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El contractualismo: Hobbes, Locke y Rousseau María Teresa Glez. Cortés

1.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA El asociacionismo es una doctrina política que excede y sobrepasa a Hobbes, Locke y Rousseau, pues desde el pensador griego Glaucón (s. V-IV a. C.), supuesto hermano de Platón, hasta los filósofos norteamericanos John Rawls (1921-2002), Robert Nozick (1938-2002) y James M. Buchanan (1919- ), a lo largo de los siglos ha ido desfilando un sinfín de autores que tienen, en común, la defensa del pactismo en y dentro de la cosa pública. Sin duda, las palabras más antiguas relacionadas con el asociacionismo están en boca de Glaucón, el cual defendía que era < >.1 Ahora bien, aunque este dato es absolutamente cierto, sin embargo fue la Escuela de Salamanca, con los filósofos españoles Francisco de Vitoria (183-1546), Francisco Suárez (1548-1517) y Vázquez de Menchaca (1512-1569), la que en los inicios de la Edad Moderna empezó a apoyar la tesis de contrato social. En concreto, el vallisoletano Fernando Vázquez de Menchaca sostuvo en sus Controversias fundamentales y otras de más frecuente uso (1595) la naturaleza contractual de la ley, esto es, el origen convencional de las instituciones políticas. Influido por la Escuela de Salamanca, el filósofo holandés Hugo Grocio (1583-1645) destacaría que la constitución política es consecuencia de un pacto, que toda organización de la sociedad política viene precedida por un contrato social.

2.- La idea de contrato social Antes de que el filósofo idealista alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) negara la existencia del contrato social, el empirista inglés David Hume (1711-1776) nunca llegó a aceptar, por exceder los límites de la experiencia, la existencia del contrato social. A diferencia de Hume, Hobbes y Locke, que también eran británicos y empiristas, por el contrario sí creyeron y defendieron que in illo tempore nuestros antepasados se reunieron y firmaron un contrato social. ¿Con qué fin? Con el fin de sentar las bases de la convivencia política. Los defensores del contractualismo intentaban explicar los orígenes del Estado para, a partir de hipótesis más o menos verosímiles, extrapolar el pasado al presente y justificar de este modo la naturaleza del poder político. Dicho de otra manera. Los que apoyaban la teoría del contrato social procedían a reconstruir los caminos de la Historia dando por Platón, República, ed. Gredos, Madrid, 1986, libro II, 358e-359a. Traduce Conrado Eggers Lan. 1

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supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que, en su opinión, bien podían haber ocurrido. Dos fueron los paladines del contractualismo en el ámbito anglosajón: Thomas Hobbes y John Locke. El primero influirá en Rousseau, el segundo tendrá enorme ascendencia sobre el pensamiento político liberal de Montesquieu. Añadamos a lo expuesto un dato de gran valor: la idea de contrato social rompía novedosamente con la idea del origen divino de las instituciones sociales.

a) Thomas Hobbes (1588-1679): Cuando Hobbes procedió en su obra Leviatán (1651) a exponer los ejes de su filosofía política, en su Inglaterra natal pugnaban dos partidos. Por un lado, estaban los “Monárquicos”, que apoyaban los fundamentos de la monarquía absoluta aduciendo que esta institución procedía directamente de Dios. Y, por otro, estaban los “Parlamentaristas”, cuyos reclamaban, por medio de la instauración de un gobierno asambleario democrático, la limitación de la soberanía real. Hobbes, que no se inclinó por ninguna de estas concepciones, se movía en el eclecticismo. Y aunque mantuvo la creencia de que la autoridad reside en la persona del rey motivo por el cual fue criticado por los Parlamentaristas-, también subrayó que el poder del monarca no provenía de Dios –razón por la que fue rechazado entre los Monárquicos-. Para Hobbes, que expuso sus ideas en su obra Leviatán (1651), los seres humanos habían vivido asilvestrados, sin normas y no conociendo más ley que la fuerza. De hecho, antes de entrar en sociedad, cada hombre podía desplegar su poder y, por instinto de autoconservación, emplear la violencia frente y contra los demás. Y ello con el fin de salvaguardar su vida. Empleando la sentencia del escritor Plauto (c. 254-184 a. C.) «homo homini lupus», Hobbes desarrolló la idea de que en el estado de naturaleza «homo homini lupus», el hombre es el lobo para el hombre. Lo cual implicaba que para salir de tan atroz situación fue necesario, argumentaba Hobbes, un poder centralizado (el Estado) que humanizara la realidad, un Estado fuerte, Leviatán, que impusiera la paz favoreciendo que cada hombre renunciara a su derecho originario de autodefensa. Pero, ¿cómo se alcanzaba ese Leviatán o cómo se cedía el dominio individual a favor de la potestad y jurisdicción del Estado? ¿Cómo se podía unificar dentro de una estructura política los deseos de todas y cada una de las personas? Pues, por medio de un pacto social. Así, según Hobbes, el Estado era fruto de un contrato libre entre seres humanos que, al acatar y reconocer la autoridad del Estado, decidieron perder su libertad. Y no solo eso: a cambio de protección (defensa de la vida, de la paz y de la propiedad), itían someterse ante quien o quienes poseían el poder político.

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En la perspectiva de Thomas Hobbes el Estado estaba istrado bien por un individuo o bien por una elite que, en calidad de soberano o soberanos, regía los destinos y controlaba la voluntad del Estado. La monarquía (gobierno de uno solo) o, en su caso, la aristocracia (élite) poseería de manera absoluta todos los resortes del poder político. Lo cual hacía que el poder fuese, de principio a fin, indivisible. Y además de que nunca existía espacio para la soberanía popular, en el modelo contractual hobbesiano de obediencia sumisa a la Ley no había posibilidad alguna de libertad personal y política. Tampoco cauces para elevar quejas ante la injusticia del Poder.

b) John Locke (1632-1704): Locke compartió con Hobbes la creencia de que el pacto social bastaba por sí para explicar el origen del Estado. A pesar de este paralelismo, Locke no aceptó nunca que el contrato social fuera un medio para despojar a la ciudadanía de sus derechos y justificar, de paso, el poder absoluto. En opinión de Locke los seres humanos, antes de la creación de la sociedad civil, vivían libres e iguales, y todos poseían independencia y derechos. El estado natural, fruto de la arquitectura de la mano de Dios, estaba condicionado por una ley natural. Y esa ley natural consistía en que nadie dañara a nadie ni nadie atentara contra la vida, la libertad y la propiedad de nadie. A diferencia de la concepción pesimista de Hobbes sobre la ley del más fuerte, Locke desarrolló una visión optimista acerca del estado de naturaleza. De hecho, para este filósofo los derechos naturales (a la vida, a la salud, a la libertad, a la propiedad) resultaban inalienables, es decir, eran derechos que pertenecían por naturaleza al ser humano y no podían ser enajenados bajo ninguna circunstancia o por ningún motivo. Ahora bien, si en el estado de naturaleza cada persona había de respetar los preceptos que marcaba la ley natural y, llegado el caso, esa persona podía castigar al que transgrediendo dichos preceptos generase daño, ¿cómo era posible lograr imponer la razón en medio de actos de sinrazón o, lo que es igual, cómo era posible que un individuo en un acto de legítima defensa fuese al mismo tiempo juez, parte y verdugo? Fueron estas limitaciones, inherentes al estado de naturaleza, las que según Locke motivaron el abandono del estado natural y, a la postre, hicieron posible la aceptación de un contrato social. Dicho de otro modo. Los seres humanos se constituyeron en comunidad tras renunciar a su originario derecho natural (a defenderse, a juzgar y castigar los delitos). Es más, al pactar la creación de un poder público y colectivo (el Estado) buscaron los medios para lograr no solo la imparcialidad de las leyes, sino una autoridad competente para que las leyes se cumplieran con justicia y desde la equidad.

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Podía, no obstante, ocurrir que el Estado, alejándose de su función (el bien del pueblo y la defensa del derecho natural de todos y cada uno de los ciudadanos), dejase tanto de aplicar los criterios de imparcialidad como de utilizar el principio de justicia social. En esa circunstancia, precisa Locke, el pacto social quedaría totalmente destruido, completamente anulado. ¿Y ello por qué? Porque, a juicio de Locke, si la constitución del Estado nunca supone la pérdida o anulación de los derechos naturales, existentes en el estado de naturaleza, entonces ningún poder puede valer más que la libertad de los individuos y ninguna persona y/o institución tiene potestad para actuar imponiendo su derecho sobre los derechos de la ciudadanía.

2.- El modelo liberal de Estado El modelo liberal de Estado parte de la defensa de los derechos personales y, por tanto, de la necesidad de limitar las acciones del Estado sobre la vida comunitaria de los individuos. El desarrollo del modelo liberal, que arranca con Locke, va íntimamente ligado a los sucesos que provocaron la apertura política de Gran Bretaña. Centrémonos por un momento en su conocida Bill of Rights (o Declaración de Derechos). Lores y comunes, eclesiásticos y temporales presentaban una Bill of Rights a Sus Majestades Guillermo y María, príncipes de Orange, el 13 de febrero de 1689 señalando:

[1] Que el pretendido poder de suspender las leyes o la aplicación de las mismas, en virtud de la autoridad real y sin el consentimiento del Parlamento, es ilegal [...]. [4] Que toda exacción de impuestos por o en beneficio de la Corona, so pretexto de la prerrogativa real, sin consentimiento del Parlamento, por un tiempo mayor o en forma distinta de aquella en que fue autorizada, es ilegal. [5] Que es un derecho de los súbditos presentar peticiones al Rey, siendo ilegal cualquier acción o procedimiento contra los peticionarios [...]. [8] Que las elecciones de los del Parlamento deben ser libres. [9] Que la libertad de expresión, los debates y actuaciones en el Parlamento no puedan ser juzgados ni investigados por otro Tribunal distinto del Parlamento. [10] Que no deben exigirse fianzas exageradas, ni imponerse multas excesivas ni aplicarse castigos crueles o desacostumbrados [...].

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[13] Y para remediar todos estos agravios, y para conseguir la rectificación, aprobación y mantenimiento de las leyes, el Parlamento debe reunirse con frecuencia. Leído parte del articulado de este documento, se observa que los ciudadanos pretenden tanto rebajar la fiereza del gobierno absolutista como poner fin a los atropellos que procedían de la autoridad omnímoda del rey. Y ello, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que el Estado no posea un poder despótico, esto es, ilimitado; pero, al mismo tiempo, con el objetivo de que las personas no vean desaparecer sus derechos ante la preeminencia y voracidad de quien gobierna el Estado. Teniendo en cuenta estas coordenadas políticas, Locke hará una defensa de la libertad política y propondrá desde la idea de seguridad jurídica:

a) que los gobernantes deben ejecutar las leyes desde y por el bien de la sociedad; b) que la justicia constituye el único y isible límite de actuación de los gobernantes; c) que tal límite de actuación es siempre infranqueable; d) que la actuación de la autoridad procede y arranca de las leyes que emanan del poder legislativo que representa al pueblo; e) que el Estado ha de velar por la tolerancia, esto es, por la libertad de conciencia y la libertad de religiosa, y abstenerse en inmiscuirse en litigios de índole moral y/o religiosa. Así que, frente a la obediencia absoluta de la ciudadanía que preconizó Hobbes, Locke recuerda, siguiendo los criterios jurídicos de la Escuela de Salamanca, que las instituciones y sus gobernantes están para servir al pueblo, y no al revés. Es más, igual que el estado de naturaleza podía, a juicio de Locke, degenerar en actos de violencia de unos hombres contra otros –de ahí que fuera necesario la creación de un poder político estatal capaz de garantizar los derechos naturales a todos los ciudadanos, apuntó Locke-, también y del mismo modo cabía la posibilidad de que ocurriera, según Locke, que los representantes de la autoridad del Estado, una vez constituida la sociedad civil, transgrediesen los derechos naturales “inalienables” de las personas. Para impedir tal eventualidad, Locke intentó diluir y frenar el despotismo del Poder

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(personal y/o político). Por eso, consideró necesario fragmentar la autoridad del Estado en tres parcelas separadas e independientes: 1.- el poder legislativo (dedicado a la elaboración de las leyes), 2.- el poder ejecutivo (encargado de sancionarlas y buscar su aplicación) 3. y el poder federativo (ocupado en asuntos internacionales).

A diferencia de la defensa del autoritarismo que propuso Hobbes, tendente a anular la capacidad de decisión de los individuos, el modelo liberal que desarrolló Locke nunca tuvo por meta que las personas perdieran sus derechos y prerrogativas por el hecho de vivir al cobijo de la autoridad. Al contrario, Locke en su Tratado sobre la tolerancia (1667) procedió a reafirmar “sin excepciones” la libertad del individuo dentro del Estado y a justificar que los ciudadanos conservan su derecho de autodefensa frente y ante los abusos del poder político.

3.- El modelo populista de Jean-Jacques Rousseau Rousseau (1712-1778) fue uno de los precursores del Romanticismo. El hechizo que durante generaciones provocaron sus escritos provino, anticipándose a Nietzsche, de la forma oracular con la que hablaba: «Yo quiero mostrarme a mis semejantes como un hombre con toda la verdad de la naturaleza. Y ese hombre seré yo», escribía Rousseau. Dicho esto, y para entender el modelo de Estado de este filósofo nacido en Ginebra (Suiza), conviene recordar que es un defensor de la teoría del pacto social y que, como Hobbes, itió que la constitución del Estado supone la renuncia de los derechos naturales de las personas. Conocedor de la teoría política de Montesquieu sobre la división del poder en poder legislativo, ejecutivo y judicial, Rousseau jamás empleó tal teoría. ¿Por qué? Porque, igual que Hobbes, reivindicó la necesidad de un Estado absoluto e indivisible. Y es que, aunque apeló a la tradición democrática, la idea de democracia que Rousseau tenía en mente estaba inspirada en el modelo aristocrático de las ciudades de la Antigüedad (Esparta, Atenas y Roma). Sabido esto, no hay que olvidar que en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (1754) Jean-Jacques llegó a afirmar que el desarrollo de la civilización contribuía a reforzar los vicios y debilidades humanas y que, lejos de ser una muestra ilustrada de progreso, la civilización constituía un signo de regreso, de involución, de retroceso. Su propuesta incluía, pues, inyectar en el corpus político la simiente moral de la virtud, de la perfección y de la armonía. Con tal objetivo, en su obra El contrato social, o Principios del derecho político (1762) Rousseau pondría en marcha su utopía dotándola de una dimensión ética. Rousseau quería salvar a la sociedad para salvar la 6

condición natural y espiritual del ser humano. Y, de paso, recuperar la bondad y felicidad originales. Por eso, según Rousseau, la única posibilidad de regeneración espiritual se realizaba por medio de un contrato social en el que los derechos políticos fuesen a su vez deberes morales. Entroncando el problema de la vuelta a los valores de la naturaleza humana con el problema de la constitución de la sociedad, Rousseau trata de organizar una sociedad democrática en la que el acuerdo mutuo entre cada una de las partes (o pacto social) sea capaz de reformar las instituciones políticas, de elevar la condición moral de los seres humanos y, por supuesto, sea capaz de integrar a todos y a cada uno de los individuos sin excepción dentro de las tareas del Estado. El Contrato Social rousseauniano.Según Rousseau con el contrato social se originó el Estado. Con el contrato social cada sujeto vivía en, para y por el Estado, volcándose sin titubeos en el ordenamiento civil, pues en el ámbito de lo colectivo el individuo hallaba su desarrollo pleno. Anhelando como Hobbes el horizonte comunitario de convergencia y uniformidad, Rousseau en su obra El Contrato social (1762) trata de construir una organización política en la que el Estado reúna la voluntad de los que lo constituyen. Pero, además, estaba tan convencido de que el Estado podía representar el vínculo de unidad, que llegó a hablar de una persona colectiva, el Pueblo. La soberanía del Pueblo se expresaría mediante la voluntad general, es decir, se pronunciaría de forma unificada y asambleariamente. Eso implicaba a juicio de Rousseau que: «Mientras más armonía exista en las asambleas, es decir, mientras más se acerquen las opiniones a la concordia, más dominará la voluntad general; mientras que los debates largos, las discusiones, el tumulto, anuncian la preponderancia de los intereses particulares y la decadencia del Estado». En el modelo político de Rousseau el poder residía, al menos en teoría, en el Pueblo, único y legítimo soberano. Sin embargo, desde el momento en que Rousseau prohíbe los intereses particulares, las discusiones y debates, los partidos, las asociaciones y todo aquello que puede alterar la unidad política, resulta que los ciudadanos quedan convertidos de facto en súbditos del Estado. O dicho de otra forma. Rousseau incidía de tal manera en que la voluntad general debía primar sobre las voluntades particulares que él justificaba «obligar a los unos a conformar sus voluntades a su razón, y enseñar al otro a conocer lo que quiere». Y añadía: «cualquiera que se niegue a obedecer a la voluntad general sea obligado por todo el cuerpo». 7

Los hombres tenían, pues, que someterse a los designios que marcaba la Ley, signo visible de la voluntad general. Y debían obedecer, incluso bajo coacciones, los propósitos de la Ley. Y no solo porque habían renunciado dentro del Estado a sus derechos con tal de vivir asociados, sino también porque la Ley era, en opinión de Rousseau, emanación del poder soberano y, por ende, símbolo del poder del Pueblo. Así que, en la perspectiva de Rousseau, desobedecer la Ley implicaba transgredir y rechazar la soberanía popular. Observando estas directrices políticas basadas en la intolerancia, Bakunin, Albert Camus, Isaiah Berlin y Ayn Rand… se opondrán a la filosofía política de Rousseau. En la misma línea que estos autores citados, el filósofo Jacob Leib Talmon (1916-1980) argumentaría que la posición de Rousseau puede ser entendida como democracia totalitaria, como una forma de defender la libertad en tanto < >. ¿Por qué Rousseau es precursor de la idea totalitaria de la democracia? Porque el modelo populista rousseauniano abocaba a la justificación de la tiranía en nombre del Pueblo, y más cuando Rousseau subrayó que: 1. como la ley apunta al todo, no a los individuos, la voluntad general en tanto suma de las voluntades individuales es indivisible e indestructible (El contrato social, lib. IV cap. 1); 2. al Estado y a sus instituciones les es legítimo el recurso de la dictadura para no debilitarse (ibídem, lib. IV cap. 4); 3. si hay opositores se debe proceder a la exclusión de los mismos, los cuales al perder su ciudadanía pasarán a ser considerados extranjeros (ibídem, lib. IV cap. 2); 4. si una persona vulnera y se opone al derecho social, en nombre del Estado es lícito hacer perseguir a esa persona y matarla, pero no como Ciudadano, sino como enemigo: «et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme Citoyen que comme ennemi» (ibid., lib. II, cap. 5).

Puesto que justifica la supremacía del cuerpo social sobre los individuos particulares, en su modelo de Estado los ciudadanos corrían el riesgo de ser convertidos en súbditos, y más cuando los gobernantes disponen, por el poder que emana de la voluntad general, de la potestad de hacer que los del Estado dejen de ser en cualquier momento considerados «ciudadanos». De hecho, a ese enemigo que es desposeído de sus derechos (muerte civil), y al que se refiere Rousseau escribiendo con letra minúscula en señal de desprecio (ennemi: enemigo), se le conduce al cadalso (muerte física) porque no puede aceptar que alguien viva dentro de los muros del Estado sin aceptar ni adherirse a las ideas de sus dirigentes.

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Aunque su filosofía política parece democrática por el uso de los términos “Pueblo” y “Soberanía popular”, “democracia directa”, etc., sin embargo, su modelo de Estado no fue modelo democrático de derecho. Y no constituyó un modelo democrático de derecho porque, lejos del garantismo de Locke y de Montesquieu, para Rousseau el funcionamiento del Estado, además de carecer de sistemas internos de control, se ejerce de manera absoluta y, tras negar el uso de la libertad individual, la ciudadanía queda expuesta a la autoridad omnímoda del Estado.

Para más información, léase: http://www.nodulo.org/ec/2009/n089p11.htm

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