Libro Derecho Bursatil r3t35

INDICE:

Capitulo Primero: GENERALIDADES. I. II. III.

IV.

Concepto del Derecho Bursátil y sus problemas de ubicación en el ámbito jurídico. El carácter federal de la materia que regula a las actividades y entidades financieras y concretamente al Derecho Bursátil. Fuentes del Derecho Bursátil. a. Los usos. b. La costumbre. c. La jurisprudencia. Relaciones del Derecho Bursátil con otras ramas del Derecho. a. Derecho Constitucional. b. Derecho Tributario. c. Derecho istrativo. d. Derecho Penal. e. Derecho Internacional Público. f. Derecho Laboral. g. Derecho Civil. h. Derecho Procesal. i. Derecho Mercantil. Capitulo Segundo: LA INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES.

I.

II. III. IV. V.

Intermediación bursátil. a. Correduría. b. Comisión. c. Correduría y comisión. d. Operaciones por cuenta propia. e. istración y manejo de carteras de valores de propiedad de terceros. El Mercado de valores. Concepto de valores y su diferencia con los títulos de crédito. Elementos de Valores. Oferta pública de valores y sus elementos. a. La declaración unilateral de la voluntad. b. Medios de comunicación para efectuar la oferta. c. La oferta deberá realizarse a persona o personas intermediarias. d. Tiempo para aceptar la oferta pública y posibilidad de revocación por el ofertante. e. Perfeccionamiento de la oferta pública.

VI. VII.

Requisitos para efectuar una oferta pública de valores. Los diferentes emisores de valores en México. Capítulo tercero: LAS INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES.

I. II. III. IV.

Conceptos y fundamentos de la calificación bursátil. Constitución y autorización gubernamental de las Calificadoras de Valores. Metodología para la calificación de valores. Efectos jurídicos de la calificación de valores. Capítulo Cuarto: LOS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE VALORES.

I. II. III. IV. V. VI.

VII.

Instituciones autorizadas para intervenir en el manejo de valores y actividades que pueden ejecutar las Casas de Bolsa. Diferencias entre Casas de Bolsa y otros intermediarios con valores. Requisitos legales para la constitución de las casas de Bolsas. Requisitos istrativos par constitución y funcionamiento de Casa de Bolsa. El contrato de intermediación bursátil y sus diferencias con el contrato de comisión mercantil. Los apoderados para celebrar operaciones con el público inversionista y los apoderados del piso de remates. a. Mandato General. b. Discrecionalidad o no discrecionalidad. c. Secreto Bursátil. d. Otorgamiento del Contrato. Medios de comunicación entre intermediarios bursátiles y su clientela. Capitulo Quinto: EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.

I. II. III. IV. V.

Objeto y antecedentes. Constitución y funciones del Registro Nacional de Valores. Procedimiento para la inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores. Efectos de las inscripciones de valores en el Registro Nacional de Valores. Omisiones en las Reglas para la Organización del Registro Nacional de Valores.

Capitulo Sexto: LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPÓSITO DE VALORES.

I.

II. III. IV.

V. VI.

Antecedentes de las Instituciones para el Depósito de Valores. a. Alemania. b. Francia. c. Bélgica. d. Holanda. e. Suiza. f. España. g. Estados Unidos de Norteamérica h. México. Requisitos legales para la constitución de una Institución para el Depósito de Valores. Requisitos istrativos para la constitución y funcionamiento de una Institución para el Depósito de Valores. Actividades que pueden realizar las Instituciones para de Depósito de Valores. a. Depósito y Guarda de Valores. b. Servicios de istración. c. Servicios de compensación de valores. d. Liquidación de Valores. e. Transferencia de Valores. Actividades de depósito de valores que presta el Banco de México. Guarda de Valores a personas extranjeras. Capitulo Séptimo: LAS BOLSAS DE VALORES. I. Generalidades y antecedentes de las Bolsas de Valores. II. Requisitos Legales para la Constitución de una Bolsa de Valores. III. Requisitos istrativos para la constitución y funcionamiento de las Bolsas de Valores. IV. Los sistemas de negociación extrabursátil. V. Formas en que se concentran las operaciones en las Bolsas de Valores. a. Órdenes en bolsa de valores otorgadas por el propietario o por el adquirente de los valores. b. Operaciones por su forma de liquidación. c. Operaciones por su forma de concentración. VI. Operaciones del Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores S.A de C.V. a. Reconocimiento de mercados de valores extranjeros. b. Reconocimiento de emisores extranjeros. c. Procedimientos para reconocimiento de mercados y emisores extranjeros, reconocimientos directos y revocaciones. Capitulo Octavo: LAS CONTRAPARTES CENTRALES DE VALORES.

I. II.

Generalidades y objeto. Requerimientos legales para la constitución de una Contraparte Central de Valores. Requisitos istrativos para constitución y funcionamiento de las Contrapartes Centrales. Breve descripción operativa.

III. IV.

Capitulo Noveno: LOS EMISORES DE VALORES, SOCIEDADES ANÓNIMAS BURSÁTILES, SOCIEDADES ANÓNIMAS PROMOTARS DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES PROMOTORAS DE INVERSIÓN BURSÁTIL. I. II. III. IV. V.

Los emisores de Valores. Sociedades Anónimas Bursátiles. Antecedentes de otras sociedades anónimas que promueven la inversión. Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión. Sociedades Anónimas Promotores de Inversión Bursátil. Capitulo Decimo: LAS INFRACCIONES Y LOS DELITOS EN LA MATERIA BURSÁTIL.

I. Conceptos de Infracción y Delito. II. Infracciones y sanciones en la Ley del Mercado de Valores. III. Delitos bursátiles y sanciones.

CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES l. CONCEPTO DEL DERECHO BURSÁTIL Y PROBLEMAS DE SU UBICACIÓN EN EL ÁMBITO JURÍDICO

Pocos estudios se han centrado en la materia que nos ocupa, ya que ni siquiera puede considerarse que ésta constituya una rama de Derecho independiente y predeterminada, es decir, separada del Derecho Mercantil; en efecto, existen problemas de ubicación tanto del llamado Derecho Bancario, como del aplicable a las actividades e Instituciones de Seguros y Fianzas, incluyendo al Derecho que regula las actividades de las Organizaciones Auxiliares del Crédito, así como el aplicable a las Agrupaciones Financieras y el relativo al quehacer bursátil. Debido a que el contenido de las materias jurídicas recién anotadas se basa en gran medida en la caprichosa descripción que el legislador mexicano ha efectuado del acto de comercio (del que ni siquiera existe un concepto uniforme) en el artículo 75 del centenario Código de Comercio, éstas tradicionalmente se han ubicado dentro del Derecho Mercantil, siendo que, si bien es cierto que tales materias han nacido de la descodificación del citado Código, no pueden considerarse enteramente como un subnúcleo del comercio y las actividades a él asimiladas, ya que el Derecho que regula las actividades bancarias, las de Instituciones de Seguros y Fianzas, las propias a las Organizaciones Auxiliares del Crédito, las relativas a las Agrupaciones Financieras y las bursátiles, trasciende de la esfera del Derecho Privado al que pertenece aquél para situarse también dentro del ámbito del Derecho Público, en virtud de la existencia de autoridades que regulan, supervisan e inter vienen de forma efectiva en las actividades que desarrollan los intermediarios financieros en nuestra nación, actividades que no se ejecutan como en otras ramas del Derecho en las que intervienen solamente cuando son instadas por los particulares al efecto; las autoridades pertenecientes al sistema financiero mexicano se comportan de forma similar a las pertenecientes al llamado Derecho Tributario, definitivamente enclavado dentro del Derecho Público, dentro de él, las autoridades sin supervisar la celebración de todas y cada una de las conductas que pueden constituir un hecho generador de la obligación tributaria, tienen facultades suficientes para intervenir y revisar en todo momento cualquiera de tales situaciones y aún más, pueden requerir a los particulares la información correspondiente a las mismas, así como la presentación de las declaraciones aplicables a cada caso concreto; por ende, consideramos que la descodificación mercantil en materias financieras obedeció precisamente a la incapacidad del Derecho Mercantil de aglutinar todos los componentes de las entidades del medio financiero moderno y sus actividades. El Derecho que regula las actividades del sector financiero mexicano es un Derecho especial, comparable en su estructura y conformación al Derecho Fiscal o Tributario, ya que incluye por una parte normas aplicables a los particulares que intervienen en los procesos financieros, que definitivamente

pertenecen al sector privado del Derecho, y por otra parte regula las actividades desarrolladas por las autoridades que podrán y deberán atender el desenvolvimiento de tales procesos en la práctica diaria, actividades que no pueden encuadrarse sino dentro del Derecho Público, es decir interactúan dentro del proceso de las propias actividades materia del mal llamado Derecho Bancario, del Derecho Bursátil y de aquellas ramas que como ya quedó expresado, ni siquiera reciben un nombre como las reguladoras de las Agrupaciones Financieras, Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Seguros e Instituciones Mutualistas y las aplicables a las Fianzas e Instituciones de Fianzas. Es nuestra intención que queden debidamente entendidas las premisas anotadas en los párrafos anteriores, por lo que debemos afirmar que las materias aplicables a las Instituciones y actividades del sistema financiero presentan una dualidad de ubicación tanto en el Derecho Público como en el Derecho Privado debido a la incapacidad de ambos de regularlas por separado; por una parte estas materias se extienden a la regulación de la convivencia de los particulares en el desenvolvimiento o actualización del medio financiero y de sus actividades, pertenecientes todas ellas al Derecho Privado, como lo son la intermediación con valores, las actividades crediticias, la expedición de una Fianza, el otorgamiento de un bien en arrendamiento financiero, etcétera, todos ellos actos de comercio; por otra parte, estas ramas del Derecho rigen a las Instituciones y actividades que supervisarán el desenvolvimiento y desarrollo de las operaciones propias del sector financiero, pudiendo en todo momento suspender aquellas que consideren que no se apegan a las sanas prácticas del Mercado e incluso las que resulten violatorias de la legislación aplicable; a este respecto puede consultarse la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que en su artículo 4° expresa con claridad las actividades de supervisión, vigilancia, posibilidad de intervención, suspensión y cancelación de las actividades de los intermediarios sujetos a su competencia; por esas razones no puede concretarse con claridad que el Derecho Bursátil así como el que rige a las demás materias jurídicas del sector financiero como la Banca, los Seguros, etcétera, se enclaven del todo dentro del estudio o del Derecho Mercantil o del Derecho Público, puesto que constituyen una nueva categoría de Derecho que regula tanto las actividades que pueden desarrollar los particulares corno la actuación de las autoridades que los supervisan, haciendo de esta última actividad no una disposición formal sino efectiva; no obstante y como expresamos anteriormente, la actuación de dichas autoridades no se realizará necesariamente a petición de los interesados como sucede en el Derecho en general, sino que de motu proprio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, y de Seguros y Fianzas, así como el propio Banco de México intervendrán controlando a las Instituciones que prestan

servicios financieros, regulación que abarca desde la emisión de circulares normativas hasta la obligación de las entidades del medio financiero de presentarles sus Estados Financieros, de donde pueden detectarse actividades que las autoridades revisarán, cuestionarán y en caso de ser contrarias a las disposiciones legales aplicables, ordenarán su suspensión. Es indispensable resaltar esta última visión de la materia que nos ocupa, debido a la importancia que tiene la actuación de las autoridades en la misma; es cierto que dichas autoridades no supervisan todas y cada una de las operaciones practicadas por las Entidades del sector financiero como pueden ser todos los depósitos bancarios de dinero que se realizan ,diariamente, las compraventas de valores o la expedición de todas las pólizas de Fianza, sin embargo, aleatoriamente revisan las que consideran pertinentes o las que "al azar" son seleccionadas, pudiendo ordenar visitas de inspección en donde se allegarán de toda la documentación que al efecto exista en una o varias Instituciones. Relacionado con lo anterior, podemos compararla con la materia penal; en efecto las autoridades istrativas del Poder Ejecutivo que intervienen en la investigación de los delitos o de posibles conductas que pueden tipificarlos, no están cuidando el comportamiento de todos y cada uno de los gobernados para evitar que incurran ellas, sino que únicamente intervendrán para realizar sus investigaciones cuando exista la denuncia o querella relativa; en materia civil y aún en la materia mercantil las autoridades no revisan siquiera las operaciones que se realizan, no tutelan los contratos que celebran las partes, ni intervienen en las compraventas de bienes, las permutas o los matrimonios cuidando que no sean celebrados con dolo o mala fe, sino que únicamente intervendrán cuando alguna de las partes interesadas inste a la autoridad al efecto, más debiendo en todo momento acreditar su interés jurídico ya que en caso contrario las acciones intentadas serán improcedentes. En materia de las operaciones y entidades del sector financiero como ya quedó anotado, las autoridades intervienen desde el momento de otorgar una concesión a alguna de ellas para que pueda celebrar las actividades que permite cada ley de la materia financiera; desde ese momento, la persona moral que goza de la concesión debe rendir toda clase de informes a la autoridad que la supervisa, debe solicitar permisos para celebrar operaciones análogas a las que por ley le son permitidas, debe enviar mensualmente a la propia autoridad su Estado de Contabilidad para que ésta pueda conocer de buenos y malos manejos en la Institución de que se trata, pudiendo ordenar las visitas que considere necesarias, solicitar le sean enviados para previa aprobación los contratos que pretenda celebrar la Institución con el público en general para cuidar los intereses de éstos últimos, etcétera; en los casos en que alguna o algunas de

las Instituciones no rinda informes, no presente la documentación que le sea requerida, no permita una visita o celebre operaciones para las que no está autorizado, será sancionada por la autoridad pudiendo consistir tal sanción desde la suspensión de la operación y multas, hasta la cancelación de su autorización para celebrar operaciones con el público. Estas situaciones no suceden en otras disciplinas del Derecho, salvo en el mal llamado Derecho Fiscal. Con la expresión de estos razonamientos se confirma la problemática de ubicación y definición de nuestra materia, debido a que dada la estructura jurídica actual del propio sistema financiero mexicano que contiene fuertes-visos de actividad comercial, así como un eminente contendido financiero, es imposible encuadrarla dentro de las materias o mercantiles o financieras, por lo que el Derecho Bursátil junto con las demás estructuras jurídicas que conforman al propio sistema financiero deben ser reconocidas en conjunto como una nueva materia del Derecho, que denominaremos por conveniencia y para efectos de didáctica como Derecho de las actividades y Entidades del Sector Financiero, ya que así se incluirá en ella tanto los actos del Derecho Mercantil como a la rama jurídica que estudia las finanzas, que no son sólo aquellas en las que interviene el Estado Mexicano sino también los particulares, así como la estructura y actividades de las autoridades de la materia, sin que existiese entonces duda sobre su ubicación o contenido; estamos ciertos que nuestra posición es criticable y si se quiere temeraria y que esa denominación puede resultar incompleta, más no puede negarse que pretender ubicar las actividades de las Agrupaciones Financieras, de la Banca, de las Casas de Bolsa, de las Organizaciones Auxiliares del Crédito, de las Compañías de Seguros y de las de Fianzas, así como las de las autoridades que intervienen en su supervisión y control dentro del puro ámbito del Derecho Mercantil resulta fragmentario, así como resultaría incompleto e insuficiente, pretender ubicar al llamado Derecho Bancario, Bursátil y el aplicable a los demás intermediarios y autoridades dentro del llamado Derecho Financiero, que como quedó expresado, no sólo regula las actividades del Estado en esa materia; es cierto que Acosta Romero ha enclavado la mayoría de ellas dentro de su magnífico estudio denominado "Nuevo Derecho Bancario" publicado por esta misma Editorial, pese a lo cual, una Institución de Banca Múltiple no puede expedir contratos de Seguro ni celebrar operaciones de factoraje financiero, aun cuando estemos de acuerdo en que en el futuro se adopte el esquema de Banca Universal, o sea aquella que puede inter venir en la celebración de toda clase y gama de operaciones financieras; de hecho en nuestro estudio publicado también por esta Editorial denominado "Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano", anotamos que ambas materias del saber apuntan a una fusión, lo que se comprueba con la lectura del artículo 113 de la Ley del Mercado de Valores,

que indica que son intermediarios con valores, las instituciones de crédito, las sociedades operadoras de sociedades de inversión, las as de fondos para el retiro, las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y las entidades financieras autorizadas para actuar con el referido carácter de distribuidoras, las que desde luego quedan sujetas a las disposiciones de tal ordenamiento en sus actividades de intermediación con valores,• mismas que pueden celebrar de acuerdo con lo preceptuado en sus diversas leyes, y en el caso de instituciones de crédito, conforme lo ordena la fracción IX del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que confirma nuestro comentario; sin embargo si bien didácticamente pueden fusionarse dos de las materias que componen el medio financiero, de ninguna forma podemos considerar que puedan unirse todas en el Derecho Bancario; más instituido el denominado Derecho de las actividades y Entidades del Sector Financiero, las ramas de que se compone sí pueden estudiarse por separado como en el caso de este trabajo. En relación con todos estos razonamientos y de manera conclusiva, el maestro Andrés Aníbal Sánchez expresa que la legítima preocupación por ir profundizando en el análisis de la realidad, que constituye un rasgo común a todos los sectores del conocimiento, ha determinado la progresiva subdivisión de las disciplinas tradicionales en unidades más pequeñas, las cuales aspiran a convertirse en nuevos centros de atención y de tratamiento científico. Se trata de un proceso natural de especialización interna que en cierto modo ha planteado históricamente la génesis de los derechos nuevos en el marco propio del ordenamiento general, de cuyo seno se separaría tempranamente el propio Derecho Mercantil Ahora bien, para proceder a la elaboración de un concepto que englobe el estudio jurídico de las actividades de las Casas de Bolsa y demás intermediarios cuando actúan en el ámbito bursátil, incluyendo las de supervisión, manejo y control que de ellas efectuarán las autoridades, así como para confirmar nuestros presupuestos de insuficiencia de su ubicación tanto dentro del Derecho Mercantil como del Derecho Financiero, es necesario revisar algunas expresiones doctrínales que en este sentido pueden sernos útiles, encontrado como una aportación muy interesante la expuesta por el Dr. Raúl Cervantes Ahumada' quien apunta que el Derecho es un conjunto coordinado de construcciones ideales, derivadas de un poder público efectivo y• destinadas a actuar o realizarse en la vida humana de relación social; sobre el particular, agrega el Dr. Cervantes que dentro de este concepto se comprenden las diversas categorías de normas (organizativas, definitorias, sancionadoras, etcétera.) Y todas las instituciones (sujetos, cosas, contratos, etcétera.) que integran el vasto campo del ordena miento jurídico; no obstante, no podemos

considerar como el Dr. Cervantes Ahumada que los sujetos seres humanos sean una construcción ideal, debido a que es el ser humano quien crea el Derecho y no el Derecho quien crea al ser humano; asimismo, aun cuando el Derecho crea, entre otras organizaciones ideales a las que se denominan personas morales, una vez constituidas y registradas dejan de convertirse en ideas para convertirse en personas con personalidad jurídica y patrimonio propios; lo que consideramos es ideal, es el comportamiento que jurídicamente deben observar tanto de los seres humanos como las personas morales, a su vez istradas por seres humanos. Por otro lado, es inisible que los seres humanos integren el Derecho como lo pretende este autor e inclusive sirvan para situarse dentro de la definición del Derecho, ya que éste establece patrones de conducta ideales para que los seres humanos las cumplan o eviten su comisión como en la ejecución de conductas delictivas, dirigidos en todos los casos a actuar dentro de la vida social. Derivado del concepto recién invocado el Dr. Cervantes agrega que el Derecho Mercantil es un conjunto coordinado de estructuras ideales, pertenecientes al ordenamiento jurídico general y destinadas a realizarse o actualizarse principalmente en la actividad de la producción o de la intermediación en el cambio de bienes o servicios destinados al mercado general; sin embargo esta concepción nos parece incompleta para los fines que perseguimos ya que no evalúa esa doble posición de la materia jurídica financiera, por lo que reiteramos que la derivación del Derecho Bursátil y de las demás actividades jurídico financieras, no encuadran del todo dentro del Derecho Mercantil, sino únicamente por lo que hace al acto de comercio; todo lo anteriormente comentado parece ser confirmado además, por las disposiciones especiales en materia de quiebras y concursos mercantiles, cuando el quebrado o concursado es una Institución Financiera, ya que en tales casos no se aplican todas las reglas generales de la Quiebra o de los concursos mercantiles a que se sujetan los demás comerciantes. Por otra parte, y como fue anteriormente expuesto, puede pensarse que esta especial rama de Derecho encuadra dentro del llamado Derecho Financiero, del cual el Dr. Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez' expresa que desde el punto de vista cien tífico, no es posible hablar de él como disciplina autónoma, a pesar de lo cual, desde el punto de vista didáctico es tan posible como necesario, ya que puede alcanzarse la unificación homogénea de normas y principios que traten una materia en particular. La palabra Finanzas agrega el Dr. Delgadillo, se deriva de la voz latina FINER que significa "terminar, pagar". Así el concepto de finanzas hace referencia a todo lo relativo a pagar, y que relaciona no sólo el acto de terminar con un adeudo, de pagar, sino también la forma de manejar aquello

con que se paga, y la forma en que se obtuvo, a fin de estar posibilidad de pagar; no obstante, pretender ubicar a la rama especial del Derecho que nos ocupa dentro del Derecho Financiero, también resultaría insuficiente. Con la expresión de estos conceptos Jurídicos, uno de Derecho Privado y otro de Derecho Público, se confirma la problemática de ubicación y definición de nuestra materia como ya lo habíamos expuesto, debido a la propia estructura jurídica actual del sistema financiero mexicano, no obstante lo anterior, el Lic. Octavio Igartúa Araiza expresa que el Derecho Bursátil puede configurar una rama especial o especializada del Derecho Mercantil, integrada por un conjunto de principios y normas que se refieren a las operaciones con valores, a las personas que las ejecutan a título profesional y en general, tráfico bursátil que forma parte importante del complejo engranaje del desarrollo económico. Del concepto invocado pueden deducirse elementos fundamentales de la actividad bursátil, la primera de ellas consistente en que éste constituye una rama especial del Derecho, cual estudia las operaciones con valores y no simplemente la intermediación con ellos, estudia también a las personas que ejecutan tales operaciones desde el punto de vista de la habitualidad profesional, así como el tráfico bursátil, no obstante, del mismo se omite el estudio de las relaciones que presentan los sujetos del Derecho Bursátil con las autoridades de la materia, tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amén del Banco de México, así como el lugar en el que habitualmente se celebran las operaciones con valores y los lugares de depósito los mismos. Así también se centra únicamente en actividades bursátiles, omitiendo aquellas que pueden celebrarse fuera de las Bolsas de Valores. Por lo anterior y una vez razonados los criterios que hemos presentado con anterioridad, podemos establecer el concepto del Derecho Bursátil: "Es una rama de un Derecho nuevo, público y privado por su especial naturaleza, cuyo contenido es el conjunto coordinado de estructuras tanto formales como ideales, que permiten a los seres humanos y a los demás sujetos e instituciones organizar, instrumentar e intervenir en las actividades concernientes a las operaciones con valores y demás documentos que reciban el mismo tratamiento, así como en las operaciones asimiladas al tráfico tanto bursátil como extrabursátil". Del concepto vertido, podemos extraer en resumen los siguientes elementos: 1). El Derecho Bursátil no representa una rama independiente de Derecho, forma junto con el Derecho que regula a las demás actividades y entidades del sistema financiero mexicano, una nueva categoría de Derecho Privado y Público.

2. Si bien es cierto que el contenido esencial de tal Derecho lo componen los valores, no deben soslayarse los papeles y documentos que por ministerio de la Ley del Mercado de Valores deben considerarse como tales y, por tanto, reciben el mismo tratamiento y quedan incluidos dentro de nuestra materia, sobre todo cuando son títulos de crédito innominados, conforme lo refiere el artículo 2° de dicha Ley. 3. Las actividades de organización, instrumentación e intervención en operaciones con valores, incluyen a seres humanos, personas morales e instituciones públicas, por tanto, quedan incluidas las tareas relativas a la calificación de valores, las aplicables a los lugares en donde éstos serán calificados, emitidos, negociados y depositados; así como las actividades de las autoridades que supervisan el sano desenvolvimiento de las operaciones en estudio. De esta premisa se desprenden a las personas que emiten valores, aquellas que calificarán los mismos conocidas como Calificadoras de Valores, a las Casas de Bolsa que negocian con ellos, incluyendo su colocación en el Mercado de Valores, las Bolsas de Valores en donde se realizará generalmente la negociación, las Instituciones para el Depósito de Valores que recibirán los títulos físicos a negociarse y, las autoridades que intervienen en la regulación y supervisión de las operaciones señaladas como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. 4. Las operaciones que circundan al mundo bursátil, no sólo se realizan a través de las Bolsas de Valores, ya que existe la posibilidad de que las Casas de Bolsa negocien valores fuera de ellas según lo apuntan los artículos 109, 204 fracción IV y 223 de la Ley del Mercado de Valores; igualmente es innegable que no todas las actividades que celebran estos intermediarios pertenecen al tráfico bursátil, sin embargo por ser efectuadas por Casas de Bolsa reciben el tratamiento de operaciones extrabursátiles, como lo es el financiamiento que pueden otorgar para la adquisición de valores con garantía de éstos, los fideicomisos bursátiles y las cauciones bursátiles, que en ambos casos no siempre desembocan en la venta de los valores que componen su contenido, sino que incluso por vía del endoso pueden ser restituidos a sus titulares; por tanto, por Mercado Extrabursátil deberá entenderse aquél que incluye instrumentos que tienen todas las características para ser negociados a través de una Bolsa de Valores, pero que no se realizan en ella y, por actividades extrabursátiles, aquellas que no forman parte de las actividades que en Bolsa de Valores deben efectuar las Casas de Bolsa. En este orden de ideas, expuesto ya el concepto y elementos del Derecho Bursátil y para no cometer la injusticia de omitir un concepto de la materia que engloba

todas las actividades y entidades de todo el sector financiero, y únicamente con fines meramente didácticos y de enseñanza y a sabiendas que antes de reconocer su existencia deberá ahondarse más en su estudio y factibilidad, podemos señalar que el Derecho que regula a las actividades y Entidades de todo el Sector Financiero, es una rama de un Derecho tanto público como privado por su especial naturaleza, cuyo contenido es el conjunto coordinado de estructuras tanto formales como ideales, que permiten a los seres humanos y a los demás sujetos e instituciones organizar, instrumentar e intervenir en las actividades concernientes a las Agrupaciones Financieras, al Crédito y sus actividades auxiliares, a los Seguros, a las Fianzas, a las operaciones con valores y demás documentos que reciban el mismo tratamiento, así como en las operaciones asimiladas al tráfico tanto bursátil como extrabursátil, y en general al trafico financiero, todas ellas pertenecientes al sector de la economía de un país. Reiteramos que nuestra posición podrá ser calificada como absurda, temeraria, o como una locura sin parangón, pese a lo cual, también repetimos que no puede negarse la insuficiencia del Derecho Mercantil de regular y aglutinar todos los componentes de las entidades y actividades del sector financiero mexicano, sobre todo cuando se trata de normas de Derecho Público como la concesión, organización y publicidad de los intermediarios, no digamos cuando se trata de ubicar dentro del Derecho Mercantil al marco regulatorio de las autoridades que intervienen en la supervisión y control del medio financiero. II. EL CARÁCTER FEDERAL DE LA MATERIA QUE REGULA A LAS ACTIVIDADES Y ENTIDADES FINANCIERAS Y CONCRETAMENTE AL DERECHO BURSÁTIL. El carácter federal de nuestra materia encuentra su fundamento en lo dispuesto por la fracción X del artículo 73 Constitucional, mismo que dispone que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 Constitucional. De lo antes expuesto, debe resaltarse que el legislador ha distinguido entre la intermediación y los servicios financieros sin razón aparente, ya que estos últimos engloban a aquella, sin que pueda considerarse como una actividad separada, pese a lo cual, puede tratarse de la intermediación comercial en general y no sólo de la intermediación financiera, por lo que la redacción en comentario deja mucho que desear, sin embargo, tanto las actividades comerciales como las financieras son competencia exclusiva del Congreso de la Unión que representa uno de los tres poderes en que se divide la soberanía de nuestra Nación, de

acuerdo con los articules 41 y 49 de la Carta Fundamental; de ahí que los Estados libres y soberanos de que se compone nuestra República, no puedan establecer legislación alguna respecto de las actividades y servicios financieros. En relación con el carácter federal de la materia relativa a la intermediación y servicios financieros, es importante resaltar que las controversias que se susciten en cumplimiento y aplicación de leyes federales como las que nos ocupan, pueden ser dilucidadas a elección del actor, tanto por tribunales federales como por tribunales locales cuando sólo afecten intereses particulares, de acuerdo con lo preceptuado por la fracción I del artículo 104 Constitucional.

III. FUENTES DEL DERECHO BURSÁTIL. El laureado maestro Eduardo García Máynez afirma que de acuerdo con la opinión más generalizada, las fuentes formales del Derecho son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. En contrapartida, el Dr. Cervantes Ahumada' acota que si se le pregunta a una persona respecto del concepto de Derecho, invariablemente responderá: "un conjunto de normas..." de ciertas características. Y si le preguntamos cuáles son las fuentes del Derecho, nos responderá también invariablemente "en primer lugar, la ley..." Y la contradicción pasará generalmente inadvertida. La norma o es el Derecho mismo o es su fuente, pero no puede ser las dos cosas, lo cual sirve para desestimar a la ley como fuente de sí misma; las normas legales no pueden propiciar su nacimiento, es decir, ser su propia fuente. Desafortunadamente Cervantes considera que la única fuente del Derecho es el poder público efectivo del cual emanan las construcciones jurídicas, a lo que no estamos de acuerdo, en virtud que el poder público efectivo se nutre de usos, costumbres y opiniones sobre las construcciones jurídicas ya existentes, para estar en aptitud de expedir nuevas normas de Derecho, ya que éstas no nacen de la nada, sino de la reiteración de usos y conductas que obligan al legislador a contemplarlas para normar su repetición o para evitar la misma cuando son conductas antijurídicas, es por eso que en la formación de las normas de Derecho se requieren dos elementos: inveterara consuetudo et opinio juris seu necessitatis, es decir, la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder y, la opinión de que el uso en cuestión y posteriormente costumbre es jurídicamente obligatoria y, debe por tanto aplicarse. Por lo antes comentado, podemos concretar que las fuentes directas del Derecho Bursátil y del Derecho que regula a las actividades y entidades del sector financiero son los usos, la costumbre y la jurisprudencia, ya que efectivamente la ley no puede ser fuente de sí misma.

a) Los usos: Algunos autores no consideran a los usos como fuente del Derecho, tal es el caso de Salvador Pugliatti que expresa que el uso sólo se aplica porque una norma de ley hace expresa referencia de él; el uso en sentido técnico -afirma este autor- supone la existencia de un elemento subjetivo, que sin embargo, es menos intenso que la opinio juris seu necessitatis, y que consiste sólo en la conciencia de la generalidad del uso. En este caso, el elemento formal se encuentra en la norma que confiere eficacia al uso. Gény citado por García Máynez, define a los usos como las prácticas, generales unas, otras locales o profesionales, que concurren de un modo tácito en la formación de los actos jurídicos, especialmente los contratos, y que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, se sobrentienden en todos esos actos, inclusive, con algunas reservas, en los de carácter solemne, para interpretar o completar la voluntad de las partes. Lo anterior sirve para concluir que en materia bursátil y en general en la aplicable a las entidades del sector financiero, los usos constituyen fuente de las normas que se expiden con posterioridad, ya que como lo expresa Gény, sirven para la formación de los actos jurídicos; el uso es una práctica más o menos reiterada en algún o algunos lugares; cuando ese uso se propaga y se hace consuetudinario, nace la costumbre y, cuando ésta recibe la opinión de los juristas de que es necesaria su incorporación al Derecho, nace la Ley. En cuanto a este tema, resulta muy provechoso e ilustrativo invocar a Andrés Amoal Sánchez, quien anota en relación con la materia bursátil, que la forma de celebrar los contratos mediante frases breves y concisas, generalmente acompañadas de golpes o palmadas, la determinación de la cuantía del negocio por unidades de referencia fijadas en partidas o regimientos, la existencia de ruedas o corros, los característicos procedimientos de liquidación colectiva y la mecánica para impartir y ejecutar órdenes que se dan a los corredores, son prácticas usuales a lo largo del siglo XVII, en el que empiezan a manifestarse también nuevas figuras contractuales como las primas u opciones, que todavía habían de perfilarse ulteriormente o que han alcanzado ya, como sucede con los contratos de doble, una madurez apenas superada por la evolución posterior. Es innegable que los usos constituyen una fuente del Derecho Bursátil, no sólo porque el artículo 5° de la Ley del Mercado de Valores los prefiera antes que a la legislación civil, ya que claramente se determina en tal precepto que su aplicación se hará antes de que se aplicare el Derecho Civil, o porque tanto el artículo 6° de la Ley de Instituciones de Crédito como 2°

de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito les reconoce existencia, sino también porque como lo señala Igartúa Araiza, uno de los criterios más relevantes para entender la naturaleza de los usos, es el referente a los sujetos que concurren a su desarrollo como tal, y no es dudoso que a diferencia de lo que sucede en otros campos, en materia bursátil esos usos no sólo reciben el influjo de los contratantes, sino también de los intermediarios bursátiles e incluso de los órganos de las Bolsas, y esto resulta en que dichas prácticas van incorporándose a textos legales o reglamentarios, constituyendo por ese motivo fuente directa de unos y otros. b) La costumbre: La doctrina casi de forma unánime precisa que ésta no es fuente del Derecho, ya que solamente es jurídicamente obligatoria cuando la ley le otorga ese carácter; empero, en este ultimo supuesto ya constituye una ley porque así lo dispone la propia norma jurídica, es decir se hace de esa costumbre un acto general, impersonal y obligatorio porque aparece en una ley. Desde nuestro particular punto de vista la costumbre sí nutre al Derecho, ya que aparecido un uso que se uniforma con el tiempo nace la costumbre, que se convertirá en ley cuando se le otorgue la opinión de que debe incorporarse al Derecho; puede pensarse que en los orígenes del Derecho Bursátil no existía la obligación de que las Casas de Bolsa contaran con un sistema de recepción y asignación de operaciones, sin embargo para evitar errores, algunos intermediarios los empezaron a usar creando un uso; cuando los técnicos de la materia opinaron que era necesario contar con dicho sistema y se incluyó inicialmente en Circulares y posteriormente en la Ley del Mercado de Valores, nació la obligación general, impersonal y forzosa que alcanza a todos los intermediarios del Mercado de Valores. Con este ejemplo burdo se acredita que la costumbre si es una fuente del Derecho Bursátil. e) La jurisprudencia. García Máynez la define mediante dos acepciones distintas. En una de ellas equivale a ciencia del Derecho o teoría del orden público positivo. En la otra sirve para designar el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. En nuestro Derecho Positivo Mexicano, se le ubica como la interpretación que sobre las normas legales o situaciones jurídicas concretas realizan los tribunales, con el objeto de facilitar la aplicación de las normas de Derecho, más únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados pueden emitirla. Las opiniones que sobre un asunto en particular sean ex presadas o sobre la interpretación de normas jurídicas que se emiten, son denominadas tesis

jurisprudenciales, que constituirán jurisprudencia cuando se pronuncien o existan cinco tesis en un mismo sentido sin ninguna en sentido inverso. Desafortunadamente en nuestro Derecho existiendo jurisprudencia definida sobre alguna situación específica, los tribunales pueden opinar nuevas tesis en contrario formando contradicciones. Ante estos supuestos la Suprema Corte interviene para resolver en definitiva sobre las contradicciones sentando nueva jurisprudencia que puede variar la ya existente. Ejemplo de ello lo encontramos en el Derecho Laboral, que en jurisprudencia ya definida precisaba que en la etapa de conciliación de los juicios laborales, debe comparecer el de la sociedad demandada y no simple apoderado puesto que se viciaría el procedimiento; debido a que tal jurisprudencia dañó en muchas ocasiones a entidades paraestatales como Petróleos Mexicanos por ser materialmente imposible que compareciera a tal etapa procedimental su Director General, en todos los procedimientos en los que PEMEX era demandado como patrón a nivel nacional, algunos Tribunales Colegiados sustentaron nuevas tesis en contrario con la opinión recién expresada, que revisadas por la Corte sentaron nueva jurisprudencia contraria a lo anterior, permitiendo en estos casos la comparecencia de apoderados a la etapa de conciliación. Por las razones expuestas, algunos estudiosos no consideran a la jurisprudencia como fuente del Derecho, debido a que solamente se constituye sobre opiniones en el sentido que presentan las leyes cuando se aplican a casos concretos. No obstante, aun cuando tales opiniones sirvan para que el legislador aclare o reforme las leyes existentes o emita nuevas, en la rama bursátil, las opiniones que sobre asuntos concretos han emitido los Tribunales son excesivamente reducidas, por los escasos conflictos que se plantean ante las autoridades en esta especie del Derecho. IV RELACIONES DEL DERECHO BURSÁTIL CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO. Como quedó expresado con anterioridad, el Derecho Bursátil pertenece a una subespecie del Derecho que regula todas las actividades financieras mexicanas y a los sujetos que en ellas intervienen, por lo que concretándonos exclusivamente a la materia bursátil como toda actividad del vasto ordenamiento jurídico, tiene relación con las siguientes materias: a) Derecho Constitucional Ésta es una rama del Derecho Público que contiene el con junto coordinado de estructuras tanto formales como ideales, relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de éstos entre sí y

con los particulares, por ende, existe relación entre ambas ramas, desde el momento en que los particulares son concesionados por aquél para intervenir en el proceso financiero que puede impactar la economía nacional y los fines que persiga el propio Estado, de manera ejemplificativa, todo el Derecho que regula a las entidades financieras encuentra su nacimiento primario en los artículos 25 Constitucional relativo al desarrollo eco nómico nacional en el que pueden intervenir particulares; 28 Constitucional relacionado con la erradicación de monopolios, ya que cualquier grupo de personas que reúnan los requisitos que establecen las leyes financieras puede desempeñar las actividades por ellas previstas; 73 Constitucional que trata la formación de leyes y las facultades exclusivas del Congreso de la Unión para legislar sobre intermediación y servicios financieros; por otro lado, el carácter federal de las leyes financieras que hemos señalado en párrafos anteriores, encuentra su fundamento en el Derecho Constitucional, de ahí la inseparable relación de ambas ramas del saber humano. b) Derecho Tributario El Derecho Fiscal como rama del Derecho Público incorpora los principios, normas y estructuras ideales, que agrupan y estudian todas las actividades relacionadas con la obtención, manejo y distribución de los recursos del Estado; cuando esos estudios son concentrados en la obtención de recursos que por vía de imposición obtiene el Estado, nace el Derecho Tributario, por lo que se hace patente las relaciones entre ambas disciplinas, no únicamente porque las actividades de intermediación están sujetas a gravámenes si son celebradas fuera de la Bolsa de Valores, en términos de la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino también porque las utilidades globales que obtengan las entidades financieras, quedan sujetas a tributar conforme a esta legislación, y en el caso de los intermediarios paguen intereses quedarán sujetos al pago del Impuesto al Valor Agregado. De la relación de estas materias, se conoce también que las actividades de las Casas de Bolsa, intermediarios en el Mercado de Valores, pueden ser gravadas impositivamente hablando tanto por la Federación como por los Estados y Municipios, conforme a lo dispuesto por el numeral3° de la fracción XXIX del artículo 73 Constitucional, debido a que entre las materias exclusivas en las que solamente el Congreso de la Unión puede establecer contribuciones, únicamente se han considerado a las Instituciones de Crédito y a las Sociedades de Seguros. Éste es otro problema que presenta el Derecho que regula a las actividades y entidades financieras, ya que consideramos que es un error que no quede comprendida en la redacción que presenta la fracción XXIX del artículo invocado, que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de servicios financieros en general, lo cual estaría acorde con la

redacción de la fracción X del mismo precepto, en virtud que ésta considera que sólo el Congreso puede establecer legislación aplicable a intermediación y servicios financieros. Por tanto, la actual conformación de la fracción X y del apartado 3° de la fracción XXIX del citado artículo 73 Constitucional revisten una verdadera contradicción, ya que en efecto, si el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para legislar sobre las materias que componen el Derecho que regula las actividades de las Entidades Financieras, debe estar dotado en consecuencia de la facultad exclusiva de establecer contribuciones sobre tales actividades y sujetos, lo que ocasionaría la exclusión de las Legislaturas Locales en materia impositiva a los sujetos del medio financiero, excepto Instituciones de Crédito y Sociedades de Seguros. e) Derecho istrativo Esta disciplina es la rama del Derecho Público que tienen por objeto a la istración pública, a los entes que inter vienen en ella y las relaciones que presentan éstos con los particulares. Al efecto, las autoridades de la istración financiera se relacionan íntimamente con los intermediarios bursátiles desde el mismo acto del otorgamiento de una con cesión que se requiere para que tales intermediarios puedan efectuar las operaciones que describe y permite la Ley del Mercado de Valores; asimismo la relación de ambas ramas se acentúa con la emisión de Circulares que obligan a los todos los componentes del sistema financiero, así como a los particulares que intervienen en uso de esos servicios. Dichas Circulares son emitidas tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como por el Banco de México y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encontrando por lógica su nacimiento y medida en el Derecho istrativo; a este respecto, Gabino Fraga• comenta "La circular no contiene normas de carácter jurídico, sino simple mente explicaciones dirigidas a los funcionarios, principios técnicos o prácticos que aseguren el buen funcionamiento de la organización istrativa". Sin embargo es de explorado Derecho que las circulares serán obligatorias para los particulares, cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Absurdo resulta exponer la importancia que tienen las Circulares que emiten las autoridades que tutelan a las entidades pertenecientes al sector financiero; más tratándose de Casas de Bolsa, la trascendencia de ellas es incalculable, puesto que constituyen una verdadera legislación respecto de las actividades que componen la operación con valores. Éstas han sido emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; varias se agrupan por números correspondiendo la Serie 12 a Sociedades de Inversión y la Serie 13 a Agrupaciones Financieras y otras se denominan "únicas", como la de casas de bolsa y la de emisores. En

adelante podremos constatar la influencia y magnitud de estas Circulares en las actividades relacionadas con el Mercado de Valores. d) derecho penal Eugenio Cuello Calón define al Derecho Penal como el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad, consecuentemente esta rama también se ubica dentro del Derecho Público. Aplicada esta acepción al campo que nos ocupa del Derecho Bursátil, es incuestionable la relación existente entre ambas, ya que dentro del Derecho Bursátil se encuentran tipos penales especiales, nacidos de la necesidad de regular conductas típicas, antijurídicas y culpables que el Derecho Penal general no ha regulado. e) Derecho internacional público Es la rama del Derecho Público que estudia el conjunto coordinado de estructuras tanto formales como ideales que rigen las relaciones de los Estados entre sí, señala sus derechos y deberes recíprocos y se centra particularmente en los Convenios o Tratados Internacionales, que con relación a la legislación mexicana, tienen una especial relevancia. El ejemplo inobjetable de la relación existente entre el Derecho Internacional y el Bursátil lo constituye el Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA, según sus siglas en idioma Inglés), que entre muchas otras materias, fija las bases de participación en materia financiera por nacionales de cada país firmante, en los territorios de los Estados Unidos de Norteamérica, la República del Canadá y los Estados Unidos Mexicanos, sujetos a las leyes que rijan en el país en donde se presten los servicios. A partir del año de 1993 se incluyen en todas las legislaciones que son aplicables a las Entidades del sector financiero mexicano, capítulos específicos denominados "De las Filiales de Entidades Financieras del Exterior", que contienen las formalidades que deben reunir las Sociedades Extranjeras que pretenden celebrar operaciones financieras en nuestro País, que si bien es cierto, nacieron como eco del TLC, son aplicables a cualquier sujeto que sea nacional de un País con el que México haya celebrado un tratado en este sentido. Asimismo y concretamente en materia bursátil, se permite en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., la cotización de valores extranjeros emitidos en países con los que México tenga celebrado un tratado de cooperación e intercambio de información en materia fiscal. j) Derecho Laboral

No nada más se relacionan en lo tocante al régimen aplicable a los empleados y funcionarios de las Casas de Bolsa, Bolsas de Valores, Instituciones para el Depósito de Valores, etcétera; sino también porque dentro de las actividades que pueden desarrollar las Casas de Bolsa y algunas otras entidades del sector financiero, se incluyen las del manejo de fondos de pensiones, las relativas a la inversión en el capital social de as de Fondos para el Retiro y en el de Sociedades de Inversión especializadas en Fondos para el Retiro, entre otras. g) Derecho Civil La determinación de las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana (nacimiento, mayoría, matrimonio), la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes (capacidad civil, deudas y obligaciones), y la relación de éstos con las cosas (propiedad usufructo, etcétera), constituyen al Derecho Civil. Para su estudio éste se dividía tradicionalmente en cuatro partes: I. II. III. IV.

Derecho de las personas. Obligaciones. Contratos. Derecho Familiar

Sobre el particular, podemos comentar que todas las legislaciones pertenecientes a las actividades y entidades del sector financiero, señalan al Derecho Civil como de aplicación supletoria a cada una de ellas; en nuestro caso concreto, la Ley del Mercado de Valores expresa en su artículo 5° que serán de aplicación supletoria a la ley bursátil, las leyes mercantiles, los usos bursátiles y mercantiles y la legislación del orden común, en el orden citado. La conformación de los contratos que rigen la actividad bursátil, la creación, modificación, transmisión y extinción de las obligaciones son materia del Derecho Civil, por lo que no podemos negar la relación que presentan ambas materias. h) Derecho procesal En virtud que éste establece las reglas destinadas a la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos que son sometidos a consideración de las autoridades judiciales, se relaciona con nuestra materia; en todos los procedimientos en los que una Entidad Financiera, en este caso Casa de Bolsa o una de las Autoridades que regulan al sector, sea parte actora o demandada, denunciante, querellante o presunta responsable; por eso, tienen aplicación las normas de procedimiento sean civiles, mercantiles o penales. l) Derecho mercantil

Sea que partamos de la premisa de que la rama del Derecho aplicable a las actividades y Entidades del sector financiero, debe ser considerada como una materia independiente dentro ordenamiento jurídico general, o bien de que éste es una de las ramas en que se divide el propio Derecho Mercantil, la relación se hará patente, ya que tanto las normas aplicables a las Sociedades Mercantiles, a los actos de Comercio, a los contratos comerciales, a los procedimientos ante los Tribunales, etcétera, tienen cabida dentro del estudio de nuestra materia sin que tales premisas constituyan normas de la misma.

CAPÍTULO SEGUNDO LA INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES. I

INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

En el mundo del Mercado de Valores, la intermediación reviste especial trascendencia afirma el Lic. Víctor Manuel Giorgana Frutos, pues a es ésta la que le da vida, dinamismo, energía, convirtiendo a esta actividad en eje del movimiento de los ahorros, impulsando el desarrollo de la economía nacional vía la inversión de éstos en las empresas. Por esto continua exponiendo Giorgana la intermediación bursátil debe contemplarse desde dos diferentes ángulos: desde el empresario que desea hacerse de recursos para lo cual requiere que lo asistan para ponerse en o con los ahorradores; y también desde el de quien se ha privado de disfrutar bienes presentes y desea invertir sus fondos en la forma más productiva y segura, y así busca quien le ayude. De esta suerte se hace patente la necesidad de que exista una persona que ponga en o a quienes teniendo intenciones e intereses distintos, son coincidentes y complementarios y, además, que esto se haga en forma rápida y eficiente, permitiendo que as operaciones tengan liquidez, economía y expedición; regulándose de manera integral, coordinada y sistemática las actividades de quienes intervienen en dicho Mercado. De esta brillante exposición se deriva el contenido de la intermediación, consistente en poner en o a una persona que ofrece bienes con aquellas que están dispuestos a adquirirlos. Existen sobre este tema diversos comentarios que consideramos dignos de ser apreciados, en efecto, el Dr. Mario Goldstein efectúa una condensación de algunos de ellos, exponiendo que en una nota de José Buxade, encontramos la acepción correcta de este vocablo en el Derecho Español moderno: “El que meda entre dos o más personas para arreglar un negocio. El agente mediador entre vendedores y compradores para ajustar los contratos, especialmente mercantiles”

Así también, Goldstein comenta que según Cabanellas, intermediario es aquel que hace o sirve de enlace o mediador entre dos o más personas; y mapas especialmente entre productores y consumidores. Debido a ellos, el nombre de intermediarios se les aplica a los comisionistas y representantes, a los comerciantes, proveedores, acaparadores, etcétera. La voz no tiene sentidos sociales encomiásticos, por verse en ella una causa, quizá suprimible, del encarecimiento de los productos y del costo de vida. No obstante lo expuesto, Goldstein califica a los intermediarios de parásitos, ya que opina que se pudo haber prescindido de su intervención, debido a que carecen los productos y los colocan en distintas condiciones que el consumidor las obtendría de su manufacturado, sin embargo añade: Nada digamos del comisionista, del corredor, del agente de Bolsa y cambiario que , el correr del tiempo y en los intensos ajetreos económico- financieros modernos, debido a la complejidad de los negocios, al comercio internacional, a la apreciación del factor de la distancia que separa a los diversos elementos de la producción y del consumo, se torna indispensable. En el terreno de la Banca y del comercio cambiario, se hace necesario para su ejercicio, la posesión de una serie de conocimientos técnicos, de agilidad y presteza, que los particulares no se hayan en condiciones de presentar. En estos casos, no es dable hablar, entonces, de “parásitos” sino de elementos que integran necesariamente el juego de los intervinientes en ciertas muy complicada e importantes actividades comerciales. Inicialmente son correctas las acepciones de Buxade y de Cabanellas, en el sentido de que el enlace o mediador entre dos personas es el intermediario, más en nuestra materia esta última acepción adquiere especial relevancia y mayor alcance, puesto que el legislador mexicano ha ido más allá de las simples ideas de enlace o mediación en la redacción de la fracción XV del artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores que textualmente expresa: Es “… intermediación con valores, la realización habitual y profesional de cualquiera de las actividades que a continuación se indican: A Actos para poner en o oferta y demanda de valores. B Celebración de operaciones con valores por cuenta de terceros como comisionista, mandatario o con cualquier otro carácter, interviniendo en los actos jurídicos que correspondan en nombre propio o en representación de terceros. C Negociación de valores intermediarios que actúen de la misma en general o con otros intermediarios que actúen de la misma forma o por cuenta de terceros. De dichas actividades, se desprenden y relacionan las siguientes:

a Correduría Pocas referencias existen de esta actividad cuando es desarrollada por particulares, así la fracción XIII del artículo 75 del Código de Comercio se refiere a que son considerados actos de comercio las operaciones de mediación en negocios mercantiles, sin que se establezca en tal ordenamiento una definición precisa con relación a ese concepto; no obstante no debemos olvidar que el mediador de negocios es tradicionalmente conocido como corredor. Antes del día 29 de Diciembre de 1992, el artículo 51 del propio Código de Comercio definía al corredor como un mediador en la proposición, ajuste y celebración de contratos mercantiles, más tal referencia era aplicable solamente a la correduría pública, por lo que en la fecha antes escrita, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Correduría Pública, que evidentemente en nada aplica a las actividades de intermediación de una Casa de Bolsa, institución de crédito o Asesor de Inversión, todos aquellos en materia de valores. La correduría pública y la intermediación simple son actividades e instituciones legítimas diferentes como opina la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; existen corredores privados o simples mediadores y corredores públicos, en la inteligencia de que los primeros pueden sin traba alguna, desempeñar las funciones de mediación. Desafortunadamente el artículo 53 del Código de Comercio, establecía que los actos y contratos mercantiles celebrados sin intervención de corredor se comprobarían conforme a su naturaleza, sin atribuir a los intermediarios función alguna de correduría pública, podía deducirse que cuando esas actividades de simple mediación eran efectuadas por nuestras sociedades concesionadas debidamente, forman parte de una actividad diferente como lo es la intermediación lo cual perdura aun habiendo sido derogado el precepto citado que la correduría y la intermediación son distintas, también lo es que la correduría se encuentra dentro de la intermediación. Sin demérito de lo cual, debe diferenciarse a la correduría privada de la pública, ya que como comentamos, los intermediarios bursátiles no efectúan una mediación de carácter pública. En relación con estas afirmaciones debemos preciar que las actividades de poner en o a dos partes o comunicarlas con el objeto de que posteriormente materialicen una compraventa de valores entre tales

oferentes y demandantes, las realicen en presencia de los interesados, quienes ni siquiera sabrán quien actuó como su contraparte, ya que las mismas son efectuadas en el piso de remates de la Bolsa y entre Casa de Bolsa que representan cada una a sus clientes, esto significa que cada Casa de Bolsa mediadora realizará las aproximaciones y, en su caso, con posterioridad las compras y ventas de valores por cuenta de otros, sin que entre los oferentes y demandantes exista contrato o nexo alguno. O siquiera conozcan sus respectivas identidades. Lo anterior obedece al Secreto Bursátil al que nos referiremos posteriormente. Para que existan esas actividades de compraventa de valores será necesaria una aproximación de las partes, con el objeto exclusivo de la ejecución material de instrucciones de compra o venta de valores, y en esta circunstancia radica la correduría, también entendida como medicación; no obstante, para comprender esta figura es necesario distinguir tres momentos en la actividad de compraventa de valores: 1° cualquier persona que pretenda efectuar operaciones de compraventa de valores, necesita celebrar con una Casa de Bolsa un contrato de intermediación, que como veremos en el tema correspondiente, debe incluir una cláusula de comisión con el objeto de que la Casa de Bolsa por cuenta de este cliente, pueda efectuar los actos jurídicos necesarios tendientes a la formulación y ejecución de las operaciones de que se trate. 2° el o los actos de aproximación entre las partes con el objeto de que exista el ofrecimiento de valores, sean en compra o en venta, actividades calificadas como correduría o mediación, y; 3°El acto de perfeccionar una compraventa de valores que las Casas de Bolsa efectuarán por cuenta de sus clientes, que como quedó debidamente precisado se trata de un acto de comisión mercantil privada. Asimismo, es primordial establecer una precisión con relación a este asunto: cuando la correduría se ejerce como simple actividad de mediación y se encuentra dentro de la intermediación en general, cualquier comerciante puede efectuarla, no obstante cuando ésta reviste como materia los valores, entonces el mediador requerirá de autorización gubernamental al efecto. En conclusión , las actividades de correduría reservadas para las Casas de Bolsa consisten en la aproximación entre dos o más partes, con el objeto exclusivo de que se ofrecen y quienes los demandan, sin que sea

necesaria la presencia física o la presentación de dichas partes que intervienen en las aproximaciones y, posteriormente en las operaciones de compraventa de valores, ya que en ambos casos, las actividades serán celebradas en nombre de las Casas de Bolsa pero a cuenta de sus respectivos clientes. b comisión La comisión mercantil se ha entendido tradicionalmente como un contrato de mandato aplicado a actos concretos de comercio, siendo comitente quien confiere la comisión mercantil y comisionista el que la desempeña, la característica que diferencia a este tipo de contrato mercantil con el contrato de mandato civil, es que el comitente ejercita actos de comercio de manera habitual. Como ya quedó debidamente explicado, para que una Casa de Bolsa pueda efectuar operaciones de correduría por cuenta de uno o varios de sus clientes, es decir las operaciones de poner en o a las artes para que realicen materialmente transacciones de compraventa de valores, necesita obtener de tales clientes las instrucciones precisas al efecto, por lo que ambos deberán celebrar previamente un contrato de intermediación que contenga cláusula de comisión mercantil, que le permitirá a las Casa de Bolsa poner en o a sus clientes con otras personas, oferentes o demandantes de valores y efectuar las proposiciones, sean de compra o de venta; las partes que a su vez escucharán esas ofertas están representadas a su vez por otra u otras Casa de Bolsa, que al efecto también actúan con sus clientes en base a estos contratos o cláusulas de mandato. Por otra parte, la posibilidad de que oferente y demandante no se entren presentes al momento de la negociación de los valores, encuentra su fundamento en estos contratos al amparo de los cuales pueden celebrarse las operaciones sean o no discrecionales, es decir, que confieran o no a la Casa de Bolsa libres facultades de decisión para adquirir o vender los valores, según la prudencia le dicte a sus representantes y cuidan di el negocio como propio; sin embargo como ya puede inferirse, tales contratos son otorgados por clientes determinados a su Casa de Bolsa, quien al efectuar operaciones de compraventa de valores lo harán sin importar que la contraparte no sea sus cliente y no tenga con ella celebrado previamente con este cliente un contrato de intermediación que incluya una cláusula de comisión; cuando ejecuta las operaciones de compraventa de valores o la correduría de estos la hará con otra u otras

Casa de Bolsa que a su vez representan a sus clientes, sí que exista algún contrato entre esas Casa de Bolsa. Por lo señalado y como lo apunta Octavio Igartúa Araiza, la comisión mercantil no pone en o a las partes, no comunica oferentes y demandantes, sino que solamente formula las ofertas de compra y venta, o acepta las que se hagan sido plasmadas en base al contrato de intermediación que incluye una cláusula e comisión mercantil. Por tanto debemos precisar que para la celebración de las operaciones de correduría con valores es necesaria la existencia de esa cláusula de comisión mercantil en los contratos de intermediación bursátil. Sin perder de vista los razonamientos anteriores, es preciso comentar que pueden existir contratos específicos y exclusivos de comisión mercantil celebrados por las Casas de Bolsa con algunos de sus clientes, concretamente denominados contratos para la celebración de oferta pública de valores, como lo advierte con precisión el Lic. Javier Pérez Rocha en el Seminario “Importancia de la relación jurídica formal de las Casa de Bolsa con su clientela”. c Correduría y comisión d Como puede derivarse de las exposiciones anteriores, la correduría en materia bursátil reviste el acto de aproximación o comunicación entre las partes para que entre ellas sea celebrada una compraventa de valores. Por su parte la cláusula de comisión mercantil reviste las instrucciones discrecionales o no discrecionales de los clientes de las Casad de Bolsa , con el objeto de que estas Instituciones efectúen tanto las aproximaciones como las compraventa respectivas; es por estas circunstancias que afirmamos que toda comisión mercantil en materia de valores requiere para su materialización de la existencia necesaria y forzosa de la correduría, mientras que ésta no requiere en todos los casos de la existencia de la comisión mercantil, como en aquellas situaciones en que las Casa de Bolsa efectúan operaciones de compraventa de valores por su propia cuenta. e Sobre este articular consideramos importante la opinión de Giorgina Frutos en el sentido de que los intermediarios en el Mercado de Valores cuando realizan las actividades de correduría o comisión, deben hacer en todo casi a nombre propio, pues en términos de la ley de la materia les está prohibido dar noticia de sus operaciones. d) Operaciones por cuenta propia

Hemos expuesto anteriormente que las operaciones que por cuenta propia pueden celebrar las Casas de Bolsa, encuentran su fundamento en la Circular única para las Casa de bolsa del 23 de julio de 2004 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en todos los casos consisten en operaciones mediante las cuales las Casas de Bolsa adquieren o venden por sí mismas valores de renta variable, en los siguientes supuestos: 1. Cuando su objeto se facilitara la colocación de valores o coadyuvar a dar mayor estabilidad a los precios de éstos y a reducir los márgenes entre cotizaciones de compra y venta de los propios títulos, incluyendo ventas en corto, es decir aquellas cuya liquidación efectúa el vendedor con valores obtenidos en préstamo, ya que no cuenta con eso en ese momento. 2. Cuando son efectuadas de o a la posición de su clientela a través de la Bolsa de Valores, denominadas operaciones de auto entrada. 3. Las que realicen con financiamiento de Instituciones de Crédito, incluyendo operaciones a plazo y a futuro, transacciones en mercados del exterior y operaciones de arbitraje internacional. Reiteramos que en todos estos casos, la persona que compra o vende valores de rente variable es la Casa de Bolsa ; la finalidad de estas operaciones es la de facilitar la colocación de los valores entere el público inversionista o coadyuvar a dar mayor estabilidad a los precios de los mismos, sin que tal situación signifique manipulación de precios, asimismo las operaciones por cuenta propia de las Casas de Bolsa, también pueden estar orientadas a reducir los márgenes de cotización de compra y venta de los propios títulos, o estar destinadas a procurar que mejores las condiciones de liquidez en el Mercado, así como una mayor diversificación de las transacciones. A este respecto nos parece muy ilustrativa la opinión de Octavio Igartúa, que expresa que la facultad de operar por cuenta propia, es clara en el caso en que la Casa de Bolsa actúe como colocadora de los títulos materia de una oferta pública, supuesto en el cual la adquisición de títulos mediante la toma en firme de la totalidad o parte de la colocación, no es más que un medio para asegurar y proveer de recursos a los colocadores, llevando a cabo la adquisición con el único fin de su posterior distribución entre el público. En relación con lo antes expuesto, debemos precisar que el artículo 58 de la Circular única para casas de bolsa del 23 de julio de 2004 relativa al sistema automatizado de recepción y asignación de operaciones que deberán observar las Casas de Bolsa, establece que tal sistema deberá diferenciar con toda claridad las funciones siguientes:

a b c d e

La recepción de instrucciones. El registro de órdenes. La transmisión de órdenes. La ejecución de órdenes, y La asignación de operaciones.

Adicionalmente el artículo 66 de tal circular determina que las casas de bolsa deberán registrar en sus sistemas las órdenes relativas a sus operaciones por cuenta propia. Las cacas de bolsa podrán transmitir al sistema de negociación de las bolsas, posturas de órdenes por cuenta propia, sin necesidad de ajustarse a lo previsto en el párrafo anterior, siempre y cuando no existan instrucciones de clientes pendientes de registrarse o transmitirse y en ambos casos tengan identidad en el sentido y precio de la operación y en los valores a que se estén referidas las órdenes por cuenta propia. Sin perjuicio de loa anterior, las casas de bolsa deberán realizar el registro respectivo de sus propias órdenes en forma inmediata posterior a su transmisión. Las operaciones de compra, así como las ventas en corto, para mantener coberturas en emisiones de títulos opcionales, no obstante lo señalado anteriormente, podrán ingresarse como órdenes por cuenta propia, observando invariablemente para tal efecto el principio de primero en tiempo, primero en derecho, al ingresar dichas órdenes. E) istración y manejo de carteras de valores propiedad de terceros En cuanto a la primera de más actividades, hemos de comentar que el control de los actos corporativos y patrimoniales que confieren los valores a sus tenedores, son materia de la istración bursátil, por tanto las Casas de Bolsa con apoyo en las Instituciones para el Depósito de Valores, estarán pendientes de las asambleas que celebren los emisores de los valores para las resoluciones que se adopten en ellas no afecten a su s tenedores, así como para recibir los dividendos que en ellas sean decretadas, o se puedan suscribir los valores que les corresponda a sus clientes; sin embargo, esta actividad depende de gran medida de las instrucciones del propio cliente, así como de si el contrato al amparo del cual se celebran las operaciones es o no discrecional. Por sus parte, la istración global del patrimonio y no sólo de los actos patrimoniales o corporativos de los valores propiedad de un cliente, constituye el manejo de la cartera de valores, de tal suerte que para efectos bursátiles, dicha actividad se conceptúa como el ofrecimiento o prestación habitual de la asesoría, supervisión y , en su caso, toma de decisiones de inversión a nombre de terceros, respecto de los valores, títulos y documentos a que se refiere la Ley de la materia;

mediante ella se tratan de buscar valores que proporcionen mayor productividad para los clientes, sin que esta situación signifique que la Casa de Bolsa le garantice rendimientos a éste, ya que una cosa es pretender que el cliente obtenga mayores beneficios con la adquisición o venga de determinada emisora o valor y, otra es aconsejarle que adquiera o venda alguno y garantizar con ello determinados dividendos o intereses, lo cual sería contrario a lo señalado por el artículo 188 de la Ley del Mercado de Valores, que es su fracción ii ordena con precisión que las casas de bolsa, en el manejo de las cuentas de sus clientes, deberán actuar profesionalmente, rendimientos; asumir la obligación de devolver la suerte principal de los recursos que les hayan sido entregados para la celebración de recursos que les hayan sido entregados para la celebración de operaciones con valores; responsabilizarse de las pérdidas que puedan sufrir sus clientes como consecuencia de dichas operaciones, o en cualquier forma asumir el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio o tasa a favor del precio o tasa a favor de sus clientes. f

Endoso de valores nominativos

El endoso ha sido definido por el maestro Joaquín Garrigues como una cláusula ria e inseparable del título, en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados e ilimitados; la expresión de cláusula inseparable se refiere a que dicho endoso debe constar en el cuerpo del propio título de crédito o en hoja adherida a él; por su parte el Lic. Rafael de Pina Vara expone que el endoso consiste en una anotación escrita en el titulo o en hoja adherida al mismo, redactada en forma de orden dirigida al deudor. El endoso suele escribirse al dorso del documento, pero nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no contiene ninguna disposición que imponga su anotación en ese preciso lugar. Para que una Casa de Bolsa pueda efectuar la istración y el manejo de la cartera de valores propiedad de una persona, es necesario que ésta última confiera a las Instituciones para Depósito de Valores un endoso en istración en ellos, cuando éstos son nominativos, con la finalidad no solo d justificar la tenencia de esos valores por parte de las Instituciones para el Depósito de Valores, sino también para que las Casas de Bolsa a través de las cuales se ha constituido el depósito mismo, puedan instruir a las citadas Instituciones en la realización de los actos que con los valores se efectúen tanto en el piso de remates de la Bolsa, como fuera de él, la Institución para el depósito de –valores correspondiente, obrará compensando entre Casa de Bolsa los valores comprados y vendidos, compensación que no podría efectuarse de no existir el endoso conveniente, lo cual impactaría tanto la istración como el manejo de una cartera de valores determinada.

II

EL MERCADO DE VALORES

Hemos hecho algunas referencias al concepto antes anotado, sin habernos adentrado en él y en sus componentes, más Víctor Manuel Giorgana Frutos efectúa una exposición que merece toda nuestra atención y, sobre la cual haremos también algunas notaciones; en efecto, esta autor explica que no sólo el dinero representa riqueza o valor, ya que hay otros instrumentos que lo hacen como las acciones de las Sociedades, los certificados de depósito de mercancías, etcétera, que representan dinero, como las acciones, las obligaciones y demás documentos que se emitan en serie o en masa, títulos de crédito, y otros documentos que se otorguen a sus titulares derechos de crédito, de propiedad de participación en el capital de personas morales emitidos en el extranjero, cuya oferta e intermediación se efectúe de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, que en su conjunto se les llama títulos de valor o títulos en los casos determinados por la Ley aplicable, instrumentos que a su vez son objeto de oferta y demanda y también tienen su Mercad, un precio una oferta y una demanda. ) Mercado de Dinero. Incluye todos los instrumentos de deuda que emiten las sociedades mercantiles y el Gobierno Federal, tal como las Sociedades mercantiles y el Gobierno Federal tal como los Certificados de la Tesorería de la Federación, pagarés bursátiles, los pagarés bancarios, las obligaciones, los bonos de prenda, las acciones de Inversión en Instrumentos de Deuda, etc. Esta sección es considerada por los expertos y analistas como una sección de inversión a corto plazo, con riesgos moderados para el inversionista. ) Mercado de Capitales. Aglutina todas las acciones del capital social de persona morales cotizadas en Bola, como las acciones de Telmex, las de las Agrupaciones Financieras, etc., y algunos otros instrumentos de plazos extensos de vencimiento, por lo cual, al contrario de lo expresado en el Mercado de Dinero, se considera que esta sección del Mercado de Dinero, se considera que esta sección del Mercado de Valores se efectúa a plazos largos en lo referente a su recuperación y ganancia, asimismo el riesgo de inversión es muy alto si el inversionista pretende permanecer un corto tiempo en él. Sin hacer a un lado lo anterior, también se incluyen en la actualidad dentro del Mercado de Valores los segmentos denominados Mercado de Futuros en el que se negocian con algunos valores, “apostando” al precio que tendrán en una fecha posterior pactada por las artes, y el Mercado de Divisas. Cuya base son los precios futuros de la moneda extranjera.

III

CONCEPTO DE VALORES Y SU DIFERENCIA CON LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

La palabra valor tiene diversas acepciones dependiendo del uso o del cambio que tenga la cosa a la cual se trata de evaluar es por eso que cuando se pretende fijar un precio a las cosas, el valor de éstas puede definirse como una determinación posible de la magnitud o cantidad variable de ese objeto, sea corpóreo o incorpóreo. Esta definición es aplicable tanto al campo de la economía como al campo jurídico, la cual debe ser completamente cuando se trata de nuestra materia bursátil, ya que esa determinación de la magnitud o cantidad variable se extiende a la esfera económica y es fijada por las leyes económicas de la oferta y de la demanda; por eso, debemos entender por la palabra valores, aquellas cosas mercantiles que incorporan en sí mismas una magnitud o cantidad variable estimada en dinero, la cual es determinada por la oferta o la demanda que de ellas exista en un momento y lugar determinados. Con poca fortuna, la Ley del Mercado de Valores no incluye una definición jurídica de éstos con la que podamos confirmar nuestra opinión, sino que la fracción XXIV de su artículo 2° al que ya nos hemos referido, se limita a describir cuales son las cosas mercantiles que deberán que deberán entenderse como valores. “Son valores, las acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, certificados, pagarés, letras de cambio y demás títulos de crédito, nominados o innominados, inscritos o no en el Registro Nacional de Valores, susceptibles de circular en los mercados de valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, que se emitan en serie o en masa y representen el capital social de una persona moral, una parte alícuota de un bien o la participación en un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito individual, en los términos de las leyes nacionales o extranjeras aplicables. A este respecto, es necesario precisar como ya lo hemos hecho en otro trabajos, que con base en la legislación aplicable a los valores, no todos los títulos de crédito son valores y, obviamente, no todos los valores son títulos de crédito, lo que puede ser aprobado invocando los conceptos de títulos singulares y títulos emitidos en serie o seriales, o en masa. Salandra expresa en su “Curso de Derecho Mercantil” la diferencia entre títulos individuales y títulos seriales: Los títulos individuales o singulares son aquellos que se emiten en cada caso en relación a una cierta operación que tiene lugar frente a una persona concreta o determinada como la letra de cambio, el cheque. Etcétera. Por el contrario, los títulos seriales o en masa, nacen de una declaración unilateral de la voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas como las acciones, las obligaciones, etc.

Es por lo anterior e interpretando a contrario sensu las definiciones vertidas, que un título de crédito como el cheque, el pagaré, la acción del capital social de Sociedad Anónima, etc., que no se emiten en serie o en masa, no son valores, como lo expresa el artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores, claro está, para efectos de valores bursátiles. Jorge Barrera Graff expone algunas reflexiones emanadas de su estudio sobre los títulos valor para diferenciarlos de las características de los títulos de crédito, señalando que de la definición de estos últimos en el artículo 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se desprenden las características propias del título de crédito que son la incorporación, la legitimación la literalidad y la autonomía, mismas que no son aplicables del todo tratándose de valores. 1 El carácter necesario del título que resulta del principio de incorporación, es decir del derecho incorporado al propio documento, crearía un problema de tráfico y movilización en caso de ser exigida para los valores, pues la transferencia se estos últimos se hace mediante el procedimiento de giro o transferencia de cuenta a cuenta o mediante el procedimiento de giro o Instituciones , sin que sea necesaria la entrega o tradición física de los mismos y el consecuente desplazamiento de los valores, en el caso de caución bursátil sobre valores, no es necesaria la entrega física de los mismos y el consecuente desplazamiento de los valores, en el caso de caución bursátil sobre valores, no es necesaria la entrega física de los mismos y en el caso de los Cetes, las transmisiones se efectúan por asiento en libros. En el caso de los títulos de crédito, es necesaria la entrega del mismo para que su titular ejercitar los derechos que en él se consignan. 2 La literalidad, es decir los derechos y obligaciones que emanan de la letra del documento o de su redacción, en caso de ser exigida para los valores inutilizaría algunas instituciones creadas por la Ley de la materia es decir la del Mercado de Valores, como aquellos que en sustitución de cupones emiten las Instituciones para el Depósito de Valores; en el caso de los Cetes, no sólo se omiten sus formalidades, sino que se prescinde del documento para operar en base a meros asientos en libros. 3 La característica de autonomía referente a que los derechos incorporados a un título de crédito son independientes, porque cuando se transmite, su nuevo tenedor tendrá un derecho propio e independiente, también queda desvirtuada en el caso de los valores, ya que como ha quedado anotado, en la mayoría de los casos al ser negociados mediante giro, transferencia o asientos contables en libros, requieren de los documentos en donde constan tales operaciones, por lo que si bien es cierto son autónomos de la

causa que les da origen, no son independientes de los documentos necesarios para su negociación . 4 La legitimación que otorga a su tenedor el derecho de exigir las prestaciones consignadas en los títulos de crédito, también quedaría limitada tratándose de valores, cuando las Instituciones para el Depósito de Valores emiten las constancias respectivas al depósito de éstos, con el objeto de que sus titulares puedan ejercitar o exigir las prestaciones consignadas en ellos o que de ellos deriven, como puede ser la asistencia a una asamblea o el intento de ejercitar alguna acción judicial. IV

ELEMENTOS DE LOS VALORES

Para que uno o varios documentos, cualquiera que sea su forma o naturaleza sean considerados como valores por la legislación mexicana, deberán reunir las siguientes exigencias: (las cuales para efectos jurídicos, son el contenido mismo o los elementos de valores): 1 Deben ser emitidos en serie o en masa o, en su caso, otorgar a sus titulares derechos de crédito, de propiedad o de participación en el capital de personas morales. 2 Con ellos deberá efectuarse oferta pública, concepto que definimos más adelante. 3 Esos documentos deben ser objeto intermediación; 4 Deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Valores cuando su emisor lo sea una sociedad anónima bursátil. V. OFERTA P Ú B L I C A DE VALORES Y SUS ELEMENTOS Uno de los elementos fundamentales de la Ley del Mercado de Valores radica en este concepto, el artículo 1° establece que su regulación comprende: a) La inscripción y actualización, suspensión y cancelación de la inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores y la organización de éste. b) La oferta e intermediación de valores. e) Las sociedades anónimas que coloquen acciones en el Mercado de valores bursátil y extrabursátil, así como el régimen especial que deberán observar con las personas morales que las sociedades controlen, o en las que tengan influencia significativa o que las controlen. d) Las obligaciones de las personas morales que emitan valores, así como de las personas que celebren operaciones con valores. e) La organización y funcionamiento de las casas de bolsa, bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales de valores, proveedores de precios, ins tituciones calificadoras de valores y

sociedades que istran sistemas para facilitar operaciones con valores. f) El desarrollo de sistemas de negociación de valores que permitan la realización de operaciones con éstos. g) La responsabilidad en que incurrirán las personas que realicen u omitan realizar los actos o hechos que sanciona la Ley del Mercado de Valores. h) Las facultades de las autoridades en el mercado de valores Tomando el concepto que nos interesa, la fracción XVIII del artículo 2° del ordenamiento legal invocado, conceptúa a la oferta pública de valores como el ofrecimiento con o sin precio, que se haga en territorio nacional a través de medios masivos de comunicación y a persona indeterminada, para suscribir, adquirir, enajenar o transmitir valores, cualquier título. Ernesto Gutiérrez y González opina que la oferta o policitación consiste en una declaración unilateral de la voluntad, recepticia, tácita o expresa, hecha a presente o no, determinada o indeterminada, con la expresión de los elementos esenciales de un contrato cuya celebración pretende el proponente, seria y con ánimo de cumplir en su oportunidad. Igartúa manifiesta que ésta se identifica como una propuesta para la verificación de un contrato y, en materia bursátil, abarca tanto el ofrecimiento de venta como la solicitud o demanda para adquirir el producto o servicio. Se puede afirmar que la oferta pública consiste en la declaración unilateral de la voluntad, para que una o varias personas suscriban, enajenen o adquieran títulos o documentos de los que conforman el Mercado de Valores, dentro de un lapso determinado. Esta oferta o declaración unilateral de la voluntad se perfecciona cuando esa o esas personas a quienes va dirigida, aceptan efectuar la suscripción, enajenación o adquisición de valores. De esta acepción se derivan elementos teniendo que la materia de la oferta siempre será la posibilidad de suscripción, enajenación o adquisición de valores: a). La declaración unilateral de la voluntad Esta figura puede entenderse como la exteriorización de la voluntad encaminada a cumplir voluntariamente con una prestaciòn de dar, hacer o no hacer, en favor de la o las personas que eventualmente tengan conocimiento de ella. Se diferencia de la promesa obligatoria hecha al público, no sólo porque una sea una simple declaración y la otra sea una promesa, sino tambien porque ésta última es irrevocable y obligatoria, sin que al éfecto sea necesaria la aceptación del público en favor de quien se hace; por su parte la declaración unilateral de la

voluntad solamente consiste en una propuesta unilateral, que necesitará de la aceptación para ser perfecta. b) Medios de comunicación para efectuar la oferta Atendiendo a la redacción del artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores, los medios mediante los cuales se podrán efectuar ofertas públicas deben ser masivos, que puedan llegar a una gran cantidad de personas como son la radio, la televisión, la prensa escrita, etcétera. En relación con este supuesto algunos autores consideran que las ofertas de valores pueden no hacerse por medios masivos de comunicación, sino que debe considerarse también como medios de transmisión efectiva, las entrevistas personales, las charlas o conferencias realizadas por personas morales, dirigidas a un gran número de personas, así como el teléfono, opinión con la que ya no estamos de acuerdo en virtud de la nueva conformación del citado artículo 2" de la Ley del Mercado de Valores, en el que claramente puede leerse, que la oferta deberá realizarse por medio masivo y adicionalmente deberá dirigirse a persona indeterminada. c) La oferta deberá realizarse a persona o personas indeterminadas Con anterioridad a la promulgación de la Ley del Mercado de Valores del 2 de enero de 1975, así como antes del Decreto de la Ley del Mercado de Valores actual, se incluía en el Reglamento Especial para el ofrecimiento al público de valores no registrados en Bolsa, una definición que establecía que la oferta pública de esa clase de valores, se daba cuando los agentes de valores dirigían comunicaciones escritas a personas con las que el remitente no tuviera relaciones anteriores de negocios. Esa es una de las razones que impulsaron al legislador a incluir un concepto que denotara mayor precisión, por lo que se optó por el de "persona indeterminada" cuando la oferta pública no se haga a través de medios masivos de comunicación, entendiéndose por tal concepto aquellas personas físicas o morales de las que se desconoce su identidad. En la práctica cotidiana la utilización de medios masivos de comunicación se dirige precisamente a personas determinadas en su identidad, por lo que puede parecer que la redacción del artículo 2° de nuestra ley es inconsistente, sin que exista incongruencia en este tema. d) Tiempo para aceptar la oferta pública y posibilidad de revocación por el ofertante Se ha discutido si la oferta pública puede ser revocada antes del término en que debe producirse su aceptación, existiendo opiniones en contrario tanto de quienes afirman que esto es posible, debido a que la declaración unilateral de la

voluntad que encierra la oferta pública no contiene obligación alguna, así como opiniones de que esta situación no es procedente en virtud que la policitación de valores no puede revocarse ya que aún cuando se trata de una simple declaración, ésta puede constituir una promesa que sí obliga al oferente si en ella se incluye un término para que sea verificada. Sobre el particular y atendiendo técnicamente a la declaración unilateral de la voluntad, ésta puede revocarse en cualquier momento hasta antes de que haya una aceptación inequívoca por parte de aquel o aquellos a quienes va dirigida, no obstante que en la práctica no se haya presentado un caso en este tenor en materia de oferta pública de valores. Por otra parte, puede pensarse que tratándose de avisos u ofertas de recompra de acciones por su emisor no es procedente la revocación, debido a que las ofertas en esa materia son generalmente efectuadas desde el día en que la citada oferta se hace pública por un medio masivo y hasta un día determinado, lo que lejos de ser una declaración de la voluntad ya constituye una promesa y como hemos revisado, ésta es obligatoria; a pesar de lo anterior, aun mediando un término entre la policitación de recompra y el día a partir del cual comenzará a surtir sus efectos, no procederá la revocación primero porque los avisos de recompra de valores no constituyen una oferta pública, ya que se dirigen sólo a los tenedores de éstos, quienes por ese hecho ya no son personas indeterminadas; igualmente debe recalcarse que los avisos u ofertas de recompra no constituyen una declaración unilateral de la voluntad, sino una promesa de comprar a los tenedores determinados valores, por lo que dicha promesa es obligatoria durante el término que se haya fijado en el aviso o publicación correspondiente. e) Perfeccionamiento de la oferta pública Como hemos comentado, la oferta contiene elementos de un posible y futuro contrato entre dos o más personas, que es perfecto en el momento en que aquellos a quienes va dirigida manifiestan su consentimiento de cumplir o adherirse a la oferta; tratándose de valores, la oferta es perfecta en el momento en que una o más personas adquieren, suscriben o enajenan los valores, consecuencia de esa proposición pública, destinada a cualquier persona que eventualmente pueda tener conocimiento de ella. Por ello, se afirma que la oferta pública de valores presenta dos vertientes, que son: 1) Oferta primaria, también conocida como oferta de suscripción, que es aquella mediante la cual, una sociedad ofrece entre el público valores de reciente emisión que apenas cotizarán en Bolsa para su negociación. 2) Oferta secundaria, conocida como oferta de enajenación; aquella en

que se negocian valores que ya cotizan en la Bolsa, es decir, que con anterioridad han sido objeto de una oferta primaria. 3. Oferta pública de adquisición, que estriba en comprar de sus dueños o poseedores, y que se subdivide en voluntaria o forzosa. Voluntaria: Cuando no hay acuerdos previos entre el ofertante y los tenedores de los valores. Forzosa: En los casos en que una persona o grupo de personas pretenden adquirir o alcanzar por cualquier medio, o indirectamente, la titularidad del treinta por ciento de acciones ordinarias de una sociedad anónima, inscritas en el Registro Nacional de Valores, dentro o fuera de alguna bolsa de valores, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, siempre que ya existan acuerdos previos entre los accionistas de una sociedad d nuevo o los nuevos adquirentes. Vl. REQUISITOS PARA EFECTUAR UNA OFERTA PÚBLICA DE VALORES Además del conveniente aviso de oferta pública, existen otros requisitos que su emisor debe satisfacer de pretender colocar valores entre el público inversionista, mismos que deben reunirse con antelación al momento en que sea pública la propia oferta; éstos son: l. Los valores de que se trate, deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Valores. Para obtener esta inscripción, el artículo 85 de la Ley del Mercado de Valores establece condiciones: a) Instrumento público en el que conste su escritura constitutiva, así como sus modificaciones. b) Prospecto de colocación y, en su caso, suplemento informativo, preliminares, sustituyéndose a más tardar el día de inicio de la oferta por el definitivo. Dichos documentos se difundirán y proporcionarán al público en general, de conformidad con lo dispuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las emisoras de valores representativos de un pasivo con vencimiento igual o menor a un año, no estarán obligadas a presentar el prospecto o suplemento citados. Dicho prospecto debe contener: b.1) Las características de la oferta y de los valores objeto de la misma, los derechos y obligaciones que correspondan, el destino de los recursos y el plan de distribución entre el público. b.2) La situación financiera, istrativa, económica y jurídica de la emisora,

así como, en su caso, del grupo empresarial al que pertenezca. b.3) La descripción y giro de la emisora, incluyendo la situación que guarda, en su caso, el grupo empresarial al que pertenezca, así como los factores de riesgo y contingencias que esta expuesta. b.4) La integración del grupo empresarial al que, en su caso, pertenezca. b.5) La estructura del capital social precisando, en su caso, las distintas series o clases accionarias y los derechos inherentes a cada una de ellas, así como la distribución de las acciones entre los accionistas, incluyendo a la persona o grupo de personas que tengan el control o una influencia significativa o ejerzan poder de mando en la controladora del grupo empresarial. b.6) Las percepciones, de cualquier naturaleza, que la emisora otorgue a individuos que conforme a esta Ley tengan el carácter de personas relacionadas. b.7) Los convenios o programas en beneficio de los del consejo de istración, directivos relevantes o empleados de la emisora, que les permitan participar en el capital social, describiendo sus derechos y obligaciones, mecánica de distribución y determinación de precios. b.8) Las operaciones relevantes celebradas con personas relacionadas, correspondientes cuando menos a los últimos tres ejercicios sociales. b.9) Los comentarios y análisis de la istración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora, incluyendo sus perspectivas. b.1O) El dictamen emitido por el auditor externo designado por persona moral que proporcione los servicios profesinales de auditoría externa, respecto de los estados financieros y la información financiera del emisor. b.11) La opinión legal emitida por licenciado en derecho independiente, respecto a: b.11.1) La debida constitución y existencia legal de la emisora b.11.2) El apego de los estatutos sociales a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores. b.ll.3) La validez jurídica de los acuerdos de los órganos competentes, que aprueben la emisión y la oferta pública de los valores objeto de la inscripción. b.ll.4) La validez jurídica de los valores y su exigibilidad én contra de la emisora, así como de las facultades de quienes los suscriban, al momento de la emisión. b.11.5) La debida constitución y exigibilidad de las garantías y las facultades de quien las otorga. b.11.6) La validez jurídica y exigibilidad del contrato de fideicomiso, así como de los actos jurídicos para la transmisión de la propiedad o la titularidad sobre los bienes o derechos fideicomitidos, tratándose de emisiones al amparo de fideicomisos. b.ll.7) Tratándose de títulos representativos del capital social de sociedades extranjeras, sobre los aspectos jurídicos relativos a las equivalencias en

derechos de minorías exigidos para las sociedades anónimas bursátiles. b.11.8) Tratándose de entidades financieras, sobre los aspectos jurídicos relativos a las equivalencias, semejanzas y diferencias que tiene el régimen especial que les resulta aplicable conforme a las leyes que regulan el sistema financiero que las rijan y disposiciones secundarias que emanan de dichas leyes. b.12) Tratándose de entidades financieras que pretendan obtener la inscripción de las acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que las representen en el Registro Nacional de Valores, la descripción, en su caso, de las equivalencias, semejanzas y diferencias que tiene el régimen especial que les resulta aplicable conforme a las leyes que regulan el sistema financiero que las rijan y disposiciones secundarias que emanan de dichas leyes. b.13) Las declaraciones bajo protesta de decir verdad y la firma, por parte de las personas que deban suscribir el prospecto y suplemento respectivo, en las que manifiesten que no tienen conocimiento de información que haya sido omitida o falseada que induzca al error. c). Estados financieros anuales dictaminados de la persona moral, o bien, la información de su situación financiera y resultados de operación, elaborados, conforme a principios de contabilidad emitidos o reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los estados financieros y la información financiera deberán estar acompañados del dictamen emitido por el auditor externo designado por la persona moral que proporcione los servicios profesionales de auditoria externa. d). Opinión legal emitida por licenciado en derecho externo. e). En el caso de instrumentos de deuda y títulos fiduciarios residuales, calificación sobre el riesgo crediticio de la emisión expedida por cuando menos una institución calificadora de Valores. Son títulos fiduciarios residuales, los que únicamente otorguen derechos al pago de principal e intereses con cargo al patrimonio fideicomitido. f). Información del avalista o garante, tratándose de instrumentos avalados o garantizados, así como de las garantías, su constitución y forma de ejecución. g). Información adicional que en relación con los incisos anteriores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determina mediante disposiciones de carácter general.

Es evidente que esa Comisión revisará y aprobará el texto mismo del todavía proyecto de Oferta Pública de Valores, así no de los denominados "Prospectos de información al público”. Sobre el tópico del "Prospecto", Hugo Nemirovsky opina, que configura un instrumento de difusión de la oferta pública de valores, por lo que debe calificarse como un contrato de adhesión que contiene la manifestación de voluntad del emisor de ofrecer públicamente sus valores, al cual se adherirá el inversionista mediante su aceptación. VII. LOS DIFERENTES EMISORES DE VALORES EN MÉXICO La Ley del Mercado de Valores es rica en definiciones y posibilidades para la emisión de valores, permite que personas nacionales como extranjeras puedan efectuar dichas actividades con sus valores en nuestro País, sujetos a diversos requisitos y modalidades. Para esos efectos, se establece una clasificación de emisores, por su carácter de entidades privadas o públicas, según se trate: a) Sociedades anónimas del sector privado que emitan valores. En este caso, la legislación de la materia permite tres posibilidades: a.l) Sociedades anónimas promotoras de inversión: Son aquellas que no necesitan inscribir sus acciones o los demás valores que emitan, en el Registro Nacional de Valores, y tampoco están obligadas a transformarse con posterioridad a su constitución o a la adopción de esta modalidad, en sociedades anónimas bursátiles, por lo que operan sólo en mercados extrabursátiles. a.2) Sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil. Son inicialmente sociedades anónimas promotoras de inversión, pero que sí solicitan su inscripción en el Registro Nacional de Valores, se les permitirá en término de tres años, convertirse en sociedades anónimas bursátiles, mientras pueden comerciar sus valores tanto dentro como fuera de las bolsas de valores. a.3) Sociedades anónimas bursátiles. Son aquellas que colocan sus acciones y demás valores en las bolsas de valores, requieren de la inscripción de éstos en el Registro Nacional de Valores, están obligados a cumplir con todos los requisitos que impone la Ley del Mercado de Valores, así como a sujetarse a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. b) Los Estados Unidos Mexicanos, quedando comprendidos en esta acepción el gobierno federal, los organismos autónomos, las entidades federativas, los municipios y las empresas de participación estatal mayoritaria, de orden federal, estatal o municipal, según el artículo 60 la Ley del Mercado de Valores.

c) Entidades financieras, comprenden al Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, los organismos financieros multilaterales de carácter internacional de los que México sea parte, las instituciones de crédito. d) Emisores de extranjeros con valores que se cotizan en México, a través del sistema internacional de cotizaciones de una bolsa de valores mexicana. Es necesario expresar que puede existir intermediación de valores sin que la oferta pública sea efectuada; el artículo 8° de la Ley del Mercado de Valores; expresa que la oferta privada de valores en territorio nacional podrá efectuarse por cualquier persona, siempre que se cumpla alguno de los requisitos siguientes: l. Se realice exclusivamente a inversionistas institucionales o calificados. 2. Se ofrezcan valores representativos del capital social de personas morales, o sus equivalentes, a menos de cien personas, con independencia de que sean de una o más clases o series. 3. Se realice al amparo de planes o programas aplicables en forma general a empleados o grupos de empleados de la sociedad que emita los valores o personas morales que ésta controle o que la controlen. 4. Se efectúe a accionistas o socios de personas morales que realicen su objeto social exclusiva o preponderantemente con éstos. CAPITULO TERCERO LAS INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES.

I.

CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN BURSÁTIL

Uno de los requisitos esenciales para que exista un Mercado de Valores ordenado y sin sorpresas, recae en la calificación que deben recibir los valores que serán objeto de intermediación en el mercado bursátil, sobre todo cuando éstos constituyen una deuda a cargo de una sociedad. Por tanto, las Instituciones Calificadoras de Valores tienen una función primordial al emitir los dictámenes relacionados con el riesgo que puede representar la adquisición de un papel, la existencia legal del emisor, su solvencia y su grado de liquidez; en estos aspectos radica la calificación de valores, la cual una vez otorgada permitirá la inscripción de ellos en el Registro Nacional de Valores y, posteriormente su oferta pública; el último párrafo del artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores determina que la inscripción que se haga de valores en el

Registro, no implicará en ningún caso certificación sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la emisora. La calificación, debe ser proporcionada por persona ajena al emisor, con quien no tenga ninguna relación de dependencia. Por otra parte, se ha criticado que entre las funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no esté la de la calificación de valores, debería ser tal entidad, quien como vigilante y supervisora del sistema dirija y proporcione las calificaciones cortespondientes en orden a la solvencia de un emisor, más esta situación escaparía de las funciones de autoridad conferidas a la Comisión, convirtiéndola en parte del engranaje de los valores y de la propia oferta pública. La vigente Ley del Mercado de Valores consagra todo un capítulo relativo a la conformación y operaciones de las instituciones calificadoras de valores, cuya importancia es innegable en el mercado de valores de deuda. Históricamente las Instituciones Calificadoras de Valores, se consideraron en la Ley General de Instituciones y Establecimientos Bancarios del año de 1926, que ya hacía mención a los fundamentos y criterios de la calificación bursátil, lo cual fue eliminado de la Ley del Mercado de Valores de 1975, con lo que se abrió una enorme y sensible laguna jurídica. Por ello, antes de 1999, algunos expertos trataban de encuadrar la legal existencia de estas Calificadoras en las disposiciones aplicables pagarés designados papel comercial y registro y oferta pública de bonos de prenda. El Lic. Antonio Velarde Violante, comentaba que la solicitud mencionada fue resultado de las conversaciones sostenidas entre la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C. y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto a la conveniencia de establecer un Instituto Mexicano de Calificación de Valores que cubriera esta necesidad del mercado. Fue así que se decidió autorizar a empresas Calificadoras de Valores independientes, quienes no tuvieran nexos específicos con autoridades emisoras, empresas inversionistas, instituciones de enseñanza, academias u otros organismos e instituciones ya establecidas. Por oficio No. 7080 de la Comisión Nacional de Valores, hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del 27 de noviembre de 1989, fue autorizada en Circular 10-118 la primera empresa para prestar los servicios de calificación, sin embargo se establecía que únicamente su intervención tendría por objeto la emisión de una opinión respecto de la existencia legal, calidad crediticia, grado de solvencia y grado de liquidez del emisor, no se precisaban las bases que se debían observar para obtener unas u otras, ni se establecían servicios de ninguna clase y mucho menos se establecían las requisitos para que se constituyeran las Calificadoras. Es por ello, que uno de los enormes atines de la Ley del Mercado de Valores,

vigente a partir del año de 2006, lo constituye la regulación clara, precisa y contundente de las instituciones calificadoras de valores, lo que beneficia en gran forma al mercado mexicano, pero más aún al inversionista que generalmente puede guiarse en las calificaciones asignadas y con ello poder tomar decisiones de inversión. Al margen de lo anterior, debe quedar debidamente delimitado que la calificación corresponderá únicamente a edades que emitan papeles de deuda y no a todos los instrumentos que integran el Mercado de Valores, ya que resulta práctico que en el mercado de capitales las acciones que emiten sociedades mercantiles para colocarlas en Bolsa, reciban una calificación, puesto que el precio de éstas, salvo el día de su colocación, se basará en la oferta y demanda que exista sobre las, lo que en poco puede ayudar una calificación previa. Por lo anterior el Licenciado Alfonso Sánchez Saloma, comentaba que las actividades de calificación de valores consisten en otorgar al papel comercial creado y emitido por Sociedades Anónimas Mexicanas, una calificación en torno a la existencia legal, calidad crediticia, grado de solvencia y grado de liquidez de la persona moral emisora de los valores que pretenden ofrecerse al público inversionista, reiterando que sobre dichas premisas se emitía la calificación correspondiente, lo que permitía la inscripción del papel en el Registro Nacional de Valores, pero pese al enorme atino que constituye que dichas sociedades hayan sido por fin legisladas en nuestro País, tal regulación respecto de su objeto ahora resulta parcial, en comparación con las actividades que englobaban la propia calificación de valores cuando no estaban contempladas en ley alguna, que ahora se centran únicamente en el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores, no así en el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación respecto de la existencia legal, grado de solvencia y grado de liquidez del emisor de los valores, lo que pretende dejarse en manos del auditor externo y del abogado del emisor. II. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN BURSÁTIL Uno de los requisitos esenciales para que exista un Mercado de Valores ordenado y sin sorpresas, recae en la calificación que deben recibir los valores que serán objeto de intermediación en el mercado bursátil, sobre todo cuando éstos constituyen una deuda a cargo de una sociedad. Por tanto, las Instituciones Calificadoras de Valores tienen una función primordial al emitir los dictámenes relacionados con el riesgo que puede representar la adquisición de un papel, la existencia legal del emisor, su solvencia y su grado de liquidez; en estos aspectos radica la calificación de valores, la cual una vez otorgada permitirá la inscripción de ellos en el Registro Nacional de Valores y, posteriormente su oferta pública; el último párrafo del artículo 79 de la Ley del

Mercado de Valores determina que la inscripción que se haga de valores en el Registro, no implicará en ningún caso certificación sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la emisora. La calificación, debe ser proporcionada por persona ajena al emisor, con quien no tenga ninguna relación de dependencia. Por otra parte, se ha criticado que entre las funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no esté la de la calificación de valores, debería ser tal entidad, quien como vigilante y supervisora del sistema dirija y proporcione las calificaciones correspondientes en orden a la solvencia de un emisor, más esta situación escaparía de las funciones de autoridad conferidas a la Comisión, convirtiéndola en parte del engranaje de los valores y de la propia oferta pública. La vigente Ley del Mercado de Valores consagra todo un capítulo relativo a la conformación y operaciones de las instituciones calificadoras de valores, cuya importancia es innegable en el mercado de valores de deuda. Históricamente las Instituciones Calificadoras de Valores, se consideraron en la Ley General de Instituciones y Establecimientos Bancarios del año de 1926, que ya hacía mención a los fundamentos y criterios de la calificación bursátil, lo cual fue eliminado de la Ley del Mercado de Valores de 1975, con lo que se abrió una enorme y sensible laguna jurídica. Por ello, antes de 1999, algunos expertos trataban de encuadrar la legal existencia de estas Calificadoras en las disposiciones aplicables pagarés designados papel comercial y registro y oferta pública de bonos de prenda. El Lic. Antonio Velarde Violante, comentaba que la solicitud mencionada fue resultado de las conversaciones sostenidas entre la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C. y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto a la conveniencia de establecer un Instituto Mexicano de Calificación de Valores que cubriera esta necesidad del mercado. Fue así que se decidió autorizar a empresas Calificadoras de Valores independientes, quienes no tuvieran nexos específicos con autoridades emisoras, empresas inversionistas, instituciones de enseñanza, academias u otros organismos e instituciones ya establecidas. Por oficio No. 7080 de la Comisión Nacional de Valores, hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del 27 de noviembre de 1989, fue autorizada en Circular 10-118 la primera empresa para prestar los servicios de calificación, sin embargo se establecía que únicamente su intervención tendría por objeto la emisión de una opinión respecto de la existencia legal, calidad crediticia, grado de solvencia y grado de liquidez del emisor, no se precisaban las bases que se debían observar para obtener unas u otras, ni se establecían servicios de ninguna clase y mucho menos se establecían las requisitos para que se constituyeran las Calificadoras.

Es por ello, que uno de los enormes atines de la Ley del Mercado de Valores, vigente a partir del año de 2006, lo constituye la regulación clara, precisa y contundente de las instituciones calificadoras de valores, lo que beneficia en gran forma al mercado mexicano, pero más aún al inversionista que generalmente puede guiarse en las calificaciones asignadas y con ello poder tomar decisiones de inversión. Al margen de lo anterior, debe quedar debidamente delimitado que la calificación corresponderá únicamente a edades que emitan papeles de deuda y no a todos los instrumentos que integran el Mercado de Valores, ya que resulta práctico que en el mercado de capitales las acciones que emiten sociedades mercantiles para colocarlas en Bolsa, reciban una calificación, puesto que el precio de éstas, salvo el día de su colocación, se basará en la oferta y demanda que exista sobre ellas, lo que en poco puede ayudar una calificación previa. Por lo anterior el Licenciado Alfonso Sánchez Saloma, comentaba que las actividades de calificación de valores consisten en otorgar al papel comercial creado y emitido por Sociedades Anónimas Mexicanas, una calificación en torno a la existencia legal, calidad crediticia, grado de solvencia y grado de liquidez de la persona moral emisora de los valores que pretenden ofrecerse al público inversionista, reiterando que sobre dichas premisas se emitía la calificación correspondiente, lo que permitía la inscripción del papel en el Registro Nacional de Valores, pero pese al enorme atino que constituye que dichas sociedades hayan sido por fin legisladas en nuestro País, tal regulación respecto de su objeto ahora resulta parcial, en comparación con las actividades que englobaban la propia calificación de valores cuando no estaban contempladas en ley alguna, que ahora se centran únicamente en el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores, no así en el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación respecto de la existencia legal, grado de solvencia y grado de liquidez del emisor de los valores, lo que pretende dejarse en manos del auditor externo y del abogado del emisor. II. CONSTITUCION Y AUTORIZACION GUBERNAMENTAL DE LAS CALIFICACIONES, DE VALORES. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una circular el 9 de diciembre de 1999, en la que estableció los requisitos de constitución de las instituciones calificadoras de valores, y los requerimientos para su autorización gubernamental; los elementos has sido tomados casi en completo en la ley del Mercado de Valores 2006, cubriendo la regulación positiva para las calificadoras de valores. Los requisitos de existencia de esas entidades son:

1) El artículo 334 de la Ley del Mercado de Valores indica que las instituciones calificadoras de valores serán las personas morales cuyo objeto social sea exclusivamente la prestación habitual y profesional del servicio de estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia, grado de solvencia y grado de liquidez del emisor de los valores y contraponiéndose con los criterios que antes sustentaban los de la propia autoridad, así con los criterios emitidos por la propia autoridad, contenidos en circulares 10-118, 10-118 bis y 10-118 bis 1 y octava inciso b), de las circulares 10-132 y 10-132, hoy abrogadas. 2) La autorización para la organización y funcionamiento de las instituciones calificadoras de valores, será otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las sociedades anónimas constituidas de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, con los mismos requisitos que consigan los artículos 6° y 87 a 91 de ese ordenamiento. 3) La solicitud de autorización para organizarse y funcionar como institución calificadora de valores, deberá incluir; a) El proyecto de estatus social de las sociedades calificadoras de valores. b) Relación e información de los socios y los probables consejeros, directores generales y principales directivos de la sociedad. c) Programa de funcionamiento que comprenda las bases relativas a su organización. d) Manuales internos que contengan mínimo: d1) Prescripción del proceso de calificación, en él que se precise la escala, nomenclatura e interpretación de la calificación, el establecimiento de un procedimiento interno para otorgar una calificación, que incluya las etapas de contratación del servicio, obtención de información, mecanismos para evaluación de valores, determinación de calificación y su seguimiento, incluyendo la metodología de análisis cualitativo y cuantitativo. d2) Políticas y medios de difusión al público sobre los dictámenes, calificaciones y análisis emitidos, así como sus modificaciones. e) Proyecto de código de conducta para la sociedad, los consejos y demás directivos involucrados en el proceso de dictaminación de la calidad crediticia de los valores, que se ajusten a estándares internacionales exigidos en la materia de calificación de valores y bursátil en general. f) La demás documentación e información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que requiere mediante disposición de carácter general, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, que ha considerado necesaria, y que pueda ser ampliado o modificado: f.1) La definición del contenido de los expedientes de cada cliente, así como la documentación que por lo menos deberán incluir los mismos. f.2) La determinación de las personas que podrán tener a la información contenida en los expedientes.

f.3) El registro del personal que participó en el proceso de cada calificación. f.4) Los lineamientos para resolver los conflictos de intereses que se presenten. Las calificadoras deberán dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre las modificaciones que pretendan efectuar a la documentación e información antes anotada, cuando menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha en que las realicen. La propia Comisión podrá objetar las citadas modificaciones, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que reciba el aviso, cuando las modificaciones contravengan la Ley. 4) Los accionistas, consejeros y directivos de las calificadoras deben gozar de honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como amplios conocimientos y experiencia financiera, legal o istrativa, y no podrán mantener acciones representativas del capital social de entidades financieras en las que otorguen calificaciones en términos de la Ley del Mercado de Valores. Tampoco deben invertir directa o indirectamente en el capital social de instituciones calificadoras de valores, las entidades financieras antes relacionadas. Si bien es cierto que la ley no establece que el personal directivo y técnico de las instituciones calificadoras de valores, debe cumplir con determinados requisitos para ejecutar sus funciones: a) Contar con conocimiento técnico y experiencia en materia financiera y de análisis de crédito, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio. b) No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito, sobre todo tratándose de delitos patrimoniales. 5) Los servicios que presenten las instituciones calificadoras de valores deberán consignarse en el contrato que celebren con las sociedades emisoras. Dicho contrato, puede prever lo siguiente: a) La información que se requiera y el plazo para su entrega por parte de la sociedad emisora, a fin de estar en condiciones de otorgar la calificación. b) La obligación a cargo de la sociedad emisora de proporcionar periódicamente la información que la institución calificadora le requiera. c) La no existencia de responsabilidad a cargo de la institución calificadora de valores, cuando al revisar la calidad crediticia de valores, de conformidad con su metodología, modifique, a la alza o a la baja, la calificación. 6) Las calificadoras no podrán celebrar contratos de valores emitidos por emisoras en las que sus accionistas, consejeros o directivos del proceso de Dictaminarían de la calidad tengan conflicto de interés. Ni deberán tener relación de dependencia económica con el emisor de los valores en la fecha de

celebración del contrato de prestación de servicios ni durante la vigencia del mismo. 7) Las calificadoras al anunciar la calificación correspondiente, deben indicar que la bondad del valor o la solvencia, liquidez o calidad crediticia del emisor podrán verse modificadas, lo cual afectara a la alza o baja la calificación, sin que haya responsabilidad alguna a cargo de la propia institución calificadora. La falta de veracidad, el dolo o la mala fe, imputables a las calificadoras al emitir sus dictámenes podrán dar lugar, a la revocación de la autorización correspondiente, independientemente de las posibles acciones civiles y penales que les puedan asistir a los perjudicados por inexactitudes o mala fe de la calificadora. 8) Las calificadoras deben contar con medios que les permitan recibir con oportunidad la información que deben remitirle las emisoras con la periodicidad establecida en los contratos respectivos. 9) Las calificadoras deberán revelar al público las calificaciones que realicen sobre los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores o ser inscritos en el mismo, así como sus modificaciones y cancelaciones, atreves de los medios que establezca la Comisión. 10) La Institución calificadora de valores deberá entregar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa de Valores donde estos se liste o coticen, información financiera, istrativa y operativa que establezca la autoridad. 11) Igualmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicita a las calificadoras les presenten sus estados financieros correspondientes a los meses de marzo, junio y septiembre, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha, y el balance general anual y estados de contabilidad al mes de diciembre, dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio respectivo. 12) Las calificadoras estarán obligadas a proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de valores, los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos y, en general, la información que estime necesaria en la forma y términos que les señale, así como permitirle el a sus oficinas, locales y demás instalaciones. 13) La Comisión Nacional Bancaria y de valores previa audiencia de la institución calificadora de valores interesadas, podrán declarar la revocación de la autorización, en los casos siguientes: a) Si incurre en infracciones graves o reiteradas a lo establecido en las leyes. b) Si es declarado en concurso mercantil o quiebra, o bien, acuerda su disolución y liquidación. 14) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá suspender el servicio de calificación de valores respecto de algún emisor, cuando a su juicio exista conflicto de interés entre institución calificadora de valores y el emisor, incluso

podrá suspender a la propia calificadora, de acuerdo al artículo 4° fracción XIV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 15) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la rectificación, suspensión o cancelación de la publicidad que realicen las instituciones calificadoras, cuando a su juicio implique inexactitud, obscuridad o competencia desleal. III.

METODOLOGIA PARA LA CALIFICAICON DE VALORES.

En el libro “Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano” se explican las notas que reciben los papeles calificados; resulta muy útil exponer los criterios que se usan en realidad y no solo como ejemplo, Antonio Valverde Violante, expone con precisión, la calificación que usan Moody´s Investor Service y Standard &Poor´s, incluyendo la medición CAVAL para valores nacionales. En valores a largo plazo Moody´s otorga las siguientes: Aaa) Son los bonos de mejor calidad, tienen el menor grado de riesgo de inversión. Aa) Constituyen juntos con la Aaa, los bonos que se conocen como alta calidad. Reciben una calificación más baja que los anteriores, los márgenes de protección pueden no ser tan grandes como los bonos Aaa o porque puede haber elementos presentes que hagan que los riesgos a lo largo plazo parezcan un poco mayores que los bonos Aaa. A): Se consideran como obligaciones de calidad superior, ya que se pueden encontrar algunos elementos que hagan pensar en ciertas tendencias a sufrir daños en el futuro. Baa): Son obligaciones de calidad media en las que los pagos de interés y la garantía del capital principal puede ser relativa, sin contar con una salvaguarda adecuada en los periodos favorables o desfavorables que se pudieran presentar en un futuro. Ba): Son valores que tienen características especulativas y su futuro no está garantizado. B): No tiene los elementos de las buenas inversiones. La garantía de pago de interés y capital principal o de mantenimiento durante un periodo largo, es escasa. Caa) Son valores de baja categoría. Las emisiones pueden ser morosas o contienen elementos de riesgo en el capital principal y el pago de los intereses. Ca): Valores muy especulativos; se encuentran con frecuencia en mora. C): Son los más bajos en la clasificación, la calificación tiene pocas perspectivas de llegar a una posición real de inversión. En lo que se refiere a valores de corto plazo, Velarde acota que Moody´s utiliza las siguientes notas:

Prima 1): La aptitud de resarcir de los emisores es superior en las obligaciones de deuda a corto plazo. Prima 2): Los emisores tienen buena capacidad de reemplazo. Prima 3): Los emisores calificados tienen capacidad aceptable de reembolso. No prima): Los emisores calificados asi, no se incluyen en las categorías de las primas. En el caso de Standard & Poor´s, las categorías de calificación, son: Definición de calificación de largo plazo: 1. Categorías con grado de inversión: AAA): La deuda calificadora con “AAA”, posee el grado más alto de la escala de calificaciones. La capacidad de pago de intereses y principal es extremadamente fuerte. AA): La deuda calificada con “AA” es muy fuerte de pago de intereses y principal, difiriendo solo en un pequeño grado de las emisiones con la máxima calificación. A): La deuda con calificación “A” posee una gran capacidad de pago de intereses y principal, aunque es más susceptible a los efectos de los cambios circunstanciales y condiciones económicas adversas que la deuda de las categorías superiores. BBB): La deuda con calificación “BBB” se considera dotada de capacidad adecuada de pago de intereses y principal. A pesar que normalmente presenta parámetros de protección adecuados, condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales puedan debilitar su capacidad de pago de intereses y principal en comparación con la deuda situada en categorías superiores. 2. Categorías sin grado de inversión. La deuda con calificaciones “BB”, “B”, “CCC”, “CC” y “C” se considera provista de características predominantemente especulativa en lo que se refiere a la capacidad de pago de intereses y principal. “BB” implica el menor grado de especulación, y “C” el mayor. Aunque dicha deuda tenga normalmente alguna característica de calidad y protección, estas se ven contrarrestadas por incertidumbres de importancia o vulnerabilidad considerable ante condiciones adversas. BB): La deuda con calificación “BB” posee menos posibilidades de incumplimiento a corto plazo que otras emisiones especulativas. Sin embargo, debe hacer frente a incertidumbres significativas o a condiciones comerciales, financieras o económicas adversas que podrían conllevar una capacidad insuficiente de pago puntual de intereses principal. La categoría de calificación “BB” se utiliza también para deudas subordinadas a una deuda “senior” a la cual se le ha asignado una calificación expresa o implícita de BBB.

B): La deuda calificada con “B” posee un mayor riesgo de incumplimiento, pero tiene actualmente capacidad de pago de intereses principal. Condiciones comerciales, financieras o económicas adversas probablemente perjudicarían la capacidad o voluntad de pago de intereses y principal. La categoría de calificación “B” se utiliza también para deuda subordinada a una deuda “senior” a la que se ha asignado una calificación expresa o implícita “BB” o ”BB”. CCC): La deuda calificada con “CCC” tiene ya una posibilidad identificada de impago, y depende de condiciones comerciales, financieras y económicas favorables para satisfacer de forma puntual el pago de intereses y principal. En caso de condiciones comerciales, financieras y económicas adversa es posible que no tengan capacidad de pago de intereses principal. La categoría de calificación “CCC” se aplica también a deudas subordinadas a una deuda “senior” a la que se ha asignado una calificación expresa o implícita de “B” o “B”. CC): La calificación “C” típicamente se aplica a deuda subordinada a una deuda “senior” a la que se la ha asignado una calificación “CCC” de forma expresa o implícita. C): La calificación “C” se aplica normalmente a deuda subordinada a una deuda “senior”, a la que se le ha asignado una calificación de deuda “CCC” de forma expresa o implícita. La calificación “C” puede utilizarse para designar aquellas situaciones en las que ha solicitado o iniciado un proceso de quiebra, pero que se mantiene en los servicios de pagos de intereses de la deuda. C1): Se reserva para “Bonos de Ingreso” sobre los cuales no se ha pagado los intereses. D): La calificación de deuda “D” se halla en situación en impago. La categoría de calificación “D” se utiliza cuando el pago de intereses y principal no se ha realizado puntualmente, aun cuando el periodo de gracia correspondiente no haya expirado, a menos que Standard & Poor´s crea que dichos pagos se satisfarán dentro de dicho periodo de gracia. La calificación “D” se aplica también en caso de declaración de quiebra, si peligran los pagos de servicios de deuda. Mas (t) Menos (-). Las calificaciones comprendidas entre las categorías “A” y “CC” podrá modificarse mediante la adición de un signo positivo o negativo que indica su relación relativa dentro de las principales categorías de calificación. P): La letra “P” indica que la calificación es provisional y presupone la exitosa conclusión de un proyecto que está siendo financiado con la emisión de la deuda calificada. También indica que el pago del servicio de la deuda, incluido el principal, depende en gran parte, si no es que en su totalidad, de la exitosa y oportuna terminación del proyecto. R): La letra señala una calificación para resultar el hecho de que en cierto tiempo de emisión hibrida, derivados, etc. Esta calificadora, considera que pudiera existir una gran volatilidad o variabilidad en los retornos esperados, debido a

riesgos no crediticios. Ejemplos de estas obligaciones podrían ser: emisiones de deudo donde los intereses o principal se encuentren indizados a acciones, bienes o divisas, algunos tipos de swaps u opciones, cuando solamente el interés o el principal tenga garantía hipotecaria. N.R): Significa que no ha sido calificada. Las emisiones colocadas fuera del territorio de los Estados Unidos de América, se califican con los mismos criterios y metodología aplicada para las emisiones domésticas. La calificación mide la cantidad crediticia del emisor sin tomar en cuenta el riesgo cambiario, transferibilidad de recursos o cualquier otra circunstancia que se le relacione. Papel comercial: A1): Esta categoría máxima indica que el grado de seguridad acerca del pago puntual es fuerte. Aquellas emisiones consideradas provistas de características de seguridad extremadamente altas se designan con la adición de un signo positivo (+). A-2): La capacidad de pago puntual por parte de la emisora con esta designación es satisfactoria. Sin embargo el grado relativo de seguridad no es tan alto como las emisiones designadas “A-1”. A-3): Las emisiones con esta designación poseen una capacidad adecuada de pago puntual, sin embargo son más vulnerables a los efectos adversos de cambio en las circunstancias que las obligaciones con calificaciones superiores. B): Las emisiones con calificación “B” se consideran con una capacidad especulativa de pago puntual. C): Esta calificación se asigna a obligaciones de deuda a corto plazo con una capacidad de pago dudosa. D): La deuda calificada “D” se encuentra en situación de impago, se utiliza cuando los pagos de intereses o de principal no se han realizado puntualmente, aunque el periodo de gracia correspondiente no haya expirado, a menos que Standar & Poor´s crea que dichos pagos se realizaran dentro de dicho periodo de gracia. Finalmente, tenemos la escala “CAVAL”, que se usa para calificar emisiones de valores mexicanos; las calificaciones en esta medición son las siguientes: 1. Categorías de Calificación de Deuda de Largo Plazo: mxAAA): Indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como de principal, es muy alta. mxAA): Tiene una muy fuerte capacidad de pago de capital e intereses. mxA): Tiene una fuerte capacidad de pago tanto de intereses como de principal, aun cuando es más susceptible a efectos adversos. mxBBB): Tiene una adecuada capacidad de pago de intereses como el principal, pero puede verse influenciada por la variación de las condiciones económicas adversas o cambios.

mxBB): Tiene la menor vulnerabilidad de incumplimiento de pagos en el corto plazo que cualquiera de las siguientes, consideradas como de alto riesgo o grado de no inversión. mxB): Tiene mayor vulnerabilidad de incumplimiento de pago, aun cuando en el momento de ser calificada tenga la suficiente capacidad de pago. mxCCC): Contempla una identificada posición de interrupción de pago y depende de condiciones favorables tanto del negocio como de las financieras o de la economía para poder cumplir oportunamente. mxCC): Indica una alta susceptibilidad de incumplimiento de pago del emisor. mxD): Esta se asigna a emisores que ya han incurrido en incumplimiento de pago, e incluso a aquellos que están sujetos a procedimientos de concurso mercantil o en declaración de quiebra. 2. Categorías de Calificación de Deuda de Corto Plazo: mxA-1): Fuerte grado de seguridad respecto al pago oportuno de intereses y principal. mxA-2): El grado de seguridad respecto al pago oportuno de intereses y principal es satisfactorio. mxA-3): El grado de seguridad respecto al pago oportuno de intereses y principal es adecuado, pero más vulnerable a cambios de circunstancias en el entorno. mxB): Contemplan una mayor incertidumbre o exposición de riesgo que provoque una inadecuada capacidad de pago de intereses y principal. mxC): Dudosa capacidad de pago oportuno de intereses principales. mxD): Ubica a la emisión de deuda que ha incurrido en un incumplimiento de pago. IV. Efectos Jurídicos de la Calificación de Valores. Los efectos jurídicos nacen de la calificación de valores, se encaminan exclusivamente a la posibilidad de que el emisor de ellos los pueda inscribir en el Registro Nacional de Valores y con posterioridad pueda efectuar una oferta pública cuya materia serán los valores calificados; en ese tenor está redactada la Ley del Mercado de Valores. A pesar de lo anterior, se discute en la actualidad si se surgen consecuencias jurídicas para el público inversionista por la calificación que reciben determinados valores, ya que en muchos casos la adquisición de valores de deuda se respaldan precisamente en la calificación otorgada; lo anterior en virtud de que los artículos 334 y 336 de la Ley de Mercado de Valores introducen el concepto “opinión” que, es el dictamen de las calificaciones de valores, que versara sobre la calidad crediticia de valores.

Sobre ese punto el Lic. Roberto Olea Hernández, dice que en sentido estricto, las Instituciones Calificadoras no opinan favorable o desfavorable, pues su función no es proponer o sugerir que el inversionista adquiera determinados valores o se abstengan de adquirir otros, sino solo otorgan a dichos valores una calificación, basada en un profesional analista fundamental y técnico de la sociedad emisora que los pretenda ofrecer al público. Finalmente debemos recordar que si los efectos que nacen de la calificación son la posibilidad de inscribir los valores en el Registro Nacional de Valores, dicha inscripción no implicará una certificación sobre la bondad del valor o la solvencia, liquidez o calidad crediticia del emisor. CAPITULO CUARTO LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES. I.

INSTITUCIONES AUTORIZADAS PARA INTERVENIR EN EL MANEJO DE VALORES Y ACTIVIDADES QUE PUEDAN EJECUTAR LAS CASAS DE BOLSA. El artículo 113 de la Ley del Mercado de Valores establece que los intermediarios en el Mercado de Valores tendrán el carácter de casa de bolsa, institución de crédito, sociedades operadoras de sociedades distribuidoras de acciones, de sociedades de inversión, tanto en la operación como intermediación de cualquier clase de valores sin límite alguno, mientras que los demás intermediarios tienen limitantes al respecto. Adicionalmente dicho artículo dispone que las instituciones de crédito, las sociedades operativas de sociedades de inversión, las as de fondo para el retiro, las sociedades distribuidoras de inversión y las entidades financieras autorizadas para actuar con el referido carácter de distribuidoras, en su organización y funcionamiento deberán observar lo establecido en las leyes del sistema financiero que las rija y demás disposiciones que emanen de ellas. Será intermediario en el Mercado de Valores, cualquiera de las sociedades citadas, que realicen operaciones de intermediación de valores, y que se describen en el artículo 2° de la Ley de Mercados y Valores y cumpla con los requisitos que establece la Ley. Ha principios de la década de los años noventa del siglo XX, podían ser intermediarios de valores las personas físicas que obtenían la correspondiente autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su registro en las sección de intermediarios del Registro Nacional de Valores; esta situación fue eliminada de la Ley del Mercado de Valores, estas personas físicas eran conocidas como agentes de valores.

Citamos las actividades que desarrollan las Casas de Bolsa, figuras centrales, pero no exclusivas, de la intermediación en el Mercado de Valores. La casa de bolsa podrá efectuar las siguientes operaciones: a) Colocar valores mediante ofertas públicas y prestar servicios en ofertas públicas de adquisición. Realizar operaciones de sobreasignación y estabilización con los valores objeto de la colocación. b) Celebrar operaciones de compra, venta, reporto y préstamo de valores, por cuenta propia o de terceros, operaciones internacionales y de arbitraje internacional. c) Fungir como fundadores de mercado respecto de valores. d) Conceder préstamos o créditos para adquisición de valores con garantía de estos. e) Asumir el carácter de acreedor y deudor ante contrapartes centrales de valores, y asumir obligaciones solidarias respecto de operaciones con valores realizadas por otros intermediarios del mercado de valores, para los efectos de su compensación y liquidación ante las contrapartes centrales, de las que sean socios. f) Efectuar operaciones con instrumentos financieros derivados, por cuenta propia o de terceros. g) Promover o comunicar valores. h) Realizar los actos necesarios para obtener el reconocimiento de mercado y listado de valores en el sistema internacional de cotizaciones. i) istrar carteras de valores tomando decisiones de inversión a nombrar y por cuenta de terceros. j) Prestar el servicio de asesoría financiera o de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión. k) Recibir depósitos de valores en istración, custodia o en garantía, por cuenta de terceros, y en general de documentos mercantiles. l) Fungir como y ejecutor de prendas bursátiles. m) Asumir el carácter de representante común de tenedores de valores. n) Actuar como fiduciaria. ñ) Ofrecer a otros intermediarios la proveeduría de servicios de externos, necesarios para la adecuada operación de la propia casa de bolsa o de dicho intermediario. o) Operar con divisas y metales amonedados. p) Recibir recursos de sus clientes por concepto de las operaciones con valores o instrumentos financieros derivados que se le encomienden. q) Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito u organismos de apoyo al mercado de valores para apoyar a las actividades que le son propias. r) Emitir obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a títulos representativos de su capital social, ajustándose al artículo 64 de la Ley de

s) t) u) v)

w)

x)

Instituciones de Crédito, así títulos de operaciones y certificados bursátiles, para la realización de las actividades que les sean propias. Invertir su capital pagado y reservas de capital con apego a esta Ley. Fungir como liquidadoras de otras casas de bolsa. Actuar como distribuidoras de acciones de sociedades de inversión Celebrar operaciones en mercados del exterior, por cuenta propia o de terceros, en este último caso, al amparo de fideicomiso, mandatos o comisiones y siempre que exclusivamente las realice por cuenta de clientes que puedan participar en el sistema internacional de cotización. Ofrecer servicios de mediación, depósitos y istración de acciones representativas del capital social de personas morales, no inscritas en el Registro, sin que en ningún caso pueda participar por cuenta de terceros en la celebración de las operaciones. Las análogas, conexas o complementarias de las anteriores, que les sean autoridad por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general.

II. DIFERENCIAS ENTRE CASAS DE BOLSA Y OTROS INTERMEDIARIOS CON VALORES No nada más de la enumeración de las actividades pueden celebrar los diversos intermediarios nacen diferencia que valen la pena ser comentadas, ya que la primera de 'diferencias notables que ha ocasionado que los otros intermediarios en el mercado de valores no tengan la misma aceptad, en la práctica financiera mexicana, la constituye el hecho sus legislaciones particulares son limitativas en cuanto a. operaciones con valores que pueden celebrar con el público en todos los casos remiten a la Ley del Mercado de valores. En efecto, en el caso de instituciones de crédito, el artículo 53 de la Ley de dicha materia, permite a los bancos la celebración de transacciones bursátiles, siempre que las realicen a través de casas de bolsa, y si bien es cierto que tal principio haya sido rebasado por la actual Ley del Mercado de Valores que permite a las primeras intervenir en forma definida en el propio mercado bursátil, también es innegable que no pueden acceder al piso de remates de la bolsa de valores en virtud que hoy por hoy, sólo las casas de bolsa son accionistas de ellas concretamente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V lo cual hace necesario que tanto las instituciones de crédito como las sociedades operadoras de sociedades de inversión y as de fondos para el retiro y Sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y entidades financieras autorizadas para actuar con el referido carácter de distribuidora deban acudir a las casa de bolsa, cuando menos para el cierre de las transacciones bursátiles en el piso de remates de la bolsa de valores. Otra de las diferencias radica en el artículo 183 de la Ley de Mercado de Valores, que delimita que las casas de bolsa solo podrán actuar como fiduciarias en

negocios directamente vinculados con las actividades que le sean propias y podrán recibir cualquier clase de bienes, derechos, efectivos o valores referidos a operaciones o servicios que estén autorizadas a realizar. Así mismo podrán efectuarse en estos fidecomisos bienes, derechos o valores diferentes a los antes señalados exclusivamente en los casos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público lo autorice, mediante disposiciones de carácter general, lo que en forma alguna es aplicado a las instituciones de crédito, que en forma limitada pueden ejecutar operaciones fiduciarias, aun cuando no estén vinculadas a sus actividades ordinarias.

III.-REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCION DE LAS CASAS DE BOLSA Pese a que la Ley de Mercado de Valores diferencia las actividades que pueden efectuar unos y otros intermediarios, establece las condiciones de la constitución legal, las cuales serán expuestas de acuerdo a los requisitos más importantes establecido por los artículos 6 y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que estos intermediarios deben como Sociedades Anónimas; es en esta última naciente de los artículos 114 y 115 de la Ley del Mercado de Valores, de donde se desprende que las personas ya no pueden constituirse en intermediarios de valores expuesto lo anterior, podemos en consecuencia revisar de constitución de Casas de Bolsa, según anteriormente comentamos: 1.-Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan a la Sociedad. En nuestra materia el nombre, la nacionalidad y el domicilio sujetos que constituyen a la sociedad, permitirá conocer si ésta es de nacionalidad mexicana o debe ser considerada, como una filial de una Institución Financiera del Exterior. El domicilio de la sociedad deberá ser ubicado en territorio nacional, según lo previene el artículo 115 de la Ley de Mercado de Valores. 2. El objeto de la sociedad. Éste estriba en la intermediación con valores y documentos permitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de valores así como las actividades conexas y relacionadas con la mediación de valores. 3. La razón social o denominación. En el caso de intermediarios financieros, la fracción I del artículo 115 de la ley del Mercado de Valores establece “que deberán constituirse como Sociedades Anónimas, debiendo incluir en su denominación o después de ésta. 4. Su duración.

Como es conocido, las Sociedades Mercantiles como personas que son tienen un término de vigencia o de vida el cual consignan dentro de sus estatutos sociales. Tratándose de sociedades de sector financiero la mayoría de legislaciones incluyen la mención de que la duración de la sociedades que se trata será indefinida, por lo que la Ley del Mercado de Valores establece este mismo criterio en su artículo 15 fracción I, inciso b). 5. El importe del capital social, el número, valor nominal naturaleza acciones en que se divide el capital social.

de las

El artículo 118 de la Ley del Mercado de Valores señala que las acciones representativas del capital social de las casas de bolsa deberán pagarse íntegramente en dinero en el acto de ser suscritas. Las mencionadas acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en la Ley en cita, las cuales en ningún caso se encontrarán, obligadas a entregarlas a los titulares. Cuando el capital social de las casas de bolsa exceda del mínimo, deberá estar pagado por lo menos en un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea inferior al establecido. Tratándose de sociedades anónimas de capital variable, el capital social mínimo estará integrado por acciones sin derecho a retiro. En ningún caso, el monto del capital variable podrá ser superior al mínimo. Las casas de bolsa al anunciar su capital social deberán al mismo tiempo dar a conocer su capital pagado. El número de acciones que compondrá el capital social dependerá del valor nominal de las mismas, por lo que multiplicando ambos factores, se obtendrá el monto de capital social de la casa de Bolsa. En lo que la respecta a la composición o diversificación de dicho capital social, éste será representado de la siguiente forma según disposición del artículo 117 de la Ley del Mercado de Valores serie “O “que representará en todo momento el capital ordinario de la Casa de Bolsa, pudiendo ser hasta del 100% del dicho capital social. (Si el intermediario es una filial extranjera entonces en vez de existir serie "O" de acciones, existirá serie "F" que comprenderá entre el 51% del capital social y hasta el l00% del mismo, existiendo también en este último caso una serie "B" de libre suscripción, por la porción restante del dicho capital social) Por otro lado, podrán emitir cualquiera de ambos intermediarios acciones serie 'T' por un monto que represente el 40% del capital social, mismo que será adicional a éste, estas acciones serán de voto limitado. Las acciones series "O" y 'T' serán de libre suscripción, salvo tratándose de personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, las cuales en ningún caso podrán participar en el capital social de las casas de bolsa.

6.-Forma conforme a la cual haya de istrarse a la Casa de Bolsa, así como el nombramiento de los es. En el caso de nuestro estudio, el artículo 122 de la Ley Mercado de Valores determina que la istración de la sociedad recaerá en un consejo de istración y en un Director General, el primero formado a elección de los accionistas hasta por 15 , dentro de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este carácter: En ningún caso podrán ser consejeros: a) Los funcionarios y empleados de la casa de bolsa, con excepción del director general y de los directivos de la sociedad que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél, sin que éstos constituyan más de la tercera parte del consejo de istración. b) El cónyuge, la concubina o el concubinario de cualquier consejero, así como las personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, con más de dos consejeros. c) Las personas que tengan litigio pendiente en contra de la casa de bolsa de que se trate. d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales así, como las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano. e) Los quebrados y concursados que no hayan sido rehabilitados. f) Los servidores públicos que realicen funciones de inspección y vigilancia, o bien, funciones de regulación, de las casas de bolsa, salvo que exista participación del gobierno federal en el capital de las mismas. g) Las personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor externo de la casa de bolsa o de alguna de las empresas que integran el grupo empresarial al que ésta pertenezcan durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento. Tratándose de consejeros independientes, por éstos deberá entenderse a aquéllas personas que seleccionadas por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos, por lo según ordena el artículo 26 de la Ley, en ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros independientes:

I.-Directivos relevantes o empleados de la sociedad o de las personas morales que integren el grupo empresarial o consorcio al que aquélla pertenezca, así como los comisarios de estas limitante será aplicable a aquellas personas físicas ocupado dichos cargos durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de designación. II.-Las personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en la sociedad o en alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que dicha sociedad pertenezca. III.-Los accionistas que sean parten del grupo de personas o mantenga el control de la sociedad. IV.-Los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores acreedores, socios, consejeros o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando las ventas de la sociedad representen más de diez por ciento de las ventas totales del cliente, del prestador de servicios o del proveedor, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante, cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de la propia sociedad o de su contraparte. V.-Las que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en los numerales I) a IV) inmediatos anteriores. En relación con esta cuestión, debemos efectuar una precisión adicional, cada accionista en particular que represente el 10% del capital pagado de la sociedad podrá designar a un consejero. A sí mismo, el consejo de istración contará con el apoyo de un secretario, el cual será designado por la mayoría de los integrantes del órgano o por la asamblea general de accionistas, y estará sujeto a las obligaciones y responsabilidades que este ordenamiento legal establece. Según lo señala el artículo 124 de la Ley del Mercado de Valores, los consejeros deberán contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 7. Bases para disolución y liquidación de las Casas de Bolsa y, en su caso, para que puedan entrar en estado de quiebra o de concurso mercantil. Estos procedimientos se regirán por lo señalado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que significa que clase de Sociedades Anónimas pueden aprobar en sus asambleas su disolución, por cualquiera de los supuestos

previstos en el artículo 229 de la citada Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por la Ley de Concursos Mercantiles. En el caso de procedimientos de quiebra o concurso mercantil, además de ser aplicable la ley correspondiente, se fijan requisitos adicionales consistentes en que los cargos de síndico, liquidador y conciliador siempre le corresponderán a la persona que designe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien adicionalmente podrá solicitar el concurso mercantil de cualquier Casa de Bolsa. 8. El nombramiento del Comité de Auditoría. La ley del Mercado de Valores, señala que los consejos istración de las casas de bolsa (e igualmente los consejos de istración de sociedades anónimas promotoras de inversión y de sociedades anónimas bursátiles), deberán contar con un comité de auditoría en sustitución del comisario, cuyas actividades y funciones mínimas, serán determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de carácter general. Tratándose exclusivamente Entidades Financieras del Exterior, el artículo 169 ordena que éstas deberán tener un órgano de vigilancia integrado por un comisario de la Serie "F" y uno de la Serie "B", ambos con sus respectivos suplentes; por tanto, es de pensarse que ese es el criterio que se debió seguir para la elección de comisarios en las Casas de Bolsa enteramente mexicanos. En este caso, las funciones de estos comisarios serán aquellas que consigna el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. IV.

REQUISITOS ISTRATIVOS PARA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE CASAS DE BOLSA

Muchas son las exigencias de carácter jurídico istrativo que deben reunirse para que una Sociedad Anónima en sus modalidades de Casa de Bolsa, pueda constituirse como intermediario financiero en materia de valores. Es evidente que el primero de ellos que hemos dejado entrever ya no consta en la inscripción de la sociedad de que se trate en la Sección de Intermediarios del Registro Nacional de Valores cuyos efectos jurídicos no eran el reconocimiento de la personalidad de la sociedad, ya que ésta goza de la misma desde el momento de su inscripción en el Registro Público de Comercio del lugar del domicilio social, sino que tales efectos consistían en la posibilidad de que la sociedad pudiera efectuar actos de intermediación previstos en la Ley del Mercado de Valores a través de las Bolsas de Valores. Actualmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la autoridad encargada de conceder la autorización para organizarse y operar como una Casa de Bolsa, mientras que los demás intermediarios, requerirán de la autorización de la de Hacienda y Crédito Público; por ende tanto el acta constitutiva como las

reformas que se practiquen, deberán contar con la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de tal suerte que si se carece de ella, el Registro del Comercio que corresponda al domicilio de la sociedad procederá a inscribirla para que perfeccione su personalidad jurídica. Es por esas razones, que al momento de pretender constituir una de las sociedades que nos ocupa, junto con el proyecto de estatutos sociales se deberá acompañar a la solicitud de constitución, un plan general de funcionamiento de la sociedad, que incluya cuando menos: a) Las actividades y servicios a realizar. b) Las medidas de seguridad para preservar la integridad de la información. e) Las previsiones de cobertura geográfica señalando las regiones y plazas en las que se pretenda operar. d) El estudio de viabilidad financiera de la sociedad. e) Las bases relativas a su organización y control interno. f) Las bases para aplicar utilidades, en la inteligencia de que no podrán repartir dividendos durante sus tres primeros ejercicios, debiendo aplicarse las utilidades netas a reservas de capital. Por otra parte, existe el requisito de adquisición de una acción en una Bolsa de Valores y en una Institución para el Depósito de Valores, que le permitirá al nuevo socio acceder a los servicios que ofrecen ambas Instituciones, que posteriormente desarrollaremos. Una vez constituida la Casa de Bolsa de que se trate, podrá o, en su caso, será responsable de efectuar las siguientes actividades en apoyo a aquellas que por Ley les están permitidas, siendo necesario aclarar que éstas al parecer, solamente son aplicables a las Casas de Bolsa debido a la redacción de los preceptos legales correlacionados: a) Serán responsables de la autenticidad e integridad de los valores que negocien, así como de su inscripción en los registros de los emisores que se requieran, según se deriva del artículo 189 de la ley de la materia. b) Todos los actos, contratos y operaciones que celebren deberán ser registrados en su contabilidad, la que puede llevarse en libros encuadernados o en tarjetas u hojas sueltas, pudiendo microfilmarse éstos y todos los documentos con los que generalmente trabajen, según lo previene el artículo 209 de la Ley del Mercado de Valores. En estos casos, los negativos de esas filmaciones, o sus copias, debidamente certificados por personal autorizado de la Casa de Bolsa, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que las leyes atribuyen a los originales.

e) El catálogo de cuentas contables de las Casas de Bolsa deberá reunir los requisitos que al efecto fije la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debiendo llevar la contabilidad según lo estatuye el Código de Comercio. d) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de carácter general, la forma y el contenido que deberán presentar los estados financieros de las casas de bolsa, de igual forma podrá ordenar que los estados financieros se difundan con las modificaciones pertinentes cuando contengan errores o alteraciones y en los plazos que al efecto establezca. Al efecto, las casas de bolsa estarán exceptuadas del requisito de publicar sus estados financieros, conforme lo establece el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Deberán llevar un sistema automatizado para la recepción, registro, canalización de órdenes y asignación de operaciones con valores, de acuerdo con lo previsto por el artículo 180 de nuestra multicitada Ley. f) Deberán rendir periódicamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información que ésta les requiera, así como darle aviso con cuando menos 30 días de anticipación de la apertura, cambio de ubicación y cierre de sus oficinas, por disposición del artículo 217 del ordenamiento jurídico aplicable a los valores. g) Las remuneraciones por sus servicios se ajustarán a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por otra parte, otra de las condiciones istrativas sumamente importante para el funcionamiento de Casas de Bolsa, lo constituye la inclusión de la figura del Contralor Normativo, misma que es referida en las fracciones IV y VII del artículo 363 y por el artículo 410 de la Ley del Mercado de Valores, pero con la mala fortuna de haber sido omitido de toda la nueva legislación de la materia. No obstante, de existir el citado Contralor Normativo será responsable de las actividades siguientes: 1) Establecer procedimientos para asegurar que se cumpla con la normatividad externa e interna aplicable, y para conocer de los incumplimientos; 2) Proponer al consejo de istración el establecimiento de medidas para prevenir conflictos de interés y evitar el uso indebido de la información; 3) Recibir los informes del comisario y los dictámenes de los auditores externos, para su conocimiento y análisis; 4) Documentar e informar al consejo de istración de las irregularidades que puedan afectar el sano desarrollo de la sociedad, y 5) Las demás que se establezcan en el consejo de istración para adecuado desempeño de sus responsabilidades.

el

Las funciones del contralor normativo se ejercerán sin ' perjuicio de las que correspondan al Comité de Auditoría y al auditor externo de la casa de bolsa, de conformidad con la legislación aplicable. El contralor normativo deberá ser nombrado por el consejo de istración, el cual podrá suspenderlo o destituirlo y podrá asistir a las sesiones de este último con voz y sin voto. V. EL CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL Y SUS DIFERENCIAS CON EL CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL El contrato como acuerdo de dos o más voluntades que crea o trasmite derechos y obligaciones, es necesario para la ejecución de operaciones que le son propias a una Casa de Bolsa y que les son encomendadas por sus clientes. Más en materia de valores ese contrato que celebran las partes adquiere especial relevancia por las actividades de correduría, comisión, mediación, manejo de cartera, etcétera, que se incluyen dentro de la propia intermediación bursátil. El artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores define a este contrato llamado de intermediación bursátil, como aquél por medio del cual, el cliente confiere un mandato para que por su cuenta, una Casa de Bolsa realice las operaciones autorizadas por la Ley a nombre de la misma Casa de Bolsa, salvo que por la propia naturaleza de la operación, deba convenirse a nombre y representación del cliente, sin que en ambos casos sea necesario que el poder correspondiente se otorgue en escritura pública. El contrato anteriormente definido presenta características e deben estudiarse con atención. a) Mandato General El legislador mexicano comete un error al definir a la comisión mercantil que se incluye dentro del contrato de ínter mediación como un contrato de mandato, ya que éste aplica Exclusivamente en actos de carácter civil y los valores son actos de comercio según lo dispone el artículo 75 del Código de Comercio; dentro de la figura de la comisión como ya conveníamos, se incluye la posibilidad de que la Casa de Bolsa ponga en o a sus clientes con otras personas oferentes o demandantes de valores y efectúe las proposiciones, sean de compra o de venta, para con ello nazca la correduría o compra venta de valores Discrecionalidad o No Discrecionalidad En el "Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano" comentamos estas dos premisas, mediante la primera la Casa de Bolsa es conferida de la comisión para efectuar los actos que considere necesarios conforme la prudencia le dicte a sus promotores o apoderados para celebrar operaciones con el público y cuidando

el negocio como propio; esto quiere decir que el cliente otorgando la discrecionalidad en su contrato, ya no tendrá que seguir girando instrucciones sobre proposiciones de compra o venta de valores, salvo que quiera hacerlo; a este respecto debemos comentar que el cliente en todo momento podrá limitar la discrecionalidad a la realización de determinadas operaciones o al manejo de valores específicos, pudiendo revocar tal facultad en cualquier tiempo; claro está que cuando existe el otorgamiento de facultades discrecionales la Casa de Bolsa será responsable de los malos manejos o posibles quebrantos que ocasione a sus clientes si no existieron instrucciones que avalen su actuación, o si no fueron respetados los límites fijados por el otorgante. Sobre el concepto de la discrecionalidad, consideramos muy ilustrativa la opinión de Irving M. Pollack2 quien expresa que el intermediario que toma a su cargo el manejo de cuentas a discreción, adquiere una pesada carga, la gran responsabilidad de demostrar que la cuenta ha sido especialmente vigilada y manejada para cubrir los objetivos y necesidades del cliente; es decir, que ha actuado como un verdadero y competente profesional a quien se le ha otorgado confianza. En los contratos no discrecionales sucede lo contrario, la Casa de Bolsa actuará exclusivamente cuando existan instrucciones del cliente respectivo, por lo que si éste ha decidido que su contrato sea no discrecional, debe en todo momento estar pendiente de las circunstancias y factores que pueden influir en los valores que se istran al amparo del propio contrato, , por tanto un contrato no discrecional será aquél en el que el cliente tiene en todo momento las facultades y obligaciones de decisión de compraventa de valores, no pudiendo la Casa de Bolsa intermediaria intervenir en dichas decisiones. e) Secreto Bursátil El artículo 1'92 de la Ley del Mercado de Valores establece que los intermedia1ios en nuestra materia en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones que realicen o servicios que proporcionen, sino a los titulares, comitentes, mandantes, fideicomitentes, fideicomisarios, beneficiarios, representantes legales de los anteriores o quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarías federales, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las casas de bolsa, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las casas de bolsa, estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Desde luego y conforme lo previene el precepto legal aludido, el secreto bursátil no afecta en forma alguna la obligación que tienen las casas de bolsa de proporcionar a la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de supervisión, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten, o bien, a efecto de atender solicitudes de autoridades financieras del exterior, de conformidad con lo establecido en la propia Ley del Mercado Otorgamiento del Contrato Este debe constar por escrito según se depende de la propia ley de lo contrario existirá la nulidad relativa del mismo como apunta el artículo 202 de la propia Ley del Mercado de Valores, más lo anterior no quiere decir que las instrucciones que los clientes proporcionen a la Casa de Bolsa para la ejecución de operaciones al amparo del contrato de intermediación también constar por ese medio, ya que como veremos posteriormente la Ley de la materia prevé distintos medios de comunicación. Por otra parte tampoco es necesario otorgar el contrato de intermediación ante notario público, pese a lo que considera que esa afirmación nace del error que comete el legislador al considerar la comisión referida en el artículo 199 de la propia Ley del Mercado de Valores como un contrato de mandato, el cual excediendo de un mil veces el salario mínimo diario del Distrito Federal, requiere de la formalidad notarial. De igual forma, el artículo 200 de la Ley del Mercado de Valores define cuales son los efectos que nacen del otorgamiento del contrato de intermediación, por lo que de forma conclusiva son enunciados a continuación: l. Introducir la figura del apoderado para celebrar operaciones con el público inversionista. 2. Fijar la forma del manejo de la cartera de los valores, sea discrecional o no discrecional. 3. Establecer las formas de comunicación aceptables entre las partes, para hacer expedita la compraventa de valores. 4. Dar cabida al sistema de recepción y asignación de operaciones de la Casa de Bolsa, así como al establecimiento de la elaboración de comprobantes por cada operación realizada. 5. Establecer la posibilidad de que la Casa de Bolsa sea quien efectúe los endosos y cesiones de valores expedidos o endosados a favor del propio cliente. 6. Fijar las bases de entrega operaciones respectivas.

de numerario para

que sean efectuadas

las

7. Establecer la prioridad de cobro de honorarios por parte de las Casas de Bolsa, e inclusive, tasas de interés ordinario y moratorio por la prestación de los servicios de intermediación. Resulta útil comentar que existen personas que presuponen que el contrato de intermediación bursátil es uno de comisión mercantil, sin que tal posición sea correcta ya que la comisión mercantil como expresamos anteriormente, es el mandato aplicado a actos concretos de comercio, mientras que el contrato de intermediación va más allá, sobre todo tratándose de discrecionalidad o no discrecionalidad del propio contrato, elemento que no es materia de la comisión mercantil, por lo tanto es necesario anotar las diferencias que existen entre ambas figuras: a) La comisión mercantil puede otorgarse de palabra, pudiéndose ratificar hasta antes de que concluya el negocio que le dio origen, mientras que el contrato de intermediación debe siempre constar por escrito y, se otorga antes de la prestación de los servicios correspondientes. b) El comisionista es libre de aceptar o no el encargo que se le hace, lo cual no es aplicable en actividades del sector financiero, ya que las Casas de Bolsa no pueden denegar ninguno de los servicios para los que están autorizadas. e) El comisionista puede hacer vender los efectos que se le han consignado por medio de dos corredores o de dos comerciantes, mientras que en el contrato de intermediación por regla general, los efectos consignados que son valores, sólo podrán negociarse en Bolsa salvo que sean extrabursátiles, en cuyo caso tampoco se requiere de corredor alguno o de dos comerciantes como en el caso de la comisión mercantil. d) El comisionista puede desempeñar la comisión en nombre propio o en nombre de su comitente, lo cual no es aplicable a la materia de los valores, en virtud que las operaciones que en Bolsa celebra un intermediario por cuenta de sus clientes, no debe hacerlas a nombre de estos últimos sino a nombre del propio intermediario, para evitar con ello violación al secreto bursátil previsto en el artículo 192 de la Ley del Mercado de Valores. e) En el caso de la comisión mercantil el comisionista deberá sujetarse invariablemente a las instrucciones que reciba, lo que tampoco es aplicable al contrato del comitente lo que tampoco es aplicable al contrato de intermediación cuando éste es discrecional, que como expresamos un contrato discrecional es aquél que faculta a la Casa de Bolsa para actuar a su arbitrio, conforme la prudencia le dicte y cuidando el negocio como propio. f) En la comisión mercantil los quebrantos que puedan aparecer en el desempeño de la comisión son por cuenta del comisionista, lo cual no es aplicable al contrato de intermediación bursátil cuando éste es no discrecional, o

sea aquél en el que el cliente debe instruir en todo momento a la Casa de Bolsa para la ejecución de operaciones. g)Si el comisionista debiere remitir efectos entregados el comitente debe contratar un transporte y, en su caso, asegurarlos, lo que tampoco es aplicable al contrato de intermediación pues el traslado de valores se hará por vía de la Institución en donde se encuentran depositados, o se le entregarán físicamente al depositante. en ningún caso existe seguro que ampare a los propios valores. El comitente y el comisionista pueden pactar una remuneración por el desempeño de la comisión, mientras que en materia de valores el arancel ha sido aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como fue anteriormente precisado. Por lo estudiado, debe determinarse con precisión que el contrato de intermediación bursátil es único en cuanto a su contenido y alcances, mismo que incluye una cláusula o capítulo relativo a la comisión mercantil, mal llamada mandato por el legislador, ya que si bien es cierto que quien lo otorga puede ser una persona no comerciante, la otra si tiene esa característica y por ende prevalecerá la legislación mercantil en caso de controversia entre ambos; de ese razonamiento se concluye que la expresión correcta es la de comisión y no mandato. VI. LOS APODERADOS PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PÚBLICO INVERSIONISTA Y LOS APODERADOS DEL PISO DE REMATES. Octavio Igartúa Araiza inspirado en la disposición segunda de las extintas Circulares 10-68 y 10-68 bis, los definió como aquellas personas que por cuenta de las Casas de Bolsa, intervienen en las operaciones de intermediación en el Mercado de Valores, en sus sectores accionario, de renta fija y de dinero, así como en las operaciones análogas o complementarias que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Relacionado con lo anterior, resulta de mucha utilidad diferenciar a estos dos tipos de apoderados, lo cual estriba en las funciones que materialmente desarrollan unos y otros. El apoderado para celebrar operaciones con el público recibe de éste las instrucciones de compra o venta de valores, mientras que el apoderado de piso ejecuta esas instrucciones en el piso de remates de la Bolsa de Valores de la que es socio la Casa de Bolsa para la cual trabaja. Ambos recibirán de esa Casa de Bolsa un poder notarial que fije los términos y condiciones a los que se sujetarán dichos trabajos, incluyendo límites para operación o monto. El artículo 193 de la Ley del Mercado de Valores establece los requisitos que deben reunir las personas que pretendan ser apoderados para celebrar

operaciones con el público inversionista, los cuales son también exigibles a los operadores de piso: a) Deberán ser personas físicas. b) Deberán acreditar ante alguna asociación gremial reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como organismo autorregulatorio que cuentan con honorabilidad e historial crediticio satisfactorios y capacidad técnica necesarias para celebrar operaciones con el público, de asesoría, promoción, y compraventa de valores. c) En ningún caso podrán ofrecer en forma simultánea sus servicios a más de un intermediario del mercado de valores, salvo que formen parte de un mismo grupo financiero. d) Adicionalmente deberán cumplir los requisitos previstos en el reglamento interior de la bolsa de valores correspondiente, conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión citada. Se ha discutido acerca del tipo de poder del que gozan los apoderados de ambas categorías, ya que las citadas Circulares 10-68, que hoy se contienen en las “Disposiciones generales aplicables a los operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores y asesores de inversión para la celebración de operaciones con el público”, publicadas en el Diarios Oficial de la Federación el 27 de junio de 2002, modificadas según Resoluciones publicadas en el citado Diario el 30 de junio y 30 de diciembre de 2003 y 5 de agosto de 2005, señalan que los mismos deberán ser especiales, pero dentro de su especialidad en materia de valores, deben ser amplios, cumplidos y bastantes para que los apoderados puedan celebrar las operaciones que les corresponde, mas no se precisa si éstos son poderes o contratos de mandato para actos de istración o para actos de dominio o con ambas facultades. Creemos que incluyen ambas posibilidades, en virtud que en el caso concreto de operaciones que por cuenta propia celebra la Casa de Bolsa, los apoderados evidentemente están disponiendo del patrimonio de tal Institución.

VII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES Y SU CLIENTELA Como también hemos señalado en trabajos anteriores, la Ley del Mercado de Valores ha reconocido el uso de distintos medios, para que las partes que intervienen en operaciones con valores puedan estar o entrar en o, mas debe distinguirse que éstos serán de uso normal, generalmente en el caso de que el contrato de intermediación con base en el cual sean efectuadas tales

operaciones, sea no discrecional, ya que si el mismo discrecional aún cuando no se requieren instrucciones como quedó precisado con anterioridad, el cliente puede en todo momento usar estos medios de comunicación para girar instrucciones a la Casa de Bolsa con quien tiene celebrado el contrato de intermediación, siempre que en el texto de su contrato así se haya pactado. Si bien lo anterior constituye un adelante en nuestra materia, con poca fortuna el legislador ha permitido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 200 de la Ley del Mercado de Valores, que las instrucciones de la clientela puedan verterse por escrito, por vía electrónica, por teléfono o de forma verbal, siendo que en los dos últimos casos no existe manera de confirmar las instrucciones ni de comprobarse en caso de que exista discrepancia entre las partes; de ahí que en gran parte de las Casas de Bolsa sean grabadas todas las conversaciones que se sostienen cotidianamente, para que en caso de divergencias puedan éstas ofrecerse como pruebas, lo cual lógicamente se incluye en los textos de los contratos de intermediación. Por otra parte, el segundo párrafo de la citada fracción II del artículo 200 en estudio, es más explícito en lo referente a los medios de comunicación que pueden usarse para el otorgamiento de instrucciones en materia bursátil, éstos son cualquier medio de comunicación, para el envío, intercambio o, en su caso, confirmación de las órdenes de la clientela inversionista y demás avisos que deban darse conforme a lo estipulado en el contrato, entre los que caben: 1. La Carta. 2. El Telégrafo. 3. El Télex 4. El Telefáx. 5. Cualquier otro medio electrónico, de computo o de telecomunicaciones, mismos que se usarán para el envío, intercambio o, en su caso, confirmación de las órdenes de la clientela inversionista. Estas posibilidades tienen su origen en la versatilidad de las propias operaciones con valores que se celebran diariamente, ya que el costo de oportunidad para adquirir o vender uno de ellos requiere de la agilidad de la tecnología, por eso debemos atender que el legislador no se ha cerrado a los actuales medios de comunicación y permite la inclusión de cualquier otro instrumento que permita la confirmación e intercambio de instrucciones. Pero en los casos de uso de medios electrónicos la fracción V del propio artículo 200 que estamos analizando, instituye la necesidad de que las partes deberán precisar (lógicamente por escrito), cuales son las claves de identificación recíproca y las responsabilidades que conlleva su utilización; por tanto, el uso de ellas sustituirá la firma autógrafa y las fichas documentales o electrónicas en donde consten, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a documentos escritos, teniendo en consecuencia igual valor probatorio.

CAPÍTULO QUINTO EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES I.

OBJETO Y ANTECEDÉNTES

Como hemos observado hasta este momento, uno de los requisitos fundamentales para que se constituya una oferta pública de valores, es que éstos se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores, observando generalmente para ello las exigencias que se establecen en el artículo 85 de la Ley del Mercado de Valores. El Registro materia de este capítulo, jerárquicamente depende de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentra ubicado en el mismo recinto donde la Comisión tiene situadas sus oficinas. Es por lo anterior, que debido a que el Registro Nacional de Valores depende de la citada Comisión Nacional, su objeto puede dividirse en dos aspectos para auxiliar las actividades de esta última autoridad: 1. Controlar la oferta pública de valores en nuestro país, evitando que en nuestro Mercado de Valores se incluyan instrumentos que no reunan requisitos previamente establecidos, incluyendo el de su calificación. 2. Vigilar y tener control respecto a la intermediación de valores tanto nacionales como los emitidos en el extranjero por Sociedades Mexicanas, incluso cuando su venta o suscripción se realice también en nuestro país, Estos actos efectuados por el Registro Nacional de Valores mediante la elaboración de certificaciones, inscripciones, suspensiones y anotaciones marginales que obren en sus legajos. Estos razonamientos son confirmados parcialmente por el Lic. Roberto Olea Hernández quien al comentar el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores de 1975 (artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores actual), referente a que la inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad o solvencia, liquidez o calidad crediticia de un emisor, expresa que dicha leyenda da a la inscripción en el Registro su verdadera función y dimensión, que es precisamente constatar que la autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha verificado que las emisoras han cumplido con las condiciones previstas en la Ley, para poder hacer oferta pública de valores. Los antecedentes jurídicos del Registro Nacional de Valores, se remontan en nuestro país a los siguientes ordenamientos y compilaciones, que corresponden en gran medida a los antecedentes actuales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:

a) Ley Bancaria del 29 de junio de 1932, que introdujo las bases iniciales para la inscripción de valores en nuestro país. b) Decreto que crea al organismo autónomo denominado “Comisión Nacional de Valores” del día 11 de Febrero de 1946. c) Reglamento del Decreto que crea a la Comisión Nacional de Valores, del día 2 de julio de 1946. d) Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Valores del 27 de Mayo de 1946. e) Reglamento Especial para el Ofrecimiento al Público de Valores no registrados en Bolsa de día 15 de Enero de 1947, y; f) Ley de la Comisión Nacional de Valores del 30 de Diciembre de 1953. Todas las disposiciones antes referidas habrían de ser acogidas por la Ley del Mercado de Valores de 2 de Enero de 1975, antecedente de la Ley actual del año 2006, donde aparece regulado el ahora denominado Registro Nacional de Valores, así como a la todavía aplicable Circular única de Emisoras del 19 de Marzo de 2003, inclusive las fracciones XXVIII, XIX y XX del artículo 4° y artículo 10° transitorio de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del 28 de Abril de 1995, atribuyen facultades a esta Comisión, para que siga llevando dentro de su nuevo seno al Registro Nacional de Valores. En este tema resulta trascendente comentar el problema que se suscitó al momento de la entrada en vigor del Registro Nacional de Valores, ya que se plantearon serias dudas legales en cuanto al tratamiento que debía dárseles a los valores que cotizaban en Bolsa con antelación a la creación tanto de la Comisión Nacional de Valores, e incluso también existieron problemas respecto a los propios intermediarios no inscritos en la Sección correspondiente del Registro citado, que inicialmente sólo contaba con dos secciones, una de valores y la otra de intermediarios. Por una parte, pretender que los valores que en ese momento se encontraban en circulación reunieran los nuevos requisitos que imponían las nuevas leyes, podía resultar perjudicial tanto para sus emisores como para los tenedores de éstos, en virtud que podía darse el caso que no se apegarán a las formalidades para su registro en el Registro Nacional de Valores y consecuentemente, al no poder ser materia de oferta pública, tal situación conllevaría a la cancelación de tales valores en perjuicio de sus emisores y sobre todo del público inversionista; por tanto, se optó por inscribirlos de oficio en el Registro Nacional de Valores, en la inteligencia que aquellos que se encontraran en trámite, así como las emisiones de valores cuya oferta se pretendiera en lo futuro debían apegarse a la normatividad vigente, con todo lo anterior, se evitó la violación al principio de irretroactividad de la Ley, consagrado en el artículo 14 Constitucional.

Por otra parte, los intermediarios de valores y los agentes de Bolsa, que eran tanto personas físicas como morales, debían proceder a partir del momento del establecimiento del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, a solicitar su inscripción en la Sección de Intermediarios del propio Registro, pudiendo sin embargo proceder su revocación si dejaban de reunir las condiciones que ahora les imponían las leyes, o a petición de parte. Ambas soluciones nacían de la inclusión de los artículos 3° y 4° transitorios de la abrogada Ley del Mercado de Valores. Pese a lo anterior, la reforma legislativa del año de 2001, eliminó la obligación de los intermediarios bursátiles de obtener su registro en el desde entonces denominado Registro Nacional de Valores.

II.

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE VALORES

Esta entidad dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene el carácter de ser pública, por lo que dentro de su horario de labores, comprendido entre las 9:00 y las 14: 00 Horas de todos los días hábiles, cualquier persona puede acudir a sus instalaciones para efectuar las consultas y solicitudes que se requieran. El Registro Nacional se componía de dos secciones y diversas subsecciones antes de la promulgación de la Ley del Mercado de Valores con iniciación de vigencia a partir de junio de 2006, como sigue: a) Sección de Valores o Sección I. Esta a su vez se dividía en las siguientes subsecciones: a.1. Subsección “A” correspondiente a valores y acciones inscritos en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. a.2. Subsección “B” correspondiente a valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas, Organizaciones Auxiliares del Crédito y Sociedades de Inversión. a.3. Subsección “C” que contenía documentos que fueran objeto de oferta pública o de intermediación en el Mercado de Valores, que otorgaran a sus titulares derechos de crédito, de participación o de propiedad en el capital de personas morales. b) Sección Especial correspondiente a valores que se ofrecían públicamente en el extranjero, emitidos en México o por personas morales mexicanas. Sin embargo, desde la emisión de la Circular sin número del año 2000, se previó la posibilidad de que los registros y anotaciones se ejecutaran por vía electrónica, lo cual ha provocado que en la Ley del Mercado de Valores se haya modificado la estructura del Registro Nacional de Valores, conforme se desprende

del artículo 71 de dicho ordenamiento. Por lo que para efectos netamente y exclusivamente académicos, podemos señalar que el Registro Nacional de Valores se compone de las secciones principales siguientes: a) Sección para la inscripción de valores y ofertas de suscripción o enajenación, así como para la inscripción de valores sin oferta pública, como en el caso de acciones de sociedades promotoras de inversión. b) Sección para inscripción preventiva de valores conforme a la modalidad de listado previo, que tiene por objeto permitir al emisor realizar oferta pública de las acciones objeto de dicho acto registral, dentro de un plazo que determinará la Comisión mediante disposiciones de carácter general, siempre y cuando se encuentre al corriente en sus obligaciones de entrega de información, y conforme a los artículos 91 a 94 de la Ley del Mercado de Valores; y, c) Sección para la información relativa a la oferta pública en el extranjero, de valores emitidos en los Estados Unidos Mexicanos o por personas morales mexicanas, directamente o a través de fideicomiso o figuras similares o equivalentes. Dicha información tiene carácter estadístico y no constituye asiento o anotación registral algunos. Es importante anotar que en esta Sección quedarán inscritos los valores emitidos en México para su venta y suscripción en el extranjero o por personas morales mexicanas, incluso en aquellos casos en que la suscripción y oferta se realice simultáneamente en México y en el extranjero, siendo imprescindible comentar que los valores emitidos en el extranjero deberán inscribirse en la primera Sección y no en la Sección especial. Las funciones que ofrecen estas tres secciones pueden describirse en forma de lista de acuerdo con la práctica bursátil, así como de acuerdo con las Reglas para la Organización del Registro Nacional de Valores vigentes con antelación a la Ley del Mercado de Valores actual: a) Efectuar los asientos respectivos a las inscripciones, suspensiones, cancelaciones y otras anotaciones en cada Sección. En el primer caso, el acto de inscripción consistirá en la primera anotación que se efectúa con relación a un valor o a una emisor; en este supuesto, debe efectuarse antes de que se constituya la oferta primaria de valores. Tratándose de suspensión de valores, ésta se presenta por acuerdo de alguna autoridad y es solicitada materialmente por instrucciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus efectos son que el valor de que se trate, o el emisor respecto del cual se solicita, no puedan ni cotizar ni celebrar las operaciones que la ley les faculta, según sea el caso; generalmente el acto de suspensión de una inscripción puede tener como fundamento alguna actividad delictiva, la falta de solvencia de un emisor, su concurso mercantil, quiebra, mora en el pago de

dividendos o amortizaciones, o cuando simplemente ya no reúnan o dejen de cumplir con los requisitos necesarios para mantener su inscripción, etcétera. Finalmente la cancelación también es un acto de autoridad que puede ser por ella impuesto, o puede también surgir a petición del propio emisor, siempre que en este último caso queden salvaguardados los intereses del público inversionista. Los demás actos que competen al Registro reciben el nombre de anotaciones registrales, que consisten en inscribir al margen de cada anotación actos corporativos tales como cambios en la capitalización del emisor, suspensión de inscripciones o sus efectos, declaraciones de quiebra y concurso mercantil (que no son las únicas materias de una suspensión de inscripción, de ahí que el acto de suspensión sea un acto principal), intervenciones gerenciales o istrativas a intermediarios, acuerdos de fusión, escisión, transformación y cambio de denominación social de algún emisor y la suspensión de cotizaciones decretadas por las Bosas de Valores y no por la Autoridad, según será comentado en el capítulo séptimo referente a estas Bolsas de Valores. b) Efectuar el cálculo del importe de los derechos que cause sus inscripción, así como los que se causen por el refrendo anual de dicha inscripción y servicios de inspección y vigilancia, que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emisoras e intermediarios. c) Autorizar mediante registros electrónicos, las inscripciones, suspensiones, cancelaciones y las anotaciones registrales que obren en los legajos del Registro y reubicar al calce las certificaciones, constancias y oficios que se expidan con motivo de algún acto registrable. Los legajos citados se llevarán mediante la asignación de folios electrónicos por emisora en los que constarán los asientos relativos a la inscripción, suspensión, cancelación y demás actos de carácter registral, relativos a las emisoras y a los valores inscritos. d) Permitir al público la consulta de los legajos del Registro sin que la misma cause derecho alguno. Con referencia a este presupuesto, los interesados no podrán efectuar en los legajos ninguna anotación, tachadura o enmendadura. e) Elaborar certificaciones, inscripciones, suspensiones y anotaciones marginales que obren en los legajos del Registro, así como certificaciones de no existir asientos sobre valores específicos o algún intermediario determinado. En este caso, cualquier interesado podrá solicitar por escrito se le entregue alguna certificación relativa a los asientos que obran en el Registro, los cuales deberán ser expedidos por el Presidente o por alguno de los Vicepresidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acompañados de la rúbrica del registrador.

f) Cuidar de la exactitud y concordancia de los registros electrónicos y antecedentes en los asientos y demás anotaciones que se hagan en los legajos. g) Formular y mantener actualizada la lista de valores y emisores inscritos en el Registro. h) Elaborar las constancias u oficios que deban enviarse al interesado, a la Bolsa de Valores y a las autoridades que corresponda, documentos que también deben ser firmados por el Presidente o por alguno de los Vicepresidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. i) Efectuar cuando proceda las rectificaciones correspondientes. Puede suceder que las personas encargadas de transmitir por vía electrónica los asientos que hemos comentado, realicen estos insertando en los folios errores, ocasionando que surjan discrepancias entre lo asentado y los documentos o acuerdos de donde nace tal asiento. En tales casos por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valore, de su Presidente o de otras autoridades pueden efectuarse los cambios necesarios. A este respecto, el Código de Comercio establece en su artículo 32, la clasificación del error en materia del Registro Público de Comercio, clasificación que desde luego es aplicable por analogía a la materia bursátil. En efecto, el dispositivo legal antedicho del Código de Comercio, distingue al error material del error de concepto, como sigue: Error Material: El que se comete sin intención conocida, escribiéndose unas palabras por otras cuando se omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen los nombres propios, denominaciones sociales o las cantidades al transmitir tales datos de los documentos, antecedentes o acuerdos a los que corresponden, más tales circunstancias no cambian el sentido general de los propios asientos o anotaciones, ni sus conceptos. Error de Concepto: Cuando al transmitir en la inscripción o asiento marginal alguno de los contenidos en el documento, antecedente o acuerdo, se altere o se varíe su sentido, porque el transmisor se hubiese formado un juicio equivocado del contenido de ese documento antecedente o acuerdo, por una equivocación en la ubicación del asiento o anotación en la Sección o Subsección que corresponda, o por cualquier otra circunstancia. III. PROCEDIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE VALORES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES

Para que se efectué la inscripción de valores en la generalidad de los casos, además de presentarse la solicitud adecuada y requerida debe acreditarse a la autoridad que dichos valores pueden tener una circulación significativa y amplia, que sus emisores seguirán políticas congruentes con los intereses del público inversionista, proporcionando en todo momento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la bolsa de Valores y al público inversionista la información que sea necesaria; así también los emisores no podrán efectuar operaciones que modifiquen artificialmente el rendimiento de sus valores o que concedan a sus tenedores prestaciones que no deriven de la propia naturaleza de tales Valores. Con los elementos precitados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de juzgarlos conveniente, otorgara autorización al emisor, para que se registren los actos que corresponda, de acuerdo con las premisas que describen los artículos 72 a 76 de la Ley del Mercado de Valores: a) El Registro se llevará mediante la asignación de folios electrónico por emisora en los que constarán los asientos relativos a la inscripción, suspensión, cancelación y demás actos de carácter registral, relativos a las emisoras y los valores inscritos. b) Los folios del Registro constarán de tres partes conforme a lo siguiente: b.1) Información general de las emisoras. b.2) Inscripciones de valores. b.3) Toma de notas. c) La parte del folio relativa a la información general de las emisoras contendrá: c.1) La matrícula de la emisora. c.2) La denominación de la emisora. c.3) El tipo o naturaleza de la emisora. c.4) Los datos generales de la emisora. d) La parte del folio relativa a las inscripciones de valores contendrá: d.1) La matrícula de cada tipo de valor. d.2) El tipo de los valores y sus características principales. d.3) Los datos del instrumento público o documento base de la emisión, en su caso. d.4) La denominación del intermediario colocador, en su caso. d.5) La fecha y monto colocado, precisando el tipo de oferta realizada.

d.6) Los datos del representante común, cuando corresponda. d.7) Los datos del fiduciario y características principales del contrato de fideicomiso, de ser el caso. d.8) Los datos relativos al acto istrativo, que contenga la resolución sobre la inscripción, y en su caso, la suspensión o cancelación de la misma. d.9) Los demás asientos registrales relativos a la inscripción. Las modificaciones relativas al número, clase, serie, importe,, plazo o tasa y demás características de los valore, así como el instrumento público y los documentos o las actas en que consten las mismas, darán lugar a la actualización de la inscripción. d) La parte del folio relativa a la toma de notas contendrá cualquier anotación en el Registro respecto de los actos societarios de la emisora que dé lugar a una actualización de la inscripción. IV. EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES DE VALORES EN EL REGITRO NACIONAL DE VALORES. El objeto primario que se obtiene con la inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores, es que se pueda efectuar oferta pública con ellos en nuestro país, no importando si estos son nacionales o extranjeros, o como también ha quedado precisado, que los valores hayan sido emitidos por personas morales mexicanas en el extranjero. Otro efecto de la inscripción de valores se encuentra ubicado en el último párrafo del artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores: La inscripción en el Registro tendrán efectos declarativos y no convalida los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las Leyes aplicables, ni implica certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la emisora. Lo anterior significa que debe cubrirse los requisitos necesarios para obtener la inscripción de valores en el Registro de Valores pluricitado, tal circunstancia no garantiza al público, a la emisora, ni a la propia autoridad, que dichos valores tengan un respaldo idóneo que pueda asegurar en la medida de lo posible un rendimiento o una ganancia a su tenedor, es decir que sean buenos o bondadosos financieramente hablando para el público adquiriente de éstos; de igual forma nos podemos percatar de que tampoco se obtiene certificación sobre la solvencia del emisor de los valores, por lo que tales personas pueden llegar a no efectuar los pagos o amortizaciones que deban realizar; aún en los casos en que sus valores deban recibir una calificación y ésta sea sobresaliente.

Estas situaciones pueden desencadenar muchas discusiones tanto doctrinales como de carácter práctico; en efecto, para la colocación de papel comercial y de bonos de prenda, es necesaria la calificación de valores como requisito previo para su inscripción en el Registro Nacional de Valores, así como previo a la oferta que de ellos pretenda efectuarse; no obstante, los demás instrumentos del Mercado de Dinero y los que forman parte del Mercado de Capitales no requieren en absoluto de tal calificación, es por esa razón que el precepto incluido en el artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores se refiere a la no certificación de solvencia de un emisor o bondad de los valores que esté emita, en virtud de que el mercado de Valores está sujeto a diversos factores que pueden influir en los rendimientos esperados o presupuestados en una inversión, así como en el flujo de operaciones de las emisoras cotizadas en Bolsa y aquellas que realicen oferta pública de sus valores, por lo que de otorgarse la pretendida certificación, el otorgante sería responsable de las pérdidas o menoscabo patrimonial que eventualmente pudiera llegar a repercutir en el público inversionista; es por esas razones que en los casos en que procede la calificación de valores, la calificación de valores, la calificadora será responsable de la mala evaluación que realice y que perjudique a los adquirientes de papel o bonos de prenda. La Ley de la Comisión Nacional de Valores e Intermediarios de 1953, relativa a la no certificación de la bondad o solvencia del emisor, era más completa en cuanto a su alcance, ya que expresaba en su artículo 8º además del concepto estudiado, que la inscripción únicamente acredita el cumplimiento de las disposiciones legales cuya vigencia compete a la comisión referida; pese a lo anterior y como lo advierten la mayoría de doctrinarios de nuestra materia las facultades de esta última autoridad y del Registro que de ella depende, es cuidar que la emisiones sean regulares, es decir efectuadas con apego a la ley y, que los valores que circulan en el Mercado de Valores reúnen todas las características legales y istrativas necesarias; por lo anterior Octavio Igartúa manifiesta que obtener del Registro Nacional de Valores una certificación sobre la bondad de un documento , era tanto como si el Registro recomendara su adquisición, lo que no se encuentra dentro de sus facultades ni finalidades. Otro de los efectos que se obtienen con la inscripción de valores en el Registro Nacional de Valore, está consignado en el texto del artículo 79 de la Ley del Mercado de valores, éste radica en que la inscripción de valores no convalidadas actos, contratos y operaciones que sean nulos con arreglos a las leyes, siendo que al depender el Registro de la Comisión Nacional Bancaria y d valores y al ser requeridos por esta autoridad toda clase de informes y documentación necesaria parta que se pueda efectuar una posterior oferta pública de esos valores, tiene a su alcance los elementos existentes para conocer de actos, contratos y operaciones que con arreglo a la leyes son nulos, por ende, de autorizar la inscripción de valore aun a pesar de lo anterior, la responsabilidad debe recaer tanto en el Registro Nacional como en la citada Comisión; lo cual si

bien es cierto no convalida los citados actos, contratos y operaciones, si perjudica al público inversionista por un ejercicio de funciones con descuido. Resulta sano para el Mercado de Valores y para el propio público inversionista que se establezcan sanciones claras y definidas en nuestra legislación bursátil aplicables a los funcionarios de las autoridades supervisoras de valores que , en su caso, autoricen una oferta pública y lógicamente su inscripción en el Registro de Valores, sin autentificar o verificar que en el procedimiento de emisión, inscripción y colocación de valores existe vicio o nulidad alguna; lo anterior tampoco implicaría certificación respecto de la bondad de los valores emitidos o a la solvencia del emisor, que como quedo precisado dependen en gran medida de factores externos al mercado de Valores, si no por el contrario si las Calificadoras de Valores son responsables por las calificaciones que otorguen en exceso, también deben serlo los funcionarios que no se cercioren de la existencia de inconvenientes legales y autoricen la inscripción de valores, que serán materia de una futura oferta pública, en perjuicio futuro del patrimonio de los inversionistas.

V. OMISIONES EN LAS REGLAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Se menciona una pequeña lista de las principales situaciones que debieron incluirse en el cuerpo de las reglas aplicables al Registro Nacional de Valores: a) La primera omisión obedece posibilidad de que existe en el Registro Público de Comercio, de que la recepción del procedimiento registral para la inscripción de actos mercantiles se realice por vía electrónica o bien físicamente, en términos del artículo 5º del Reglamento correspondiente. b) Segunda omisión, la facultad de los registradores para llevar a cabo la calificación de los documentos que se presentan a registro en el Registro Público del Comercio, debido a que los efectos que produce la calificación de esos documentos abarca, según el artículo 6º del ordenamiento que lo rige, actividades de calificación que abren la posibilidad de que sobre ellos exista isión o rechazo e incluso suspensión de su inscripción, según corresponda. c) Otra omisión es la existencia de recurso legal sólo en el Reglamento de Registro Público de comercio, que está al alcance de quienes pretendan una inscripción o alguna modificación a un asiento otorgado, en el primer caso, el artículo 42 de Reglamento determina que contra los actos emanados del procedimiento registral establecido en el presente Reglamento, será procedente el recurso de revisión, el cual se desahogara en términos de lo provisto por la Ley Federal de Procedimiento istrativo. En materia de valores, no se señalan las facultades de calificación del Registro Nacional de Valores, y que de hecho existen en la realidad, es por eso

que no se otorga al particular ningún medio de defensa en el caso que la inscripción sea negada, aunque la Ley del Mercado de Valores en su artículo 107 si lo señala cuando menos, que existe el derecho de audiencia en favor del particular, en el caso de suspensión de la inscripción de un valor por un lapso mayor a 60 días, por tanto creemos que ese derecho consagrado en el artículo 14 Constitucional se vulnera al no otorgarse a los particulares un medio de defensa para ejercer la legalidad, en los casos en que el Registro Nacional de Valores niegue su autorización para la inscripción de un valor, y por qué no, de un emisor en el Mercado de Valores. d) La Ley del Mercado de Valores nada expresa en relación con la firma electrónica con que deberán contar los s para acceder a los registros y anotaciones del Registro Nacional de Valores y ni siquiera identifica quienes podrán ser dichos s, mientras que el Código de Comercio en su artículo 5º introducen tanto dicho concepto, como a los s que lo son los notarios, los corredores públicos y las personas interesadas en el acto de inscripción o uso, o su representante. CÁPITULO SEXTO LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPÓSITO DE VALORES

I. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES. Antes de la existencia de las instituciones para el Depósito de Valores se presentó el problema de traslado de títulos valor y de documentos a ellos asimilados; es por esas razones que la práctica bursátil obligó a los intermediarios a operar con vales que amparaban valores, lo cual en la actualidad ya no está permitido, precisamente a raíz del nacimiento de esta clase de instituciones. A sí mismo en nuestro país está permitido que existan varias Instituciones para el Depósito de Valores no obstante solamente opera a nivel internacional una de ellas, la citada S.D., Indeval, institución para el Deposito de Valores, sin que esto constituya una prohibición o atadura para que en el futuro puedan constituirse otras de la misma especie y género. Giorgana Frutos, apoyándose en Jesús Rodríguez y Rodríguez, expresa que los antecedentes históricos del Depósito centralizado de valores son las “Kassenverein”, cuyo objeto era simplificar y reducir el costo de las operaciones que se realizaban en Alemania, con títulos de crédito, a través de la custodia colectiva de valores.

a) Alemania:

Existen las “Kessen-varein”, pructo de que l Bank des Berlin Kassen Verein, concentró e inmovilizó gran cantidad de títulos y valores que se encontraban en depósito en sus cajas hacia finales del Siglo XlX, mediante este esquema, los depositantes otorgaban su consentimiento, para que en caso de requerirlo, les fuera restituidos no necesariamente los títulos depositados, sino otros de la misma especie y calidad como se realiza en la actualidad. Este mecanismo incluía depósitos colectivos denominados “Sammel Verwahrung”, que permitían incluso la inmovilización, de los títulos. Fue hasta el año de 1937 cuando las “Kassen verein”, constituidas ya como Sociedades de Caja, son habilitadas para prestar sus servicios a bancos, de las Bolsas de Valores e Instituciones de Ahorro. Desde de la década de los años ochenta del presente siglo, se han unido en este país a los “Kassen-verein”, las sociedades denominadas “wetpapiersammelbank”, que en conjunto forman ya siete agrupaciones. b) Francia: En esta nación se crea la Caisse Centrale de Dépots et Virements de Ttitres, cuyas siglas son C.C.D.V.T (1941); en ella se depositaban acciones al portador de Sociedades Anónimas sas, abriéndose cuentas a los depositantes para que efectuaran entre si la transmisión de tales títulos sin necesidad de entregarlos físicamente, figura conocida como tradición (entrega material); este sistema fue sustituido por la constitución de una Sociedad Anónima denominada Societé Interprofessionnelle pour la compesation des valeurs mobilieres, con siglas SICOVAM del año 1949, cuyo objeto similar al anterior, estriba en apertura de cuenta a depositantes profesionales (intermediarios que operan por cuenta de sus clientes), con la finalidad de inmovilizar valores tanto en sus transmisiones como en el ejercicio de los derechos que unos y otros incorporan o representa. c) Bélgica: En esta nación se crea en Noviembre de 1967 la Caja Interprofesional de Depósitos y Transferencias de títulos cuyas siglas son CIK, el doble aspecto funcional de ésta tiene sus vertientes tanto en el depósito de valores como en la facilitación de la cotización de los valores extranjeros, además de que presta servicios de guarda y istración de valores, está facultado para ejercitar los derechos inherentes a los valores depositados. No obstantes y a diferencia tanto de México, como de los demás países anotados con anterioridad, el régimen de esta Institución es opcional y no obligatorio. La forma de operación de las cuentas de depósito es parecida a la que en la actualidad rige en el Mercado de Valores Mexicano, ya que los traspasos se efectúan mediante el sistema de cargos y abonos que quedan asentados contablemente hablando.

d) Holanda: En 1962 se funda la compañía de compensación de valores holandesa conocida como Effecten clearing, su cometido consiste en manejar cupones de intereses y dividendos mediante la creación de una sociedad denominada Centro para la istración de Valores, que contrata con los emisores de valores la posibilidad de que se emitan valores con cupones u hojas adheridas para el cobro de dividendos. e) Suiza: En esta nación existe la Sociedad Suiza de Transferencias de Títulos, cuyas siglas son SEGA, fundada en el año de 1971, en ella pueden realizarse depósitos de valores, con la modalidad de que los depositantes sean cotitulares de los depósitos y consecuentemente de los valores depositados, por los depósitos y consecuentemente de los valores depositados, por lo que hay que decir que en este caso concreto, los depositantes son los tenedores de los títulos o valores depositados como acontece en nuestra Nación, sin que con nosotros exista la cotitularidad; su operación es similar a la Caja Interprofesional de Depósitos y Transferencias de Títulos (CIK) de Bélgica , ya que usa el sistema de asientos contables para que se efectúen las transmisiones de valores, sin que éstos sean entregados. f) España: Existen antecedentes de las figuras de depósito y istración centralizada de valores desde el año de 1966, sin embargo es hasta Abril de 1974, cuando se regula el procedimiento relativo a la liquidación de operaciones bursátiles, efectivo a partir del mes de mayo de ese mismo año, el cual es aplicable a títulos emitidos por la juntas sindicales de las Bolsas Oficiales de Comercio, que a su vez son controladas y custodiadas por Bolsas y Bancos Españoles. g) Estados Unidos de Norteamérica: El maestro Jesús Rodríguez y Rodríguez expresa que la Bolsa de Valores de Nueva York en 1961 había alcanzado una situación crítica, por el inmanejable volumen de títulos que eran negociados diariamente por los corredores y agentes de valores, por lo que se concluyó con la necesidad de imitar los países europeos a los que hemos mencionado, en el sentido de concretar en un solo lugar los valores que diariamente eran negociados por oferentes y demandantes, por esas razones se creó la Central Certificate Service o CCS, que habría de ser sustituida en 1973 por The Dipository Truss Company, que a partir de los años ochenta se ha convertido en el custodio más grande de acciones y bonos. h) México: Por reformas y adiciones introducidas a la Ley de Mercado de Valores, el día 12 de Mayo de 1978 se crea el Instituto Nacional para el Depósito de Valores,

conocido como INDEVAL, que nace como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas finalidades consistían en la prestación de servicios de guarda, istración compensación, liquidación y transferencia de valores, según el texto de la adición legal en comentario; tales servicios habrían de ser considerados de interés público en términos del Decreto del 29 de Diciembre de 1986, el cual también estableció que los mismos deberían ser prestados a partir de entonces por sociedades que gocen de concesión del Gobierno Federal con tal motivo. El artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley del Mercado de valores de Diciembre de 1986, ordenaba que al momento en que iniciara operaciones alguna de estas sociedades concesionadas para el depósito de valores, tendría lugar la disolución y liquidación del Instituto Nacional para el Depósito De Valores; siendo que en Abril de 1987, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público otorgó la correspondiente concesión a la sociedad denominada S.D. INDEVAL, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, que inició formalmente sus operaciones a partir del mes de septiembre de 1988. No obstante y como ya fue expresado, nuestra legislación no limita en forma alguna la existencia de varias sociedades que puedan dedicarse a la prestación de los servicios relacionados con el depósito de valores en la actualidad y a nivel nacional solamente opera la citada S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores.

II. REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES El artículo 273 de la Ley del Mercado de Valores expone las exigencias que deben reunirse para la constitución y funcionamiento de una de estas Instituciones, reiterando que aun cuando en la práctica solamente exista una, no hay limitante legal para constituir varias de ellas. Expondremos tales requisitos siguiendo el mismo orden que establecimos en los casos de Casas de Bolsa, no sin antes expresar que como en los casos de esos intermediarios con valores, las Instituciones para el Depósito de Valores también deben constituirse como Sociedades Anónimas; por tanto, también son aplicables las condiciones más importantes establecidas por los artículos 60 y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1. Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas que constituyan a la sociedad Hemos omitido deliberadamente la mención a "personas físicas" que efectuamos en el caso de Casas de Bolsa, ya que el artículo 275 de la Ley del Mercado de Valores determina, que sólo podrán ser socios de las Instituciones

para el Depósito de Valores, Banco de México, casas de bolsa, instituciones de crédito, as de fondos para el retiro, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y entidades que actúen con el referido carácter, instituciones de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, bolsas de valores, contrapartes centrales de valores y demás personas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es evidente que la nacionalidad de ellas es mexicana, aunque se trate de filiales de Instituciones Financieras del Exterior, cuyo concepto en términos de lo preceptuado por la fracción VIII del artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores, confirma este supuesto; lógicamente el domicilio de los socios debe situarse en territorio nacional. En relación con lo anterior, el párrafo segundo del citado artículo 275 de la Ley del Mercado de Valores, manda que cada: socio solamente podrá ser propietario de una acción del capital social de la Institución para el Depósito de Valores, e igualmente tal precepto determina que el número de los socios podrán ser inferior a 20. Finalmente, es preciso anotar que no existe impedimento para que una Institución para el Depósito de Valores participe en el capital social de otra de esas Instituciones. 2. El objeto de la sociedad. Es evidente que el objeto de estas sociedades es el que se incluye como rubro de actividades y servicios del artículo 280 de la Ley del Mercado de Valores: estos son: 2.1) Otorgar los servicios de depósito, guarda, istración, compensación, liquidación y transferencia de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, en favor de: 2.1.a) Entidades financieras nacionales o extranjeras. 2.1-b) Otras personas que reúnan las características que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de carácter general. 2.2) Otorgar servicios de depósito, guarda, istración, compensación, liquidación y transferencia de valores y prestar de otros servicios inherentes a las

funciones que les son propias en favor de entidades financieras, instituciones de crédito nacionales o del exterior o instituciones para el depósito de valores extranjeras, así como recibir dichos servicios de las entidades que corresponda, ajustándose a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 2.3) Entregar valores que mantengan en depósito, mediante anotaciones en cuenta que lleven a sus depositantes con motivo de las operaciones que realicen sobre dichos valores o conforme a las instrucciones que reciban de éstos, así como hacer constar mediante los asientos correspondientes en cuenta los derechos patrimoniales de los depositantes. 2.4) Proporcionar servicios para la compensación y liquidación de operaciones con valores que realicen sus depositantes, sin asumir el carácter de contraparte en dichas transacciones. 2.5) Operar sistemas de negociación para que sus depositantes celebren operaciones de préstamo de valores. 2.6) Intervenir en operaciones mediante las cuales se constituya prenda bursátil sobre los valores que les sean depositados, sin responsabilidad ante la eventual ejecución de la prenda; salvo que actúen de manera negligente o en contravención de las instrucciones del depositante. 2.7) Llevar el registro de acciones representativas del capital social de sociedades anónimas y realizar las inscripciones correspondientes en los términos y para los efectos a que se refieren los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 2.8) Expedir certificaciones de los actos que realicen en el ejercicio de las funciones a su cargo. 2.9) istrar los valores que se les entreguen en depósito, a solicitud del depositante, en cuyo caso sólo podrán hacer efectivos los derechos patrimoniales que deriven de los mismos. Tratándose de depositantes domiciliados en el extranjero, las instituciones para el depósito de valores podrán ejercer los derechos corporativos inherentes a los títulos, siempre que, en cada caso, reciban instrucción por escrito sobre el sentido en que habrán de cumplir con tal representación. 2.10) Realizar actos necesarios para la consecución de su objeto social.

2.11) Las análogas, conexas o complementarias de las anteriores, que les sean autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general. 3. La denominación social. En el caso de Instituciones para el Depósito de "Valores, la Ley no omite expresar que a la denominación de la sociedad deben agregarse las palabras "Institución para el Depósito de Valores", según se aprecia en la fracción I, inciso a)., del artículo 273 de la Ley del Mercado de Valores. 4. Su duración. Al igual que la mayoría de las sociedades de sector financiero, se señala que la duración de la Institución para el Depósito de Valores de que se trata podrá será indefinida. 5. El importe del capital social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. Nada señala nuestra Ley en cuanto a la composición o diversificación del capital social de una Institución para el Deposito de Valores, por lo que puede constituirse a gusto del abogado corporativo, pudiendo existir una sola serie de acciones o varias de ellas. No obstante la grave omisión anteriormente evidenciada, existen reglas aplicables a las acciones en que se divide en capital social de una Institución para el Depósito de Valores: a) Las acciones deben mantenerse depositadas en la propia Institución. b) la transmisión de acciones sólo podrá efectuarse al Banco de México, casas de bolsa, instituciones de crédito, as de fondos para el retiro, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y entidades que actúen con el referido carácter, instituciones de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, bolsas de valores, contrapartes centrales de valores y demás personas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; si alguna de estas Instituciones deja de tener el carácter necesario para ser accionista de la Institución para el Depósito de Valores, la acción de su propiedad deberá serle reembolsada por la propia Institución para el Depósito de Valores.

6. Forma conforme a la cual haya de istrarse a la Institución para el Depósito de Valores. El consejo de istración de las instituciones para el depósito de valores estará integrado por un mínimo de cinco y un Máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter. Los representantes del Banco de México y de la Banca de Desarrollo, formarán parte de dicho consejo, cuando estas entidades también sean socios, los cuales, en su caso, se considerarán como independientes. El presidente del consejo tendrá voto de calidad en caso de empate. Los nombramientos de consejeros, comisarios, director general y auditores externos, de las instituciones para el depósito de valores, deberán recaer en personas que acrediten contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, amplios conocimientos y experiencia en materia financiera o istrativa, de acuerdo con las prevenciones contenidas por el artículo 279, en relación con el artículo 124 ambos de la Ley del Mercado de Valores. 7. Bases para disolución y liquidación de las Instituciones para el Depósito de Valores y, en su caso, para que puedan entrar en estado de quiebra o concurso mercantil. Al igual que en las Casas de Bolsa, estos procedimientos se regirán por lo señalado en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley de Concursos Mercantiles, salvo por lo que se refiere a lo siguiente: a) El cargo de liquidador, conciliador o síndico corresponderá a la persona que para tal efecto autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. b) Dicha Secretaria podrá solicitar la declaratoria de concurso mercantil de la institución para el depósito de valores de que se trate. 8. El nombramiento de uno o varios comisarios.

El artículo 278 de la Ley del Mercado de Valores, señala que el consejo de istración podrá establecer los comités que estime necesarios para el mejor desempeño de las funciones de la sociedad, pero en todo caso deberá contar con al menos un comité que se encargue de las funciones de auditoría, el cual será presidido por un consejero independiente.

III. REQUISITOS ISTRATIVOS PARA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES. De acuerdo con lo estudiado en el capítulo cuarto de este libro, podemos enumerar brevemente cuales son esos requerimientos para la constitución y funcionamiento de las instituciones para el Depósito de Valores. 1. Como en todo el medio financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la autoridad encargada de conceder la autorización de las Instituciones para el Depósito de Valores, incluyendo la aprobación y autorización tanto del acta constitutiva como las reformas que a ella se practiquen. Esta autorización deberá ir acompañada de la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En estos casos, la Institución para el Depósito de Valores de que se trate, deberá entregar copia certificada tanto de su acta constitutiva como de sus reformas, incluyendo de las asambleas que celebre, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 2. La autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permitirá que la Institución para el Depósito de Valores pueda ser inscrita en el Registro Público del Comercio. 3. Autorizada que sea para constituirse una sociedad como una Institución para el Depósito de Valores, la concesión, así como sus modificaciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, a costa de la propia Institución para el Depósito de Valores. 4. Los aranceles que las instituciones para el depósito de valores cobren por sus servicios deberán ser autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual tendrá facultad para formular observaciones y ordenar modificaciones.

5. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá las siguientes facultades en esta materia istrativa: a) Autorizará el catálogo de cuentas de las Instituciones para el Depósito de Valores. b) Dictará las reglas de capital contable aplicables a estas Instituciones para el Depósito de Valores. c) Podrá ordenar visitas de inspección e intervenirlas istrativamente, con el objeto de suspender, normalizar o liquidar las operaciones que celebren las Instituciones para el Depósito de Valores que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o que sean violatorias a las leyes o demás disposiciones istrativas. d) Autorizará los libros y documentación contable de las Instituciones para el Depósito de Valores, quienes las podrán microfilmar, grabar en formato digital, medios ópticos o magnéticos o en cualquier otro medio que autorice la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Debe distinguirse que los documentos referidos son los que genera la Institución para el Depósito de Valores, más no aquellos que les entregan los depositantes, puesto que ellos constituyen la materia del depósito mismo, por lo que en ningún caso pueden ser destruidos. 6. Otro de los requisitos istrativos indispensables para la operación y funcionamiento de las Instituciones para el Depósito de Valores lo constituye la obligación de elaborar un reglamento interno, mismo que debe ser previamente aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Banco de México; dicho reglamento deberá contener en términos de lo acotado por el artículo 294 de la Ley del Mercado de Valores, los siguientes elementos: a) El depósito de valores o depósito en istración de valores que implique la entrega, así como los procedimientos para su entrega o devolución, o bien, para la elaboración de constancias de depósito. b) Procedimientos para la determinación de las nomenclaturas de los valores sobre los cuales presten sus servicios de depósito o liquidación.

c) Los procedimientos que deben seguirse para la anotación en cuenta, compensación y liquidación de las operaciones que se realicen respecto de los valores materia de depósito. d) Procedimientos para el ejercicio y, en su caso, pago de los derechos patrimoniales relativos a los valores depositados. e) Los derechos y obligaciones de los depositantes, así como contratos celebrados con los mismos. f) Las modalidades para la prestación de los servicios. g) Los procedimientos aplicables para el caso de incumplimiento de operaciones con valores depositados, celebradas por los depositantes. h) Las penas convencionales para casos de incumplimiento. IV. ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR LAS INI, 111 UCIONES PARA EL DEPÓSITO DE VALORES. El artículo 271 de la Ley del Mercado de Valores introduce las materias que configuran los servicios que prestarán las Instituciones para el Depósito de Valores; tal precepto señala que el servicio que suministran las Instituciones para el Depósito de Valores se declara de interés público, considerándose como tal el destinado a satisfacer las necesidades de interés general relacionados con el depósito, guarda, istración, compensación, liquidación y transferencia de valores, los cuales ya hemos citado como elementos integrantes del reglamento interno de una Institución para el Depósito de Valores. La comprensión de las actividades enunciadas nos permitirá englobar de manera precisa las actividades de una Institución de esta clase, no sin antes mencionar que para el otorgamiento de esos servicios que a continuación pretendemos explicar, es necesario que el interesado constituya y mantenga una cuenta específica con la Institución para el Depósito de Valores, con el objeto de que los valores que le corresponden a tal depositante tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, sean registrados en ella como operaciones de guarda, istración, compensación, liquidación y transferencia. a) Depósito y Guarda de Valores

Sin demérito de la importancia que tienen las demás operaciones que comentaremos en este apartado, constituye el alma de las Instituciones para el Depósito de Valores precisamente la custodia de éstos para su conservación; es decir la tutela o vigilancia física que sobre valores y documentos será ejercida. Esta actividad inicia cuando las Instituciones para el Depósito de Valores reciben cualquiera de los documentos que se citan en el artículo 2' fracción XXIV de la Ley del Mercado de Valores de Casas de Bolsa, Bolsas de Valores, Contrapartes Centrales, Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas, Sociedades de Inversión y de Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, quienes a su vez los han recibido o de sus clientes como en los casos de las citadas Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito, o los han adquirido directamente como en los casos de las Sociedades de Inversión o sus operadoras. Sin embargo para entender esa custodia, se hace necesario comentar brevemente la clasificación del contrato de depósito mercantil, ya que las finalidades que perseguimos así lo aumentan. No obstante, no debemos soslayar que en nuestra materia el depósito lo puede efectuar tanto el emisor de los valores como el adquirente de éstos, según ya quedó precisado. El depósito es un contrato en el que el depositario se obliga frente al depositante a recibir una cosa, sea mueble o inmueble, obligándose igualmente a restituirla al depositante cuando éste se lo pida. La doctrina del Derecho Mercantil escinde entre dos clases de depósitos, estudiados desde un punto de vista general: 1. Depósito regular. Consiste solamente en la custodia o conservación material de la cosa depositada, por lo que al finalizar el depósito, el depositante recibirá del depositario la misma cosa entregada. En este caso como lo expresa Rafael de Pina Vara, 5 el depositario no puede disponer ni usar de las cosas que con ese carácter le son entregadas. Tratándose de valores y desde un punto de vista general, esta clase de depósito es aplicable cuando el depositante de los valores es su propio emisor, depósito que como ya expresamos, se realiza en una Institución para el Depósito de Valores a través de Casas de Bolsa, Bolsas de Valores, Contrapartes Centrales, Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas, Sociedades de Inversión y de Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión, nacionales o extranjeras, en términos de lo señalado por la fracción I del artículo 280 de la Ley

del Mercado de Valores. Una vez que los valores dejen de cotizar por cancelación, redención, amortización o cualquier otra causa, los mismos títulos que los representan y que fueron entregados por el depositante, le serán devueltos a su emisor. 2. Depósito irregular. Entendido como aquel, en el que las partes convienen que el depositario adquiera la propiedad de los bienes depositados, pudiendo por tanto disponer de ellos, con la obligación de restituir al término del depósito otros bienes de la misma especie y calidad; en estos casos, las cosas depositadas no son exactamente las mismas que fueron entregadas al constituirse el contrato de depósito. También desde un punto de vista general, el depósito irregular es el que se utiliza diariamente con los clientes no emisores de los valores, en las transacciones de conservación o guarda de títulos valor que adquieren, ya que si bien es cierto que el depósito inicial lo realiza el emisor de los propios valores y que dicho depósito no se efectúa para que la Institución para el Depósito de Valores adquiera la propiedad de los valores materia del depósito, una vez que éstos son adquiridos por diversos clientes, debería suponerse que deben ser físicamente entregados a lo cual, al constituirse el depósito de valores en Institución de las que estamos estudiando, el depositario en este caso es la Institución para el Depósito de Valores, al ser requerida por el cliente o depositante, le entregará o trasferirá títulos valor sin que éstos sean específicamente los mismos que recibió, pero siempre y cuando sean de la misma especie y calidad; tal es el espíritu del artículo 287 de la Ley del Mercado de Valores. A efecto de aclarar esta afirmación, podemos establecer el siguiente ejemplo: Una persona adquiere a través de su Casa de Bolsa o de una Institución de Crédito obligaciones que emite una Sociedad Anónima; la Casa de Bolsa o Institución de Crédito no entrega Cliente los títulos físicos que amparan las obligaciones, ya que éstos se encuentran depositados en una Institución para el Depósito de Valores desde antes de su colocación y negociación través de Bolsa, siendo depositante el emisor de tales obligaciones; la Casa de Bolsa o Institución de Crédito respectiva entregará a este cliente un comprobante que especificará entre otras situaciones, la clase de valor, emisor, emisión, clave de Pizarra asignada en Bolsa, valor nominal, etcétera.

Una vez que el cliente requiera sus títulos porque pretenda cambiarse de Casa de Bolsa o de Institución de Crédito o simplemente venderlos; la Casa de Bolsa o Institución de Crédito en la que primeramente hizo sus adquisiciones, ordenará a la Institución para el Depósito de Valores que proceda a traspasar éstos a la cuenta de la nueva Casa de Bolsa o Institución de Crédito que elija el cliente respectivo o que proceda a liquidarlos; no obstante esos títulos valores pueden no ser exactamente los mismos que adquirió, pensemos que tal cliente compró obligaciones de una sociedad que son amparadas por un sólo título en la Institución para el Depósito de Valores, llamado macro título; en este caso no podemos afirmar cuales de todas las obligaciones contenidas en el título único son las que compró el cliente, por tanto la obligación de la Casa de Bolsa o Institución de Crédito se cumple con que realice el traspaso, liquidación o entrega de la misma clase de obligaciones que tiene registradas el cliente, es decir, que reúnan las mismas características de emisor, emisión, clave de pizarra asignada en Bolsa, valor nominal, etcétera; de ahí que se exprese que las operaciones que realizan principalmente las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito con las Instituciones: para el Depósito de Valores, sean ejecutadas como simples asientos contables; de lo contrario se requeriría un título por cada valor depositado. Retomando nuestro ejemplo, una Sociedad Anónima emite 100,000 obligaciones que consecuentemente requerirían de otros tantos títulos que las ampararan para poder individualizar a cada una y, en su negociación, saber a quién pertenece cada una de esas 100,000 obligaciones. Todas estas afirmaciones tienen su base en el artículo 338 del Código de Comercio, mismo que permite que depositante y depositario celebren los contratos que convengan para que en segundo disponga de las cosas depositadas, más en el caso de Instituciones para el Depósito de Valores, la disposición no es para sí mismas sino para efectos de la operación del Mercado de Valores. Por otra parte y ya situados en puntos específicos del contrato de depósito, la doctrina del Derecho Mercantil encabezada principalmente por Jorge Barrera Graif y Raúl Cervantek, Ahumada, se ha adentrado en el estudio de las operaciones de depósito en particular, destacando el depósito bancario de títulos, a pesar de lo cual tal operación no está reservada exclusivamente a las Instituciones de Crédito; se establece que dentro de estas operaciones existen dos tipos o especies de depósito, sean regulares o irregulares: a) Depósito simple.

Es aquél que encierra solamente una operación de custodia, en la que el depositario cumple con sus obligaciones guardando materialmente el o los títulos, siendo aplicables las reglas tanto mercantiles como civiles para el Depósito. b) Depósito en istración. Consiste no sólo en la guarda material de los títulos de crédito , sino también confiere al depositario las facultades para ejercer los derechos patrimoniales o corporativos que derivan de los propios títulos de crédito. En nuestro estudio nos interesan arribos tipos de depósito, ya que como vimos con anterioridad, el primer tipo es aplicable cuando el depositante es el emisor de los valores, por lo que además de tratarse de un depósito regular, se trata de un depósito simple, mientras que la segunda clase de operaciones de depósito de títulos en istración, encierran el germen de las operaciones autorizadas para las Instituciones para el Depósito de Valores do el depositante es el adquirente de tales valores, ya que también será expuesto, en este caso las Instituciones para el depósito de Valores no sólo conservan la tenencia material del título sino que ejecutan operaciones patrimoniales y corporativas por cuenta de los depositantes. Más resulta fundamental reincidir en la afirmación de que tales operaciones no se limitan a títulos crédito sino a valores en general, cuyo concepto y alcance son definidos por el Artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores, de ahí la incapacidad del Derecho Mercantil y del Derecho civil de agrupar esta nueva especie de depósito de valores en custodia y istración. Así también debemos considerar que segundo tipo de depósito será irregular y en istración. En relación con este tema, consideramos útil enlistar las referencias aplicables al contrato de depósito mercantil, previstas en los artículos 332 a 338 del Código de Comercio: 1. El depósito es mercantil cuando las cosas depositadas son objeto del comercio. Como ya lo comentamos en el capítulo primero de esta obra, Operaciones con valores son actos de comercio, según lo apunta el artículo 75 del Código de Comercio en su fracción XX. otra entidad financiera que materialmente efectúa el depósito físico por cuenta de aquél, por lo cual consideramos que es un exceso responsabilizarlas de una situación que les es ajena y que es propia de un tercero.

2. Lo antedicho se corrobora en virtud que las transacciones que con ellos se realicen, en la generalidad de los casos de forma inicial serán ejecutadas por la Casa de Bolsa u otra entidad financiera que materialmente efectuó el depósito físico, lo cual se verifica al momento de la colocación de valores ante el público para que se puedan celebrar operaciones de compraventa, que como expresamos anteriormente, se le denomina "cruce". b) Servicios de istración Los artículos 280, 288 y 289 de la Ley de la Mercado de Valores son explícitos en cuanto a esta cuestión; la istración de valores representa la posibilidad de que la Institución para el Depósito de Valores pueda hacer efectivos los derechos patrimoniales que derivan de los valores que se mantienen en depósito, pudiendo en consecuencia llevar a cabo el cobro de amortizaciones, pago de dividendos en efectivo o en acciones intereses u otros conceptos de ese jaez. Para la consecución de los fines recién anotados, se deben observar las siguientes premisas que forman la mecánica operativa de una Institución para el Depósito de Valores: b.1) Cuando un emisor celebre alguna asamblea que tenga como materia los valores que ha emitido o que, en su caso; pueda perjudicar o quiera beneficiar a los tenedores de éstos, debe comunicarlo por escrito a la Institución para el Depósito de Valores, con cuando menos un día de anticipación al día en que será publicada la convocatoria respectiva, que generalmente se practica con 15 días de anticipación a la fecha de la celebración de la propia asamblea; el objeto de este aviso lo constituye el que la Institución para el Depósito de Valores, en el tiempo que media entre la convocatoria a la asamblea de que se trate y el de su celebración, expida las constancias o certificaciones que determinarán el número de títulos o acciones que se encuentran en circulación, es decir, en poder del público inversionista. Lo anterior tiene por objeto conocer de forma exacta cuantas personas podrán asistir a la celebración la asamblea correspondiente, y más importante aún, que podrán votar en ella. En la práctica jurídica, la convocatoria a la asamblea incluye un párrafo que expresa que para asistir a ella, es necesario que los tenedores de los valores canjeen sus títulos por un pase que les permitirá la asistencia al recinto en el que deberá cobrarse aquella; en los casos que los valores se encuentren depositados en una Institución para el Depósito de Valores, es tal Institución como lo hemos narrado, quien expide la constancia correspondiente para que posteriormente contra ella se expidan los pases a la asamblea. Esas constancias se envían

directamente a la Casa de Bolsa, Institución de Crédito, etcétera, o a la persona que efectúa la convocatoria a la asamblea de que se trate. Resulta de más recordar que la persona física que efectúa convocatoria a la asamblea, debe tener como respaldo un acuerdo del consejo de istración de la sociedad emisora, que le otorgue las facultades suficientes para la realización de comentada publicación. Las constancias expedidas deberán complementarse en caso e ser necesario, con un listado de titulares de los valores de que se trate, que las propias Casas de Bolsa elaboran. La constancia a que nos hemos referido, tiene por objeto demostrar la titularidad de los valores adquiridos, acreditar el derecho de asistencia a una asamblea y tratándose de acciones, el registro de ellas en el registro de la sociedad emisora. Desde momento en que se expiden esas constancias hasta el día hábil siguiente a la celebración de la asamblea, los títulos o valores depositados no podrán ser retirados, lo cual no quiere decir que no puedan ser negociados y traspasados, ya que en la práctica podemos constatar que en ningún momento se limita esa negociación, aún estando pendiente de celebrarse una asamblea; pretender lo contrario significaría establecer una limitante al patrimonio de las personas cuando se cotiza en Bolsa de Valores. Por otro lado, esas constancias servirán como base para que lós tenedores de valores, en su caso, puedan intentar cualquier acción que les asista en contra de las resoluciones adoptadas por la asamblea, por lo que éstas deberán exhibirse en los procedimientos que se intenten con tal finalidad. b.2) Cuando el emisor en asamblea decreta pago de dividendos, intereses u otras prestaciones o la amortización del valores, debe informar a la Institución para Depósito de Valor donde éstos se encuentran, al día siguiente de celebrada la propia, asamblea o al día siguiente en que se haya adoptado el acuerdo pertinente, y con cuando menos cinco días hábiles de anticipación a aquél en que se hará efectivo el pago o la amortización, el objeto de ese aviso lo constituye que dicha Institución para Depósito de Valores, esté en aptitud de expedir las certificaciones que corresponden a los valores que tenga en su poder, para que una vez efectuado el pago o amortización, le sean devueltos al emisor los cupones o títulos contra los cuales se efectuaron los pagos señalados. b.3) Cuando para ejercer derechos de pago de dividendos, intereses u otras prestaciones o la amortización de los valore se requiera que los titulares de los valores aporten recursos, como pueden ser los casos de suscripción de nuevas acciones de una Sociedad Anónima cotizada en Bolsa, es necesario que tales

recursos sean entregados con cuando menos dos días de anticipación a la exhibición que de esas cantidades será efectuada, ya que en caso contrario la Institución para el Depósito de Valores no será responsable de no efectuar los actos istrativos conducentes al pago de dividendos, intereses u otral, prestaciones o a la amortización de valores. c) Servicios de compensación de valores La compensación jurídicamente hablando, se presenta cuando dos sujetos que reúnen recíprocamente la calidad de acreedores y deudores entre sí, extinguen sus deudas hasta el límite del adeudo inferior, oponiendo cada uno frente al otro su deuda, para que solamente sea exigible el remanente que resulte de la resta de ambas; es decir, para que la deuda que subsista por haber sido superior a la extinguida, sea también terminada mediante su pago. Estas operaciones se celebran entre Casas de Bolsa, Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas, Sociedades de Inversión y Sociedades Operadoras de Sociedades de Versión, tanto por cuenta propia como por cuenta de terceros efectivamente, en virtud de que diariamente se negocia con valores que se encuentran depositados en Instituciones para el Depósito de Valores o directamente en el Banco de México, sucede que alguna o varias de las personas morales citadas en primer lugar, adquieran o vendan la misma clase de valores; tenemos en acciones de 'Teléfonos de México o en Certificados de la Tesorería de la Federación de una misma emisión; en este caso tanto el enajenante como el adquirente deben entregarse aunque contablemente hablando los títulos que corresponden al valor negociado, pudiendo suceder que una las Casa de Bolsa específica compre por ejemplo 10,000 acciones de Telmex, que a su vez le son vendidas por otra Casa de Bolsa que actúa por cuenta de uno sus clientes, y también venda por cuenta de otro de sus clientes 20,000 acciones de la emisora citada; en este caso la compensación se realizaría únicamente con 10,000 acciones que resultan de las operaciones citadas. La compensación puede efectuarse también en el caso de liquidación o pago de valores, por el concepto que sea, ya que si una Institución debe pagar a la otra $10,000 pesos y ésta, a su vez debe liquidarle a la primera $20,000 pesos, efectuada la compensación, solamente se realizará el pago de $10,000 pesos. d) Liquidación de Valores

Estas operaciones consisten en el pago de valores, ya sea por su amortización, por dividendos o intereses o por cualquier otro concepto, ya expresados en las operaciones o servicios de istración. e) Transferencia de Valores Con anterioridad ejemplificamos lo relativo a una adquisición de obligaciones; expresamos que en esos casos no se entregan al cliente los títulos físicos que amparan los valores adquiridos, ya que éstos se encuentran depositados en una, Institución para el Depósito de Valores; asimismo comentamos que cuando el cliente requiere de sus títulos porque pretenda cambiarse de Casa de Bolsa o de Institución de Crédito, dicha Casa de Bolsa o Institución de Crédito en la que primeramente hizo sus operaciones, ordenará a la Institución para el Depósito de Valores que proceda a traspasar éstos a la cuenta de la nueva Casa de Bolsa o Institución de Crédito que elija el cliente respectivo; en esta clase de operaciones consiste la transferencia de valores; en traspasar mediante cargos y abonos determinados valores que se encuentran depositados en una cuenta y se acreditan a otra por diversas circunstancias, no nada más en el ejemplo citado, ya que también se incluyen todos los casos de compraventa cuya materia son tales valores. Todas las operaciones citadas son realizadas mediante el aludido sistema contable de cargo y abono en cuentas de los depositarios, excepción hecha de las liquidaciones que se practican con dinero en efectivo, ya que en este caso el abono debe ser ejecutado no sólo de manera contable, sino mediante el depósito real de las cantidades que sean necesarias para el pago de, que se trate; en este tenor, el emisor deposita el importe en la Institución para el Depósito de Valores, quien a su vez lo deposita en la cuenta de la Casa de Bolsa o Banco correspondiente, para efectos de que haga lo propio con cada tenedor, del valor por el que sé que realiza el pago. V. ACTIVIDADES DE DEPÓSITO DE VALORES QUE PRESTA El. BANCO DE MÉXICO El Banco de México es la autoridad monetaria y crediticia de nuestro país, conocido como Banco Central; actúa también como agente en materia financiera del Gobierno Federal y se constituye como depositario de los valores que tal persona moral emite para su colocación entre el público inversionista; tal es el caso de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), los Bonos de Desarrollo (Bondes), etcétera.

En este tenor, el artículo 7° de la Ley del Banco de México establece en su fracción XII, que este organismo público autónomo puede recibir en custodia o istración, títulos o valores que les sean entregados por el Gobierno Federal entidades financieras del país y del exterior, fideicomisos públicos de fomento económico, Instituciones para el Depósito de Valores, entidades de la istración pública federal, otros bancos centrales y personas morales extranjeras, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, organismos de cooperación financiera internacional y agrupaciones de bancos centrales. En relación con lo anterior y solamente con efectos de conocimiento, la fracción II del artículo 20 del ordenamiento legal invocado determina que los depósitos, títulos, valores y, demás obligaciones pagaderas fuera del territorio nacional que evidentemente se encuentran en custodia o istración en el citado Banco de México, se consideran como divisas susceptibles de formar parte de las reservas monetarias del país, siempre que sean considerados de primer orden en los mercados internacionales denominados en moneda extranjera. Así también se considerarán como parte de las reservas monetarias internacionales los depósitos, títulos, valores que sean instituidos o emitidos por gobiernos distintos del nuestro, organismos financieros internacionales o entidades del exterior, siempre que sean exigibles a plazo no mayor de seis meses o e sean de amplia liquidez. Es evidente que las funciones de custodia (guarda) y istración que realiza el Banco de México, tienen las mismas características y reúnen las mismas condiciones de aquellas que estudiamos para las Instituciones para el Depósito de Valores.

Felipe González

IV. SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN EXTRABURSÁTIL Dentro de las posibilidades que para la materialización de compraventa de valores ha introducido la Ley del Mercado de Valores, se incluyen a las sociedades que istran sistemas para facilitar operaciones con valores y a las personas físicas o morales que desarrollen sistemas de negociación extrabursátil, que vienen a complementar las actividades que prestan las bolsas de valores, por lo que es necesario referimos a ellas.

a) Sociedades que istran sistemas para facilitar operaciones con valores: Estos entes se constituyen como sociedades anónimas y requieren el permiso previo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de estar en aptitud de prestar sus servicios que se considerarán siempre como operaciones celebradas fuera de bolsa de valores, servicios que estriban en: a.1) Difundir cotizaciones con el objeto de canalizar solicitudes u órdenes para llevar a cabo operaciones con valores; instrumentos financieros derivados y otros activos financieros, mediante la utilización de equipos automatizados o de comunicación. a.2) Suministrar información relativa a las cotizaciones de los valores, instrumentos financieros derivados y activos financieros, respecto de los cuales presten sus servicios. a.3) Prestar servicios a través de sistemas o de equipos de comunicación relacionados con la difusión de cotizaciones para llevar a cabo operaciones. a.4) Las demás contempladas en sus estatutos sociales. Tales sociedades que istren sistemas para facilitar operaciones con valores, sólo podrán otorgar los servicios a que se refieren los incisos a.1) y a.3) anteriores, a instituciones de crédito y a casas de bolsa, y tendrán prohibido asumir el carácter de contraparte de cualquiera de sus s en las operaciones que se canalicen a través de sus sistemas. b) personas extrabursátil.

físicas o morales

que desarrollen sistemas de negociación

El artículo 260 de la Ley del Mercado de Valores establece que la oferta privada, promoción, comercialización y negociación de acciones representativas del capital social de personas morales, no inscritas en el Registro Nacional de Valores, a través de sistemas de información centralizada que faciliten la realización de dichas actividades, podrá llevarse a cabo por cualquier persona, sin necesidad de obtener autorización de las autoridades financieras, siempre que participen exclusiva mente en dichos sistemas y en la negociación de las acciones inversionistas institucionales y calificados, pudiendo efectuarse tales transacciones sin la intervención de intermediarios del mercado de valores. Sin embargo, y para fines estadísticos, las personas que realicen la oferta deberán notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los términos y

condiciones de la misma, dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, así proporcionar a los interesados en participar la informa relevante. V. FORMAS EN QUE SE CONCRETAN LAS OPERACIONES EN LAS BOLSAS DE VALORES .En la Bolsa de Valores se concretan las operaciones que a su vez pueden realizar las Casas de Bolsa, citadas en apartado del capítulo cuarto de este volumen y que han sido estudiadas en nuestro libro "Nuevo Derecho Bancario y Bursátil; a pesar de lo cual, la forma que presentan en el de remates de las Bolsas de Valores, concretamente en la bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., varía dependiendo de su forma de liquidación o de su forma de concertación; esas razones, las operaciones que celebran las Casas de como la intermediación, la concesión de préstamos o créditos para la adquisición de valores con garantía de éstos la realización de operaciones con valores con accionistas, de su consejo de istración, directivos y empleados, etcétera, serán efectuadas en la Bolsa de Valores, mediante órdenes para que se realicen operaciones “al contado", "a plazos", "a futuro" dependiendo de como serán pagadas, pudiendo concretarse esas órdenes mediante transacciones realizadas "en firme", "de viva voz", "cruzada", "de registro" o "de cama", según será expuesto a continuación, no sin antes entender que el camino que se seguirá para llegar a la Bolsa, es el que a continuación exponemos: l. Un cliente ordena una operación de compraventa de valores a su promotor de Casa de Bolsa, que es un apoderado para celebrar operaciones con el público inversionista. 2. El apoderado para celebrar operaciones con el público inversionista, registra la transacción en el sistema de recepción y asignación de operaciones de la Casa de Bolsa para la que trabaja. 3. Esa transacción ya registrada, se trasmite al piso de remates de la Bolsa de Valores, y es recibida por otro apoderado, que como vimos anteriormente, se denomina operador de piso. 4. El operador de piso, efectúa la oferta de compraventa en el piso de remates de la Bolsa; es decir, hace efectiva la orden del cliente. 5. Se concreta la transacción y se paga su precio. 6. Se informa de la transacción a la Institución para el Depósito de Valores, para que realice los traspasos o liquidaciones respectivas y registre en cada

cuenta (la de la Casa de Bolsa Vendedora y la de la Casa de Bolsa Compradora) la operación de que se trata. Asimismo, y para adentramos en este tema, es necesario efectuar una breve descripción del piso de remates de la Bolsa de Valores, para con ello entender a profundidad las transacciones que expondremos con posterioridad al desahogo de este argumento. El salón o piso de remates es el lugar físico en el que se celebran las operaciones de compraventa de valores; en él, existen monitores de gran tamaño que informan constante mente a los representantes de las Casas de Bolsa sobre los precios y demás información relativa a los valores que ahí se cotizan. Entre esa información se encuentra el volumen de valores operados, sus precios, los precios más altos y más bajo de sus cotizaciones, el precio del último hecho, que quiere decir la última compraventa efectuada o última cotización que presentó un valor determinado, las fluctuaciones que éstos han presentado, etcétera. Este salón o piso de remates, se divide en "corros", los cuales son unidades de control donde se perfeccionan todas las operaciones que se realizan; el Agente o los operadores envían por vía electrónica sus fichas o formatos de compraventa, las cuales a su vez alimentan las pantallas centrales referidas en el párrafo anterior. a) Órdenes en bolsa de valores otorgadas por el propietario o por el adquirente de los valores Es necesario atender a tres situaciones distintas, la primera obedece al número de valores que serán negociados mediante la orden del cliente; la segunda obedece Al monto que en dinero representen esos valores, y la tercera conforme a los términos en que dichas órdenes serán formalizadas, también por instrucciones del cliente. Dentro del concepto denominado órdenes en Bolsa de valores, mismas que son proporcionadas por los clientes; se atiende al monto de valores que serán negociados con dicha orden en el piso de remates. La operación ordenada puede consistir en un lote completo de valores o en picos; entendiéndose por cada una de éstas lo siguiente: -LOTE: Son las operaciones cuya cantidad no es menor a 500,

1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 o 100,000 títulos (Un lote), dependiendo del valor de que se trate. -PICOS: Son las operaciones que recaen en valores que en su cantidad conjunta, son menores a un lote completo. La segunda de las situaciones planteadas, estriba en el monto que en dinero representen las órdenes que el cliente expresó, sean lotes o picos de valores, respecto de lo cual, tenemos los siguientes criterios: 2.1. ORDENES ORDINARIAS: aquéllas cuyo importe no exceda de cualquiera de los límites siguientes: el equivalente en moneda nacional a trescientas cincuenta mil unidades de inversión; uno por ciento del capital social de la sociedad emisora; uno punto cinco veces el importe promedio diario operado, por cada tipo de valor, de una misma emisora. Para efectos del citado promedio se deberán considerar únicamente los días en que fueron negociados los valores que correspondan, durante los seis meses previos. 2.2. ÓRDENES EXTRAORDINARIAS: aquéllas cuyo importe sea superior al monto, porcentaje o promedio aludidos en el punto 1 anterior. Ahora bien, en tercer lugar, tenemos la existencia de órdenes de compraventa de valores de acuerdo con las instrucciones que emita el cliente a la casa de bolsa, siendo tales instrucciones en lotes o en picos (por el número de valores) y ordinarias y extraordinarias (por el importe de éstos), las cuales pueden ser: 3.1. A mercado: Orden para ejecutarse al mejor precio que se pueda obtener en el mercado, que se ingresa al sistema electrónico de negociación de las bolsas de valores cerrando directamente las posturas contrarias desplegadas en el libro electrónico o colocándose como la mejor postura. 3.2. Activada por precio: Orden que al llegar la cotización del valor objeto de la misma a un precio determinado por el cliente, se convierte en una orden a mercado o limitada. 3.3 Al cierre: Orden que se ejecuta al final de una sesión bursátil al precio de cierre del valor de que se trate y que las bolsas de valores determinan conforme al procedimiento establecido en sus reglamentos interiores.

3.4. De tiempo específico: Orden que se ingresa al corro por un período determinado dentro de una sesión bursátil y que ite ejecución parcial, excepto tratándose de órdenes todo o nada. 3.5. Global: Orden que agrupa órdenes de diversos clientes con idénticas características en cuanto a precio, emisora, serie y cupón vigente. 3.6. Instrucciones que generan una secuencia de órdenes:> Orden mediante la cual se solicita la celebración de operaciones sujetas al nivel de operatividad de un valor en particular, por medio de la generación de una secuencia de órdenes a mercado a lo largo de una sesión bursátil. 3.7. Limitada: Orden a un precio determinado por el cliente. o, en su caso, a uno mejor, que se ingresa al sistema electrónico de negociación de las bolsas de valores cerrando posturas contrarias desplegadas en los corros o mediante cruces a precio igual o mejor del precio límite. 3.8. Mejor postura limitada: Orden con precio límite de ejecución que se ingresa de manera inmediata al sistema electrónico de negociación de las bolsas de valores como la mejor postura. En caso de presentarse posteriormente otras posturas que mejoren a la primera, ésta se sustituye hasta llegar al precio límite establecido. 3.9. Paquete: Orden de oportunidad que ejecutan las casas de bolsa por cuenta propia, con el propósito de ofrecer al precio de ejecución, asignar la operación y valores correspondientes a aquéllos clientes que así lo soliciten, en el entendido que posteriormente se efectuará su registro en el sistema de recepción y asignación. 3.1O. Todo o nada: Orden que sólo podrá ser perfeccionada, un solo hecho, con una postura contraria por la totalidad volumen de aquélla. 3.11. Volumen oculto: Orden que se despliega en el sistema electrónico de negociación de las bolsas de valores mostrando únicamente una parte de su volumen total. En caso de ejecutarse la parte expuesta de la orden, se mostrará en el mismo sistema su porción adicional, ocupando ésta el último lugar en la prelación de ejecución de las posturas que se encuentren desplegadas en el propio sistema al mismo precio que la orden oculta. 3.12. De arbitraje internacional: Aquélla que corresponde a una operación contraria hecha en el extranjero.

3.13. De venta en corto: Aquélla de venta de valores cuya liquidación por parte del vendedor se efectuará con valores obtenidos en préstamo. b) Operaciones por su forma de liquidación Situándonos ya en la clasificación de las operaciones en la Bolsa de Valores, es necesario comentar que para el Derecho Argentino, la primera clasificación obedece a su liquidación, siendo éstas "al contado" y "a plazos" o "a término". l. Cuando se realiza al contado, la operación queda finiquitada dentro de las veinticuatro horas de concertada. 2. La operación a plazo o "a término", se liquida por lo general, el último día del mes o del siguiente al convenio, y puede tener el carácter de firme, cuando indefectiblemente debe correr ese plazo para su liquidación, o puede liquidarse en cualquier momento cuando así convenga a alguno de los contratantes. En este último caso se estipulan primas de premio, o de multa, según el tipo de operación, y el contratante que solicita el cierre. Llamase "cobertura" a la diferencia que debe pagarse al liquidar la operación. En México, también existe la clasificación de operaciones al contado y operaciones a plazo que difieren un poco de la exposición anterior, más también existen las operaciones a nes que se celebran en la Bolsa de Valores por su forma liquidación en nuestro país, son: l. OPERACIONES AL CONTADO: Son aquellas que liquidan en cualquiera de los siguientes plazos: l.1. Dentro de los dos días hábiles siguientes si se trata títulos de renta variable y fija. 1.2 Al día siguiente, cuando se trate de metales precioso amonedados, papel comercial y Certificados de la de la Federación. 1.3 En los demás plazos, se fijará en cada caso un término de liquidación perentorio. 2. OPERACIONES A PLAZO: Consisten en que al pactarse se fijará que su liquidación será diferida a una fecha posterior a la que le correspondía, si la operación se hubiera realizado al contado; en ningún caso el término del diferimiento ser superior a 360 días naturales contados a partir del día que se concertó la operación.

3. OPERACIONES A FUTURO, O DE FUTURA. Son compraventas de valores cuyo cumplimiento habrá de efectuarse en plazos prefijados, que mediante · liquidación diaria de pérdidas y ganancias en lo tocante a los precios corrientes en el Mercado de Futuros, y la constitución· y mantenimiento de garantías, permiten la desvinculación entre sí de quienes pacten tales operaciones. Estas transacciones concluyen no solamente en los plazos convenidos, sino anticipadamente, a través de su liquidación por reversión o por diferencias. c) Operaciones por su forma de concertación Por otro lado, algunos estudiosos de otras materias como Eduardo Villegas H. y Rosa María Ortega O." han ahondado en las operaciones por su forma de concertación, basándose para ello en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de S.A. de C.V., en el cual también se ha basado Giorgana éstas pueden ser: 1. OPERACIONES "EN FIRME". Aquellas en las que se hace un ofrecimiento a un precio fijo. 2. OPERACIONES "DE VIVA VOZ". Estas operaciones ya no se usan en la práctica mexicana virtud de la aparición y auge de los sistemas de cómputo, consisten en que un operador de piso en cumplimiento a una de compra o de venta, propone en voz alta tal operación, haciendo mención de la emisora de que se trata, la serie, volumen y precio. 3. OPERACIONES "CRUZADAS". Estas operaciones se realizan cuando un mismo operador de piso tiene al mismo tiempo una orden de compra y una orden de venta; para mantener la transparencia de las operaciones y ajustarse a las sanas prácticas del Mercado de Valores, está obligado a anunciar a los demás representantes de los socios de la Bolsa, la emisora, serie, volumen y precio. Si algún otro operador o apoderado de piso desea participar en alguna de esas ofertas, expresa las palabras "doy" cuando se comprar, y "tomo" cuando se ofrece una venta. Es substancia mencionar que estas operaciones cruzadas se realizan en · actualidad mediante la utilización de Sistemas de Cómputo no ya de viva voz. 4. OPERACIONES "DE REGISTRO". Estas operaciones se presentan únicamente cuando se lista un valor en la Bolsa de Valores, es decir, cuando la emisora o emisión es colocada por primera

vez sionista.

ante

el

público

inver-

5. OPERACIONES "DE CAMA:'. Esta es una operación en firme, con opción de compra o· de venta con un margen de fluctuación, ya sea a la alza en el precio, o ya sea a la baja en el mismo. VI. OPERACIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. Desde el año de 1993 para la anterior Ley, se introdujo la posibilidad de que valores extranjeros puedan listarse en la Bolsa de Valores, y consecuentemente se permita efectuar oferta pública con ellos, inclusive, se prevé que las Casas de Bolsa Mexicanas pueden realizar las actividades que les son propias en mercados financieros del exterior, e incluso como ya lo hemos evocado, que tales valores puedan negociarse fuera de las Bolsas de Valores de las que sean socios, lo cual en ocasiones hace incomprensible la necesidad de inscribirlos en un listado especial de dichas Bolsas de Valores. Con posterioridad a que se cumplan con las condiciones antes enunciadas, los valores deberán listarse en una Sección especial de la Bolsa de Valores, denominada "Sistema Internacional de Cotizaciones", reiterando que resulta incomprensible la necesidad de obtener esta inscripción si los valores no serán negociados forzosamente mediante la intervención de esa Bolsa de Valores Mexicana, aun cuando la transacción sea efectuada mediante registros electrónicos solamente, es decir de carácter virtual. Sin demérito de lo expuesto, el artículo 263 de la Ley del Mercado de Valores determina los requisitos que deberán observarse para listar un valor en el Sistema Internacional de Cotizaciones citado, que son los siguientes: 1. No deberán estar previamente inscritos en el Registro Nacional de Valores, a pesar de lo cual, podrán listarse valores inscritos en la Sección Especial de tal Registro; ya que en caso contrario, la oferta se entenderá lógicamente hecha con valores nacionales.

2. Que sus emisores, o los mercados en los que coticen los valores, deben recibir el reconocimiento que señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismo al que nos referiremos un poco más adelante. 3. Tanto los emisores como los valores mismos, deberán satisfacer las reglas que señale el Reglamento Interior de la Bolsa de Valores. Cuando revisamos los requerimientos que la Ley del Mercado de Valores determina que deben incluirse en los Estatutos de las Bolsas de Valores, precisamos que los valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones no están obligados a ser negociados en la propia Bolsa de Valores, ya que dichos valores en la mayoría de los casos, se encuentran físicamente depositados en otra nación y por ende, cotizan en la Bolsa o Bolsas de Valores de tal país. Es por eso que como lo afirmamos al principio de este apartado, los valores extranjeros con que negocien las Casas de Bolsa fuera de nuestro territorio nacional, no están obligados a ser "cruzados" en la Bolsa Mexicana de la que sean socios esas Casas de Bolsa nacionales. En lo tocante al reconocimiento de Mercados del Exterior o a sus emisores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha emitido la Circular sin número del 2 de diciembre de 2003, misma que establece que para que exista dicho reconocimiento, los valores deberán tener características tales, que puedan ser adquiridos por inversionistas mexicanos. Además de este requisito, se establece que las características de esos valores y los términos de su operación, no deberán causar perjuicios al mercado mexicano, así como que sus emisores sigan políticas congruentes con los intereses de los inversionistas de nuestro país. Así también, la Circular citada en el párrafo anterior escinde las materias respecto de las cuales puede otorgarse reconocimiento, así como los procedimientos a seguirse, mismos que expondremos a continuación: a) Reconocimiento de mercados de valores extranjeros Éstos se otorgan con relación a los segmentos accionarlos y de dinero de que se compone tal mercado; para lo anterior, se requerirá que esos mercados estén sujetos en su país, a la supervisión y vigilancia de alguna autoridad o entidad autor regulatoria (como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Mexicana); por otro lado, el reconocimiento que nos ocupa estriba en la conformación de las leyes financieras del país de que se trate, ya que el régimen legal que les sea aplicable debe cumplir en todo momento, con los siguientes requerimientos:

l. Incluir disposiciones tendientes a proteger los intereses de los inversionistas. 2. Asegurar el orden y transparencia en las operaciones que se celebren en tales mercados. 3. Prevenir y sancionar el uso de información privilegiada, y; 4. Que eviten conflictos de intereses. Relacionado con lo anterior; también fija la Circular del 2 de diciembre de 2003 que las leyes aplicables a los Mercados Extranjeros, deberán contemplar que exista divulgación de información que sea veraz, suficiente y oportuna, tanto a nivel local como de manera internacional. Tal información debe incluir lo relativo a informes fidedignos y veraces de precios, hechos, importes y volúmenes operados. Por otro lado, las comentadas leyes internacionales deben disponer normas y procedimientos para la entrega y diseminación periódica de la información relativa a la situación financiera, económica, contable, jurídica y istrativa de dichos emisores, incluyendo aquélla dictaminada, por lo me nos 1 vez al año, por auditor externo independiente, así como la relacionada con la oferta de Valores y, en general, con los hechos y actos capaces de influir en las decisiones de los inversionistas y siempre que los mercados cuenten con mecanismos que permitan la divulgación al público de dicha información en forma accesible, expedita y continua. Finalmente, los mecanismos de acopio y registro de información sobre la operación del Mercado que pretenda obtener su reconocimiento, deberá permitir el seguimiento y verificación de las transacciones que en él sean efectuadas, para fines de supervisión; asimismo, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo juzgue pertinente, podrá celebrar convenios interinstitucionales con las autoridades supervisoras Mercado de Valores que pretende obtener su reconocimiento; pudiendo sujetar el otorgamiento del mismo a la celebración, de dicho convenio. b) Reconocimiento de los emisores extranjeros Varios de los requisitos antes indicados son igualmente necesarios para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgue el reconocimiento de emisores de valores extranjeros, siendo el primero que dichos emisores y/o sus valores estén inscritos, autorizados o regulados para su venta al público en general,

alguna dependencia u organismo con funciones equivalentes las de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pese a lo anterior, la multirreferida Circular sin número del 2 de diciembre de 2003 establece que al igual que en los casos citados para el reconocimiento de los Mercado de Valores extranjeros, las leyes aplicables a sus emisores deben incluir disposiciones tendientes a proteger los intereses de los inversionistas; deben asegurar el orden y transparencia en las operaciones que se celebren en tales mercados, así como preé venir y sancionar el uso de información privilegiada, evitando los conflictos de intereses que pudieran presentarse. Asimismo, dichas leyes deberán contemplar la existencia de procedimientos de divulgación de información veraz, suficiente y oportuna, tanto nacional e internacionalmente hablando, incluyendo informes fidedignos y veraces de precios, hechos, importes y volúmenes operados; o bien, que el propio emisor o la empresa que, en su caso, controle a la que sea objeto de reconocimiento, con independencia de la normatividad aplicable en su país de origen, mantengan acciones representativas de su capital social, cotizadas en mercados que pudieran ser objeto de reconocimiento por parte de la Comisión. Por otro lado, las normas aplicables a esos emisores deberán contener mecanismos de registro e inscripción de valores, así como procedimientos para negociación de valores, para protección de los intereses de los inversionistas y del propio Mercado, en casos que sea cancelado el listado del registro del emisor o de sus valores. C. Procedimiento para reconocimiento de mercados y emisores extranjeras, reconocimientos directos y revocaciones. La Bolsa de Valores en cuyo listado Internacional de Cotizaciones se pretenda efectuar la inclusión de un valor o simplemente de un Mercado de Valores extra nacional, es encargada de efectuar los trámites necesarios ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acompañando a la solicitud por escrito presente, todos los documentos que acrediten Mercado o el valor respectivo reúnen las condiciones que hemos expuesto; cuando se trate del reconocimiento de Mercar! exclusivamente, la Bolsa de Valores podrá efectuar el trámite por sí o siguiendo una petición de alguna Casa de Bolsa o alguna otra Entidad Financiera Patrocinadora.

En el caso de que la Bolsa de Valores presente una solicitud de reconocimiento de un valor (que la circular que ocupa pretende englobar dentro del concepto de emisor. extranjeros), deberá acompañar a esa petición, además de requisitos que hemos comentado, un ejemplar del prospecto colocación de los valores cuyo reconocimiento se pretende, como la información financiera, económica, contable, jurídica y istrativa del emisor y de los Valores, más reciente fecha de la solicitud respectiva. Cuando la referida información no pueda ser obtenida por causas imputables a la bolsa en que coticen los Valores, opinión de que se trata, podrá no presentarse. En paralelo a los trámites anteriores, la Bolsa de Valores negociadora del reconocimiento deberá informar a la Institución · para el Depósito de Valores Mexicana que corresponda, con el objeto de que esta última prevea lo necesario a la celebración de los convenios con las Instituciones para el Depósito: Centralizado de Valores o similares del país a donde pertenezca el Mercado o el valor cuyo reconocimiento se tramita, los cuales deben garantizar la prestación de servicios de guarda, compensación, liquidación y transferencia de valores a nivel internacional, según se precisó en su oportunidad. Al efecto, dicha Institución para el Depósito de Valores emitir un informe sobre la viabilidad de instrumentar convenios citados. En lo referente a los denominados "reconocimientos directos de Mercados de Valores extranjeros y de valores extranjeros éstos son otorgados aun cuando no exista alguna solicitud en el sentido de que tal acto sea concedido por la autoridad, la procedencia de este supuesto recae en los siguientes os, mismos que ya se tienen por reconocidos para los efectos del listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones. CAPÍTULO OCTAVO LAS CONTRAPARTES CENTRALES DE VALORES I. GENERALIDADES Y OBJETO Un aspecto que fue novedoso desde las reformas, adiciones y derogaciones de la anterior Ley del Mercado de Valores de junio de 200l, lo constituyó la figura de las Contrapartes centrales que operan sobre todo en los Estados U nidos de N6rteamérica compensando warrants y futuros), con la finalidad de que en México sirvan como cámara de compensación, actuando como acreedoras y deudoras

recíprocas de las partes respecto de las operaciones que los intermediarios del mercado valores que sean sus socios, concerté con valores, títulos y documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores. Por ello las contrapartes centrales deben comentarse al lado de Instituciones para el Depósito de Valores y de las Bolsas Valores como otro de los organismos que hacen posible la compraventa de valores y el funcionamiento del propio mercado bursátil. Las contrapartes centrales tienen por objeto reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los intermediarios del mercado de valores, derivadas concertación de operaciones con valores a que se refiere artículo 2° de la Ley del Mercado de Valores, para lo cual constituirán como acreedoras y deudoras recíprocas de los derechos y obligaciones que deriven de operaciones con valores hubieren sido previamente concertadas, asumiendo tal carácter frente a los intermediarios, quienes a su vez mantendrán un vínculo jurídico con la contraparte central y no entre sí. Las contrapartes centrales sólo podrán actuar con el carácter referido en el párrafo anterior, en los siguientes casos: a) Con los intermediarios del mercado de valores que sus socios, quienes participarán siempre a su nombre cuenta propia o de terceros, y b) En operaciones distintas de las antes señaladas cuando así lo autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las contrapartes centrales asumirán tal carácter respecto· de operaciones con valores que se ajusten a las disposiciones legales y istrativas que les resulten aplicables, así a las normas que regulen la relación de dichas contrapartes centrales con sus socios. Para hacer posible la compensación de operaciones con valores, los socios de cada contraparte deberán aportar recurso que se destinarán a un fondo de compensación, no obstante que no es obligatorio para los intermediarios bursátiles pertenecer a alguna de ellas, en cuyo supuesto deberán anunciarlo así a su clientela. II. REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA CONTRAPARTE CENTRAL DE VALORES

Al igual que en nuestros comentarios para Casas de Bolsa; Instituciones para el Depósito de Valores y Bolsas de Valores, usa remos nuevamente el artículo 6° de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que por supuesto se exige que estas Contrapartes Centrales se constituyan como Sociedades Anónimas: l. Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas que constituyan a la sociedad. La Ley del Mercado de Valores determina que los socios de las contrapartes centrales podrán ser las bolsas de valores, las instituciones para el depósito de valores (quienes incluso pueden fungir también como contrapartes centrales), las casas de bolsa, las instituciones de crédito y otras personas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las certificaciones por parte del director general o directivos de las contrapartes centrales de valores, que cuenten con facultades para ello, en las que conste el incumplimiento de las obligaciones de sus acreedores y deudores recíprocos frente a la sociedad, traerá aparejada ejecución, siempre que se acompañen de los documentos en los que consten las obligaciones que les die ron origen, certificados igualmente por las personas señaladas. j) Participar en el capital social de sociedades nacionales o extranjeras que les presten servicios complementarios o auxiliares a los de su objeto, previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter. En ningún caso podrán ser consejeros independientes las personas que participen en el capital social de entidades financieras o desempeñen en éstas cargos, empleos o comisiones, excepto tratándose de consejeros independientes en alguna de las entidades financieras Los nombramientos de consejeros, de los órganos colegiados a que hacemos referencia a continuación, director general y auditores externos, deberán recaer en personas que acrediten contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, amplios conocimientos y experiencia en materia financiera o istrativa, conforme lo ordena el artículo 318, en relación con el artículo 124, ambos de la Ley del Mercado de Valores. Adicionalmente al consejo de istración, la sociedad deberá contar con tres órganos colegiados que se encargarán respectivamente de llevar a cabo las siguientes funciones:

a) El primero determinará y aplicará el sistema de istración de riesgos y emitirá normas de carácter operativo, prudencial y autor regulatorio aplicables a la sociedad y a sus deudores y acreedores recíprocos. b) El segundo vigilará el cumplimiento de las normas cita das en el inciso anterior. e) El tercero aplicará las medidas disciplinarias por el incumplimiento de las normas citadas. II. REQUISITOS LEGALES PARA LA CONSTITUCION DE UNA CONTRAPARTE CENTRAL DE VALORES Al igual que en nuestros comentarios para Casas de Bolsa, Instituciones para el Deposito de Valores y Bolsas de Valores, usaremos nuevamente el artículo 6° de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que por supuesto se exige que estas Contrapartes Centrales se constituyan como Sociedades Anónimas: 1. Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas que constituyan a la sociedad. La Ley del Mercado de Valores determina que los socios de las contrapartes centrales podrán ser las bolsas de valores, las instituciones para el depósito de valores (quienes incluso pueden fungir también como contrapartes centrales), las casas de bolsa, las instituciones de crédito y otras personas que autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, por lo que debemos entender tanto nacionales como extranjeros establecidos en territorio nacional, no obstante que en ningún momento podrán participar en el capital social personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. 2. El objeto de la sociedad. Muy amplio y variado resulta el objeto de las contrapartes centrales que aparece inserto en el artículo 307 de la Ley del Mercado de Valores: a). Constituirse como deudor y acreedor reciproco en operaciones con valores previamente concertadas, en términos de lo establecido en el artículo 301 de esta Ley. Solo podrán actuar con el carácter referido en los casos siguientes: a.1) Con las personas autorizadas conforme a esta u otras leyes para otorgar servicios de intermediación en el mercado de valores, que sean sus socios, quienes podrán participar por cuenta propia y de terceros. a.2) En operaciones distintas de las señaladas en esta fracción cuando así lo autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, escuchando la opinión del Banco de México y de la Comisión. b). Establecer y aplicar los procedimientos para istrar riesgos y hacer frente a incumplimientos.

c). Exigir a sus socios liquidadores recursos para reducir el riesgo sobre las operaciones con valores en las que se constituya como acreedora y deudora recíproca, en caso de que los socios dejen de cumplir sus obligaciones frente a la contraparte central de valores. Dichos recursos deberán mantenerse en un fondo de aportaciones constituido en la propia sociedad. d). Requerir a sus socios liquidadores, respecto de las operaciones con valores en los que se constituya como acreedora y deudora recíproca, los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de istración de riesgos, los que habrá de conservar en un fondo de compensación, constituido en la sociedad, con el propósito de mutualizar con sus socios el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, las perdidas. e). Recibir y istrar los recursos señalados en los incisos c)., y d)., inmediatos anteriores. f). Realizar por cuenta propia operaciones de compraventa y préstamo de valores para el cumplimiento de las obligaciones que tengan su carácter de contraparte central de valores, debiendo contratar para ello los servicios de una persona que en términos de esta u otras leyes se encuentra autorizada para otorgar servicios de intermediación en el mercado de valores. g). Contratar créditos y préstamos para la consecución de su objeto social, de conformidad con las disposiciones que emita Banco de México. h). Garantizar las operaciones a que se refiere los incisos f)., y g)., inmediatos anteriores. i). Expedir certificaciones de los actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Las certificaciones por parte del directos general o directivos de las contrapartes centrales de valores, que cuenten con facultades para ello, en las que conste el incumplimiento de las obligaciones de sus acreedores y deudores recíprocos frente a la sociedad, traerá aparejada ejecución, siempre que se acompañe de los documentos en los que consten las obligaciones que les dieron origen, certificados igualmente por las personas señaladas. j). Participar en el capital social de sociedades nacionales o extranjeras que les presten servicios complementarios o auxiliares a los de su objeto, previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. k). Realizar actos necesarios para la consecución de su objeto social. l). Las análogas, conexas o complementarias de las anteriores, que les sean autorizadas por la SH mediante disposiciones de carácter general. 3. La razón social o denominación Se formara bajo una denominación y enseguida de esta, se deberá incluir la expresión “contraparte central de valores”. 4. Su duración.

Las contrapartes centrales podrán tener una duración indefinida. 5. El importe del capital social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. Las contrapartes centrales deberán tener íntegramente suscrito y pagado el capital mínimo que establezca la SH, mediante disposiciones de carácter general. No obstante que en la Ley de la materia no se determinan series en que deba dividirse su capital social, por lo que estas podrán formarse libremente si así se quiere, con la salvedad de que tales acciones deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas. Adicionalmente, ninguna persona física o moral podrá adquirir directa o indirectamente mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, el control de acciones que representen más del 10% del capital social de un sociedad que en los términos de la Ley del Mercado de Valores opere como contraparte central. El mencionado límite se aplicara a la adquisición del control por parte de personas que la SH considere para estos efectos como una sola persona. Excepcionalmente la SH podrá autorizar que una persona pueda ser propietaria de más del 10% del capital pagado de una sociedad que actué como contraparte central. Debemos anotar que las acciones representativas del capital social de las contrapartes centrales de valores de las que sean titulares las Casas de Bolsa e instituciones de crédito, estarán afectas en garantía real y preferente para asegurar el pago puntual y oportuno de las obligaciones que dichas entidades tengan frente a la sociedad, para lo cual se deberán depositar con tal carácter en una institución para el depósito de valores. Lo anterior sin que al efecto resulte aplicable lo previsto en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el supuesto de que se haga necesario la ejecución de la garantía señalada en el párrafo anterior, el consejo de istración de la contraparte central de valores procederá a cancelar las acciones correspondientes, las que se conservaran en tesorería y los recursos que correspondan se utilizaran para cubrir las obligaciones que el socio tenga frente a la sociedad hasta por el valor de las acciones. Lo anterior, sin que al efecto resulte aplicable lo previsto en el artículo 134 de la Ley de General de Sociedades Mercantiles. Cuando la acción cancelada sea representativa de la parte mínima fija del capital social, el consejo de istración que la cancele deberá convocar a asamblea general extraordinaria de accionistas, para que está, en un plazo que no exceda de seis meses contados a partir de la fecha de cancelación, acuerde la modificación respectiva a los estatutos sociales. 6. Forma conforme a la cual haya de istrarse a la sociedad, así como el nombramiento de los es.

Su istración estará a cargo de un consejo de istración y de un director general en sus respectivas esferas de competencia come el consejo que estará integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 15 consejero propietarios de los cuales cuando menos el 25 por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter. En ningún caso podrán ser consejeros independientes las personas que participen en el capital social de entidades financieras desempeñe en estas cargos, empleos o comisiones excepto tratándose de consejeros independientes en alguna de las entidades financieras mencionadas. El presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de empate. Los nombramientos de consejeros, de los órganos colegiados a qué hacemos referencia a continuación coma director general y auditores externos, deberán recaer en persona que acrediten contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, amplios conocimientos experiencia en materia financiera o istrativa, conforme lo ordena el artículo 318 en relación con el artículo 124 ambos de la Ley del Mercado de Valores. Adicionalmente al consejo de istración, la sociedad deberá contar con tres órganos colegiados que se encargará respectivamente de llevar a cabo las siguientes funciones: a). el primero determinará y aplicará el sistema de istración de riesgos y emitirá normas de carácter operativo prudencial y autorregulatorio aplicables a la sociedad y a sus deudores y acreedores recíprocos b). el segundo vigilará el cumplimiento de las normas citadas en el inciso anterior. El tercero aplicar a las medidas disciplinarias por el incumplimiento de las normas citadas en el inciso a anterior. 7. Bases para la disolución y liquidación de las contrapartes centrales y en su caso, para que puedan entrar en estado de quiebra o concurso mercantil. El artículo 321 de la Ley del Mercado de Valores determina qué es la disolución y liquidación, así como el concurso mercantil de las contrapartes centrales, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Concursos Mercantiles salvo en 3 situaciones: 1. El cargo de liquidador, conciliador o síndico corresponderá a la persona que para tal efecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la declaratoria de concurso mercantil de las contrapartes centrales y 3. Los recursos a qué se refiere el artículo 307 fracciones 3 y 4 de la Ley de Mercado de Valores se destinarán al fin que les corresponda conforme a lo señalado en tales

fracciones. Los recursos excedentes de los señalados en la fracción 3 del precepto legal arriba citado que una contraparte central hubiera recibido de sus socios por cuenta de terceros cuyas operaciones con valores hayan sido compensadas y liquidadas en su totalidad podrán ser excluidos o se parados del proceso de disolución, liquidación o concurso mercantil de la contraparte central y devueltos a los socios que correspondan quienes lo aceptarían a un nombre propio y por cuenta de dichos terceros. Igual régimen será aplicable a los referidos recursos excedentes recibidos de socio por cuenta propia siempre que no existan obligaciones a su cargo y a favor de la contraparte central. 8.

III.

El nombramiento de uno o varios comisarios Si bien la ley del mercado de valores no dispone número específico ni forma de elección de comisario en las contrapartes centrales por lo que al efecto resulta aplicable la Ley General de Sociedades Mercantiles en su Artículo 181. Debe señalarse sobre el tema, que el ordenamiento legal citado no ordena que dentro de los comités que pueda crear las contrapartes centrales de valores se encuentre el comité de auditoría que si se exige para los demás organismos de apoyo al mercado bursátil, por lo que en consecuencia la existencia de la figura del comisario es necesario en estos casos, Ya que no puede pretenderse que sean los consejeros los que se dediquen a vigilar las operaciones sociales vía comité de auditoría si la ley de la materia no les impone tal obligación. REQUISITOS ISTRATIVOS PARA CONSTITUCIÓN FUNCIONAMIENTO DE LAS CONTRAPARTES CENTRALES.

Y

Muy variados resultan los requisitos que de carácter ejecutivo deberán reunir las contrapartes centrales: 1. La solicitud de la concesión para organizarse y operar como contraparte central deberán presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quién otorgará o negara discrecionalmente la respectiva concesión; a la propia solicitud se deberán adjuntar: a).Proyecto de estatus sociales b).Relación de socios, indicando el capital que suscribirán c).Relación de las personas que integran el consejo de istración y los órganos colegiados a que antes nos hemos referido d). Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprende por lo menos la indicación del tipo de operaciones respecto de las que

pretende actuar como contraparte; el sistema y los mecanismos de istración de riesgo para limitar y reducir la exposición de la contraparte central de valores frente a los participantes, la forma en que la citada contraparte tendrá a fondos suficientes para cumplir puntualmente con sus obligaciones y las normas operativas, prudencial es auto regulatorias que se comentarán; así como las medidas que adoptará para la supervisión operativa y financiera de los intermediarios del mercado de valores que sean sus socios y por lo que actuará como deudor y acreedor recíproco. e).Proyecto de reglamento anterior. f).Las políticas y lineamientos relativos a los recursos que recibirá de sus deudores y acreedores recíprocos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, así como el programa de inversión de dichos recursos y el procedimiento para su aplicación,. g).La demás documentación e información que a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se requiera para el efecto. 2. El acta constitutiva y los estatutos de las contrapartes centrales así como sus modificaciones, serán aprobados previamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y una vez dictada esta aprobación serán inscritos en el Registro Público de Comercio. 3. Deberán llevar contabilidades especiales, en los términos que mediante disposiciones de carácter general Determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para registrar los recursos que reciban de los intermediarios del mercado de valores que sean sus socios, tanto por cuenta propia, Como de terceros. 4. Las contrapartes centrales estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a quien deberán informar, así como el Banco de México y a las personas que celebran las operaciones en las que se constituyen como deudor y acreedor recíproco, cuando dejen de asumir tal carácter respecto de alguno de estos. En este supuesto estarán facultadas para dar por vencida de manera anticipada las obligaciones de dicha persona y para aplicar sin restricción alguna recursos recibidos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisara el funcionamiento de los procedimientos de istración de riesgos, la suficiencia de los recursos para cumplir con sus obligaciones, el cumplimiento de sus normas operativas, prudenciales y auto regulatorias, así como la aplicación de las medidas disciplinarias en caso de incumplimiento. 5. Sin necesidad de autorización alguna, las contrapartes centrales deberán

divulgar la información de sus procedimientos para istrar riesgos, de sus recursos financieros y el monto de los recursos que reciban para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de sus deudores y acreedores recíprocos, sin que dicha situación presupone la revelación de nombres específicos de sus socios o de la clientela de estos últimos. 6. Serán aplicables a las contrapartes centrales, lo establecido en los artículos 26, penúltimo y último párrafos, 121, 123 segundo párrafo, 124 prime, segundo y penúltimo párrafos, 127 a 129, 131, segundo párrafo, 132 a 134, 205, 206, 209a 211, 236, 237 segundo párrafo, 238, 241, último párrafo y 243, segundo párrafo de la ley del mercado de valores. IV. BREVE DESCRIPCIÓN OPERATIVA La estabilidad financiera mexicana ha hecho posible el establecimiento de estos organismos de apoyo al mercado de valores coma buscando no sólo mejorar la liquidez y transparencia de las transacciones que se celebran en el mercado bursátil, sino reduciendo los riesgos a los que están expuestos los integrantes mediarlos con valores, ante el incumplimiento de las obligaciones que asumen tanto por cuenta propia como por cuenta de terceros, sin embargo debemos apuntar que las obligaciones que las contrapartes centrales tengan con sus deudores y acreedores recíprocos se extinguirán por compensación hasta por el importe que corresponda debiendo fijar el reglamento interior de la contraparte la forma en efectuar dicha extinción. La liquidación de los saldos de efectivo y de valores o bienes producto de las obligaciones que subsistan con posterioridad a la compensación, se realizará a través de las entidades financieras autorizadas para efectuar las transferencias que correspondan. Los intermediarios del mercado de valores deberán acordar entre ellos se habrán de compensar y liquidar las operaciones que celebren, con la participación de alguna contraparte central, en cuyo caso, designan a esta última. Asimismo, los referidos intermediarios que no compensen y liquiden en alguna operación con valores a través de una contraparte central, estarán obligados a dar a conocer previamente tal circunstancia sus clientes. Las contrapartes centrales deberán mantener informados a sus deudores y acreedores recíprocos del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones, así como de las aportaciones que deben realizar y los excesos en las mismas.

CAPÍTULO NOVENO LOS EMISORES DE VALORES SOCIEDADES ANONIMAS BURSATILES COMA SOCIEDADES ANÓNIMAS PROMOTORAS DE INVERSIÓN Y SOCIEDADES PROMOTORAS DE INVERSIÓN BURSÁTIL

I.LOS EMISORES DE VALORES En el capítulo segundo de esa obra hemos comentado de forma conceptual algunos pormenores de este tema, así como las particularidades del mercado de valores y organismos de apoyo, siendo que la materia que da vida a esos elementos, lo son precisamente los valores que emiten diversos personas cuya importancia y trascendencia resultaría trivial comentar. Por ello, debemos ahondar en las particularidades inherentes a los principales emisores de valores, que conforme comentamos ya, lo son las Sociedades Anónimas Bursátiles y las Sociedades Anónimas Promotoras de inversión ( bajo sus dos modalidades: y seguido Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión y Sociedades Anónimas Promotoras de inversión bursátil ) últimas en ser incorporadas al ordenamiento legal, Pese a que como veremos, su existencia se remonta al denominado mercado intermedio y mercado bursátil para la mediana empresa coma lo que se confirma de la lectura de las consideraciones vertidas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados del Congreso de La Unión qué constituyeron el dictamen de promulgación de la propia Ley del Mercado de Valores. No debe pasar desapercibido al lector el hecho de que en el presente capítulo haremos referencia a las diversas entidades financieras y del sector público que igualmente pueden constituirse en emisores de valores, sino que nos concentraremos en sociedades anónimas privadas diversas de las anteriores básicamente. Al efecto, el artículo 2° del citado cuerpo legal, conceptúa a la emisora de valores, Como la persona moral que solicite y, en su caso, obtenga y mantenga la inscripción de sus valores en el Registro Nacional de valores quedando comprendidas las instituciones fiduciarias cuando actúen con el referido carácter coma únicamente respecto del patrimonio fideicomitido que corresponda. No obstante, Tal definición solamente es aplicable a las Sociedades Anónimas Bursátiles y otras entidades tales como los estados y los municipios, pero no a las Sociedades Anónimas Promotoras de inversión que como veremos, no están obligadas a obtener la inscripción que nos ocupa la que les es optativa, según se observa de lo señalado por el artículo 10 de la ley del mercado de valores, que impone que las Sociedades Anónimas que se ubiquen en alguno de los puestos siguientes, estarán sujetas a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores, por lo que desde luego se le considera como Sociedades Anónimas del mercado bursátil: a). Las que adopten o se constituyen con él carácter de sociedad anónimas promotoras de inversión. b). Las que obtenga la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que representen

dichas acciones, bursátiles.

en cuyo caso tendrán el carácter de sociedades anónimas

Pese a ello, el último párrafo del precepto invocado, aclara que las sociedades anónimas promotoras de inversión no estarán sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, salvo que inscriban valores en el Registro Nacional de Valores, lo que confirma Por una parte que está posibilidad es una opción y no una obligación, y por otro lado, la insuficiencia de la definición que sobre la emisora establece el artículo 2º de la Ley del Mercado de Valores. Dicha definición nos permite recordar la existencia de dos tipos de oferta de valores. a) PÚBLICA. La que se realiza con valores inscritos en el Registro Nacional de valores; y, b) PRIVADA. La que realiza cualquier persona, siempre que se realice exclusivamente a inversionistas institucionales calificados, o se ofrezcan valores representativos del capital social de personas morales, o sus equivalentes, a menos de 100 personas, con independencia de que sean de una o más clases o series, o se realicen al amparo de planes o programas aplicables en forma general a empleados o grupos de empleados de la sociedad que emite los valores o personas morales que está controlé o que la controlen, bien, cuando se efectúe accionistas o socios de personas morales que realicen su objeto social exclusiva o preponderantemente con estos. Temas que faltan ARACELI Dennis