALSEDAD GENÉRICA y CONTRABANDO en agravio del ESTADO; y, contra VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO, ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ, HARRY IGLESIAS VERONA, JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO, DIEGO RODRÍGUEZ PÉREZ, RENATO MARÍN ZÚÑIGA y ADRIÁN GUERRA PERALTA, por la presunta comisión como coautores de los delitos de FALSEDAD GENÉRICA y RECEPTACIÓN ADUANERA en agravio del ESTADO; a efectos de su Juzgado declare fundado el requerimiento de INCAUTACIÓN, con la correspondiente inscripción en los Registros Públicos, por el plazo

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de DOS AÑOS(1) de los bienes vehículos que a continuación se detallan (Item II), EL BLOQUEO DE LAS REFERIDAS PARTIDAS REGISTRALES(2) y la correspondiente ANOTACIÓN PREVENTIVA(3), en el registro que corresponda, a fin de evitar transferencias de la propiedad o la inscripción de gravámenes que acarreen consecuencias irreparables e incluso la comisión de nuevos delitos. II. DATOS DE LOS BIENES MUEBLES (VEHÍCULOS) MATERIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INCAUTACIÓN: 2.1.- VEHÍCULOS INSCRITOS: Nº

PLACA

PART. ELEC.

CLASE/

MODELO/AÑO

MARCA 1

60574528

2

T3K984

60574530

3

T3K444

60574531

4

T3K445

60574532

Remolcador/

9300

Internacional

1997

Remolcador/

FH12

Internacional

1998

Camión/

FH12

Volvo

1998

Remolcador/

FH12

Volvo

1996 FH12

5

T3K446

60574533

Remolcador/ Volvo

1998

6

T3K447

60574534

Remolcador/

FH12

Volvo

2000

Camioneta Rural/

Hiace

Toyota

2004

7

(1)

(2) (3)

490

T3K983

T3Z956

60574529

Dado que se trata de una investigación compleja, encontrándonos a la fecha en investigación preliminar cuyo plazo que se ha otorgado es de OCHO MESES; sin contar el plazo de la investigación preparatoria que la ley otorga para procesos complejos de OCHO MESES prorrogables por OCHO MESES más. Respecto de los 36 vehículos que si fueron inmatriculados en la SUNARP - Sede Registral Nº V - Trujillo. Respecto de los 3 vehículos que no se lograron inmatricular en la SUNARP - Sede Chiclayo.

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8

9 10 11 12 13 14 15 16

T1R546

T1R137 T1R778

60576847

60576848 60576849

T3Q904 T3Q655 T3Q326 T3Q267 T3Q918 T3Q829

Camioneta Rural/

CRV

Honda

2008

Camioneta Rural/

Gran Nomade

Susuki

2006

Station Wagon/

Probox

Toyota

2007

Camión/

FH12

60576850

Volvo

1996

60576851

Remolcador/

FH12

Volvo

2002

Camión/

FH12

Volvo

2000

Camión/

FH12

60576852 60576853 60576854 60576855

Volvo

2000

Remolcador/

FH12

Volvo

2000

Remolcador/

FH12

Volvo

1999 FH12

17

T3Q730

60576856

Remolcador/ Volvo

2000

18

T3N643

60575709

Camión/

NL12

Volvo

1999

Remolcador/

FH12

19 20 21

T3N554 T3N285 T3N156

60575713 60575714 60575715

Volvo

1997

Remolcador/

FH12

Volvo

2000

Remolcador/

FH12

Volvo

1998 FH12

22

T3N447

60575716

Remolcador/ Volvo

2000

23

T3N438

60575717

Remolcador/

FH12

Volvo

1999

Remolcador/

FH12

24

T3N889

60575718

Volvo

1999 Montero

25

T1Q232

60575708

Camioneta Rural/ Mitsubishi

2001

26

T1Q623

60575710

Camioneta Rural/

Hiace

Toyota

2010

491

William Arana Morales

27

T1Q774

60575711

Camioneta Rural/

Hiace

Toyota

2003 Hiace

28

T1Q785

60575712

Camioneta Rural/ Toyota

2010

29

T3O340

60575719

Camión/

FH12

Volvo

1994

30 31 32

T3R263 T3R134 T3R715

60577408 60577409 60577410

Remolcador/

387

Peterbilt

2003

Remolcador/

9300

Internacional

1998

Remolcador/

VNL64T

Volvo

2001 VNL670

33

T3R846

60577411

Remolcador/ Volvo

2005

34

T3R807

60577414

Remolcador/

FH12

Volvo

2004

Camioneta Rural/

Hiace

35 36

T1R122 T1R333

60577412 60577413

Toyota

2011

Camioneta Rural/Toyota

Hiace 1999

2.2.- VEHÍCULOS NO INSCRITOS: A.- B.-

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MARCA CLASE MODELO AÑO FAB. MOTOR SERIE COLOR CARROCERÍA COMBUSTIBLE Nº DE EJES PROPIETARIO MARCA CLASE MODELO

: MITSUBISHI : CAMIÓN : FES517BD4 : 1998 : 4D33G86575 : FES17BD511254 : AZUL : VOLQUETE : PETRÓLEO : 2 : JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES : NISSAN : CMTA. RURAL : SERENA

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C.-

AÑO FAB. : 1994 MOTOR : CD20267983X SERIE : KVC23024577 COLOR : CELESTE CARROCERÍA : MICROBÚS COMBUSTIBLE : PETRÓLEO Nº DE EJES : 2 PROPIETARIO : JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES MARCA : TOYOTA CLASE : STAT. WAGON MODELO : COROLLA AÑO FAB. : 2002 MOTOR : 3C3924137 SERIE : CE1075021950 COLOR : BLANCO CARROCERÍA : STATION WAGON Nº DE EJES : 2 COMBUSTIBLE : PETRÓLEO PROPIETARIO: JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES

III. ÓRGANO DE CUSTODIA E INSCRIPCIÓN: Atendiendo a la naturaleza de la medida solicitada y de conformidad con lo previsto en el artículo 13 primer párrafo(4) de la Ley 28008 - Ley de Delitos Aduaneros –modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1111– deberá considerarse como responsable de la custodia física de los vehículos materia de incautación a la istración Aduanera (SUNATADUANAS). Asimismo, la medida de incautación deberá ser inscrita en

(4)

Artículo 13, primer párrafo.- “El fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los instrumentos utilizados para la comisión del mismo, los que serán custodiados por la istración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al propietario”.

493

William Arana Morales

los Registros Públicos, a fin de que las partidas registrales de los 36 vehículos inscritos sean bloqueados y así evitar que su libre disponibilidad acarree consecuencias irreparables e incluso la comisión de nuevos delitos. Asimismo, respecto de los 3 vehículos que no se lograron inmatricular se inscriba la medida en el Registro Mobiliario de Contratos (RMC) o Registro que corresponda, dada la naturaleza de los bienes –como una forma de anotación preventiva– a efectos de evitar la transferencia de los mismos o posteriores requerimientos de inmatriculación ilegal y la comisión de nuevos delitos. IV. HECHOS QUE SUSTENTAN ELPRESENTE REQUERIMIENTO: 4.1. EN RELACIÓN A LOS DELITOS DE PREVARICATO Y ABUSO DE AUTORIDAD: Se advierte de las copias certificadas de los Expedientes Judiciales Nºs: 18-2011, 36-2011, 37-2011, 39-2011, 40-2011, 41-2011 y 42-2011, que el hecho imputado consiste esencialmente en que se interpusieron siete demandas sobre obligación de dar suma de dinero (en adelante, ODSD), ante el investigado SALVADOR VERA RODRÍGUEZ, en su condición de juez del Juzgado de Paz de Primera Nominación del Centro Poblado de Roma, quien ordenó irregularmente la inmatriculación de 39 vehículos automotores de distintas clases y modelos, cursando para ello los oficios al Registro de Propiedad Vehicular de la Oficina Registral Nº V-Sede Trujillo (36 vehículos - correspondiente a los seis primeros expedientes judiciales 18-2011, 36-2011, 37-2011, 39-2011, 40-2011 y 41-2011) y de Chiclayo (03 vehículos - correspondiente al último expediente judicial 42-2011). En los procesos contenidos en los expedientes judiciales antes mencionados se aprecia que en todos ellos se ha presentado como medio probatorio para acreditar la existencia de la obligación de dar suma de dinero, contratos privados de préstamo de dinero celebrados entre las partes (demandantes y demandados), los mismos que revisten características similares de redacción y en los que además coincidentemente se otorga como garantía de pago a favor del acreedor 6 vehículos en cada uno de los casos de los expedientes 36-2011, 37-2011 y 39-2011 (18 vehículos en total); 4 vehículos en el caso del expediente 40-2011; 7 vehículos en cada uno de los casos de los expedientes 18-2011 y 41-2011; y, 3 vehículos en el caso del

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expediente 42-2011; advirtiéndose además que las seis primeras demandas que originaron tales procesos judiciales (Exps. Nºs 18-2011, 36-2011, 37-2011, 39-2011, 40-2011 y 41-2011) presentan visibles características de redacción similar y han sido suscritas por el mismo abogado RENATO MARÍN ZÚÑIGA, identificado con CALL Nº 3010 y la última demanda (Exp. Nº 42-2011) ha sido suscrita por el abogado ADRIÁN GUERRA PERALTA. Asimismo, se ha verificado del tenor de los escritos de demanda y de la revisión de los expedientes judiciales, que en ninguno de los casos se ha acreditado la existencia de la Declaración Única de Aduanas (DUA) que exige el Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehícular en su artículo 9 acápite a) para proceder a la posterior inmatriculación de los vehículos que garantizaban supuestamente las obligaciones dinerarias; verificándose el origen ilícito al país mediante importación temporal o definitiva; más aún, si no se ha exhibido medio idóneo que acredite la titularidad del bien vehicular nacionalizado por parte de los deudores demandados. De lo que se advierten indicios suficientes que permiten suponer la configuración de los delitos de PREVARICATO y ABUSO DE AUTORIDAD en los que habría incurrido el juez del Juzgado de Paz de Primera Nominación del Centro Poblado de Roma SALVADOR VERA RODRÍGUEZ, quien pese a tener conocimiento de la obligación legal contenida en el dispositivo antes invocado mediante las esquelas de notificación (OBSERVACIONES) cursadas a su despacho judicial por los registradores del Registro de Propiedad Vehícular ROBERTO HERNÁN PEREDA SILVA, LUCÍA ANA AGUEDA ZÁRATE (Zona Registral Nº V- Sede Trujillo) y MELINA LÓPEZ TERRONES (Zona Registral Nº II - Sede Chiclayo), reiteró la orden para la inmatriculación de los vehículos cuestionados, contraviniendo el texto de la ley, además de excederse en los límites de su función al emplear los medios coactivos e intimidatorios (apercibimientos de denuncias penales) que la ley le faculta, para que se materialice la inmatriculación ordenada, pese a no haberse realizado las subsanaciones a que se contrae el artículo 2011 del Código Civil. De tal forma que, ante la reiteración del juez de paz para la inmatriculación, se lograron inscribir 36 vehículos con las siguientes placas: T3K983, T3K984, T3K444, T3K445, T3K446, T3K447, T3Z956, T1R546, T1R137,

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T1R778, T3Q904, T3Q655, T3Q326, T3Q267, T3Q918, T3Q829, T3Q730, T3N643, T3N554, T3N285, T3N156, T3N447, T3N438, T3N889, T1Q232, T1Q623, T1Q774, T1Q785, T3O340, T3R263, T3R134, T3R715, T3R846, T3R807, T1R122 Y T1R333; y, respecto de los 3 últimos vehículos (Expediente Judicial Nº 042-2011), que se ordenó su inmatriculación ante la Zona Registral de Chiclayo, NO se lograron inscribir debido a las observaciones insubsanables que presentaba el título. 4.2. EN RELACIÓN AL DELITO DE FALSEDAD GENÉRICA, CONTRABANDO Y RECEPTACIÓN ADUANERA: De los hechos a que se ha hecho referencia en el ítem anterior se evidencia la presencia de indicios que hacen presumir la supuesta simulación de juicios o procesos judiciales para crear obligaciones dinerarias ficticias (FALSEDAD GENÉRICA) y de este modo conseguir en base a mandatos judiciales la inscripción de la titularidad de bienes muebles vehículares en el registro respectivo; ello, evadiendo los procedimientos aduaneros y las obligaciones tributarias que estos originan; más aún, si de las actas de constatación domiciliaria, se colige que las partes demandantes y demandadas no tienen residencia en el Centro Poblado de Roma, lo que se corroboraría con el contenido de sus fichas RENIEC, en las cuales se consignan direcciones completamente distintas a las indicadas en los escritos de demanda y en los contratos privados de préstamo de dinero; con lo cual se habría logrado dirigir exprofesamente las demandas al juez investigado, a fin de que este se avoque al conocimiento de las demandas en virtud a lo estipulado en el artículo 14 del Código Procesal Civil, que le otorgaba competencia territorial por el lugar de residencia de los demandados, pese a que estas no eran reales; infiriéndose de ello la posible colusión entre el juez investigado SALVADOR VERA RODRÍGUEZ, los DEMANDANTES: VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO, ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ, HARRY IGLESIAS VERONA, JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO y DIEGO RODRÍGUEZ PÉREZ y los DEMANDADOS: HERNÁN EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ, JUAN LINARES NORMAN, FELIPE GONZALO SUÁREZ SÁNCHEZ y JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES; así como de los abogados que suscribieron los escritos de demanda RENATO MARÍN ZÚÑIGA (cuyo domicilio procesal consignado en la demanda tampoco sería real) y ADRIÁN GUERRA PERALTA; evidenciándose además irregularidades

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en el modo y forma en que el juez de paz investigado realizó las notificaciones de sus resoluciones de las cuales deja constancia mediante actas en los expedientes judiciales cuestionados. De la información obtenida de la Intendencia de Aduanas Salaverry se aprecia que respecto de los treinta y nueve (39) vehículos cuya inmatriculación se ordenó NO cuentan con Declaración Única de Aduanas (DUA) que sustente su ingreso legal a territorio nacional ni se ha encontrado información de nacionalización de los mismos por alguna Aduana del país, evidenciándose de ello su ingreso en forma ilegal, sin control aduanero y el correspondiente pago de los tributos respectivos; constituyendo ello indicio de la comisión del delito de CONTRABANDO en que habrían incurrido los demandados: HERNÁN EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ, JUAN LINARES NORMAN, FELIPE GONZALO SUÁREZ SÁNCHEZ y JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES, al no haber sustentado en los procesos judiciales la existencia de la Declaración Única de Aduanas (DUA) ni haber acreditado la titularidad de los vehículos nacionalizados que garantizaban su obligación dineraria. Asimismo, se advierten indicios de la participación de los demandantes: VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO, ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ, HARRY IGLESIAS VERONA, JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO, DIEGO RODRÍGUEZ PÉREZ y de los abogados que suscriben las demandas RENATO MARÍN ZÚÑIGA y ADRIÁN GUERRA PERALTA en el delito de RECEPTACIÓN ADUANERA al haber prestado actos de colaboración en la simulación de procesos judiciales dirigidos a la comercialización de vehículos automotores que debían presumir provenían de un delito aduanero. 4.3. EN RELACIÓN AL DELITO DE RETARDO DE ACTOS FUNCIONALES: De la denuncia de parte interpuesta por la Procuradoría de la SUNARP en contra de RAFAEL HUMBERTO PÉREZ SILVA –en su condición de registrador público– se sustenta esencialmente en que este ha retardado su deber de dar cuenta en forma oportuna a la Intendencia de Aduanas Salaverry acerca del pedido de inmatriculación de vehículos que dispuso el juez del Juzgado de Paz de Primera Nominación del Centro

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Poblado de Roma, SALVADOR VERA RODRÍGUEZ; esto es, al haberles remitido recién en el mes de ENERO DE 2012, en forma extemporánea y mucho después de su emisión, los Oficios Nºs: 307-2011-ZRVº/STRPV/RPS de fecha 25/10/2011, 338 -2011-ZRVº/ST-RPV/RPS de fecha 22/11/2011 y 399-2011-ZRVº/ST-RPV/RPS de fecha 16/12/2011, a efecto de que se opongan a la inmatriculación de los vehículos por no contar con la póliza de importación DUA o DAM que sustente su ingreso al país. Afirma el denunciante que tal comunicación extemporánea cobra mayor gravedad si se tiene en cuenta el tercer precedente de observancia obligatoria aprobado por el Quinto Pleno del Tribunal Registral realizado el 5 y 6 de setiembre de 2003, en el cual se señala que: “El registrador público debe expresar de manera clara y motivada las normas legales que el juez infringe cuando dispone la inmatriculación de un vehículo cuyo ingreso legal al país no está acreditado. Si obstante ello, el juez reitera su mandato de inscripción, no obstante ser el mandato notoriamente ilegal deberá proceder a su inscripción, adicionalmente deberá el registrador público poner en conocimiento el título que origine la inmatriculación y la inscripción misma de la CODICMA y de la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente, de la Fiscalía Provincial Penal de Turno, de la SUNAT y de la Gerencia Legal de la Zona Registral correspondiente, para que den inicio a las acciones legales pertinentes en contra del juez que reitera el mandato de inscripción y quienes resulten responsables”. V. PRESUPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INCAUTACIÓN: El artículo 316 inciso 1 del NP prescribe que es OBJETO DE INCAUTACIÓN: “1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público”. Asimismo, el artículo 317 del mismo cuerpo normativo prescribe: “Si no existe peligro por la demora, las partes deberán requerir al juez la expedición de la medida de incautación. Para estos efectos, así como para decidir en el supuesto previsto en el

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artículo anterior, debe existir peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos”. Por su parte, el Acuerdo Plenario Nº 5-2010/CJ-116, de fecha 16 de noviembre de 2010, respecto del OBJETO DE LA INCAUTACIÓN indica que en cuanto medida procesal, presenta una configuración jurídica dual: como búsqueda de pruebas y restricción de derechos –propiamente, medida instrumental restrictiva de derechos– (artículos 218 al 223 del NP), y como medida de coerción – con una típica función cautelar (artículos 316 al 320 del NP). En ambos casos es un acto de autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible. En el segundo caso, su función es substancialmente de prevención del ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la averiguación de la verdad. En ambos casos cumplen una función principal que consiste en la posibilidad de una consecuencia ria de decomiso, con arreglo al artículo 102 del Código Penal (fundamento 7, lo resaltado es nuestro). Asimismo, indica el referido acuerdo plenario que la incautación cautelar (artículo 316.1 del NP) incide en los efectos provenientes de la infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos del delito permitidos por la ley. Los OBJETOS DEL DELITO son las cosas materiales sobre la que recayó la acción típica, como por ejemplo: Los bienes de contrabando en dicho delito. En este caso la incautación como medida procesal precede al decomiso como consecuencia ria que se dictará en la sentencia (fundamento 9, lo resaltado es nuestro). Asimismo, el Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116, de fecha 6 de diciembre de 2011 –fundamento18– señala que en el NP se identifican cinco medidas de coerción real, dentro de las cuales se encuentra la INCAUTACIÓN. Así también, precisa que los presupuestos de las medidas de coerción real son: EL FUMUS DELICTI COMISSI y EL PERICULUM IN MORA: 5.1. FUMUS DELICTI COMISSI.- Consiste en la existencia de indicios racionales de criminalidad, es la denominada “apariencia y justificación del derecho subjetivo”.

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Así también, en concordancia con el artículo 303 inciso 3 del NP refiere respecto a este presupuesto que: “Existan suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito objeto de imputación”. A) El delito de CONTRABANDO se encuentra previsto en el artículo 1 primer párrafo de la Ley Nº 28008 - LEY DE DELITOS ADUANEROS - modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1111, que prescribe: “El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la istración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa”. Calderón Valverde, Leonardo(5) ha señalado que por ingresar hay que entender introducir mercancías del extranjero al ámbito del territorio nacional. El núcleo del comportamiento típico del delito de contrabando está constituido por el traslado físico de las mercaderías a través de las fronteras, resultando indiferente si el autor porta directamente la mercancía o traslada utilizando otros medios. El comportamiento de ingresar mercancías ha de realizarse eludiendo el control aduanero, el que se realiza normalmente en territorio aduanero y sirve para definir la condición jurídica en que se encuentran las mercancías Asimismo, Vidal Albarracín, Héctor(6) refiere que el control aduanero se ejerce a través de la istración de un conjunto de medidas destinadas a asegurar el acatamiento de la legislación aduanera, sobre los transportes y las mercancías. Este es ejercido en tres niveles. En primer lugar, están los niveles de controles previos, que son ejecutados desde el ingreso de las mercancías a una zona primaria, hasta antes

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Delitos Tributarios y Aduaneros. Gaceta Penal. 2012, p. 91. Delitos Aduaneros. Mave. Buenos Aires, 2004, p. 83; citado por REÁTEGUI SÁNCHEZ, James y CALDERÓN VALVERDE, Leonardo. En: Delitos Tributarios y Aduaneros, p. 92.

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de la solicitud formal del despacho, con la presentación física o telemática de la Declaración Única de Aduanas (DUA). En segundo lugar se encuentran los controles concurrentes. Finalmente, el tercer nivel, referido a los controles posteriores, se da luego del levante incondicional de las mercancías y consiste en acciones de auditoría a los operadores de comercio exterior (lo resaltado es nuestro). B) Estando a los hechos fácticos antes expuestos, en la carpeta fiscal, en relación al delito de Contrabando, EXISTEN suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que los investigados: HERNÁN EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ, JUAN LINARES NORMAN, FELIPE GONZALO SUÁREZ SÁNCHEZ y JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES, son autores de este delito; al no haber sustentado en los procesos judiciales Nºs 18-2011, 36-2011, 37-2011, 39-2011, 40-2011 y 42-2011 la existencia de la Declaración Única de Aduanas - DUA, que acredita el ingreso legal al país de dichos vehículos, ni haber sustentado la titularidad de los vehículos nacionalizados que garantizaban su obligación dineraria. Elementos de convicción consistentes en: - OFICIO Nº 33-2012-SUNAT/3O000; mediante el cual SUNATADUANAS solicita la constatación y verificación sobre la existencia de procesos judiciales seguidos ante el Juzgado de Primera Nominación del Centro Poblado de Roma, que estaba a cargo del juez SALVADOR VERA RODRÍGUEZ –hoy investigado por los delitos de Prevaricato y Abuso de Autoridad– en los cuales se ordenó la inmatriculación de 36 vehículos sin contar con la documentación aduanera que acredite su ingreso legal al país (fojas 1 a 4). - OFICIOS Nºs 307, 399, 338 y 425-2011-ZRNºV/ST-RPV/RPS; mediante los cuales los registradores Rafael Humberto Pérez Silva y Luz Angélica Aguay Zana informan a SUNAT-ADUANAS sobre la inmatriculación de los vehículos, dispuestos por el juez de paz de Primera Nominación del Centro Poblado de Roma, SALVADOR VERA RODRÍGUEZ (fojas 7-8, 11-12, 15-16 y 19-20). Y, Constancias de recepción de los mencionados oficios ante la SUNAT (fojas 5-6, 9-10,13-14 y 17-18). - INFORMES Nºs 11, 12, 13 y 14-2012-SUNAT/3O0030; en los que se concluyen que los 36 vehículos respecto de los cuales el juez de paz de primera nominación del Centro Poblado de Roma, SALVADOR VERA REBAZA,

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ordenó su inmatriculación ( Expedientes Judiciales Nºs 018-2011, 0362011, 037-2011, 039-2011, 040-2011 y 041-2011) NO HAN SIDO NACIONALIZADOS POR ALGUNA ADUANA DEL PAÍS en el periodo comprendido entre los años 1993 al 2011, consecuentemente, HAN INGRESADO EN FORMA ILEGAL AL PAÍS, SIN CONTROL ADUANERO Y SIN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS (fojas 56-60).

- ACTA DE CONSTATACIÓN, de fecha 23/01/2012; en la cual se deja constancia de la existencia de los expedientes judiciales 036-2011, 037-2011, 040-2011, 039-2011 y 018-2011 y que en los mismos el juez SALVADOR VERA RODRÍGUEZ ha ordenado la inmatriculación en total de 36 vehículos sin contar con la existencia de la Declaración Única de Aduanas (fojas 41 a 43). - Informe Nº 001-2012-SUNAT/3O9902; suscrito por el abog. Gustavo F. Silva Soza, mediante el cual informa sobre la inmatriculación irregular de vehículos usados en la Zona Registral V - Sede Trujillo (fojas 40-55). - Copia certificada de la anotación de inscripción de los vehículos de placas: T3K983, T3K984, T3K444, T3K445, T3K446, T3K447 y T3Z956 (Primera inscripción - Expediente Judicial Nº 018-2011); solicitud de inscripción de dichos vehículos; ESQUELA DE OBSERVACIÓN, suscrito por el registrador público Rafael Humberto Pérez Silva en el cual se indica que para poder registrar un título judicial, las instancias registrales deben solicitar la acreditación del pago de tributos aplicables a la importación del bien, esto es que se acredite el ingreso al país de los vehículos a través de la presentación de la DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANAS y en el caso de inmatriculación de vehículos que ingresaron al país en calidad de usados se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento Nacional de Vehículos (DS 058 2003 MTC) concordado con el artículo 9 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad vehicular, esto es, presentar el registro de propiedad vehicular, certificado de inspección técnica vehicular emitido por la persona jurídica autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para dicho efecto; y, OFICIO Nº 102-2011-JPPNR, firmado por el juez de paz de primera nominación,

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en el que, pese a las observaciones advertidas por el registrador, ordena proceda a la inmatriculación de los vehículos antes mencionados (fojas 88 a 98).

- FORMATOS PARA INMATRICULACIÓN Y CAMBIO DE CLASE EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHÍCULAR; que corresponde a los 7 vehículos que fueron inscritos ante los Registros Públicos Zona V- Sede Trujillo con placas: T3K983, T3K984, T3K444, T3K445, T3K446, T3K447 y T3Z956, a nombre del hoy investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO (fojas 180 a 186). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3K447; inscrito, con fecha 20-10-2011, a nombre del investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO; además se aprecia que, posteriormente, se transfiere la propiedad a DAVID QUISOCALA HUARANCA, con fecha 28-10-2011, y este último a ROSITA CONDORI MAMANI (fojas 63 a 66). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3K984; inscrito, con fecha 20-10-2011, a nombre del investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO; además se aprecia que, posteriormente, se transfiere la propiedad a DAVID QUISOCALA HUARANCA, con fecha 28-10-2011 (fojas 67 a69). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3K983; inscrito, con fecha 20-10-2011, a nombre del investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO; además se aprecia que, posteriormente, se transfiere la propiedad a JOSÉ LUIS MEDINA QUISPE, con fecha 29-11-2011 (fojas 72 a 76). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3K444; inscrito, con fecha 20-10-2011, a nombre del investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO; además se aprecia que, posteriormente, se transfiere la propiedad a JOSÉ LUIS MEDINA QUISPE, con fecha 06-12-2011 (fojas 77 a 79). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3K445; inscrito, con fecha 20-10-2011, a nombre del investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO (fojas 81 a 82).

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- Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3K446; inscrito, con fecha 20-10-2011, a nombre del investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO; además se aprecia que, posteriormente, se transfiere la propiedad a DAVID QUISOCALA HUARANCA con fecha 28-10-2011 (fojas 83 a 85). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3Z956; inscrito, con fecha 20-10-2011, a nombre del investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO; además se aprecia que, posteriormente, se transfiere la propiedad a DAVID QUISOCALA HUARANCA (fojas 86 a 87). - Copia certificada de la anotación de inscripción de los vehículos con placa: T3N285, T3N156, T3N447, T3N438, T3N889, T1Q232, T1Q623, T1Q774, T1Q785 y T3O340 –Primera inscripción de dominio– ordenada en los procesos con número de expediente judicial 39 y 40-2011, a nombre de HARRY IGLESIAS VERONA (fojas 193). - ESQUELA DE OBSERVACIÓN, suscrito por el registrador público Rafael Humberto Pérez Silva, en el cual se indica que, respecto de los 10 vehículos que se ha ordenado su inscripción, en mérito a la resolución 4 de los expedientes números 039- y 040-2011 NO SE HA CUMPLIDO CON ADJUNTAR LA DUA correspondiente por cada uno de los vehículos a inmatricular; solicitud de inscripción de los 10 vehículos antes mencionados suscrito por el investigado HARRY IGLESIAS VERONA; OFICIOS Nºs 123 y 124-2011-JPPNR, firmados por el juez de paz de primera nominación, en el que, pese a las observaciones advertidas por el registrador, ordena proceda a la inmatriculación de los 10 vehículos antes mencionados (fojas 218 a 222). - FORMATOS PARA INMATRICULACIÓN Y CAMBIO DE CLASE EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHÍCULAR; que corresponde a los 10 vehículos que fueron inscritos ante los Registros Públicos Zona V- Sede Trujillo con placas: T3N285, T3N156, T3N447, T3N438, T3N889, T1Q232, T1Q623, T1Q774, T1Q785 y T3O340, a nombre del hoy investigado HARRY IGLESIAS VERONA (fojas 264 a 274).

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- Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3N285; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA (Demandante en el proceso judicial que se tramita en el Expediente Nº 039 y 040-2011); quien posteriormente transfiere la propiedad a JUAN MANUEL GUADIAMOS NARRO, con fecha 21-01-2012 (fojas 194-195 y 216). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3N156; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA (fojas 196-197). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1Q774; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA; quien posteriormente transfiere la propiedad a LUZ NORMA AGUILAR MENDOZA, con fecha 21-12-2011 (fojas 198-199). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1Q623; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA; quien posteriormente transfiere la propiedad a LUZ NORMA AGUILAR MENDOZA, con fecha 21-12-2011 (fojas 200 a 202). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1Q232; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA; quien posteriormente transfiere la propiedad a LUZ NORMA AGUILAR MENDOZA, con fecha 21-12-2011 (fojas 203 a 204). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3O340; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA; quien posteriormente transfiere la propiedad a LUZ NORMA AGUILAR MENDOZA, con fecha 21-12-2011 (fojas 205 a 206). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3N438; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA; quien posteriormente transfiere la propiedad a SIXTO TURPO TUNQUI, con fecha 21-12-2011 (fojas 207 a 208).

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- Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3N889; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA; quien posteriormente transfiere la propiedad a SIXTO TURPO TUNQUI, con fecha 21-12-2011 (fojas 209 a 210). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1Q785; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA; quien posteriormente transfiere la propiedad a HUBERRICHARD CHOQUENA MAMANI, con fecha 05-012011 (fojas 211 a 213). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3N447; inscrito, con fecha 15-12-2011, a nombre del investigado HARRY IGLESIAS VERONA, de fojas fojas 217. - Copia certificada de la anotación de inscripción (primera inscripción) de 12 vehículos, a nombre del investigados ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ, de placas: T3Q918, T3Q829, T3Q730, T3N643, T3N554, T1R546, T1R137, T3Q904, T3Q655, T3Q326, T3Q267 (fojas 406). - ESQUELA DE OBSERVACIÓN, suscrito por el registrador público Rafael Humberto Pérez Silva, en el cual se indica que, respecto de los 6 vehículos que se ha ordenado su inscripción, en mérito a la resolución del expediente 037-2011 NO SE HA CUMPLIDO CON ADJUNTAR LA DUA correspondiente por cada uno de los vehículos a inmatricular; solicitud de inscripción de los 6 vehículos antes mencionados suscrito por el investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ; OFICIO Nº 113-2011-JPPNR, firmados por el juez de paz de primera nominación, en el que, pese a las observaciones advertidas por el registrador, ordena proceda a la inmatriculación de los 6 vehículos antes mencionados (fojas 419 a 424 y 461 a 462). - FORMATOS PARA INMATRICULACIÓN Y CAMBIO DE CLASE EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHÍCULAR; que corresponde a los 12 vehículos que fueron inscritos ante los Registros Públicos Zona V- Sede Trujillo con placas: T3Q918, T3Q829, T3Q730, T3N643, T3N554, T1R546, T1R137, T1R778, T3Q904,

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T3Q655, T3Q326, T3Q267, a nombre del hoy investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ (fojas 449 a 460 y 463 a 474). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3Q326; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ (Demandante en el proceso de ODSD - Expedientes Judiciales Nºs 036 y 037-2011); quien posteriormente transfiere la propiedad a ELSA BALBOA COLQUEHUANCA, con fecha 29-11-2011 (fojas 384 a 386). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3Q918; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ (fojas 387 a 388). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3N554, inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ (fojas 389 a 390). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1R546; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ (fojas 391 a 392). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3Q655; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ; quien posteriormente transfiere la propiedad a ELSA BALBOA COLQUEHUANCA, con fecha 29-11-2011 (fojas 393 a 395). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3Q263; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ (fojas 396 a 397). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1R137; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ; quien posteriormente transfiere la propiedad a RONAL EDDINSON MAMANI APAZA, con fecha 26-11-2011 (fojas 400 a 402). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3Q267; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR

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PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ; quien posteriormente transfiere la propiedad a RONAL EDDINSON MAMANI APAZA, con fecha 26-11-2011 (fojas 403 a 405).

- Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1R778; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ; quien posteriormente transfiere la propiedad a RONAL EDDINSON MAMANI APAZA, con fecha 26-11-2011 (fojas 407 a 409). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3Q904; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ; quien posteriormente transfiere la propiedad a RONAL EDDINSON MAMANI APAZA, con fecha 26-11-2011 (fojas 410 a 412). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3N643; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ; quien posteriormente transfiere la propiedad a RONAL EDDINSON MAMANI APAZA, con fecha 26-11-2011 (fojas 413 a 415). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3Q730; inscrito, con fecha 21-11-2011, a nombre del investigado ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ; quien posteriormente transfiere la propiedad a RONAL EDDINSON MAMANI APAZA, con fecha 26-11-2011 (fojas 416 a 418). - Copia certificada de la anotación de inscripción (primera inscripción) de 7 vehículos, que se inmatricularon con número de placas: T3R263, T3R134, T3R715, T3R846, T3R807, T1R122 y T1R333 a nombre de JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 612). - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULO, suscrito por el investigado VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO, respecto de los vehículos que se inmatricularon con placa: T3R263, T3R134, T3R715, T3R846, T3R807, T1R122 y T1R333 a nombre del investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 613-614).

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- FORMATOS PARA INMATRICULACIÓN Y CAMBIO DE CLASE EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHÍCULAR; que corresponde a los 12 vehículos que fueron inscritos ante los Registros Públicos Zona V- Sede Trujillo con placas: T3R263, T3R134, T3R715, T3R846, T3R807, T1R122 y T1R333, a nombre del hoy investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 637 a 649). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3R715; inscrito, con fecha 28-12-2011, a nombre del investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 598 a 599). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1R122; inscrito, con fecha 28-12-2011, a nombre del investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 600 a 601). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T1R333; inscrito, con fecha 28-12-2011, a nombre del investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 602 a 603). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3R807; inscrito, con fecha 28-12-2011, a nombre del investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 604 a 605). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3R263; inscrito, con fecha 28-12-2011, a nombre del investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 606 a 607). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3R134; inscrito, con fecha 28-12-2011, a nombre del investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 608 a 609). - Copia certificada de la inscripción del vehículo con placa T3R846; inscrito, con fecha 28-12-2011, a nombre del investigado JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO (fojas 610 a 611). - Copias certificadas del Expediente Judicial Nº 018-2011, sobre obligación de dar suma de dinero interpuesto por VÍCTOR HUGO MIRANDA BUENO contra HERNÁN EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ (investigado por el delito de CONTRABANDO); en el cual se

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aprecia contrato privado de préstamo de dinero, de fecha 20-03-2009, en el cual el investigado HERNÁN EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ entrega en garantía 7 vehículos a favor de su coinvestigado Víctor Hugo Miranda Bueno (fojas 726 a 751).

- Copias certificadas del Expediente Judicial Nº 036-2011, sobre obligación de dar suma de dinero interpuesto por ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ MARIÑAS contra JUAN LINARES NORMAN (investigado por el delito de CONTRABANDO); en el cual se aprecia contrato privado de préstamo de dinero, de fecha 20-03-2009, en el cual el investigado JUAN LINARES NORMAN entrega en garantía 6 vehículos a favor de su coinvestigado Óscar Pablo Hinojosa Meléndez (fojas 756 a 770).} - Copias certificadas del Expediente Judicial Nº 037-2011, sobre obligación de dar suma de dinero interpuesto por ÓSCAR PABLO HINOJOSA MELÉNDEZ contra JUAN LINARES NORMAN (investigado por el delito de CONTRABANDO); en el cual se aprecia contrato privado de préstamo de dinero, de fecha 20-03-2009, en el cual el investigado JUAN LINARES NORMAN entrega en garantía 6 vehículos a favor de su coinvestigado Óscar Pablo Hinojosa Meléndez (fojas 771 a 794). - Copias certificadas del Expediente Judicial Nº 039-2011, sobre obligación de dar suma de dinero interpuesto por HARRY IGLESIAS VERONA contra FELIPE GONZALO SUÁREZ SÁNCHEZ (investigado por el delito de CONTRABANDO); en el cual se aprecia contrato privado de préstamo de dinero, de fecha 22-06-2009, en el cual el investigado FELIPE GONZALO SUÁREZ SÁNCHEZ entrega en garantía 6 vehículos a favor de su coinvestigado Harry Iglesias Verona (fojas 795 a 821). - Copias certificadas del Expediente Judicial Nº 040-2011, sobre obligación de dar suma de dinero interpuesto por HARRY IGLESIAS VERONA contra FELIPE GONZALO SUÁREZ SÁNCHEZ (investigado por el delito de CONTRABANDO); en el cual se aprecia contrato privado de préstamo de dinero, de fecha 22-06-2009, en el cual el investigado FELIPE GONZALO SUÁREZ SÁNCHEZ entrega en garantía 4 vehículos a favor de su coinvestigado Harry Iglesias Verona (fojas 822 a 848).

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- Copias certificadas del Expediente Judicial Nº 041-2011, sobre obligación de dar suma de dinero interpuesto por JUAN JOSÉ SEMINARIO ESPINO contra HERNÁN EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ (investigado por el delito de CONTRABANDO); en el cual se aprecia contrato privado de préstamo de dinero, de fecha 22-06-2009, en el cual el investigado HERNÁN EDUARDO GÓMEZ ÁLVAREZ entrega en garantía 7 vehículos a favor de su coinvestigado Juan José Seminario Espino (fojas 849 a 876). - Actas de constatación; respecto de los domicilios consignados por los demandantes y demandados en los procesos judiciales con número de expediente 18-2011, 36-2011, 37-2011, 39-2011, 40-2011 y 41-2011 (fojas 885 a 891 y 1178 a 1179). - OFICIO Nº 68-2012-SUNAT/3O000; mediante el cual la SUNATADUANAS hace de conocimiento del presunto delito de CONTRABANDO, tráfico de mercancías prohibidas y receptación aduanera; en mérito al Expediente Judicial Nº 042-2011, que se viene tramitando ante el Juzgado de Primera Nominación del Centro Poblado de Roma, que estaba a cargo del juez SALVADOR VERA RODRÍGUEZ –hoy investigado por los delitos de Prevaricato y Abuso de Autoridad– quien ha ordenado la inmatriculación de 3 vehículos sin contar con la documentación aduanera que acredite su ingreso legal al país (fojas 902). - Informe Nº 160-2012-SUNAT/3O0030; en el que se concluye que los 3 vehículos respecto de los cuales el juez de paz de primera nominación del Centro Poblado de Roma, SEGUNDO SALVADOR VERA RODRÍGUEZ, se ordenó su inmatriculación (Expediente Judicial 042-2011) NO HAN SIDO NACIONALIZADOS POR ALGUNA ADUANA DEL PAÍS, por tanto HABRÍAN INGRESADO DE MANERA ILEGAL Y SIN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS APLICABLES A LA IMPORTACIÓN DE BIENES (fojas 903 -904, 910). - Solicitud de inscripción de título; suscrito por DIEGO RODRÍGUEZ PÉREZ, respecto de los tres vehículos que se ordenó su inmatriculación en mérito al proceso de ODSD, tramitado en el Expediente Judicial Nº 042-2011 (fojas 911-912). - FORMATOS PARA INMATRICULACIÓN Y CAMBIO DE CLASE EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHÍCULAR; que

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corresponde a los 3 vehículos que se ordenó su inmatriculación, en virtud del proceso contenido en el Expediente Judicial Nº 042-2011; cuyo titular es DIEGO RODRÍGUEZ PÉREZ (fojas 934 a 936). - Informe Nº 486-2012-SUNAT/3O0030; en el cual la SUNAT-ADUANAS ha informado que el monto del valor que tendrían los 36 vehículos inscritos en la SUNARP- Sede Trujillo, ascendería a $. 1,774,392.27. Asimismo, el monto de los tributos que el Estado hubiera percibido de no estar prohibida la importación de estas mercancías ascendería a $. 989,291.72 (monto que ampliamente supera los 4 UIT que establece la norma para la configuración del delito de CONTRABANDO) (fojas 1243 a 1247). - Copias del Expediente Judicial Nº 042-2011, sobre obligación de dar suma de dinero interpuesto por DIEGO RODRÍGUEZ PÉREZ contra JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES (investigado por el delito de CONTRABANDO); en el cual se aprecia contrato privado de préstamo de dinero, de fecha 15-10-2008, en el cual el investigado JOSÉ ANTONIO NARVÁEZ TORRES entrega en garantía 3 vehículos a favor de su coinvestigado Diego Rodríguez Pérez (fojas 913 a 933). - Esquela de observación, de fecha 03-02-2012, suscrito por PERCY TORRES ROJAS; en el cual se advierte que NO SE HA ACREDITADO EL INGRESO LEGAL AL PAÍS de los vehículos que se solicita la inscripción, lo que hace presumir la comisión del delito de contrabando (fojas 1324 -1329). - Oficio Nº 019-2012-JPSNR; suscrito por el juez de paz de primera nominación del Centro Poblado de Roma, mediante el cual adjunta resolución 4 y ordena se proceda a la inmatriculación de los 3 vehículos a favor de DIEGO RODRÍGUEZ PÉREZ (fojas 1333 a 1336). - Treinta y seis (36) consultas vehiculares de la SUNARP; respecto de los vehículos que se ordenó su inmatriculación, cuyas placas son: T3K983, T3K984, T3K444, T3K445, T3K446, T3K447, T3Z956, T1R546, T1R137, T1R778, T3Q904, T3Q655, T3Q326, T3Q267, T3Q918, T3Q829, T3Q730, T3N643, T3N554, T3N285, T3N156, T3N447, T3N438, T3N889, T1Q232, T1Q623, T1Q774, T1Q785, T3O340, T3R263, T3R134, T3R715, T3R846, T3R807, T1R122 y

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T1R333; de los cuales se advierte que continúan las transferencias de propiedad a favor de terceros. Presumiéndose que los investigados se encuentren involucrados en dichas transferencias a efectos de que estos terceros aleguen ser compradores de buena fe y evitar la incautación de dichos vehículos que constituyen OBJETOS DEL DELITO. C) Si bien es cierto de la carpeta fiscal se advierte que se han efectuado transferencias de propiedad a favor de terceros, respecto de la mayoría de vehículos materia del presente requerimiento, también lo es que ello no constituye un impedimento para que no se ordene la incautación respecto de dichos vehículos, dado que la misma norma procesal en el artículo 318 inciso 2 del NP prescribe que: “CUANDO LOS BIENES INCAUTADOS NO SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL INCULPADO se inscribirá dicha medida cursándose los partes a los Registros Públicos, debiendo el funcionario competente proceder conforme al mandato judicial”. Aunado al hecho que, como ya se ha referido, dichos bienes constituyen objeto del delito de CONTRABANDO y corresponde se ordene su incautación. Más aún, no se descarta la posibilidad de que dichas personas también se encuentren involucradas en los hechos materia de la presente investigación, por lo que, tal como se aprecia de la disposición y providencia de fechas 2 y 9 de octubre del año en curso, se ha dispuesto se les recepcione sus declaraciones y se recaben las documentales que dieron origen a la transferencia de la propiedad de los vehículos a nombre de terceros; pues, se advierte que el “modus operandi” de los investigados en el delito de CONTRABANDO es la transferencia de los vehículos inmatriculados de manera ilegal, a efectos de evitar que se puedan recuperar los mismos, alegando ser terceros de buena fe. Debiendo tener presente su Juzgado que dichos bienes de por sí constituyen objetos del delito de CONTRABANDO. En todo caso, de conformidad con el artículo 319 inciso 2 del NP, los adquirientes de dichos vehículos que aleguen ser propietarios de buena fe podrían solicitar el reexamen de la medida de incautación. 5.2. PELICURUM IN MORA.- Es el peligro o daño jurídico derivado del retardo del procedimiento. Consiste en el riesgo de daño para la efectividad de tutela judicial pretendida en el proceso principal. Así también, el artículo 317 del NP indica que debe existir peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda agravar

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o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos. El mismo que debe concordarse con el artículo 303 inciso 3 del mismo cuerpo normativo que prescribe: “por las características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien”. Debe tenerse en cuenta que la medida cautelar de INCAUTACIÓN que se solicita respecto de los 39 VEHÍCULOS (de los cuales 36 han sido inmatriculados e inscritos en los Registros Públicos) es en mérito a que los mismos constituyen OBJETO DEL DELITO, tal como lo ha precisado la Corte Suprema en el A.P Nº 5-2010/CJ-116. Además se advierte que existe un riesgo fundado (PELICURUM IN MORA) de que quienes aparecen como titulares, entre los que tenemos a los investigados, quienes a su vez han transferido a terceros, transfieran o graven nuevamente los vehículos materia de la medida cautelar a persona distinta de su entorno, con la finalidad de ocultar dichos bienes y evitar su posterior decomiso y sobre todo obstaculizar el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Pues, tal como se advierten de los reportes de la SUNAP en línea las transferencias de los vehículos a la fecha continúan. Por lo que a fin de evitar que mediante posteriores transferencias se generen nuevos delitos, de comprobarse que han sido efectuadas de manera irregular o falseando documentación, se deberá declarar fundada la medida y ordenar la incautación de los vehículos. Además, se debe tener en cuenta que por tratarse de una investigación preliminar que ha sido declarada COMPLEJA el tiempo que se requiera para la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento puede conllevar a que no se logre aplicar de manera eficaz las consecuencias rias a que se refiere el artículo 102 del Código Penal respecto de los bienes materia de incautación, dado que no sería factible la ubicación de los mismos. Por lo que resulta necesario se trabe la medida cautelar de INCAUTACIÓN respecto de los vehículos a que se ha hecho referencia en el punto II del presente requerimiento, a fin de que su Juzgado ORDENE LA INCAUTACIÓN de los 39 vehículos, con la correspondiente inscripción en los Registros Públicos, por el plazo de DOS AÑOS y EL BLOQUEO DE LAS REFERIDAS PARTIDAS REGISTRALES, a fin de evitar transferencias de la propiedad o la inscripción de gravámenes que acarreen consecuencias irreparables e incluso la comisión de nuevos delitos.

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VI. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MEDIDA CAUTELAR: 6.1 CÓDIGO PENAL Artículo 102.- Decomiso o pérdida de efectos provenientes del delito “El juez resolverá el decomiso o pérdida de los objetos de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado así como los efectos, sean estos bienes, dinero, ganancias o cualquier producto proveniente de dicha infracción, salvo que exista un proceso autónomo para ello. El juez podrá disponer en todos los casos, con carácter previo, la medida de incautación, debiendo además proceder conforme a lo previsto en otras normas especiales”. 6.2 LEY Nº 28008 - LEY DE DELITOS ADUANEROS - modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1111 • Artículo 1, primer párrafo.- Contrabando “El que se sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la istración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto, cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa”. • Artículo 13.- Incautación “El fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los instrumentos utilizados para la comisión del mismo, los que serán custodiados por la istración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al propietario (...)”.

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6.3 CÓDIGO PROCESAL PENAL • Artículo 316.- Objeto de la incautación “1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la Ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Público. (...) 3. En todo caso, para dictar la medida se tendrá en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los artículos 102 y 103 del Código Penal”. • Artículo 317.- Intervención judicial “1. Si no existe peligro por la demora, las partes deberán requerir al juez la expedición de la medida de incautación. Para estos efectos, así como para decidir en el supuesto previsto en el artículo anterior, debe existir peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos. 2. Rige el numeral 3 del artículo 316”. • Artículo 318.- Bienes incautados “1. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que será firmada por los participantes en el acto (...). 2. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se procederá de manera que se tomen bajo custodia y –si es posible– se inscribirá en el registro correspondiente (...). De igual forma, se procederá cuando se dicte la medida de incautación sobre bienes inscribibles. Cuando los bienes incautados no se encuentren a nombre del inculpado se inscribirá dicha medida cursándose los partes a los Registros Públicos, debiendo el funcionario competente proceder conforme al mandato judicial”.

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6.4. ACUERDO PLENARIO Nº 5-2010/CJ-116 Respecto del OBJETO DE LA INCAUTACIÓN indica que en cuanto medida procesal, presenta una configuración jurídica dual: como búsqueda de pruebas y restricción de derechos –propiamente, medida instrumental restrictiva de derechos– (artículos 218 al 223 del NP), y como medida de coerción –con una típica función cautelar– (artículos 316 al 320 del NP). En ambos casos es un acto de autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible. En el segundo caso, su función es substancialmente de prevención del ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la averiguación de la verdad. En ambos casos cumplen una función principal que consiste en la posibilidad de una consecuencia ria de decomiso, con arreglo al artículo 102 del Código Penal (fundamento 7, lo resaltado es nuestro). Asimismo, se indica que la incautación cautelar (artículo 316.1 del NP) incide en los efectos provenientes de la infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos del delito permitidos por la ley. Los OBJETOS DEL DELITO son las cosas materiales sobre la que recayó la acción típica, como por ejemplo: Los bienes de contrabando en dicho delito. En este caso la incautación como medida procesal precede al decomiso como consecuencia ria que se dictará en la sentencia (fundamento 9, lo resaltado es nuestro). 6.5. ACUERDO PLENARIO Nº 7-2011/CJ-116 Señala que en el NP se identifican cinco medidas de coerción real, que pueden ser aplicadas a los procesos por delito de lavado de activos, dentro de las cuales se encuentra: LA INCAUTACIÓN. Además se precisan los presupuestos de las medidas de coerción real como son: EL FUMUS DELICTI COMISSI y EL PERICULUM IN MORA. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez se sirva acceder al presente requerimiento a mérito de lo expuesto y de los recaudos acompañados.

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OTROSÍ DIGO: FUNDADA que se declare la medida solicito se proceda conforme al artículo 318 inciso 2 del NP y se cursen los partes en el día que se expida la resolución a la SUNARP a efectos de que inscriba dicha medida. Trujillo, 9 de octubre de 2012

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Solicitud de control de plazo

EXPEDIENTE : Nº 654-2013 ASISTENTE : Juan Sánchez Murguía Solicitamos control de plazo SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: Bryan Carranza Zamora, abogado de MIGUEL SALIRROSAS SUÁREZ en la investigación penal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en supuesto agravio del ESTADO, a usted atentamente digo: III. Petitorio.En virtud del derecho de defensa que asiste a mi defendido, al amparo de lo previsto por el inciso 2 del artículo 343 del NP, interponemos Control de Plazo de la Investigación Preparatoria y le solicitamos que sirva fijar la audiencia de control de plazo en la que se ordene al representante del Ministerio Público dar por concluida la investigación preparatoria y se fije el plazo para que el fiscal emita el requerimiento que corresponda, en virtud de los argumentos que exponemos a continuación. IV. Fundamentos que sustentan nuestra pretensión.El artículo 343 del NP establece que el fiscal dará por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo; pero si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. En el presente caso, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria mediante disposición fiscal de fecha 1 de noviembre del año 2013 y posteriormente el fiscal emitió una disposición de fecha 1 de marzo

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del año 3014 prorrogando el plazo de la investigación por 60 días; sin embargo, al 1 de mayo del presente año, ya se ha vendió dicho plazo y el fiscal continua realizando actos de investigación; en tal sentido, corresponde solicitar ante su Despacho el presente requerimiento. POR TANTO: A usted señora jueza pido: señalar fecha de audiencia de control de plazo y en su oportunidad se declarare fundada nuestra solicitud por encontrarse conforme a Derecho. Primer Otrosí Digo: Señalamos nuestro domicilio procesal en Jr. Pizarro N° 560, en esta ciudad. Trujillo, 15 de mayo de 2014

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Tutela de derechos

Especialista : LUZMILA BERNAL V. Expediente : N° 345-2014 Escrito : N° UNO DEDUZCO TUTELA DE DERECHOS SEÑORA JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Manuel Carranza Villanueva, con registro CALL N° 501, abogado de MARTÍN ZEGARRA VALDEZ, en la Investigación Preparatoria que se le sigue a mi patrocinado por el delito de SUSTRACCIÓN DE BIENES REQUISADOS, en agravio de EL ESTADO; a usted Digo: I. PETITORIO Comparezco ante su despacho deduciendo TUTELA DE DERECHOS por incumplimiento a las disposiciones contenidas en el inciso 1 del artículo 71 del NP de los derechos que la Constitución le concede a mi defendido. Afectación que se ha producido a través de la DISPOSICIÓN FISCAL de fecha 3 de febrero del 14 por afectación al debido proceso –contenido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución–, y por ilegitimidad del material probatorio obtenido a consecuencia de la disposición cuestionada en el presente caso; en atención a las siguientes consideraciones. II. FUNDAMENTACIÓN DEL PETITORIO 1. Con fecha 18 de enero del presente año, mi defendido fue intervenido por el personal de seguridad que trabaja en el Ministerio Público, lo cual determinó que se lleven a cabo actos de investigación durante las diligencias preliminares que dispuso el titular de la acción penal. 2. Concluidas estas diligencias preliminares el fiscal responsable emitió su disposición de fecha 19 de enero del presente año donde al calificar jurídicamente los comportamientos investigados FORMALIZÓ LA

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INVESTIGACIÓN PREPARATORIA por la comisión de los delitos de HURTO AGRAVADO y por ATENTADO Y/O SUSTRACCIÓN DE BIENES INCAUTADOS, es decir, procedieron tal y conforme lo señala el artículo 334 del NP.



En otro extremo de la disposición ya mencionada fundamentando y argumentando conforme a ley, decidió NO HA LUGAR FORMALIZAR INVESTIGACIÓN por el delito de TENECIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, por cuanto no se configuraban los elementos que prescriben el tipo penal.

3. La disposición fue notificada a las partes y sujetos procesales, la cual en el plazo que concede la ley no se formuló QUEJA contra dicha disposición, por lo tanto quedó consentida. 4. Sorpresivamente el representante del Ministerio Público, sin tener en cuenta que mi defendido cuenta con abogado defensor desde el inicio de las investigaciones, no nos notificó, sino curiosamente, con la finalidad de convalidar su actuación a hecho llegar a mi defendido la DISPOSICIÓN DE FECHA 3 DE ENERO DE 2014, por el cual integra y modifica la disposición de formalización de la investigación preparatoria por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, bajo argumento de haberse fundamentado el NO HA LUGAR FORMALIZAR en un otrosí, lo cual constituye un error formal (4° y 5° considerando), pero lo importante es que con respecto a dicho tipo legal ya se había pronunciado. 5. Fundamenta su integración y modificación por cuanto por el principio de imputación necesaria y en el estadio de un pronunciamiento acusatorio los podría acusar por el delito de TIAF. Pero esta argumentación sí atenta contra lo ya resuelto al no formalizar en este extremo pues en su 8° CONSIDERANDO adelantando opinión sostiene LOS HECHOS SE AJUSTAN PERFECTAMENTE A ESTE TIPO PENAL, atentando contra el NE BIS IN IDEM.

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Así por más que fundamento en el 9 considerando no es una ampliación de los hechos no reaperturada de investigación si se atenta contra el artículo 355, inciso 2 del NP pues la presente disposición NO SE ACOGE a ninguna de las excepciones de la regla de

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promover investigación contra una disposición de NO HA LUGAR a formalizar, siendo las excepciones si se aportan nuevos elementos de convicción o no fue debidamente investigada. Esto se demuestra pues en esta curiosa disposición de Integración se esta ordenando la PERICIA BALÍSTICA E INFORME DE LA SUCAMEC, elementos de convicción que resultan impertinentes para una investigación por SUSTRACCIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y DE HURTO AGRAVADO. 6. Teniendo que nuestra Constitución protege el derecho del debido proceso que se encuentra afectado por la presunta investigación que limitan la actuación de los poderes públicos y “siendo la presente institución uno de los principales mecanismos para realizar el control de la legalidad de la función fiscal quien debe conducir y desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas” Por tales motivos, solicito que en su oportunidad se sirva declarar FUNDADA y en consecuencia disponer LA EXCLUSIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO OBTENIDO ILÍCITAMENTE por afectación al debido proceso. Amparado lo expuesto en el artículo 71, incisos 1 y 4 y artículo 335, inciso 2 del NP ANEXOS: Adjunto a la presente con la finalidad de acreditar la transgresión de derecho de mi defendido. 1. La disposición de fecha 19 de enero del presente año, donde al calificar jurídicamente los comportamientos investigados FORMALIZABA LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA por la comisión de los delitos de HURTO AGRAVADO y por ATENTADO Y/O SUSTRACCIÓN DE BIENES INCAUTADOS. 2. La DISPOSICIÓN DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2014 por el cual integra y modifica la disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria por el delito de TENECIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.

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POR LO TANTO Sírvase proceder conforme a ley Trujillo, 17 de marzo de 2014

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Acta de audiencia de tutela de derechos

SÉTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD Expediente

: Nº 6411-2012-68

Asist. Causas

: KATTY LEGOAS LOZADA

Asist. Audiencia : JULISSA PLASENCIA GONZALES ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE TUTELA DE DERECHOS I. INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, siendo la 18:30 pm horas del día 30-12-2012, en la Sala de Audiencias del SÉTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, dirigida por el señor juez Dr. ALBERTO RAMIRO CRUZADO ALIAGA se realiza la AUDIENCIA PÚBLICA DE TUTELA DE DERECHOS, solicitada por SUÁREZ BARBARÁN, CARLOS dirigida contra la señora fiscal DORIS ASMAT CARO, la misma que será grabada en sistema de audio. II. ACREDITACIÓN: 1. FISCAL: Dra. DORIS ASMAT CARO: Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en las Intersecciones de la Av. Jesús de Nazareth y Carrión de esta ciudad. 2. ABOGADO DEL IMPUTADO SOLICITANTE: Dr. HANS CISNEROS JARA, con registro C.A.L.L N° 1523, con domicilio procesal en el Jr. Ayacucho Nº 442 - Oficina. 24.

JUEZ: Tiene por instalada la audiencia.

III. DEBATE: - ABOGADO: Solicita se declare fundada la tutela de derechos, fundamentado que su patrocinado no ha sido atendido por un médico legista.

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- FISCAL: Precisa que no se ha vulnerado ningún derecho del imputado, con lo demás que queda registrado en audio, Por lo que solicita se declare Infundada la Solicitud de Tutela de Derechos. - ABOGADO: Reitera su Solicitud de Tutela de derechos, a fin de que un Médico Legista examine a su patrocinado y determine los días de incapacidad. IV. RESOLUCIÓN: - JUEZ: Tiene por cerrado el debate y dicta la Resolución Nº DOS:

PARTE CONSIDERATIVA: Registrada en audio.



PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe:

Se resuelve Declarar FUNDADA la tutela de derechos planteada por el imputado CARLOS SUÁREZ BARBARÁN contra la fiscal penal adjunta: DIANA SOTO CARO, Por lo que SE DISPONE se efectué las coordinaciones para que un médico legista cumpla con atender al imputado Carlos Suárez Barbarán y si es posible recabar la historia clínica a fin de que el médico legista pueda determinar la gravedad de su estado y los días de Incapacidad, ORDENO que Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución se ARCHIVE el presente cuaderno en el modo y forma de ley, debiendo continuar la Investigación Preparatoria que recién se ha iniciado conforme a los parámetros que establece el NP. V. NOTIFICACIÓN: - JUEZ: NOTIFICA con la resolución dictada en este acto a los sujetos procesales asistentes a la audiencia. VI. IMPUGNACIÓN: - ABOGADO: Conforme. - FISCAL: Se Reserva. VII. CONCLUSIÓN: Siendo las Diecinueve horas con cinco minutos de la mañana se da por terminada la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla el señor juez y la señorita asistente de audiencias encargada de la redacción del acta.

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Cuestión previa

Expediente N° 2427-2013 Carpeta Fiscal Nº 172-2012 Deduce Cuestión Previa SEÑORA JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: Yerson Cruz Saavedra, abogado de Tom Chávez Gálvez y Jorge Domínguez Meza, en la investigación que se les sigue por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de concentración crediticia y otro, en agravio de Carlos Burgos Hernández, a usted atentamente digo: 1. PETITORIO.En mi condición de abogado patrocinante de Tom Chávez Gálvez y Jorge Domínguez Meza, al amparo de lo prescrito por los artículos 4 y 84 numeral 10) del NP concordante con la Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 26702 (Ley de Bancos), deduzco cuestión previa en favor de mis patrocinados, conforme a los argumentos que a continuación pasamos a exponer. En tal sentido, solicito a su Despacho que en su oportunidad se declare la nulidad de lo actuado, conforme lo prescrito en el numeral 1 parte final del artículo 4 del NP. 2. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN NUESTRA PRETENSIÓN.2.1. La Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros –Ley Nº 26702–, establece textualmente lo siguiente:

“CUARTA: En toda denuncia de carácter penal que se interponga contra una empresa del Sistema Financiero y de Seguros o sus representantes, así como cualquier otra supervisada, la autoridad que conozca de dicha denuncia deberá solicitar el informe técnico de la Superintendencia, tan pronto como llegue a su conocimiento la denuncia correspondiente, bajo responsabilidad”.

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2.2. El artículo 282 de la misma norma establece que las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, como en nuestro caso, son empresas del sistema financiero y que por lo tanto son supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Siendo ello así, en cualquier denuncia que se interponga contra la Caja XYZ y/o sus funcionarios, la autoridad fiscal deberá solicitar el Informe Técnico al que se hace referencia la Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 26702. 2.3. Conforme se advierte en el caso de autos, la Fiscalía ha dispuesto formalizar y continuar investigación preparatoria contra funcionarios y ex funcionarios de la Caja XYZ sin que se haya solicitado a la Superintendencia de Banca y Seguros el Informe Técnico antes referido, incumpliéndose así con un requisito de procedibilidad claramente establecido en la Ley, documento que es imprescindible para conocer la legalidad o ilegalidad de las operaciones cuestionadas en el presente caso. 2.4. Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República ha establecido en el Recurso de Nulidad N° 022-2004 - La Libertad: “(...) que del propio tenor de la norma se desprende [4ta. Disposición Final y Transitoria de Ley de Bancos], en primer lugar, que debe tratarse de una denuncia penal contra un integrante de una empresa del sistema financiero; en segundo lugar, que la autoridad que reciba la denuncia, lógicamente antes de que promueva la acción penal, debe solicitar y, obviamente, tener a la vista el informe técnico de la Superintendencia de Banca y Seguros; y, en tercer lugar, que, si bien es cierto su incumplimiento, desde las lógicas de supervisión del órgano no competente, acarreará responsabilidad para su infractor, obviamente desde el ámbito procesal penal –como quiera que se trata de un informe sobre el objeto del proceso que condiciona el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público como titular de la acción penal– su efecto será el privar a las actuaciones ulteriores de eficacia procesal (…)”. En ese sentido, en virtud de lo establecido por el numeral 1 del artículo 4 del NP(1), solicitamos a su Despacho se sirva declarar nulo lo actuado

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Artículo 4 del NP: “1. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la Investigación Preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la Ley. Si el órgano jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado (…)”.

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en la presente investigación preparatoria al haber incumplido el Ministerio Público con solicitar el informe técnico a la Superintendencia de Banca y Seguros, el mismo que resulta ser un requisito de procedibilidad exigido expresamente por la Ley. 3. MEDIOS DE CONVICCIÓN.Lo actuado en la carpeta fiscal, donde se verifica la inexistencia del Informe Técnico de la SBS. POR LO TANTO: A usted señora jueza pido: se sirva por tener deducida la cuestión previa, y declararla fundada en su oportunidad. Trujillo, 13 de abril de 2013

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Excepción de improcedencia de acción

Expediente N° 4962-2012 Especialista legal: María Ledesma Cuba Carpeta Fiscal. 739-2012 Fiscal a cargo: Dr. Martín Orbegozo Niño Deducimos excepción de improcedencia de acción SEÑOR JUEZ DEL SÉTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Diego Graus Salirrosas, abogado de Saúl Veloz García, gerente de EMPRESA BELLESA SAC, en la investigación que se sigue por la presunta comisión del delito de comercialización de productos nocivos, en agravio de Ruth Miranda Romero, a usted atentamente digo: Petitorio.Al amparo de lo prescrito por el artículo 6, literal a) y artículo 7 del NP, e invocando lo dispuesto en el artículo 2.24.d) de la Constitución y en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal, deducimos Excepción de Improcedencia de Acción a favor de mi defendido, respecto a los hechos que se le imputan como delito de comercialización de productos nocivos, tipificado en el artículo 288 del Código Penal, en su modalidad dolosa, conforme a los argumentos que exponemos a continuación. Argumentos que sustentan la excepción deducida.Conforme se evidencia de la Disposición Fiscal N° 006-2011 del 10/02/11, se ha dispuesto formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Saúl Veloz García en su calidad de gerente de EMPRESA BELLESA SAC. Como es de su conocimiento, la excepción de improcedencia de acción, en tanto instituto procesal, está dirigida a determinar si el objeto del proceso

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penal está integrado por supuestos de hecho subsumibles en el tipo penal invocado, o de un modo más amplio, si los hechos imputados son penalmente relevantes. El artículo 6 del NP establece los dos presupuestos de la Excepciónde Improcedencia de Acción. Esta es procedente, en primer lugar, cuando el hecho denunciado no constituye delito; y, en segundo lugar, cuando el hecho denunciado no es justiciable penalmente. El primer supuesto de procedencia de la excepción en comentario –“cuando el hecho denunciado no constituye delito”– está referido a un hecho atípico, independiente de su realidad o acreditación probatoria. En caso sublitis, el medio técnico de defensa planteado resulta amparable porque, conforme se expone más adelante, la conducta imputada no resulta subsumible en el tipo penal de comercialización de productos nocivos, esto es, el hecho denunciado no constituye delito (artículo 288, primer párrafo del Código Penal). En el caso concreto, se atribuye al Sr. Saúl Veloz García en su calidad de gerente de la EMPRESA BELLESA SAC. haber “vendido” “dolosamente” un producto destinado al consumo humano corrompido o dañado. En el caso concreto mi defendido ostenta la condición de gerente, con funciones específicas distintas a la venta de productos, para ello hay personas encargadas, tampoco mi defendido es la persona que tiene a cargo la colocación de los productos en los stands para venta y menos recibe el dinero por cada compra que realizan los clientes del supermercado. En el presente caso opera el principio de confianza, criterio válido para evaluar si el hecho le es imputable objetivamente al autor, y bajo el cual opera cada empresa que se dedica a la actividad comercial de venta de productos. Es decir, no se podrá atribuir el delito de comercialización dolosa de productos nocivos, si únicamente el vendedor se limita a vender bienes dentro del periodo de vida útil que sus proveedores a su vez les proveen bajo ciertos estándares e indicadores de calidad (tener licencias, registro sanitario, industrial, proveedores formales, etc.) lo cual ha ocurrido en el presente caso. De otro lado, para que se configure el delito de comercialización de productos nocivos se requiere de la concurrencia necesaria de un elemento

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subjetivo del tipo penal, el “dolo” sin embargo dicho elemento no concurre en el presente caso. En efecto, mi defendido no tenía conocimiento (dolo) ni podía tenerlo, acerca del defecto en el contenido interior de los dos productos cuestionados, ni mucho menos el personal de la Tienda tenía posibilidad de conocer el estado del interior del producto –productos suministrados por el proveedor Oliver Orbegoso Ramírez–, para ello cada producto pasa diversos controles desde el asumido por el propio proveedor, pasando por los controles de calidad de la Tienda y de los propios mercaderistas de Oliver Orbegoso Ramírez (trabajadores de Oliver Orbegoso Ramírez quienes todos los días asisten a la Tienda para supervisar y controlar sus productos y las ventas díarias, controles que han sido acreditados y verificados en etapa preliminar), donde no se encontró ninguna incidencia anormal respecto a los productos (…) cuestionados, además se tratan de productos colocados en venta dentro de vida útil y cuyo empaque están cubierto en su totalidad, lo que impide visualizar el estado interior de cada producto, eliminando la concurrencia incluso de una eventual negligencia o culpa de parte del personal de la Tienda o de cualquier otra persona que se le quiera atribuir el hecho. A ello se une, la inexistencia de una motivación subjetiva dolosa o culposa por parte de mi defendido o parte de los empleados de la Tienda, dado que se cuenta con un pacto de devolución con el Proveedor Oliver Orbegoso Ramírez, si llegara a quedar en Tienda vencido su vida útil. Por lo tanto: A usted señor juez pido: se sirva proceder conforme a ley. Trujillo, 15 de marzo de 2013

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Acta de audiencia de excepción de improcedencia de acción

7° JUZ. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE

: Nº 4146-2012-77-1601-JR-PE-07

ESPECIALISTA

: LUIS LÓPEZ SIPIRAN

ASIST. DE AUD. : JORGE ROLDÁN ÁLVAREZ ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN I. INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, siendo las 09:40 horas del día 08/01/2013, en la Sala de Audiencias del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dirigida por el señor juez doctor ALBERTO RAMIRO CRUZADO AGUILAR, se realiza la AUDIENCIA PÚBLICA DE EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN en el proceso seguido contra MIGUEL DÍAZ ARRIOLA Y JULIO ZAVALETA PITA por el delito de FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD GENÉRICA en agravio de EL ESTADO Y CONSUELO GRACIELA RÍOS CASTILLO, la misma que será grabada en sistema de audio.II. INTERVINIENTES: 1. FISCAL: CARLOS OSORIO RODRÍGUEZ en reemplazo de la Doctora LUISA PAREDES CASTRO Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. 2. ACTOR CIVIL: RITA RÍOS CASTILLO, identificada con DNI Nº 17876394. 3. ABOGADO DEL ACTOR CIVIL CARMEN RÍOS CASTILLO: Doctor ANDRÉS CRUZ MEDINA con registro Call Nº 1976. 4. IMPUTADO JULIO ZAVALETA PITA (autodefensa): identificado con Registro Call Nº 374, identificado con DNI Nº 17863712 y domicilio procesal en Avenida El Ejército Nº 724 Urbanización El Molino.

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III. DEBATE: • ABOGADO - IMPUTADO JULIO ZAVALETA PITA: Sustenta su solicitud y solicita se declare fundada. Su exposición se registra en audio. • FISCAL: Se opone a lo solicitado. Se registra en audio. • ABOGADO DEL ACTOR CIVIL: Se opone a lo solicitado. Se registra en audio. • ABOGADO - IMPUTADO JULIO ZAVALETA PITA: Hace uso de su derecho a replica. Se registra en audio. • FISCAL: Hace uso de su derecho a duplica. Se registra en audio. • ABOGADO DEL ACTOR CIVIL: Hace uso de su derecho a dúplica. Se registra en audio. IV. RESOLUCIÓN: 1. DISPONER que la resolución será dictada por escrito y notificada a los sujetos procesales en sus domicilios señalados en autos. Fin: 10:10 lo que doy fe.-

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Solicitud de constitución de actor civil

Expediente N° 4725-2013 Especialista Legal: Cecilia Otiniano Carpeta Fiscal N° 3729-2012 Fiscal a cargo: Dra. Deysy Villacorta Pérez Solicitamos constitución en actor civil Al señor juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria: COMERCIAL M&E S.A., representado por Horacio Horna Salvatierra, conforme poder que se anexa (Anexo1), en la investigación que se sigue contra Paúl Ganosa Juárez, por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, a usted atentamente digo: I. Pretensión.- Por medio del presente, conforme lo actuado en la carpeta fiscal, y al amparo de lo prescrito por los artículos 98, 100 y 101 del NP, en nuestra condición de parte agraviada conforme se aprecia en la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria (Carpeta Fiscal N° 3729-2012), por medio del presente solicitamos se sirva constituir a COMERCIAL M&E S.A, en actor civil. II. Datos de institución agraviada. COMERCIAL M&E S.A. con Registro Único de Contribuyentes N° 3653643 con domicilio en Av. a, representado por su apoderado que suscribe el presente escrito conforme poder que se anexa, señalando como domicilio procesal en Av. España N° 890, donde solicitamos se nos notifique con las resoluciones que se expidan en el presente proceso.

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III. Nombre de imputados.

Mediante disposición fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, se ordenó la formalización de investigación preparatoria contra Manuel Guarniz Guevara y otros por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en agravio de COMERCIAL M&E S.A.

IV. Argumentos que sustentan nuestra pretensión.1. Como se puede advertir de la disposición de formalización de investigación preparatoria y ampliación respectiva, se investiga a Manuel Guarniz Guevara y otros por la comisión del delito de hurto agravado, toda vez que con fecha 21 de diciembre de 2012 sustrajeron un equipo con sus rios, que se encontraba en un ambiente (segundo nivel), la cual colocaron en el interior de una caja que sacaron de la Tienda simulando ser desperdicios. 2. El investigado Manuel Guarniz Guevara fue reconocido por el Sr. Dionisio García Morales, empleado de área de mantenimiento de dicho centro comercial, quien lo observó sacando la caja aludida junto con otra persona a quien no pudo identificar, no dándole importancia en un principio pues Manuel Guarniz Guevara era un personal de seguridad. Posteriormente, se percató que se llevaban la caja que habían colocado en la calle en la esquina de la Tienda. 3. Prueba de ello, y así lo describe la disposición de formalización de investigación preparatoria, lo constituyen las declaraciones de testigos, fotografías del lugar de donde se sustrajo el equipo, videos de las cámaras de la Tienda y actas de visualización de video.

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En este orden de ideas, habiéndosenos considerado como agraviados en la presente investigación preparatoria, y al amparo de lo prescrito por los artículos 98, 100 y 101 del NP, solicitamos al Juzgado se sirva constituir a COMERCIAL M&E S.A., como actor civil en el presente proceso.

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V. Pruebas que sustentan nuestra pretensión.El mérito probatorio de los documentos que se describen a continuación que nos vinculan como agraviados, y que obran en la carpeta fiscal (Carpeta Fiscal N° 4712-2010/ Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo): 1. Disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria y ampliación. 2. Copia certificada de denuncia verbal que describe los hechos. 3. Actas de visualización de videos. Adjuntamos en calidad de anexos los siguientes documentos: Anexo A: Copia legalizada del poder que acredita la representación del recurrente. Anexo B: Copia de DNI de representante legal. Anexo C: Copia de copia certificada de denuncia verbal que describe los hechos. Anexo D: Copia de disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria y ampliación. Anexo E: Acta de visualización de videos. Por lo tanto: Solicitamos a usted señor juez, se sirva acceder a lo solicitado por ser conforme a ley. 16 de mayo de 2013

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Requerimiento de incorporación del tercero civil

SGF Nº 5362-2008 EXPEDIENTE : Nº 05244-2008 ESPECIALISTA: Toribio Nieves López SOLICITO INCORPORACIÓN COMO TERCERO CIVIL SEÑORA JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NOEMI LOURDES CASTRO ROJAS, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio en las esquinas de las avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión; a usted digo: 3. PETITORIO: Que, de conformidad con lo prescrito en los artículos 111 a 113 y 100 a 102 del NP, SOLICITO SE INCORPORE COMO TERCERO CIVIL a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO, debidamente representada por OMAR ALBERTO DIOSES ARANA (identificado con DNI Nº 25080337), en su calidad de Alcalde del concejo provincial de Otuzco; esto con la finalidad de otorgarle participación como parte del presente proceso, y atendiendo a los siguientes fundamentos: 4. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO: Del Informe Policial Nº 190-2008-RPLL-NP-L-SI, remitido por la Comisaría de Laredo, en relación a la investigación por delito contra la vida en la modalidad de Homicidio Culposo cometido en agravio de JESÚS ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ, se advierte que aproximadamente a las 20 horas del 15 de agosto del 2008, se produjo un choque entre el vehículo camión sin placa de propiedad de la Municipalidad Provincial de Otuzco, conducido por GREGORIO IGLESIAS VALDEZ; el vehículo combinado (remolque de placa YI-4803, semiremolque de placa ZV-3321 y el remolque de placa ZI-1168) conducido por DIEGO ALFONSO BLANCAS LIÑÁN, y el automóvil de placa BU-3168, conducido

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por la persona de JESÚS ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ, y que producto de este hecho se produce la muerte de este último. Las diligencias preliminares de investigación y concretamente el informe técnico Nº 190-2008-RPLL-DIVPOLTRAN-DEPIAT han permitido establecer que el choque se produce en circunstancias que el conductor del vehículo combinado conducido por DIEGO ALFONSO BLANCAS LIÑAN detiene su marcha para poder ingresar hacia la izquierda, ya que venían vehículos por el carril contrario. En esas circunstancias GREGORIO IGLESIAS VALDEZ que venía conduciendo el vehículo camión que se trasladaba detrás del vehículo combinado, no advierte oportunamente que se detiene el vehículo de adelante, y no logra evitar el impacto; y a continuación el tercer vehículo conducido por JESÚS ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ que se trasladaba detrás de los vehículos ya indicados, se choca con la parte posterior del referido vehículo camión, con la consecuencia fatal de la muerte del antes mencionado agraviado. Respecto a las causas del hecho de tránsito antes descrito el informe técnico Nº 190-2008-RPLL-DIVPOLTRAN-DEPIAT establece que: DIEGO ALFONSO BLANCAS LIÑÁN no ocupó el espacio total de la berma al detener la marcha del vehículo combinado; GREGORIO IGLESIAS VALDEZ conducía a una velocidad no adecuada, no mantenía la distancia prudente y además conducía bajo los efectos de consumo de alcohol; en tanto que JESÚS ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ no mantenía la distancia prudente y además conducía a una velocidad no adecuada. Que atendiendo a las conclusiones contenidas en el Informe Técnico Nº 190-2008-RPLL-DIVPOLTRAN-DEPIAT se procedió a formalizar la investigación preparatoria contra GREGORIO IGLESIAS VALDEZ por DELITO CONTRA LA VIDA en la modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, cometido en agravio de JESÚS ALBERTO MONTOYA FERNÁNDEZ; y como el vehículo camión sin placa conducido por GREGORIO IGLESIAS VALDEZ es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Otuzco, esta tendrá que responder conjuntamente con el imputado de las consecuencias del delito, y en tal sentido corresponde considerarla como tercero civil y como parte en el presente proceso. 5. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Que, el presente requerimiento se encuentra amparado en los artículos 111 a 113 y 100 a 102 del NP.

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ANEXO: Se adjuntan copias de las documentales que indican que el vehículo camión sin placa conducido por VICENTE IBÁÑEZ GERMÁN es de propiedad de la Municipalidad Provincial de Otuzco; lo que sustenta el presente requerimiento. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señora jueza acceda al presente requerimiento por encontrase conforme a ley. Trujillo, 9 de marzo de 2009

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Requerimiento de incorporación de las personas jurídicas

MINISTERIO PÚBLICO SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - TRUJILLO Despacho de investigación INCORPORACIÓN AL PROCESO DE PERSONA JURÍDICA REQUERIMIENTO Nº 02-2013 CASO SIAFT: 1924-2012 Y 2359-2012 Expediente Nº 358-2013 Especialista: Cueva Ordóñez SEÑOR JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO MARÍA BURGOS LIÑÁN, fiscal provincial titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en la oficina 404 de institución ubicada en la esquina de las Av. Jesús de Nazareth y Av. Daniel A. Carrión de la Urb. San Nicolás de esta ciudad; a usted con el debido respecto digo: I. PETITORIO: Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 90 y siguientes del NP, recurro a vuestra Judicatura con la finalidad de solicitar se EMPLACE E INCORPORE AL PROCESO COMO PARTE de la presente investigación, a las siguientes personas jurídicas: 1. Nombre o Razón Social: EMPRESA INVERSIONES LA PALMA SAC Partida Electrónica: Nº 111865424 (Oficina Registral de Trujillo) Objeto Social: Dedicada a la venta de Fertilizantes y otros Fecha de Constitución: Escritura Pública del 16 de enero del año 2012

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Fecha de inscripción: 12 de junio del año 2012 Domicilio: Trujillo Gerente general: SANDRO ALBERTO ORTEGA BENAVIDES Domicilio del gerente: Jirón Luis XVI Nº 342 del Distrito de San Pedro de Lloc- Pacasmayo Domicilio procesal: Jirón Artiga Nº 256 Oficina Nº 205 - Trujillo (datos proporcionados por el presunto gerente general de la empresa al momento de rendir su declaración) Abogado: Vanessa Liliana Vera Bueno (abogada del gerente general) 2. Nombre o razón social: EMPRESA INVERSIONES CASTAÑA SAC Partida Electrónica: Nº 11195670 (Oficina Registral de Trujillo) Objeto social: Dedicada a la venta de fertilizantes y otros Fecha de constitución: Escritura Pública del 24 de junio del año 2011 Fecha de inscripción: 23 de mayo del año 2012 Domicilio: Trujillo Gerente general: GUSTAVO RODRÍGUEZ LOYOLA Domicilio del gerente: Jirón Luis XVI Nº 411 del Distrito de San Pedro de Lloc - Pacasmayo Domicilio procesal: Urbanización Los Rosales Manzana D Lote 23 Trujillo (datos proporcionados por el presunto gerente general de la empresa al momento de rendir su declaración) Abogado: Lucio Aznarán Pinto (abogado del gerente general) II. HECHOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO: RESPECTO A LA EMPRESA INVERSIONES LA PALMA SAC 1. Que, de acuerdo al tenor de la denuncia presentada ante este Ministerio Público, las personas de los agraviados MIGUEL GUILLERMO DÍAZ

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LÓPEZ y ADRIÁN DÍAZ LÓPEZ serían propietarios de dos terrenos ubicados en el Sector La Arenita, valle de Chicama, distrito de Paiján, provincia de Ascope, mismos que se encuentran inscritos en los Registros Públicos de la Zona Registral Nº V- Sede Trujillo bajo los números de Partidas Electrónicas Nºs 04037601 y 04037598. 2. Asimismo, la persona de la agraviada AURORA MARÍA VÍLCHEZ DONGO sería propietaria de siete terrenos ubicados en el Sector La Arenita, valle de Chicama, distrito de Paiján, provincia de Ascope, los mismos que se encuentran inscritos en los Registros Públicos de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo bajo los números de Partidas Electrónicas Nºs 04036295, 04036303, 04036304, 04036300, 04036299, 04036301 y 04036302 tal y como acredita con las documentales adjuntas a la denuncia. 3. Es por referencia de uno de sus familiares que los señores DÍAZ LÓPEZ que estos tomaron conocimiento de que los dos terrenos de su propiedad habrían sido inscritos como aporte de capital de la sociedad INVERSIONES LA PALMA, con inscripción en la Partida Electrónica Nº 111865424 del Registro de Sociedades de Trujillo, hecho este que los denunciantes han asegurado desconocer refiriendo además no tener ningún tipo de relación con la antes referida sociedad, no habiendo tampoco participado en acto de transferencia alguno con respecto a sus antes referidos bienes inmuebles. 4. Se deja además constancia de que la presunta transferencia de los terrenos habría sido realizada a través de la Escritura Pública Nº 61-A de fecha 16 de enero del año 2012, otorgada por el Notario de Trujillo, Dr. Ovidio Rubio Antúnez; siendo al verificar la minuta de la Constitución de la Sociedad Anónima Cerrada “Inversiones La Palma SAC”, la misma que se encuentra presuntamente autorizada por el abogado Patricio José Cueva Lara, que se evidencia que la misma habría sido constituida por las personas de los hoy investigados FEDERICO BENAVIDES CORDERO y LUIS CARLOS VALDEZ AMARO, como socios de la antes referida persona jurídica nombrándose además como gerente general de la misma al imputado SANDRO ALBERTO ORTEGA BENAVIDES. Es necesario además dejar constancia que la minuta antes referida presenta un sello a través del cual se consigna que la misma habría sido elevada a escritura pública de fecha 17 de enero del año 2012 e inscrita en Registros Públicos en la Partida Electrónica Nº 11188724, inscripción esta que se realizara a solicitud del notario interviniente.

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5. Adjunta a la Minuta de Constitución de Persona Jurídica obrante en la Notaría Rubio Antúnez que corre el documento “Informe de Valorización, el mismo que se encuentra suscrito por la persona de CÉSAR MARTÍN GAVIDIA REAÑO, quien en su calidad de contador público realiza una valorización de los bienes muebles presuntamente aportados por las personas de FEDERICO BENAVIDES CORDERO y LUIS CARLOS VALDEZ AMARO a favor de la sociedad INVERSIONES LA PALMA SAC. 6. Es al momento de hacer las corroboraciones correspondientes ante la Oficina Registral de La Libertad, que se ha podido ubicar el Título Archivado Nº 201200026170 de fecha 27 de marzo del año 2012, el mismo que está referido a la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad Anónima Cerrada “INVERSIONES LA PALMA SAC”, documento este que de manera inexplicable aparece constituida ya no por los imputados, sino por las personas de los denunciantes AURORA MARÍA VÍLCHEZ DONGO, MIGUEL GUILLERMO DÍAZ LÓPEZ y ADRIÁN DÍAZ LÓPEZ, en calidad de socios nombrándose además como gerente general de la misma a la persona de SANDRO ALBERTO ORTEGA BENAVIDES. 7. Asimismo, de la lectura de la Escritura Pública y Partida Registral cuestionadas, se puede apreciar que a través del antes referido documento, la persona de AURORA MARÍA VÍLCHEZ DONGO habría también supuestamente traspasado la propiedad de sus siete terrenos, mismos que habrían sido inscritos como aporte de capital a la sociedad INVERSIONES LA PALMA, refiriendo la antes referida agraviada no haber participado en ningún momento en la constitución de la persona jurídica ya mencionada. 8. Que, en el asiento Registral N° C00001 de la Partida Electrónica Nº 111865424, el registrador público HUMBERTO PAÚL JIMÉNEZ NEPTALÍ inscribe el otorgamiento de poder realizado a favor del gerente general de la Empresa INVERSIONES LA PALMA SAC, persona a quien se autoriza a comprar y vender inmuebles a favor de la sociedad; facultades estas que le habrían sido otorgadas por Junta General de Accionistas de fecha 18 de abril del año 2012; resultando por demás extraño, que se haya procedido a realizar la inscripción de esta partida, cuando de la revisión del Acta de Juntas en comento se evidencia que en la misma se consignan como socios suscribientes a las personas de SANDRO ALBERTO

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ORTEGA BENAVIDES y GUSTAVO RODRÍGUEZ LOYOLA, quienes no tenían la calidad de socios de la persona jurídica INVERSIONES LA PALMA SAC. 9.-.Que asimismo, de acuerdo a la versión de los hechos brindada por el imputado LUIS CARLOS VALDEZ AMARO, habría sido la persona de AUGUSTO DÍAZ TORRES, primo de los agraviados DÍAZ LÓPEZ, quien lo puso en o con el señor TINO AHON ESTRAVER, persona esta última que le propusiera constituir una empresa dedicada a la venta de fertilizantes. Es justamente con este fin que habría acompañado al señor Ahon Estraver al SATT, lugar en el que se habría presentado un abogado de nombre Federico Merino, quien le hiciera firmar unos documentos para constituir la empresa; siendo incluso que a persona de AUGUSTO DÍAZ TORRES habría acompañado al imputado Valdez Amaro a la Notaria Rubio Antúnez a fin de constituir la persona jurídica antes referida. 10.- El abogado FEDERICO MANUEL MERINO CHIROQUE ha sido también sindicado por la persona de César Martín Gavidia Reaño como la persona que le solicitara firmar el informe de valorización a modo de favor, documento este que refiere habría sido adulterado luego de su suscripción. 11.- Se hace además de conocimiento del Ministerio Público posteriormente a ocurridos estos hechos, aproximadamente entre los meses de abril y mayo, se habría intentado realizar una inscripción de transferencia de propiedad de los predios de los agraviados a nombre de una tercera persona, trámite que no habría prosperado por el desistimiento presentado ante la oficina registral de esta ciudad. RESPECTO A LA EMPRESA INVERSIONES CASTAÑA SAC 1. Que, de acuerdo al tenor de la denuncia presentada ante este Ministerio Público, las personas de los agraviados DIANA MARÍA TINCOPA SECLEN, MIRANDA EGÚSQUIZA REGALADO, ERNESTO LUJÁN MORALES y ALEJANDRA CASTILLO DE MORALES serían propietarios de un total de trece (13) terrenos ubicados en el Sector La Arenita, valle de Chicama, distrito de Paiján, provincia de Ascope, los mismos que estarían inscritos en los Registros Públicos de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo bajo las Partidas Registrales Nºs 04083011, 04056478, 04032379, 04030983, 04031152, 04036224, 04036985, 04036166, 04035388, 04030904, 04077147, 04035556 y 04038764.

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2. Es mediante la denuncia de parte presentada por el Notario Ovidio Rubio Antúnez que este Ministerio Público ha tomado conocimiento de que los terrenos antes referidos habrían sido inscritos como aporte de capital a la sociedad INVERSIONES CASTAÑA SAC, con inscripción en la Partida Electrónica Nº 11195670 del Registro de Sociedades de Trujillo, adjuntándose con la denuncia de parte copias certificadas de la Escritura Pública Nº 675 de fecha 24 de junio de 2011, la misma que obra en la Oficina Registral de esta ciudad y que fuera presuntamente expedida por la Notaría Rubio Antúnez; documento este en el que se da cuenta de la Constitución de una Sociedad Anónima Cerrada, siendo los socios de la misma las personas de los agraviados DIANA MARÍA TINCOPA SECLÉN, MIRANDA EGÚSQUIZA REGALADO y ERNESTO LUJÁN MORALES. 3. Refiere el denunciante en su escrito que el documento obrante en los Archivos de Registros Públicos sería FALSIFICADO, haciendo conocer que el mismo no coincide con la minuta autorizada por el abogado ELÍAS BERNABÉ HINOJOSA SALAVERRY ni con la Escritura Pública Nº 675 de fecha 24 de junio del año 2011 ambas obrantes en su notaria, mismas que si bien es cierto están referidas a la constitución de la empresa INVERSIONES CASTAÑA SAC, se trataría de un documento diferente, toda vez que los socios de la misma no serían las personas de los agraviados, sino más bien los imputados JEAN PAÚL ORBEGOSO RIMARACHÍN y CARLOS MIGUEL VALENCIA YEP, siendo que los aportes de estas personas a la sociedad son realizados a través de bienes muebles y no inmuebles tal y como se deja constancia en el documento falsificado. 4. Adjunta a la Minuta de Constitución de Persona Jurídica obrante en la Notaría Rubio Antúnez que corre el documento “Informe de Valorización, el mismo que se encuentra suscrito por la persona de PAOLA SIRLOPU GARRIDO, quien en su calidad de contador público realiza una valorización de los bienes muebles presuntamente aportados por las personas de JEAN PAUL ORBEGOSO RIMARACHÍN y CARLOS MIGUEL VALENCIA YEP a favor de la sociedad INVERSIONES CASTAÑA SAC. 5. Se deja constancia además que la finalidad de esta falsificación habría sido las de vender los lotes de terreno de propiedad de los agraviados, transacción que sería realizada por la persona nombrada como gerente general de la persona jurídica antes referida, el hoy imputado GUSTAVO

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RODRÍGUEZ LOYOLA, a quien se le habría otorgado poder para realizar compra-ventas de inmuebles a favor de la sociedad (asiento C00001 de la Partida Registral 11191180 del Registro de Personas Jurídicas de la Sede Registral de esta ciudad). 7. Es justamente por este motivo que con fecha 30 de mayo del 2012 se suscribe la Escritura Pública de Compraventa Nº 2002 ante la Notaría de CÉSAR PAZ CONSTANTE, documento a través del cual la empresa INVERSIONES CASTAÑA SAC transfiere la propiedad de los inmuebles inscritos en las partidas electrónicas Nº 04083011, 04056478, 04032379 y 04030983 de propiedad de Ernesto Luján Morales y esposa Alejandra Castillo de Morales a favor de la empresa INVERSIONES LA PALMA SAC 8. Posteriormente a este hecho, por escritura pública Nº 111 del 19 de junio del año 2012, misma que fuera suscrita ante la Notaria Malca Toribio, la empresa INVERSIONES LA PALMA SAC transfiere la propiedad de los inmuebles antes referidos a favor del hoy imputado TINO AHON ESTRAVER y esposa Reyna María Dionicio Cantera. 9. Asimismo,a través de Escritura Pública Nº 671 de Fecha 17/09/12 suscrita ante la Notaría de Marco Antonio Polo Muñoz, las personas de TINO AHON ESTRAVER y esposa Reyna María Dionicio Cantera vendieron los inmuebles inscritos en las Partidas Electrónicas Nºs 04083011 y 04056478, a la persona de PEDRO ZAMORA NACARINO; habiendo además los señores Ahon Estraver y Dionicio Cantera han vendido los inmuebles inscritos en las partidas registrales Nºs 04032379 y 04030983 a la persona de MARÍA DEL MAR COSTA INFANTE. 10. Asimismo, se habría intentado disponer de los bienes de la agraviada MIRANDA EGUSQUIZA REGALADO, mismos que se encontrarían inscritos en las Partidas Registrales Nºs 04031152, 04036224, 04036985, 04036166, 04035388, 04030904, 04077147, 04035556 y 04038764, inmuebles estos que trataran de vender a la empresa GIGIO CONTRATISTAS GENERALES SAC; negocio este que se realizara a través de minuta de fecha 3 de julio del año 2012 y Escritura Pública Nº 120 de la Notaría Malca Toribio de fecha 4 de julio del mismo año.

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FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO: Que, las empresas INVERSIONES LA PALMA SAC e INVERSIONES CASTAÑA SAC, sean emplazadas e incorporadas al proceso como parte, y luego se le requiera a través de su Órgano Social, para que en el plazo de cinco días designe un apoderado Judicial para que haga valer los derechos que le corresponden, el cual por ningún motivo puede ser alguna de las personas naturales que se encuentra imputadas por los mismos hechos, bajo apercibimiento de ser designado por el juez de la investigación preparatoria. La incorporación al proceso de las empresas INVERSIONES LA PALMA SAC e INVERSIONES CASTAÑA SAC se sustenta en el hecho que existe evidencias de que las antes referidas personas jurídicas han sido creadas y utilizadas a efectos de transferir de manera ilícita la propiedad de numerosos inmuebles pertenecientes a los agraviados; cometiendo con tal finalidad diversos ilícitos tales como falsedad ideológica, uso de documentos públicos falsos y otros, lo que potencialmente la hacen pasible de la imposición de las medidas previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: El artículo 90 del NP prescribe que las personas jurídicas deberán ser emplazadas e incorporadas al proceso a instancia del fiscal, siempre que sean pasibles de imponérseles las consecuencias rias previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal. El artículo 91 del NP regula que es requisito para que el fiscal requiera el emplazamiento e incorporación al proceso de la persona jurídica que, de conformidad con el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, se haya comunicado al juez de la investigación preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias. El artículo 92 del NP establece que una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso, se requerirá a su órgano social para que en el plazo de cinco días designe un apoderado judicial, el cual no podrá ser de ningún modo ser una persona natural que se encuentre imputada por los mismos hechos. En caso de no hacerlo, el juez de la investigación preparatoria lo designará.

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El Acuerdo Plenario Nº 7-2009/CJ-116 regula lo referente a las Personas Jurídicas y consecuencias rias, y específicamente en el numeral 21 se precisan los aspectos específicos vinculados con la capacidad procesal, los derechos y garantías reconocidos a las personas jurídicas, así como sobre la actividad procesal que estas pueden desplegar. PRIMER OTROSÍ DIGO: Los domicilios fiscales y el domicilio procesal de la Empresa Inmobiliaria SAC, están consignados en el punto I del presente requerimiento. SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Los domicilios reales y procesales de los imputados y agraviados en el presente proceso son los siguientes: - (…)(…)(…)(…).. - (…)(…)(…)(…).. CUARTO OTROSÍ DIGO: Se cumple con anexar copia certificada de los actuados preliminares correspondientes. Trujillo, 28 de enero del año 2013

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Acta de audiencia de incorporación de actor civil

Segundo Juzgado De Investigación Preparatoria

EXPEDIENTE :

Nº 03377-2012-4-1601-JR-PE-02

ESPECIALISTA :

CRISTINAMERY MONTALVÁN CRUZADO

ASISTENTE AUDIENCIA : CÉSAR BRIONES CORTEZ ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL I. INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, siendo las 09:00 Horas del día JUEVES 06/12/2012, en la Sala de Audiencias del Segundo Juzgado De Investigación Preparatoria De Trujillo, dirigida por la señora jueza JÉSSICA GUZMÁN GIRO, se realiza la AUDIENCIA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL en el proceso seguido contra de los imputados ROSAURA ELEODORO MATIENZO y EFRAÍN TIZNADO BOCANEGRA por el delito de USURPACIÓN y ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 202 concordante con el artículo 204.2 y artículo 188 concordante con el artículo 189.1 y 4 respectivamente del Código Penal en agravio de CLAUDIO SALAZAR CORREA y KELLY CONTRERAS GUERRA, la misma que será grabada en sistema de audio. II. ACREDITACIÓN: • FISCAL: Dr. JUAN SOLANO RISCO: Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. ABOGADO DE LA PARTE AGRAVIADA: KELLY CONTRERAS GUERRA: Dr. Waldir Cisneros Blanco: Con registro C.A.L.L N° 666 y con domicilio procesal en Calle Díaz de Cienfuegos N° 281 de La Urb. La Merced JUEZ: Da cuenta de la inconcurrencia de la parte imputada y su defensa, quienes está válidamente notificado y no han concurrido a esta audiencia.

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III. DEBATE SOBRE EL PEDIDO DE ACTOR CIVIL: ABOGADO DE LA PARTE AGRAVIADA: KELLY CONTRERAS GUERRA: Sustenta en este acto su pedido de ACTOR CIVIL, solicitando que por los fundamentos fácticos y jurídicos que menciona se declare FUNDADO dicha solicitud. FISCAL: No se OPONE, agregando que la parte peticionante tiene toda la legitimidad para que se le constituya en ACTOR CIVIL JUEZ dicta la RESOLUCIÓN Nº CINCO: AUTOS, VISTOS y OÍDOS con la solicitud de KELLY CONTRERAS GUERRA sobre constitución en actor civil con motivo de la Investigación Preparatoria Formalizada contra ROSAURA ELEODORO MATIENZO y EFRAÍN TIZNADO BOCANEGRA en agravio de CLAUDIO SALAZAR CORREA y KELLY CONTRERAS GUERRA, y que habiéndose instalado válidamente la audiencia en la que el Abogado de Kelly Contreras Guerra ha oralizado su solicitud de constitución en actor civil en este acto y no existiendo oposición de fiscalía, este Juzgado pasa a resolver. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo 98 de nuestro NP establece que: “La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. SEGUNDO: Que, de un primer análisis nos lleva a concluir, según la formalización de La Investigación Preparatoria que la señora KELLY CONTRERAS GUERRA tiene la condición de agraviada en el presunto delito cometido por ROSAURA ELEODORO MATIENZO y EFRAÍN TIZNADO BOCANEGRA en agravio de CLAUDIO SALAZAR CORREA y KELLY CONTRERAS GUERRA, en tal sentido tiene legitimidad para solicitar su incorporación como Actor Civil. TERCERO: Que de acuerdo a lo oralizado por la defensa de Kelly Contreras Guerra, se ha cumplido con los requisitos formales previstos en el artículo 100 del NP, asimismo en este acto ha esbozado su pretensión la cual asciende a $/. 120, 000 dólares americanos. CUARTO: Que, por otro lado ha solicitado su incorporación de Actor Civil dentro del plazo de la investigación preparatoria acorde con el artículo 101 del NP, por lo que este

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Órgano Jurisdiccional advierte que se ha cumplido a cabalidad con los requisitos previstos en nuestro norma adjetiva, así como lo previsto en el acuerdo plenario según lo establecido por nuestra Corte Suprema, por estas consideraciones. PARTE RESOLUTIVA: SE RESUELVE: Tener por constituido a KELLY CONTRERA GUERRA como ACTOR CIVIL con motivo de la investigación seguida contra ROSAURA ELEODORO MATIENZO y EFRAÍN TIZNADO BOCANEGRA por el delito de USURPACIÓN y ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 202 concordante con el artículo 204.2 y artículo 188 concordante con el artículo 189.1 y 4 respectivamente del Código Penal en agravio de CLAUDIO SALAZAR CORREA y KELLY CONTRERAS GUERRA. Debe notificarse la presente resolución a los demás sujetos procesales. Quedan NOTIFICADOS los presentes con la resolución. FISCAL: Conforme ABOGADO DE LA PARTE AGRAVIADA: KELLY CONTRERAS GUERRA: Conforme CONCLUSIÓN: Siendo las 09:10 am se da por terminada la audiencia y por cerrada la grabación del audio.

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Acta de audiencia de incorporación tercero civil.

EXPEDIENTE

: Nº 04254-2012-54-1601-JR-PE-05

ESPECIALISTA

: GINO MIGUEL ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ

ASISTENTE DE AUDIENCIA : DINA HINOJOSA MARÍN ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE INCORPORACIÓN DE TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE I. INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, siendo las 10:55 a.m. del día 23-01-2013, en la Sala de Audiencias del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dirigida por el señor juez doctor Miguel Rojas Sotil, se realiza la audiencia pública de Solicitud de Constitución Tercero Civilmente Responsable, en el proceso seguida contra PEDRO JOSÉ LIÑÁN FIGUEROA, por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, en agravio del Estado, la misma que será grabada en sistema de audio. II. ACREDITACIÓN: a) Ministerio Público: MARINA TUCTO ZAVALA, fiscal adjunto provincial de la 1FPPC de Trujillo, con domicilio procesal en la intersección de la Av., Sánchez Carrión y Jesús de Nazareth de la ciudad de Trujillo. b) Abogado del imputado: DOMINGO GERÓNIMO ARANDA, con registro CALL 571, con domicilio procesal en la Calle Ayacucho No. 701 Oficina 208 - Trujillo. c) Abogada de la empresa BURSÁTIL SAC: CECILIA MIRNA CUSCO ARENAS, con registro CALL 1118, con domicilio procesal en la Calle Antenor 447 Oficina 106 - Trujillo 975643243. JUEZ: Precisa el contenido de la solicitud de incorporación de tercero civilmente responsable por parte del Ministerio Público y da por instalada la presente audiencia.

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III. DEBATE - FISCAL: Sustenta su requerimiento de incorporación de tercero civilmente responsable a la Empresa Bursátil SAC.

ABOGADO DE IMPUTADO: Se declare fundado el requerimiento del fiscal.

- ABOGADA DE BUCRANIO SAC: Se declare infundado el requerimiento del fiscal. - FISCAL: Replica, conforme queda registrado en audio. - ABOGADO DE IMPUTADO: Replica, conforme queda registrado en audio. - ABOGADA DE BUCRANIO SAC: Duplica conforme se registra en audio. IV. RESOLUCIÓN - JUEZ: Tiene por cerrado el debate y emite resolución RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE: Parte considerativa queda registrado en audio. Parte resolutiva: DECLARA FUNDADO el requerimiento fiscal en consecuencia se dispone INCORPORAR A LA EMPRESA BURSÁTIL SAC, en la persona de su representante legal Marco Antonio Aguilar Dionicio como tercero civilmente responsable, en el proceso que se sigue contra PEDRO JOSÉ LIÑAN FIGUEROA, por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, en agravio del Estado, en consecuencia dispone tener por notificada a la empresa por intermedio de su representante legal y se le hace conocer en lo concerniente a su derechos patrimoniales que goza de todos los derechos que se le concede al imputado. V. IMPUGNACIÓN - NINGUNA VI. CONCLUSIÓN Siendo las once horas con treinta minutos de la mañana, se da por terminada la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla el señor juez y la asistente de audio encargada de la redacción del acta, como lo dispone el artículo 121 del NP.-

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CAPÍTULO VI La etapa intermedia

CAPÍTULO VI LA ETAPA INTERMEDIA I.

NOCIÓN Y FASES DE LA ETAPA INTERMEDIA

La etapa intermedia es la segunda fase del proceso penal que tiene una naturaleza selectiva y de saneamiento, pues, por un lado, el fiscal decide si formula acusación con la pretensión de llegar a la etapa de juicio oral o si requiere el sobreseimiento del proceso y, por otro lado, los demás sujetos procesales formularán sus pretensiones a fin de evitar –en el caso del imputado y su defensa–, que el proceso pase a juicio o –en el caso del agraviado o actor civil–, que se declare el sobreseimiento del proceso, y finalmente, si decide por la continuación del proceso hacia la etapa de juicio oral, los sujetos procurarán para que se itan los medios probatorios necesarios para sustentar sus teorías del caso o que no se itan los que son ilegales o no cumplen con las exigencias para su isibilidad. Para Hesbert Benavente(127), la etapa intermedia atraviesa por cuatro fases: postulación, saneamiento procesal, saneamiento probatorio y decisión judicial. Aplicando estas fases a las normas que regulan la etapa intermedia en nuestro NP, podemos señalar las siguientes:

(127) BENAVENTE, Hesbert. La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio y oral. Flores Editor y Distribuidor, México D.F., 2011, pp. 4-6.

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-

La fase postulatoria estaría referida a la formulación del requerimiento fiscal, al traslado del requerimiento y a la absolución del traslado de la acusación.

-

La fase de saneamiento procesal estaría referida al debate y solución de las observaciones formales y sustanciales formuladas por los sujetos procesales.

-

La fase de saneamiento probatorio estaría referida a la isión de los medios probatorios.

-

La fase de decisión judicial se refiere a la emisión del auto de enjuiciamiento o del auto de sobreseimiento, según sea el caso.

II. FINALIDAD DE LA ETAPA INTERMEDIA Con la puesta en vigencia del NP de 2004, la etapa intermedia del proceso penal –que en el sistema mixto casi fue negada como etapa del proceso penal y que no pasaba de ser una etapa escrita, de mero trámite, y destinada a dilucidar el paso de la etapa de instrucción a la etapa de juicio oral–, se convierte en una etapa trascendental para el proceso penal; ya que los sujetos del proceso tienen el papel protagónico de poner en juego su capacidad para dar una solución definitiva al proceso o para organizar su estrategia teoría del caso, colocando sobre el tablero de juego sus principales piezas para lograr una conclusión anticipada del proceso o para concretar sus pretensiones en la etapa del juicio, pues para ello es necesario lograr ingresar con el material probatorio necesario para plasmar una determinada teoría del caso, por tratarse de la fase de actuación probatoria tendiente a lograr la convicción del juzgador respecto de la culpabilidad o inocencia del acusado o a generarle la duda que condicione una decisión absolutoria. La etapa intermedia es una etapa que cumple una importante función de saneamiento, porque: a) De no ser necesario pasar a la etapa del juzgamiento se producirá el sobreseimiento del proceso y se evitará un despliegue procesal innecesario. Lo que significa un aporte importante para el descongestionamiento de la carga procesal.

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b) En caso de llegar a juicio, ya se habrá dilucidado que no es procedente aplicar diversas formas de conclusión del proceso que se derivan de los criterios de oportunidad, de los medios de defensa técnicos o de los requerimientos de sobreseimiento que podría formular el acusado luego de que se le corre traslado con la acusación. De este modo, la relación jurídica procesal queda debidamente saneada. c) Que las partes ya conocerán el objeto preciso del debate del juzgamiento y el material probatorio con el que lo afrontarán, puesto que en esta etapa se iten las pruebas para su actuación en juicio, se define el hecho que es objeto del debate del juicio e incluso el debate puede quedar reducido o simplificado si es que se logran aplicar las convenciones fácticas y probatorias. d) Que se adoptarán decisiones respecto a la isión de pruebas, se evitará que se introduzcan medios de prueba impertinentes, inútiles e ilegales, además que se resolverán cuestiones referidas a las medidas coercitivas con las que se afrontará el juzgamiento, evitándose de este modo que el juez de juzgamiento emita un pronunciamiento sobre aspectos que lo podrían contaminar y le podrían restar imparcialidad en el juzgamiento. La importancia de la etapa intermedia del proceso también se puede inferir a partir de la metodología impuesta para su desarrollo, pues ya no se rige por la escritura, sino que también está gobernada por los principios de oralidad, inmediación y contradicción, lo que precisamente le da el carácter acusatorio y adversativo a esta etapa del proceso común. En este sentido, el rol de los sujetos procesales durante esta etapa es de mucha responsabilidad puesto que aquí se puede producir una solución definitiva al conflicto penal o de lo contrario se sientan las bases de una estrategia exitosa para el caso.

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III. INICIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y PLAZO PARA FORMULAR EL REQUERIMIENTO TRÁNSITO DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA A LA ETAPA INTERMEDIA

Investigación preliminar (20 días)

Investigación preparatoria (120 días + 60 días)

Se ha concluido con el objeto de la investigación preparatoria Etapa intermedia del proceso común Disposición de conclusión de la investigación preparatoria

Se inicia la etapa intermedia cuando se dispone la conclusión de la investigación preparatoria, lo que implica dos posibilidades: cuando el fiscal por sí mismo da por concluida la etapa de investigación preparatoria, o por defecto de esta; cuando lo ordena el juez de la investigación preparatoria, luego de una audiencia de control de plazo ordena al fiscal dar por concluida la etapa de investigación preparatoria. Cuando el fiscal dispone la conclusión de la investigación tiene 15 días para emitir su pronunciamiento Cuando el juez dispone la conclusión de la investigación, el fiscal tiene 10 días para emitir su pronunciamiento. Sobre este aspecto específico se ha producido uno de los temas que ha generado cierta polémica entre fiscales y defensores, pues estos últimos, frente a los casos en que el fiscal demora más de 15 días para formular el pronunciamiento que corresponde, plantean la necesidad de aplicar las reglas de la caducidad previstas en el artículo 144 del NP, y en mérito a ello solicitan el sobreseimiento del proceso; sin embargo, el propio texto del inciso 2 del artículo en mención, deja en claro que la inobservancia de los plazos que regulan la actividad del fiscal solo

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acarrean responsabilidad disciplinaria y, en consecuencia, a estos supuestos no es posible aplicar la caducidad como consecuencia jurídica(128). Pero adicionalmente al fundamento legal antes indicado existe una razón lógica que permite concluir de manera incuestionable que, la facultad o la potestad del Ministerio Público para formular acusación no caduca por el vencimiento del plazo de los 15 o los 10 días que la norma ha previsto para la formulación de este pronunciamiento, puesto que el NP ha regulado diversas formas de conclusión del proceso penal una vez promovida la acción penal vía formalización y continuación de la investigación preparatoria, y las únicas formas de conclusión del proceso penal son: la sentencia (condenatoria o absolutoria) y el sobreseimiento del proceso; pero no la caducidad del derecho a formular acusación. Ante la problemática antes anotada los defensores de la tesis referida a la caducidad de la potestad de acusar, indican que el fiscal tendría que formular un requerimiento de sobreseimiento, pero si el fiscal decide acusar pese al vencimiento del plazo legal, el juzgador deberá declarar el sobreseimiento del proceso; sin embargo, este no es un supuesto en el que opera alguna de las causales de sobreseimiento expresamente indicadas en el inciso 2 del artículo 344 del NP, y cualquier pronunciamiento jurisdiccional distinto implicaría necesariamente un supuesto de prevaricato. IV. ALTERNATIVAS DEL FISCAL De conformidad con el artículo 344, inciso 1 del NP, una vez que el fiscal declara la conclusión de la investigación preparatoria, se da inicio a la etapa intermedia, y a partir de ese momento se generan dos posibilidades de pronunciamiento para el fiscal, pues de conformidad a la normativa procesal antes indicada, el fiscal puede formular un requerimiento de sobreseimiento o formular una acusación.

(128) Una situación diferente se produce con relación al plazo que tiene el fiscal para solicitar una prolongación de prisión, porque no se trata de un plazo que solo tiene por finalidad regular una actividad del fiscal –único sujeto legitimado para formular el requerimiento de prolongación de prisión preventiva–, sino que además regula un plazo vinculado a la libertad del procesado.

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Al respecto Eric Pérez Sarmiento señala que la fase preparatoria o sumario existe por y para la acusación. La indagación tiene como función determinar si efectivamente hubo delito y quien puede ser imputado por ello. Si se establece que no hubo delito, el proceso deberá declararse precluido y operará un sobreseimiento objetivo. Pero si se comprueba que hubo delito y no puede establecerse autor, o si habiendo sido determinado alguno, la instrucción demuestra que no existen razones de peso para acusarlo, entonces desaparecerá la imputación y será necesario continuar la investigación hasta encontrar otro potencial imputado o hasta cuando las facultades cognositivas del ser humano, limitadas de por sí en lo individual, pero infinitas en el género, dispongan lo conducente(129). 1. El requerimiento de sobreseimiento El sobreseimiento que también recibe el nombre de preclusión procede cuando no hay mérito para acusar, siendo que las causales legales de sobreseimiento, responden a mandatos constitucionales(130), tales como el principio de legalidad, la presunción de inocencia –por la cual el imputado debe recibir un trato digno durante el desarrollo del proceso–, el derecho a ser procesado en un plazo razonable. El fiscal formula un requerimiento de sobreseimiento cuando luego de concluida la investigación preparatoria se llega a establecer que: -

El hecho objeto de la causa no se realizó (literal a. del inciso 2 del artículo 344 del NP), es decir, que durante la investigación preparatoria se determinó que el hecho que es objeto de la causa no se realizó. En este supuesto la información que se obtiene durante la investigación (fuentes y medios de prueba) determina que el hecho denunciado no ocurrió.



Por ejemplo: Cuando la madre de Lucía de 17 años, doña Carmen, denuncia que su hija había sido secuestrada por Javier de 30 años, sin embargo, luego se llega a descubrir que Lucía

(129) PÉREZ, Eric. Fundamentos del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal. Temis, Bogotá, 2005, pp. 120-121. (130) BERNAL, Jaime y MONTEALEGRE, Eduardo. El proceso penal. 6ª edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, p. 731.

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había estado en la sierra del Perú visitando a sus familiares y por problemas con su madre no le comunicó este hecho. En este caso corresponderá el sobreseimiento, porque el hecho del secuestro denunciado por la señora Carmen no se realizó. -

El hecho objeto de la causa no puede atribuírsele al imputado (literal a del numeral 2 del artículo 344 del NP), es decir que durante la investigación preparatoria se determinó que el hecho delictivo no puede atribuírsele al imputado. En este supuesto, el hecho ilícito sí se habría cometido, pero el imputado no sería el responsable del delito.



Por ejemplo: Se formaliza investigación preparatoria contra Julio a quien se le imputa haber mantenido relaciones sexuales con María de 13 años de edad, quien ha referido que Julio ha sido la única persona con quien habría realizado el acto sexual, habiendo quedado embarazada producto de la violación, sin embargo, el resultado de la prueba de ADN en el bebé fruto de la violación sexual, arroja que Julio no es el padre de este. En este caso, estamos frente a un delito que, sin embargo, no se le puede atribuir al imputado, y en tal supuesto corresponde declarar el sobreseimiento del proceso seguido contra el imputado Julio.

-

El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, o de inculpabilidad (literal b. del inciso 2 del artículo 344 del NP), es decir, que durante la investigación preparatoria se ha determinado que el hecho imputado no constituye delito.



Un hecho no constituye delito cuando se produce alguna causal de ausencia de acción, de atipicidad, de justificación, o de inculpabilidad.



Dentro de las causas de ausencia de acción podemos destacar dos que se encuentran contempladas en el Código Penal, tales como: la fuerza física irresistible y los estados de inconsciencia.



Respecto a los supuestos de atipicidad podemos citar: la inexistencia del tipo penal, la falta de correspondencia entre el 563

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hecho concreto y la descripción objetiva del tipo, el error de tipo invencible, o el error de tipo vencible en delitos que solo se sancionan a título de dolo. Como causas de justificación previstas en nuestro Derecho Penal, podemos señalar: la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, la obediencia debida, la obediencia jerárquica, la actuación en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; y Como causas de inculpabilidad podemos indicar al error de prohibición invencible, al estado de necesidad exculpante y al miedo insuperable(131).

A continuación analizamos algunos ejemplos:



Ejemplo 1: El intendente de Sunad denuncia el delito de receptación aduanera basado en el informe del perito de Aduanas, sustentando que el valor de la mercadería materia de receptación supera las 2 UIT, sin embargo, luego de realizado un nuevo peritaje se determinó que el valor de la mercadería no superaba dicho monto, por lo tanto el hecho, denunciado no es típico al no encontrarse dentro del tipo penal previsto en el artículo 6 de la Ley Nº 28008, constituyendo solamente una infracción istrativa.



Ejemplo 2: Cecilia es denunciada por delito de lesiones graves, y durante la investigación preparatoria se determinó que la agraviada Martha le había amenazado con un cuchillo con el que le ocasionó un corte leve en los brazos, por lo que Cecilia cogió una silla metálica para defenderse, produciéndole a Martha un golpe en una de las manos lo cual produjo un sangrado

(131) No se consideran las causales de inimputabilidad porque, cuando se trata de un menor de edad no se produce el sobreseimiento, sino el corte del proceso de conformidad a lo prescrito por el artículo 74 del NP; y cuando se trata de otra causal de inimputabilidad que no le permite al sujeto la comprensión sobre la naturaleza delictiva de su actuar, tampoco opera el sobreseimiento, porque para estos casos el Derecho Procesal Penal ha diseñado un proceso especial denominado, “proceso de seguridad”, conforme lo prescriben los artículos 75 y 456 del NP.

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en la mano que ha producido su inutilización. Por lo tanto, la conducta de Cecilia se encuentra justificada por configurarse un supuesto de legítima defensa. -

El hecho imputado no es justiciable penalmente (literal b del inciso 2 del artículo 344 del NP). Este supuesto se encuentra referido a la ausencia de una condición objetiva de punibilidad y a la presencia de una causa personal de exclusión de pena o excusa absolutoria, determinante para que el hecho ya no sea justiciable penalmente.



Ejemplo: María es denunciada por el hurto de una joya de oro de Juan, habiéndose demostrado durante la investigación preparatoria que este hecho se perpetró cuando María era concubina de Juan. En tal caso resulta aplicable la excusa absolutoria prevista en el artículo 208 del Código Penal, y ante ello se resolverá declarando el sobreseimiento del proceso.

-

La acción penal se ha extinguido (literal c inciso 2 del artículo 344 del NP). Este supuesto se produce porque la ley contempla causales de extinción de la acción penal, y ello porque el Estado autolimita su potestad punitiva por diversas causales como las reguladas en los artículos 78 y 79 del , las que pueden ser: Por causas naturales como la muerte del imputado; por el transcurso del tiempo como ocurre con la prescripción de la acción penal; o por criterios de pacificación o solución de conflictos sociales; o por razones sociopolíticas o de Estado como los supuestos de amnistía o derecho de gracia; por la autoridad de cosa juzgada, o por desistimiento o transacción en los supuestos de acción privada, y por la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, de donde resulte que el hecho imputado como delito es lícito.

Ejemplo: Raúl, luego de haber sido denunciado como autor del delito contra la fe pública, fallece durante la investigación preparatoria. En tal caso opera inmediatamente el sobreseimiento por muerte del imputado.

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-

No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.- Este supuesto se configura cuando luego de realizada las diligencias durante la investigación preparatoria y de los elementos de prueba recolectados se concluye que no se puede fundamentar una acusación en forma razonada, y menos existe la posibilidad de recabar nuevos datos que cambien la situación existente.

Ejemplo: Cuando Juan y Arturo son denunciados por tenencia ilegal de arma de fuego, por haberse encontrado un arma en el suelo, cerca de ellos cuando la policía estaba realizando un operativo policial luego de haberse escuchado una balacera por el lugar, y luego de recabarse la pericia de restos de disparo por arma de fuego resultan negativos para los elementos de plomo, bario y antimonio en ambas manos de los procesados, y ante las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes en el sentido de que ninguno observó que los procesados arrojaron el arma al suelo, opera el sobreseimiento por la causal antes referida. 2. La acusación El fiscal emite acusación, cuando considera que existen razones suficientes para someter el caso al debate probatorio propio del juicio oral, o dicho en otras palabras, cuando el fiscal cuenta con elementos de convicción, que vistos objetivamente son suficientes para formular una “teoría del caso”(132) de naturaleza acusatoria. (132) La teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes debe realizar, desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con la finalidad de dotar de un solo sentido, significado u orientación a los hechos, normas jurídicas –sustantivas y procesales–, así como el material probatorio –también conocido como evidencias–, precisando además, desde una perspectiva funcional, que la teoría del caso constituye una herramienta metodológica que permite a los abogados el contar con una estrategia o planificación desde el inicio del proceso penal, el cual les guiará en sus actuaciones procesales en las diferentes etapas o fases del proceso punitivo; al permitirles la coherencia entre lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Cfr. BENAVENTE, Hesbert. La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio. Bosch Editor, Barcelona, 2011, p. 47.

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Por imperio del principio acusatorio no puede realizarse un juicio si no se ha emitido antes una acusación. Este principio tiene su origen en la máxima romana que dice “ne procedad iudex ex oficio” y “nemo iudex sine acusatore”. De este modo la acusación es el acto procesal por el cual se interpone la pretensión procesal penal, consistente en una petición fundada dirigida al órgano jurisdiccional, para que imponga una pena y una indemnización a una persona que se afirma que ha cometido. Al existir la posibilidad de formular el “requerimiento de sobreseimiento”, algunos operadores jurídicos erróneamente le denominan “requerimiento de acusación”, cuando en realidad no se requiere una acusación, sino que el fiscal formula la acusación, que en esencia contiene un requerimiento, pero no de acusación, sino de someter el proceso a juzgamiento, de que se ita la acusación y que se itan las pruebas ofrecidas en la acusación. Por imperio del principio acusatorio(133), la acusación constituye un acto procesal de vital importancia en nuestro modelo procesal; a continuación se detallan aspectos referidos a la importancia de la acusación. -

La acusación define el objeto de prueba del proceso, es decir, el tema que se discutirá en la actuación probatoria, aquello que se pretende probar o demostrar en el juicio o aquello de lo que se intenta convencer al juez como consecuencia de la actividad probatoria del juzgamiento.



Para Rubianes, la necesidad de que el juez tome conocimiento de una serie de aspectos relacionados con el proceso, nos ubica en el concepto del objeto de prueba, que se deriva de la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que ha de probarse?, o sea, el tema sobre el cual ha de desarrollarse la actividad probatoria.



La prueba entendida como tarea de demostración de la hipótesis con base en la cual se formula la acusación o como resultado de la actividad probatoria, resulta ser una actividad humana que

(133) El principio acusatorio tiene como base esencial la imparcialidad del órgano jurisdiccional frente a las partes y al objeto del proceso. Cfr. BERNAL, Jaime y MONTEALEGRE, Eduardo. Ob. cit., p. 763.

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como cualquier otra se orienta sobre un objeto determinado; así por ejemplo, si un biólogo quiere descubrir la estructura de una célula, el objeto de su actividad perceptiva y descriptiva será dicha célula. Luego, si el juez o los sujetos procesales requieren confirmar una hipótesis acerca de un hecho pretérito con posibles consecuencias jurídicas; debemos reconocer que el objeto de su actividad es más complejo que el objeto del ejemplo propuesto, al punto de que el objeto podría estar dado: bien por ese hecho pretérito con posibles consecuencias jurídicas, o bien por la hipótesis estructurada sobre el mismo hecho.

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En cuanto al contenido del objeto de prueba el artículo 156 del NP prescribe que son objeto de prueba los hechos que se refieren a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o la medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito, agregando, que no son objeto de prueba, las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio.



Finalmente, es necesario indicar que el NP ha diseñado fórmulas que permiten simplificar el objeto de prueba, como son las convenciones fácticas, por las cuales las partes se ponen de acuerdo total o parcialmente, respecto a la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos que son objeto de prueba; e incluso existen formas de simplificación absoluta del objeto de prueba, tales como la terminación anticipada de proceso o la terminación anticipada del juicio, en donde la verdad procesal adopta la forma de una verdad consensual.

-

Además de precisar los hechos que serán debatidos en juicio, la acusación brinda la oportunidad al fiscal para ofrecer las pruebas que estime convenientes para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado. Las pruebas que se actuarán en el juicio son aquellas que fueron ofrecidas y itidas en la audiencia de control de acusación.



Ningún interviniente podría presentar pruebas en el juicio oral que no hubieran sido previamente ofrecidas y itidas por el

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juez de investigación preparatoria, salvo los supuestos excepcionales contemplados en el artículo 373 del NP, referidos a las nuevas pruebas con las que aún no se contaba al momento de la audiencia de control de acusación, y las pruebas que fueron ofrecidas en la etapa intermedia pero que no fueron itidas. En este último caso, para su ofrecimiento se requerirá una especial argumentación de las partes. -

La acusación define la pretensión del Ministerio Público en términos de consecuencias penales y consecuencias económicas del delito, pues el Fiscal, atendiendo a los principio de legalidad y proporcionalidad; solicita la pena, la reparación civil y las consecuencias rias aplicables al caso.

n Estructura y formalidades de la acusación De conformidad a lo establecido por el artículo 349 del NP, la acusación debe ser debidamente motivada y contendrá: -

Datos sobre la identidad (persona incluida en la investigación).

-

La descripción del hecho (objeto de investigación).

-

Los elementos de convicción que sustentan la acusación.

-

El tipo penal específico (aunque la calificación sea distinta a la de la investigación), y además podrá incluir una tipificación alternativa, para los casos en que no se pueda probar la imputación por el tipo penal objeto de la acusación.

-

La participación del acusado.

-

Las circunstancias modificatorias de responsabilidad.

-

La pena solicitada, la reparación civil.

-

Los medios de prueba para su actuación en juicio (lista de testigos, peritos, aspectos de sus declaraciones y una reseña de los demás medios que ofrece).

-

Se pronunciará sobre las medidas coercitivas.

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La acusación se encuentra condicionada al cumplimiento de ciertas formalidades, algunas de ellas de carácter informativo y otras muy ligadas a su función esencial ya definida en el acápite anterior. Todas estas formalidades deben cumplirse a cabalidad, pero en caso de advertirse alguna omisión respecto a las formalidades meramente informativas, su aclaración o integración podrá subsanarse oralmente en la audiencia de control de acusación, sin necesidad de presentar escrito complementario porque su inobservancia no podría acarrear nulidad. Por ejemplo, si en el escrito de acusación se ha obviado indicar que el acusado se encuentra con la medida coercitiva de comparecencia simple, se ha incurrido en un defecto formal, no esencial o meramente informativo que no afecta la funcionalidad de la acusación, razón por la cual consideramos que para integrar esta deficiencia no es necesario presentar un escrito aclaratorio, sino tan solo será necesario integrar la acusación oralmente, pues su inobservancia no acarrea nulidad porque no se afecta la función de la acusación. Distinto es el caso, si se tratara, por ejemplo, de la calificación jurídica del delito, porque en tal caso, de no integrarse por escrito se podría producir un serio problema a nivel de la etapa de juzgamiento y con ello se podría incurrir en nulidad, pues existe la posibilidad de afectar el derecho constitucional a la defensa que le asiste al acusado. V. TRÁMITE DEL REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO 1. Traslado del requerimiento El artículo 345 del NP establece que una vez que el fiscal envía el requerimiento fundamentado de sobreseimiento del proceso al juez de investigación preparatoria; el juez correrá traslado del pedido a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días Cuando la norma hace alusión a los demás sujetos procesales, haciendo una interpretación sistemática con las normas del Título I de la Sección IV del libro primero del NP, debe entenderse que el requerimiento se notifica al imputado, al actor civil, al agraviado, e incluso al tercero civil y a la persona jurídica.

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2. Absolución del traslado del requerimiento de sobreseimiento Dentro del plazo de los diez días los sujetos procesales podrán formular oposición a la solicitud de archivo. La oposición debe ser fundamentada bajo sanción de inisibilidad, y se podrá optar por dos alternativas: -

Solicitar un plazo de investigación suplementario conforme lo señala el artículo 345, inciso 2 en concordancia con el artículo 346, inciso 5 del NP, siendo que en tal caso, el requerimiento debe indicar los actos de investigación que se deberían realizar adicionalmente, y además se debe precisar su objeto y finalidad.

-

Solicitar que se eleven las actuaciones al fiscal superior, con la pretensión de que se rectifique el requerimiento de sobreseimiento.

Un problema en esta materia tiene que ver con la posibilidad de que el agraviado se oponga al requerimiento de sobreseimiento, pues la norma referida a los derechos del agraviado (artículo 95 del NP) no hace alusión expresa a esta posibilidad; sin embargo, aplicando la lógica de que “el que puede los más también puede los menos”, y se considera que el agraviado tiene derecho a impugnar el sobreseimiento, en tal sentido, también podría oponerse al sobreseimiento. Esta conclusión se reafirma si se toma en cuenta que el artículo 345 establece que se corre traslado del requerimiento de sobreseimiento a los demás sujetos procesales, lo que incluye al agraviado o víctima del delito. 3. Audiencia de control de sobreseimiento Vencido el plazo de diez días del traslado el juez citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales a una audiencia preliminar (audiencia preliminar de control de requerimiento de sobreseimiento), a fin de debatir los fundamentos del requerimiento. La audiencia se instalará y se realizará con quienes asisten, a quienes se escuchará por su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. 571

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-

Primero el fiscal sustentará su requerimiento de sobreseimiento.

-

A continuación los demás sujetos procesales sustentarán sus planteamientos.

-

Finalmente, el juez dará oportunidad al agraviado y al imputado –siempre que asistan a la audiencia–, para que se pronuncien respecto al tema debatido; siendo los fundamentos de esto último, el derecho del agraviado previsto en el literal b) del inciso 1 del artículo 95 del NP y el derecho a la autodefensa material previsto en el artículo IX del Título Preliminar del NP.

La resolución se emitirá en el plazo de 3 días. REQUERIMIENTO

TRASLADO

OPOSICIÓN

AUDIENCIA PRELIMINAR JUEZ DE INV. PREP.

AUTO DE SOBRESEIMIENTO AUTO DE INVESTIGACIÓN SUPLEMENTARIA AUTO DE ELEVACIÓN EN CONSULTA AL FISCAL SUPERIOR

4. Alternativas del fiscal superior Si el fiscal superior ratifica el pronunciamiento del fiscal provincial, por imperio del principio acusatorio, el juez de investigación preparatoria ineludiblemente emitirá el auto de sobreseimiento; pero si el fiscal superior no está de acuerdo con el fiscal provincial; ordenará a otro fiscal, que emita acusación fiscal o dispondrá la realización de una investigación suplementaria requerida por el actor civil. Contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación el que no impide la excarcelación del imputado a quien favorece el sobreseimiento. 572

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5. Clases de sobreseimientos Según la doctrina existen varios tipos de sobreseimiento, a continuación desarrollamos cada uno de ellos. - El sobreseimiento total: es aquel que se orienta al archivo del proceso respecto a todos los imputados y por todos los delitos materia de imputación. Esta modalidad de sobreseimiento se encuentra regulada en el artículo 348, inciso 1 del NP. - El sobreseimiento parcial: es aquel que se orienta al archivo del proceso solo respecto de alguno de los imputados o solo de alguno de los delitos materia de imputación. Esta modalidad de sobreseimiento se encuentra regulada en al artículo 348, inciso 2 del NP, y en tal caso, la norma establece que el proceso continuará respecto a los demás delitos o demás imputados no comprendidos en el sobreseimiento. -

Sobreseimiento de oficio: es aquel que decreta el juez por iniciativa propia, tal como lo establece el artículo 352, inciso 4 del NP.

-

Sobreseimiento a solicitud de parte: es aquel que decreta el juez por iniciativa del Ministerio Público o de la defensa del imputado, conforme lo prescribe el artículo 352, inciso 4 del NP.

- El sobreseimiento provisional: es una forma de sobreseimiento que importa un archivo provisional de la causa. Esta modalidad de sobreseimiento está presente en la regulación del C. de PP de 1940 –aún vigente en Lima y en otros distritos judiciales–, sin embargo, no existe sustento para su existencia, pues opera cuando existen elementos de la comisión del delito, pero no hay elementos que indiquen que el investigado es autor o partícipe del mismo. Afirmamos la carencia de sustento de este sobreseimiento porque bien podría archivarse definitivamente el caso, y si posteriormente se encuentra al culpable del delito, se podría dar inicio a un nuevo proceso sin problemas de cosa juzgada.

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Actualmente en el nuevo modelo procesal regulado por el NP del año 2004, ya no existe esta forma de sobreseimiento, pues tal como lo señala el artículo 347, inciso 2 del NP, el sobreseimiento tiene carácter definitivo.

- El sobreseimiento definitivo: es una forma de sobreseimiento que importa un archivo definitivo de la causa, tal como se desprende de lo previsto por el artículo 347, inciso 2 del NP. VI. TRÁMITE POSTERIOR A LA ACUSACIÓN De conformidad a lo prescrito por el artículo 350 del NP. -

El fiscal remite la acusación y el expediente fiscal –elemento inquisitivo(134)–, al juez de la investigación preparatoria competente.

-

El juez corre traslado de la acusación a los sujetos procesales por el plazo de 10 días.

-

Durante el plazo antes indicado los sujetos procesales tienen la posibilidad de: •

Observar defectos formales de la acusación, requiriendo su corrección.

•

Deducir excepciones u otros medios de defensa técnicos, tales como excepciones, cuestiones previas y prejudiciales, siempre que no hayan sido planteados con anterioridad o se funden en hechos nuevos. Respecto a la posibilidad de formular cuestiones prejudiciales en la etapa intermedia existe una dificultad normativa contenida en el artículo 7 del NP, que respecto a esta etapa contempla tan solo la posibilidad de formular excepciones y cuestiones previas, mas no cuestiones prejuidiciales; sin embargo, a partir de

(134) Actualmente los jueces de investigación preparatoria de Trujillo han acordado que ya no se remite la carpeta fiscal conjuntamente con la acusación, sino tan solo el escrito de acusación y ya en la audiencia de control de acusación, en caso de emitirse el auto de enjuiciamiento se procede a desglosar de la carpeta fiscal las pruebas ofrecidas y itidas por el juez, así como todas las documentales que pasarán a formar parte del expediente judicial.

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una interpretación teleológica de lo prescrito en el literal b) del inciso 1 del artículo 350 del mismo corpus normativo, debe concluirse que si es posible deducir una cuestión prejudicial, pues la finalidad de la etapa intermedia es la de sanear el proceso para pasar sin problemas a juicio, lo necesariamente implica itir a trámite también las cuestiones prejudiciales, que justamente se orientan a suspender la tramitación del proceso hasta que en una vía extrapenal se dilucide algún elemento del tipo penal que es objeto de persecución penal. •

Solicitar la imposición o revocación de medidas coercitivas. Es necesario que antes del inicio del juicio oral, el juez de investigación preparatoria defina las medidas coercitivas con las que se afrontará el juzgamiento, a fin de evitar que los jueces de juzgamiento se contaminen emitiendo pronunciamientos sobre el caso antes del desarrollo del juicio.

•

Solicitar la actuación de prueba anticipada. Para la actuación de la prueba anticipada en la etapa intermedia se requieren las mismas exigencias que en la etapa de investigación preparatoria, ya que se trata de una excepción legal a la regla de la actuación de la prueba en el marco que impone el principio de inmediación.

•

Pedir el sobreseimiento del proceso. Cuando el fiscal ha perdido objetividad, y pese a no tener elementos de convicción respecto al delito o a la vinculación del acusado como autor o partícipe del delito, la defensa puede plantear que el juez de investigación preparatoria declare el sobreseimiento, evitándose de este modo desarrollar un juicio oral que a todas luces resulta innecesario.

•

Instar la aplicación de algún criterio de oportunidad, siempre que se den los presupuestos contemplados en el artículo 2 del NP. Por otro lado, en el Distrito Judicial de La Libertad existe un consenso casi generalizado en considerar a la terminación anticipada del proceso como 575

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un criterio de oportunidad, partiendo de la premisa que al igual que en los criterios de oportunidad se produce una suerte de negociación inter partes y, además, porque la terminación anticipada implica necesariamente la aplicación de beneficios premiales para el imputado. •

Ofrecer los medios de prueba para su actuación no juicio adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Presentar los documentos aún no incorporados, o señalar el lugar donde se encuentran a fin de ser requeridos.

•

Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerán las pruebas pertinentes para ello, a fin de actuarlas en juicio.

•

Proponer convenciones fácticas y probatorias. El juez puede acoger tales convenciones o podrá desvincularse de ellas mediante decisión obligatoriamente motivada.

•

Plantear otras cuestiones orientadas a preparar mejor el juicio.

La absolución del traslado se traduce en una serie de requerimientos que formulan los abogados de la defensa, y si bien es cierto que la norma procesal no indica expresamente que las observaciones y requerimientos formuladas por la defensa sean fundamentadas en el escrito respectivo; ello constituye una exigencia que se deriva del principio de igualdad previsto en el artículo I, numeral 3, del Título Preliminar del NP, pues si los requerimientos fiscales y, en especial, la acusación deben ser fundamentados por escrito conforme a lo prescrito en los artículos 64, inciso 1, y 349 del NP, en consecuencia, la absolución del traslado también debe ser fundamentado, a fin de garantizar el ejercicio al derecho de contradicción que en este caso le corresponde al Ministerio Público. Esta posición se deriva de una interpretación sistemática y teleológica, porque es función del sistema procesal garantizar la actuación de los sujetos procesales, pero además se sustenta en el 576

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principio de prevalencia de las normas del Título Preliminar, previsto en el artículo X del NP. Al vencimiento del plazo o luego de formuladas las observaciones, el juez de investigación preparatoria emitirá la resolución en la que señala día y hora para la audiencia preliminar en un plazo no menor de 5 ni mayor de 20 días. •

La audiencia se instalará con la asistencia obligatoria del fiscal y del defensor del acusado y es dirigida por el juez de investigación preparatoria. En el caso de haberse planteado la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad también es obligatoria la presencia del acusado en virtud de su naturaleza consensual de estas instituciones, además que en estos casos se debe correr traslado al agraviado, actor civil y tercero civil a efectos de puedan sustentar sus pretensiones en la audiencia de control de acusación.

•

De igual forma, si en la audiencia preliminar de control de acusación se plantea la posibilidad de aplicar convenciones fácticas y convenciones probatorias, es obligatoria la presencia del imputado, ya que sin su presencia en la audiencia no es posible aplicar las instituciones antes indicadas, en virtud a su naturaleza consensual.

•

En esta audiencia se debatirán las solicitudes formuladas por los sujetos procesales, más no podrán realizarse actuaciones probatorias, salvo las de la prueba anticipada y la presentación de la prueba documental.

•

El juez se pronuncia al final de la audiencia preliminar o dentro del plazo de 48 horas, este último caso la resolución solo se notifica a las partes.

El objeto de la audiencia. Conforme lo establece el artículo 351 inciso 3 del NP, el debate de esta audiencia se refiere a la procedencia o isibilidad de cada una de las cuestiones planteadas por los sujetos procesales y a la pertinencia y utilidad de las pruebas ofrecidas. Esto atendiendo a la finalidad de la audiencia preliminar que consiste en garantizar que pasen a juicio oral solo las causas que lo ameritan y 577

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además que estas causas pasen debidamente saneadas para pasar sin problemas a juicio. 1. El rol de las partes en la audiencia preliminar El juez de investigación preparatoria: Dirige la audiencia de control de acusación, y resuelve las incidencias que se deriven de la misma, utilizando la metodología que imponen la oralidad, la inmediación, la contradicción y la concentración. El fiscal: Presenta la acusación y si considera que cumple con las exigencias legales la defiende ante las posibles objeciones que se le formulen. En esta exposición inicial el fiscal indica la identidad del acusado, define el hecho punible, la calificación jurídica, los elementos de convicción en que se sustenta la acusación, y la pena y reparación civil solicitadas. Posteriormente si se han planteado medios de defensa técnicos o si se ha requerido el sobreseimiento sustentarán las razones que lo llevan a oponerse a tales requerimientos. Finalmente, cuando llegue el momento de la isión de pruebas, ofrecerá sus pruebas sustentando la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas, y a la vez controlará las mismas exigencias respecto a las pruebas que ofrece la defensa, formulando las objeciones que sean necesarias. El defensor: Sustentará las observaciones, requerimientos, medios de defensa o las cuestiones que haya formulado como consecuencia del traslado con la acusación. Finalmente, cuando llegue el momento de la isión de pruebas, ofrecerá sus pruebas sustentando la pertinencia, conducencia y utilidad de estas, y a la vez controlará las mismas exigencias respecto a las pruebas que ofrece el Ministerio Público, formulando las objeciones que sean necesarias. En cuanto a las objeciones referidas a la reparación civil, es necesario precisar que el debate se refiere únicamente a las pruebas que se ofrecen para su acreditación, para su reducción o para su incremento, mas no para debatir el monto de la reparación civil, ya que eso es un aspecto que se debatirá en el juicio ante el juzgado unipersonal o colegiado que tome conocimiento del hecho. Esta misma observación es válida para la pena. El abogado del actor civil y del tercero civil también podrán ofrecer sus pruebas u oponerse a las pruebas ofrecidas por los otros sujetos 578

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procesales con base en los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad para el esclarecimiento de los hechos que refuercen sus pretensiones procesales. 2. El desarrollo de la audiencia Aunque el trámite de la acusación requiere inicialmente de la presentación del escrito, este acto procesal formal de comunicación se complementa con la audiencia de acusación. Esta audiencia opera como un filtro o más exactamente como un control, porque define sobre el encausamiento adecuado del imputado. La audiencia se instalará con la asistencia obligatoria del fiscal y del defensor del acusado y es dirigida por el juez de investigación preparatoria. El desarrollo de la audiencia puede ser variable, dependiendo del objeto de discusión que se plantee para cada caso. En los juzgados de investigación preparatoria de Trujillo, el diseño de la secuencia de la audiencia preliminar de control de acusación se encuentra errado, pues no sigue la lógica de las fases de la etapa intermedia, pues, primero se debaten y resuelven las observaciones formales, luego se pasa a debatir las pruebas y al final se debaten las cuestiones de fondo planteadas contra la acusación; lo cual es un diseño antitécnico, pues en muchos casos se invierte tiempo en debates sobre pruebas para que al final se termine declarando el sobreseimiento del proceso. A continuación se describe el iter de cómo se debería desarrollar una audiencia en el supuesto de que se hayan planteado todos los tipos de pronunciamientos que ite el artículo 350 del NP a fin de que se tenga una idea bastante amplia de las posibilidades de actuación en la audiencia de control de acusación. Una vez instalada la audiencia se procede a la acreditación de los sujetos procesales que intervienen comenzando por el juez de investigación preparatoria. Luego el fiscal indica sus nombres, apellidos, cargo que desempeña en Fiscalía, domicilio procesal, teléfono fijo o celular y correo electrónico. El imputado se identifica indicando sus nombres, apellidos, documento nacional de identidad, sexo, nombre completo de sus padres, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado 579

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civil y domicilio real. El abogado defensor indica sus nombres, apellidos, número de registro del colegio de abogados, domicilio procesal, teléfono fijo o celular, y correo eléctrico. A continuación el juez otorgará el uso de la palabra al fiscal a fin de que realice una exposición sucinta de la acusación, tales como: los hechos, su calificación jurídica, los elementos de convicción que fundamentan la decisión de acusar, la pena y reparación civil solicitada. Esta exposición de la teoría del caso acusatoria es fundamental para ubicar al juzgador en el contexto del caso, pues sin ello solo se podrían resolver cuestiones formales, ya que para decidir aspectos sustanciales, tales como la terminación anticipada del proceso, el principio de oportunidad, el sobreseimiento del proceso, los medios de defensa técnicos, y la propia utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba, es indispensable conocer el caso propuesto por el fiscal. Luego de sustentarse oralmente la acusación, el juez de investigación preparatoria cede el uso de la palabra a los abogados para que sustenten oralmente las observaciones formales que ya se han formulado por escrito. Aun en el caso de que dentro del plazo legal el abogado no haya realizado por escrito las observaciones de carácter formal, deberían itirse porque tienden a perfeccionar la acusación y ello va acorde con la finalidad de la etapa intermedia del proceso, pues lo ideal es que la acusación pase a juicio debidamente saneada y sin defectos formales ni materiales. El fiscal se pronuncia respecto a las observaciones formales, y en caso de que considere que la observación no es correcta, sustentará en ese sentido; pues de lo contrario subsanará el defecto, presentando en ese acto el escrito correspondiente, de conformidad a lo prescrito por el artículo 351 inciso 3 del NP. En mérito de esta exigencia, es indispensable que una vez presentada la absolución de la acusación, se corra traslado del escrito correspondiente, a fin de que el fiscal pueda concurrir con el escrito de integración de acusación. Escuchados los pronunciamientos, el juez de investigación preparatorio procede a resolver si se ite formalmente la acusación, y si no la ite deberá dar opción al fiscal para que la subsane oralmente o por escrito; pero de ninguna manera se puede decretar el sobreseimiento 580

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sobre la base de defectos formales de la acusación, puesto que los presupuestos del sobreseimiento tienen una connotación material (falta de pruebas, imposibilidad de obtener pruebas, causas de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, extinción de la acción penal) y no solo de naturaleza formal. A continuación se pasan a debatir todos y cada uno de los requerimientos sustanciales que proponen los abogados de la defensa, para ello, el juez cede el uso de la palabra al abogado a quien corresponde el requerimiento. El abogado sustentará oralmente y por separado cada uno de los requerimientos formulados en el escrito en el que absuelve el traslado de la acusación. A continuación emite pronunciamiento el fiscal, y si hay controversia entre ambos planteamientos el juez dará oportunidad para una réplica tanto de la defensa como de la parte acusadora. Finalmente, luego de escuchar a las partes el juez resolverá cada uno de los requerimientos, declarándolos fundados o infundados (ejemplo: declara fundado el requerimiento de sobreseimiento o declarando infundada la excepción de cosa juzgada), aprobándolos o desaprobándolos (ejemplo: aprueba el acuerdo de terminación anticipada al que las partes han arribado en la audiencia, o aprueba la aplicación del principio de oportunidad), dependiendo ello del tipo de requerimiento que se resuelva. El primero en ofrecer las pruebas es el fiscal, quien oralmente sustenta la pertinencia, conducencia, utilidad y legitimidad de cada una de las pruebas que ha ofrecido en su escrito de acusación, y no se descarta la posibilidad de ofrecer otras pruebas que el fiscal no tenía al momento de formular su acusación. Ejemplo: concluye la investigación de un caso de violación el fiscal acusa, pero aún no ha llegado el resultado de la pericia de ADN. En este caso, si el informe pericial llega antes de la audiencia preliminar, el fiscal la puede ofrecer en la misma audiencia a fin de que sea itida. Esta posibilidad se sustenta en el hecho de que estas pruebas pueden ser ofrecidas como nueva prueba en el juicio, siempre que el fiscal no haya contado con la prueba al momento de la audiencia de 581

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control de acusación (artículo 373 inciso 1 del NP), ya que en caso de no ofrecerla en esta audiencia, ya no será posible ofrecerla en el juicio. A continuación los abogados emiten pronunciamiento respecto a la isión de las pruebas de cargo ofrecidas por el fiscal. En caso de haber objeciones a la isión de las pruebas de cargo, el fiscal podrá hacer uso del derecho a réplica y, a su término, lo harán también los abogados de la defensa. En un segundo momento de esta fase de la audiencia preliminar, los abogados de la defensa ofrecerán las pruebas de descargo para su actuación en juicio; y al igual que las pruebas de cargo, previo a su isión se producirá un debate, con posibilidad de réplica. Finalmente, luego de escuchar a las partes el juez emitirá el auto de enjuiciamiento, con lo que se pone término a la etapa intermedia, y todo listo para dar paso al juicio oral, la etapa estelar del proceso penal común. Las decisiones judiciales que se deriven del debate de la audiencia preliminar de control de acusación e incluso el auto de enjuiciamiento se podrán dictar dentro del término de 48 horas improrrogables, siendo que en este último caso, la resolución simplemente se notificará a las partes. 3. Decisiones del juzgador -

El juez tiene las siguientes alternativas: •

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Cuando los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del fiscal, se dispondrá la devolución de la acusación para corrección; se suspende la audiencia por cinco días para corrección del defecto, conforme lo prescribe el artículo 352 inciso 2 del NP. Al respecto, se ha producido un pronunciamiento interesante derivado de una solicitud de caducidad formulada por la defensa de oficio, ante el retrazo del fiscal para adjuntar el escrito con el que se subsanan las observaciones formuladas por la defensa, indicando que la Fiscalía ha perdido el derecho a subsanar los defectos formales de la acusación. En este caso, curiosamente el juez de investigación preparatoria declara fundada la caducidad, y en consecuencia la Fiscalía se ha visto

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en la obligación de sustentar una acusación que presenta defectos formales; sin embargo, en el pronunciamiento judicial comentado existe un serio inconveniente, porque no sería dable que se pase a juicio oral con una acusación que mantiene sus defectos formales, cuando la función de la etapa intermedia y, en especial de la audiencia del control de acusación, es la de resolver todos aquellos aspectos que permitan sanear el proceso y aquellas cuestiones que ayuden a preparar mejor el juicio. Por otro lado, tampoco sería dable que se declare el sobreseimiento, porque los defectos formales de la acusación no son causal de sobreseimiento del proceso, ya que todas las causales previstas en el inciso 2 del artículo 344 se refieren a aspectos que tienen un trasfondo fáctico y no solo de naturaleza formal.

En el caso antes propuesto considero que el principal defecto radica en devolver la acusación sin fijar fecha para reanudar la audiencia, ya que la norma procesal hace alusión a una suspensión de la audiencia de control de acusación, la que –con arreglo a los principios de legalidad, continuidad y concentración–, tiene que reanudarse obligatoriamente al sexto día hábil siguiente a la suspensión de la audiencia, tal como expresamente lo prescribe el artículo 352 inciso 2 del NP. De haberse respetado esta prescripción normativa de seguro no se habría producido el problema, porque el fiscal habría tenido que concurrir a la audiencia con su escrito de subsanación de la acusación.

•

En otros casos, cuando el fiscal haga las correcciones en la misma audiencia preliminar, esta se hará con intervención de los otros sujetos procesales; si no hay observaciones, se tendrá por aclarado y saneado el dictamen acusatorio. Si hubiere observaciones el juez resolverá mediante resolución inapelable.

•

Resolver los medios de defensa técnicos. Esta resolución se emite en la misma audiencia y es apelable sin efectos suspensivos. 583

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•

Declara el sobreseimiento cuando concurren los presupuestos del requerimiento de archivo. La resolución que desestima este pedido no es impugnable.

•

Pronunciamiento sobre la isión de medios de prueba. Para adoptar esta decisión el juez de investigación preparatoria tendrá en cuenta los criterios de utilidad, pertinencia y conducencia de la prueba. Aunque al inicio de la puesta en vigencia me mostré renuente a itir que los jueces desestimaran la prueba ilegalmente obtenida en la audiencia preliminar porque la norma no lo indicaba en forma literal, sin embargo, en la actualidad he cambiado de parecer porque el criterio aplicable sería el de utilidad, pues de qué serviría una prueba ilegal si finalmente no será valorada por el juez de juzgamiento(135).



Sobre este aspecto se han producido algunas de las decisiones más polémicas o las que han generado mayor debate o controversia entre los operadores jurídicos, y que comentaremos al final de este capítulo.

•

Pronunciamiento sobre las convenciones fácticas y probatorias. Esta resolución no es impugnable.



Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados.



El juez, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, si no fundamenta

(135) Se afirma que la prueba ilegal o prueba ilícita es aquella que se obtiene vulnerando el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, sin embargo, la doctrina no ha reparado en definir a qué aspecto de la prueba se refiere el aludido concepto ilegal, ya que el término prueba podría estar referido a la fuente de prueba, al medio de prueba o al elemento de convicción. En nuestro concepto comprende a cualquiera de las acepciones indicadas.

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especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime. •

Pronunciamiento sobre la actuación de prueba anticipada, si se dispone su actuación esta se produce en acto aparte; sin perjuicio de dictarse auto de enjuiciamiento. Esta resolución no es impugnable.



El auto de enjuiciamiento: el juez emite el auto de enjuiciamiento, lo notifica a los sujetos procesales, y dentro de las 48 horas de la notificación el juez de la investigación preparatoria hará llegar el juez penal unipersonal o al juzgado penal colegiado la resolución y los actuados correspondientes, y se pondrá a su orden a los presos preventivos.

El auto de enjuiciamiento deberá contener bajo sanción de nulidad: -

El nombre de los imputados y de los agraviados.

-

El delito o delitos materia de acusación, con indicación del texto legal y, si se hubiera planteado, las tipificaciones alternativas o subsidiarias.

-

Los medios de prueba que han sido itidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones probatorias.

-

La indicación de las partes constituidas en la causa.

-

La orden de remisión de los actuados al juez encargado del juicio oral.

Esta resolución no es recurrible de conformidad con lo prescrito por el artículo 353 del NP.

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MODELOS •

Requerimiento de sobreseimiento

CASO Nº 5701-2009 EXPEDIENTE: Nº 2009-5398 SECRETARIO: Gabriela Quiroz FORMULO REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO SEÑOR JUEZ DEL SEXTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA William Enrique Arana Morales, Fiscal Provincial del Quinto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en las intersecciones de las Avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión, oficina 504, a usted con el debido respeto expongo: Que de conformidad a lo prescrito por los artículos 344 y 345 del NP, formulo REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO respecto a la imputación formulada contra Luis Alberto Malca Cueva por delito Contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA en agravio de Paola Rosas Soto. 1. Que en el presente caso se procedió a formalizar investigación preparatoria contra Luis Alberto Malca Cueva por delito Contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA en agravio de Paola Rosas Soto, porque presuntamente el día 22 de setiembre del año 2009 a eso de las 17.30 horas aproximadamente, la referida agraviada se encontraba caminando por inmediaciones de la Universidad Privada del Norte de esta ciudad, en compañía de dos colegas de trabajo, cuando en forma sorpresiva un sujeto le metió la mano al bolsillo derecho de su pantalón de buzo y con la otra la cogió del cuello, ante ello la agraviada cogió fuerte su celular, siendo lanzada contra la pared golpeándole la cabeza contra el filo de una pared o ventana, arrebatándole el celular para luego retirarse del lugar; sin embargo, la agraviada se recuperó de la agresión logrando recuperar

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su celular, observando que el sujeto ingresó a una tienda de ropa, donde se habría cambiado la camisa por un polo, instantes en que llegó al lugar personal de seguridad ciudadana, a quien pidió ayuda, y de ese modo se logró intervenir al imputado.

2. Que los hechos antes descritos han sido calificados como delito de TENTATIVA DE ROBO previsto y sancionado por el artículo 188 en concordancia con el artículo 16 del Código Penal; sin embargo, luego de concluida la investigación preparatoria se ha llegado establecer que no existen suficientes elementos de convicción que permitan solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, pues el tipo penal de ROBO exige de una conducta violenta contra el sujeto pasivo, y el apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno; sin embargo, no ha sido posible incorporar elementos de convicción que permitan afirmar la concurrencia del elemento violencia –pues el certificado médico legal al que alude el fiscal que dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria, no corresponde a la agraviada, sino al imputado, tal como se evidencia en el certificado que obra a folios 11 de la carpeta fiscal–, y por otro lado, la presunta agraviada no habría pasado el reconocimiento médico legal tal como se señala en el oficio remitido por el Jefe de la División de Medicina Legal, ni se ha acreditado la preexistencia del bien objeto del delito a pesar de la exigencia prevista en el artículo 201 inciso 1 del NP. A lo que se suma el hecho, que la agraviada ha señalado un domicilio real que no ha podido ser ubicado por los notificadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, conforme se advierte de las diferentes razones que obran en la carpeta fiscal a folios 26, 33, 37, 41. 3. Que atendiendo a las consideraciones anteriores se advierte que en el caso concreto se debe declarar el sobreseimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 344 inciso 2, parágrafo d), en cuanto establece que procede el sobreseimiento si no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, tal como ocurre en el presente caso. OTROSÍ DIGO.- A fin de cumplir con las exigencias del sobreseimiento cumplo con indicar los datos de identidad del investigado y el domicilio que la agraviada ha señalado durante las diligencias preliminares de investigación:

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Luis Alberto Malca Cueva, identificado con DNI Nº 46429018, natural de Trujillo, nacido el 8 de enero de 1980, iletrado, sin ocupación conocida, con domicilio real Mz. Ñ, Lote 11, Urb. La Esmeralda - Trujillo, y domicilio procesal en Jr. Ayacucho 455, oficina 214 - Trujillo (Patrocinada por el Abogado Luis H. Cisneros Jara). Paola Rosas Soto, identificada con DNI Nº 23403123, con domicilio real en calle Pablo Casal Nº 874 Urb. Los Cedros Trujillo. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez, tramitar la presente conforme a Ley, y en su momento se declare el sobreseimiento del proceso. Trujillo, 19 de octubre de 2010.

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Resolución con la que se corre traslado del requerimiento de sobreseimiento

6° JUZ. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE

: Nº 03957-2012-81-1601-JR-PE-06

ESPECIALISTA

: KATTY LOZADA

M.P.

: JORGE LÓPEZ RODRÍGUEZ

IMPUTADOS

: VIERA ROJO, ANDRÉS y otros

DELITO

: FRAUDE PROCESAL

AGRAVIADO

: ULLOA CRUZADO, RICHAR



: EL ESTADO

Resolución Nº Uno. Trujillo, diecisiete de diciembre de dos mil doce, DADO CUENTA con el requerimiento fiscal de sobreseimiento del Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, acompañando la carpeta fiscal y conforme a lo previsto en el artículo 345 del NP; CÓRRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que puedan por escrito formular oposición debidamente fundamentado, bajo sanción de inisibilidad e incluso podrán solicitar la realización de actos de investigación adicionales, indicando su objeto y los medios de investigación que considere procedentes; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento. PRECÍSESE que la carpeta fiscal con todos los elementos de convicción se encuentra en las oficinas del juzgado, para los fines que correspondan. NOTIFÍQUESE a las partes en sus respectivos domicilios procesales señalados en autos, incluida a la parte agraviada.

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Escrito de absolución del traslado del requerimiento de sobreseimiento formulado por la defensa del actor civil

EXPEDIENTE N° WWW-2013-48 CARPETA FISCAL N° EEE-2012 ESPECIALISTA: DDDDD OPOSICIÓN A REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO SEÑORA JUEZA DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: Wilson Santos Maquera, abogado de Daniel Duarte Amado, en la investigación seguida contra Paul Vera Prado, por la comisión del delito de Estafa en grado de tentativa, en agravio de mi patrocinada, a usted atentamente digo: I. PRETENSIÓN De conformidad a lo prescrito en el artículo 345 inciso 2 concordante con el artículo 95 y siguientes del NP, en defensa de la parte agraviada formulamos Oposición al Requerimiento de Sobreseimiento Fiscal del 15/11/12, solicitando la realización de actos de investigación adicionales a los realizados para lo cual deberá disponerse un plazo suplementario de investigación de 40 días conforme al artículo 346.5 de la norma antes citada, conforme a los argumentos que exponemos a continuación. II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN NUESTRA POSICIÓN El representante del Ministerio Público sustenta su requerimiento de sobreseimiento del presente proceso penal, indicando en estricto que “no se le puede atribuir al imputado, con cierto grado de certeza, una conducta dolosa dirigida a inducir a error a los trabajadores de la entidad bancaria agraviada, pues existe la probabilidad de que no (el imputado) no haya conocido la falsedad de los títulos valores”.

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Agrega el representante del Ministerio Público que la versión del investigado es coherente en el sentido que los cheques le fueron enviados desde el extranjero a fin de que los cobre y se descuente un 10% como contraprestación a su servicio devolviendo el remanente a Estados Unidos, lo cual se corrobora con la lectura de los mensajes de su correo electrónico. Al respecto, nos oponemos al requerimiento de sobreseimiento dado que consideramos que el Ministerio Público no ha agotado los actos de investigación suficientes y que pudieron haberse realizado en el presente caso para arribar a la conclusión de si el investigado conocía o no de la operación fraudulenta, esto es, recibir cheques falsos de USA para que los cobre en un banco local en Trujillo-Perú y nuevamente enviar el dinero a USA. En el caso concreto se investiga el delito de estafa en grado de tentativa, toda vez que el investigado pretendió estafar al Banco, presentándose a cobrar 5 cheques extranjeros falsos, siendo que cuando fue detectado por el personal del Banco, adujo hasta 3 versiones distintas del origen de los cheques. En tal sentido, si bien la falsedad de los 5 cheques de viajero (US$ 2,500 c/u) se encuentra acreditada mediante el Dictamen Pericial de Grafotecnia Nº 212-2012 realizado por la Oficina de Criminalística - III Dirtepol, también es cierto que los tres (3) correos electrónicos recopilados del correo del investigado [email protected] respecto del cual debería haberse consultado al investigado por su contenido o permitir su e impresión. De otro lado, si bien el investigado ha señalado que los cheques extranjeros le llegaron a través del courrier internacional PPP conjuntamente con una carta en inglés, no se ha determinado cuál es la traducción exacta de la carta, de la cual se puede extraer información importante para la investigación. En esta misma línea, si bien el courrier PPP ante el requerimiento de la Fiscalía, ha informado (fs. 81 carpeta fiscal) sobre el trámite de envío del sobre al investigado, también es cierto, se informa que el sobre fue

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remitido por Hans Shuneman y que el envío se hizo “utilizando una cuenta fraudulenta”, sin embargo no se ha esclarecido quién es la persona remitente ni por qué se califica como cuenta fraudulenta. Ante lo sucedido, el investigado Paul Vera Prado presumiblemente debió informar a quien le envió los correos su “contraparte Ignacio Cruzado Verástegui” de la imposibilidad del cobro de los cheques, sin embargo, al respecto el Ministerio Público no realizó dicha indagación, acto que resulta necesario para obtener mayor convicción sobre la naturaleza del hecho ilícito denunciado. En tal sentido, a fin de esclarecer los hechos investigados y la participación dolosa o no del investigado, consideramos necesario se disponga la realización de los siguientes actos de investigación, lo que no limita la libertad del juzgado y/o del representante del Ministerio Público para la disposición de otros actos de investigación adicionales: Requerir al courier …, que proporcione: i) información detallada acerca del porqué se señala que se ha registrado que el envío desde Estados Unidos se hizo utilizando una cuenta fraudulenta; ii) asimismo que proporcione mayores datos de identificación Hans Schünemann (número de documento de identidad), quien habría enviado los cheques falsos al investigado; iii) remita y describa pormenorizadamente todas las incidencias que se hayan reportado respecto al envío y recojo del sobre a Paul Vera Prado, y iv) informe si se registran envíos de documentación anteriores o posteriores al hecho dirigidos al Sr. Paul Vera Prado desde Estados Unidos u otros países, especificando fechas y datos de remitente. Todo ello, con la finalidad de obtener mayor información sobre el envío y entrega de los documentos en cuestión, identificación plena de los participantes en esta actividad, y conocer si era recurrente el envío de documentos al investigado. Ampliar la declaración del investigado a fin de indagar la forma, modo y a quien reportó el hecho de haberse detectado la falsedad de los cheques, si tenía algún supervisor en Perú, si es que ofreció y/o entregó algún tipo de garantía y de qué modo a sus contratantes que sirviera de respaldo en su actividad de cobrar cheques, y si es que se comunicaron con él vía telefónica (celular o domicilio) indicando un aproximado de fechas.

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Ello con la finalidad de conocer mayores detalles de los hechos que se investigan, con lo cual además pretendemos verificar si existió comunicación posterior a los hechos y verificar su relevancia para la investigación. Disponer la traducción de inglés a castellano del contenido de la carta que habría venido anexo a los cheques de viajero a fin de conocer su contenido exacto, para lo cual deberá requerirse el apoyo de un traductor oficial. Ello con la finalidad de cotejar la versión brindada por el investigado sobre el “encargo que le hicieron”. Requerir a la Embajada de Estados Unidos, brinde datos de identificación y domicilio del ciudadano Hans Schünemann, quien aparece como remitente de los correos electrónicos al investigado, y a favor de quien se iban a depositar el dinero que sería cobrado por el investigado, con lo que se espera identificarlos e indagar sobre su existencia y paradero. POR LO TANTO: Solicitamos a usted señora jueza, se sirva acceder a lo solicitado en audiencia, disponiendo un plazo suplementario para la realización de los actos de investigación solicitados. 27 de diciembre de 2010

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Acta de audiencia de control de sobreseimiento

6° JUZ. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE

: Nº 03957-2012-81-1601-JR-PE-06

ESPECIALISTA

: KATTY MILAGRO LEGOAS LOZADA

ASISTENTE

: PABLO CÉSAR ORMEÑO QUIROZ

ACTA DE AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO I. INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, siendo las 10:30 horas del día 08/05/13, en la Sala de Audiencias del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dirigida por la señora jueza Dra. Irma Rivertte Chico, se realiza la audiencia pública de SOBRESEIMIENTO, en el proceso seguida contra los imputados María Piña Paredes y Andrés Viera Rojas por el delito de “Falsificación de documento privado y fraude procesal, tipificado en el artículo 427 primer párrafo y 416 respectivamente del Código Penal en agravio de Ricardo Arquímedes Ulloa de la Cruz y El Estado; y alternativamente contra María Ludgaeda Pinedo Paredes y Andrés Viera Rojas por el delito de Falsedad Genérica, tipificado en el artículo 438 del Código Penal en agravio de Richard Ulloa Cruz y El Estado, la misma que será grabada en sistema de audio.II. ACREDITACIÓN: 1. FISCAL: Dra. Silvia Lucía Chan Chan, Fiscal Provincial Penal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito Fiscal de Trujillo.

Domicilio procesal: Intersección de Av. Jesús de Nazareth y Carrión.

2. ABOGADO DEL ACTOR CIVIL Richard Ulloa Cruz: Dr. CÉSAR REYNA GILES, con registro CALL Nº 3526, domicilio en la casilla judicial 212 del CALL. 3. ABOGADO DEL ACUSADO Andrés Viera Rojas: Dr. Paul Eduardo Agurto Peralta, con registro del Colegio de Abogados de La Libertad número 3617.

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Domicilio procesal en Av. Antenor Orrego Nº 826 - 828, Mz. C, Lote 3 - Urb. Covicorti- Trujillo.

3. ABOGADO DE LA ACUSADA María Piña Paredes: Dra. Ofelia Díaz Dextre, con registro del Colegio de Abogados de La Libertad número 3247.

Domicilio procesal en Av. Antenor Orrego Nº 826 - 828, Mz. C, Lote 3 - Urb. Covicorti-Trujillo.

III. DEBATE: FISCAL: Solicita se declare Fundado el Requerimiento Fiscal de Sobreseimiento.

ACTOR CIVIL: Se opone al requerimiento fiscal de sobreseimiento.

ABOGADOS DE LOS ACUSADOS: Conforme con el pedido de sobreseimiento de la Fiscalía. IV. JUEZ: Resolución Nº 05:

Parte considerativa: queda registrada en audio.



Parte resolutiva: INFUNDADO la oposición planteada por parte del actor civil; y en consecuencia, se DISPONE el SOBRESEIMIENTO TOTAL del proceso seguido contra María Piña Paredes (DNI N° 18390098, con domicilio en la calle Riva Agüero N° 1057 Urb. Palermo, nacida el 12/12/1957, casada, natural del Cuzco, sus padres Julio y Pascuala) y Andrés Viera Rojas (DNI N° 17949025, con domicilio en la calle Ventura García Calderón N° 839, Urb. Palermo, casado, natural de Chilete, sus padres Néstor y Efigenia); con ocasión del proceso seguido en su contra por el delito de FRAUDE PROCESAL, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO Y FALSEDAD GENÉRICA en agravio del Poder Judicial y Richard Ulloa Cruz; ORDENA que Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución LEVÁNTESE las medidas coercitivas de carácter personal y/o real dictadas contra los imputados y sus bienes. ANÚLENSE los antecedentes judiciales y/o policiales derivadas del presente proceso. En cuanto a la oposición planteada por parte de la procuraduría del Poder Judicial esta no se ha hecho presente y por ende debe declararse INISIBLE, por lo demás esta judicatura durante el ínterin de la

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audiencia ha dado una lectura a este documento y no se advierte ningún elemento de convicción ni de ningún sustento para que la judicatura pudiera de oficio elevar en consulta el requerimiento fiscal.

V. OBSERVACIONES:

FISCAL Y ABOGADOS DE LOS ACUSADOS: Conforme.



ACTOR CIVIL: Apela.



JUEZ: Concede el plazo de ley para que lo fundamente por escrito, bajo apercibimiento de tenerlo por no interpuesto.

VI. CONCLUSIÓN:

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Siendo las 11:10 horas se da por concluida la audiencia.

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Disposición del fiscal superior que confirma el requerimiento de sobreseimiento

CONSULTA N° 28-2011 CASO N° 1578-2009 Trujillo, veintiocho de octubre de dos mil once.I. INTRODUCCIÓN Viene a esta Fiscalía Superior el cuaderno judicial, adjuntando la carpeta fiscal y otros actuados, formado a consecuencia del requerimiento fiscal de sobreseimiento de la causa, en la investigación preparatoria seguida contra Rubén Ros Becerra, Fernando Reyes Ram, Floro Bueno Colón y Raúl Arias Ventura por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de hurto agravado; y contra Antón Calderón Huamán por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de RECEPTACIÓN, ambos en agravio de Arnaldo Isla Peña; respecto del cual el señor juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo formula discrepancia. II. FUNDAMENTOS 1. Los hechos materia de imputación consisten en que en horas de la madrugada del día 15/08/2009 ingresaron al interior del domicilio del agraviado Arnaldo Isla Peña situado en la calle Prolongación Manuel Herrera s/n Pueblo Joven San Pablo Distrito de San Pedro de Lloc Provincia de Pacasmayo, logrando sustraerle 15 gallos finos de pelea valorizados en S/. 7,500.00 nuevos soles; luego el 29/08/2009 nuevamente ingresaron al indicado inmueble y sustrajeron un gallo de pelea (padrio) valorizado en S/. 1,000.00 y un balón de gas. Que el 08/09/2009 personal de la Comisaría PNP de San Pedro de Lloc - Pacasmayo, tomó conocimiento que el imputado Antón Calderón Huamán había comprado seis gallos de pelea y que se tratarían de los mismos que fueron sustraídos días antes del domicilio del agraviado, razón por la cual fue intervenido y en forma voluntaria entregó cinco gallos de pelea, manifestando que los había comprado al imputado Rubén Ros Becerra, quien a su vez reconoció la autoría de

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los hechos, indicando que solo participó en el hurto de los quince gallos, y que contó con la ayuda de sus coimputados Fernando Reyes Ram, Floro Bueno Colón y Raúl Arias Ventura. Cabe precisar que estos hechos fueron investigados como delitos de hurto agravado (inciso 6 del Código Penal) y Receptación (artículo 194 del Código Penal). 2.- El representante de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo requiere al Órgano Jurisdiccional mencionado, el sobreseimiento de la misma, argumentando que: a) si bien es cierto que los imputados Rubén Ros Becerra y Fernando Reyes Ram iten haber participado en el delito de hurto agravado, también es cierto que nuestro sistema procesal ha establecido que en relación a la confesión, debe estar debidamente corroborada con otros elementos de convicción, conforme a lo prescrito en el artículo 160 numeral 2 del NP, situación que no se da en el presente caso, puesto que el agraviado no ha cumplido con acreditar la preexistencia y valorización de los bienes sustraídos, por consiguiente ello no permite determinar que los bienes encontrados a los imputados sean los mismos que refiere el agraviado le han sido sustraídos; b) que respecto al imputado Antón Calderón Huamán, por ser un derivado del primero, trae consigo la imposibilidad de edificar una tesis acusatoria contra dicho imputado, por lo que tampoco se puede imputar la comisión de dicho delito, sino no existe el primer ilícito de hurto agravado. 3.- El delito de hurto agravado, previsto en el artículo 185 del Código Penal, sanciona: “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación (...)”, concordada con el inciso 6 del artículo 186 de la acotada norma sustantiva, indica: “(…) 6. Mediante el concurso de dos o más personas (...)”. El delito de receptación, previsto en el artículo 194 del Código Penal, prescribe: “El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia

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delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y, con treinta a noventa días-multa”. 4. Del estudio de la documentación y las diligencias se aprecian los siguientes actos de investigación: a) Acta de denuncia verbal N° 158-2009, da cuenta que el día 15/08/2009 se apersonó a las instalaciones de la Comisaría de San Pedro de Lloc, el denunciante Arnaldo Isla Peña, quien refiere haber sido víctima de la sustracción de quince gallos finos de pelea valorizados en S/. 7,500.00 del interior de su domicilio, desconociendo quienes sean los presuntos autores (folios 9). b) Acta de denuncia verbal N° 169-2009, da cuenta que el día 29/08/2009, Arnaldo Isla Peña denuncia que en horas de la madrugada ha sido víctima del hurto de un gallo de pelea color ajiseco, valorizado en la suma de S/. 1,000.00 y de un balón de gas, presumiendo que los autores del hecho sean los mismos que el día 15/08/2009 ingresaron a su corral (folios 10). c) Acta de recepción, de fecha 08/09/2009 presentes en el domicilio de Antón Calderón Huamán, situado en la calle Independencia N° 851 San Pedro de Lloc, personal policial recepcionó cinco gallos finos de pelea de las siguientes características, tres gallos ajisecos tuzados, un gallo cenizo ajiseco tuzado, un gallo negro sin tuzar (emplumado), dichos animales manifiesta haberlos comprado a Rubén Ros Becerra alias “guapo” el día 20/08/2009 en su domicilio (folios 11). d) La declaración del agraviado Armando Isla Peña, refiere que trabaja como obrero en el campo en la ciudad de San Pedro de Lloc, que el día 15/08/2009 en horas de la madrugada personas desconocidas han ingresado a su domicilio logrando sustraerle quince gallos finos de pelea valorizado en S/. 7,500.00, y el día 29/08/2009 nuevamente han ingresado a su corral y le han sustraído un gallo fino padrillo valorizado en S/. 1,000.00 y un balón de gas, sospechando que los autores sean las personas conocidas con los apelativos de “guapo”, “cone”, “perro”, y Mirco, quienes viven en el Pueblo Joven San Pablo en San Pedro de Lloc (folios 13).

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e) La declaración de Antón Calderón Huamán, comerciante de gallos de pelea en la ciudad de San Pedro de Lloc, que el día 20/08/2009 a las 9:00 horas aproximadamente se constituyó al domicilio de Rubén Ros Becerra, pues este le había avisado que tenía en venta gallos de pelea, por ello el declarante le compró seis gallos por la suma de S/. 180.00, habiéndole pagado a cuenta S/. 65.00 y el resto le iba a pagar después de venderlos, que es la primera que le compra gallos de pelea a dicha persona, y que recién el 05/09/2009 se ha enterado por un amigo si es que había comprado gallos de pelea, por lo que le indicó que sí, entonces este le dijo que tenga cuidado porque le habían robado al chino Isla (folios 14-15). f) La declaración del imputado Rubén Ros Becerra, trabaja como obrero en el campo de la ciudad de San Pedro de Lloc, que si conoce al denunciante Arnaldo Isla Peña y Fernando Reyes Ram porque son sus amigos y que Antón Calderón Huamán es un gallero de la zona, que el día 15/08/2009 entre las 00:00 a 00:30 horas junto con sus amigos Fernando Reyes Ram alias “cone”, Raúl Arias Ventura, su cuñado Floro Bueno Colón alias “perro”, ingresaron a la casa de su amigo chino Isla por la parte de atrás, porque la visión era del “cone”, sustrayendo ocho gallos finos de pelea llevándolos en las manos, cada uno nos repartimos dos gallos y luego el Raúl con el “perro” lo vendieron a la persona que le dicen “ñoño” que vende carne y como no les pagó le pidieron los gallos y le dieron al declarante para que los venda, es así que seis gallos los vendió al señor Mamani por la suma de S/. 80.00, que es la primera vez que ha participado en estos hechos; que respecto al hurto del día 29/08/2009 no sabe nada al respecto, y que está arrepentido de lo sucedido (folios 16-17). g) La declaración del imputado Fernando Reyes Ram, trabaja como obrero en la ciudad de San Pedro de Lloc, que conoce a Arnaldo Isla Peña, Rubén Ros Becerra y Antón Calderón Huamán, pues son sus amigos. Que el día 15/08/2009 entre las 00:00 a 00:30 horas participó en el hurto de gallos de pelea, ya que junto con Rubén, Raúl y Floro ingresaron a la casa del chino Isla; agrega que llevaron a esconder los gallos finos en la caña del Mansiche dejando cuatro gallos para recogerlos al día siguiente para venderlos, pero

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cuando los fueron a ver los gallos que le tocaban pero ya no estaban porque el “guapo” ya había recogido dos gallos, que no ha participado en el hurto del 29/08/2009, y que está arrepentido de los hechos (folios 18-19).

5. Al respecto, se tiene que luego de concluida la investigación preparatoria no se han encontrado elementos suficientes que nos permitan pasar a la siguiente etapa procesal, así tenemos que en principio solo aparecen a nivel preliminar las declaraciones de los imputados Rubén y Fernando quienes han declarado que sí participaron en los hechos delictuosos y que para ello contaron con la colaboración de sus coimputados Floro Bueno Colón, en tanto que ello no resulta suficiente para vincularlos, pues en primer lugar no se ha logrado acreditar la valorización de los gallos de pelea sustraídos (según el denunciante son quince gallos, pero solo se han logrado acreditar la preexistencia de cinco gallos finos de pelea), en segundo lugar, tampoco se ha probado la participación de los imputados Floro Bueno Colón y Raúl Arias Ventura, a quienes sus coimputados solo los sindican sin existir mayores elementos de prueba al respecto; en tercer lugar, igualmente no se ha logrado recabar elemento de convicción respecto al hurto del gallo de pelea sucedido el día 29/08/2009, pues los imputados Rubén Ros Becerra y Fernando Reyes Ramos indican que no saben nada al respecto y que nunca participaron. 6. En ese contexto, si bien se ha tenido un resultado típico (hurto agravado), no es factible atribuirle objetivamente ese resultado, al no haberse recabado los actos de investigación necesarios; ya que solo se tiene como dato cierto y objetivo que el día 15/08/2009 habrían ingresado Rubén Ros Becerra y Fernando Reyes Ram al inmueble de Arnaldo Isla Peña. En ese mismo sentido, respecto al delito de receptación, pues solo se cuenta con la declaración del imputado Antón Calderón Huamán, quien acepta haber comprado los gallos de pelea, sin embargo, no se ha logrado comprobar si es que tuvo conocimiento que estos provenían de un hecho ilícito, condición necesaria para la tipicidad del presente delito, y que no ha logrado ser corroborada durante la investigación preparatoria.

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7. Finalmente, se exhorta al fiscal que ha expedido el sobreseimiento, que en lo sucesivo establezca una estrategia de investigación teniendo en cuenta el supuesto fáctico planteado como delito, sus características y los indicios puestos en conocimiento de la Fiscalía, a fin de evitar que se repitan situaciones como la presente, pues como consecuencia de su actuar negligente no ha recabado los suficientes elementos de convicción, máxime si los plazos se encuentran vencidos en exceso, lo que va contra la celeridad del nuevo modelo procesal, situación que deberá ser puesta en conocimiento del órgano de control de esta institución. Por tales fundamentos, esta Fiscalía Superior se encuentra conforme con el pedido de sobreseimiento solicitada por la Fiscalía Provincial. III. DISPOSICIÓN Por tales consideraciones, esta Fiscalía Superior Penal, en uso de las facultades que se encuentra investida, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público y artículo 346, inciso 2 del NP; emitiendo la siguiente disposición: RATIFICANDO el requerimiento de sobreseimiento realizado por la Fiscalía Provincial, en los seguidos contra Rubén Ros Becerra, Fernando Reyes Ram, Floro Bueno Colón y Raúl Arias Ventura por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de hurto agravado; y contra Antón Calderón Huamán por el delito Contra el Patrimonio en la modalidad de RECEPTACIÓN, ambos en agravio de Arnaldo Isla Peña.

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Disposición del fiscal superior que rectifica el requerimiento de sobreseimiento

CONSULTA Nº 16-2011 SGF Nº 160-2010 Trujillo, once de julio de dos mil once.I. INTRODUCCIÓN Viene a esta Fiscalía Superior Penal la carpeta fiscal y el cuaderno de sobreseimiento que se desprende del proceso penal seguido contra Carlos Liñan Rodríguez por la presunta comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio de la menor de iniciales M.L.P.G.; en virtud a la resolución de fecha 16/06/2011 (emitida en audiencia pública de sobreseimiento), mediante la cual el señor juez del Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Santiago de Chuco eleva en consulta el presente caso al fiscal superior correspondiente según acta de folios 26. II. FUNDAMENTOS 1. Los hechos incriminados se desprenden de la denuncia de parte interpuesta por Domingo Paredes Paredes, padre de la menor de iniciales M.L.R.G. (14 años de edad), quien indica que su menor hija le ha contado que el 17/04/2010 siendo las 20:00 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba realizando sus tareas escolares en el segundo piso de su inmueble situado en la calle Trilce Nº 787 Santiago de Chuco, cuando el imputado Carlos Liñán Rodríguez ingresó de manera intempestiva y tomándola a la fuerza la llevó hasta la cama, donde luego de taparle la boca, la ultrajó sexualmente, para después amenazarla con matarla a ella y a su familia, en caso que contara lo sucedido. Que igualmente el 18/04/2010 a las 6:00 horas, cuando la menor bajaba del segundo piso de su inmueble con dirección al baño, fue interceptada por el imputado, pero esta vez la menor logró esquivarlo con el brazo y codo, asimismo, el 03/05/2010 a las 5:00 horas, el imputado ingresó a su cuarto y aprovechando que la menor estaba

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dormida, la violó sexualmente. Del mismo modo, el 17/05/2010 a las 4:00 horas, bajo la misma modalidad el mencionado imputado trató de violar a la menor, pero esta vez no logró consumar los hechos pues la menor se defendió mordiéndole la mano y rasguñándole su rostro, pidiendo ayuda, razón por la cual la menor decide contar lo sucedido al ahora denunciante. Este hecho ha sido investigado como delito de violación sexual de menor de edad.

2.- El delito de violación sexual de menor de edad (artículo 173 inciso 3 del Código Penal), señala: “El que tiene carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: (…) 3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años”.

(1)

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Al respecto, la Doctrina señala: “El delito de violación de menores se consuma con el carnal, en cualquiera de las vías descritas en el tipo base, basta para la perfección delictiva que el miembro viril ingrese de forma parcial, así como otra parte del cuerpo y/o objetos sustitutos del pene. No se requiere el yacimiento completo, ni siquiera un comienzo de aquel; así como tampoco la fecundación; menos la desfloración, este será a lo más un dato objetivo para acreditar la relación delictiva, entre la conducta generadora del riesgo y la causación del resultado lesivo (…) Es indiferente los medios utilizados por el autor para la realización del delito: violencia física, amenaza, engaño, etc. La ley solo pone como exigencia típica, que el sujeto activo dirija su conducta hacia la perpetración del “ carnal sexual”, esto es, el del miembro viril a las cavidades vaginal, anal y bucal, y/o introduciendo partes del cuerpo u objetos sustitutos del pene (…) Empero, si se produjo violencia y/o amenaza, el disvalor en la acción podrá significar una mayor dureza en la reacción punitiva, en cuanto a un mayor grado de afectación también en la antijuridicidad material (…)” (1).

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal. Parte especial. Tomo I, Idemsa, pp. 697 y 700.

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3. El señor representante del Ministerio Público sustenta su requerimiento de sobreseimiento, bajo los siguientes argumentos: a) Que el certificado médico legal Nº 137-10-H practicado a la menor agraviada de iniciales M.L.R.G. concluye que: “(…) presenta himen dilatado con laceración a nivel de la horquilla valvular, enfermedad de transmisión sexual y no coito contra natura (…)”, el cual ha sido corroborado con el certificado médico legal Nº 110-2010 realizado posteriormente por dos médicos legistas de la División Médico Legal de Trujillo, quienes concluyen que la menor agraviada “(…) no presenta lesiones traumáticas externas, paragenitales ni extra genitales, himen dilatado, no presenta signos de acto contra natura y presenta signos de infección de transmisión sexual, himen anular dilatado, sin desgarros, con muesca congénita a las IV y VII horario (…)”; b) Que, al haberse detectado la enfermedad de transmisión sexual a la menor, se dispuso el examen biológico al imputado, obteniéndose resultado negativo, conforme consta en el Dictamen Pericial de Biología Forense N° 2011098; c) Que el Protocolo de Pericia Psicológica Nº 053-2010-DML/SCH/PSC practicado a la menor concluye que la examinada mantiene lucidez, no obstante posee escasa coherencia en algunos aspectos de su narratividad, de lo cual se infiere que existe una alta probabilidad de que los hechos denunciados no se ajusten a la verdad en cuanto a la forma en que ocurrieron estos; d) Igualmente se tiene que la Pericia Psiquiátrica Nº 002504-2011PSQ, respecto al perfil sexual del imputado es predominantemente heterosexual, capacidad eréctil conservada, frecuencia sexual promedio, niega variantes sexuales y como disfunción sexual, al estímulo sexual refiere responder muy ardientemente (carga erótica muy fuerte), de lo que se advierte de dichas conclusiones que si bien el imputado tiene una carga erótica muy fuerte, esta responde ante un estímulo sexual, lo cual no se presentó de parte de la agraviada, según la narratividad de esta. Sustenta su requerimiento en el inciso 2 literal d) del artículo 344 del NP(2). (2)

2. El sobreseimiento procede cuando: (…) d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

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4. Por su parte el señor juez de investigación preparatoria de Santiago de Chuco discrepa del requerimiento de sobreseimiento, pues considera que existen elementos de convicción suficientes para que el proceso sea materia de juzgamiento, señalando entre otros argumentos que debe de tenerse en cuenta lo declarado por la fiscal durante la audiencia, la declaración del médico legista y lo declarado por la menor agraviada se acreditan los hechos, pues si bien la menor al rendir su declaración presenta ciertas variaciones ello son respecto a detalles periféricos del hecho, ya que debe de tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario Nº 02-2005 que básicamente resume que cuando la declaración del agraviado o del testigo es coherente, firme, sólido y que sea brindada con firmeza y persistencia, esta sola declaración puede en ciertos casos enervar la presunción de inocencia, más aún en los casos de violación sexual, es por ello que la declaración de la menor agraviada de iniciales M.L.R.G. se adecua a los presupuestos de dicho acuerdo constituyendo un elemento de convicción para seguir con la presente causa. Asimismo, hay otros elementos de convicción, como por ejemplo el certificado médico legal donde se colige que la menor sí ha mantenido relaciones sexuales, hecho que se corrobora con la declaración del médico legista, quien indica que la menor sí ha tenido actividad sexual. 5. Del estudio minucioso y detallado de la documentación y las diligencias realizadas durante la investigación preparatoria se aprecian los siguientes actos de investigación: - Copia del acta de nacimiento, expedida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, que da cuenta que la menor agraviada de iniciales M.L.R.G. ha nacido el 12/08/1995, por lo que al momento de los hechos contaba con 14 años de edad (folios 5). - Acta de inspección preliminar, de fecha 03/06/2010 realizada por el fiscal del caso, quien junto con el médico legista y personal policial se constituyeron al segundo piso del inmueble situado en la calle Trilce Nº 787 Santiago de Chuco, observándose que en dicha habitación habían dos camas, un fierro y la otra de madera, según lo indicado por el denunciante en dicha habitación pernoctan sus dos menores hijas. En el primer piso se observan dos ambientes que ocupaba el denunciado, uno lo usaba como cocina y el otro

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como sastrería, en ambos ya no se encuentra ningún mueble, pues el denunciado los había retirado hace una semana aproximadamente, habiéndole dejado llave de la puerta al señor Róger Lezama, quien ocupa el ambiente contiguo que lo usa también como sastrería, no encontrando ninguna evidencia en ambos ambientes, pues todos fueron retirados por el denunciado. En el interior del inmueble se observa que habitan cinco familias conformado por 16 integrantes, pero el día de los hechos señala el denunciante que su hija se encontraba sola con el denunciado (folios 9-10).

- Acta de presencia fiscal en diligencia de búsqueda de evidencia biológica, de fecha 10/06/2010 realizada en el inmueble situado en la calle Trilce Nº 787 Santiago de Chuco, en presencia de los peritos biólogos quienes con el uso de la lámpara de luz Wood ultravioleta procedieron a realizar la búsqueda de evidencias en las frazadas, colchones y prendas de vestir que se encuentran en la habitación, tomando como fragmentos papel higiénico usado, un retazo del forro del colchón de la primera cama, una toalla higiénica usada la misma que presenta manchas sospechosas a la luz forense (folios 22-23). - El certificado médico legal Nº 137-10-H, de fecha 03/06/2010 practicado a la menor agraviada de iniciales M.L.R.G., que concluye que presenta himen dilatado con laceración a nivel de la horquilla vulvar. Enfermedad de transmisión sexual. No coito contra natura (folios 12-13). - Certificado Médico Legal N° 110-2010-SS, de fecha 29/10/2010 practicado por personal de la Unidad Médico Legal de Trujillo a la menor agraviada, concluyendo que: “(…) no presenta lesiones traumáticas externas paragenitales ni extragenitales, himen dilatado, no presenta signos de acto contra natura, presenta signos de infección de transmisión sexual (…)” (folios 124). - Dictamen Pericial Servicio de Biología Forense Nº 2010232, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Lima, concluyeron que las muestras analizadas como papel higiénico encontrado entre las frazadas, retazo de forro de colchón de 19 x 24 cm., y toalla higiénica usada con alas, concluyeron que las manchas encontradas en las muestras al ser sometidas a la

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Prueba Bioquímica de la Fosfatasa fueron Negativas y no se observaron espermatozoides (folios 51-56).

- Dictamen pericial Nº 2011098, de fecha 08/03/2011 practicada al imputado Carlos Liñán Rodríguez, concluye que no presenta Sífilis, HIV, Hepatitis B y Hepatitis C (folios 137). - Protocolo de Pericia Psicológica Nº 053-2010 DML/SCH/PSC, de fecha 16/06/2010 practicada a la menor agraviada, que presenta: “(…) Reacción ansiosa depresiva de tipo situacional, con indicadores presentes de perturbación sexual en relación a experiencias sexuales tempranas. Veracidad de testimonio, la examinada mantiene lucidez, no obstante posee escasa coherencia en algunos aspectos de su narratividad. Valoración del daño psíquico, signos de estrés y tensión asociados a situación vivencial perturbadora que atraviesa con alteración conductual subsecuente, presente en preadolescente con personalidad en proceso de estructuración inmadura e inestable con rasgos dependientes (…)” (folios 28-32). - Evaluación Psiquiátrica N° 002504-2011-PSQ, practicada al imputado Carlos Liñán Rodríguez, concluye que: “(…) No presenta trastorno psicopatológico de psicosis. Personalidad con rasgos disociales y narcisistas. Disfunciones sexuales, al estímulo sexual, refiere responder muy ardientemente (carga erótica muy fuerte). Se sugiere la asesoría de psicología clínica para una mejor conducción de su personalidad y sexualidad (…)” (folios 151-156). - Protocolo de Pericia Psicológica N° 002593-2011-PSC, practicado al imputado Carlos Liñán Rodríguez, concluye que presenta: “(…) personalidad con rasgos disociales. Dificultad en sus rasgos de o social por introyecciones inadecuadas y escasa capacidad introspectiva. Dificultad en el control racional de sus impulsos agresivos (…)” (folios 175-177). - Dictamen Pericial Nº 2010224, tomado a la agraviada el 02/06/2010, realizado por biólogos forenses, quienes concluyen que en la muestra de contenido vaginal no se observan espermatozoides, en la muestra microbiológica presenta regular cantidad de células epiteliales y abundantes leucocitos, se observan abundantes cocos grampositivos agrupados, algunos diplococos gram positivos

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y algunos cocobacilos grampositivos. No se observaron espermatozoides ni gérmenes gonocócicos. La muestra fue inadecuada para determinar otro tipo de ITS (folios 43). - La declaración de la menor agraviada de iniciales M.L.R.G., indica conocer al imputado Carlos Liñán Rodríguez pues era inquilino en su casa, que no tenía amistad, pero siempre le fastidiaba a veces le silbaba, la primera vez que fue víctima de abuso sexual, fueron en circunstancias que realizaba su tarea y a pesar de que la puerta de su habitación estaba cerrada, el imputado ingresó violentamente y le tapó la boca y le agarró de las manos, luego la llevó a su cama y la violó, en esa ocasión sangró mucho, y no contó nada de los hechos porque el imputado la amenazó, que las veces que ha sido víctima de violación sexual, el imputado ha subido en dos oportunidades a su habitación, la primera vez que la forzó fue encima de su cama y sobre la primera frazada, la segunda vez ha sido sobre la tercera frazada (folios 33-37). - La declaración del perito Félix Ángel Medina Oré, médico legista de la Unidad Médico Legal de Santiago de Chuco, que practicó el reconocimiento médico legal N° 137-10-H a la menor agraviada, indica que la menor presentaba himen dilatado, que es una variante del himen complaciente, en el caso de la agraviada tenía un himen dilatado porque la apertura himeneal era amplia y eso es ocasionada por coito, y hay sangrado si durante la relación sexual se causa laceraciones de otras partes ajenas al himen como por ejemplo labios menores, clítoris, horquilla perineal, horquilla vulvar, el himen complaciente puede sangrar cuando el pene supere la elasticidad del himen o cuando se haga en posiciones no convencionales, explica que coito significa la introducción no solo del pene sino cualquier otro objeto, mientras que la cópula es la exclusiva introducción del pene en la cavidad anatómica, agrega que en la menor tuvo una cópula sexual, y que al momento que examinó a la menor esta no presenta lesiones traumáticas recientes (folios 46-48). 6. Analizados los actos de investigación recogidos en el contexto del marco normativo y doctrinario antes precisado, se aprecia que existen indicios suficientes y concurrentes que permiten establecer que la menor

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agraviada de iniciales M.L.G.R. de 14 años de edad ha sido víctima de violación sexual por parte del imputado Carlos Liñán Rodríguez, quien tenía alquilado un cuarto en el primer piso del inmueble situado en la calle Trilce Nº 787 Santiago de Chuco, domicilio de propiedad de Domingo Paredes Paredes, padre de la agraviada, donde funcionaba una sastrería, situación que aprovechó para tener amistad y conocer a los integrantes, entre ellos a la menor agraviada. Los actos de investigación que acreditan el carnal, son los certificados médicos que dan cuenta que la menor si bien tiene himen dilatado, el examen presentó enfermedad de transmisión sexual, de lo cual se concluye categóricamente que ha tenido carnal, pues el médico legista de la Unidad Médico Legal de Santiago de Chuco, Dr. Félix Ángel Medina Oré, indica que la menor ha tenido cópula sexual, es decir, que ha existido introducción del pene en su cavidad anatómica, asimismo, la vinculación del hecho con el imputado se determina con la sindicación sostenida que le formula la menor agraviada, y si bien en la entrevista psicológica la menor presentaba escasa coherencia en algunos aspectos de su narratividad, debe tenerse presente que también se precisa que su narración es veraz, por lo que algunas imprecisiones periféricas no pueden enervar a priori la imputación, más aún si además de ello, no existe móvil alguno para que la menor agraviada impute falsamente tales hechos al imputado, cuya estadía en el inmueble donde residía la agraviada, también ha sido acreditada con el acta de inspección preliminar efectuada por el fiscal del caso. En ese sentido estos elementos probatorios resultan suficientes para pasar al juicio oral, pues estos no han sido enervados por la pericia biológica practicada en la muestra obtenida al imputado Carlos Liñán Rodríguez, que da cuenta que no presenta enfermedad de transmisión sexual, pues debe tenerse presente que la muestra fue obtenida un año después (08/03/2011) de acontecidos los hechos.

III. DISPOSICIÓN Por lo expuesto, esta Fiscalía Superior Penal, de conformidad con el artículo 346 inciso 2 del NP, así como las facultades otorgadas por el Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio, DISPONE: RECTIFICAR la solicitud de sobreseimiento en la investigación seguida contra Carlos Liñan Rodríguez por la presunta comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad de

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VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio de la menor de iniciales M.L.P.G. Devolver los actuados a la señora Fiscal Provincial Coordinadora para que proceda a reasignar el caso a un nuevo fiscal, quien deberá proceder a formular acusación conforme a los fundamentos de la presente disposición.

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• Acusación

CARPETA FISCAL Nº 8888-2007 EXPEDIENTE: Nº 6765-2008 ESPECIALISTA: JUAN PEREDA FORMULO ACUSACIÓN SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA C.L.N.R., Fiscal Provincial del Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio procesal en las intersecciones de las Avenidas Jesús de Nazareth y Alcides Carrión, cuarto piso oficina 401, a usted con el debido respeto expongo: De conformidad con lo prescrito por los artículos 343 y 349 del NP, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, procedo a formular ACUSACIÓN contra M.A.B.B. como autor del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en agravio de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA. IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO M.A.B.B., identificado con DNI Nº 1111111, natural de Trujillo, nacido el 1 de diciembre de 1970, con domicilio real en Av. San Martín de Porras Nº XXX Urb. San Andrés Trujillo, y con domicilio procesal en Jr. Bolívar 627 Oficina 106 Trujillo. MEDIDA COERCITIVA PERSONAL Contra el acusado M.A.B.B. se ha impuesto la medida coercitiva personal de comparecencia simple.

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HECHO MATERIA DE IMPUTACIÓN FÁCTICA El acusado M.A.B.B. transfiere a Edgar la propiedad del inmueble ubicado en sito Mz. Z Sub Lote N° 03-D de la Urb. Portales del Golf, y para poder concretar la transferencia el referido acusado con fecha 13 de marzo del año 2008, ingresa la documentación necesaria en la Notaría Paredes Haro, y para acreditar el pago del impuesto predial y de los derechos de alcabala del citado inmueble, y así poder concretar la venta, dentro de la documentación presenta unas constancias de no adeudo (Del N° 024182007 hasta el N° 02427-2007), supuestamente emitidas por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, pero que en realidad han sido falsificadas. TIPO PENAL MATERIA DE IMPUTACIÓN Que, los hechos descritos encuadran el supuesto de hecho típico de falsedad material en su modalidad de uso de documento público falso, previsto en último párrafo del artículo 427 del Código Penal, ya que este tipo de constancias de no adeudos son documentos que emiten funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco –específicamente el Director de istración Tributaria–, quien tiene la condición de funcionario público en ejercicio de sus funciones(1). Tipo penal que resulta aplicable porque el acusado M.A.B.B., hizo uso de las referidas constancias de adeudos falsas signadas con los números N° 024182007 hasta el N° 02427-2007 como si fueran legítimas, con la finalidad de efectuar la transferencia del inmueble ubicado en sito Mz. Z Sub Lote N° 03-D de la Urb. Portales del Golf. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 1. Las copias certificadas de las constancias de no adeudo falsificadas con números del 02418-2007 al 02427-2007, que contienen todos los datos de los documentos falsos, de folios 32 a 41 de la carpeta fiscal.

(1)

Se entiende por documento público a todo aquel que ha sido formalizado según los requisitos legalmente establecidos por un funcionario público que ejerza función pública, R.N. N° 5407-97.

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2. El Informe Nº 164-2007 MDVLH-DAT, emitido por el Director de istración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, que indica que las referidas constancias constituyen documentos falsos, de folios 44 a 45. 3. Las copias certificadas de las constancias de no adeudo auténticas, cuya numeración ha sido tomada y consignada en las constancias falsas de folios 12 a 31 de la carpeta fiscal. 4. El informe remitido por la Notaría Paredes Haro, que mediante CARTA Nº 05-2008-NDPH, indica que las constancias de no adeudo fueron entregadas en la Notaría por el acusado M.A.B.B. 5. La declaración de Edgar y de la testigo Janet Paucarcaja García, quienes coinciden en señalar que las constancias de no adeudo fueron entregadas por el acusado en la Notaría Paredes Haro. 6. La declaración de M.A.B.B., quien acepta ser el responsable del uso de los documentos falsos que son objeto del presente proceso. PARTICIPACIÓN QUE SE LE ATRIBUYE AL IMPUTADO Se le imputa el delito al acusado en calidad de AUTOR DIRECTO del delito de uso de documento público falso, en mérito a las circunstancias precisadas en el acápite anterior de la presente acusación. CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD PENAL No existe ninguna circunstancia que modifique la responsabilidad del acusado. PENA SOLICITADA Luego, de la verificación de la pena previstas por el artículo 427 del Código Penal y atendiendo a los criterios de individualización de la pena previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal, se tiene que el acusado es una persona que no posee antecedentes penales; y en consecuencia, al advertirse que no se ha generado una grave afectación a los intereses del agraviado (Municipalidad Distrital de Víctor Larco), ya que los pagos pendientes de alcabala e impuesto predial ya se han efectuado por parte del señor Edgar; y en ese sentido se solicita una pena de TRES años de pena privativa de libertad suspendida y el pago de 50 días multa.

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REPARACIÓN CIVIL REQUERIDA De conformidad a lo prescrito por el artículo 93 del Código Penal, se establece que la reparación civil comprende: la restitución del bien o el pago de su valor, más una indemnización. En el presente caso, al haberse efectuado los pagos pendientes de alcabala e impuesto predial, por parte del señor Edgar; y además por tratarse de un delito de peligro la reparación civil debe referirse únicamente a la indemnización, que a criterio de Ministerio Público debe fijarse en S/500.00 a favor de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA SU ACTUACIÓN EN JUICIO DOCUMENTALES 1. Las copias certificadas de las constancias de no adeudo falsificadas con números del 02418-2007 al 02427-2007, que contienen todos los datos de los documentos falsos, de folios 32 a 41 de la carpeta fiscal. 2. El Informe Nº 164-2007 MDVLH-DAT, emitido por el Director de istración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, que indica que las referidas constancias constituyen documentos falsos, de folios 44 a 45. 3. Las copias certificadas de las constancias de no adeudo auténticas, cuya numeración ha sido tomada y consignada en las constancias falsas de folios 12 a 31 de la carpeta fiscal. 4. El informe remitido por la Notaría Paredes Haro, que mediante CARTA Nº 05-2008-NDPH, indica que las constancias de no adeudo fueron entregadas en la Notaría por el acusado M.A.B.B. DECLARACIONES 1. La declaración testimonial de Edgar R.R.N., quien declarará respecto a la autoría del hecho que es objeto de la presente acusación; y para ello será notificado en su domicilio ubicado en Mz. V Lote 7 Urb. La Merced Trujillo.

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2. La declaración testimonial de Janet Paucarcaja García, quien declarará respecto a la autoría del hecho que es objeto de la presente acusación; y para ello será notificado en su domicilio ubicado en calle Juan XXIII Nº 274 2do piso, Departamento 201 Urb. Pay Pay. 3. La declaración testimonial de Fernando Antonio Morales Armas, quien declarará respecto a la falsedad de los documentos que son objeto de la presente acusación; y para ello será notificado en su domicilio ubicado en Jr. Manco Cápac Nº 516 Urbanización Santa María Trujillo. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez, tramitar la presente conforme a Ley, y en su momento se emita auto de enjuiciamiento, itiendo las pruebas ofrecidas por este despacho fiscal para su actuación en juicio. Trujillo, 12 de marzo de 2009

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•

Auto con el que se corre traslado de la acusación

5° JUZ. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE

: Nº 01207-2012-9-1601-JR-PE-05

ESPECIALISTA

: JOSÉ VERA CHIRINOS

M.P.

: PALACIOS MEDINA, HÉCTOR

IMPUTADOS

: CONTRERAS LÁZARO, YSABEL y otros

DELITO

: ASOCIACIÓN ILÍCITA

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO: Trujillo, veintisiete de diciembre de dos mil doce.ATENDIENDO el requerimiento acusatorio, conforme a lo previsto en el artículo 350 del NP de 2004; CÓRRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DÍAS HÁBILES, para que en forma escrita y motivada, bajo sanción de inisibilidad, puedan: 1) observar formalmente la acusación, 2) deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio de oportunidad o terminación anticipada), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de prueba pertinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. PRECÍSESE que solo será objeto de debate en la audiencia preliminar las solicitudes fundamentadas por escrito y presentadas dentro del plazo legal. COMUNÍQUESE que la carpeta fiscal con todos los elementos de convicción se encuentra en las oficinas de la Fiscalía encargada del caso, para los fines que correspondan. NOTIFÍQUESE a las partes en sus respectivos domicilios procesales adjuntando el requerimiento.

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Escrito de absolución del traslado de la acusación

CARPETA FISCAL Nº 8888-2007 EXPEDIENTE: Nº 6765-2008 ESPECIALISTA: JUAN PEREDA ABSUELVO TRASLADO DE ACUSACIÓN SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA M.A.B.B., en el proceso que se me sigue por el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en agravio de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA, a usted con el debido respeto expongo: De conformidad con lo prescrito por el artículo 350 del NP, dentro del plazo establecido por ley, cumplo con ABSOLVER EL TRASLADO DE LA ACUSACIÓN que se formula en mi contra como presunto autor del delito contra la fe pública en la modalidad de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en agravio de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA. OBSERVACIONES FORMALES Que de conformidad a lo prescrito por el artículo 349 del NP, el escrito de acusación debe ser debidamente motivado y cumplir con ciertas formalidades de naturaleza obligatoria. Que del análisis de la acusación formulada por la representante del Ministerio Público se advierte que no se han cumplido con ciertas formalidades, tales como: a) El no haber indicado los folios de cada uno de los medios de prueba documentales que han sido ofrecidos para su actuación el juicio; b) El hecho de no haber fundamentado la pertinencia, conducencia y utilidad de los medios de prueba ofrecidos; c) No se ha indicado si la pena solicitada es con carácter de efectiva o si se pide una pena suspendida; d) No se ha fundamentado el monto de la reparación civil; e) No se ha precisado la medida coercitiva personal que se ha impuesto contra mi persona en el presente proceso.

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Que las formalidades no observadas se encuentran taxativamente impuestas en el artículo 349, inciso 1, parágrafos c), f), g) y h); y en el inciso 3 del mismo dispositivo del NP. EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN La excepción de improcedencia de acción es un medio de defensa técnico que se encuentra previsto en nuestro ordenamiento jurídico como mecanismo para oponerse al ejercicio de la acción penal cuando el hecho imputado no constituye delito o no es justiciable penalmente, conforme a lo prescrito por el artículo 6 del NP. Que, en nuestro Derecho Penal, las causas para que un hecho no constituya delito o no sea justiciable son varias, y dentro de ellas se pueden destacar: las causas de atipicidad (objetiva y subjetiva), las causas de justificación y las causas de exculpación; todas ellas previstas en la parte general del Código Penal (artículos: 14, 20, 25, etc.). La excepción de improcedencia de acción constituye una cuestión que además de las exigencias sustantivas ya anotadas, requiere de la evidencia de los presupuestos materiales que la sustentan al momento de su formulación; es decir, que esta excepción opera cuando es evidente que el hecho imputado no constituye delito o no es justiciable penalmente. Que en el presente caso se me acusa de haber utilizado documentos falsos consistentes en constancias de no adeudos de impuestos de alcabala y predial supuestamente emitidas por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (del N° 02418-2007 hasta el N° 02427-2007), respecto del inmueble ubicado en sito Mz. Z Sub Lote N° 03-D de la Urb. Portales del Golf. Que este hecho se realizó el 13 de marzo del año 2008 cuando se realizaban los trámites notariales previos al acto jurídico de compraventa a favor de Edgar, ya que dentro de la documentación requerida entregué a los funcionarios de la Notaría Paredes Haro, los documentos falsos que acreditaban el pago del impuesto predial y de los derechos de alcabala del citado inmueble. Del análisis del hecho que es objeto de acusación se establece que se trata de un hecho atípico, ya que no concurre una exigencia del tipo objetivo del delito de falsedad material, referido al perjuicio, pues según el planteamiento acusatorio, mi conducta habría consistido en entregar los

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los documentos ante la Notaría para celebrar la compraventa de un inmueble que no es de propiedad de la municipalidad, sino del señor Edgar, en tal sentido, la celebración de ese acto jurídico no perjudica en lo absoluto a la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, aun cuando los documentales sean falsificados. De lo anterior y sin necesidad de entrar a discutir el fondo del asunto se establece que, la imputación formulada en mi contra carece de relevancia penal y no cumple con los presupuestos del delito imputado; es decir, que los hechos imputados no constituyen delito ni son justiciables penalmente y en consecuencia debe declararse fundada la presente excepción, como se establece a continuación. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Documental. Reporte de movimientos de mi cuenta de ahorros del Banco de Crédito del Perú, a fin de acreditar que el 12 de marzo de 2008 realice un retiro de S/. 100.00 para darle al tramitador al cual le encargué obtener las constancias de no adeudo presentadas a la notaría. Testimonial. Declaración de mi conviviente A.M.J.P., identificada con DNI Nº 11121314, con domicilio en Av. Fátima 380, Urbanización La Merced, Trujillo, quien declarará acerca de la forma como se obtuvieron las constancias de no adeudo por las que ahora se me acusa. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted señor juez tener por absuelto el traslado de la acusación y se declaren fundadas las pretensiones desarrolladas en el presente escrito y que se desarrollarán en la audiencia de control. Trujillo, 22 de junio de 2006

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Acta de audiencia de control de acusación

PROCESO COMÚN : Nº 01207-2012-9 ASISTENTE DE CAUSAS : JOSÉ ANTONIO VERA CHIRINOS ASISTENTE DE AUDIENCIAS : ERWIN RODRÍGUEZ MELÉNDREZ

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA DE REQUERIMIENTO MIXTO: ACUSACIÓN INTRODUCCIÓN: En la ciudad de Trujillo, siendo las 14:11 HORAS DEL DÍA LUNES 01/04/2013, en la Sala de Audiencias del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dirigida por el señor juez Juan Martín Ramírez Sáenz, se realiza la audiencia preliminar de REQUERIMIENTO MIXTO: ACUSACIÓN: Contra los acusados 1) Ysabel Corvera Ventura, 2) Jhonatan Pérez Cerna, y 3) Luis Luna Paz, como presuntos coautores del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal, la conducta de 1) y 2), como presuntos autores del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES, regulado en el artículo 279 del Código Penal; pero además la conducta de 1) como presunta autora del delito de RECEPTACIÓN, tipificado en el artículo 194 del Código Penal, en agravio de LA SOCIEDAD, ESTADOMINISTERIO DEL INTERIOR y SANDRA DOMÍNGUEZ QUIÑÓNEZ, audiencia que será registrada en el sistema de audio. ACREDITACIÓN 1. FISCAL: JOSÉ CARLOS ANTICONA MINCHOLA. 3FPPCT 2. ABOGADO PARTICULAR: Alfonso Ágreda Gaytán, con CALL N° 567890, con domicilio procesal en Casilla N° 540 del Colegio de Abogados de La Libertad. Por la defensa de Luis Luna Paz. 3. ABOGADO DE YSABEL CORVERA VENTURA: Espinoza Cacho Enrique, con CALL N° 89157, con domicilio procesal en el Jr. Diego de Almagro N° 245 Of. 317.

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4. ABOGADO PARTICULAR: Juan Leyva Asencio. CALL Nº 86613. Domicilio procesal: Calle San marcos 261, Urb. San Andrés III etapa Trujillo. Por la defensa de Jhonatan Pérez Cerna. RESPECTO AL REQUERIMIENTO ACUSATORIO: RESOLUCIÓN Nº 17: Declara la validez formal de la acusación. DEFENSA DE JHONATAN PÉREZ CERNA: Presenta observaciones a los medios de prueba del Ministerio Público: Consistente en Fotografías en las que se aprecia a la imputada Ysabel Corvera Ventura portando diversas armas de fuego, no deben ser itidas por no ser conducentes pertinentes ni útiles, en todo caso resuelva a usted conforme a derecho. Asimismo se opone a la isión de las copias certificadas de la Carpeta Fiscal N° 735-2012 en cuaderno anexo. FISCAL: Absuelve la observación de la defensa de Pérez Cerna, y manifiesta que este medio de prueba son conducente, pertinente y útil. RESOLUCIÓN Nº 18: Se resuelve declarar infundada la oposición de la defensa de PÉREZ CERNA, se declara inisible todas las pruebas del fiscal. ABOGADO DE LUIS LUNA PAZ: Presenta pruebas. FISCAL: Se opone a la isión de los testigos Juan Romero García, Walter Segundo Olaya Vergara, Charles Jhon Gutiérrez Silva, Venancio Flores Gonzales, en vista [de] que no son pertinentes para el desarrollo del presente proceso. RESOLUCIÓN Nº 19: Declara fundado la oposición de Fiscalía y se declara inisible las pruebas del acusado; declaraciones de Juan Romero García, Walter Segundo Olaya Vergara, Charles Jhon Gutiérrez Silva, Venancio Flores Gonzales, y se ite la declaración de Juditza Raico Guevara y Johan Antonio Asmat Castañeda. ABOGADO DE YSABEL CORVERA VENTURA: Presenta pruebas en este acto, no obstante NO haberlo presentado dentro del plazo de diez. FISCAL: Que se declare improcedente, el pedido de la defensa de Corvera Ventura.

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RESOLUCIÓN Nº 20: Declara IMPROCEDENTE las pruebas ofrecidas por la defensa de CORVERA VENTURA. DEFENSA DE JHONATAN PÉREZ CERNA: En este acto se desiste de sus medios de prueba ofrecidos, y se reserva su derecho para ofrecerlos en la etapa pertinente. RESOLUCIÓN Nº 21: Se tiene por desistido de parte de la defensa de PÉREZ CERNA de los medios de prueba ofrecidos. RESERVAS: ABOGADO DE YSABEL CORVERA VENTURA: Se reserva su derecho respecto de las pruebas que no fueron itidas en esta etapa. IMPUGNACIÓN: Ninguna. MEDIOS TÉCNICOS DE DEFENSA ABOGADO DE YSABEL CORVERA VENTURA: En esta etapa y no obstante NO haberlo planteado dentro de los diez días, plantea el sobreseimiento de la presente causa. FISCAL: Solicita que se declare IMPROCEDENTE el pedido del señor abogado de la defensa de Ysabel Corvera Ventura. RESOLUCIÓN Nº 22: Se resuelve declarar IMPROCEDENTE la pretensión del abogado de Ysabel Corvera Ventura, respecto al sobreseimiento planteado. ABOGADO DE LUIS LUNA PAZ: Plantea el sobreseimiento de la presente causa respecto de su patrocinado, es la primera vez que está incurso en estos hechos, su nunca su patrocinado ha estado incurso en hechos de este tipo, por que solicita que se declare fundado su el sobreseimiento, no existe posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos fundados que permitan acreditar la participación de su patrocinado con los hechos materia de investigación. FISCAL: Solicita que se declare INFUNDADO el pedido del señor abogado de Luis Luna Paz.

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RESOLUCIÓN Nº 23: Se resuelve declarar INFUNDADA la pretensión del abogado de Luis Luna Paz, y se desestima su sobreseimiento. ABOGADO DE JHONATAN PÉREZ CERNA: Sustenta su requerimiento de sobreseimiento respecto al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, planteado dentro de los diez días, por lo que solicita que se declare fundado su sobreseimiento. FISCAL: Solicita que se declare INFUNDADO el pedido del señor abogado de la defensa de Jhonatan Pérez Cerna, en vista [de] que esta no es la instancia apropiada para solicitar el sobreseimiento planteado por la defensa. RESOLUCIÓN Nº 24: Se resuelve declarar INFUNDADA la pretensión del abogado de Jhonatan Pérez Cerna, respecto al sobreseimiento planteado. AUTO DE ENJUICIAMIENTO: RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTICINCO: AUTOS Y VISTOS, Dado cuenta con la audiencia preliminar de acusación desarrollada conforme a lo previsto en los artículos 351 y 352 del NP y habiéndose efectuado el control jurisdiccional positivo de los requisitos formales y sustanciales del requerimiento acusatorio que habilitan un pronunciamiento de fondo del conflicto jurídico penal en la siguiente etapa de juzgamiento, SE RESUELVE: Dictar AUTO DE ENJUICIAMIENTO contra los acusados: 1) Ysabel Corvera Ventura (con DNI N° 18711112, natural de Lambayeque, sus padres Gilberto y María, con domicilio real en la Mz. “A” Lote. “12” II Etapa - Urb. Las Flores - La Esperanza, 2) JHONATAN PEREZ CERNA (con DNI N° 80476153, natural de Trujillo, nacido el 03/06/1993, sus padres son Walter y Lucrecia, con domicilio real en la Mz “C-29” Lote 1-III Urb. Las Flores La Esperanza, 3) Luis Luna Paz (con DNI N° 32494736, natural de Trujillo, La Libertad, sus padres son RICARDO Y ANGIE, con domicilio real en Los Reyes N° 829-La Esperanza parte baja), acusados por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo; la conducta de Ysabel Corvera Ventura, Jhonatan Pérez Cerna y Luis Luna Paz, como presuntos coautores del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, en agravio de la SOCIEDAD, delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal,

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la conducta de Ysabel Corvera Ventura y Jhonatan Pérez Cerna, como presuntos autores del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES en agravio del ESTADO, regulado en el artículo 279 del Código Penal; pero además la conducta de Ysabel Corvera Ventura como presunta autora del delito de RECEPTACIÓN, tipificado en el artículo 194 del Código Penal, en agravio de LA SOCIEDAD, ESTADO-MINISTERIO DEL INTERIOR y Sandra Domínguez Quiñónez. Se hace la precisión que se trata de un concurso real de delitos y de conformidad con el artículo 50 del Código Penal, se debe proceder a sumar las penas privativas de libertad que les corresponda por cada delito independiente. Requiriendo para la acusada Ysabel Corvera Ventura la sanción de DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad y DOSCIENTOS CINCUENTA DÍAS MULTA, como coautora del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, la sanción de DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad como autora del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES, y la sanción de DOS AÑOS de pena privativa de libertad y SESENTA DÍAS MULTA, como presunta autora de RECEPTACIÓN; en consecuencia le corresponde que se imponga en total la sanción de VEINTIDÓS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Requiriendo para Jhonatan Pérez Cerna la sanción de OCHO AÑOS de pena privativa de libertad y CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA, como coautor del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, en agravio de LA SOCIEDAD y la sanción de SEIS AÑOS de pena privativa de libertad como autor del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MUNICIONES en agravio del ESTADO. En consecuencia le corresponde que se imponga en total la sanción de CATORCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Finalmente se requiere la sanción de OCHO AÑOS de pena privativa de libertad y CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA como coautor del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR; Por otro lado, se solicita el pago de S/. 3 000.00 que deberán abonar los acusados Ysabel Corvera Ventura, Jhonatan Pérez Cerna y Luis Luna Paz de manera solidaria a favor de LA SOCIEDAD;

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se solicita que el pago de S/. 2 000.00 que deberán abonar los acusados Ysabel Corvera Ventura y Jhonatan Pérez Cerna a favor del ESTADOMINISTERIO DEL INTERIOR-CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL y finalmente se solicita el pago de S/. 800.00 que deberá abonar Ysabel Corvera Ventura a favor de Sandra Domínguez Quiñónez.PARTE ACUSADORA: MINISTERIO PÚBLICO: ítase como pruebas: TESTIMONIALES: 1) Mayor PNP. José H. Soto Zúñiga, quien será notificado a través de la Of. De personal de la III-DIRTEPOL-Trujillo. 2) SOS PNP. Ricardo Rivera Desposorio, quien será notificado a través de la Of. De personal de la III-DIRTEPOL-Trujillo. 3) SO3 PNP. Jaqueline Frontano Gamarra, quien será notificado a través de la Of. De personal de la III-DIRTEPOL-Trujillo. 4) SOB PNP. Héctor Camus Huaripata, quien será notificado a través de la Of. De personal de la III-DIRTEPOL-Trujillo. 5) Declaración de Sandra Domínguez Quiñónez, con domicilio real ubicado en la calle Los Maizales Mz. T Lote 16 Dpto. 301-V Etapa de la Urb. San Andrés II Sector de esta ciudad. 6) Declaración de Willy Orlando Saldaña Llatas con domicilio real ubicado en Jr. Guzmán Barrón N° 357-359 de la Urb. Palermo de esta ciudad. 7) Declaración de Charles Jhon Gutiérrez Silva, con domicilio real ubicado en la Mz. A33, Lote. 30-III Etapa de la Urb. Manuel Arévalo del Distrito de la Esperanza-Trujillo. PERITOS: 1) SOS.F.PNP Edgar M.A. Rocha Rojas, perito balístico con domicilio en Santo Toribio de Mogrovejo N° 387 de la Urb. San Andrés de esta ciudad de Trujillo (complejo policial).

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2) SOB PNP Pedro Nicolás Marreros Bernato, perito balístico forense con domicilio en Santo Toribio de Mogrovejo N° 387 de la Urb. San Andrés de esta ciudad de Trujillo (complejo policial). 3) SOB PNP Luis Romero Castañeda, perito, con domicilio en Santo Toribio de Mogrovejo N° 387 de la Urb. San Andrés de esta ciudad de Trujillo (complejo policial). 4) Capitán Ing. PNP Manuel A. Sánchez Pereda, perito ingeniero forense con domicilio en Santo Toribio de Mogrovejo N° 387 de la Urb. San Andrés de esta ciudad de Trujillo (complejo policial). DOCUMENTALES: 1) Acta de intervención policial. 2) Acta de registro personal e incautación. En el que se detalla la cantidad de celulares y otros bienes que fueron encontrados en poder de Isabel Corvera Ventura al momento de su intervención. 3) Formulario ininterrumpido de cadena de custodia. En el que se detalla el recorrido de los bienes encontrados en poder de la imputada Isabel Corvera Ventura. 4) Acta de registro personal e incautación. En el que se detalla la cantidad de bienes que fueron encontrados en poder del imputado Jhonatan Pérez Cerna al momento de su intervención. 5) Acta de registro personal e incautación. En el que se detalla la cantidad de bienes que fueron encontrados en poder del imputado Luis Luna Paz, al momento de su intervención. 6) Acta de registro vehicular e incautación. 7) Formulario ininterrumpido de cadena de custodia. En el que se detalla el recorrido de los bienes encontrados en el interior del vehículo de placa C1Q-678. 8) Acta de visualización de memoria telefónica. 9) Fotografías en las que se aprecia a la imputada Ysabel Corvera Ventura portando diversas armas de fuego.

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10) Acta de registro domiciliario e incautación realizado en el inmueble de la imputada Ysabel Corvera Ventura. 11) Formulario ininterrumpido de cadena de custodia. En el que se detalla el recorrido de los bienes encontrados en el interior del domicilio de la imputada Ysabel Corvera Ventura. 12) Copia certificada de denuncia policial. 13) Copia de Boleta de la motocicleta marca ITALIKA. 14) Oficio N° 139-12-INPE/15-132/RP. 15) Oficio N° 2583-2012-RDC-CSJLL/PJ. 16) Carta TPS-83030000-JNF-0204-2012. 17) Carta TSP-83030000-JNF-0349-2012. 18) Copias certificadas de la Carpeta Fiscal N° 735-2012 en cuaderno anexo. PRUEBA MATERIAL: (EN PODER DEL MINISTERIO PÚBLICO) 1) Arma de fuego tipo revolver, marca taurus con serie N° YD-297423, con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia. 2) Un celular Samsung MP3 MUSIC de color negro con una raya azul con serie RUESC87490Y, un chip movistar 8951065031108484463 con memoria micro SD de 2GB, con número 953663240, con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia. 3) Un celular Samsung de color plomo, negro con serie RVCQC71351Z, un chip movistar 8951065031108484465, con número 953663218, con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia. 4) Un celular Samsung de color negro plomo, despintado con serie RVNQ18 (no se visualiza el resto de números), un chip claro 8951100112055140972f, con numero 979394328, con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia. 5) Un celular blackberry-movistar IMEI N° 3562000021577495, un chip movistar 064020821379192, con memoria San Disk Micro SD de 1 Gb, con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia.

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6) Un celular de color plomo negro con serie 905cypy117392, un chip movistar 8931061031120585978, con memoria kingmax MICRO SD de 512mb, con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia. 7) Un celular NOKIA de color negro con azul con IMEI N° 01240/00/648554/0, con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia. Un celular motorota-W231, de color negro rojo y blanco con IMEI N° 011649001639781, con chip movistar N° 064020811273595, con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia. 8) Un estuche de caja de municiones de revolver marca REMINTONG (1), con su respectivo formulario ininterrumpido de cadena de custodia. PARTE ACUSADA: ACUSADO LUIS LUNA PAZ: ítase como pruebas: TESTIMONIALES: 1) Juditza Raico Guevara, con DNI N° 44333691, con domicilio en la Esmeralda N° 493-Santa Verónica La Esperanza. 2) Johan Antonio Asmat Castañeda, con DNI N° 70029176, con domicilio en la Av. San José N° 484-Alto Moche. TÉNGASE como partes constituidas del presente proceso a la representante del Ministerio Público, AL ACTOR CIVIL-ESTADO-MINISTERIO DEL INTERIOR representado por el procurador público César Augusto Segura Calle y a los acusados Ysabel Corvera Ventura, Jhonatan Pérez Cerna y Luis Luna Paz COMUNÍQUESE que el proceso no fue declarado complejo y que los acusados Ysabel Corvera Ventura y Jhonatan Pérez Cerna, se encuentran con mandato de prisión preventiva desde el 02/03/2012 por el plazo de 18 meses (según audiencia de prolongación de prisión preventiva de fecha 07/11/2012) y el acusado Luis Luna Paz tienen la medida de comparecencia con restricciones, REMÍTASE las pruebas itidas al Juzgado Penal COLEGIADO encargado del juicio oral, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de dictada la presente resolución, auto de enjuiciamiento NOTIFICADO en audiencia, sin observaciones de los presentes.

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ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL Introducción........................................................................................................... 5

CAPÍTULO I Fundamentos del sistema acusatorio garantista I.

Aspectos generales del sistema procesal acusatorio garantista.................... 11 1. La reforma procesal penal en el Perú...................................................... 11 2. El modelo procesal que inspira al NP del año 2004........................... 17 II. Principios que inspiran al sistema procesal acusatorio garantista................ 24 1. Principio acusatorio................................................................................. 25 2. Debido proceso........................................................................................ 26 3. Principio de oralidad................................................................................ 28 4. Principio de contradicción....................................................................... 31 5. Principio de igualdad............................................................................... 33 6. Principio de tutela procesal efectiva........................................................ 35 7. Derecho de defensa.................................................................................. 36 8. Presunción de inocencia.......................................................................... 40 9. Principio de publicidad............................................................................ 43 III. La estructura del proceso penal común......................................................... 45 IV. La litigación estratégica en el sistema procesal acusatorio garantista.......... 47

CAPÍTULO II La denuncia y las diligencias preliminares I.

II.

La denuncia................................................................................................... 57 1. Noción..................................................................................................... 57 2. Diferencias con la querella...................................................................... 59 3. Clases de denuncia.................................................................................. 61 Las diligencias preliminares de investigación.............................................. 69 1. Noción..................................................................................................... 69 2. Finalidad de las diligencias preliminares de investigación..................... 71

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William Arana Morales 3. Plazo de las diligencias preliminares....................................................... 72 4. Formas de realización de las diligencias preliminares............................ 80 5. Contenido de la disposición de diligencias preliminares........................ 83 6. La reserva y el secreto de la investigación.............................................. 85 Modelos................................................................................................................. 88

CAPÍTULO III Restricción de derechos fundamentales y búsqueda de pruebas I.

Aspectos generales........................................................................................ 119 1. Restricción de derechos fundamentales................................................... 121 2. Finalidad de las medidas que restringen derechos fundamentales.......... 124 3. Clases de medidas que restringen derechos fundamentales.................... 124 4. La confirmatoria de las medidas que restringen derechos fundamentales............................................................................................................ 130 II. Regulación de las medidas que restringen derechos fundamentales............ 141 1. Control de identidad policial................................................................... 141 2. Controles policiales públicos en delitos graves....................................... 143 3. Videovigilancia........................................................................................ 144 4. Las pesquisas........................................................................................... 145 5. La intervención corporal.......................................................................... 145 6. El allanamiento........................................................................................ 148 7. La exhibición e incautación de bienes..................................................... 150 8. La exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados. 152 9. Interceptación e incautación postal......................................................... 154 10. Intervención de comunicaciones y telecomunicaciones.......................... 156 11. Aseguramiento e incautación de documentos privados........................... 159 12. Levantamiento del secreto bancario........................................................ 160 13. Levantamiento de la reserva tributaria.................................................... 161 14. Clausura o vigilancia de locales e inmovilización.................................. 161 Modelos................................................................................................................. 163

CAPÍTULO IV Los criterios de oportunidad I. II.

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Noción de criterios de oportunidad............................................................... 227 El principio de oportunidad.......................................................................... 230

Manual de Derecho Procesal Penal 1. Antecedentes............................................................................................ 230 2. Principio de oportunidad y principio de legalidad.................................. 231 3. Noción de principio de oportunidad........................................................ 232 4. Finalidad del principio de oportunidad.................................................... 233 5. Modelos de regulación del principio de oportunidad.............................. 234 6. Supuestos en los que es posible aplicar el principio de oportunidad...... 235 7. Impedimentos para la aplicación de los criterios de oportunidad........... 242 8. Trámite para la aplicación del principio de oportunidad......................... 243 III. El acuerdo reparatorio................................................................................... 246 1. Supuestos en los que es posible aplicar el acuerdo reparatorio............... 246 2. Trámite para la aplicación del acuerdo reparatorio................................. 246 Modelos................................................................................................................. 248

CAPÍTULO V Ejercicio de la acción penal pública, archivo y reserva de la investigación I. II.

Ejercicio de la acción penal.......................................................................... 265 El archivo de la investigación....................................................................... 266 1. Clases de archivo de la investigación...................................................... 267 2. Prohibición de nueva denuncia y reapertura de investigación................ 268 III. La reserva provisional de la investigación.................................................... 269 IV. La solicitud de elevación de actuados........................................................... 270 1. Legitimidad para interponerla................................................................. 270 2. El plazo.................................................................................................... 272 3. Alternativas del fiscal superior................................................................ 275 V. La acusación directa...................................................................................... 276 1. Naturaleza jurídica................................................................................... 276 2. Fundamentos............................................................................................ 277 3. Presupuestos para su aplicación.............................................................. 277 4. Acuerdo plenario..................................................................................... 278 VI. Formalización de la investigación preparatoria............................................ 286 1. Disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria...................................................................................................... 286 2. Características de la investigación preparatoria...................................... 287 3. Diligencias de la investigación preparatoria............................................ 288 4. Actos especiales de investigación........................................................... 290 5. Condiciones de las actuaciones de investigación.................................... 293

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William Arana Morales 6. Efectos de la formalización de la investigación...................................... 295 7. El plazo de la investigación preparatoria y la conclusión de la investigación preparatoria.................................................................................. 296 8. Control de plazos de investigación preparatoria..................................... 301 VII. Medidas coercitivas del proceso penal......................................................... 303 1. Aspectos generales.................................................................................. 303 2. Medidas coercitivas personales............................................................... 304 VIII. Medidas coercitivas reales............................................................................ 327 1. El embargo............................................................................................... 327 2. Orden de inhibición................................................................................. 330 3. Desalojo preventivo................................................................................. 331 4. La incautación cautelar............................................................................ 331 5. Medidas preventivas contra las personas jurídicas.................................. 337 6. Pensión anticipada de alimentos.............................................................. 338 IX. Mecanismos tutelares.................................................................................... 339 1. Control de actos de investigación............................................................ 339 2. Control de plazos..................................................................................... 339 3. Tutela de derechos................................................................................... 341 X. Medios de defensa técnicos.......................................................................... 346 1. Cuestión previa........................................................................................ 347 2. Cuestiones prejudiciales.......................................................................... 348 3. Excepciones............................................................................................. 350 XI. Constitución e incorporación de sujetos procesales..................................... 355 1. Constitución de actor civil....................................................................... 355 2. Incorporación del tercero civil................................................................. 360 3. Incorporación de las personas jurídicas................................................... 361 Modelos................................................................................................................. 364

CAPÍTULO VI La etapa intermedia I. II. III. IV.

V.

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Noción y fases de la etapa intermedia.......................................................... 557 Finalidad de la etapa intermedia................................................................... 558 Inicio de la etapa intermedia y plazo para formular el requerimiento.......... 560 Alternativas del fiscal.................................................................................... 561 1. El requerimiento de sobreseimiento........................................................ 562 2. La acusación............................................................................................ 566 Trámite del requerimiento de sobreseimiento............................................... 570

Manual de Derecho Procesal Penal 1. Traslado del requerimiento...................................................................... 570 2. Absolución del traslado del requerimiento de sobreseimiento............... 571 3. Audiencia de control de sobreseimiento.................................................. 571 4. Alternativas del fiscal superior................................................................ 572 5. Clases de sobreseimientos....................................................................... 573 VI. Trámite posterior a la acusación................................................................... 574 Modelos................................................................................................................. 586

Índice general......................................................................................................... 633

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