Juicio Oral 3a60h

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Guía práctica DE LA DEFENSA PENAL (II ) Juicio oral y ejecución de sentencia Hesbert Benavente Chorres

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Guía práctica DE LA DEFENSA PENAL II: Juicio Oral y Ejecución de Sentencia Hesbert Benavente Chorres

Presentación

Si pudiera identificarse el rasgo más visible del Código Procesal Penal del 2004 (P del 2004) ese sería sin duda la oralidad. En efecto, si la característica básica del proceso que viene siendo paulatinamente abandonado (C de Procedimientos Penales de 1940) es una excesiva adhesión al principio de escrituralidad, en el P del 2004 el alejamiento de esta censurable práctica queda representado por la existencia de una sustancial mejora de los mecanismos y condiciones de la oralización, que hacen posible una agilización en el ejercicio de la defensa, en la realización del debate y en la toma de decisiones. Sin embargo, ello sólo es posible en un esquema procesal, como el del P del 2004, que hace de la oralidad una exigencia en todo el proceso y del juicio su etapa decisiva, pues es a través de aquella que se viabilizan y concretan los diversos principios procesales, como el de publicidad, contradicción, inmediación, entre otros, que dotan de una mayor legitimidad al desarrollo y al resultado del proceso. Pese a ello, la reforma del proceso penal, hoy por hoy, no sólo es parcial con relación al ámbito territorial de aplicación sino además, y sobretodo, en cuanto a la conducta de los actores del nuevo proceso, habituados a costumbres y ritualismos propios de la cultura inquisitiva a la que pertenece nuestro anterior sistema procesal.

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guía práctica del juicio oral y ejecución de sentencia

En la presente Guía se analiza las etapas del juicio oral y de ejecución de la sentencia tanto en el C de PP de 1940 y en el P del 2004. En tal sentido, se aborda, con una metodología de preguntas y respuestas, la problemática de las mencionadas fases en cada uno de los sistemas procesales, brindando referencias legales y jurisprudenciales así como flujogramas explicativos que permiten un adecuado ejercicio de la defensa en sede de juzgamiento o ya en la ejecución de la sentencia.

el editor

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CAPÍTULO I

La etapa del juicio oral

I. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ETAPA DEL JUICIO ORAL 1. ¿Qué es el juicio oral? La etapa del juicio oral es la fase central del proceso penal. En esta las partes, de acuerdo con su teoría del caso, realizarán los actos de prueba tendientes a demostrar que sus argumentos son los certeros, buscando así obtener una sentencia favorable a sus expectativas. La centralidad del juicio oral radica en que las partes podrán argumentar y probar sus pretensiones, ya no ante un juez de control o garante (cuya actuación opera en la fase de investigación), sino ante el juez de conocimiento, quien está potestado a resolver el conflicto suscitado. Como señala Binder, el juicio es la etapa principal del proceso penal porque es allí donde se resuelve o redefine de un modo definitivo –aunque revisable– el conflicto social que subyace y da origen al proceso penal(1).

(1) Cfr. BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires – Argentina, 1993, p. 233.

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Pero, el considerar al juicio oral como la etapa principal del proceso(2) también se debe al haz de principios y garantías que le envuelven a fin de lograr una calidad de información al juzgador que le permita resolver la litis puesta a su conocimiento. Por calidad de información se entiende a aquel conjunto de datos filtrados, seleccionados, depurados tendientes a probar, por un lado, si se ha cometido o no un ilícito penal, y, por otro lado, la determinación de las consecuencias punitivas y, si fuese el caso, civiles generadoras del delito; información que es percibida por el juzgador de manera inmediata e imparcial, a través de una actividad contradictoria de las partes(3), con pleno respeto a la presunción de inocencia y en presencia de la comunidad. En ese sentido, la inmediación, la contradictoriedad, la imparcialidad, el principio de inocencia y la publicidad son el conjunto de principios que al operar en el juicio oral permitirán que el juzgador obtenga una información de calidad, confiable, que permita fundar su decisión en torno al conflicto suscitado entre el ofensor y el ofendido(4). En suma, la fase de juzgamiento no debe ser considerada como una etapa más del proceso penal, sino la principal, porque en ella se producirá tanto la prueba como la decisión destinada a resolver un conflicto de intereses generado por la presunta comisión de un ilícito penal.

Jurisprudencia

“El ordenamiento procesal penal nacional reconoce, además, la ausencia, y en ambos casos, como es evidente, consagró como dogma la imposibilidad de desarrollar el juicio oral –fase angular del sistema acusatorio– sin la necesaria presencia del acusado”. En: Acuerdo Plenario N° 5-2006/CJ-116, fundamento sexto.

(2) Artículo 356.1 del P 2004. (3) Es la actividad realizada por las partes a fin de controvertir el caso de la contraparte y presentar su propio caso. (4) Como indica Vázquez Rossi, el juicio es el medio de establecimiento de la verdad judicial. La verdad surge de la confrontación, es patrimonio dividido de las partes, que introducen sus respectivas acreditaciones y en el análisis respectivo proponen sus argumentaciones, con un protagonismo que se basa en los intereses que representan y que, por ende, son relativos y verificables, hipotéticos y refutables. Cfr. VÁZQUEZ ROSSI, Jorge. Derecho Procesal Penal. La realización penal, Tomo II, Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires - Argentina, 2004, p. 404.

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La Etapa deL juicio oral

• Base legal: Artículos 207 al 291, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 356 al 403, Código Procesal Penal de 2004.

2 ¿Cuáles son los principios que rigen en el juicio oral? Según el artículo 356, numeral 1) del P 2004, los principios que rigen el juicio oral son: la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor. En ese sentido, hay que resaltar, en primer lugar, un conjunto de principios vinculados con la actividad probatoria que se desarrolla en el juicio oral. Así, tenemos el principio de oralidad, que se encuentra recogido en varios instrumentos internacionales(5) y se le considera como un instrumento o medio facilitador de la esencia de la justicia básica y garantista de los derechos mínimos de sus destinatarios. En efecto, todo lo expuesto o argumentado por las partes o por el juzgador al ser expresado verbalmente (y consignado en las actas de la audiencia(6)) permite la comunicación durante la audiencia y la actuación de sus intervinientes, incluso se prevé la posibilidad del apoyo de un intérprete o traductor, si así se requiera. Con referencia a la publicidad, esta permite la participación de la comunidad(7), la que es –finalmente– la interesada en que la problemática se solucione, observando cómo los jueces cumplen su función, colocando de

(5) Artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (6) Artículo 361 del P 2004. Sin embargo, en el procedimiento escrito –al contrario de lo que ocurre en la audiencia de debate en el juicio oral–, dada la estructura del órgano jurisdiccional (que permite el reemplazo de los jueces sin renovación de los actos ya realizados), es menester que las audiencias sean documentadas en actas en las que se vuelque la totalidad de las manifestaciones de los intervinientes, de modo más completo posible, lo que también se impone para los actos de la instrucción (que es escrita) en el sistema con juicio oral. Al respecto, consúltese. CREUS, Carlos. Derecho Procesal Penal, Editorial Astrea, Buenos Aires - Argentina, 1996, p. 129. (7) Salvo las excepciones establecidas en el artículo 357 del P 2004.

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manifiesto y censurando los excesos, abusos o, si sucede, la impunidad(8). Por lo tanto, se requiere la creación de las condiciones apropiadas para que el público y la prensa puedan ingresar a presenciar la audiencia (artículo 358 del P 2004). En lo que respecta a la inmediación, se refiere a la necesidad de que el juez que va a proferir la sentencia aprehenda el conocimiento directo que deviene del acopio probatorio y, así, logre formar su convicción frente al caso propuesto; es aquella posibilidad que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal(9). De tal suerte que la aplicación de este en un sistema procesal penal acusatorio resulta de cardinal importancia, por cuanto es precisamente durante el juicio oral cuando debe practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia (a excepción de las pruebas preconstituidas y anticipadas). Según Roxin, el juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones personales, que obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio oral(10). Con referencia a la contradicción, esta supone la posibilidad que tienen las partes –llámense fiscal y defensa del acusado– para sustentar sus planteamientos mediante la aportación de pruebas, de discusión o debate sobre estas y de la argumentación final o alegatos que pudieran sostener previo a la decisión final del juzgador(11). Este principio describe la naturaleza del juicio oral, como etapa procesal comunicacional (dialógica) y dialéctica; es decir, en la debida y operativa oportunidad de que las partes hagan oír sus razones, controlen y aporten circunstancias, aleguen sobre estas y efectúen sus respectivas peticiones ante el órgano de decisión, el (8) Este principio tiene la particularidad de no referirse a ninguno de los sujetos procesales que intervienen en el caso, sino, en cambio, a personas distintas de esos sujetos; no se refiere a la posibilidad del conocimiento de los actos por las partes, sino a la publicidad popular. Cfr. BOVINO, Alberto. Principios politicos del procedimiento penal, Editores Del Puerto, Buenos Aires - Argentina, 2005, p. 74. (9) Cfr. GUERRERO PERALTA, Óscar. Fundamentos teóricos constitucionales del nuevo proceso penal, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá - Colombia, 2005, p. 153. (10) Cfr. ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal, Ediciones Del Puerto, Buenos Aires - Argentina, 2000, p. 395. (11) Indica Sánchez Velarde, que salvo que se manifieste un supuesto de aceptación a la acusación fiscal, las pruebas deben debatirse en el juicio oral, pues ello es lo que se espera del esquema acusatorio del juicio para que el juez, realizando labor de valoración, pueda dictar la sentencia que corresponda. Cfr. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Idemsa. Lima, 2004. Ob. cit., p. 569.

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que deberá fallar conforme a los elementos obrantes. Por definición, es una etapa dialéctica, que se manifiesta de modo preponderante por la actividad participativa, lo que a su vez exige la neta diferenciación de los sujetos y de la posición de los órganos de la acusación respecto de la defensa y de todos estos en relación con el tribunal(12). En ese sentido, el juez no interviene en la actuación probatoria, salvo contadas excepciones con fines exclusivamente de esclarecimiento (artículo 375, numeral 4 del P 2004). En segundo lugar, se tienen los principios referidos al desarrollo del juicio oral, en donde se resalta la de continuidad, que surgió en oposición al fragmentarismo discontinuo de los procedimientos escritos. En efecto, por esta necesidad de los requisitos de la percepción, no puede haber espacios temporales considerables entre los diversos actos producidos durante la audiencia(13). La prueba debe estar viva en los sentidos de los jueces, que quienes la deben tener presente en sus memorias, al tiempo de dictado de la sentencia; de allí que la instrumentación de la audiencia no apunte a hibernar la prueba como ocurre en el juicio escrito. Aunque cabe señalar que en la legislación comparada se tiene la posibilidad de grabación, de que se efectúen resúmenes o de levantar versiones taquigráficas; sin embargo, es excepcional y obedece a la ratio de facilitar la tarea de los sentenciantes(14). La concentración de los actos en el juicio oral impone la necesidad de que lo que se haga sea en presencia de los que en él intervienen en forma sucesiva y sin perder la debida continuidad. Ello permite que las conclusiones, tesis y solicitudes que se presenten, no pierdan el hilo conceptual

(12) Cfr. VÁZQUEZ ROSSI. Jorge. Ob. cit., p. 409. (13) El artículo 360 del P 2004, precisa que instalada la audiencia, esta seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuere posible realizar el debate en un solo día, este continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión. La audiencia solo podrá suspenderse: a) Por razones de enfermedad del juez, del fiscal o del imputado o su defensor; b) Por razones de fuerza mayor o caso fortuito; y, c) Cuando este Código lo disponga. La suspensión del juicio oral no podrá exceder de ocho días hábiles. Superado el impedimento, la audiencia continuará, previa citación por el medio más rápido, al día siguiente, siempre que este no dure más del plazo fijado inicialmente. Cuando la suspensión dure más de ese plazo, se producirá la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio, sin perjuicio de señalarse nueva fecha para su realización. (14) Al respecto, señalamos el artículo 394 del Código Procesal penal de Argentina. Véase: CAFETZOGLUS, Alberto Néstor. Derecho Procesal Penal. El procedimiento en los códigos de la nación y provincia de Buenos Aires, Editorial Hammurabi, Buenos Aires - Argentina, 1999, p. 234.

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entre el momento en que se acopian y el que se discuten, además que sean continuos al instante en que se toma la decisión. San Martín Castro acota que es una novedad en el nuevo Código la profundización de los principios de unidad y concentración del debate, ya que, entre sesiones de una misma audiencia, no pueden intercalarse o realizarse otros juicios, salvo que en ese lapso pueda concluir, es decir, si la nueva causa lo permite (artículo 360, numeral 5) del P 2004)(15). En lo que respecta a la identidad física del juzgador, esta parte de la necesidad de que el juez presencie físicamente toda la audiencia del debate oral; además, debe ser él quien personalmente dicte la sentencia, sin posibilidad de delegación alguna(16). Ello con el objetivo de que quien dicte el fallo sea el mismo que presenció en forma directa e inmediata la producción y acopio de los elementos probatorios, así como también la discusión de sus consecuencias jurídico-penales y la incidencia en la decisión a tomar(17). Finalmente, está el principio de presencia obligatoria del imputado y su defensor, que en doctrina se le conoce como el derecho a estar presente en el juicio. En ese sentido, el carácter adversativo del modelo acusatorio, el hecho de que la defensa se constituye con el apoderado y el imputado, y el reconocimiento al derecho del imputado de controlar y ejercer su propia defensa, obligan a considerar cuidadosamente la posibilidad del juicio en ausencia. Si el juicio se desarrolla sobre la base de dos versiones enfrentadas, cuyo soporte argumentativo se realiza de manera autónoma (cada parte recopila evidencia), ¿puede el imputado no estar presente durante la celebración del juicio? Se puede considerar dos situaciones: a) negativa a estar presente; la estrategia defensiva es un asunto que concierne, salvo actos claramente inisibles para el apoderado,

(15) Cfr. SAN MARTÍN CASTRO, César. “Introducción general al estudio del nuevo Código Procesal Penal”. En: El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales, Editorial Palestra, Lima - Perú, 2005, p. 39. (16) Sin embargo, el artículo 359, numeral 2) del P 2004, establece como excepción a este principio la ausencia prolongada de uno de los del colegiado o la aparición de algún impedimento. En ese caso, será reemplazado una sola vez por el juez llamado por ley, sin suspenderse el juicio, a condición de que el reemplazado continúe interviniendo con los otros dos . No obstante, la licencia, jubilación o goce de vacaciones de los jueces no les impide participar en la deliberación y votación de la sentencia. (17) Cfr. ALARCÓN GRANOBLES, Héctor. Garantismo penal en el proceso acusatorio colombiano, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá - Colombia, 2006, p. 49.

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exclusivamente a la defensa y al imputado. En este orden de ideas, como se ha itido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es posible que se juzgue en ausencia del acusado, si este se niega presentarse en el juicio;(18) b) imposibilidad de informar al acusado, esto ocurre cuando el Estado ha desplegado todos los medios a su disposición para dar con el paradero del acusado y, a pesar de ello, no lo encuentra. Jurisprudencia “La función política de control del poder judicial que cumplen los particulares, a través de su presencia en un acto judicial público, consiste, precisamente, en la verificación del cumplimiento de las condiciones, requisitos y presupuestos jurídicos por parte de quienes desempeñan la tarea de istrar justicia”. Tribunal Europeo de Derecho Humanos, sentencia del 8 de diciembre de 1983. “Otro punto denunciado por el demandante relacionado con el derecho a la prueba es la afectación del principio de inmediación. Este establece que la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar sentencia. El accionante sostiene la afectación de dicho principio alegando que el informe final se elaboró sobre la base de diligencias realizadas por varios jueces. Planteada así la presunta afectación, este Tribunal considera que ella no tiene sustento, puesto que, de acuerdo a lo señalado a propósito del principio de inmediación, el cual garantiza que el juez encargado

(18) Este tema presenta una gran relevancia, dado que el Poder Ejecutivo ha enviado, con carácter de urgente, un proyecto de ley de simplificación del juicio oral al Congreso, en donde se propone: “El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso de la Sala; sin embargo, una vez escuchada la formulación de cargos y por razones justificadas podrá autorizársele el permiso, en cuyo caso será representado por su defensor”. Agrega que “si el acusado ha prestado su declaración en el juicio oral o se acoge al derecho de guardar silencio y deja de asistir a la audiencia, esta continuará sin su presencia y será representado por su defensor” (propuesta de modificación al artículo 243 del Código de Procedimientos Penales). Asimismo, propone que “la Sala, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar que el acusado no esté presente en la audiencia durante un interrogatorio, si es de temer que otro de los acusados o un testigo o perito no dirá la verdad en su presencia”. Además, refiere que si los testigos o peritos no pueden asistir por causa justificada, podrán declarar a través de una videoconferencia u otro sistema de reproducción a distancia. Sin embargo, indica que “las diligencias de confrontación, de debate pericial o de reconocimiento estarán sujetas a las mismas reglas” (propuesta de modificación al artículo 256 del Código de Procedimientos Penales). Sin embargo, como se acotó, en el Derecho comparado se está flexibilizando el principio de presencia física del acusado; para mayores detalles, véase: BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El proceso penal. Fundamentos constitucionales del nuevo sistema acusatorio, Tomo I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá - Colombia, 2004, p. 212.

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de sentenciar tenga o directo con todas las pruebas, este no resulta afectado cuando más de un juez en la etapa de instrucción conoce del proceso, ya que ellos no serán los encargados de dictar sentencia”. Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 1934-2003-HC/TC Lima, considerandos tercero y cuarto. “Si el juez no oye directamente la declaración del testigo sino que la lee de un acta, no está en condiciones –por capaz que sea– de realizar un juicio de credibilidad respecto de lo que el testigo ha dicho, además, tal declaración no puede ser contraexaminada y por tanto sometida al test de la contradictoriedad”. Sala penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 09-2007 Huaura, considerando segundo.


3. ¿Quién se encarga de dirigir y llevar a cabo el juicio oral? Según el C de PP 1940, es la Sala penal de la Corte Superior de Justicia, que según las reglas de competencia, se encarga de dirigir y llevar a cabo el Juicio oral; pero solamente ingresan a esta etapa aquellos delitos que se tramitan vía el proceso ordinario y según lo señalado en la Ley Nº 26689. En cambio, según el P 2004, es el Juzgado penal quien se encarga de la dirección y realización del juzgamiento; ahora bien, el Juzgado penal puede ser unipersonal (integrado por un juez) o colegiado (integrado por tres jueces, donde uno de ellos fungirá como presidente). Los juzgados penales colegiados llevarán a cabo el juicio oral de aquellos delitos que tengan señalados en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años; por otro lado, aquellos sancionados en su extremo mínimo con una pena inferior a seis años, serán juzgados por el Juzgado penal unipersonal. En suma, como se puede apreciar, por regla general todos los delitos son susceptibles de ingresar a la etapa del juicio oral, debido a que, y como se indicó al inicio del capítulo, es la etapa más importante del proceso penal. 14


Jurisprudencia “En ese sentido, el hecho de que se desconociera la identidad de los magistrados encargados de llevar a cabo el juicio oral lesionó el derecho al juez natural, toda vez que el justiciable no estaba en la capacidad de poder conocer con certeza quiénes las personas que lo juzgaban”. Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 2926-2002-HC/TC, considerando sexto.

• Base legal: Artículos 14, 207 y 216, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 28 y 363, Código Procesal Penal de 2004.

4. ¿Cuáles son las características del juicio oral? Las características del juicio oral son: – Es judicial. Su dirección y realización está a cargo del órgano jurisdiccional. – Es pública. Porque la audiencia puede ser presenciada por terceras personas que velan por el cumplimiento de los principios y garantías que, como hemos señalado, rodean al juicio oral. – Es oral. Porque para garantizar la inmediación del juez con los órganos de prueba y facilitar la actividad de las partes, el medio de comunicación verbal es el más adecuado. – Es dialéctica. Como en la fase del juicio oral se desarrollan los actos de prueba, estos descansan en el examen y contraexamen que las partes, sobre los órganos de prueba, realizan. – Es dialógica. Porque las partes tratarán de comunicar al juez que fallará, que su teoría del caso es la más certera, o que al menos la de su contraparte no lo es tanto.

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Jurisprudencia “La función política de control del Poder Judicial que cumplen los particulares, a través de su presencia en un acto judicial público, consiste, precisamente, en la verificación del cumplimiento de las condiciones, requisitos y presupuestos jurídicos por parte de quienes desempeñan la tarea de istrar justicia”. Tribunal Europeo de Derecho Humanos, sentencia del 8 de diciembre de 1983. “En ese sentido, el hecho de que se desconociera la identidad de los magistrados encargados de llevar a cabo el juicio oral lesionó el derecho al juez natural, toda vez que el justiciable no estaba en la capacidad de poder conocer con certeza quiénes las personas que lo juzgaban”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 2926-2002-HC/TC, considerando sexto.

• Base legal: Artículos 14, 207 y 216, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 28 y 363, Código Procesal Penal de 2004.

5. ¿Cuál es la estructura del juicio oral? El juicio oral se estructura a través de tres fases: a) fase de inicio; b) fase de desarrollo probatorio; y c) fase conclusiva o de término. Jurisprudencia “El ordenamiento procesal penal nacional reconoce, además, la ausencia, y en ambos casos, como es evidente, consagró como dogma la imposibilidad de desarrollar el juicio oral –fase angular del sistema acusatorio– sin la necesaria presencia del acusado. En: Acuerdo Plenario N° 5-2006/CJ-116, fundamento sexto.


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La Etapa deL juicio oral FASES DEL JUICIO ORAL

Desarrollo del juicio oral 1. Fase inicial

Instalación de la audiencia(19) Alegatos preliminares Pregunta al acusado sobre su conformidad con la acusación

2. Fase probatoria

Examen del acusado Examen de testigos Examen de peritos Oralización de la prueba documental

3. Fase final

Alegatos finales Deliberación y votación de la sentencia Sentencia

II. FASE INICIAL DEL JUICIO ORAL 1. ¿Cómo se inicia el juicio oral en el C de PP 1940? Según el C de PP 1940, la fase inicial del juicio oral comprende desde la instalación de la audiencia hasta la pregunta de conformidad del acusado con los términos de la acusación fiscal. A continuación detallaremos paso a paso esta primera fase del juzgamiento. a) Instalación de la audiencia. En el día y hora señalados, presentes el fiscal superior, el acusado, en los casos en que sea obligatoria su concurrencia, y el defensor, el presidente de la Sala penal declarará abierta la audiencia, la que continuará durante las sesiones consecutivas que sean necesarias, hasta su conclusión.

La Sala penal tendrá a su frente al acusado; a su derecha, al fiscal superior y a la parte civil, y a su izquierda la defensa. Los testigos y

(19) En lo que respecte a la solicitud de itir nuevas pruebas al juicio oral, esta, según el C de PP 1940, se da luego de instalada la audiencia y antes que el fiscal exponga su acusación. En cambio, en el P 2004, esta ocurre después que se le ha preguntado al acusado si está conforme con la acusación fiscal, y este haya respondido que no.

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peritos ocuparán una sala contigua a la de la Sala penal. El presidente tomará las medidas necesarias para que los testigos no puedan dialogar entre sí, y solo serán introducidos a la audiencia a medida que sean llamados por el presidente.

Instalada la audiencia, el presidente ordenará al relator que lea la lista de los peritos y testigos que se hallan en la sala próxima. Concluida la lectura preguntará al fiscal superior, al defensor y al acusado si tienen algún perito o testigo nuevo que presentar.

Las partes que ofrezcan nuevos testigos o peritos estarán obligadas a indicar específicamente la pertinencia y el aporte que pudiera obtenerse con su intervención, identificándolos y precisando los puntos sobre los que deban declarar o exponer. La Sala no itirá la prueba ofrecida que no cumpla con los requisitos señalados.

Asimismo, si la Sala penal lo cree conveniente, se pueden presentar en la audiencia los objetos que tengan relación con el delito. Las peticiones que sobre esta materia haga el fiscal superior, el acusado o la parte civil serán resueltas por la Sala inmediatamente. En caso de negativa podrá el peticionario hacer constar en el acta los motivos de la petición.

Finalmente, antes de que empiece el debate, el acusado, su defensor, el fiscal superior o la parte civil pueden pedir que se postergue la audiencia hasta que vengan los peritos o testigos citados que no han concurrido o los nuevamente ofrecidos. El presidente preguntará a la otra parte lo que tiene que exponer sobre esta petición, y con su respuesta la Sala resolverá inmediatamente, fijando nueva fecha, si acepta la postergación.

b) Alegatos preliminares. Continuando la audiencia y a fin de conocer los cargos que se formulan contra el acusado, el director de debates(20) concederá al fiscal superior la palabra para que se

(20) Según el artículo 216 del C de PP 1940, modificado por la Ley Nº 28117, señala que el presidente de la Sala dirigirá la audiencia y ordenará los actos necesarios para su desarrollo, garantizando el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no

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exponga sucintamente los términos de su acusación. Posteriormente, tomarán el uso de la palabra la parte civil y el abogado defensor. c) La pregunta de conformidad del acusado con los términos de la acusación fiscal. Una vez que el Ministerio Público haya formulado los cargos de la acusación, el director de debates preguntará al acusado si acepta ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil. Si la respuesta es negativa se continúa con la audiencia. En caso de obtener una respuesta afirmativa y una confesión del acusado, se le preguntará a su abogado defensor si está conforme con la declaración de su patrocinado; en caso de ser negativa se continúa con la audiencia; en caso de ser positiva, y en aplicación de la Ley Nº 28122, se declara la conclusión anticipada del debate oral, procediéndose a emitir la respectiva sentencia, o en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. Cabe precisar que la figura de la conclusión anticipada del debate oral fue objeto del primer precedente vinculante dictado en virtud de lo dispuesto en el artículo 301-A del C de PP 1940. En ese sentido, en mérito del Recurso de Nulidad N° 1766-2004, de fecha 21 de septiembre de 2004, la Sala penal Permanente de la Corte Suprema estableció determinados lineamientos en torno a la conclusión anticipada del debate oral, de observancia obligatoria para los demás operadores de justicia. Estos lineamientos son: 1. Que la Ley Nº 28122 regula dos instituciones procesales penales: la conclusión anticipada de la instrucción judicial y la conclusión anticipada del debate o del juicio oral. 2. La conclusión anticipada de la instrucción judicial se circunscribe a determinados tipos penales y a procesos simples, siempre que se presenten puntuales supuestos procesales, tales como

pertinentes o inisibles, pero sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho de defensa. También podrá limitar el tiempo en el uso de la palabra a los sujetos procesales que debieren intervenir durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todos ellos, de acuerdo con la naturaleza y complejidad del caso, o interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente abusivo de su facultad. El presidente de la Sala puede delegar en otro de los vocales las funciones de la dirección del debate.

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flagrancia delictiva, investigación preliminar con la intervención del fiscal con suficiencia probatoria y confesión sincera, lo que se explica porque causalmente se tiende a limitar los actos de investigación judicial y, por ello, podría afectar la incorporación de fuentes de prueba y elementos de convicción para que, en su día, se funde una acusación o se sostenga una defensa razonable. 3. En la conclusión anticipada del debate oral rige básicamente el principio del consenso, dado que la decisión del imputado y su defensa es determinante para iniciar el procedimiento de conclusión anticipada del juicio oral, lo que no es de recibo cuando se trata de concluir anticipadamente la instrucción judicial, que requiere cumplir –sin que la voluntad del imputado pueda impedirlo– determinados requisitos legalmente previstos. 4. En la conclusión anticipada del debate oral se privilegia la captación de los cargos por parte del imputado y su defensa –ella es la titular de esta institución–, cuya seguridad –de cara al principio de presunción de inocencia– parte de una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción, y valorada, a los efectos de la pretensión acusadora, por el fiscal superior y, luego, por la defensa.

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Sin embargo, debemos de disentir con este cuarto lineamiento emitido por la Sala penal Permanente de la Corte Suprema, por dos razones. En primer lugar, porque parte de un supuesto ideal que no corresponde a la realidad de nuestra praxis judicial; es decir, creer que la conclusión anticipada del juicio oral parte de la presencia de una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción, es condenar a esta figura procesal a una utopía, a un ideal que se ve desenmascarado por el día a día que viven los litigantes en los juzgados penales, sometidos a instrucciones sin estrategias, guiadas por el ritual que señala la ley; y que genera el riesgo, que la Sala, al percatarse de una instrucción mal dirigida, no dé validez a la aceptación de los cargos por parte del acusado y no aplique la conclusión anticipada del debate oral. En segundo lugar, porque no tienen en cuenta que más allá de lo ocurrido durante la instrucción, la defensa, dentro de su estrategia, considere que la pena y el monto de reparación civil


solicitada por el fiscal están dentro de los parámetros de aceptación por parte de la defensa; es decir, más que fundamentar la conclusión anticipada del juicio oral en instrucciones utópicas, debe descansar en el juego de estrategias de las partes, que es de recibo en textos como el P 2004. 5. La conclusión anticipada del debate oral no impone límite alguno en orden al delito objeto de acusación, o a la complejidad del proceso, como sí ocurre con la conclusión de la instrucción judicial. 6. La aceptación de los cargos por parte del acusado en la conclusión anticipada del juicio oral, debe entenderse, únicamente, como aceptar ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil, de modo que en este caso no cabe aplicar la reducción de la pena por confesión sincera prevista en el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales de 1940. 7. En la conclusión anticipada del juicio oral, la Sala penal está autorizada, al reconocerse los hechos acusados, a recorrer la pena en toda su extensión, desde la más alta prevista en el tipo penal hasta la mínima inferida, llegando incluso hasta la absolución si fuere el caso, esto es, si se toma en cuenta la fuente española, parcialmente acogida, cuando se advierta que el hecho es atípico o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier circunstancia determinante de la exención de responsabilidad penal o de su preceptiva atenuación.

Al respecto, también debemos señalar nuestro distanciamiento con este lineamiento de la Sala penal Permanente de la Corte Suprema, dado que es materialización del riesgo señalado ut supra. Es decir, si consideramos que la conclusión anticipada del juicio oral descansa en una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción, entonces se puede inferir que, si esta no se cumple, la Sala penal no tendrá por qué vincularse a la aceptación de cargos, de pena y reparación civil realizada por el acusado, conforme a los términos de la acusación fiscal. Pero lo más grave de ello es que en vez que el juicio oral continúe, se le autoriza a la Sala recorrer la pena en toda su extensión, incluso 21


hasta en su extremo más alto; lo cual afecta el principio de favorabilidad del imputado, ya que la imposición del extremo máximo de la pena debe ser después de realizado todos los actos del juicio oral, y no antes –otra opinión sería si la Sala solo se le faculta atenuar la pena o bien absolver–. Por otro lado, este lineamiento no concuerda con la filosofía del Derecho penal premial; es decir, si el acusado acepta los cargos, y dentro de la estrategia elaborada por su defensa, lo lógico sería que espere un beneficio por su confesión. Si al acusado se le explica que a pesar de su conformidad con la acusación fiscal, la Sala le puede aumentar la pena, entonces qué le motivará acogerse a la conclusión anticipada del juicio oral; estaríamos, simplemente, ante una institución procesal ineficaz. 8. En la conclusión anticipada del juicio oral se expide una modalidad especial de sentencia, que puede denominarse “sentencia anticipada”, producto de una confesión del acusado en los términos antes descritos; esta confesión tiene como efecto procesal concluir el juicio oral, y no está circunscripta exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del fiscal y, en su caso, de la parte civil, consecuentemente, el Tribunal retiene su potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad.

Igualmente, como en el anterior comentario, vemos un divorcio entre los fines de la conclusión anticipada del juicio oral con el Derecho penal premial, donde, justamente para evitar la sobrecarga procesal, se espera flexibilizar la proporcionalidad de la pena, en aras de lograr la conformidad, con la acusación fiscal, por parte del acusado y su abogado defensor.

En resumidas cuentas, y volviendo a la pregunta materia de respuesta, una vez instalada la audiencia, se prosigue con la exposición oral de la acusación por parte del fiscal superior y los alegatos preliminares de los demás sujetos procesales, para luego preguntar al acusado si está conforme o no con los términos de esta; si su respuesta es afirmativa –y es de igual opinión su abogado defensor– el juicio oral concluye, expidiéndose sentencia a más tardar en cuarenta y ocho horas; si por el contrario, la respuesta es negativa, el juicio oral continúa a través de su siguiente fase: el desarrollo de la actividad probatoria.

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Jurisprudencia “Si bien el encausado se acogió a la conclusión anticipada del debate oral, ello no puede homologarse a la confesión sincera que regula el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales –que otorga el beneficio de la disminución prudencial de la pena–, al carecer de los requisitos de veracidad y espontaneidad que este Supremo Tribunal tiene establecidos”. Sala penal R. N. Nº 36782006 Tumbes, considerando sexto. “La institución de la conformidad dentro del marco de la conclusión anticipada del debate oral tiene como presupuesto abreviar el procedimiento y no necesariamente la disminución de la punición aplicable al caso; que para tales fines debe atenderse además a los márgenes de la pena previstos por el delito, los factores previstos en los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, y la forma y circunstancias como se produjeron los hechos delictuosos. Sala penal R. N. Nº 3532-2006-Arequipa, considerando cuarto.

• Base legal: Artículos 234 al 243, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículo 5 de la Ley Nº 28122.

2. ¿Cómo se inicia el juicio oral en el P 2004? Según el P 2004, la fase inicial del juicio oral comprende desde la instalación de la audiencia hasta la pregunta de conformidad del acusado con los términos de la acusación fiscal. Como puede apreciarse, presenta una similar estructura que lo señalado en el C de PP 1940. En ese sentido, a continuación detallaremos paso a paso esta primera fase del juzgamiento. a) Instalación de la audiencia. El juzgamiento tendrá lugar en la Sala de audiencias que designe el Juzgado penal, salvo que por razones de enfermedad u otra causal justificada sea imposible la concurrencia del acusado a la Sala de audiencias, el juzgamiento podrá realizarse en todo o en parte en el lugar donde este se encuentre, siempre que su estado de salud y las condiciones lo permitan.

La audiencia solo podrá instalarse con la presencia obligatoria del juez penal o, en su caso, de los jueces que integran el Juzgado 23


penal Colegiado, del fiscal, del acusado y su defensor. Para ello, el juez penal verificará la correcta citación a las partes, así como la efectiva concurrencia de los testigos y peritos emplazados. La inasistencia de las demás partes y de los órganos de prueba citados no impide la instalación de la audiencia.

Por otro lado, y con respecto a la ubicación de los sujetos procesales, el juez penal tendrá a su frente al acusado; a su derecha, al fiscal y al abogado de la parte civil; y, a su izquierda al abogado defensor del acusado. Asimismo, los testigos y peritos ocuparán un ambiente contiguo a la Sala de audiencias. El auxiliar jurisdiccional tomará las medidas necesarias para que los testigos no puedan dialogar entre sí. Los testigos y peritos solo serán introducidos a la Sala de audiencias a medida que sean llamados para ser examinados.

Sin embargo, nos llama la atención la ubicación que el P 2004 da tanto al acusado como a su abogado defensor; esto es, distanciados; cuando en el artículo 371, numeral 3), señala que en todo momento podrá conferenciar el acusado con su abogado, sin que se paralice la audiencia; ello da a entender, como los juicios orales en Estados Unidos, que el defensor está sentado al lado de su cliente, y así favorecer ese diálogo o comunicación que el texto de 2004 eleva a la categoría de derecho. Por lo que, se requiere una aclaración en el P 2004.

Instalada la audiencia, el juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de identidad personal del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusación y el nombre del agraviado.

b) Alegatos preliminares. Una vez instalada la audiencia, el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron itidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y itidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y itidas. 24


Al respecto, debe resaltarse la importancia de los alegatos preliminares (también llamados iniciales o de apertura), en el sentido de que, de fungir como momento procesal que tienen las partes para presentar ante el juzgador el caso (o su caso) que está a punto de conocer, señalando qué es lo que la prueba demostrará y desde qué punto específico ella debe ser apreciada.

En efecto, a diferencia de los alegatos finales, los iniciales no pretenden analizar el peso o la credibilidad de la prueba, pues esta todavía no se ha presentado. El objeto de estos alegatos de apertura es otro: presentar al juzgador la teoría del caso de cada parte y hacer una cierta “promesa” acerca de qué hechos, en términos generales, quedarán acreditados a partir de la prueba(21).

Ello obliga a diferenciar, por un lado, la teoría del caso que cada parte pretende comunicar al juzgador con el momento procesal para hacerlo, esto es, durante los alegatos preliminares. Ahora bien, hay textos adjetivos como el colombiano, que a la hora de redactar este momento procesal genera una que otra confusión(22).

(21) Cfr. BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio. Litigación penal, juicio oral y prueba, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2005, p. 51. (22) El artículo 371 del texto adjetivo colombiano señala: “Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio”. Como se aprecia, se resaltó el término podrá, el cual, y en el marco de una interpretación literal, denota que es una potestad de la defensa presentar, durante la audiencia del juicio oral y en la etapa de los alegatos iniciales, su teoría del caso. Al respecto, se debe tener cuidado con semejante expresión porque, y muy al margen que la carga probatoria lo tenga la fiscalía así como la observancia de la presunción de inocencia que le asiste al imputado, la defensa no puede presentarse al juicio oral sin una estrategia, y que, el silencio del abogado defensor o su poco activismo durante el juzgamiento, conllevaría el riesgo que el juez de conocimiento solo reciba información proporcionada por una sola de las partes, esto es, la fiscalía. Por tal razón, lo redactado en el artículo 371 del Código colombiano, podría originar interpretaciones sesgadas entre los abogados, llegando al absurdo de creer que el contar con una estrategia en la arena procesal es simplemente una potestad. Sentido que, por lo señalado en el presente estudio, debe ser totalmente descartado. En ese sentido, durante un certamen académico en el cual se participó, se levantaron observaciones al comentario esgrimido en el párrafo anterior, que consideramos pertinentes reproducir, así como, las respuestas que a estas se efectuaron; a fin de coadyuvar al desempeño de la defensa durante la fase de juzgamiento. (a) Una primera observación consistió en que el carácter potestativo que la normatividad colombiana señala para la teoría del caso de la defensa, se debe al respeto de una serie de garantías procesales, tales como: la carga probatoria, la presunción de inocencia y, sobre todo, por el silencio que puede guardar el acusado durante el juicio (como ocurrió en los juicios de Montesinos); por ende, no hay una obligación de expresarse durante el juzgamiento. Al respecto, se debe decir que un asunto es la teoría del caso, como herramienta metodológica que contiene la estrategia procesal de cada una de las partes, y otro es el silencio que el acusado presente durante su juzgamiento; y aún así, en nada sería absurdo pensar que ese silencio responde a una estrategia de la defensa. Por otro lado, el que la

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Como guía, se sugieren los siguientes tipos de estructuraciones de los alegatos preliminares: – Combinar en una historia general la evidencia que uno espera presentar por intermedio de una serie de testigos. – Resumir la historia de cada testigo individual.

defensa cuente con un planteamiento metodológico en nada contraviene la observancia de las citadas garantías procesales; al contrario, sería la aplicación de una de ellas, la denominada igualdad de las partes; es decir, si el fiscal dirige su actuación, aun durante el juicio oral, mediante una estrategia construida, desarrollada y pulida, igual proceder puede realizar la defensa. (b) Otra observación consistió en que el abogado defensor no tiene por qué construir todo un planteamiento metodológico, dado que le puede ser suficiente la errónea estrategia o la mala dirección de la investigación por parte del fiscal; por lo que, para qué es necesario desplegar y/o exponer toda una estrategia por parte de la defensa, si es suficiente desnudar los errores de la fiscalía. Al respecto, es verdad la presencia de una deficiente investigación realizada por el fiscal, la cual, obviamente, va a conllevar que su estrategia se funde en yerros que en nada le favorecerá. Sin embargo, sería un error del abogado defensor el pensar siempre que va a ganar su caso por los errores incurridos por el fiscal; eso sería jugar con el azar, con la rueda de la fortuna; máxime si en el diseño de corporatividad aplicado en el Ministerio Público, el caso puede ser respaldado por todo un equipo de fiscales y asistentes, donde no siempre todos se van a equivocar. Por el contrario, la defensa debe contar con un plan de trabajo, cuyo éxito, además de la calidad de contenido y aplicación que presenta, se vería respaldado por errores en la estrategia de su contraparte, pero es solo eso, un respaldo, no el sustitutivo. (c) Una tercera observación gira en torno al hecho, de que, si el fiscal tiene la obligación de contar con un planteamiento metodológico desde el momento en que toma conocimiento de la presunta realización de un hecho delictivo, la defensa no tiene por qué desplegar todo un esfuerzo constructivo e investigador, sino que le basta en participar en las diligencias que el fiscal, como director de las investigaciones, realiza e incluso detectar puntos comunes que a la postre sean objetos de convenciones probatorias. Esta observación se ubica en la teoría del caso, no de su etapa expositiva durante el juicio, sino en sus fases de construcción y de recolección del material informativo, las cuales operan durante las fases de investigación (preliminar y preparatoria, respectivamente). Sin embargo, no compartimos lo observado, y para ello basta la siguiente reflexión: si con el modelo procesal anterior, criticábamos la pasividad de la defensa, durante la etapa de instrucción, al dejar todo en manos del juez; entonces también será digno de criticar esta pasividad al dejar todo, ahora, en manos del fiscal. En ese sentido, si al defensor se le faculta solicitar diligencias de investigación al fiscal, y si no tiene una respuesta aceptable, recurrir al juez de investigación preparatoria, es porque el carácter activo - participativo que se le impregna a su actuación, aún en etapas tan tempranas como las de investigación; pero lo tiene que hacer, sobre la base de una estrategia; y si participa en las diligencias de la fiscalía, lo hace teniendo como brújula su estrategia, caso contrario será un invitado de piedra, alguien que golpea al viento, sin objetivo ni dirección. Asimismo, si durante la etapa intermedia se llegan a convenciones probatorias, que bueno, pero esa decisión las partes lo adoptan en el marco de su estrategia construida, no a ciegas. Y retomando el texto colombiano, su redacción es confusa porque también puede interpretarse en el sentido de que, la defensa, que cuenta con su teoría del caso, si lo desea puede, utilizando el momento procesal de los alegatos iniciales, exponer o caso contrario, abstenerse. En ese sentido, lo facultativo no sería la teoría del caso, sino el uso de la palabra durante los alegatos iniciales; y ello, en diferentes legislaciones como la peruana, no es facultativo sino obligatorio. En suma, y ya desde una perspectiva práctica, la defensa debe contar con su teoría del caso, no ir sin una estrategia a la arena del litigio. Asimismo, el exponerla, durante los alegatos iniciales, no le resta efectividad alguna a su estrategia, por el contrario, permite al juzgador tener una visión diferente de los hechos, la cual, y dependiendo de la actividad probatoria a realizarse en el juicio oral (en la que es pensable un acusado que guarda a silencio a un abogado defensor callado, sin nada que hacer, ni decir, esperando que la fiscalía cometa errores, a fin de ganar), ser de recibo en la sentencia.

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– Agrupar la evidencia esperada en relación con teorías jurídicas o proposiciones fácticas discretas.

Durante los alegatos preliminares uno puede referirse también a la evidencia que espera que el adversario presente, mostrar auxiliares visuales que uno se propone ofrecer, usar analogías y explicar al juzgador la decisión que se espera que él formule. Más aún, uno puede pronunciar su declaración inicial con cierta empatía, que sugiera que la equidad y la justicia exigen un veredicto favorable(23).

Por otro lado, y tomando en cuenta la discreción judicial en relación con el tiempo, uno generalmente está en libertad de incluir tantos o tan escasos detalles como lo prefiera en los alegatos iniciales. Pero las consideraciones tácticas sugieren que es mejor dejar muchos detalles de manera que los propios testigos los revelen. Cuanto más elevado el número de detalles que uno incluye en una declaración, más probable es que el juzgador limite el uso de la palabra. Al margen del posible hastío, una apertura excesivamente detallada puede inducir al juzgador a prestar escasa atención al propio testimonio, o a llegar a la conclusión de que el testigo se atiene al libreto bien ensayado que el abogado le suministró(24).

c) La pregunta de conformidad del acusado con los términos de la acusación fiscal. Culminados los alegatos preliminares, el juez informará al acusado de sus derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación o de no declarar sobre los hechos.

Así, entre los derechos que se le informarán al acusado, tenemos: a) el acusado en cualquier estado del juicio podrá solicitar ser oído, con el fin de ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiera abstenido;

(23) Cfr. BERGMAN, Paul. La defensa en juicio. La defensa penal y la oralidad, 2a. edición, Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 234. (24) Ibídem, p. 238.

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b) el acusado en todo momento podrá comunicarse con su defensor, sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que no podrá ejercer durante su declaración o antes de responder a las preguntas que se le formulen. El juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si ite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil. Antes de responder, el acusado podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. Esta posibilidad de negociación entre defensa y fiscalía es un mecanismo procesal traída de la justicia norteamericana, ausente en el C de PP 1940. En ese sentido, y aplicando el texto de 2004, es jurídicamente factible que se entablen tratativas entre la defensa y la fiscalía en torno a la aceptación de responsabilidad del acusado a cambio de una pena y un monto de reparación civil no tan gravoso para los intereses de este. Sin embargo, la justificación de la negociación penal es más pragmática que garantista, máxime si puede entrar en colisión con principios tales como el de proporcionalidad de la pena o de legalidad procesal. Por otro lado, si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el juez declarará la conclusión del juicio (efecto similar con la figura de la conclusión anticipada del debate oral). En ese sentido, la sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, la cual no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio. Sin embargo, si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el juez previo traslado a todas las partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, establecerá la delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o a la fijación de la reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse. Si son varios los acusados y solamente iten los cargos una parte de ellos, con respecto a estos últimos se aplicará el trámite previsto en

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este artículo y se expedirá sentencia, continuando el proceso respecto a los no confesos. No obstante, y según el artículo 372, numeral 5) del P 2004, si a partir de la descripción del hecho aceptado, el juez estima que no constituye delito o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier causa que exima o atenúe la responsabilidad penal, dictará sentencia en los términos en que proceda. Esta disposición evita la afectación al principio de favorabilidad al reo, que comentábamos, si se ve lesionada por el precedente vinculante de la Sala penal Permanente de la Corte Suprema al pronunciarse por la conclusión anticipada del debate oral –regulada en la Ley Nº 28122–. Expongamos nuestro razonamiento: en primer lugar, la conclusión anticipada del juicio oral regulada en el texto de 2004 no se funda en la utópica instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción en la que sí se funda su homóloga regulada en la Ley Nº 28122; por el contrario, el texto de 2004 funda esta institución en la actuación de las partes, en su estrategia para con las resultas del proceso penal –por eso, la posibilidad de negociación–. En segundo lugar, está claro que por encima de las estrategias de las partes está el respeto a los principios y garantías procesales; por ende, si la defensa tiene como estrategia aceptar los cargos y la pena solicitada por el fiscal, sin percatarse, por ejemplo, de la atipicidad de los hechos, el juez deberá intervenir, aun en contra de la voluntad de las partes, porque se estaría afectando el principio de legalidad, si se impone una pena a un hecho no calificado como delito en la ley penal. Para nada, el juez estaría yendo en contra del acusado; como sí ocurre con la Ley Nº 28122, que según el precedente vinculante antes comentado, permite a la Sala penal no solamente alejarse de la pena convenida entre el fiscal y la defensa, sino de imponer el extremo máximo de esta, situación totalmente atentatoria a la situación jurídica del acusado –y como se advirtió, mejor hubiera sido continuar con el juicio oral que el de dictar una sentencia anticipada tan gravosa para el acusado–. Por otro lado, y regresando al P 2004, si el actor civil ha observado expresamente la cuantía de reparación civil fijada por el fiscal, entonces no vincula al juez, la conformidad, que sobre ese extremo ha expresado el acusado. En ese caso, el juez podrá fijar el monto que corresponde si su imposición resultare posible o, en todo caso, diferir su determinación con la sentencia que ponga fin al juicio. Al respecto, cabe comentar 29


que esta disposición aleja toda duda sobre una supuesta indefensión al actor civil, dado que en el juego de la negociación, cabe la posibilidad de que se haya convenido un monto de reparación civil exiguo, vejatorio para la víctima. Ante ello, basta con que la víctima u ofendida, constituida en actor civil, observe el monto de reparación civil convenido entre la fiscalía y la defensa, para que el juez dilucide esa cuestión, en amparo de cualquier interés vulnerado. Finalmente, si el acusado no expresa su conformidad con los términos de la acusación, entonces el juicio oral continúa en su fase desarrollo de pruebas. Jurisprudencia “La acusación dice que examinadas pericialmente las sustancias vegetales de color café incautadas, respecto de dos de ellas se estableció que el examen farmacognósico revela la presencia de sumidades de cannabis y al examen químico corresponden a cannabis sativa, con principios activos estupefacientes. La tercera de las sustancias vegetales incautadas al ser examinada reveló la ausencia de sumidades de cannabis y la ausencia de principios activos de cannabis sativa”. Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco (Chile), RUC: 0000000199-6 R.I.T.: 013/2001, considerando segundo. “Que la defensa efectuada por el abogado Gaspar Calderón Araneda, tanto en su alegato de apertura y de cierre no hizo cuestión respecto al hallazgo, tenencia y posesión de la droga, la que señaló estaba destinada al consumo personal y próximo en el tiempo de su representado, a quien se le incrimina por su pasado delictual. Agregó que la policía inició este operativo en virtud de una llamada anónima de un informante que nadie conoce. En cuanto a las especies incautadas en caso alguno se relacionan y demuestran la efectividad de una red de tráfico criolla, ni la existencia de compradores de la droga como pretendió establecer la fiscalía mediante la información proporcionada por la pericia efectuada al teléfono celular incautado. Terminó señalando que su representado es un vicioso, un poli adicto compulsivo considerado un consumidor crónico y licencioso, pues fuma alrededor de 10 a 15 cigarrillos diarios de marihuana, conducta que no

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es sancionada por la ley, por lo que solicitó su absolución”. Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco (Chile), RUC: 0000000199-6 R.I.T.: 013/2001, considerando tercero. “La institución de la conformidad supone la aceptación absoluta de los hechos glosados en la acusación fiscal, sin que corresponda formular algún cuestionamiento al relato hecho valer por el fiscal. Sala penal R. N. Nº 1292-2006 Lima, considerando segundo.

Base legal: Artículos 371 y 372, Código Procesal Penal de 2004.

III. FASE DE DESARROLLO PROBATORIO EN EL JUICIO ORAL 1. ¿Qué es la prueba? La prueba, o cuestión probatoria como señala Vázquez Rossi, es el conocimiento que se hace presente en el proceso y se refiere a la veracidad de las afirmaciones sobre los hechos objeto de la relación procesal, y se vincula con los diversos sistemas procesales y con las ideas de verdad, conocimiento y plausibilidad socialmente imperantes, siendo el destinatario de tales componentes el juzgador, que a la luz de las constancias decidirá por la certeza de las respectivas posiciones(25). Como se puede apreciar, hemos resaltado dos figuras: sistemas procesales y verdad, ya que consideramos que estas dan sentido, significado a la actividad probatoria. En efecto, en lo que respecta a los sistemas procesales, si se estuviese en uno de corte inquisitivo, el juez no necesita que las partes le soliciten determinado medio de prueba; puede ser necesario para comenzar la instrucción que el fiscal efectúe el requerimiento, pero

(25) Cfr. VÁZQUEZ ROSSI, Jorge. Ob. cit., p. 280.

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una vez hecho esto el juez es el dueño de la investigación y dispone las medidas de prueba que estime necesarias o útiles. En cambio, cuando prevalece el acusatorio, como es lo que propugna nuestro Código Procesal penal, son las partes quienes, en principio, deben ofrecer las pruebas para que ella se produzca(26). Y se dice en principio, porque como se adelantó en el punto anterior, al no adoptar un sistema acusatorio puro, cabe la posibilidad, como lo establece el artículo 155.3 del P, de que en el juicio oral el juzgador decrete pruebas de oficio(27). Igual contextualización de la prueba opera cuando hacemos referencia a la verdad. Así, Cafferata nos comenta que el objeto del procedimiento penal es la averiguación de la verdad real o histórica(28). Se habla de verdad real en contraposición al concepto de verdad formal, propia del proceso de derecho privado, donde el objeto del litigio es lo que las partes disputan y donde rige el principio dispositivo(29). Sin embargo, el jurista argentino Vivas sostiene que la Constitución solo requiere la verdad en términos de verificación de la imputación, para destruir el estado jurídico de inocencia y no la verdad real en el sentido inquisitivo(30). Igualmente, Bovino precisa que la verdad que debe probarse en un procedimiento de derecho privado no se diferencia de la que debe probarse en un procedimiento penal, exceptuando el estándar probatorio y la carga de la prueba. Así como las partes, en el procedimiento de derecho privado, traban la litis y determinan el objeto de discusión

(26) Cfr. CAFETZOGLUS, Alberto Néstor. Ob. cit., p. 127. (27) Valga la insistencia, el adoptar un sistema acusatorio puro no cabe la posibilidad de las pruebas de oficio, y ello ocurre con el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires (véase los artículos 56 y ss. y especialmente el artículo 367). (28) Rige el principio de instrucción, o sea, el principio con arreglo al cual el tribunal debe investigar la verdad material y no conformarse con lo que el Ministerio Público y el imputado someten a su consideración, le exponen y le solicitan. Por consiguiente, el juez penal no se conforma con la llamada verdad formal y la ley no confía, respecto de una consecuencia jurídica tan importante y terminante como la pena, en el criterio de quienes participan en el proceso. Cfr. BAUMANN, Jürgen. Derecho Procesal Penal. Conceptos fundamentales y principios procesales, Editorial Depalma, Buenos Aires - Argentina, 1986, p. 75. (29) Cfr. CAFFERATA NORES, José. “Proceso penal y verdad histórica”. En: Cuestiones actuales sobre el proceso penal, Editorial Del Puerto, Buenos Aires - Argentina, 1998, p. 49. (30) Cfr. VIVAS USSHER, Gustavo. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Alveroni, Córdoba - Argentina, 1999, p. 238.

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probatoria, en el procedimiento penal será la acusación el acto que cumpla idéntica función(31). Frente a lo señalado, opinamos que la verdad buscado a través de la prueba es aquella destinada a verificar la acusación durante el juicio, y como indica Maier, no como principio que guía la investigación y el procedimiento en busca de una eventual verdad material o histórica(32). En efecto, al inicio del proceso solo pueden hablarse de afirmaciones que sostiene una parte, que por sí solas resultan insuficientes para llegar a sustentar la sentencia, requiriéndose, por lo tanto, la actividad de verificación en el proceso; es decir, de elementos que fueran de la simple aseveración de las partes, proporcionen el mismo resultado, de modo que los hechos, en el balance final de la actividad procesal, se presenten como ciertos (o al menos, con suficiente grado de certeza que despeje toda duda razonable), para alcanzar una verdad, no absoluta, real o histórica, sino relativa, dentro del contexto dialéctico del proceso, con sus propios y exclusivos medios(33). Por lo tanto, la prueba es el resultado o conocimiento adquirido a través de actividades de verificación procesales, la cual, en un sistema con tendencia al acusatorio, tendría como principal actores a las partes, y su objeto será, a través de un contexto dialéctico, verificar la acusación durante el juicio oral. Jurisprudencia “La prueba es un medio u objeto que proporciona al juzgador el convencimiento de la existencia de un hecho. Desde un punto de vista objetivo sirve para acreditar un hecho desconocido; y desde un punto de vista subjetivo, es la convicción o certeza que tal medio u objeto produce en la mente del juez; en efecto, sin la existencia de la

(31) Cfr. BOVINO, Alberto. Ob. cit., p. 61. (32) Cfr. MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal, Tomo I, 2a. edición, Editorial Del Puerto, Buenos Aires - Argentina, 1996, p. 854. (33) Cfr. MORENO CATENA, Víctor y CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín. Derecho Procesal Penal, 2a. edición, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia - España, 2005, p. 371.

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prueba no es posible dictar resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las partes, sobre todo del imputado”. Sala penal R. N. Nº 1224-2004 Huaraz, considerando tercero.

• Base legal: Artículos 244 al 262, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 155 al 159 y, 373 al 385, Código Procesal Penal de 2004.

2. ¿Cuáles son los elementos de la prueba? Por su estructura es factible identificar los siguientes elementos: – Fuente de prueba. Es el origen donde emana la información. Así, las fuentes pueden ser: personas (víctima, testigos o peritos), lugares, objetos y documentos. Sobre la fuente de prueba cabe la tacha, que consiste en la imposibilidad jurídica de la fuente para manifestar su información al proceso; usualmente, la tacha se aplica contra personas, ya sean testigos(34) o bien peritos.

(34) Sin embargo, en un modelo acusatorio con tendencia adversarial, toda persona que tenga información, sensorial o bien de oídas, de lo sucedido y que es marco de análisis en el proceso penal, es hábil para prestar su declaración ante el juez de conocimiento; estando sujeto a las reglas del examen y del contraexamen, así sea, si dicha persona presenta algún vínculo familiar, afectivo, amical, laboral, etc., con el acusado. En efecto, en modelos no acusatorios, el tema de la vinculación entre el testigo y el acusado era trabajado como una causal de inisibilidad de su declaración en el juicio oral; es decir, no era relevante lo que tenía que declarar, sino que, de plano se le excluía de declarar por el solo hecho de tener algún vínculo o relación con el acusado, conllevando a una duda de su imparcialidad. No obstante, en el modelo acusatorio con tendencia adversarial, lo relevante no es la relación que tenga el testigo con el acusado, sino lo que tenga que declarar. Porque es ilógico eliminar de plano al cónyuge que presenció cómo mataban al otro cónyuge por el vínculo marital que tienen. Otro asunto es que el testigo mienta para favorecer o perjudicar al acusado. Pero el hecho de mentir no es una cuestión de isibilidad de la prueba, sino de credibilidad, que son las partes a través del examen y del contraexamen los llamados a establecer. Ello está recogido en el texto adjetivo chileno de 2000; es decir, en lo que respecta a la prueba testimonial, se regula el principio del no testigo inhábil, propio de un modelo adversarial; o sea, en el proceso penal chileno no existen los testigos inhábiles. Sin perjuicio de ello, y en la fase de juicio oral, los intervinientes podrán dirigir al testigo, preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguno de los intervinientes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad. En ese sentido, sería recomendable, por la salud del modelo acusatorio peruano, que se consagre el principio del no testigo inhábil en el Código Procesal Penal de 2004; a fin que las partes, durante la etapa intermedia no cuestionen la isibilidad de la prueba testimonial propuesta por el hecho de haber un vínculo entre el testigo y el acusado que conlleva a dudar

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– Medios de prueba. Son aquellos instrumentos o vías que permiten el ingreso de la información al proceso penal. En ese sentido, de una fuente (testigos) se obtiene un medio de prueba (el testimonio); del perito se tiene como medio la pericia; del lugar o de las cosas, el medio de prueba es la inspección; y, de los documentos los medios de prueba serían la exhibición, reconocimiento y el cotejo. Al respecto, también puede cuestionarse la isibilidad de los medios de prueba, a través de la oposición, la cual descansa en la falta de pertinencia o utilidad del medio probatorio, o bien, por la inobservancia de alguna norma procesal, bajo sanción de nulidad, o la afectación de algún derecho constitucional. – Resultado de prueba. Es la convicción del juzgador en torno a la materia controvertida o cuestionada; por ejemplo, de la verosimilitud de la posición de la fiscalía, o bien de la defensa. Igualmente, se puede cuestionar el resultado probatorio, a través de los medio impugnatorios. Jurisprudencia “El derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 1014-2007-PHC/TC, considerando octavo.

de su imparcialidad; sino que, ese vínculo sea trabajado como una cuestión de credibilidad durante la fase del juicio oral y en el marco de la teoría del caso que cada una de las partes ha elaborado.

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• Base legal: Artículos 244 al 262, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 155 al 159 y, 373 al 385, Código Procesal Penal de 2004.

3. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. No son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. Asimismo, las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho notorio. El acuerdo se hará constar en acta, celebrada, según el P 2004, en la audiencia preliminar de discusión de la acusación fiscal durante la etapa intermedia. Jurisprudencia “Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la normatividad es restringido y se lo relaciona casi exclusivamente con la presunción de inocencia. Por eso, normalmente aparece bajo la fórmula siguiente: ‘la persona se considera inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad’. Este es el enunciado utilizado en el artículo 2, inciso 24, acápite e, de la Constitución, que reproduce lo estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 1014-2007-PHC/TC, considerando noveno.

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• Base legal: Artículos 244 al 262, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 155 al 159 y 373 al 385, Código Procesal Penal de 2004.

4. ¿Quién tiene la carga de probar? El deber de probar recae en el Ministerio Público, quien al momento de ejercer la acción penal y llevar la pretensión de sanción ante el órgano jurisdiccional, asume la carga de desvanecer la presunción de inocencia que protege a toda persona a quien se le imputa una responsabilidad penal. Sin embargo, si analizamos el derecho de probar, que forma parte del contenido esencia del debido proceso, se colige que los demás sujetos procesales están facultados de solicitar, al juez, la isión de sus medios probatorios tendientes a acreditar su pretensiones, posiciones o caso. El juez decidirá su isión mediante auto especialmente motivado, y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. Jurisprudencia “La doctrina establece que “[l]a garantía se asienta en ideas fundamentales, cuáles son: el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 618-2005-HC/TC, considerando vigésimo segundo.

• Base legal: Artículos 244 al 262, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 155 al 159 y 373 al 385, Código Procesal Penal de 2004.

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5. ¿Se permiten las pruebas de oficio? Por otro lado, tanto en el C de PP 1940 como en el P 2004, permiten las pruebas de oficio. Al respecto, la posibilidad de las pruebas de oficio se sustenta, no si el juez deja o no su imparcialidad si decreta estas, sino en el hecho de que la actividad probatoria se configura en función del modelo procesal adoptado. Y en ese orden de ideas, debemos de enfatizar que el sistema procesal penal peruano (legalizado en el Código Procesal Penal de 2004) no es acusatorio - adversarial puro, por lo tanto, aún se le da al juez un papel activo, orientado a la búsqueda de la verdad y al logro de la justicia material; por tal razón, legislativamente hablando, es viable que el juez, durante el juicio oral, ordene pruebas de oficio, sobre la base de que no solamente es un instrumento funcional destinado a istrar normas jurídicas, ni a repartir en términos de justicia formal aquello que corresponde a cada quien(35). Por lo tanto, desde una perspectiva material, el adoptar un modelo procesal con “tendencia” al acusatorio - adversarial, legitimaría que nuestro texto adjetivo aún mantenga, por excepción, la figura de las pruebas de oficio. Pero a pesar de esta afirmación, tenemos que hacer ciertos reparos que, al final, debe surgir en el lector la impresión que el camino más adecuado, sería una total responsabilidad probatoria a las partes, en especial al fiscal, quien tiene la carga de la prueba y es el llamado a verificar los términos de su acusación(36). Así, en primer lugar, el artículo 155, numeral 3) del P 2004, que regula las pruebas de oficio, señala que la Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se itan las pruebas de oficio. Sin embargo, en ninguno de sus apartados menciona esos casos, ni tampoco existe norma legal alguna que se haya ocupado de ese tema. Una referencia para el

(35) Sobre el papel actual del juez, véase: MONROY GÁLVEZ, Juan. La función del juez en el Derecho contemporáneo, Editorial San Marcos, Lima - Perú, 2004. (36) No por nada, durante el juicio oral se han establecido técnicas de examen, por ejemplo, a los testigos y peritos, como son: examen directo, contraexamen, y reexamen, a fin de coadyuvar con la actividad probatoria de las partes.

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legislador peruano serían los códigos cordobeses que utilizan fórmulas más circunstanciadas(37). En segundo lugar, la regla de la excepcionalidad debió haber sido complementada con el principio de necesidad para el fundamento decisorio; es decir, la prueba de oficio debió ser entendida como necesaria cuando implique la posibilidad que el juez cambie su decisión; no habría, por lo tanto, otras razones que justifique esta figura. Así, sería una mala praxis judicial que el juez sea el actor principal en los exámenes a acusados, testigos y peritos que se den en el juicio oral, so prextexto de un deficiente interrogatorio; él no está llamado a suplir las deficiencias del examinador, debiendo dejarlo que asuma las consecuencias de su deficiencia. En tercer lugar, está el tema de las objeciones que como sabemos son un medio para ejercer el derecho de contradicción, cumpliendo las siguientes funciones: a) que ingrese al proceso información de calidad; b) evitar la introducción de pruebas ilegales; y, c) minimizar el efecto demostrativo de las pruebas; en donde al abogado que se le objeta (obsérvese al abogado) debe guardar silencio y esperar a que el juez resuelva, luego contestar la objeción o reformular la pregunta. Y al final y al cabo convencer al juez que la prueba es irrelevante o inconducente. Pero si la persona objetada es el propio juez, ¿cómo se podrá cumplir con esa finalidad?, porque obviamente para el juzgador su intervención, él lo cree relevante y conducente, salvo que se lleve al extremo el principio de buena fe, esto es, que el juzgador a la llamada de atención que haga el abogado, declare fundada la objeción hecha en su contra y reformule, siendo utópico por todas las implicaciones psicológicas que subyace a la formulación de una pregunta, su objeción y su reformulación(38).

(37) El Código de Córdoba (Ley 8123) regula la denomina investigación suplementaria, la cual constituye un procedimiento (eventual) que se lleva a cabo como un acto inicial y preparatorio del juicio, estando destinada a cubrir omisiones de la instrucción o a evitar dificultades en la producción de pruebas durante la audiencia del debate. Así, en el artículo 365 enumera los actos que de oficio el juez o tribunal puede disponer: a) reconocimiento de personas que no se hubieran practicado durante la investigación preparatoria; b) declaración de testigos que no pudieron comparecer al debate; c) reconocimiento de documentos privados ofrecidos como prueba; d) pericias y demás actos que no pudieron practicarse durante el debate. Para mayores detalles, véase: CREUS, Carlos. Derecho Procesal Penal, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1996, pp. 110-111. (38) Sobre las objeciones, véase: CASTRO OSPINA, Sandra. Cinco estudios sobre el sistema acusatorio, Universidad Externado de Colombia, Bogotá - Colombia, 2005, p. 83 y ss.

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Por ende, son razones que al menos deben de llamar la atención sobre si es necesario mantener un modelo procesal con una tendencia a lo acusatorio-adversarial que justifique la permanencia de figuras como la prueba de oficio, o bien el hecho de indagar si es más ventajoso adoptar un modelo acusatorio puro, con los cambios políticos y jurídicos que ello implique, en donde ya no tiene cabida la actividad probatoria oficiosa. Jurisprudencia “Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en particular, este, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia. Esto es así por cuanto el proceso penal no solo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos fundamentales de los procesados, sino también debe hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal de las personas que sean halladas culpables dentro de un proceso penal”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 1014-2007-PHC/TC, considerando décimo primero.

• Base legal: Artículo 247, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 375 y 385, Código Procesal Penal de 2004.

6. ¿Cuál es el valor dado a la prueba? En la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Asimismo, para valorar la prueba indiciaria, el juez requiere: a) Que el indicio esté probado; b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; c) Que cuando se trate de indicios 40


contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contra indicios consistentes. Jurisprudencia “En lo que concierne a los extremos de la demanda en donde se cuestiona: a) el hecho de que se haya impuesto mandato de detención al beneficiario únicamente sobre la base de una declaración jurada (Exp. Nº 188-2002); b) la apertura de la instrucción Nº 178-2002, sobre la base medios probatorios inconsistentes, y c) la indebida valoración de los medios probatorios ofrecidos por el favorecido en los procesos penales Nºs. 75-2002, 178-2002 y 188-2002; es preciso señalar que, tal como lo ha subrayado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la determinación de la responsabilidad penal, así como la suficiencia y/o valoración de los medios probatorios ofrecidos en el proceso penal son aspectos que corresponde dilucidar de manera exclusiva al juez penal, por lo que no pueden ser materia de análisis en sede constitucional. En consecuencia, estos extremos de la demanda son improcedentes, en aplicación del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, que establece que: ‘No proceden los procesos constitucionales cuando: 1. Los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado’”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 1130-2007-PHC/TC Lima Norte, considerando segundo. “Cuando los testigos o imputados hayan declarado indistintamente en la instrucción y en sede policial con la presencia del representante del Ministerio Público y, en su caso, del abogado defensor, el Colegiado no está obligado a creer aquello que se diga en el acto de juicio oral, otorgándole plena libertad de conceder mayor o menor fiabilidad a unas y otras de las declaraciones en la medida que se aprecie mayor verosimilitud y fidelidad, lo cual tiene sustento en la teoría de libre valoración de la prueba”. Sala penal R. N. Nº 19482006 Callao, considerando quinto.

• Base legal: Artículo 283, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 158 y 393, Código Procesal Penal de 2004.

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7. ¿Cuáles son las diferencias entre los actos de prueba y los actos de investigación? Con el C de PP 1940, reinaba entre los operadores jurídicos la confusión que todas las diligencias que realizaban tanto el fiscal, durante la investigación preliminar y el juez penal, durante la instrucción, eran actos de pruebas; incluso, generó, en la praxis judicial, emplear los términos: de lo probado, de lo acreditado. Sin embargo, es una equivocación el equiparar las diligencias de investigación con los actos de prueba, y ello por la presencia de por lo menos cuatro diferencias, las cuales son: a) Por su objeto. Los actos de investigación tienen como objetivo indagar la existencia de un hecho calificado como delictuoso. En cambio, los actos de prueba tienen como finalidad acreditar pretensiones a través de proposiciones afirmativas. b) Por el momento procesal en que se realizan. Los actos de investigación, por ser preparativos, informativos, para la posible realización de un, se realizan con anterioridad al juzgamiento; por eso la necesidad que, previamente a la fase de juicio, exista una etapa de investigación. En cambio, los actos de prueba se realizan dentro del juicio oral, porque al llegar a la fase de juzgamiento, las partes presentan ante el juzgador el caso que van a demostrar como verosímil, valiéndose de la actividad que en el juicio realizan para cumplir, digámoslo, con lo prometido; por ello la importancia de los actos que se realizan dentro del juicio oral con los realizados anteriormente. Sin embargo, una excepción la encontramos en la denominada prueba anticipada, esto es, que ante la necesidad y urgencia de realizar una diligencia, la cual sería irreproducible o de difícil reproducción en la fase de juzgamiento, su actuación se dará en la fase investigación, teniendo el valor de prueba; para lo cual, se debe realizar ante el juez de la investigación preparatoria y en presencia de los demás sujetos procesales. c) Por la aplicación del principio de contradicción. Se entiende por principio de contradicción, la potestad que tiene la parte de realizar un examen crítico de lo aportado por su contraparte, a tal punto de restarle valor, por falta de credibilidad, bien de la fuente 42


de información o del contenido de esta. En ese sentido, los actos de investigación, por el objetivo que persiguen y por el momento procesal en que se realizan, no están sujetos al principio de contradicción; máxime si la investigación, por naturaleza, es científica, objetiva y libre. En cambio, los actos de prueba sí están sometidos al principio de contradicción, ya que, en el juicio oral, cada una de las partes tratará de demostrar que su caso es el verosímil y que el de su contraparte es falso o equivocado; incluso, tendrán que contradecir la prueba que su contraparte presente. d) Por los pronunciamientos que sustentan. Los actos de investigación, por regla, sustentan los pronunciamientos del fiscal; como por ejemplo: el decidir archivar la denuncia o formalizar la investigación preparatoria, depende de las resultas de las diligencias de investigación iniciales o preliminares; igualmente, el decidir formular acusación o bien requerir el sobreseimiento de la causa, depende de las diligencias de investigación preparatoria que el fiscal, como director, realizó. Por otro lado, los actos de prueba sustentan los pronunciamientos del juez; en ese sentido, el condenar o absolver al imputado, dependerá de la valoración que el juez dé a las pruebas aportadas durante el juicio oral. Jurisprudencia “Al respecto, cabe señalar i) que la fiscal emplazada, amparada en las facultades que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público le otorgan, apertura investigación a propósito de la denuncia penal formulada en contra del recurrente y, en ese sentido, solicita a la Policía que efectúe algunas diligencias (citación para rendir declaración y requerimiento para que se entregue libros contables con el objeto de ser sometidos a pericia); ii) que dicha actuación fiscal no supone la trasgresión de ningún derecho fundamental, sino que forma parte de su labor encomendada constitucionalmente; iii) que el resultado de la investigación efectuada por el Ministerio Público no es determinante para vincular a una persona con la comisión de un delito y restringir inmediatamente su libertad individual; iv) que la labor fiscal es complementaria a la labor que realiza el juez una vez que se formaliza la acción penal por parte del Ministerio

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Público; y, v) que, por tanto, la actuación de los emplazados no puede significar ni mucho menos puede ser entendida como una amenaza de violación de la libertad individual, en atención a los criterios recientemente expuestos, y porque de acuerdo a los hechos que motivaron esta demanda, es imposible que se pueda afirmar la configuración de certeza e inminencia que requiere necesariamente toda amenaza de violación de un derecho constitucional. En consecuencia, corresponde desestimar la presente demanda en aplicación, a contrario sensu, del artículo 2 del Código Procesal Constitucional”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 4578-2007-PH/TC Lima, considerando quinto. “La prueba es un medio u objeto que proporciona al juzgador el convencimiento de la existencia de un hecho. Desde un punto de vista objetivo sirve para acreditar un hecho desconocido; y desde un punto de vista subjetivo, es la convicción o certeza que tal medio u objeto produce en la mente del juez; en efecto, sin la existencia de la prueba no es posible dictar resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las partes, sobretodo del imputado”. Sala penal R. N. Nº 1224-2004 Huaraz, considerando tercero.

• Base legal: Artículo 283, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 158, 325 y 393, Código Procesal Penal de 2004.

DIFERENCIAS ENTRE ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA

Actos de investigación

Actos de prueba

– Los actos de investigación tienen como objetivo indagar la existencia de un hecho, calificado como delictuoso. – Los actos de investigación, por ser preparativos, se realizan con anterioridad al juzgamiento. – Los actos de investigación no están sujetos al principio de contradicción. – Los actos de investigación, por regla, sustentan los pronunciamientos del fiscal.

– Los actos de prueba tienen como finalidad acreditar pretensiones, a través de proposiciones afirmativas. – Los actos de prueba se realizan dentro del juicio oral. La excepción a esta regla está dada por la prueba anticipada. – Los actos de prueba sí están sometidos al principio de contradicción. – Los actos de prueba sustentan los pronunciamientos del juez.

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8. ¿Qué es la prueba anticipada? En doctrina se distingue entre prueba anticipada y prueba preconstituida, que si bien son conceptos afines, no son absolutamente idénticos. Pero en todo caso, tanto una como otra apuntan a una prueba que se produce antes de la oportunidad en que debiera hacerse, que, como bien sabemos, no es otra que el juicio oral, puesto que es la etapa en que tiene lugar el juicio propiamente, constituyendo todas las anteriores actuaciones una mera preparación de este.  Teniendo en común la característica ya anotada, lo que distingue a la prueba preconstituida de la prueba anticipada es que, en la primera, el medio de prueba se produce con anterioridad a la existencia de un conflicto, precaviendo que este pueda llegar a ocurrir en el futuro. Ejemplos, por antonomasia de esta clase de pruebas son los documentos, especialmente las escrituras públicas y privadas, mediante las cuales se deja constancia de los términos de un contrato. Si bien el campo de acción de las pruebas preconstituidas parece ser el proceso civil, donde predomina el documento como medio de prueba, también tienen aplicación en el proceso penal, como cuando en los bancos y grandes tiendas se instalan cámaras fotográficas o circuitos de televisión para grabar la comisión de posibles delitos en el interior de estos. Otro ejemplo serían las nuevas técnicas para facilitar la averiguación de delitos de narcotráfico, tales como la infiltración de agentes encubiertos o la práctica de entregas vigiladas. En la prueba anticipada, en cambio, la prueba se produce con posterioridad a la ocurrencia del hecho que da origen al proceso. Aquí nuevamente es preciso hacer algunas distinciones, derivadas, a su vez, de la necesidad de fijar ciertos medios de prueba perecibles, esto es, aquellos que pierden su virtud probatoria por el simple transcurso del tiempo. Ejemplos de este tipo de prueba son los exámenes físicos a que son sometidos quienes han sido víctima de delitos que afecten de alguna manera su cuerpo (homicidio, lesiones, delitos sexuales, etc.) o los análisis de laboratorio de muestras orgánicas, tales como sangre, semen, pelos, etc., con el fin de individualizar a la persona a quien corresponden, o bien pesquisar la presencia de alguna substancia química en ellos (tales como veneno, alcohol, estupefacientes, etc.). Caen también dentro de esta categoría de pruebas anticipadas la inspección ocular y la fijación fotográfica o por otros medios de ciertos objetos o lugares, como por ejemplo, 45


el aspecto que presentaba el lugar en que sucedieron los hechos. Si bien es cierto que todo medio de prueba pierde su aptitud probatoria pasado algún tiempo, en los casos nombrados esto ocurre en un lapso muy breve, de manera que es necesario fijarlos de inmediato, aunque se vayan a presentar en el juicio mucho después. Es lo que algunos autores denominan “pruebas en conserva”. Pero el concepto de prueba anticipada que recoge el P 2004 es otro, pues no atiende al carácter intrínsecamente perecible de la prueba, sino a la imposibilidad de rendirla en el momento y lugar donde haya de realizarse el juicio oral, o más exactamente, a la probabilidad de que ello ocurra. En efecto, según el P 2004, durante la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal o de los demás sujetos procesales, podrá instarse al juez de la investigación preparatoria actuación de una prueba anticipada, en los siguientes casos: a) Testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente. El interrogatorio al perito, puede incluir el debate pericial cuando este sea procedente. b) Careo entre las personas que han declarado, por los mismos motivos del literal anterior. c) Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la realización del juicio. La solicitud de prueba anticipada se presentará al juez de la investigación preparatoria en el curso de la investigación preparatoria o hasta antes de remitir la causa al Juzgado penal siempre que exista tiempo suficiente para realizarla en debida forma. La solicitud precisará la prueba a actuar, los hechos que constituyen su objeto y las razones de su importancia para 46


la decisión en el juicio. También indicarán el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia, que no permitan su actuación en el juicio. La solicitud, asimismo, debe señalar los sujetos procesales constituidos en autos y su domicilio procesal. El Ministerio Público asistirá obligatoriamente a la audiencia de prueba anticipada y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el juez en ese acto. El juez correrá traslado por dos días para que los demás sujetos procesales presenten sus consideraciones respecto de la prueba solicitada. El juez decidirá, dentro de los dos días, si acoge la solicitud de prueba anticipada y, en su caso, si aplaza la diligencia y el plazo respectivo. En casos de urgencia, para asegurar la práctica de la prueba, el juez dispondrá que los términos se abrevien en la medida necesaria. Si existe peligro inminente de pérdida del elemento probatorio y su actuación no ita dilación, a pedido del fiscal, decidirá su realización de inmediato, sin traslado alguno, y actuará la prueba designando defensor de oficio para que controle el acto, si es que resulta imposible comunicar su actuación a la defensa. La resolución que dispone la realización de la prueba anticipada especificará el objeto de la prueba, las personas interesadas en su práctica y la fecha de la audiencia, que, salvo lo dispuesto en el caso de urgencia, no podrá ser antes del décimo día de la citación. Se citará a todos los sujetos procesales, sin exclusión. Si se trata de la actuación de varias pruebas, se llevarán a cabo en una audiencia única, salvo que su realización resulte manifiestamente imposible. La audiencia se desarrollará en acto público y con la necesaria participación del fiscal y del abogado defensor del imputado. Si el defensor no comparece en ese acto se nombrará uno de oficio, a no ser que por la naturaleza de la prueba pueda esperar su práctica. La audiencia, en este último caso, se señalará necesariamente dentro del quinto día siguiente, sin posibilidad de aplazamiento.

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Los demás sujetos procesales serán citados obligatoriamente y tendrán derecho a estar presentes en el acto. Su inconcurrencia no frustra la audiencia. Las pruebas serán practicadas con las formalidades establecidas para el juicio oral. Si la práctica de la prueba no concluye en esta audiencia, puede ser aplazada al día siguiente hábil, salvo que su desarrollo requiera un tiempo mayor. El acta y demás asuntos y documentos agregados al cuaderno de prueba anticipada serán remitidos al fiscal. Los defensores tendrán derecho a conocerlos y a obtener una copia. Contra la resolución que decreta la actuación de prueba anticipada, que la desestime o disponga el aplazamiento de su práctica, así como decida la realización de la diligencia bajo el supuesto de urgencia, procede recurso de apelación con efecto devolutivo. Finalmente, las mismas actuaciones de prueba podrán realizarse durante la etapa intermedia. Jurisprudencia “(…) sino que la valoración debe sustentarse en el resultado probatorio verificado en el devenir del proceso penal, pero sobre todo en el juicio oral (aunque excepcionalmente pueda el tribunal fundamentar su sentencia en actos de prueba instructora, anticipada o preconstituida); tampoco se puede cimentar una sentencia, en la prueba obtenida ilícitamente o con violación de las garantías constitucionales, y por último, la valoración de la prueba se ha de realizar según las normas de la lógica, criterio de conciencia, máximas de la experiencia o de la sana crítica”. Sala penal R. N. Nº 1948-2006-Callao, considerando quinto. “Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, según la cual la prueba exhibida en el

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proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la isión, exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues este se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando esta produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 1014-2007-PHC/TC, considerando duodécimo.

• Base legal: Artículos 242, 243, 244, 245 y 246, Código Procesal Penal de 2004.

9. ¿Cuál es la estructura de la actividad probatoria durante el juicio oral? Según el C de PP 1940, la estructura probatoria empieza por los exámenes al acusado, testigos, peritos y parte civil, concluyendo con la oralización de la prueba instrumental. Por otro lado, según el P 2004, el debate probatorio seguirá el siguiente orden: a) Examen del acusado; b) Actuación de los medios de prueba itidos; y, c) Oralización de los medios probatorios. En ese sentido, el juez penal, escuchando a las partes, decidirá el orden en que 49


deben actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de los medios de prueba itidos. Asimismo, el juez durante el desarrollo de la actividad probatoria ejerce sus poderes para conducirla regularmente. Puede intervenir cuando lo considere necesario a fin de que el fiscal o los abogados de las partes hagan los esclarecimientos que se les requiera o, excepcionalmente, para interrogar a los órganos de prueba solo cuando hubiera quedado algún vacío. Jurisprudencia “Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la isión, exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues este se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación; (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula directamente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido, pues con esta característica se verificará la utilidad de la prueba siempre y cuando esta produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 1014-2007-PHC/TC, considerando duodécimo.

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10. ¿Cómo se realiza el examen del acusado en el C de PP 1940? Como se indicó en la pregunta anterior, el debate probatorio se inicia con el examen del acusado; en ese sentido, según el C de PP 1940, el examen del acusado procederá si el imputado no acepta los términos de la acusación fiscal. En ese orden de ideas, el acusado es examinado por el fiscal, por los abogados de la parte civil, del tercero civil, por su abogado y por el director de debates, en ese orden. Los demás de la Sala, solo podrán examinar al acusado si existiera la necesidad de una aclaración. Sin embargo, en todos estos casos, el interrogatorio será directo. El interrogatorio se orientará a obtener la versión del acusado, las aclaraciones y explicaciones acerca del hecho objeto de imputación, las circunstancias de esta, su participación y la de los otros acusados, así como los móviles, justificaciones y los demás elementos necesarios para la individualización de la pena y la determinación del monto de la reparación civil. También, se debe tener en cuenta que durante el examen del acusado las partes podrán formular sus repreguntas sobre la base de anteriores declaraciones del acusado o confrontar su versión con la de otros acusados, testigos u otro medio probatorio. Asimismo, el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. No son isibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas ni las que contengan respuestas sugeridas. De oficio o a instancia de parte las preguntas que no cumplan con las exigencias establecidas en este artículo serán declaradas inisibles. Si el acusado se niega a declarar, el presidente podrá, en la fase procesal correspondiente, disponer la lectura de las declaraciones prestadas 51


por aquél en la instrucción, si las hubiera, las que de esa forma se incorporan al debate y en su oportunidad serán valoradas. Igualmente, cuando el acusado que está declarando guarda silencio frente a una pregunta, se dejará constancia de tal situación y se continuará con el interrogatorio. Asimismo, en el curso de la audiencia el acusado podrá solicitar ser examinado, momento en el que puede ser interrogado, según las reglas que se están mencionando. Jurisprudencia “Debe tenerse en cuenta que ambos procesados se sometieron a los beneficios de la confesión sincera, mostrando sinceridad y arrepentimiento por el delito cometido, señalando en detalle la forma de perpetración de los hechos, lo que han repetido desde la etapa policial, instructorio e incluso en el juicio oral al que fueron sometidos”. Primera Sala penal de Lambayeque, Expediente Nº 2001-4006, considerando segundo.

• Base legal: Artículos 244 al 247, Código de Procedimientos Penales de 1940.

11. ¿Cómo se realiza el examen del acusado en el P 2004? Según el P 2004, si el acusado no está conforme con los términos de la acusación fiscal, entonces continuará el juicio oral. El siguiente paso consiste en la posibilidad que las partes puedan ofrecer nuevos medios de prueba. En ese sentido, solo se itirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación; es decir, el momento procesal de presentación y isión de pruebas es durante la etapa intermedia; en el caso de la presentación de las pruebas, esta se da, por parte del fiscal, a través de su escrito de acusación; y por parte de los demás sujetos procesales, dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación del escrito de acusación fiscal; posteriormente, en la audiencia preliminar (también 52


llamada de control de la acusación), el juez de la investigación preparatoria decidirá sobre la isión de estas. Sin embargo, el P 2004, permite, durante la etapa de juicio oral, la incorporación al proceso de nuevas pruebas, cuando las partes aduzcan que han tenido conocimiento de la existencia de estas después de la realización de la audiencia de control de la acusación. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba no itidos en la audiencia de control de la acusación, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. El juez decidirá en ese mismo acto, previo traslado del pedido a los demás sujetos procesales. La resolución que se dicte no es impugnable. Posteriormente, se inicia el debate probatorio a través del examen del acusado; para ello, se debe recordar que el acusado tiene derecho a no declarar; en ese sentido, el juez le advertirá que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal. Sin embargo, si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas: a) El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso; b) El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena y de la reparación civil; c) El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles; d) No son isibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. El juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará, de oficio o a solicitud de parte, inisible las preguntas prohibidas. Finalmente, el último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio.

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Jurisprudencia “Que las versiones exculpatorias enunciadas por el acusado están orientadas a enervar la responsabilidad penal, correspondiendo a su natural medio de defensa, sin embargo los medios probatorios aportados lo desvirtúan”. Primera Sala penal de Lambayeque, Expediente Nº 2001-4006, considerando tercero.

• Base legal: Artículos 376 y 377, Código Procesal Penal de 2004.

12. ¿Cómo se realiza el examen de testigos en el C de PP 1940? En principio, el testimonio es el medio de información más usual en la vida corriente; es indispensable para toda la vida social al permitir a cada uno completar indefinidamente su experiencia personal por la de los demás. Fiarse en las aserciones de los otros es una necesidad práctica, al mismo tiempo que la fuente de la certeza empírica a la que es menester acomodarse y de la cual constituye una variedad la certeza histórica(39). ¿Qué se entiende por testigo y cuál es su función en un proceso? Testigo es toda persona que es llamada al proceso por presumirse que tiene conocimientos relacionados con el hecho que se investiga, con el fin de que declare lo que al respecto conozca(40). Por su parte, y de un modo muy semejante, Ramos señala que testigos son las personas que en una u otra forma pueden tener conocimiento de los hechos o puedan aportar datos de utilidad para la instrucción de la causa(41). Es de destacar por lo tanto que el testimonio o prueba testimonial, en general, reúne tres características determinantes: es una prueba indirecta, es decir, no media identificación entre el hecho a probar con el hecho presenciado por el

(39) Cfr. Gorphe, F. “La apreciación judicial de las pruebas”; citado por: KIELMANOVICH, Jorge. Teoría de la prueba y medios probatorios, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 127. (40) Cfr. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Instituciones de Derecho Procesal Penal, Editorial Akal/ Iure, Madrid, 1999, p. 259. (41) Cfr. RAMOS MÉNDEZ, Francisco. El proceso penal, Editorial Bosch, Barcelona, 1999, p. 76.

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investigador o juez; es histórica, por cuanto a través de ella se reconstruyen hechos pasados, que pueden o no subsistir al momento de la declaración, pero que en todo caso comenzaron antes de ella; y, es personal, es un acto procesal que proviene de una persona física y concreta. En general la doctrina reserva la denominación de prueba testimonial para la prueba de terceros, ajenos a las propias partes, aunque en estricto rigor y, particularmente, tratándose de la víctima de un delito, su intervención procesal probatoria puede, sin dudas, calificarse de testimonio. Por su parte la prueba testimonial de terceros puede ser clasificada en testigos comunes y testigos técnicos o peritos. Según el C de PP 1940, modificado, en este extremo, por el Decreto Legislativo Nº 983, señala que los testigos declararán en el orden que establezca el presidente de la Sala. Asimismo, no podrá darse lectura a la declaración que prestó en la instrucción un testigo, cuando este deba producir oralmente su testimonio en la audiencia; en ese sentido, solo una vez que el testigo hubiere prestado declaración sobre un determinado hecho, se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal o el juez, a su solicitud, para efectuar las aclaraciones pertinentes, demostrar o superar contradicciones. Por otro lado, una vez que el presidente de la Sala interrogue al testigo sobre su nombre, edad, ocupación, domicilio y sus relaciones con las partes, se dará inicio al interrogatorio directo, comenzando por quien lo propuso, continuando con las otras partes y luego podrá ser interrogado por el presidente y los demás de la Sala. El presidente está facultado para declarar las preguntas como impertinentes o las respuestas que se viertan como incompletas o evasivas, en cuyo caso se podrá formular repreguntas. Así también podrá suspender el desarrollo de los interrogatorios. Además, debe tenerse presente que el examen al testigo menor de dieciséis años de edad será conducido por el director de debates sobre la base de las preguntas formuladas por el fiscal y las demás partes. Si se considerase que el interrogatorio al menor de edad no perjudica su estado emocional, se dispondrá que el interrogatorio prosiga con las formalidades

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previstas para los demás testigos. Esta decisión puede ser revocada en el transcurso del interrogatorio. • Base legal: Artículos 248 al 258, Código de Procedimientos Penales de 1940.

13. ¿Cómo se realiza el examen de testigos en el P 2004? El examen de testigos en el P 2004, puede presentar hasta cinco modalidades: a) examen directo; b) contraexamen; c) reexamen; d) recontraexamen; y, e) interrogatorio del juez. Sin embargo, antes de comentar cada una de estas modalidades, se debe señalar que el examen de testigos presenta reglas generales, las cuales son: a) El juez, después de identificar adecuadamente al testigo o perito, dispondrá que preste juramento (si confiesa alguna religión) o promesa de decir la verdad. b) El examen de los testigos se sujeta –en lo pertinente– a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. c) Corresponde, en primer lugar, el interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba y luego las restantes. d) Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la Sala de audiencia. e) No se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el testimonio en el juicio. f) El examen al testigo menor de dieciséis años de edad será conducido por el juez sobre la base de las preguntas y contra interrogatorios presentados por el fiscal y las demás partes. Podrá aceptarse el auxilio de un familiar del menor y/o de un experto en 56


psicología. Si, oídas las partes, se considerase que el interrogatorio directo al menor de edad no perjudica su serenidad, se dispondrá a que se prosiga con las formalidades previstas para los demás testigos. Esta decisión puede ser revocada en el transcurso del interrogatorio. g) El juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes, en ese mismo acto, podrán solicitar la reposición de las decisiones de quien dirige el debate, cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen. h) Si un testigo declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se puede constatar o superar de otra manera. i) Durante el contra interrogatorio, las partes podrán confrontar al testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. j) Los testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de su conocimiento. k) A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos que ya hubieran declarado en la audiencia. l) Cuando el testigo, oportunamente citado, no haya comparecido, el juez ordenará que sea conducido compulsivamente y ordenará a quien lo propuso colabore con la diligencia. Si el testigo no puede ser localizado para su conducción compulsiva, el juicio continuará con prescindencia de esa prueba. m) El juez, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar que el acusado no esté presente en la audiencia durante un interrogatorio, si 57


es de temer que otro procesado, un testigo o un perito no dirá la verdad en su presencia. De igual manera se procederá si, en el interrogatorio de un menor de diez y seis años, es de temer un perjuicio relevante para él, o si, en el interrogatorio de otra persona como testigo o perito, en presencia del acusado, existe el peligro de un perjuicio grave para su integridad física o salud. Tan pronto como el acusado esté presente de nuevo, debe instruírsele sobre el contenido esencial de aquello que se ha dicho o discutido en su ausencia. n) Los testigos que no puedan concurrir a la Sala de audiencias por un impedimento justificado, serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez. ñ) Si se encuentran en lugar distinto al del juicio, el juez se trasladará hasta este o empleará el sistema de videoconferencia, en el primer supuesto los defensores podrán representar a las partes. o) En casos excepcionales, el juez comisionará a otro órgano jurisdiccional para la práctica de la prueba, pudiendo intervenir en esta los abogados de las partes, el acta deberá reproducir íntegramente la prueba y, si se cuenta con los medios técnicos correspondientes, se reproducirá a través de video, filmación o audio. • Base legal: Artículos 378 al 381, Código Procesal Penal de 2004.

14. ¿Cómo se realiza el examen directo de testigos en el P 2004? Habiendo establecido las reglas generales para la declaración de testigos en el juicio oral, el P 2004, ha establecido una primera modalidad de examen, el cual es el examen directo a los testigos. Consiste en la revisión, en el juicio oral, de los testigos que la propia parte presenta. Es respecto de estos testigos en donde resulta posible desarrollar el relato de manera que permita la comprobación de las proposiciones fácticas y el éxito de la teoría del caso, de la parte quien 58


propone, presenta y examina al testigo. Para Baytelman y Duce, el principal objetivo del examen directo es obtener del testigo la información que la parte, quien presenta a este en el juicio, requiere para construir la historia o el trozo de historia que este puede proporcionar. Así, la relevancia del examen directo es que constituye la principal oportunidad de que dispone el litigante para probar su teoría del caso al tribunal(42). Asimismo, los objetivos que la parte debe de lograr con el examen directo al testigo que está presentando son: – Solventar la credibilidad del testigo. Significa entregar elementos de juicio para convencer al juez de que ese testigo específico es una persona digna de crédito. El peso del testigo –su credibilidad y poder de convicción para el juez– estará fuertemente determinado por algunas características personales, conocimientos, circunstancias en las cuales apreció los hechos, etc. Para ello, quien lo está examinando deberá formular preguntas orientadas a obtener información sobre estos aspectos que se les llaman: preguntas de legitimación o acreditación del testigo. – Acreditar las proposiciones fácticas de la teoría del caso. El examen directo que se esté realizando debe obtener un relato que sustente las proposiciones fácticas de la teoría del caso del examinador; es decir, aquellos hechos y detalles que apuntan a que la historia realmente ocurrió como el examinador lo señala. – Acreditar e introducir al juicio prueba material. Un tercer objetivo del examen directo, aun cuando pudiera no presentarse en todos los casos, es la acreditación e introducción de prueba material (objetos y documentos) por medio de sus declaraciones. En efecto, es a través de las declaraciones de testigos (y peritos) como los objetos y documentos se acreditarán como tales y dejarán de ser cuestiones abstractas. Ejemplo: ¿cómo introducir al juicio el arma supuestamente utilizada en el homicidio materia de proceso? Y ¿cómo establecer que esa arma fue utilizada por el acusado? Obviamente el arma, por sí sola, no habla; tampoco es

(42) Cfr. BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio. Ob. cit., p. 107.

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suficiente que el fiscal lo presente y sea él mismo quien responda todas estas interrogantes –por la sencilla razón que el fiscal es una parte más en el proceso penal–; el fiscal lo tendrá que acreditar, por ejemplo, a través de los testigos que llame a declarar, los cuales, a través de su relato, logren convencer al juez que el acusado empleó el arma a fin de realizar el homicidio de “x”. Pero son las declaraciones de los testigos (y/o peritos) los que establecen los medios de acreditación e ingreso al juicio de la prueba material. – Obtener información relevante para el análisis de la prueba. Es común que los testigos puedan aportar información que permita pesar la credibilidad de otras pruebas que se presentarán en juicio o contextualizar las historias o relatos que provendrán de otros testigos o de otros medios de prueba. No se trata de relatos estrictamente vinculados con los hechos específicos del caso, sino de información contextual que pueda servir para fortalecer la teoría del caso del examinador o desacreditar la de su contraparte. Por otro lado, la estructura básica del examen directo descansa en dos etapas o contenidos: una primera destinada a acreditar o legitimar al testigo; y una segunda que tiene por objeto el relato de los hechos que componen su testimonio. Así, en lo que respecta a la acreditación del testigo, Neyra Flores(43), indica que el juez debe conocer al testigo, humanizarlo; señalando como ejemplo, el examen directo a la agraviada de un delito contra la libertad sexual: Fiscal

: Testigo, su nombre.

Agraviada : Juana Ríos Pérez. (43) Cfr. NEYRA FLORES, José Antonio. “Técnicas de litigación oral”. Disponible en: www.cadperu.com/ virtual/file.php/1/moddata/data/3/10/3050/TECNICAS_DE_LITIGACION_ORAL.pdf. Accedido: 21.03.08. Asimismo, Neyra Flores, acota que no se puede presentar prueba del buen carácter del testigo, porque será objetable por impertinente. Solo se acepta cuando cuestiona la otra parte su buen carácter. Ejemplo: fiscal: Sra., ¿tiene antecedentes penales? Agraviada: No, ningún delito. fiscal: ¿Tiene usted buena reputación? Agraviada: Sí, de persona respetuosa, honrada, trabajadora y católica. Asistente todos los domingos a misa.

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Fiscal

: Sra. Juana, ¿a qué se dedica?

Agraviada : Secretaria. Fiscal

: Su estado civil.

Agraviada : Divorciada. Fiscal

: ¿Dónde trabaja?

Agraviada : Trabajo en el Estudio Arias Arias. Fiscal

: ¿Qué labor realiza?

Agraviada : Preparo cartas, saco fotocopias, archivo documentos y toda labor auxiliar. Fiscal

: ¿Desde cuándo labora ahí?

Agraviada : Hace cinco años. Fiscal

: ¿Trabajó antes?

Agraviada : Sí a medio tiempo, pues simultáneamente estudiaba secretariado jurídico y requería dinero para pagar mis estudios y mantener a mis hijos y madre. No obstante, el fiscal o el abogado defensor no deben rutinizar las áreas de acreditación de los testigos. En nuestra cultura legal pareciera que ser profesional y tener familia son elementos que hacen siempre creíble a una persona. Al menos eso parece cuando uno observa que preguntas destinadas a establecer la profesión del testigo, su estado civil y el número de hijos, se repiten casi como un ritual en los juicios orales. Las áreas de acreditación surgirán como consecuencia de las necesidades específicas del caso concreto. Habrá casos en que la relación con una persona será la principal acreditación que necesita el testigo, pues vendrá a declarar aspectos íntimos de dicha persona; en otras, serán sus capacidades de percepción de los hechos; en algunas, la acreditación se tenga que hacer sobre la conducta previa del testigo que podrían dañar su credibilidad frente a los jueces (problemas de alcoholismo, de drogadicción, meretricio, etc.).

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Una vez que se ha acreditado la solvencia del testigo se está en condiciones de ir sobre las proposiciones fácticas que el testigo pueda acreditar. Si el testigo es presencial, normalmente su relato incorporará los hechos del caso tal cual ocurrieron según su punto de vista, lo que incluirá elementos tales como: lugar en que ocurrieron los hechos, su descripción, fechas y tiempos, personas participantes, hechos concretos presenciados por el testigo, descripción de situaciones o lugares, etc. Si el testigo es referencial (de oídas), no solo tendrá que relatar los hechos referenciales, sino también las fuentes y circunstancias a través de las cuales se enteró de tales hechos. Finalmente, el examinador debe tomar en cuenta cuatro reglas de oro: 1. Prepare al testigo. Recuerde que los testigos están nerviosos cuando atestiguan en juicio; asimismo, los testigos, incluso los peores, aportan algo bueno, e incluso los mejores tienen algo malo; además, los testigos saben mucho más acerca de la importancia de su testimonio que lo que saben acerca del modo de presentarla(44). Por ello, la preparación del testigo es una actividad central en el objetivo de minimizar dichos errores y presentar a los jueces información relevante de manera inteligible, clara y creíble. Un litigante profesional va al juicio a exponer información, no a buscarla; en ese sentido, no hace preguntas cuya respuesta desconoce. Así, el abogado tiene que reunirse previamente con el testigo; recorrer juntos el relato, explorar los detalles relevantes, conocer sus debilidades, explorar explicaciones razonables para anticiparlas en el examen directo. Sin una preparación en esta línea, o convencido de que lo conoce bien por el solo hecho de haber leído sus declaraciones previas en el expediente, solo generará el presentar a juicio un testigo que no conoce, cuyas respuestas que dé, capaz, lo encuentre –al examinador– no preparado (sorprendido, prisionero del silencio que genera el quedarse atónito por una respuesta –de su propio testigo– imprevista).

(44) Cfr. GOLDBERG, Steven. Mi primer juicio oral, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994, p. 87.

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2. Organice los testigos y testimonios que presentará en el juicio oral. El fiscal o el abogado defensor ya conocen a sus testigos, sus relatos, sus detalles, sus habilidades y defectos, sus horarios, sus ritmos de vida. Ahora con tal información, debe de organizarlos, siempre en función de la estrategia general del caso, que pretenden, sea de recibo, por el juzgador. En ese sentido, la organización del examen directo tiene dos grandes temas: el orden de presentación de los testigos y el orden del testimonio.

En el primer caso, el orden de presentación de los testigos es una decisión estratégica de importancia, que el P 2004 ha dejado en libertad para las partes. Al respecto, se pueden presentar, como sugerencias, los siguientes tipos de organizaciones: a) situar a los testigos más sólidos al comienzo y al final de la lista de testigos, siendo el caso que, aquellos de importancia marginal o respecto de quienes se tenga dudas, vayan al medio; b) organizar los testigos en forma cronológica, presentándolos en el orden en que fueron apareciendo en la escena del delito, a fin de ir recreando los hechos ante el juzgador, tal y como ocurrieron; c) estructurar la historia en derredor del “testigo estrella”, y luego utilizar los demás testimonios como refuerzos de aquel; o, d) agrupar a los testigos de acuerdo con la cantidad de información que cada uno entrega del caso, ofreciendo primero al testigo que pueda dar cuenta del relato general de los hechos y yendo luego con los testigos que aporten relatos parciales.

En el segundo caso, y una vez que ya sabemos quiénes son los testigos que se presentarán primero, los que siguen, y los finales; ahora nos surge otro dilema: frente al testigo que está a punto de declarar, cómo ordenamos su información. Al respecto, es muy usual la sugerencia que esta sea estructurada en forma cronológica, existiendo diversas formas de organizar la cronología.

Así tenemos un esquema Nº 01:(45) a. Pregunta del primer hecho.

(45) Cfr. BERGMAN, Paúl. Ob. cit., p. 71.

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Pregunta de los detalles de este hecho.

b. Pregunta del segundo hecho.

Pregunta de los detalles de este hecho.

c. etc.

En este primer esquema, el orden del examen directo se organiza sobre la base de la cronología de hechos y, en cada uno de estos, el litigante se detiene en los detalles relevantes. Una vez agotados, el litigante vuelve sobre el orden o sucesión cronológica de los hechos.

En un esquema Nº 02, tenemos:(46) a. Se permite al testigo hacer un relato general y progresivo acerca de los hechos. b. Detalles de los hechos relevantes.

En este esquema el litigante permite que el testigo señale los detalles que él desee para, al final, preguntarle por algunos de los detalles de la historia, mencionados o no por él, que destacan su importancia en relación con las proposiciones que se quieren probar.

3. Emplee el tipo de preguntas adecuadas a los fines que pretende obtener con su testigo. Existen tres tipos de preguntas que se pueden realizar durante el examen directo. Así, en primer lugar, están las preguntas abiertas, las cuales tienen como fin invitar al testigo a formular la respuesta en sus propias palabras. Estas preguntas típicamente siguen el siguiente tenor: ¿qué hizo el día 21 de marzo? ¿Qué sucedió después que entró en la casa? ¿Qué hizo luego? La principal ventaja es que coincide al testigo explicarse en sus propias palabras, permitiendo al juzgador evaluar el grado (46) Ídem.

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de conocimiento que tiene de los hechos. Sin embargo, la desventaja es que los relatos que genera el testigo pueden no aportar todos los detalles que el abogado necesita conseguir del testigo, o bien incluir detalles sobreabundantes o de escaso interés.

Por otro lado, están las preguntas cerradas, su propósito es invitar al testigo a escoger una de entre varias respuestas posibles y por lo mismo, focalizan la declaración del testigo en aspectos específicos del relato. Por ejemplo: ¿qué marca es su auto? ¿Qué color era su pelo? ¿Cuál es el nombre de su hermana? Es necesario remarcar que la pregunta cerrada no sugiere al testigo la respuesta deseada (porque sería materia de objeción), sino que deja abierta la opción, por limitada que esta sea. Asimismo, la principal ventaja de las preguntas cerradas es el control que le entregan al litigante, en términos de poder obtener del testigo toda la información que este posee, y solo información relevante. En cambio, la desventaja es que en la medida en que las preguntas cerradas no permitan o dificulten al juzgador, el formarse una opinión acerca de cuánto sabe realmente el testigo, su credibilidad puede verse dañada.

Por otro lado, están las preguntas de introducciones y transiciones; en efecto, cuando se está cambiando de tema, resulta útil encabezar las preguntas con una formulación que permita a los testigos y al juzgador situarse en el contexto en el cual se va a desarrollar el examen directo, facilitando la comprensión de la información que se espera del testigo. Se trata de encabezados que incorporan información de contexto para ubicar al testigo en su respuesta o para introducir un tema nuevo en el relato. Por ejemplo: Sr. X, ahora voy a preguntarle acerca de sus relaciones con el acusado, específicamente acerca de su relación profesional.

Luego de toda esta sucinta exploración, cabe señalar que la forma común en que se prepara un examen directo es la combinación de preguntas abiertas y cerradas, así como el uso de preguntas de introducción y transición. Lo normal será iniciar los relatos con preguntas abiertas que permitan al testigo hablar sobre los hechos que conoce. A partir de este relato inicial, se utilizarán preguntas cerradas de seguimiento o para enfatizar aspectos específicos.

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4. La última regla de oro para el examen directo, es que el abogado debe recordar que el centro de la atención no es él, sino el testigo, por ser la fuente de información –lo poco o mucho que sepa el abogado es irrelevante, a la hora de la valoración que realice el juzgador–. Sin embargo, las posturas que adopte el examinador frente al examinado, también son puntos que pueden favorecerle. En efecto, el examinador debe emplear un lenguaje común, a fin de lograr que el testigo y el juzgador lo entiendan. Asimismo, el examinador debe escuchar al testigo; es decir, prestarle atención; dar a entender que lo que está declarando es importante; además, que le ayudará a estar atento a cualquier desliz que su testigo, a la hora de estar declarando, incurra, a fin de hacer las aclaraciones del caso. Por otro lado, se recomienda que el examinador no lea su listado de preguntas, mientras examina a su testigo, porque se concentrará en su libreto y no en las respuestas del testigo, perdiendo el estado de alerta y dejando pasar finalmente oportunidades para aprovechar y reaccionar a la información que el testigo está aportando; otro hecho es la utilización de minutas temáticas para guiar al abogado, es decir, un listado de temas principales sobre los que el testigo debe declarar, pero nunca un set de preguntas completo para ser leído durante la audiencia. Finalmente, siempre es útil el apoyo de gráficos, es decir, un apoyo audiovisual que fortalezca la declaración del testigo. Jurisprudencia “Que el Ministerio Público, con la finalidad de acreditar sus cargos, ofreció el testimonio de: a) Álvaro Rogelio Mena Aliaga, Subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile, y miembro de la Brigada Antinarcóticos. Quien manifestó que se recibió en la Unidad una llamada telefónica de un informante anónimo señalando que en el domicilio de Isla Solar N° 1740 una persona se estaba dedicando al tráfico de estupefacientes, indicando como autor a un tal ‘Chino Veas’. Efectuadas las comprobaciones del caso, denunció el hecho a la fiscalía, obteniendo del juez de Garantía la autorización judicial de detención, incautación y registro al domicilio indicado, que se verificó alrededor de las 08.50 a 09.00 horas del día 22 de diciembre último, procediéndose a la detención del acusado quien

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se encontraba acostado, durmiendo, en estado normal, el que luego de ser reducido y esposado por el Inspector Muñoz fue traslado a una pieza contigua. Seguidamente se procedió al registro de la habitación, que estaba en un relativo orden, y se incautó una bolsa de polietileno con el logotipo de la tienda Johnson’s cuyo contenido fue manipulado por otro funcionario, un teléfono celular marca Nokia, una balanza electrónica de precisión, un cuchillo cocinero, un revólver cargado dinero, en el interior de una chaqueta colgada en la pared se ubicó otra bolsa de polietileno conteniendo una sustancia –posiblemente marihuana– y una balanza mecánica. Se le exhibió un set de fotografías ilustrativas del lugar, reconociendo la ubicación que tenían las especies antes señaladas. Dijo que al efectuarse un registro de las vestimentas del imputado después de haber sido detenido, se le encontró en el bolsillo del pantalón la suma de $349.000 en dinero efectivo, $34 argentinos y US$ 22 y un estuche de papel arroz. Agregó que el análisis del registro del teléfono celular incautado proporcionó datos, apodos, números de terceras personas que han permitido la detención de no menos de cinco de ellas. En el acto de su declaración reconoció al acusado como la persona detenida en el operativo descrito. b) Carlos Segundo Demetrio Torres Travol, Comisario de la Brigada antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Temuco, quien señaló que siendo las 08.50 horas del 22 de diciembre último, se procedió al operativo planificado por él y el Subcomisario Mena que duró hasta el mediodía ocasión en que se encontró al acusado acostado en su camal en estado normal, sin problemas, se le redujo, se le esposó y trasladó a una pieza contigua, procediéndose al registro de la habitación, encontrándose una bolsa de la tienda Johnson’s conteniendo una sustancia color café, presumiblemente droga. Un teléfono celular Nokia, un revólver, $240.000 en efectivo, dos balanzas, un cuchillo, un contenedor transparente con marihuana, en una chaqueta posteriormente al ser registrado el detenido en el cuartel se le encontraron en sus ropas las sumas de $349.000, US$ 22 y $ 34 argentinos, un trozo de papel de diario con una sustancia de color café y un sobre con papel de arroz utilizable para hacer cigarrillos. Agregó que el acusado, a quien reconoció en la audiencia en el acto de su declaración, se apreciaba en normal estado de temperancia. Expuso que del

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análisis del registro telefónico no se desprenden antecedentes que permitan establecer la venta de marihuana a terceros. c) Rodrigo Alexis Muñoz Soto, Subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile, y miembro de la Brigada Antinarcóticos, quien expuso que el día de los hechos le correspondió la misión de acompañar a los policías Torres y Mena en el operativo planificado, ingresando estos primero y luego él en forma inmediata, produciéndose la detención del imputado, a quien se le leyeron sus derechos y se le trasladó a una habitación próxima, permaneciendo él en la entrada de la pieza, desde donde percibió los hechos, debiendo destacar entre los objetos encontrados una balanza digital, otra mecánica, un revólver, dinero, juguetes embalados, una bolsa de la tienda Johnson’ s conteniendo una sustancia vegetal de color verdoso. Señaló que el acusado, a quien reconoció en el acto de su declaración, se encontraba acostado y en normal estado y reaccionó en forma tranquila al momento de ser detenido. d) Julián Valentín Espinoza Díaz, Subinspector de la policía de Investigaciones de Chile, y miembro de la Brigada Antinarcóticos, quien manifestó que le correspondió participar en el operativo planificado realizado el 22 de diciembre pasado, prestando cobertura a la entrada al lugar de los policías Torres, Mena y Muñoz, ingresando posteriormente para darle a conocer sus derechos al detenido, encontrándolo en condiciones normales, pues contestaba a las preguntas, luego el detenido fue trasladado a una habitación adjunta; agregó que el sitio del suceso era un inmueble separado de cada habitación. de 3 por 3 metros; a la exhibición de las especies reconoce la balanza electrónica de precisión que estaba en el lugar de los hechos, y reconoce al acusado como la persona que fue detenida en la ocasión. e) Herman Patricio Tapia Fuentealba, Subinspector de la Policía de Investigaciones de Chile, y miembro de la Brigada Antinarcóticos, quién dijo que él intervino en el operativo planificado, correspondiéndole la seguridad de los funcionarios participantes, ocasión en que se detuvo al denunciado, a quien se le trasladó a una pieza contigua. Específicamente participó en el registro del lugar con el funcionario Hogada, quien es el guía del perro detector de droga, encontrando dos balanzas, un revólver –especies que reconoció al serle exhibidas en la audiencia– dinero, una bolsa con sustancia color verdoso que abrió alertado por el ejemplar canino; además, en

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una chaqueta encontró otra sustancia vegetal de las mismas características, un celular y juguetes apilados y embalados. Añadió que solo tuvo o con el sitio del suceso y no con el detenido; terminó señalando que en la foto Nº 19 que se le exhibió, la mancha que se aprecia en el piso de la pieza, puede corresponder a una colilla de cigarro, mientras que la de la foto Nº 3 puede corresponder a un trozo de papel o plumavit”. Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco (Chile), RUC: 0000000199-6 R.I.T.: 013/2001, considerando quinto.

• Base legal: Artículos 378 al 381, Código Procesal Penal de 2004.

15. ¿Cómo se realiza el contraexamen de testigos en el P 2004? Una segunda modalidad que establece el P 2004 es el contraexamen de testigos. Esta modalidad se realiza después del examen directo; y es realizado por la parte contraria. Sus fines son: por un lado, cuestionar la credibilidad del testigo que fue examinado anteriormente; y por otro lado, procurar que el testigo reconozca aspectos positivos para su caso y negativos para el contrario. En lo que respecta a la primera finalidad, el contraexamen busca cuestionar al testigo como fuente de información. En ese sentido, en un sistema de libre valoración de la prueba la desacreditación del testigo es necesariamente concreta; hay que darle al juzgador razones reales –por oposición a meros prejuicios– que permitan efectivamente decir que la persona del testigo, como fuente de información, no es confiable; es decir, información concreta; no basta la sola mención que es un drogadicto, alcohólico, meretriz, etc., porque, per se, no conlleva a considerarlos menos dignos de confianza –o que es más probable que mienta–, eso es prejuicio. 69


Por otro lado, en lo que respecta a la segunda finalidad del contraexamen, esta se desprende en las siguientes acciones: – Desacreditar el testimonio. En este caso, se trata de atacar la credibilidad, ya no de la persona del testigo, sino de su testimonio. El factor que más clásicamente desacredita al testimonio está constituido por las condiciones de percepción. Dichas condiciones pueden pertenecer a circunstancias personales del testigo (su miopía, su sordera, su estado mental, temor, drogas, al momento de los hechos), o bien circunstancias externas (el ruido ambiental, la oscuridad, la distancia, el hecho de que el objeto sea igual a muchos otros, etc.). – Acreditar las proposiciones fácticas del contraexaminador. Hay ocasiones por las cuales se pueden obtener de un testigo contrario, testimonios que afirmarán las proposiciones fácticas del contraexaminador; es decir, que puedan corroborarse ciertos elementos de su propia versión de los hechos. Adicionalmente, se le envía al juzgador la señal de que no se ha mentido en esos puntos, y por ende, tampoco en los otros. – Acreditar prueba material propia. En la misma lógica que la anterior, si un testigo de la contraparte puede acreditar la prueba material del contraexaminador, lo favorecerá frente al juzgador, la autenticidad de dicha prueba material. – Obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte. Si se puede obtener de los testigos de la contraparte testimonios inconsistentes entre sí, eso daña el caso de la parte rival, de manera importante. Que el testimonio de los testigos de una parte con los de la otra, sean inconsistentes, suele pasar; pero, que las declaraciones de los testigos del adversario sean inconsistentes, ya genera, como ganancia, la pérdida de credibilidad de los tales. Además, se deben de observar las siguientes reglas de oro del contraexamen: 1. Estructure el contraexamen en forma temática. Como se recordará, a la hora de estructurar el examen directo, la recomendación 70


ha sido que ello se haga en un orden cronológico. En el caso del contraexamen, en cambio, la construcción de una historia íntegra y coherente suele no tener demasiada importancia. En el contraexamen se trata de apuntar hacia aquellas porciones de la declaración del testigo rival que pueden ser imputadas como inverosímiles, falsas o inconsistentes. La estructura del contraexamen, por lo tanto, es esencialmente temática. 2. Emplee declaraciones previas del testigo contraexaminado. Una declaración previa es cualquier exteriorización del fuero interno de una persona realizada con anterioridad, y que consta en algún soporte, cualquiera que este sea. Así, las declaraciones previas pueden haber sido hechas en cualquier momento o ante cualquier instancia pública o privada: un interrogatorio ante la fiscalía o Policía durante la investigación preparatoria, la declaración de impuestos ante la Sunat, una carta a un familiar, etc.

La utilidad de las declaraciones previas puede ser doble: por un lado, y dentro de la dinámica del examen directo, sirve para que el testigo refresque su memoria. Así, el artículo 378, numeral 6) del P 2004, indica que si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. Su justificación es mejorar la calidad de la información que el testigo o perito incorpora al juicio.

Por otro lado, el empleo de las declaraciones previas sirve, y ahora dentro de la dinámica del contraexamen, para manifestar inconsistencias entre lo declarado ante el juzgador y lo manifestado anteriormente. Ello, también es recogido por el artículo 378, numeral 6) del P 2004, el cual señala que, se dispondrá –el empleo de declaraciones previas– si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se puede constatar o superar de otra manera. En el fondo, lo que se intenta es desacreditar al testigo debido a que se trataría de una persona que cambia sus versiones sobre los hechos, lo que impacta sobre su credibilidad. Para ello, hay cuatro pasos que se sugiere deben ser empleados para alcanzar los fines del contraexamen: (1) Fijar la declaración actual inconsistente, es decir, 71


se debe pedir al testigo que fije exactamente cuál es su testimonio –ese por el cual se pretende desacreditar–. (2) Establecer las condiciones de legitimidad a la declaración anterior, esto es, que el propio testigo dé como válida la existencia y contenido de una declaración prestada anteriormente. (3) Acreditar la declaración previa, es decir, mostrarle al testigo el documento o soporte material que contiene su declaración anterior a fin que lo dé como válido e incorporarlo al juicio. (4) Obtener la declaración previa inconsistente, esto es, se lee en voz alta aquella porción de la declaración que resulta inconsistente con la declaración actual.

Para graficar lo señalado, tomaremos como referencia un ejemplo brindado por Baytelman/Duce.

Primera fase: fijar la declaración actual inconsistente

Pregunta (P): ¿Y dice que la persona a quien usted vio violando a la señora Martita tenía un tatuaje en la espalda?

Respuesta (R): Así es. P: ¿De qué tamaño era? R: Era grande, como del porte de mi mano, más o menos... P: ¿Dónde estaba exactamente el tatuaje? R: En la espalda, justo debajo del cuello. P: ¿Y recuerda cuál era el motivo del tatuaje? R: Era algo así como un pájaro en llamas.

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(Si se observa, el contraexaminador ha incidido en una porción de la información dada por el testigo: la existencia, ubicación y diseño de un tatuaje en la persona que se le imputa el delito de violación. Seguramente es una señal


importantísima a la hora de identificar al presunto responsable de la violación).

Segunda fase: establecer las condiciones de legitimidad a la declaración anterior P: Señor testigo, ¿recuerda haber sido interrogado por la policía un par de días después de que estos hechos tuvieron lugar? R: Sí. P: Y usted sabía que esos policías estaban tratando de dar con el paradero del violador de la señora Martita, ¿verdad? R: Por supuesto. P: ¿Y usted quería contribuir con el trabajo de la policía en este caso? R: Claro, quería que agarraran al degenerado… P: Y por eso, cuando la policía lo entrevistó, usted se esforzó por darle todos los detalles que recordaba sobre lo sucedido, ¿no es verdad? R: Sí, me acordaba de todo perfectamente. P: ¿Le dijeron ellos que todo el detalle, por insignificante que pareciera, podía ayudar? R: Sí, me dijeron eso, varias veces. P: Y usted se esforzó por recordar todo lo que pudiera, ¿no es así? R: En efecto.

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P: Y cuando terminó de declarar, ¿firmó una transcripción de dicha declaración? R: Sí. P: Y supongo que leyó antes de firmarla, ¿verdad? R: Sí. P: ¿Les hizo saber a la policía de alguna imprecisión? R: No. P: La leyó y la firmó. R: Sí. P: Porque la transcripción de hecho reflejaba lo que usted les había dicho a los policías. R: Sí.

(Obsérvese que el segundo grupo de preguntas estaba referido a establecer, por un lado, la existencia de una declaración previa dada por el testigo; y por otro lado, que el contenido de esta reflejaba exactamente lo que percibió el testigo: por eso la importancia de haber establecido que firmó la transcripción de la declaración, luego de haberla leído y no encontrado ninguna imprecisión).

Tercera fase: acreditar la declaración previa P: Señor testigo, le voy a mostrar un documento. Le voy a pedir que lo mire con atención y que me diga si lo reconoce. R: Sí, señor. Es la declaración que me tomaron los policías cuando me interrogaron.

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P: ¿Es esta la declaración de la que hablábamos recién, en la que usted se esforzó por recordar detalles útiles, solo dos días después de cometido el delito? R: Sí. P: ¿Cómo sabe que se trata de su declaración? R: Bueno aquí está mi firma que yo le dije había estampado una vez concluida y leída la declaración.

(Nótese que la credibilidad de cualquier documento –en este caso la manifestación policial– se establece por la propia persona, a quien se le tomó la declaración o manifestación. Asimismo, se debe recordar que el documento por sí solo no habla. Debe de cambiarse la mentalidad de que basta con resaltarse, con plumón fosforescente, el párrafo u oración que nos interesa. En la mecánica del nuevo juicio oral, si se va ingresar un documento, en este caso una declaración previa, durante el desarrollo del juicio, se hará a través de la validez y credibilidad que establezca el testigo o perito del mismo; y es a través de lo que declaren, confrontado, con el contenido del documento –todo en esta audiencia–, donde se obtendrá el máximo de beneficio).

Cuarta fase: obtener la declaración previa inconsistente P: ¿Podría por favor leer al juzgador la parte de ella en que aparece mencionada la palabra “tatuaje”? R: Bueno… no está señor. P: ¿Ni una sola mención a un tatuaje? R: Bueno, lo que pasa es que… P: Señor testigo, ya habrá oportunidad de que nos explique qué es lo que pasa. De momento, lo que quisiera que le dijera al

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juzgador es si aparece en esa declaración, en alguna parte, la palabra tatuaje. R: No, señor, en ninguna. P: Su señoría, no tengo más preguntas.

(Obsérvese la inconsistencia detectada entre lo declarado por el testigo en el juicio y lo declarado ante la Policía. Sin embargo, también se debe resaltar que al haberse detectado la inconsistencia, el contraexaminador no hizo ninguna pregunta de más, no cometió la imprudencia de preguntar: ¿qué paso? O ¿por qué?, las cuales son interrogantes, PROHIBIDAS, por estrategia, de ser formuladas por el contraexaminador, dado que, si los hace, originará que el testigo se justifique, salga bien librado de la red de preguntas, y no deje ningún beneficio al contraexaminador).

3. Utilice preguntas de tipo sugestivas de un solo punto, así como abiertas. Las preguntas sugestivas son aquellas en donde la interrogante lleva implícita la respuesta: ¿usted olió a gas cuando ingresó a la casa?, y es de un solo punto, porque se refiere a un pedazo de información que se pretende resaltar (a diferencia de las preguntas compuestas, que llevan en su estructura dos o más preguntas). Sin embargo, en lo que respecta al examen directo, las preguntas sugestivas están prohibidas, y son materia de objeciones; ello, porque la información debe llegar al juzgador, por primera vez, a través de la respuesta que dé el testigo; no hay otro vehículo que dé credibilidad a la información, sino la propia declaración de la fuente de prueba. No obstante, en el contraexamen el empleo de preguntas sugestivas no debe de estar prohibido, dado que son las claves del contraexamen temáticamente orientado, al permitir dirigir la respuesta del testigo a la parte específica de información que el contraexamen persigue –allí donde un testigo hostil va a estar permanentemente intentando eludir, evitar, rodear o adornar la respuesta–.

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Igualmente, tomaremos como referencia el ejemplo propuesto por Baytelman/Duce;(47) esto es, que el señor Kiev fue acusado por su cónyuge de cometer abusos deshonestos en la persona de su hija Ana, varias veces en el año x. El contraexamen que hizo el abogado de la defensa a la señora Kiev –la madre de Ana y denunciante en este caso– corrió como sigue: P: Señora Kiev, usted declaró en el examen directo que su marido había abusado de su hija en varias ocasiones. R: Así es. P: ¿Y eso la impactó mucho? R: Por supuesto. ¡Cómo no me iba a impactar! P: Por supuesto. ¿Encaró a su marido con lo que Ana le había contado?

(Obsérvese el primer tema que el abogado defensor pretende incidir en el contraexamen; es decir, cuál fue la reacción de la señora Kiev, ante las probables violaciones de su hija, por medio de preguntas sugestivas). R: No. P: ¿Le hizo saber de alguna manera que usted sabía lo que estaba ocurriendo? R: No. P: Señora Kiev, ¿cuántas veces recuerda que Ana le haya dicho, durante el año x, lo que su padre le hacía? R: No sé… tres… quizás cuatro.

(47) Cfr. BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio. Ob. cit., pp. 178-182.

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P: En tres, quizás cuatro oportunidades, su hija de 12 años le dijo que estaba siendo abusada sexualmente por su padre y ¿usted no hizo nada? R: No. P: ¿No llamó a la policía? R: No. P: ¿No pidió ayuda a nadie? R: Estaba recién llegada, no dominaba bien el idioma… no sabía a quién recurrir.

(Obsérvese que un testigo que se ve acorralado, en hostilidad, intuitivamente, buscará una salida para escapar del hostigamiento. El contraexaminador debe estar atento). P: Hablando de eso, usted abrió una cuenta corriente en el Banco Americano, hacia fines del año x, ¿no es verdad? R: Sí, creo que fue alrededor de esa época. P: Y seguramente no supo bien al principio en qué banco le convenía abrirla, ¿no es así? R: Bueno, pregunté en un par de lugares. P: De manera que fue a un par de bancos antes de decidirse por el Banco Americano, ¿es eso correcto?

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(Obsérvese que el contraexaminador está ingresando a un segundo tema en su interrogatorio; esto es, si la señora Kiev tenía el suficiente manejo del idioma, a través de una actividad cotidiana: abrir una cuenta bancaria; si eso es cierto, entonces cae su argumento que dominaba bien el idioma para poder denunciar las presuntas violaciones de su hija Ana).


R: Sí. P: Y los ejecutivos que la informaron no hablaban polaco, ¿no? R: No, no hablaban polaco. P: Hablaban inglés.

(Aquí estamos ante una típica pregunta sugestiva, es decir, la interrogante lleva implícita la respuesta; pero no cabe una objeción, porque como se ha dicho es un tipo de pregunta básica y necesaria en el contraexamen). R: Sí. P: Igual que el ejecutivo que finalmente tramitó su cuenta en el Banco Americano. R: Sí. P: Y usted hizo todo ese proceso sola, ¿no es verdad? R: Bueno, a veces me acompañaba mi marido. P: Pero muchas veces no. R: Así es, muchas veces no. P: Muchas veces tuvo que lidiar sola con ejecutivos que le pedían documentos y datos sobre su persona. R: Sí. P: Y le pedían que llenara formularios que estaban en inglés. R: Sí.

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P: Y al parecer se pudo entender con ellos, pues le abrieron la cuenta. R: Sí, supongo. P: Pero seis meses después, hablando mejor el idioma, no fue capaz de llamar a la policía, ni a un hospital ni al centro comunitario de su municipalidad cuando supuestamente Ana le dijo por primera vez que estaba siendo abusada por su padre.

(Aquí estamos ante una pregunta que implica una conclusión, que es muy riesgosa, porque si no se sabe controlar el curso del interrogatorio, puede generar que el testigo explique el porqué no hizo exactamente lo que el contraexaminador pretende graficar al juzgador). R: Es que usted tiene que entender… P: Señora, estoy tratando de entender, así que le ruego que responda a mi pregunta; ¿ó a alguna persona para que le ayudara con el hecho de que, según Ana, su padre estaba abusando de ella? R: No.

(Obsérvese cómo el contraexaminador evitó que la testigo formulase cualquier tipo de explicación que haga caer por los suelos lo que se buscaba con el contraexamen. Obviamente, se debe ser muy sutil para evitar generar en el juzgador la imagen que no se le quiere dejar hablar al testigo, y que el contraexaminador teme lo que este puede decir). P: Pasando a otro tema, señora Kiev, ¿cuántas veces tomaron vacaciones usted y su marido en el año x?

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(Aquí el contraexaminador pasa a un tercer tema: las relaciones entre la señora Kiev y su marido, en un contexto donde ella, supuestamente, sabe que su hija fue violada por


su marido. Claro está que ello no puede ser tan claro para la fiscalía, que considere que es una pregunta impertinente, sin relación con el proceso, y por ende formule una objeción; o bien, intuye a dónde quiere llegar el contraexaminador y objete a fin de hacerle perder el hilo del interrogatorio. Al respecto, el contraexaminador, sin tener que decir todo lo que pretende lograr con este tercer tema, debe ser contundente en señalar que si se le deja continuar con esta línea de pregunta se podrá observar su relación con el caso). R: No sé, déjeme ver. La primera vez salimos en junio, arrendamos un auto y recorrimos la costa oeste. La segunda vez en octubre, viajamos a Canadá. P: Señora Kiev, ¿no la escuché además decir en el examen directo que su marido la invitó a un crucero por el Caribe, en mayo? R: Cierto, fueron tres veces entonces las que salimos. P: Y me parece haberle oído decir que este crucero, había sido… ¿cuál fue la expresión que utilizó? Ah, sí, su “segunda luna de miel”. R: Sí, dije eso. P: ¿Podría explicarnos a qué se refería? R: Bueno, hacía tiempo que no podíamos tomarnos vacaciones e iban a ser las primeras en nuestro nuevo país, además cumplíamos ese mes 20 años de casados. P: ¿Era, entonces, una situación romántica? R: Sí, supongo que podría decirse de ese modo. P: ¿Y cómo estuvieron las relaciones con su esposo en ese viaje?

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R: Fantásticas. P: Déjeme ver si recapitulo bien lo que me dice. Si su hija de 12 años le confesó que su padre estaba abusando de ella, y un mes después ¿usted sale con el abusador de su hija a una romántica segunda luna de miel?

(Igualmente es una pregunta que implica una conclusión: debilitar el testimonio de la madre de la supuesta víctima de violación, quien además denunció el hecho. Claro está, que hay que tener control del curso del interrogatorio, porque cualquier puerta abierta que se le deje al contraexaminado, hará que se justifique de tal forma, que quede bien librada del acoso de preguntas). R: Yo quería proteger a mi hija. P: Entiendo. Y luego, mientras la situación en su hogar se ponía todo lo tensa que usted nos ha referido, se tomó otras dos vacaciones con su marido. R: Sí. P: Que estaba abusando de su hija. R: Bueno… sí, quizás no debí hacerlo. P: Yendo a otro tema, usted nos dijo en el examen directo que había traído a su madre desde Polonia para que protegiera a Ana, ¿es eso correcto?

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(Nótese, que el contraexaminador logró, por un lado, evitar alguna salida justificatoria de la contraexaminada que haría caer por los suelos lo que está buscando con el contraexamen, y por otro lado, le permitió ingresar a un cuarto tema de análisis: la supuesta venida de la abuela de Ana a fin de protegerla de los abusos sexuales que estaba, supuestamente, sufriendo).


R: Sí, así es. P: ¿De qué manera se supone que debía ella protegerla? R: Bueno, la idea era que Ana no estuviera en la casa sola con su padre mientras yo hacía mi turno en el negocio. P: La protección consistía, pues, en que su madre estuviera con Ana en la casa cuando usted no estuviera. R: Sí. P: Sin embargo, poco después de llegar su madre, ella comenzó también a trabajar en el negocio, ¿no es verdad? R: Sí. Nos estaba yendo muy bien y yo sola no podía con todo el negocio. P: Así que le pidió a su madre que la ayudara. R: Sí. P: Que compartiera el turno con usted. R: Bien, sí. P: Y mientras estaba en el negocio, no estaba en la casa protegiendo a Ana… ¿me equivoco? R: No, por supuesto que no. P: Su señoría, no tengo más preguntas.

Se puede observar que las preguntas formuladas por el contraexaminador fue en relación con temas concretos y en función de un solo objetivo: mostrar al juzgador las debilidades de la historia de este testigo.

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Por otro lado, también en el contraexamen se pueden utilizar preguntas abiertas; ello como estrategia para evitar producir la sensación que es el abogado –y no el testigo– quien está dictando el testimonio a través de las preguntas sugestivas. Se debe evitar despertar suspicacias del juzgador a tal nivel que llegue a tener la impresión de que el contraexaminador no está tratando al testigo con la debida ecuanimidad o está ocultando información, pues ello afecta la credibilidad. Resulta útil, intercalar preguntas abiertas, cuidando el contraexaminador que ello sea en zonas seguras del contraexamen, donde no se requiera demasiado control.

4. No formule conclusiones al finalizar el contraexamen. Si se observan los contraexámenes formulados, por un lado, al testigo que observó al presunto violador de la señora Martita, y por otro lado, a la mamá de Ana, víctima de violación, se podrá deducir que, una vez encontradas las inconsistencias, el contraexaminador no se dirigió al juzgador y elaboró conclusiones de su contraexamen; por la sencilla razón que, por estrategia, no es conveniente hacerlo; máxime, si después del contraexamen, cabe la posibilidad, y lo veremos en la siguiente pregunta, de un reexamen (directo) a fin de salvar las contradicciones incurridas por el testigo. Las inconsistencias encontradas deben ser expuestas y sacadas el máximo de provecho en los alegatos finales; en una especie de: promesa cumplida, el caso de mi contraparte es débil e inconsistente. Jurisprudencia “Que con la finalidad de probar el hecho señalado en el requerimiento, el Ministerio Público presentó en la audiencia de juicio simplificado al testigo de cargo don PEDRO ILLANES LAGOS, quien declaró durante el contraexamen que no estuvo en su casa el día 1 de abril de 2001, a las 20:00 horas, porque estaba en el lugar donde ejercía su trabajo. A su testimonio de oídas no se le dará valor probatorio alguno, en razón de la enemistad manifiesta que existe entre el denunciante y el imputado por haber sido despedido este de su trabajo. Los testigos de cargo NIRA ANTILLANCA RAIPAN y CAMILO

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ANTILEO ANTILEO tampoco estuvieron en o cerca de la casa de don PEDRO HERNAN ILLANES LAGOS en la fecha y hora señaladas en el requerimiento, ni vieron al imputado entrar al domicilio del denunciante o junto a doña Vivian Rojas Rojas, nada aportaron para verificar que el imputado ingresó a la casa de PEDRO ILLANES LAGOS contra la voluntad de su mujer. Los testigos de descargo Dina Pardo Pardo, Temístocles Sepúlveda Sepúlveda y Juan Miguel Andana Espinoza, dijeron que el imputado estuvo en un asado en la pensión donde reside, que en ningún momento salió de la pensión entre las 18:00 y las 24:00 horas, y que estuvieron junto al imputado todo el tiempo que duró el asado. Los testigos de la defensa no son dignos de credibilidad en cuanto a que estuvieron todo el tiempo junto al imputado, sus declaraciones no sirven para verificar la teoría de la defensa de que el imputado no tuvo posibilidad de ir a la casa del ofendido PEDRO ILLANES LAGOS, pero esta incertidumbre tampoco sirve para verificar empíricamente”. juez Titular del Juzgado de Garantía de Loncoche. RUC 0100016912-5. RI N° 674/2001, considerando quinto.


16. ¿Cómo se realiza el reexamen de testigos en el P 2004? Según el artículo 378, numeral 10) del P 2004, a solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieran declarado en la audiencia. Este dispositivo justifica la posibilidad, por un lado, del reexamen (directo), y por otro lado, el recontraexamen de testigos, respectivamente. El reexamen es el nuevo interrogatorio, posterior al contraexamen, que efectúa la parte que hizo el examen directo al testigo. Su finalidad es rehabilitar al testigo cuya credibilidad ha sido debilitada en el contraexamen; para ello, se le formula preguntas en concretos puntos de su declaración (inconsistente, falsa o inverosímil), a fin que los explique.

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Ejemplo: fiscal: Señor Juan, a preguntas del abogado defensor, usted indicó que en una declaración anterior no había escuchado cuando el acusado le itió los hechos ¿podría usted indicar por qué? Asimismo, se sugiere, observar las siguientes recomendaciones: 1. Solo se debe emplear el reexamen cuando el testigo pueda aclarar o rehabilitarse; porque puede producir recontraexamen que puede perjudicar más al testigo. 2. No se debe repetir todo el examen directo, solamente debe incidir en las áreas cubiertas en el contraexamen, para aclarar las dudas que surgieron; caso contrario, es susceptible que se le objeten las preguntas, por ser repetitivas. Por ende, más que cronológico, debe ser temático. 3. Es conveniente emplear preguntas de tipo cerradas, así como de transición. 4. Es fundamental el uso de interrogantes tales como: por qué, para qué, dado que invitan a una explicación o justificación por parte del testigo. • Base legal: Artículo 378, numeral 10), Código Procesal Penal de 2004.

17. ¿Cómo se realiza el recontraexamen de testigos en el P 2004? El recontraexamen, es el nuevo interrogatorio, posterior al reexamen, que realiza la parte que hizo el contraexamen al testigo. Su finalidad es cuestionar la razonabilidad de la explicación dada por el testigo en el reexamen; o bien, volver sobre impugnación original o datos obtenidos durante el contraexamen y hacer que el testigo se reafirme. Asimismo, se sugiere, observar las siguientes recomendaciones:

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1. Solo se debe recontraexaminar cuando sea necesario y viable; caso contrario, puede favorecer aún más la explicación dada por el testigo durante el reexamen. 2. Si no se va a recontraexaminar, se debe aprovechar la oportunidad para expresarle al juzgador la decisión de no hacerlo, de manera estratégica. Ejemplo:

Juzgador: ¿Sr. Abogado, desea efectuar un recontraexamen?

Abogado: Su señoría, no nos parece necesario.

3. Si se va a efectuar el recontraexamen, se debe limitar a las áreas cubiertas en el reexamen; por ende, también debe estructurarse en forma temática. 4. Las preguntas a utilizarse seguirán siendo sugestivas de un solo punto, y en forma estratégica, las de tipo de abiertas. • Base legal: Artículo 378, numeral 10), Código Procesal Penal de 2004.

18. ¿Cómo se realiza el interrogatorio de testigos, por parte del juez, en el P 2004? Según el artículo 375, numeral 4) del P 2004, el juzgador también puede examinar a los testigos, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: 1. Excepcional. Es decir, no suple la actividad de las partes. Menos aún si estas han procedido con una estrategia deficiente. 2. Interrogar a los órganos de prueba solo cuando hubiera quedado algún vacío. En ese sentido, la finalidad de las preguntas del juzgador no gira en torno a: a) establecer el relato o historia de los eventos; b) hallar inconsistencias en lo declarado por el testigo; c) permitir que el testigo se explique ante probables inconsistencias de sus declaraciones; ni, d) cuestionar la credibilidad de las 87


explicaciones dadas por el testigo; todo ello, es actividad y responsabilidad de las partes. En ese orden de ideas, el juzgador solo interroga por temas que no han sido objeto ni del examen directo, contraexamen, reexamen y recontraexamen, respectivamente. • Base legal: Artículo 375, numeral 4), Código Procesal Penal de 2004.

19. ¿Qué son las objeciones? En todo este periodo de declaraciones son de vital importancia las objeciones, dado que son un medio para ejercer el derecho de contradicción. En términos generales tienen por finalidad permitir que el juicio se adecúe a los principios de buena fe, lealtad y presunción de inocencia. Para Castro Ospina cumplen las siguientes funciones: a) que ingrese al proceso información de calidad, esto es que no provenga del interrogador; b) evitar la introducción de pruebas ilegales, inconducentes, superfluas o repetitivas; y c) minimizar el efecto demostrativo de las pruebas(48). Doctrinalmente, las preguntas que pueden ser materia de objeciones en el juicio oral son: – Preguntas capciosas o engañosas. Son aquellas que en su elaboración inducen a error al sujeto que responde, favoreciendo de este modo a la parte que las formula. Ejemplo: se le muestra al testigo un set de fotografías de autos similares y se le pide que identifique cuál es el auto involucrado en el robo. La pregunta le sugiere que uno de esos autos es, pero el engaño está que el auto, supuestamente involucrado en el robo, no está en el set de fotografías. – Preguntas impertinentes. Mediante estas preguntas se intenta obtener del testigo información que no tiene una relación sustancial con los hechos que son objeto de prueba, es decir, que no resultan relevantes para decidir el asunto que se encuentra bajo la decisión del juzgador.

(48) Cfr. CASTRO OSPINA, Sandra. Ob. cit., p. 84.

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– Preguntas sugestivas. Es sugestiva cuando ella misma sugiere o fuerza el contenido de la respuesta. Ejemplo: ¿usted estuvo en la discoteca Zombie, el día 14 de febrero del año x? Cabe recordar que son objetables cuando se utilizan en el examen directo, mas no en el contraexamen. – Preguntas conclusivas. La regla general es que el rol de los testigos es de relatar hechos que percibieron directamente a través de sus sentidos (lo que vio, oyó, palpó, olió, degustó). En ese sentido, las conclusiones a las que un testigo pudo haber arribado son, en general, irrelevantes para la decisión del caso, y suele configurarse información de baja calidad. – Preguntas que soliciten opinión a un testigo lego. Al igual que en las preguntas conclusivas, las opiniones del testigo lego son, en principio, inisibles, por la falta de experticia del testigo en determinadas cuestiones. Ejemplo: ¿Hablaba en serio Pedro cuando hizo la amenaza? – Preguntas confusas. Son confusas aquellas preguntas que por su defectuosa formulación no le permiten comprender al testigo con claridad cuál es el tema que efectivamente indaga. En ese sentido, la confusión se da por lo complejo o poco claro de la formulación. – Preguntas ambiguas. La ambigüedad se da por el hecho de que la pregunta puede sugerir distintas cuestiones que se intentan indagar. – Preguntas vagas. La vaguedad se da por la amplitud o falta de claridad en la pregunta. – Preguntas compuestas. Cuando la pregunta contiene en realidad más de una interrogante. Es decir, son preguntas que incorporan en su contenido varias afirmaciones, cada una de las cuales debe ser objeto de una pregunta independiente. Ejemplo: ¿Y usted fue de vacaciones al Caribe luego de que le notificaron la quiebra?

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– Preguntas repetidas. Son objetables porque ya han sido preguntadas y contestadas en el juicio; habiendo el riesgo de la capciosidad, debido que, en el fondo lo que se pretende obtener con estas preguntas es que el testigo en algún momento y frente a la diversidad de preguntas orientadas a obtener esta información, cometa un error y se contradiga con su declaración anterior. - Otras preguntas de corte tendenciosa, ininteligible, especulativa, argumentativa, que vulneran la excepción de declarar; referidas a un testimonio de oídas; que tergiversen la prueba; perentorias; que incluyen amenazas, coacciones o premios; que tiendan a ofender al declarante. Por otro lado, la objeción debe ser planteada tan pronto como sea formulada la pregunta impugnada y antes de que comience la respuesta del respectivo testigo. El momento, por lo tanto, es una fracción de segundo que supone que el abogado está absolutamente compenetrado con la labor que realiza su contraparte. • Base legal: Artículo 378, numeral 4) Código Procesal Penal de 2004.

20. ¿Quién es el testigo de oídas y cuál es su valor probatorio? Si el testigo es quien declara sobre aquello de lo cual tuvo conocimiento, es menester considerar que su aceptación estará supeditada, al cumplimiento de ciertos requisitos que harán de ella una prueba legítima y veraz –por ejemplo: a) que lo declarado debe tener relación directa con la materia del juicio, rechazándose por ende, cualquier dato intrascendente o no atingente al tema en conocimiento; b) que los antecedentes entregados para la consecución del juicio deben, en cuanto a su origen, haber sido obtenido con total respeto de las garantías fundamentales, de la parte contra la cual se presentan; y c) el testimonio prestado debe estar revestido de veracidad; siendo este último elemento fundamental, pues dotará a la declaración de la importancia debida, haciendo necesaria y fundamental su introducción a la investigación–.

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Al respecto, se levanta una nueva figura de testigo, el denominado: testigo de oídas. Para Cristián Maturana, son aquellos que conocieron los hechos a través del dicho de una de la partes o de terceros(49). Eduardo Urbano Castillo por su parte, entiende a este como manifestación: “De la prueba testifical, de quien personalmente escuchó o percibió audito propio u otra persona le comunico audito alieno, hechos objeto del proceso”(50). En un sentido similar, María Isabel Velayos realiza un análisis sobre la prueba entregada por el testigo de referencia y lo que debe entenderse por tal: “Es la prueba consistente en la declaración de un testigo, quien refiere los conocimientos fácticos que ha adquirido por la comunicación de los mismos provenientes de un tercero, el cual es quien verdaderamente ha tenido un conocimiento personal de lo relatado; dicho en otros términos, se equiparan las nociones de testimonio y testigo cuando se estudian desde la perspectiva de prueba de referencias”(51). En el derecho anglosajón, tal prueba es conocida con el nombre de hearsay evidence (la prueba de lo oído), noción que se caracteriza por poseer un mayor grado de amplitud con respecto al testimonio de oídas, es así que en palabras de María Isabel Velayos: “Dentro del término testimonio de referencia se iten un amplio espectro de medios probatorios, que abarcan desde el testigo de referencia strictu sensu, hasta la prueba documental y las declaraciones previas de un mismo testigo deponente en juicio”(52). La regla Hearsey está a su vez compuesta de dos axiomas, tales son: La oralidad, elemento distintivo de aquella, y que es vista como la forma más perfecta y adecuada para la introducción de las manifestaciones de conocimiento de terceros en la fase decisoria de los procesos.(53) Y la inmediación objetiva, según la cual los medios probatorios más idóneos, por razón de cercanía y proximidad a los hechos históricos acaecidos, para suministrar

(49) Cfr. MIQUEL MATURANA, Cristián. Los medios de prueba, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago, 2002, p. 101. (50) Cfr. CASTILLO URBANO, Eduardo y TORRES, Ángel Miguel. La prueba ilícita penal. Estudio jurisprudencial, Editorial Aranzadi, Madrid, 2000, p. 77. (51) Cfr. MARTÍNEZ VELAYOS, María Isabel. El testigo de referencia en el proceso penal, Universidad de Alicante, Valencia, 1998, p. 24. (52) Ídem. (53) Ibídem, p. 92.

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claridad cognoscitiva sobre la certeza de las afirmaciones objeto de prueba, serán acogidos con prioridad a otros medios más distantes. Ambos postulados, en especial el primero, otorgan un valor importante al testimonio de oídas, al situar a la oralidad dentro de las formas más aconsejables en torno a la obtención de datos que permitan reconstruir un hecho pasado. En este sentido, es factible destacar, como una característica esencial de nuestro proceso penal, el principio de la oralidad. De estas tres definiciones, surge como cualidad distintiva del testimonio de oídas; que los antecedentes sobre los cuales declara, tienen su origen en lo dicho por las partes o terceros relacionados al juicio. Finalmente, en lo referente a su valor probatorio, el artículo 158, numeral 1) del P 2004 señala que en los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. Jurisprudencia “Tiene igualmente establecido este Tribunal que solo será isible en supuestos de situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo y principal (...), siendo medio de prueba poco recomendable, pues en muchos casos supone eludir el oportuno debate sobre la realidad misma de los hechos y dar valor a los dichos de personas que no han comparecido en el proceso (…) la prueba testifical indirecta nunca puede llegar a desplazar o sustituir totalmente la prueba testifical directa, salvo en los casos de prueba sumarial anticipada o de imposibilidad material de comparecencia del testigo presencial a la llamada al juicio oral (…)”. Sentencia del Tribunal Constitucional español del 21 de Setiembre de 1989.

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21. ¿Cómo se realiza el examen de peritos en el C de PP 1940? En principio, los peritos son personas que cuentan con una experticia especial en un área de conocimiento, derivada de sus estudios o especialización profesional, del desempeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. Lo que distingue al perito de un testigo cualquiera es que el perito es llamado al juicio para declarar algo en lo que su experticia es un aporte para este y que le permite dar opiniones y conclusiones relevantes acerca de diversas cosas. Es decir, el perito es alguien que comparece al juicio para aportar conocimiento experto que se encuentra más allá del conocimiento del juzgador y que es considerado necesario para decidir el caso(54). La experticia que detenta el perito es lo que hace que las opiniones y conclusiones que él entrega, en el área de su experticia, sean itidas allí, donde a un testigo común y corriente no se le permite dar opiniones por regla general. Como se puede apreciar, el énfasis de lo que caracteriza a un perito es el conocimiento especializado y la necesidad de ese conocimiento para apreciar correctamente un hecho o circunstancia relevante del caso(55). Sin embargo, la especialización del perito no proviene solo de lo que tradicionalmente se consideraría un área técnica (ciencia), sino de disciplinas o cualquier tipo de actividades que generen conocimiento especializado (artes u oficios). En este sentido, un artesano, en su respectivo oficio, podrá ser tan experto como el físico nuclear que detente la mayor cantidad de doctorados y posdoctorados en su respectiva disciplina. Por otro lado, lo primero que es necesario precisar es que el rol del testimonio experto en juicio es entregar la interpretación de una información que exige un conocimiento especializado, con el objeto de explicitar sus significados en términos comunes y exactos dirigidos a generar la convicción del juzgador que, de otra manera, no podría generarse. Esta información no puede ser entregada al juzgador por cualquier persona, pues se trata de un tipo de conocimiento que se encuentra fuera del alcance de una “persona promedio”. Por lo mismo, el aporte central de los

(54) Cfr. QUEZADA, José. Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial Jurídica CONOSUR, Santiago, 1994, p. 360. (55) Cfr. DUCE, Mauricio. “La prueba pericial y su isibilidad a juicio oral en el nuevo proceso penal”. En: Revista de Ciencias penales Iter Críminis, Nº 05, México DF, 2006, p. 62.

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peritos normalmente se produce en el lenguaje de opiniones que surgen como consecuencia de la utilización de conocimiento experto para comprender ciertos hechos o fenómenos. Lewis distingue cuatro tipos o especies de peritajes:(56) a) Aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos directamente observados. Se trata de situaciones en que el perito observa hechos sobre los que declara, pero a la vez aporta opiniones acerca de esos hechos que suponen conocimiento experto, por ejemplo tratándose de un experto en huellas digitales o balística. b) Aquel en el que el experto entrega una opinión sobre hechos presentados por terceros, es decir, que no han sido objeto de percepción directa de su parte. Típicamente se produce en casos en que el experto es confrontado con hipótesis de diversa índole en donde se le pida asuma como verdadero ciertos hechos que no ha tenido oportunidad de presenciar. c) Aquel en que el experto entrega una opinión basada en principios generales de la disciplina que profesa, aun cuando no estén relacionados necesariamente con hechos concretos o específicos del caso, como por ejemplo, cuando un perito es convocado a juicio para relatar acerca de los procedimientos adecuados para obtener conclusiones o realizar exámenes sobre determinados objetos, todo lo cual se hace para pesar credibilidad de otras pericias del caso. d) Aquel en el que el experto declara sobre un hecho que él observó a través del uso de su conocimiento especializado. Se trata de declaraciones sobre hechos y no opiniones, pero que solo podrían ser entregadas por alguien que tiene conocimiento experto que lo habilita para percibir ciertos hechos, como por ejemplo, cuando un perito hace análisis microscópico de una sustancia mucosa encontrada en la víctima y afirma que dicha sustancia contenía espermatozoides.

(56) Ibídem, p. 63.

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Como señalaba, se puede apreciar que el énfasis central del aporte del perito esta dado por su capacidad de entregar opiniones al tribunal basadas en su experticia. Por su parte, Roxin distingue tres formas de contribución de un perito en un juicio:(57) a) Cuando informa sobre principios generales de la disciplina. b) Cuando comprueba hechos que únicamente pueden ser observados, comprendidos o juzgados exhaustivamente en virtud de conocimientos profesionales especiales. c) Cuando extrae conclusiones que únicamente pueden ser averiguadas en virtud de conocimientos profesionales. Se puede observar que la idea de perito y cuál es su función o contribución específica en un sistema procesal penal son relativamente sencillas. Siendo así, ellas deben ser tenidas presentes al momento de hacer juicios sobre la isibilidad de la prueba de expertos en juicio. Por otro lado, en el aspecto normativo, el artículo 259 del C de PP 1940 precisa que concluidas las declaraciones de los testigos, se examinará a los peritos o técnicos citados, tomándoseles juramento o promesa de honor de decir la verdad. El fiscal, el acusado o la parte civil pueden solicitar que se examine a los peritos o técnicos en el caso de que no hubiesen sido citados por el Tribunal, el que resolverá si procede o no ese examen. Los dictámenes periciales presentados en la instrucción o en la audiencia se leerán obligatoriamente. De este escueto enunciado normativo, subyace toda la ideología que en torno a la prueba pericial establece el C de PP 1940; ideología que empieza con la consideración que los peritos se les estima como “auxiliares de la istración de justicia”; es decir, expertos que ponían su conocimiento especializado al servicio de las necesidades de convicción

(57) Cfr. ROXIN, Claus. Ob. cit., p. 238.

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del Tribunal, sin considerar para nada los intereses de las partes o comportándose en forma completamente neutral o imparcial respecto de ellas. Ello, originaba las siguientes consecuencias: (a) el trabajo de los peritos estaba exclusivamente al servicio de las necesidades de conocimiento del juez; (b) su designación quedaba entregada básicamente a dos hipótesis: (1) casos en los que la ley expresamente indicaba la necesidad de contar con una opinión experta; y, (2) en el resto la decisión quedaba entregada fundamentalmente a la decisión discrecional del propio juez; (c) otro elemento en esta lógica era que el sistema establecía una suerte de precalificación de idoneidad de quienes podían ser considerados como peritos (en esta lógica se establecía un sistema bastante cerrado en el que no cualquiera podía ser objeto de designación como perito para un caso); (d) en relación con la forma de rendirse la prueba pericial, esta era centralmente concebida como un informe o dictamen escrito. La prueba era dicho documento y no el perito en sí mismo. Ello era lógico y coherente con el carácter escrito del proceso inquisitivo en nuestro país. Es por eso que más que el perito la prueba estaba constituida por el “informe pericial” que se entregaba al Tribunal por escrito. • Base legal: Artículo 259, Código de Procedimientos Penales de 1940.

22. ¿Cómo se realiza el examen de peritos en el P 2004? En el P 2004, la lógica descrita cambia de manera radical. Así, en este los peritos son concebidos como “peritos de confianza de las partes” y no como “auxiliares del Tribunal”. Esto quiere decir que son las partes las que deciden si quieren llevar o no a un perito juicio y a qué perito concreto. Por así decirlo, los peritos dejan de estar al servicio del juez y pasan a estar al servicio de las teorías del caso o versiones de quienes los presentan. Ello es una consecuencia natural del carácter acusatorio del nuevo proceso, de acuerdo con el cual los jueces dejan de tener iniciativa o roles

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relevantes en relación con la producción de información y rendición de prueba, la que queda entregada exclusivamente a las partes(58). Esto no significa que los peritos son “serviles” a quienes los presentan, sino que la decisión de presentarlo estará asociada al hecho que lo que el perito está dispuesto a afirmar en juicio, producto de su mejor ciencia o disciplina, es consistente con la teoría del caso o la versión de quien lo presenta. Tampoco significa que todo perito que las partes intenten presentar a juicio deba ser itido por el juez de garantía en la audiencia preliminar o de control de la acusación. Este cambio en la forma de concebir al perito impacta de diversas maneras en la regulación legal de esta prueba. Tal vez si la más significativa es que el sistema pericial se flexibiliza por completo. Para el nuevo sistema cualquier persona que esté en condiciones de acreditar experiencia o conocimientos relevantes y especializados en una determinada ciencia, arte u oficio puede ser presentada por las partes con la intención que sean itidas. Por otro lado, en lo que respecta a la regulación normativa, tenemos que el artículo 172, numeral 1) del P 2004, señala que la pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Ello significa que el primer principio que descansa la prueba pericial en el nuevo texto adjetivo es el de necesidad del conocimiento experto. Se trata de un principio que surge como consecuencia natural de la lógica y función que cumple la prueba pericial en los procesos judiciales y, por lo mismo, es solo exigible para este tipo en particular de prueba. La necesidad de conocimiento experto se refiere a que la contribución central del perito en el juicio será ayudar al Tribunal a decidir algo que está fuera del ámbito de su experiencia, sus conocimientos o su capacidad de comprensión. Desde este punto de vista, la presentación de un perito a

(58) En esta misma línea Granados sostiene para el caso de la reforma procesal penal colombiana que “...la concepción en un sistema acusatorio de que el perito es de las partes y no de la curia...”. Cfr. GRANADOS, Jaime. “La prueba pericial y la prueba novel en el marco del nuevo proceso penal en colombia”. En: Revista de Derecho Penal Contemporáneo, Nº 11, abril-junio, Bogotá, 2005, p. 78.

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juicio solo se justifica cuando el juzgador por sí solo no estaría en condiciones de apreciar un hecho o circunstancia del caso, ya sea debido a que se encuentra fuera de la experiencia común, fuera de su conocimiento o no es susceptible de ser comprendido con claridad sin la ayuda de un especialista. Por el contrario, si el juzgador está en condiciones de comprender un hecho, hacer juicios, sacar inferencias o arribar a conclusiones sin que deba para ello escuchar previamente a un experto, estamos en un caso de falta de necesidad y en donde debiera ser declarada inisible este tipo de prueba (prueba superflua o redundante). Asimismo, el artículo 173, numeral 1) del P 2004, indica que se escogerá especialistas donde los hubiere y, entre estos, a quienes se hallen sirviendo al Estado, los que colaborarán con el sistema de justicia penal gratuitamente. En su defecto, lo hará entre los designados o inscritos, según las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este dispositivo consagra el principio de idoneidad del perito. Este principio está constituido por la necesidad de acreditar que quien se presenta como experto sea tal. Se trata también de un requisito que resulta bastante obvio. Si el sistema permite presentar expertos que están en condiciones de colaborar con las decisiones judiciales a través de sus conclusiones u opiniones, lo lógico resulta que exista un mínimo filtro previo que permita verificar si se trata de una persona idónea, es decir, alguien calificado en la ciencia, arte u oficio sobre la cual prestará declaración en juicio. Para ello se requiere que la idoneidad del perito debe ser acreditada en el área de experticia en el que se pretende declare; es decir, debe tratarse de una idoneidad relevante para los efectos de su aporte en el caso. Así, por ejemplo, si pretendo incorporar a juicio la opinión de un experto con formación en química, el objetivo de su declaración en juicio debe permanecer centrado a esa área y no ampliarse a aspectos psicológicos del comportamiento de la persona que visitó su laboratorio para la toma de las muestras respectivas. Si lo acredito como químico solo puede declarar en el área de su experticia. En este sentido, el hecho de acreditar a alguien como un “experto” no lo habilita para hablar de cualquier tema. Por otro lado, el artículo 362, numeral 5), letra b) del P 2004, aunque señala una regla general para la isión de medios probatorios, acota que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En ese sentido, estamos ante el principio el de pertinencia o relevancia 98


de la prueba pericial. Como se indicó, se trata de un requisito de isibilidad común establecido para todo tipo de prueba en el nuevo Código. Cabe señalar que la pertinencia de una prueba también suele ser conocida como la relevancia de esta, por eso se emplea ambos términos en forma indistinta. La pertinencia o relevancia de una prueba se puede determinar en varios niveles de análisis. En el nivel más simple y sencillo, el que podríamos denominar como “relevancia lógica” de la prueba, se entiende que ella será pertinente en la medida en que exista vinculación del contenido de dicha prueba con los hechos a debatir en juicio. Así, Bofill ha indicado que una prueba carece de pertinencia cuando “... no es conducente o concerniente a los hechos materia de la acusación o defensa”(59). Como se puede apreciar, en este primer nivel de análisis, el factor central que determinará la relevancia de una prueba tiene que ver con su potencialidad para probar hechos que van a ser objeto de debate en el juicio, sin importar cuán razonables sean o no esos hechos, cuestión que será objeto de evaluación final por parte del juzgador al momento de decidir el caso. Asimismo, se puede identificar un segundo nivel mucho más sofisticado de análisis que podría llevar a limitar muy fuertemente la procedencia de prueba en nuestro país. Así, a este nivel se le conoce como “relevancia legal”. La relevancia legal tiene que ver centralmente con un análisis de costo y beneficio en el que el juez debe pesar los aspectos favorables que la introducción de dicha prueba puede producir en juicio en contra de los potenciales perjuicios que pudiera generar su incorporación a este. Este análisis de costo beneficio tiene por objetivo determinar si el valor probatorio potencial de la evidencia es superado por el “prejuicio” que esta crea o por los “costos” que produce. En consecuencia, el juez, al itir una prueba a juicio, no solo debe mirar el vínculo lógico de la prueba concreta con los hechos a debatir, sino que, además, debe balancear el aporte de dicha prueba a la solución del caso en comparación con diversos perjuicios que podría generar para la resolución de este o el funcionamiento general del sistema.

(59) Cfr. BOFILL, Jorge. “Preparación del juicio oral”. En: Revista Chilena de Derecho, Vol. 29, Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002, p. 274.

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Finalmente, el artículo 378 del P 2004, ha establecido ciertas reglas a la hora de examinar al perito durante el juicio oral. Estas reglas son: a) El examen de los peritos se inicia con la exposición breve del contenido y conclusiones del dictamen pericial. Si es necesario se ordenará la lectura del dictamen pericial. Luego se exhibirá y se les preguntará si corresponde al que han emitido, si ha sufrido alguna alteración y si es su firma la que aparece al final del dictamen. A continuación se les pedirá expliquen las operaciones periciales que han realizado, y serán interrogados por las partes en el orden que establezca el juez, comenzando por quien propuso la prueba y luego los restantes. b) Si un perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se puede constatar o superar de otra manera. c) Los peritos podrán consultar documentos, notas escritas y publicaciones durante su interrogatorio. En caso sea necesario se realizará un debate pericial, para lo cual se ordenará la lectura de los dictámenes periciales o informes científicos o técnicos que se estimen convenientes. d) Durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. e) Los peritos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de su conocimiento. f) A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los peritos que ya hubieran declarado en la audiencia. Todas estas reglas ya no apuntan a la isibilidad de la prueba pericial –la cual sí se desprendía de los principios antes comentados y que se 100


resolvía durante la audiencia preliminar o control de acusación, cuando el juez de la investigación preparatoria decidía qué pruebas se itían a juicio oral y cuales no–; por el contrario, se refiere a la credibilidad tanto del perito como de su informe que se establece en el juicio oral, a través de las cinco modalidades de interrogatorio: – Examen directo. – Contraexamen. – Reexamen. – Recontraexamen. – Interrogatorio del juez. • Base legal: Artículos 378 al 381, Código Procesal Penal de 2004.

23. ¿Cómo se realiza el examen directo de peritos en el P 2004? El examen directo de peritos queda sometido a las reglas y recomendaciones dadas para el examen (directo) de testigos. Sin embargo, y tomando en cuenta el artículo 378 del P 2004, hay ciertas peculiaridades que se deben de indicar. En primer lugar, a diferencia del examen de testigos, el de peritos empieza con la exposición y contenido del informe pericial. Luego, solo a partir de este informe, el perito se somete a las preguntas tanto del examen, y como veremos luego, del contraexamen. En segundo lugar, y de acuerdo con el principio de idoneidad del perito que se mencionó en la pregunta anterior, las primeras preguntas del examen directo deben giran en torno a establecer la experticia del perito, que legitime su declaración. Es decir, debe acreditarse al perito como una fuente de información confiable; ya sea apuntando al grado de conocimientos que posee, o bien, en su experiencia. En el primer caso, las preguntas deben dirigirse hacia elementos como sus estudios, su maestría o

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doctorado, sus publicaciones e investigaciones, etc. En el segundo caso, las preguntas se dirigirán a las actividades que ha desempeñado, durante años, a la cantidad de ocasiones en que ha participado en situaciones como las que son materia de prueba, etc. En tercer lugar, a la hora de obtener la declaración del perito en el juicio, no se debe de emplear preguntas orientadas en forma cronológica, por la sencilla razón que, el perito no ha sido testigo presencial de los hechos. Por el contrario, debe estructurarse el examen directo de peritos en forma temática; es decir, tendiente a cubrir las distintas conclusiones y los procedimientos llevados adelante para arribar a estas. En cuarto lugar, el examinador debe tener presente que, a la hora que el perito está respondiendo a las preguntas, va utilizar un lenguaje técnico, según su experticia (grado de conocimiento y experiencia); por lo que, el desafío está en hacer que este experto pueda explicar lo mismo en términos que sean claros para todos. A continuación, señalamos un ejemplo brindado por Baytelman y Duce:(60) P: Doctor Martínez, usted nos acaba de decir que le fueron entregadas dos muestras, una recogida del auto del acusado y otra de la alfombra de la víctima. ¿Qué exámenes practicó sobre ellas? R: Bueno, se practicó la prueba Diocipren 19. P: ¿En qué consiste esa prueba? R: Consiste en el análisis químico de las muestras en que se les aplica sulfatos nitríticos, a fin de determinar su idoneidad biológica. P: ¿Qué significa esto de que le “apliquen sulfatos nitríticos”? R: Bueno, en palabras simples, se trata de un químico que se vierte en la muestra, que produce una reacción que permite identificar la composición química de esos elementos.


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P: ¿Y a qué se refiere cuando dice “idoneidad biológica”? R: Es el término técnico que ocupamos para decir que dos muestras distintas corresponden a esta identidad física. P: Si entiendo bien, doctor, eso quiere decir que si hay idoneidad biológica en dos muestras, ¿ellas corresponden a un mismo cuerpo? R: Exactamente, es eso lo que quiere decir idoneidad biológica. P: Doctor quisiera que ahora… Se debe tener presente que la rimbombancia de palabras técnicas pueda no significar nada ante los oídos del juzgador. En quinto lugar, se debe tener presente que de la declaración de peritos, a diferencia de los testigos legos, se busca obtener opiniones y conclusiones, y a ello deben de orientarse las preguntas, desde las abiertas, pasando por las de transición y terminando por las cerradas.

Jurisprudencia “La fiscalía presentó a los siguientes peritos: a) Rossana Echeverria Vargas, Médico Siquiatra Legista, quien emitió el informe siquiátrico N° 059-2001 correspondiente al examen practicado al acusado el 06 de marzo último, cuyo diagnóstico afirma que él es poliadicto y con una personalidad con rasgo disocial. Concluye que es un adulto con capacidad intelectual normal promedio, interferida por síndrome de de privación y el consumo crónico de droga, no se evidencian alteraciones sicopatológicas o siquiátricas que lo incapaciten para comprender la naturaleza de sus actos. Agrega que el evaluado impresiona poli adicto, sin embargo, eso no excluye que también sea un narcotraficante, lo cual concuerda, aun más, a su estructura de personalidad, al tener que recurrir a actos ilícitos para financiar su autoconsumo. Agregó, en relación con el síndrome de abstinencia de

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cannabis sativa, que él se manifiesta en forme leve, menos aparatosa y es de bastante poca magnitud, la persona se aprecia ansiosa, aburrida, síntomas que se diluyen después de cuatro semanas. b) Ethel Guerrero Rosen. Químico Forense del Servicio Médico Legal, Jefa de la Unidad Instrumental de Toxicología, quien emitió el informe N° T-414 al 416-01, de 5 de febrero pasado, en base a las muestras de orina, sangre y pelo tomadas al acusado, concluyendo después de efectuada la pericia, que el examen químico toxicológico ha revelado que en la orina se encontró presencia de metabolitos de marihuana; que en los cabellos que corresponden a los últimos tres meses anteriores a la toma de muestra no se encontró cocaína ni marihuana en cantidades detectables por las técnicas empleadas, mientras que en la sangre no se realizó análisis por no ser esta la muestra recomendada para el examen de adicción de drogas. Manifestó que el examen negativo de abuso de droga, en el pelo, no excluye consumo. Al ser interrogada en la audiencia, explicó que la detección de droga en el pelo permite establecer un consumo habitual, en cambio si solo se detecta en la orina se trata de un consumo esporádico de droga. c) Ricardo Ernesto García Silva, funcionario de la Policía de Investigaciones, quien emitió el informe pericial planimétrico (O) N° 04/2000, ingresado como evidencia documental, el cual ilustra respecto del inmueble ubicado en calle Isla Solar N° 1740, Población Santa Lucía, de esta ciudad, que indica la posición de la habitación del inculpado al interior de la propiedad aludida y, la ubicación de las diferentes especies incautadas señalándolas con número determinado, fijando nueve evidencias que describe. d) José Patricio Soto Contreras, perito de balística y armamentos del Laboratorio de la Policía de Investigaciones, quien efectuó el estudio pericial del revólver incautado marca Astra, calibre 38, serie R 289278, emitiendo el informe N° 2 de 8 de enero de 2001, estableciendo que el revólver examinado se encuentra apto como arma de fuego, lo que se determinó después de una prueba de funcionamiento. e) Eric Carlos Contreras Morales, Subcomisario, perito y jefe del Departamento de Apoyo Técnico de la Brigada Antinarcóticos de la policía de Investigaciones de Temuco, quien hizo un análisis de la memoria del teléfono celular N° 09-6605671 –presentado como evidencia material por la fiscalía– estableciendo las últimas 10

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llamadas efectuadas, recibidas y perdidas; y concluyó que se trata de un aparato de prepago, por lo que no resulta posible establecer propiedad; presentó un cuadro de frecuencia de llamadas a diferentes números, tanto emitidas como recibidas, hizo un diagrama de os telefónicos efectuado mediante el aparato indicado, agregando al ser interrogado, que a raíz de este análisis se encuentran cinco personas detenidas. f) Jaime Luis Inostroza Sarmiento, Jefe del Servicio de Laboratorio del Hospital Regional de Temuco, Químico Farmacéutico, quien evacuó el análisis A-153/00 de 29 de diciembre de 2000, y refirió haber recibido tres muestras de hierba de 0,50 grs. cada una, signadas con los Nº 3, 9 y 10, arrojando la primera y la última, al examen farmacognósico, la presencia de sumidades de cannabis sativa (cáñamo indico) (sic) y, al examen químico, la presencia de principios activos de cannabis sativa (cáñamo Indico). La muestra N°9, restante, dio resultado negativo a ambos exámenes. En la audiencia, indicó que respecto a las muestras positivas se recibieron 238,61 grs. netos de cannabis sativa y 3,36 grs. Netos, respectivamente. En relación a la acción del cannabis en el organismo, dice que tiene efectos nocivos a nivel cardiaco, por cuanto aumenta las pulsaciones a 160 por minuto, produce relajación o lentificación muscular esquelética (se caen los párpados), se pierde la causalidad tiempo – espacio, la capacidad funcional motora se enlentece y se pierde la facultad de conducir por cuanto se bloquea el sistema nervioso central. Terminó señalando que el fumar dos a tres cigarrillos de marihuana diarios representa un consumo habitual y, más de 10 cigarrillos diarios es crónico. Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco (Chile), RUC: 0000000199-6 R.I.T.: 013/2001, considerando sexto.

• Base legal: Artículo 378 numeral 7), Código Procesal Penal de 2004.

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24. ¿Cómo se realiza el contraexamen de peritos en el P 2004? Como en el caso del contraexamen de testigos, lo que se busca aquí es restar credibilidad a lo informado por el perito de la parte adversaria; sin embargo, ello importa adentrarse a los conocimientos especializados de este, a fin de poder dirigir el contraexamen. Ello supondrá en muchas ocasiones la necesidad de estudiar aspectos de la disciplina del experto o asesorarse por otro experto de esta disciplina que pueda orientar el trabajo en el contraexamen, revisar aquello que el perito ha escrito sobre el tema, etc.; por ende es una actividad compleja y complicada. A continuación se sugieren las siguientes líneas de contraexamen de peritos: – Que el perito no tiene las calificaciones o experiencia que se habían sugerido en el examen directo. Ejemplo, el perito, que ha realizado el examen físico de la víctima de un robo, ha sido examinado, también, por el estado psicológico de esta, cuando ello pertenece a una disciplina científica distinta. – Que el perito no es fiel a su ciencia, dado que las conclusiones que obtiene contravienen aspectos consensuados en su disciplina; es decir, no ha empleado los procedimientos acreditados y considerados idóneos en su área para obtener conclusiones. Jurisprudencia “De otra manera se desestima la prueba científica, solo en el sentido que no es vinculante como evidencia respecto de imputado González Rodríguez puesto que no fue adecuadamente obtenida del sitio del suceso, en su origen, con su resguardo de conservación o custodia, para afirmar necesariamente que le pertenecían al enjuiciado Cristian González”. Segunda Sala del tribunal de Juicio Oral en lo penal de Copiapó (Chile). RUC: 0700681328-8, RIT 45-2008, considerando décimo tercero.

• Base legal: Artículo 378 numeral 8), Código Procesal Penal de 2004.

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25. ¿Cómo se realiza el reexamen de peritos en el P 2004? Aquí también se presenta esta lógica que el reexamen de testigos; es decir, terminado el contraexamen, la parte que propuso al perito puede solicitar un nuevo interrogatorio a este, con la finalidad de rehabilitar su credibilidad afectado por el contraexamen. Igualmente, debe estructurarse en forma temática y dirigirse a las áreas cubiertas por el contraexamen. • Base legal: Artículo 378 numeral 10), Código Procesal Penal de 2004.

26. ¿Cómo se realiza el recontraexamen de peritos en el P 2004? Igualmente, al término del reexamen, la parte contraria puede solicitar un nuevo interrogatorio al perito, a fin de demostrar, bien la ligereza de las explicaciones dadas por el perito durante el reexamen, con respecta a la credibilidad de su declaración; o bien, lograr que el perito se reafirme en las inconsistencias detectadas durante el contraexamen. • Base legal: Artículo 378 numeral 10), Código Procesal Penal de 2004.

27. ¿Cómo se realiza el interrogatorio de peritos por el juez en el P 2004? Al igual que en el interrogatorio de testigos, solo el juez puede examinar al perito en forma excepcional y para tocar algún tema no tratado durante el examen directo, contraexamen, reexamen o en el recontraexamen. • Base legal: Artículo 375 numeral 4), Código Procesal Penal de 2004.

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28. ¿Cómo se realiza el examen de la parte civil en el C de PP 1940? Según el artículo 260 del C de PP 1940, modificado por el Decreto Legislativo Nº 983, hay dos formas para realizar el examen de la parte civil: a) Cuando se haya establecido como obligatoria su concurrencia y declaración en el juicio. En ese sentido, será examinada por las partes, después del examen al acusado y antes de los testigos. b) Cuando la parte civil ha concurrido al juicio por su propia voluntad, el fiscal o el acusado pueden solicitar su examen, o bien, ser declarado, de oficio, por la Sala penal. Si es así, el interrogatorio se hará antes de la acusación. • Base legal: Artículo 260, Código de Procedimientos Penales de 1940.

29. ¿Cómo se realiza el examen de la parte civil en el P 2004? La parte civil, y en sí mismo, la víctima, es considerada como testigo, dado que sobre esta recayó la conducta delictuosa que se le imputa al acusado. Frente a ello, se aplican todas las modalidades de interrogatorio señaladas para los testigos. • Base legal: Artículos 378 al 381, Código Procesal Penal de 2004.

30. ¿Cómo se realiza el examen de la prueba documental en el C de PP 1940? Como se sabe, la información puede provenir también de otras fuentes probatorias, tales como documentos; entendidos como cualquier soporte material (escrito, audífono, visual, etc.), que contiene un dato o información relacionado con los hechos materia de proceso. Al respecto, el artículo 262 del C de PP 1940, modificado por el Decreto Legislativo Nº 959, ha establecido cómo se actúan y valoran la información recogida en documentos o actas: 108


1. Terminados los interrogatorios de los testigos y el examen de los peritos, se procederá a oralizar la prueba instrumental. La oralización comprende la lectura o, en su caso, que se escuche o vea la parte pertinente del documento o acta. 2. La oralización se iniciará, por su orden, a pedido del fiscal y de los defensores de la parte civil, del tercero civil, y del acusado. Quien pida la oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil. Si los documentos o informes fueren muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura íntegra, ordenándose de ser el caso su lectura parcial. 3. Las tachas solo pueden formularse contra las pruebas instrumentales presentadas en el juicio oral y serán resueltas en la sentencia. Los cuestionamientos referentes a otras pruebas serán consideradas como argumentos de defensa. 4. Tratándose de fotografías, radiografías, documentos electrónicos en general y de cintas magnetofónicas, de audio o videos, deberán ser reconocidos por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, señal u otro medio, y actuados en la audiencia, salvo que la diligencia respectiva, con su transcripción, se haya verificado en la etapa de instrucción con asistencia de las partes y su contenido no hubiera sido tachado o cuestionado oportunamente. En caso contrario, podrán ser reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual. Si son muy extensos, se procederá a su reproducción parcial. 5. Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, la Sala concederá la palabra por breve término a las partes, empezando por quien la solicitó, para que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. jurisprudencia “(…) la prueba documental, corroborada por la declaración del jefe de la Agencia del Banco de la Nación, acredita la realidad de los depósitos (…)”. Sala penal Permanente, R.N. 568-2003 Santa, considerando cuarto.

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• Base legal: Artículo 260, Código de Procedimientos Penales de 1940.

31. ¿Cómo se realiza el examen de la prueba documental en el P 2004? En principio, el del P 2004, diferencia, por un lado, la prueba material, y por otro lado, la prueba documental. La primera recae en todo tipo de objeto relacionado con los hechos materia de delito (Ej.: el arma homicida), el cual debe ser exhibido y examinado por las partes. La segunda recae en escritos, grabaciones, audiovisuales, computacionales y similares, en los que consta información relevante acerca del caso, los cuales, deben ser leídos o reproducidos por cualquier medio idóneo para su percepción en el juicio, con indicación de su origen. En ese sentido, en lo referente a la prueba material, el artículo 382 del P 2004, modificado por el Decreto Legislativo Nº 983, indica que los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio, siempre que sea materialmente posible, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes. La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella. Al respecto, se sugieren la observancia de los siguientes pasos: a) Elegir un testigo o perito idóneo para reconocer el objeto; pudiendo ser el propio acusado. Al decir idóneo, se refiere a que pueda reconocer el objeto y dar razones que hagan verosímil dicho reconocimiento. Ejemplo: el policía que recogió el arma en el sitio del suceso. b) Exhibir el objeto al testigo, perito o acusado, preguntándole si lo reconoce. Para ello, se requiere de un sistema de marcación de objetos; por ejemplo, le voy a mostrar lo que ha sido previamente marcado como el objeto número 1 de la parte que represento (fiscalía o defensa). ¿Lo reconoce? Si el sistema de marcación de objetos evitará que se formulen preguntas sugestivas que sean 110


materia de objeción de la contraparte; ejemplo: Examinador: ¿Reconoce este cuchillo encontrado en la escena del crimen? Contraparte: Objeción, pregunta sugestiva, del testigo debe salir la información del lugar y uso del objeto que se le muestra. c) Pedir al testigo, perito o acusado, razones de su reconocimiento. Esto es ideal cuando se examinan a policías o peritos de la fiscalía que han recogido, cuidado y, si fue el caso, examinado el objeto materia de reconocimiento, a través de la denominada cadena de custodia, consistente en el procedimiento a seguir para con los objetos recogidos o incautados, a fin que sean marcados o rotulados de cierta manera que los vincula al caso, exigiendo además algún tipo de constancia de quienes los han manipulado en cada eslabón de la cadena, hasta su presentación en juicio.

Al respecto, el artículo 220, numeral 5) del P 2004 ha señalado que la fiscalía de la Nación, a fin de garantizar la autenticidad de lo incautado, dictará el Reglamento correspondiente a fin de normar el diseño y control de la cadena de custodia, así como el procedimiento de seguridad y conservación de los bienes incautados.

d) Ofrecer el objeto en la prueba. La petición es realizada a quien está dirigiendo el juicio oral, quien deberá preguntar por objeciones de las demás partes. Si no hay objeción o ellas son rechazadas, el objeto se declara ingresado en la prueba, y puede ser utilizado de ahí en adelante por todos los involucrados, tanto en el resto de presentación de la prueba como en los alegatos, y no requiere ser reconocido nuevamente. e) Utilizar el objeto; es decir, insertar el objeto en el relato o caso que se está presentando en el juicio oral. Para graficar estos pasos, una vez más, tomaremos como referencia un ejemplo dado por Baytelman y Duce: (61)


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Primer paso: elegir un testigo o perito idóneo para reconocer el objeto; pudiendo ser el propio acusado. Fiscal: Policía Torres, una vez que detuvo al sospechoso, ¿lo registró? Policía: Sí señor. Fiscal: ¿Produjo ese registro algún resultado? Policía: Sí, encontré un revólver en el bolsillo del sospechoso. (Obsérvese, se está ante un examen directo a un testigo. En ese sentido, el testigo elegido por la fiscalía es el policía que registró al sospechoso del delito materia de juicio. Obviamente, la importancia de su declaración no gira en torno a establecer si vio al acusado realizar el delito en agravio de la víctima –si también presenció ello, estaríamos ante un importante testigo–; por el contrario, su utilidad consiste en insertar una información al juicio: existe un objeto, esto es, el arma por el cual se realizó el homicidio materia de juicio. Esta información lo va establecer la propia persona que registró y lo incautó en la persona del acusado). Segundo paso: exhibir el objeto al testigo, perito o acusado, preguntándole si lo reconoce. Fiscal: (Tomando el arma, que se encuentra en su poder en una bolsa) Policía Torres, le voy a mostrar lo que ha sido marcado como el objeto número 12 de la fiscalía. Policía: Sí, señor, es el revólver que portaba el sospechoso ese día. (Aquí, el fiscal a través de su pregunta no sugirió que era el arma que el policía encontró e incautó, dado que, si hubiese formulado una pregunta sugestiva en el examen directo que está realizando a su testigo, sería materia de objeción por la contraparte. Se debe recordar que la primera mención de la información lo tiene que hacer el examinado).

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Tercer paso: pedir al testigo, perito o acusado, razones de su reconocimiento. Fiscal: ¿Y cómo sabe usted que se trata del mismo revólver? Policía: Bueno, en primer lugar porque se trata de un revólver marca Colt, calibre 38, color café, con cacha de madera de color café claro, lo cual coincide con el arma del acusado. Además, una vez que lo encontré puse un autoadhesivo en el marco del gatillo, donde dejé marcadas mis iniciales y un código que relaciona el arma con el caso que se vincula. Fiscal: ¿Es ese el procedimiento normal? Policía: Sí señor, así no confundimos las pruebas de cada caso. Fiscal: ¿Qué hizo con el arma? Policía: La puse en la bolsa plástica de evidencia y la sellé. Fiscal: ¿Para qué hizo eso? Policía: Bueno, eso también es un procedimiento normal. De esta manera me aseguro de que nadie toque el arma o cualquier otra pieza de evidencia hasta que esta llegue a nuestro laboratorio. De este modo, nadie puede alterar la prueba y solo yo soy responsable por ella, al menos hasta que la entrego al laboratorio. (Nótese, como utilizando la “cadena de custodia”, el examinado da las razones que permitan la credibilidad del objeto materia de reconocimiento. En ese sentido, la importancia en preparar a las fuerzas policiales en este tema. Por otro lado, también obsérvese el empleo de preguntas cerradas, y no sugestivas, comentadas en el punto referido al examen directo de testigos). Cuarto paso: ofrecer el objeto en la prueba. Fiscal: Su señoría, quiero ingresar el objeto número 12 del Ministerio Público en la prueba.

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Presidente: ¿Señor defensor? Defensa: No hay objeción, señor presidente. Presidente: Marcada como la prueba número 8 de la fiscalía. (Obsérvese, que un asunto es la enumeración que cada una de las partes da a sus objetos, en espera, que sean itidas al juicio como pruebas; y otro es la enumeración del juzgador, la cual va en función de las pruebas que ya han sido itidas a juicio). Quinto paso: utilizar el objeto Fiscal: Policía Torres, ¿podría mostrarle al juzgador dónde exactamente llevaba el revólver el sospechoso? (Nótese, que una vez que ha sido reconocido e ingresado el objeto, como prueba, al juicio, se pueden hacer todas aquellas preguntas que lo vinculen con el acusado; antes no, serían materia de objeción: la falta de acreditación del objeto. En ese sentido, se rompe aquella lógica que afirmaba que: todos los objetos que presente el fiscal deben ser considerados como pruebas, porque el fiscal no va a mentir en cuanto al origen y procedencia de estos. En el nuevo juicio oral, esa lógica de la confianza a ciegas, se ve sustituida por la LÓGICA DE LA DESCONFIANZA, dado que el fiscal es una parte más en el proceso, y debe de acreditar todos los objetos que muestre a juicio; capaz la policía ha sembrado, el arma, la droga u otro objeto delictivo; capaz el fiscal en su desesperación de probar el caso, se ha traído el cuchillo de su cocina; mil y una hipótesis pueden darse sobre el origen de los objetos. Por eso la necesidad de su acreditación a través de un testigo o perito idóneo, incluso a través del propio acusado, con los pasos antes señalados). Sin embargo, y tomando en cuenta el artículo 382 del P 2004, ello no significa, que la contraparte no realice un contraexamen al testigo o perito, cuyo testimonio permitió el ingreso a juicio del concreto objeto. Ello, no con la finalidad que se revise la decisión de isibilidad de la prueba; sino para restar credibilidad (peso) a lo que está declarando el testigo o perito. Recuérdese que un asunto es la isibilidad de la 114


prueba, y otro muy diferente su valor o falta de inconsistencias. Por ejemplo, el contraexamen buscaría establecer: 1) afectar la credibilidad del policía como persona (si ha tenido algún tipo de sanción por manipulación de las evidencias); 2) afectar la credibilidad de su testimonio (cuestionar la validez del procedimiento de cadena de custodia que empleó; si hubo una tercera persona que corrobore lo que dice, etc.). En otras palabras, a pesar de que el arma ha sido itida a juicio, no significa que con un buen contraexamen se reste credibilidad a la forma de actuar del policía, claro está, según el ejemplo dado. Por otro lado, está la prueba documental. Al respecto, el artículo 383 numeral 1) del P 2004, señala que solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: a) Las actas conteniendo la prueba anticipada; b) La denuncia, la prueba documental o de informes y las certificaciones y constataciones; c) Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes. También se darán lectura a los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe; d) Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leídas las declaraciones prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se den las condiciones previstas en el caso anterior; y, e) Las actas levantadas por la policía, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria que contienen diligencias objetivas e irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en el Código o la Ley, tales como las actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo, incautación y allanamiento, entre otras. En ese sentido, debe señalarse que ningún objeto o documento ingresa a juicio sin previa acreditación a través del examen a una fuente de prueba: acusado, testigo o perito. No basta con decir, que no asistió al juicio, pero se tiene su declaración previa, a fin que se proceda a su lectura y su posterior valoración por parte del juzgador. Ello, en la lógica del P 2004, no se da más. Si la fuente de prueba no viene a declarar en el juicio, no tendrán valor probatorio sus otras declaraciones previas.

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Sin embargo, del listado que nos brinda el artículo 383 numeral 1) del P 2004, se aprecia tres excepciones a lo señalado en el párrafo anterior; es decir, se podrá leer un documento, sin presencia de una fuente de prueba a ser examinada –a fin que acredite el origen de este–, cuando: a) No pueden estar presente los autores del mismo por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero, porque fue realizada la toma de su declaración, vía exhorto, o, simplemente, por causas independientes de la voluntad de las partes. Estos informes o declaraciones se actúan a través de la lectura del acta que la transcribe, para su posterior valoración por parte del juzgador. b) Porque son actos que si bien fueron realizados durante la investigación preparatoria, ya ingresaron al proceso como prueba anticipada; no requiriéndose un reexamen de isión en el juicio oral; solo su actuación, a través de la lectura del acta que la transcribe, y su posterior valoración por parte del juzgador. c) Porque son actos, que si bien fueron realizadas durante las diligencias preliminares de investigación, sin estar formalizada la investigación preparatoria, tienen el valor de prueba preconstituida, al ser diligencias objetivas e irreproducibles, actuadas conforme a lo previsto en las normas legales. Basta su actuación, a través de la lectura del acta que la transcribe, y su posterior valoración por parte del juzgador. Una vez, establecido la presencia de algunas de estas excepciones, se debe observar el siguiente trámite para su lectura u oralización: 1. La oralización tendrá lugar cuando, indistintamente, lo pida el fiscal o los defensores. La oralización se realizará por su orden, iniciándola el fiscal, continuándola el abogado del actor civil y del tercero civil, y culminando el abogado del acusado. Quien pida oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil. 2. Cuando los documentos o informes fueren muy voluminosos, se podrá prescindir de su lectura íntegra. De igual manera, se podrá 116


prescindir de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u ordenándose su lectura o reproducción parcial. 3. Los registros de imágenes, sonidos o en soporte informático podrán ser reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual. 4. Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, el juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, si consideran necesario, expliquen aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. Por otro lado, según el artículo 383, numeral 2) del P 2004, todo otro documento o acta que pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá ningún valor. Ello significa que si se pretende ingresar a juicio, algún otro documento, fuera de las excepciones señaladas ut supra, deberá seguir los mismos cinco pasos señalados para la acreditación de los objetos. Jurisprudencia “(…) la prueba documental, corroborada por la declaración del jefe de la Agencia del Banco de la Nación, acredita la realidad de los depósitos…”. Sala penal Permanente, R. N. 568-2003 Santa, considerando cuarto. “Que la fiscalía aportó la prueba documental consistente en: 1) Informe técnico de análisis del teléfono celular N° 09-6605671; 2) Informe pericial fotográfico Nº 4 con un set de 28 fotografías que ilustran el sitio del suceso y las especies incautadas; 3) Informe pericial planimétrico N° 4/2000 que fijó el sitio del suceso; 4) informe pericial químico Nº 02/2000que detalla el peso bruto de la droga decomisada; 5) Informe pericial balístico del revolver incautado; 6) Acta Nº 153/00, de recepción de cannabis sativa que establece el peso bruto y neto de la droga recibida por el Servicio de Salud Araucanía Sur; 7) Reservado N° 057 que contiene acta de destrucción de la droga recepcionada; 8) Reservado N° 034 que contiene

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análisis de la droga incautada e informe de acción del cannabis sativa en el organismo humano; 9) Informe T-414 al 416 sobreexamen de sangre, orina y pelo del acusado; 10) Oficio Nº 26/2001 relacionado con examen toxicológico de pelo y orina en relación al tipo de consumo de droga que este revela; y, 11) Ordinario Nº 37 de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos indicando que no existe información tributaría asociada al acusado. Que la fiscalía, además, presentó la siguiente evidencia material: a) la suma de $240.000. en billetes de $5.000 y $10.000; b) la suma de $349.000, US$ 22, $34 de moneda argentina y un sobre con hojas de papel de arroz marca Smoking; c) un teléfono celular marca Nokia; d) una balanza electrónica de precisión marca P&C Urania; e) una balanza plástica, de tipo mecánico; f) un cuchillo tipo cocinero marca Tramontina; y g) un revólver marca Astra, calibre 38 con cuatro cartuchos y tres vainillas. Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco (Chile), RUC: 0000000199-6 R.I.T.: 013/2001, considerandos sétimo y octavo. “En la señalada plazoleta, con Urquiza Matamala se encontraba el detenido Félix Correa Silva, a quien también se registra e incautándosele dos papelillos del interior de su chaleco. Este tribunal ha reparado, con el relato de estrados de Freddy Sáez Cruces y Urquiza Matamala que, tanto respecto de Cristian González, como de Félix Correa Silva se produce hallazgo de una sustancia, contenida en papelillos, que se le entregan a Urquiza Matamala, como jefe del procedimiento; y que se ha omitido realizar la necesaria cadena de custodia y conservación, con la correspondiente individualización, firma e indicación de fecha, hora, y lugar de la obtención de la evidencia de la sustancia incautada , que asimismo ni mucho menos que se ha cumplido con la necesaria obligación de ser realizada en el sitio del suceso, lo que ha impedido en este caso específico, individualizar a quien le pertenecía o quien de los dos sujetos poseía la sustancia dubitada requisada; no puede entenderse en ningún caso que la cadena de custodia de evidencia se realiza en las gorras policiales”. Segunda Sala del tribunal de Juicio Oral en lo penal de Copiapó (Chile). RUC: 0700681328-8, RIT 45-2008, considerando duodécimo.

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32. ¿Qué es la prueba trasladada? Consiste en que las pruebas itidas y practicadas por el juzgador, podrán ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal. Al respecto, el artículo 261 del C de PP 1940, modificado por el Decreto Legislativo Nº 983, ha establecido que esta figura procede cuando el proceso penal gire entorno a delitos cometidos por organizaciones criminales o bien del ilícito penal de asociación ilícita para delinquir, bajo la observancia de dos requisitos: a) Porque su actuación es de difícil realización, por riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. Es decir, volver a llamar a que declare un testigo clave en torno a una cartel del narcotráfico, puede significar volver a arriesgar la vida del testigo; por lo que, bastará con valorar su testimonio brindado en otro proceso penal, y vinculado con los hechos materia del actual proceso. Sin embargo, se exceptúan de observar este requisito cuando la prueba trasladada consiste en informes periciales, oficiales o prueba documental. b) La sentencia firme que establezca la existencia o forma de actuación de una organización criminal o del delito de asociación ilícita, podrá ser valorada, bajo el criterio de conciencia, en cualquier otro proceso penal. Jurisprudencia “Debe decirse inicialmente que lo que interesa a la Corte respecto de la prueba trasladada frente a la validez en su aducción, no es el proceso de formación en la actuación de origen sino el rito de su traslado y la posibilidad de que una vez incorporada, los sujetos procesales hayan podido conocerla y por ende ejercer el derecho de contradicción”. Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Casación 10827, del 29 de julio de 1998.

• Base legal: Artículo 261, Código de Procedimientos Penales de 1940.

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33. ¿Qué otras pruebas pueden actuarse durante el juicio oral? Según el artículo 385, numeral 1) del P 2004, si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o esta resultara manifiestamente insuficiente, el juzgador, de oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. Asimismo, es inimpugnable la resolución que ordena su realización. • Base legal: Artículo 385, numeral 1), Código Procesal Penal de 2004.

34. ¿Se pueden realizar pruebas de oficio? Según el artículo 385, numerales 2) y 3) del P 2004, el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El juzgador, cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. También es inimpugnable la resolución que ordena la práctica de pruebas de oficio. Jurisprudencia “Constituye un principio procesal que los medios probatorios deban ser ofrecidos por las partes (…) la posibilidad de la actuación de pruebas de oficio solo cuando los demás medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para crear convicción en el juez”. Sala Civil de la Corte Suprema, Casación N° 2601-98 Lima.

• Base legal: Artículo 385, numerales 2) y 3), Código Procesal Penal de 2004.

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35. ¿Cuáles son los incidentes que pueden darse durante el juicio oral según el P 1940? Llámense incidentes, a toda situación jurídica que afecta el normal desenvolvimiento del juicio oral. Así, antes de pasar a la última fase de este, es menester señalar aquellas situaciones que interrumpirían todo lo que, hasta aquí, se viene comentando. Así tenemos: a) Acusación complementaria por nuevos hechos y auto ampliatorio de enjuiciamiento. Según el artículo 263 del C de PP 1940, modificado por el Decreto Legislativo Nº 983, durante el juicio y antes de la acusación oral, el fiscal, mediante un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar esta mediante la inclusión de un hecho nuevo que no haya sido comprendido en la acusación escrita en su oportunidad, que modifique la calificación legal. En tales supuestos, el fiscal deberá advertir, de ser el caso, la variación de la calificación correspondiente. Luego de escuchar a las partes, la Sala penal se pronunciará respecto del auto ampliatorio de enjuiciamiento correspondiente. b) Auto ampliatorio de enjuiciamiento y suspensión del juicio oral para ofrecer nuevas pruebas. Igualmente, el segundo párrafo del artículo 263 del C de PP 1940, modificado por el Decreto Legislativo Nº 983, precisa que, en relación con los nuevos hechos en la acusación complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se les informará a las partes que tienen el derecho de solicitar la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas y preparar la defensa. La suspensión no superará el plazo de cinco días hábiles. c) Solicitud de apertura de instrucción para persona no comprendida en la acusación fiscal. Según el artículo 265 del C de PP 1940, en caso de que los debates arrojen responsabilidad sobre persona no comprendida en la acusación escrita del Ministerio Público, o se descubra otro hecho delictuoso similar, distinto o conexo al que es materia del juzgamiento, el fiscal deberá pedir la apertura de instrucción y la Sala accederá a ese pedido.

Si el fiscal no solicitare la apertura de instrucción, la Sala mandará formar cuaderno aparte con las piezas pertinentes y lo elevará en consulta al fiscal supremo que corresponda. 121


d) Suspensión de la apertura de la audiencia por inconcurrencia. Según el artículo 266 del C de PP 1940, modificado por la Ley Nº 28947, iniciado el juicio oral, la audiencia se realizará en un solo acto hasta la fase de alegatos (se entienden los alegatos iniciales o preliminares que en su oportunidad se ha hecho referencia), de ser necesario se realizarán sesiones consecutivas.

Si a la sesión de la audiencia, realizada hasta antes de los alegatos, dejara de concurrir alguno de los del Tribunal, el fiscal, el acusado, su defensor, esta se suspenderá de inmediato, tomándose las medidas que sean necesarias para su prosecución. De igual manera se procederá, cuando se requiera la presencia del agraviado, testigos o peritos.

Si después de iniciado el juicio oral se produjera la jubilación o cese, renuncia, fallecimiento, licencia o vacaciones no regulares de uno de los integrantes, este será reemplazado por el magistrado llamado por ley, sin interrumpirse el juicio, a condición de que siga interviniendo con los otros dos .

Producido el reemplazo de un miembro del tribunal después de los alegatos, estos se anularán y se reprogramarán, en un plazo máximo de ocho días.

e) Suspensión del juicio oral. Según el artículo 267 del C de PP 1940, modificado por el Decreto Legislativo Nº 983, el juicio oral podrá suspenderse hasta por ocho días hábiles. Cuando el juicio oral importe una especial dificultad en su sustanciación, relacionada con la existencia de una organización criminal de más de diez imputados, la suspensión podrá establecerse hasta por doce días hábiles, en cuyo caso la resolución de suspensión de la sesión de audiencia deberá estar debidamente motivada. No será de cómputo los días de suspensión del despacho por causas de fuerza mayor o por causas imprevistas.

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Cuando la suspensión durase más de estos términos se dejará sin efecto la audiencia realizada, señalándose, a la brevedad posible, día y hora para un nuevo juicio oral.


f) Suspensión por enfermedad. Según los artículos 268 y 269 del C de PP 1940, modificados por la Ley Nº 28947, podrá también suspenderse el juicio oral cuando sobreviniera enfermedad repentina a un miembro del Tribunal, acusado, agraviado, testigo o perito, cuya declaración sea indispensable; la audiencia continuará, previa citación, al día siguiente de cesar ese impedimento, siempre que este no dure más del término señalado en el artículo 267 del C de PP 1940.

Asimismo, vencido el cuarto día de suspensión a que se refiere el artículo 267 del C de PP 1940, si es previsible que el magistrado impedido no pueda incorporarse, será reemplazado, por una sola vez, por el llamado por ley, prosiguiéndose el juicio de acuerdo con su estado.

Si el defensor de un acusado no concurre a la audiencia o una sesión de esta, será sustituido por el que designe el acusado. A falta de esa designación, en la sesión subsiguiente, el Tribunal nombrará al defensor de oficio, mientras continúa la inconcurrencia del defensor titular.

En caso de enfermedad del acusado se suspenderá la prosecución del juicio oral en la forma prevista en el artículo 267 del C de PP 1940. Vencido ese término sin que el acusado se reincorpore, estando probada la causal de enfermedad, y existiendo otros acusados, la audiencia podrá continuar sin la presencia del inasistente, pero con la concurrencia obligatoria de su defensor. Si el juicio llegara al estado de sentencia sin que se haya reincorporado el acusado impedido, el Tribunal mandará reservar el proceso respecto de él, a menos que la sentencia sea absolutoria.

g) Otras cuestiones incidentales. Según el artículo 271 del C de PP, modificado por la Ley Nº 28117, todas las peticiones o cuestiones incidentales que surjan en las audiencias, se plantearán verbalmente. La Sala las resolverá inmediatamente o las aplazará para resolverlas en la sentencia. Los escritos que presenten las partes no serán leídos en ningún caso. Contra las resoluciones que se expidan en el curso del debate sobre

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las cuestiones incidentales no procede recurso alguno, salvo los casos expresamente previstos en la ley. Jurisprudencia “Al respecto, en anterior jurisprudencia (Exp. Nº 1808-2003-HC/ TC), este Tribunal ha hecho referencia al derecho a la prueba, el que está conformado por los principios de inmediación, contradicción y publicidad. De acuerdo con el principio de inmediación, la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera se garantiza que exista un o directo entre el juzgador y los medios de prueba aportados al proceso, que permitirá a este ponderarlos en forma debida y plasmar sus conclusiones en forma suficiente y razonada al momento de emitir sentencia condenatoria. A mayor abundamiento, el artículo 266 del Código de Procedimientos Penales establece, en su último párrafo, que la licencia, jubilación o goce de vacaciones de los de un tribunal no impide a estos participar en la votación de las cuestiones de hecho y de la pena. Esto se debe entender en el sentido de lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que “los vocales tienen la obligación de emitir su voto escrito en todas las causas en cuya vista hayan participado”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 6846-2006-PHC/TC Cuzco, considerandos quinto y sexto. “(…) el actor alega que el juicio oral del proceso por el que fue condenado es nulo, toda vez que entre la audiencia inicial, de fecha 25 de octubre de 2001, y la siguiente, del 8 de noviembre de 2001, transcurrieron nueve días hábiles, contraviniéndose así el artículo 267 del Código de Procedimientos penales, el cual establece que el juicio oral no puede suspenderse por más de ocho días hábiles. Al respecto, se debe tener en cuenta que, entre dichas audiencias, transcurren exactamente ocho días hábiles, cómputo en el cual no se debe contar el día 2 de noviembre de 2001, el mismo que fuera declarado feriado no laborable mediante Decreto Supremo N.° 1152001-PCM”. Sentencia del Tribunal constitucional, Expediente N° 1552-2003-HC/TC Lima, considerando cuarto.

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• Base legal: Artículos 263, 265, 266, 267, 268, 269 y 271, Código de Procedimientos Penales de 1940.

36. ¿Cuáles son los incidentes que pueden darse durante el juicio oral según el P 2004? Por su parte los incidentes regulados en el P 2004, son: a) Inasistencia de un miembro del juzgado penal colegiado que llevará a cabo el juicio oral. Según el artículo 359, numeral 2) del P 2004, cuando el Juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un impedimento, será reemplazado por una sola vez por el juez llamado por ley, sin suspenderse el juicio, a condición de que el reemplazado continúe interviniendo con los otros dos . La licencia, jubilación o goce de vacaciones de los jueces no les impide participar en la deliberación y votación de la sentencia. b) Inasistencia injustificada del defensor del acusado. Según el artículo 359, numeral 5) del P 2004, cuando el defensor del acusado, injustificadamente, se ausente de la audiencia o no concurra a dos sesiones consecutivas o a tres audiencias no consecutivas, sin perjuicio de que, en ambos casos, a la segunda sesión se disponga la intervención de un abogado defensor de oficio, se le excluirá de la defensa. El abogado defensor de oficio continuará en la defensa hasta que el acusado nombre otro defensor. c) Inasistencia injustificada del fiscal. Según el artículo 359, numeral 6) del P 2004, cuando el fiscal, injustificadamente, se ausente de la audiencia o no concurra a dos sesiones consecutivas o a tres sesiones no consecutivas, se le excluirá del juicio y se requerirá al fiscal jerárquicamente superior en grado designe a su reemplazo. d) Inasistencia injustificada del actor civil o del tercero civil. Según el artículo 359, numeral 7) del P 2004, cuando el actor civil o el tercero civil no concurra a la audiencia o a las sucesivas sesiones del juicio, este proseguirá sin su concurrencia, sin perjuicio 125


que puedan ser emplazados a comparecer para declarar. Si la inconcurrencia es del actor civil, se tendrá por abandonada su constitución en parte. e) Continuidad, suspensión e interrupción del juicio. Según el artículo 360 del P 2004, instalada la audiencia, esta seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuere posible realizar el debate en un solo día, este continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión.

La audiencia solo podrá suspenderse: a) Por razones de enfermedad del juez, del fiscal o del imputado o su defensor; b) Por razones de fuerza mayor o caso fortuito; y, c) Cuando el Código Procesal penal lo disponga.

La suspensión del juicio oral no podrá exceder de ocho días hábiles. Superado el impedimento, la audiencia continuará, previa citación por el medio más rápido, al día siguiente, siempre que este no dure más del plazo fijado inicialmente. Cuando la suspensión dure más de ese plazo, se producirá la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio, sin perjuicio de señalarse nueva fecha para su realización.

Entre sesiones, o durante el plazo de suspensión, no podrán realizarse otros juicios, siempre que las características de la nueva causa lo permitan.

f) Expulsión de la sala da audiencia. Según el artículo 364 del P 2004, el poder disciplinario permite al juez mantener el orden y el respeto en la Sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquél que perturbe el desarrollo del juicio, y mandar detener hasta por veinticuatro horas a quien amenace o agreda a los jueces o a cualquiera de las partes, sus abogados y los demás intervinientes en la causa, o impida la continuidad del juzgamiento, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. En el caso que un acusado testigo o perito se retire o aleje de la audiencia sin permiso del juez o del juez presidente, se dispondrá que sea traído a esta por la fuerza pública. 126


El defensor de las partes podrá ser expulsado de la Sala de audiencias, previo apercibimiento. En este caso será reemplazado por el que designe la parte dentro de veinticuatro horas o, en su defecto, por el de oficio.

Cuando la expulsión recaiga sobre el acusado se dictará la decisión apropiada que garantice su derecho de defensa, en atención a las circunstancias del caso. Tan pronto como se autorice la presencia del acusado, se le instruirá sobre el contenido esencial de aquello sobre lo que se haya actuado en su ausencia y se le dará la oportunidad de pronunciarse sobre esas actuaciones.

Cuando se conceda al acusado el derecho de exponer lo que estime conveniente a su defensa, limitará su exposición al tiempo que se le ha fijado. Si no cumple con las limitaciones precedentes se le podrá llamar la atención y requerirlo. En caso de incumplimiento podrá darse por terminada su exposición y, en caso grave, disponer se le desaloje de la Sala de audiencias. En este último supuesto o cuando el acusado se muestre renuente a estar presente en la audiencia, la sentencia podrá leerse no estando presente el acusado, pero con la concurrencia obligatoria de su abogado defensor o el nombrado de oficio, sin perjuicio de notificársele posteriormente.

El poder discrecional permite al juez resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida continuación.

g) Delito en el juicio. Según el artículo 365 del P 2004, si durante el juicio se cometiera un delito perseguible de oficio, el juez penal ordenará levantar un acta con las indicaciones que correspondan y ordenará la detención del presunto culpable, a quien inmediatamente lo pondrá a disposición del fiscal que corresponda, remitiéndosele copia de los antecedentes necesarios, a fin de que proceda conforme a ley. h) Pronunciamiento de las partes ante la posibilidad de una nueva calificación jurídica de los hechos por el juzgador. Según el artículo 374, numeral 1) del P 2004, si en el curso del juicio, 127


antes de la culminación de la actividad probatoria, el juez penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el juez penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el juez penal suspenderá el juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente. i) Acusación complementaria del fiscal, por partir de él la modificación de la calificación legal de los hechos. Según el artículo 374, numeral 2) del P 2004, durante el juicio el fiscal, introduciendo un escrito de acusación complementaria, podrá ampliar esta, mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso, el fiscal deberá advertir la variación de la calificación jurídica.

En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la acusación complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. La suspensión no superará el plazo de cinco días.

j) Otros incidentes. Según el artículo 362 del P 2004, los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente. En su discusión se concederá la palabra a las partes, por el tiempo que fije el juez penal, a fin de que se pronuncien sobre su mérito. Las resoluciones que recaen sobre estos incidentes son recurribles solo en los casos expresamente previstos en el Código Procesal Penal de 2004.

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Jurisprudencia “Al respecto, en anterior jurisprudencia (Exp. Nº 1808-2003-HC/ TC), este Tribunal ha hecho referencia al derecho a la prueba, el que está conformado por los principios de inmediación, contradicción y publicidad. De acuerdo con el principio de inmediación, la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera se garantiza que exista un o directo entre el juzgador y los medios de prueba aportados al proceso, que permitirá a este ponderarlos en forma debida y plasmar sus conclusiones en forma suficiente y razonada al momento de emitir sentencia condenatoria. A mayor abundamiento, el artículo 266 del Código de Procedimientos penales establece, en su último párrafo, que la licencia, jubilación o goce de vacaciones de los de un tribunal no impide a estos participar en la votación de las cuestiones de hecho y de la pena. Esto se debe entender en el sentido de lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que “los vocales tienen la obligación de emitir su voto escrito en todas las causas en cuya vista hayan participado”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 6846-2006-PHC/TC Cuzco, considerandos quinto y sexto. “(…) el actor alega que el juicio oral del proceso por el que fue condenado es nulo, toda vez que entre la audiencia inicial, de fecha 25 de octubre de 2001, y la siguiente, del 8 de noviembre de 2001, transcurrieron nueve días hábiles, contraviniéndose así el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales, el cual establece que el juicio oral no puede suspenderse por más de ocho días hábiles. Al respecto, se debe tener en cuenta que, entre dichas audiencias, transcurren exactamente ocho días hábiles, cómputo en el cual no se debe contar el día 2 de noviembre de 2001, el mismo que fuera declarado feriado no laborable mediante Decreto Supremo N° 115-2001-PCM”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 1552-2003-HC/TC Lima, considerando cuarto.

Base legal: Artículos 359, 360, 362, 364, 365 y 374, Código Procesal Penal de 2004.

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incidentes en el juicio oral en el c de pp 1940 y el p 2004

Incidentes en el juicio oral según el Código de Procedimientos Penales de 1940 – Acusación complementaria por nuevos hechos. – Auto ampliatorio de enjuiciamiento y solicitud de ofrecimiento de nuevas pruebas. – Solicitud de apertura de instrucción para persona no comprendida en la acusación fiscal. – Suspensión de la apertura de la audiencia por inconcurrencia. – Suspensión del juicio oral. – Suspensión por enfermedad.

Incidentes en el juicio oral según el Código Procesal Penal de 2004 – Inasistencia de un miembro del Juzgado penal colegiado que llevará a cabo el juicio oral. – Inasistencia injustificada del defensor del acusado. – Inasistencia injustificada del fiscal. – Inasistencia injustificada del actor civil o del tercero civil. – Suspensión e interrupción del juicio oral. – Expulsión de la Sala de audiencias. – Delito en el juicio oral. – Pronunciamiento de las partes ante la posibilidad de una nueva calificación jurídica de los hechos por el juzgador. – Acusación complementaria del fiscal, por partir de él la modificación de la calificación legal de los hechos.

IV. FASE DE CONCLUSIVA O FINAL DEL JUICIO ORAL 1. ¿Qué es la fase conclusiva o final del juicio oral? Luego de haberse desarrollado la extensa actividad probatoria, es momento para que las partes elaboren sus conclusiones o alegatos finales de todo lo acontecido; todo ello, orientado a convencer al juzgador que su caso es el más verosímil y que el de su contraparte presenta inconsistencias, debilidades o flaquezas. Asimismo, esta etapa del juicio oral también comprende el análisis o deliberación que realiza el juzgador de todo lo ocurrido, a través de un criterio de conciencia razonable, el cual dotará de contenido al pronunciamiento o sentencia que se emita, dándose así por concluido la etapa procesal del juzgamiento.

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Jurisprudencia “Sobre la base de las pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión juegan un destacado papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho –a favor y en contra–, y por tanto, en lo concerniente a la mejor comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses en conflicto. Por consiguiente, de una parte, la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses; y de otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad istrativa o del juez correspondiente como un conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para decir el derecho”. Corte Constitucional de Colombia, Expediente D-4557, 10 de febrero de 2004, considerando tercero.


2. ¿Qué son los alegatos finales? Los alegatos finales o conclusiones son actos procedimentales que entrañan la actividad del Ministerio Público y de la defensa –en casos extremos por el mismo acusado, pues si tiene derecho a defenderse por sí mismo no hay impedimento para que formule conclusiones– con el objeto de fijar la posición de los predichos(62).

(62) Cfr. SAID, Alberto. Los alegatos, Oxford University Press, México D. F., 2004, p. 111.

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Para el Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, García Ramírez(63), las conclusiones en esta materia tienen, al menos, estas connotaciones: – Fijar la posición del Ministerio Público y la defensa. – Las posiciones no son (o no deben ser) fruto de la improvisación, capricho u otro interés subjetivo, sino hijas de lo que ha sucedido en el proceso. – Son un verdadero análisis argumentativo-jurídico. – En ellas se expresan las consecuencias de las propias alegaciones. Jurisprudencia “Los alegatos de conclusión son un mecanismo procedimental que materializa en un momento decisivo el derecho de defensa, el derecho resarcitorio o los intereses de la sociedad, según la calidad del sujeto procesal interviniente. Mediante los alegatos el interesado se hace escuchar, presentando sus opiniones, análisis y argumentos de hecho y de derecho, con apoyo en el acervo probatorio y su percepción sobre lo actuado. Se denominan de conclusión porque se presentan justo antes de que la autoridad acometa la tarea de decidir en sede judicial o istrativa”. Corte Constitucional de Colombia, Expediente D-4557, 10 de febrero de 2004, intervenciones.

• Base legal: Artículos 272 al 291 Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 386 al 403 Código Procesal Penal de 2004.

(63) Cfr. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y ADATO, Victoria. Prontuario de Derecho Procesal Penal mexicano, Editorial Porrúa, México D.F., 1991, p. 442.

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3. ¿Cuáles son los objetivos de los alegatos finales? El principal objetivo es convencer al juzgador de que las proposiciones fácticas de la parte que está alegando son exactas. Un segundo objetivo, es el de formular razones en el sentido de que la exactitud de las proposiciones fácticas concuerda con las consideraciones de la justicia. Sin duda, la parte de un argumento referida a la “promoción de la justicia” debe estar vinculada con la evidencia. Jurisprudencia “Los alegatos de conclusión son un mecanismo procedimental que materializa en un momento decisivo el derecho de defensa, el derecho resarcitorio o los intereses de la sociedad, según la calidad del sujeto procesal interviniente. Mediante los alegatos el interesado se hace escuchar, presentando sus opiniones, análisis y argumentos de hecho y de derecho, con apoyo en el acervo probatorio y su percepción sobre lo actuado. Se denominan de conclusión porque se presentan justo antes de que la autoridad acometa la tarea de decidir en sede judicial o istrativa”. Corte Constitucional de Colombia, Expediente D-4557, 10 de febrero de 2004, intervenciones.


4. ¿Cuál debe ser el contenido de los alegatos finales? Se sugiere, que a la hora de exponer los alegatos finales, tomen en cuenta el siguiente contenido: a) Debe permitir comunicar la teoría del caso. El alegato final debe ser capaz de dar cuenta cómoda y creíble de la teoría del caso (al respecto, ver nuestro estudio preliminar). Es decir, se debe persuadir al juzgador de que los hechos efectivamente ocurrieron como uno lo está diciendo, y de que el hecho de que hayan

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ocurrido así exige la consecuencia jurídica que la parte que está alegando propone. b) Debe establecer conclusiones. Una conclusión es una específica visión acerca de qué proposición fáctica resulta acreditada por la prueba presentada en juicio y del modo en que esta debe ser valorada. Estas conclusiones deben ser específicas y concretas. c) Debe presentar una coherencia lógica. Los alegatos finales deben ser lógicamente coherentes, en el sentido de que las proposiciones fácticas deben hacer lógicamente plausible el relato que la teoría del caso contiene; y todo ello, depende de la fuerza de la prueba. d) Debe estar estructurado. Como se indicó en el estudio preliminar, los alegatos finales son actos de comunicación, los cuales buscan persuadir al juzgador de que la prueba corrobora la teoría del caso y se conforma al derecho invocado. No se trata de engañar o emocionar al juzgador, sino de dotarlo de razones fuertes para que decida el caso en nuestro favor. Para ello, debe de estructurar los alegatos finales de forma que logre tal cometido. A continuación, señalaremos opciones para estructura los alegatos finales: - Estructura temática. Descansa en la existencia de uno o más hechos poderosos, gravitantes, que, por sí solo o con muy poco ayuda, resulta determinante. Ejemplo: la fiscalía cuenta con el hecho de que el semen encontrado en la víctima pertenece al acusado; el examen de ADN no dejó dudas en este sentido; la defensa ha presentado dieciocho testigos que dicen haber estado con el acusado ese día a esa hora, todos ellos declaran consistentemente al respecto, pero ello no logra desvirtuar este hecho: el semen hallado es del acusado.

Una vez identificado el hecho, de ahí se puede construir el resto del caso y evaluar desde allí la credibilidad del resto de la prueba. – Estructura cronológica. Permite entregar al juzgador una visión ordenada de los hechos ocurridos, recreando mentalmente, de manera secuencial, las circunstancias y suceso que

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motivan nuestra pretensión. Sin embargo, presenta como desventaja en la pérdida de centralidad de los hechos esenciales en un mar de otros hechos que solo tienen significado a la luz de esos acontecimientos principales. Jurisprudencia “Sobre la base de las pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión juegan un destacado papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho –a favor y en contra–, y por tanto, en lo concerniente a la mejor comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses en conflicto. Por consiguiente, de una parte, la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses; y de otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad istrativa o del juez correspondiente como un conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para decir el derecho”. Corte Constitucional de Colombia, Expediente D-4557, 10 de febrero de 2004, considerando tercero.


5. ¿Cuáles son las técnicas de argumentación que pueden ser utilizadas durante la exposición de los alegatos finales? Las técnicas de argumentación que pueden ser empleadas durante la exposición de los alegatos finales son: 135


a) Analogías. La falta de familiaridad con las cuestiones jurídicas (Ej.: convencer al juzgador que aplicando la teoría de la imputación objetiva de Wolfgang Frisch, el caso pierde todo atributo de típico) o fácticas confieren a las analogías un poder persuasivo especial. Las analogías pueden transformar lo extraño en conocido. Cuando un juzgador acepta que una situación poco conocida es bastante semejante a otra conocida, a una situación cotidiana, es probable que el propio juzgador evalúe del mismo modo ambas situaciones.

Ejemplo: resaltar las contradicciones incurridas por el acusado:

Por ejemplo, supongamos que usted estaba planeando visitar un museo, y deseaba saber si abría los domingos. Llama al museo, y la telefonista le asegura que el museo estará abierto. Al día siguiente uno vuelve a llamar, y la telefonista le dice que estará cerrado, sin mayores explicaciones. La contradicción destruirá nuestra confianza en la telefonista. En el mismo sentido, señalo que uno no puede confiar en el relato del acusado.

Ejemplo: el caso de la defensa gira en torno a que, el acusado estuvo manejando con cuidado, porque es contratista y transportaba muebles de cocina muy caros, para entregarlos en un edificio en construcción. ¿Pero qué es manejar con cuidado, como transportista de muebles de cocina muy caros?

Es posible comprender muy bien con cuánto cuidado manejaba mi cliente. Quizás usted no es contratista, y nunca transportó muebles de cocina en un camión. Pero sin duda llevó un niño pequeño en su automóvil, o quizás transportó una costosa figura de cristal que acababa de recibir como regalo. Sabe que instintivamente uno maneja con más cuidado cuando transporta niños u objetos valiosos.

Sin embargo, se recomienda que nunca utilice analogías que muestre al juzgador bajo una luz desfavorable, como por ejemplo: todos hemos realizado la experiencia de robar golosinas a un niño pequeño.

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Tampoco utilice analogías muy extensas, porque es más probable que uno mismo y el juzgador se pierdan de tal modo en ella, que olviden la idea que inicialmente uno intentó ilustrar.

b) Las guías. Una guía es un breve esbozo con el cual uno puede iniciar una argumentación, quizás después de algunas fórmulas trilladas, como el hecho de agradecer al juzgador su atención. Una guía tiende a conferir cierto sentido de coherencia y organización a una argumentación. Más aún, puede ayudar a superar el limitado alcance de atención de un juzgador.

Ejemplo: Guías o temas a tratar:

Afirmamos que la evidencia demuestra claramente que la señorita X estaba fuera de la ciudad en el momento del tiroteo, y por consiguiente, es evidente su inocencia. En primer lugar, revisaré algunas de las instrucciones dadas por el juez, destacando la que asigna a la acusación la carga de demostrar la culpabilidad de la señorita X, más allá de toda duda razonable. Después, examinaré brevemente el testimonio de la señorita X y de los dos testigos que declararon que la acompañaron fuera de la ciudad cuando sucedió el tiroteo, y demostraré la elevada credibilidad de este testimonio. Más tarde, destacaré los muchos elementos inverosímiles y las contradicciones contenidas en los relatos de los testigos de la acusación. Al finalizar mi argumentación, pediré que se pronuncie una sentencia absolutoria.

c) Orden de la argumentación. Si las esperanzas de uno descansan, principalmente, en la incapacidad de la contraparte para afrontar la carga de la prueba, entonces puede esgrimir, en primer lugar los defectos de la historia, relato o caso de la contraparte y luego las bondades que el caso –del que está alegando– presenta. Si por el contrario, las esperanzas de uno descansan en la solidez de sus proposiciones fácticas, se debe empezar por allí, antes de explorar las debilidades de la evidencia de la contraparte. d) Tener en cuenta los comentarios o preguntas del juzgador, emitidos durante el juicio. Los comentarios de un juez durante la discusión, así como las preguntas que formula a los testigos 137


o peritos, generalmente son indicios acerca de las conclusiones provisionales del juez. Por lo tanto, corresponde que el abogado conteste, sea para reforzar las reacciones favorables o para intentar la superación de las desfavorables. Jurisprudencia “Sobre la base de las pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión juegan un destacado papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho –a favor y en contra -, y por tanto, en lo concerniente a la mejor comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses en conflicto. Por consiguiente, de una parte, la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses; y de otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad istrativa o del juez correspondiente como un conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para decir el derecho”. Corte Constitucional de Colombia, Expediente D-4557, 10 de febrero de 2004, considerando tercero.

Base legal: Artículos 272 al 291 Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 386 al 403 Código Procesal Penal de 2004.

6. ¿Cómo están regulados los alegatos finales en el C de PP 1940? Según los artículos 272 al 279 del C de PP 1940, los alegatos finales están regulados de la siguiente forma:

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a) Orden de exposición de los alegatos finales. Terminados los debates, el presidente concederá la palabra, por orden, al fiscal superior, a la parte civil, al defensor, al tercero responsable civilmente y al acusado. b) Alegatos del fiscal superior. El fiscal superior expondrá los hechos que considere probados en el juicio y su calificación legal, la responsabilidad de los acusados y la civil que afecta a terceros, y todas las consideraciones conducentes a ilustrar al Tribunal; pero manteniéndose dentro de los límites fijados por el escrito de acusación. Concluirá planteando los hechos sobre los que debe pronunciarse el Tribunal, pidiendo la pena que juzgue legal y la indemnización que corresponda. Asimismo, estas conclusiones las pasará por escrito al Tribunal.

Sin embargo, durante sus alegatos, el fiscal Superior puede optar por retirar la acusación. Se requiere para ello que se hayan producido en la audiencia nuevas pruebas modificatorias de la condición jurídica anteriormente apreciada. Asimismo, las razones que motivan el retiro deberán presentarse en conclusiones escritas.

Retirada la acusación por el fiscal superior, después de oír al defensor del acusado y al abogado de la parte civil, el Tribunal suspenderá la audiencia para resolver lo que corresponda. Si el Tribunal encuentra fundadas las conclusiones del fiscal, dictará un auto dando por retirada la acusación y ordenará la libertad del acusado y el archivamiento definitivo del expediente. En caso contrario, podrá disponer que se amplíe la instrucción o que pasen los autos a otro fiscal superior para que formule nueva acusación. Este fiscal podrá solicitar que se amplíe la instrucción.

c) Alegatos de la parte civil. La parte civil podrá esclarecer con toda amplitud los hechos delictuosos que originan la responsabilidad y las demás circunstancias que influyan en su apreciación, absteniéndose únicamente de calificar el delito. Sus conclusiones serán presentadas por escrito. d) Alegatos de la defensa. La defensa deberá concluir pidiendo la absolución, o la disminución de la pena solicitada por el fiscal; 139


pero podrá convenir en la responsabilidad civil. Sus conclusiones escritas fijarán los puntos de hecho sobre que debe pronunciarse el Tribunal y la calificación legal del delito que reconozca. e) Alegatos del tercero civil. Producida la defensa del acusado, si existe tercero responsable civilmente y ha concurrido por sí o por medio de su abogado a la audiencia, le corresponderá exponer oralmente lo que convenga a su derecho, presentando sus conclusiones por escrito. f) Alegatos del acusado. Concluidos los informes, el presidente concederá la palabra al acusado, para que exponga lo que estime conveniente a su defensa. A continuación, declarará cerrado el debate y suspenderá la audiencia para votar las cuestiones de hecho y dictar sentencia. Reabierta la audiencia serán leídas la votación de las cuestiones de hecho y la sentencia. Por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora, la lectura de la sentencia se llevará a cabo, a más tardar, dentro de los cinco días posteriores al cierre del debate, bajo sanción de nulidad.

Jurisprudencia “Ahora, si bien es cierto que los funcionarios judiciales en sus providencias deben realizar el análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión, a fin de garantizar el derecho de contradicción, como una de las manifestaciones más importantes del derecho de defensa y del debido proceso (…)”. Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Casación N° 23.046, del 02 de mayo de 2006, punto 5.1.


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7. ¿Cómo están regulados los alegatos finales en el P 2004? Según los artículos 386 al 391 del P 2004, los alegatos finales observarán las siguientes reglas: a) Orden de exposición de los alegatos finales. La discusión final se desarrollará en el siguiente orden: a) Exposición oral del fiscal; b) Alegatos de los abogados del actor civil y del tercero civil; c) Alegatos del abogado defensor del acusado; d) Autodefensa del acusado. Culminada la autodefensa del acusado, el juez penal declarará cerrado el debate. b) Prohibición de lectura de escritos. No podrán leerse escritos, sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria o el empleo de medios gráficos o audiovisuales para una mejor ilustración al juez. c) Uso de la palabra al agraviado, que no se ha constituido en actor civil. Si está presente el agraviado y desea exponer, se le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el proceso. En todo caso, corresponderá la última palabra al acusado. d) Tiempo de exposición de los alegatos finales. El juez penal concederá la palabra por un tiempo prudencial en atención a la naturaleza y complejidad de la causa. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el juez penal llamará la atención al orador y, si este persistiere, podrá fijarle un tiempo límite, en el que indefectiblemente dará por concluido el alegato. e) Alegato final del fiscal. El fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos materia de la acusación escrita, la sustentará oralmente, expresando los hechos probados y las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica de estos, la responsabilidad penal y civil del acusado, y de ser el caso, la responsabilidad del tercero civil, y concluirá precisando la pena y la reparación civil que solicita.

Si el fiscal considera que del juicio han surgido nuevas razones para pedir aumento o disminución de la pena o la reparación 141


civil, solicitadas en la acusación escrita, destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o reparación civil. De igual manera, en mérito a la prueba actuada en el juicio, puede solicitar la imposición de una medida de seguridad (internamiento en un centro psiquiátrico o de salud mental, o bien, la aplicación de un tratamiento ambulatorio), siempre que sobre ese extremo se hubiera producido el debate contradictorio correspondiente.

El fiscal, en ese acto, podrá efectuar la corrección de simples errores materiales o incluir alguna circunstancia, siempre que no modifique esencialmente la imputación ni provoque indefensión y sin que sea considerada una acusación complementaria.

Asimismo, si el fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido enervados en el juicio, retirará la acusación. En este supuesto el trámite será el siguiente: a) El juzgador, después de oír a los abogados de las demás partes, resolverá en esta audiencia lo que corresponda o la suspenderá con tal fin por el término de dos días hábiles. b) Reabierta la audiencia, si el juzgador está de acuerdo con el requerimiento del fiscal, dictará auto dando por retirada la acusación, ordenará la libertad del imputado si estuviese preso y dispondrá el sobreseimiento definitivo de la causa. c) Si el juzgador discrepa del requerimiento del fiscal, elevará los autos al fiscal jerárquicamente superior para que decida, dentro del tercer día, si el fiscal inferior mantiene la acusación o si debe proceder con arreglo al punto anterior. d) La decisión del fiscal jerárquicamente superior vincula al fiscal inferior y al juzgador.

f) Alegato final del actor civil. El abogado del actor civil argumentará sobre el agravio que el hecho ha ocasionado a su patrocinado, demostrará el derecho a la reparación que tiene su defendido y destacará la cuantía en que estima el monto de la indemnización, así como también pedirá la restitución del bien, si aún es posible, o el pago de su valor. Asimismo, el abogado del actor civil podrá esclarecer con toda amplitud los hechos delictuosos en tanto sean relevantes para la imputación de la responsabilidad civil, así como el conjunto de circunstancias que influyan en su apreciación. Está prohibido de calificar el delito. 142


g) Alegato final del tercero civil. El abogado del tercero civil podrá negar la existencia del hecho delictivo atribuido al acusado, o refutar la existencia de la responsabilidad civil solidaria que le atribuye la acusación o el actor civil, o la magnitud del daño causado y el monto de la indemnización solicitada. Asimismo, el abogado del tercero civil podrá referirse íntegramente al hecho objeto de imputación y, sin cuestionar el ámbito penal de esta, resaltar la inexistencia de los criterios de imputación de derecho civil. h) Alegato final del abogado defensor. El abogado defensor del acusado analizará los argumentos de la imputación en cuanto a los elementos y circunstancias del delito, la responsabilidad penal y grado de participación que se atribuye a su patrocinado, la pena y la reparación civil, solicitadas, y si fuere el caso las rebatirá. Concluirá su alegato solicitando la absolución del acusado o la atenuación de la pena, o de ser el caso cualquier otro pedido que favorezca a su patrocinado. i) Autodefensa del acusado. Concluidos los alegatos orales, se concederá la palabra al acusado para que exponga lo que estime conveniente a su defensa. Limitará su exposición al tiempo que se le ha fijado y a lo que es materia del juicio. Si no cumple con la limitación precedente se le podrá llamar la atención y requerirlo para que concrete su exposición. Si el acusado incumple con la limitación impuesta, se dará por terminada su exposición y, en caso grave, se dispondrá se le desaloje de la Sala de audiencias. En este último supuesto, la sentencia podrá leerse no estando presente el acusado, pero estando su defensor o el nombrado de oficio, sin perjuicio de notificársele con arreglo a ley. Jurisprudencia “Que con ocasión de los alegatos de cierre del debate, los intervinientes analizaron la prueba producida durante la audiencia y expusieron las conclusiones que ella les mereció. Así, el fiscal señaló que quedaron debidamente acreditados los hechos atribuidos a Ricardo Rioseco y que ellos configuran el delito materia de la acusación

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fiscal, por lo que solicitó se le condene, imponiéndole las penas indicadas en el auto de apertura. A su turno, la defensora solicitó la absolución de su representado respecto de los cargos sustenta en contra de este por el Ministerio Público, aduciendo que la prueba rendida ha sido insuficiente para llevar al tribunal –más allá de toda duda razonable–, a la convicción que aquél hubiese tenido alguna participación”. Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco (Chile), RUC N° 0100010967-K RIT N°012/2001, considerando cuarto.


8. ¿Qué es la deliberación y votación de la sentencia? La deliberación de la sentencia, es la valoración que el o los juzgadores realizan sobre la prueba actuada, ya sea en forma individual o bien en su conjunto, a través del empleo del criterio de conciencia razonable. En ese sentido, buscan establecer la delictuosidad del hecho materia de proceso, la responsabilidad del acusado (incluyendo su grado de participación), la individualización de la pena aplicable y el monto de la reparación civil. Por otro lado, la votación consiste en el número de votos que se requieren como mínimo para emitir un fallo. Jurisprudencia “En este último caso: lectura de sentencia en los procesos penales sumarios, se explica porque no se trata propiamente de una fase procesal autónoma que requiere de una sucesión de actos procesales y diligencias de presentación de cargos, actividad probatoria, alegatos, última palabra, y deliberación y sentencia”. Pleno Jurisdiccional de las Salas penales Permanente y Transitorias. Acuerdo Plenario

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N° 5-2006/CJ-116. Asunto: Declaratoria de contumacia en la etapa de enjuiciamiento, fundamento jurídico N° 10.

• Base legal: Artículos 280, 281, 282 y 283, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 392 y 393, Código Procesal Penal de 2004.

9. ¿Cuál es la forma de deliberar y votar una sentencia en el C de PP 1940? Según los artículos 280 al 283 C de PP 1940, las reglas de la deliberación y votación de la sentencia son: a) Apreciación de las pruebas. La sentencia que ponga término al juicio deberá apreciar la confesión del acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción.

Consideramos que la mención de las diligencias de instrucción en el análisis de la sentencia del juicio oral, corresponde a un sistema procesal de corte inquisitivo, que da el valor de prueba a las diligencias de investigación o instrucción.

b) Votación de las cuestiones de hecho y de la pena. El Tribunal para fallar planteará y votará previamente cada una de las cuestiones de hecho, teniendo en consideración, para formularlas, las conclusiones escritas del fiscal, del defensor y de la parte civil. En seguida se votará la pena. Ambas resoluciones se harán constar en la sentencia. c) Mayoría de votos. Para la resolución de las cuestiones de hecho, así como para condenar o al absolver, bastará mayoría de votos. Cuando hubiere disconformidad entre los tres del Tribunal respecto de la pena, se volverán a discutir y votar los puntos en que se haya disentido. Si en esta segunda votación continúa la disconformidad, se impondrá la pena intermedia, esto es,

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la pena por la que votó el miembro del Tribunal en disentimiento, con los que votaron por pena superior o inferior. d) Empleo del criterio de conciencia. Los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados con criterio de conciencia. Tratándose de declaraciones obtenidas en los procedimientos por colaboración eficaz, para que el juez dicte sentencia condenatoria e, inclusive, cualquier medida cautelar, resulta indispensable que las informaciones que proporcionen los colaboradores estén corroboradas con elementos de prueba adicionales que acrediten fehacientemente las incriminaciones formuladas. Jurisprudencia “En este último caso: lectura de sentencia en los procesos penales sumarios, se explica porque no se trata propiamente de una fase procesal autónoma que requiere de una sucesión de actos procesales y diligencias de presentación de cargos, actividad probatoria, alegatos, última palabra, y deliberación y sentencia”. Pleno Jurisdiccional de las Salas penales Permanente y Transitorias. Acuerdo Plenario N° 5-2006/CJ-116. Asunto: Declaratoria de contumacia en la etapa de enjuiciamiento, fundamento jurídico N° 10.

• Base legal: Artículos 280, 281, 282 y 283, Código de Procedimientos Penales de 1940.

10. ¿Cuál es la forma de deliberar y votar una sentencia en el P 2004? Según los artículos 392 y 393 del P 2004, las reglas para la deliberación y votación de la sentencia son: a) Cerrado el debate, los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta.

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b) La deliberación no podrá extenderse más allá de dos días, ni podrá suspenderse por más de tres días en caso de enfermedad del juez o de alguno de los jueces del Juzgado Colegiado. En los procesos complejos el plazo es el doble. c) Transcurrido el plazo sin que se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse ante otro Juzgado, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad disciplinaria que correspondan. d) Las decisiones se adoptan por mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio. Para imponer la pena de cadena perpetua se requerirá decisión unánime. e) El juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. Ello es una clara diferencia con el C de PP 1940. En ese sentido, el texto de 2004, al adoptar el sistema acusatorio con tendencia adversarial, solo da valor de prueba a lo actuado en el juicio oral, con la salvedad tanto de la prueba preconstituida como anticipada que en su oportunidad se ha hecho referencia. f) El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. g) La deliberación y votación se referirá a las siguientes cuestiones: a) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento; b) Las relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias; c) Las relativas a la responsabilidad del acusado, las circunstancias modificatorias de esta y su grado de participación en el hecho; d) La calificación legal del hecho cometido; e) La individualización de la pena aplicable y, de ser el caso, de la medida de seguridad que la sustituya o concurra con ella; f) La reparación civil y consecuencias rias; y, g) Cuando corresponda, lo relativo a las costas.

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Jurisprudencia “(…) Ello quiere decir, primero, que las pruebas –así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones– estén referidas a los hechos objeto de imputación –al aspecto objetivo de los hechos– y a la vinculación del imputado a los mismos y, segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que pueda sustentar un fallo condenatorio”. Sala penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 03-2007 Huaura, considerando sétimo.

• Base legal: Artículos 392 y 393, Código Procesal Penal de 2004.

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CAPÍTULO II

La etapa de ejecución de sentencia en materia penal

I. LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL 1. ¿En qué consiste la etapa de ejecución de la sentencia en materia penal? En esta etapa se analizará todo lo necesario para que una sentencia quede firme y así su contenido sea ejecutado. Por lo tanto, se examinará el concepto, contenido y clases de la sentencia en materia penal; asimismo, los recursos impugnatorios que puede ser objeto; luego, y una vez que tenga su carácter de firme, se estudiará lo respectivo a su ejecución. Jurisprudencia “La ejecución de las sentencias en sus reales términos constituye hoy en día una suerte de ‘plebiscito abierto’ sobre la viabilidad y práctica del Estado Constitucional. En este sentido, este Tribunal ha establecido que (...) tras el reconocimiento del derecho a la ejecución de las sentencias no solo está el derecho subjetivo del vencedor en juicio, sino también una cuestión de capital importancia para la efectividad del Estado Democrático de Derecho (...) en la medida que cuando un Tribunal de justicia emite una resolución, y esta adquiere la condición de firme, con su cumplimiento no solo se resuelve un conflicto y se restablece la Paz social, sino, además, en la garantía

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de su cumplimiento, se pone a prueba la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 2945-2005-AA/TC, considerando quinto.

• Base legal: Artículos 284 al 301 y 329 al 338, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 394 al 403 y 488 al 507, Código Procesal Penal de 2004.

2. ¿Qué es la sentencia? La resolución judicial por excelencia es la sentencia, las demás sirven al tribunal como medio o puente para llegar a ella(64). El concepto mismo de sentencia, así como su diferenciación de los demás actos del tribunal, nos introduce en una serie de criterios, formales y sustanciales que solo mencionaremos:(65) 1) Formales: formalidades (encabezamiento, fundamentos, fallo, firma entera o no, registro, etc.); momento del juicio (final o intermedio); preexistencia de contradictorio, citación, etc.; tipo de órgano (colegio, presidente, vocal); tipo de votación, etc. 2) Sustanciales: objeto constituido o no por incertidumbre, litigio, etc. En cuanto a la vinculación entre ley y sentencia, se ha mantenido en Occidente la tradición jurídica de que la sentencia es la declaración de existencia o inexistencia de una voluntad de la ley que garantice un bien

(64) Cfr. COLOMBO, Juan. Los actos jurídicos procesales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1991, p. 89. (65) Cfr. BARRIOS DE ANGELIS, Dante. El proceso civil, comercial y penal en América Latina, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 253.

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La Etapa de ejecución de sentencia en materia penal

al actor, o lo que es lo mismo, la inexistencia o existencia de una voluntad que garantice un bien al demandado(66). La palabra sentencia proviene de la voz latina sentiendo, que equivale en castellano a sintiendo; es decir, juzgando, opinando, porque el juez declara u opina con arreglo a los autos. Pero para que haya sentencia es necesario que el acto revista ciertos caracteres: 1) Debe ser pronunciada por un juez cuya jurisdicción emane de la ley, por eso las resoluciones de los árbitros no se llaman sentencias sino laudos. 2) Debe referirse a un caso concreto controvertido; los jueces no hacen declaraciones abstractas y en los juicios de jurisdicción voluntaria no resuelven, sino que interponen su autoridad para la eficacia del acto. 3) La controversia debe ser judicial, de ahí que la determinación del precio por un tercero en la compraventa no constituya una sentencia. La sentencia es una decisión libre pero no arbitraria, debido a que la fuente de la decisión es la prueba(67). La sentencia es un acto procesal proveniente de la actividad del órgano jurisdiccional,(68) que debe ceñirse y resultar del principio: Iudex secundum alegata et probata a portibus judicare debet, quad non est in actis non est in hac mundo. Jurisprudencia “La sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, es el acto complejo que contiene un juicio de reproche o de ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser

(66) Cfr. ALSINA, Hugo. Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo II, Cía. Argentina de Editores, Buenos Aires, 1942, p. 550. (67) Cfr. BARTOLONI FERRO, Abraham. El proceso penal y los actos jurídicos procesales penales, Ediciones Castellvi, Santa Fe - Argentina, 1994, p. 71. (68) Cfr. BURGOA, Ignacio. El juicio de amparo, Editora Jurídica. S. D. R. L., México D. F., 1946, p. 535.

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determinados jurídicamente. Es por eso que debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputación. La sentencia debe ser exhaustiva, clara y coherente, constituyendo obligación fundamental del órgano jurisdiccional motivarla debidamente, esto es, analizando y evaluando todas las pruebas y diligencias actuadas con relación a la imputación que se formula contra el agente, precisando además los fundamentos de derecho que avalen las conclusiones a que se lleguen como consecuencia de la tal evaluación”. Sala Penal R. N. Nº 1903-2005 Arequipa, considerando primero.

• Base legal: Artículos 284, al 291, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 394, al 403, Código Procesal Penal de 2004.

3. ¿Cuáles son los elementos de la sentencia? Una primera precisión que debemos señalar es que la aproximación hacia los elementos de la sentencia estará enfocada en el marco de la teoría de los actos jurídicos procesales. Al respecto, se ha dicho que los elementos de los actos jurídicos procesales son la voluntad, exteriorizada y a la intención de producir efectos en el proceso. Por lo tanto, los elementos de una sentencia como acto jurídico procesal son: a) La voluntad del juez o de la ley por medio de este, su exteriorización materializada en el expediente y dictada conforme a las reglas sobre redacción de la sentencias, y b) La intención al momento de ser dictada, de declarar y distribuir los derechos subjetivos de los ciudadanos conforme a criterios de legalidad, razonabilidad y prudencia.

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En síntesis, los elementos de la sentencia son de primer y segundo orden. Los primeros, son los fundamentos móviles o partes integrantes de su esencia, aquellos necesarios para que exista y adquiera pleno valor de aplicación, esto es, la voluntad, la capacidad procesal, determinada por medio del principio de competencia, el objeto, la causa y las solemnidades del imperativo de tipo declarativo, absolutorio o de condena; y los segundos, son los requisitos de validez, y que permiten que la voluntad se encuentre exenta de vicios para que se produzcan efectos en el proceso. Jurisprudencia “Toda sentencia constituye un silogismo que parte de una premisa mayor comprendida por la norma, una premisa menor integrada por los hechos, teniendo finalmente al fallo como conclusión; es por ello, que la labor de tipificación adquiere una dimensión trascendental para el proceso, comprendiendo no solo la interpretación sino también la valoración de los elementos configurativos del tipo por parte del juzgador; así a través de ella, queda establecida no solo la norma presuntamente transgredida –y con ello el bien jurídico afectado–, sino también será el presupuesto del que partirá la actividad probatoria”. Expediente N° 1645-2001-Arequipa.


4. ¿Cuál es el contenido de la sentencia? El contenido y el continente de la sentencia son bien demarcados. El continente está dado por la forma y el contenido por el fondo. La forma la definiremos pensando en los elementos de exteriorización de la voluntad imperativa de la sentencia-acto jurídico procesal. Esto es, en las reglas sobre cómo redactar la sentencia, entre las que pueden distinguirse sus partes expositiva, considerativa y resolutiva, en los requisitos formales que debe contener, como la individualización de las partes o el tribunal 153


que la pronuncia, etc., pero que constituyen medios que facilitan la individualización del caso en concreto. El fondo de la sentencia está dado por dos ámbitos de nociones. El primero consiste en los derechos subjetivos de las partes que se encuentran en juego en una relación procesal de tipo contencioso, por ejemplo. Por lo tanto, está formado por facultades o intereses jurídicamente protegidos. El segundo ámbito de nociones se refiere a los valores que se prefieren, implícitamente, con el acto de decisión que declara, absuelve o condena, modifica o extingue situaciones jurídicas. Considerando lo anterior, resulta que el derecho en tanto tal, no es siempre una razón suficiente, a pesar de que especialmente en el sistema del derecho legislado juegue un papel especial como base de justificación de la interpretación jurídica. Muy a menudo, la justificación se refiere –y tiene que referirse– a diferentes tipos de razones materiales, o bien a razones teleológicas o a razones de corrección. En la práctica, esto significa entre otras cosas, que el derecho tiene que estar conectado con valores y valoraciones. Dicho brevemente, existe una combinación entre derecho y moral(69). Recalcamos que la sentencia no es una operación aritmética, sino que constituye un acto mucho más complejo y misterioso, que tiene sus raíces en la conciencia moral y no puede explicarse a través de las leyes abstractas de los números. Jurisprudencia “El monto a fijar por concepto de reparación civil, se rige doctrinariamente por el principio del daño causado, cuya unidad procesalcivil y penal protege el bien jurídico en su totalidad así como a la víctima, por lo que no debe fijarse en forma genérica sino que es necesario individualizarla y determinarla en forma prudencial y proporcional a la entidad del daño, a la afectación del bien, las posibilidades económicas del responsable y las necesidades de la víctima. Asimismo, comprende la restitución del bien o en su defecto el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios”. Sala Penal R. N. Nº 1075-2006 Lima, considerando undécimo.

(69) Cfr. AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, 1a. edición en español, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 15.

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“Todo delito acarrea como consecuencia no solo la imposición de una pena, sino también da lugar al surgimiento de responsabilidad civil; por tanto, no puede obviarse un fundamento jurídico básico, como es el de las consecuencias jurídicas del delito. En el caso de autos, estando anotada la irregularidad por la no consignación del monto por concepto de reparación civil, debe imponerse la sanción respectiva, pues dicha omisión acarrea la nulidad de la sentencia materia de grado”. Sala Penal R. N. Nº 2253-2005 Arequipa, considerando cuarto.


5. ¿Por qué debe motivarse la sentencia? La motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función jurisdiccional. El requisito de la motivación de la sentencia se eleva a garantía constitucional. La motivación es una comprobación lógica para controlar, a la luz de la razón, la bondad de una decisión surgida del sentimiento; es la “racionalización” del sentido de justicia. Esta proposición sintetiza nuestra postura frente a la sentencia definitiva, en la que se encuentra manifestada una preferencia valórica del juez, se trata de que se decide por sentido de justicia y se justifica de acuerdo con la teoría de la prueba, por lo que en muchas sentencias, sucede que más difícil es todavía establecer una diferencia, que resulte prácticamente utilizable en sede judicial, entre las nociones de posibilidad, verosimilitud y probabilidad del suceso que ha dado origen a la causa. En el proceso judicial, es posible lo que puede ser verdadero y probable es lo que se puede probar como verdadero. Por lo tanto, la decisión judicial puede variar dependiendo de nuestras bases de la verdad y lo cierto, todo lo cual, limita el contenido de la sentencia, siendo aquella la principal causa de 155


que la motivación aparente –de la sentencia– puede ser evasiva de la ley y polémica. Jurisprudencia “La sentencia debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputación, debiendo ser exhaustiva, clara y coherente, constituyendo obligación fundamental del Órgano Jurisdiccional motivarla debidamente”. Sala Penal, Expediente Nº 751-2006 Loreto, considerando tercero. “Si bien la sentencia no ha valorado las testimoniales de descargo de fojas ochenta y nueve y ciento diez, su omisión no es relevante vistas las pruebas de cargo, suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia; no siendo exigible un pormenorizado análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, en tanto está explicitado el proceso lógico jurídico que conduce al fallo, su ratio decidendi”. Sala Penal R. N. Nº 3580-2006 Huánuco, considerando sexto. “(…) el recurso de casación por su propia naturaleza no constituye una nueva instancia, por tratarse de un medio impugnatorio de carácter extraordinario con motivos tasados que tiene caracteres que están determinados en la ley y han merecido una serie de disquisiciones en el campo de la doctrina; en ese contexto, constituye una de sus finalidades el control de la logicidad en la motivación de las resoluciones judiciales, que pueden resumirse en lo siguiente: en falta de motivación, deficiente motivación, insuficiente motivación, aparente motivación y la incongruencia entre la parte considerativa y la parte decisoria de la motivación”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 08-2007 Huaura, considerando cuarto.


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6. ¿Cuáles son las clases de sentencia? La sentencia es de dos maneras, interlocutoria y definitiva. Es interlocutoria la que decide algún incidente o artículo del pleito, y dirige la serie u orden del juicio. Es definitiva la que se da sobre la sustancia o el todo de la causa, absolviendo o condenando, en materia penal, al acusado. De ahí, la diferencia de contenido entre ambas clases de resoluciones en tanto clase de derechos que se declaran. • Base legal: Artículos 284 al 291, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 394 al 403, Código Procesal Penal de 2004.

7. ¿Qué es la sentencia interlocutoria? Las sentencias interlocutorias son aquellas que el juez pronuncia en el discurso del pleito entre su principio y fin sobre algún incidente, y todo auto preparatorio para la sentencia definitiva. Las sentencias interlocutorias pueden ser: 1. La que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes en favor de alguna de las partes. 2. La que falla un incidente del juicio y resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva. 3. La que sin necesidad de fallar un incidente del juicio, resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva. 4. Las que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y no se trate de la sentencia definitiva. • Base legal: Artículos 284 al 291, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 394 al 403, Código Procesal Penal de 2004.

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8. ¿Qué es la sentencia definitiva? La sentencia definitiva es aquella que se pronuncia sobre el fondo de la materia; resuelve las pretensiones planteadas por las partes y establece las consecuencias jurídicas que estas deben de observar. Jurisprudencia “En tanto que los supuestos de hecho del tipo legal no han sido modificados no es posible reexaminar los hechos para subsumirlos en un tipo penal distinto por el que fue objeto de condena ya que ello importaría vulnerar la garantía de la cosa juzgada material”. Sala Penal R. N. Nº 2952-2006 Lima, considerando segundo. “Para producirse la cosa juzgada se requieren dos identidades: Unidad del imputado y unidad del hecho imponible. El primer requisito o límite objetivo de la cosa juzgada se refiere solo a la del procesado; mientras que, el segundo requisito se refiere a que ambos procesos, esto es, en el que se deduce la excepción y en el que se funda la excepción, deben estar referidos a los mismos hechos, lo que no se debe confundir con la tipificación que puede dar el juzgador al abrir instrucción”. Sala Penal R. N. Nº 2956-2006 Lima, considerando tercero.


9. ¿Cómo está regulada la sentencia en el C de PP 1940? Según los artículos 284 al 291 del C de PP 1940, la sentencia en materia penal debe observar las siguientes reglas: a) Suscripción de las actas del juicio oral. El acta de la audiencia será leída antes de la sentencia y firmada por el presidente y el secretario de la Sala, dejándose constancia de las observaciones

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formuladas por las partes procesales. En el caso de sesiones consecutivas de la audiencia, el acta será leída y firmada en la sesión siguiente. Cuando se trate de un acta extensa, por disposición expresa de la Sala, y bajo su responsabilidad, su lectura podrá ser sustituida por la puesta en conocimiento en secretaría con una anticipación no menor a cuatro horas antes del comienzo de la sesión de audiencia. b) Contenido de la sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria deberá contener la exposición del hecho imputado y la declaración de que: 1) este no se ha realizado, 2) de que las pruebas han demostrado la inocencia del acusado, o 3) de que ellas no son suficientes para establecer su culpabilidad; disponiendo, la anulación de los antecedentes policiales y judiciales del procesado, por los hechos materia del juzgamiento.

Ejecutoriada la sentencia, se remitirá copia de esta a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de Establecimientos Penales del Ministerio del Interior, para el cumplimiento de la ordenada anulación de antecedentes.

c) Contenido de la sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria deberá contener la designación precisa del delincuente, la exposición del hecho delictuoso, la apreciación de las declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se funda la culpabilidad, las circunstancias del delito, y la pena principal que debe sufrir el reo, la fecha en que esta comienza a contarse, el día de su vencimiento, el lugar donde debe cumplirse y las penas rias, o la medida de seguridad que sea del caso dictar en sustitución de la pena; el monto de la reparación civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla, citando los artículos del Código Penal que hayan sido aplicados. d) Suscripción de la sentencia. La sentencia será firmada por los tres del Tribunal. Si hay votos singulares, se harán constar a continuación.

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Jurisprudencia “La construcción de la sentencia condenatoria, debe serlo previa actividad cognoscitiva de acopio selectivo y oportuno de los medios probatorios pertinentes, conducentes y útiles para comprender el «thema probandum» y que la valoración de los mismos se establezca de manera indubitable la existencia de un hecho delictuoso así como la culpabilidad y responsabilidad penal de los procesados”. Sala Penal R. N. Nº 1536-2002 Lima, considerando primero.


10. ¿Cómo está regulada la sentencia en el P 2004? Según los artículos 394 al 403 del P 2004, la sentencia en materia penal debe observar las siguientes reglas: a) Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá: 1. La mención del Juzgado penal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado; 2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa del acusado; 3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique; 4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo; 5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito; 6. La firma del juez o jueces. 160


b) Redacción de la sentencia. Inmediatamente después de la deliberación, la sentencia será redactada por el juez o el director del debate según el caso. Los párrafos se expresarán en orden numérico correlativo y referentes a cada cuestión relevante. En la redacción de las sentencias se pueden emplear números en la mención de normas legales y jurisprudencia, y también notas al pie de página para la cita de doctrina, bibliografía, datos jurisprudenciales y temas adicionales que sirvan para ampliar los conceptos o argumentos utilizados en la motivación. c) Lectura de la sentencia. El juez penal, unipersonal o colegiado, según el caso, se constituirá nuevamente en la Sala de audiencias, después de ser convocadas verbalmente las partes, y la sentencia será leída ante quienes comparezcan. Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan solo la parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos que motivaron la decisión, anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los ocho días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva ante quienes comparezcan. La sentencia quedará notificada con su lectura integral en audiencia pública. Las partes inmediatamente recibirán copia de ella. d) Contenido de la sentencia absolutoria. La motivación de la sentencia absolutoria destacará especialmente: 1) la existencia o no del hecho imputado; 2) las razones por las cuales el hecho no constituye delito, así como, de ser el caso, 3) la declaración de que el acusado no ha intervenido en su perpetración, 4) que los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad, 5) que subsiste una duda sobre esta, o 6) que está probada una causal que lo exime de responsabilidad penal.

La sentencia absolutoria ordenará la libertad del acusado, la cesación de las medidas de coerción, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias, la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que generó el caso, y fijará las costas.

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La libertad del imputado y el alzamiento de las demás medidas de coerción procesal se dispondrán aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme. De igual modo, se suspenderán inmediatamente las órdenes de captura impartidas en su contra.

e) Contenido de la sentencia condenatoria. La sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas o medidas de seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Si se impone pena privativa de libertad efectiva, para los efectos del cómputo se descontará, de ser el caso, el tiempo de detención, de prisión preventiva y de detención domiciliaria que hubiera cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de extradición instaurado para someterlo a proceso en el país.

En las penas o medidas de seguridad se fijará provisionalmente la fecha en que la condena finaliza, descontando los periodos de detención o prisión preventiva cumplidos por el condenado. Se fijará, asimismo, el plazo dentro del cual se deberá pagar la multa.

En tanto haya sido materia de debate, se unificarán las condenas o penas cuando corresponda. En caso contrario se revocará el beneficio penitenciario concedido al condenado en ejecución de sentencia anterior, supuesto en el que debe cumplir las penas sucesivamente.

La sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil, ordenando –cuando corresponda– la restitución del bien o su valor y el monto de la indemnización que corresponda, las consecuencias rias del delito, las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos.

Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en libertad, el juez podrá disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente que no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia.

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f) Responsabilidad de persona no comprendida en el proceso o comisión de otro delito. Si de las pruebas actuadas resultara que un testigo ha declarado falsamente o se infiere responsabilidad penal de cualquier otra persona no comprendida en el proceso o se descubre otro hecho delictuoso similar, distinto o conexo con el que es materia del juzgamiento y es perseguible por ejercicio público de la acción penal, la sentencia dispondrá que estos hechos se pongan en conocimiento de la fiscalía competente para los fines legales que correspondan, a la que se enviará copia certificada de lo actuado.

El testigo a quien se atribuya declaración falsa sobre el caso materia de juzgamiento no será procesado por ese delito mientras no se ordene en la sentencia que se expida en ese procedimiento y quede firme.

g) Ejecución provisional. La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos.

Si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas para la medida cautelar de comparecencia restringida, mientras se resuelve el recurso impugnatorio.

h) Inscripción de la condena. Se inscribirán en el registro correspondiente, a cargo del Poder Judicial, todas las penas y medidas de seguridad impuestas y que constan de sentencia firme. La inscripción caducará automáticamente con el cumplimiento de la pena o medida de seguridad impuesta.

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Jurisprudencia “(…) en el proceso los datos que se acreditan deben guardar cierta armonía y congruencia en cada una de las posiciones. En otras palabras significa, que las probanzas de una u otra parte deben ser apreciadas unitariamente, sin contradicciones, pues de ocurrir esto se rompe con la necesaria logicidad que exige la formación de la sentencia”. Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, expediente N° 96-125, fundamento III.


11. ¿Cuándo se emite sentencia absolutoria? Según el C de PP 1940, la sentencia absolutoria descansa en la presencia de cualquiera de las siguientes tres causales: 1) El hecho no se ha realizado. Esta causal descansa en la inexistencia de los hechos materia de proceso. En un sentido estricto, no significa la carencia de alguna de las cualidades para considerar un hecho como delito, esto es, la tipicidad o la antijuridicidad; sino que, simplemente el hecho nunca ocurrió o existió. 2) Las pruebas han demostrado la inocencia del acusado. Mediante esta segunda causal, tenemos que, no solamente existió el hecho, sino que este es típico y antijurídico, pero no se le puede responsabilizar de lo sucedido al acusado; es decir, no se configura la culpabilidad del acusado; y ello, por la falta de pruebas de cargo. 3) Las pruebas no son suficientes para establecer su culpabilidad. A diferencia de la anterior causal, donde no existían pruebas que responsabilicen al acusado, aquí sí las hay; sin embargo, no en la medida suficiente que permita ir más allá de la duda razonable y enerve la presunción de inocencia.

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Por otro lado, en el del P 2004, se ha establecido hasta seis causales para dictar una sentencia absolutoria; así tenemos: 1) La inexistencia del hecho imputado. Al igual como en el texto de 1940, una primera causal de absolución es por falta de un objeto de imputación; es decir, no se ha dado en la realidad ningún suceso, hecho o acontecimiento que genere una respuesta por parte del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, lo que se le estaba imputando al acusado es una representación que tuvo y que solamente quedó en el mundo de las ideas o pensamiento, y nunca se exteriorizó; por lo que cabe su absolución por más malsana idea que haya tenido. 2) El hecho no constituye delito. A diferencia del texto de 1940, el del P 2004, establece la posibilidad de la existencia de un acontecimiento, suceso, que vaya más allá del mundo de las ideas y se haya exteriorizado en la realidad. Sin embargo, a pesar de la existencia de un hecho, este no presenta ninguna relevancia jurídico-penal; no ha sido recogido como delito en ninguna ley penal. 3) La declaración de que el acusado no ha intervenido en su perpetración. Esta causal parte de la premisa de la existencia de un hecho delictuoso, pero que, en el grupo de responsables de su perpetración, no estuvo participando el acusado, o su conducta no puede calificarse como contribuyente, delictivo, de su realización. Ejemplo: el taxista que tuvo la mala fortuna de haber trasladado de un punto a otro, a un delincuente, quien portaba un objeto materia de su hurto. 4) Los medios probatorios, no son suficientes para establecer su culpabilidad. Aquí se está ante una ausencia de material probatorio tal que permite responsabilizar al acusado. En ese sentido, gira en torno a una insuficiente credibilidad de las pruebas de cargo por parte de la fiscalía; posiblemente, porque no ha podido convencer al juzgador que las proposiciones fácticas de su teoría del caso es lo suficientemente sólida, y que permita establecer una responsabilidad al acusado.

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5) Subsiste una duda sobre la responsabilidad del acusado. Esta causal está muy conectada con la anterior, y se funda en el principio del sistema de justicia norteamericano: de fundar un juicio de responsabilidad, cuando lo actuado permita ir más allá de la duda razonable. Ello, se lograría, por ejemplo, cuando la argumentación de la defensa haya logrado, o bien, develar las flaquezas de la teoría del caso de su contraparte; o bien, haya convencido al juez que sus proposiciones fácticas no han sido suficientemente enervadas por la fiscalía; y que, en todo caso, permita surgir al juzgador el dilema de que ambos casos presentan verdades, y lógicamente, plausibles de ser itidas; y frente a ese dilema o duda, tendrá que resolver siempre a favor del acusado. 6) Que está probada una causal que lo exime de responsabilidad penal. Ya sea por falta de una conducta, en sentido penal (fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de inconsciencia); bien, porque es atípica (ausencia de algún elemento del tipo penal, error de tipo invencible, el acuerdo), está justificada (legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber), o bien, presenta un eximente que enerva el juicio de culpabilidad de la persona (anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o de la percepción, error de prohibición vencible, o alguna situación que le hace inexigible ante el sistema penal). Jurisprudencia “Que, asimismo es importante precisar que la culpabilidad en su sentido amplio de responsabilidad penal se asientan en dos áreas: a) exigencia de auténticos actos de prueba y b) el principio de la libre valoración o criterio de conciencia de los jueces Ordinarios en su valoración, que en ese sentido y estando a que la imputación en el presente proceso se basa en la solo sindicación de la agraviada, quien no ha acreditado la preexistencia de ley conforme lo establece el artículo doscientos cuarenticinco del Código Procesal Penal, por cuanto conforme se aprecia del informe de los señores peritos Contadores de fojas ciento ochentiocho “Los documentos presentados son hojas de cuaderno que no demuestran ni tiene los requisitos

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mínimos como documentos sustentarios legales. No existe cargo firmado por el inculpado” y además no se ha establecido en autos que el inculpado se ha desempeñado como del negocio de la agraviada, por lo que procede absolverlo por duda razonable esta que le favorece en atención al principio universal in dubio pro reo consagrada en el inciso undécimo del artículo ciento treintinueve de la Carta Política”. Sala Penal de la Corte Suprema, R. N. Nº 552397.

• Base legal: Artículo 284, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículo 398, Código Procesal Penal de 2004.

12. ¿Cuándo se emite sentencia condenatoria? Se emite una sentencia condenatoria cuando, de la valoración que el juez ha realizado de las pruebas, permite inferir la presencia de un hecho, con calificativos de delictuoso, así como la responsabilidad del acusado, atendiendo a su grado de participación en la realización de este. Para el C de PP 1940, la sentencia condenatoria deberá contener: a) La designación precisa del delincuente. b) La exposición del hecho delictuoso. c) La apreciación de las declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se funda la culpabilidad. d) Las circunstancias del delito. e) La pena principal que debe sufrir el responsable. f) La fecha en que esta comienza a contarse y el día de su vencimiento. 167


g) El lugar donde debe cumplirse. h) Las penas rias, o la medida de seguridad que sea del caso dictar en sustitución de la pena. i) El monto de la reparación civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla. j) La mención de los artículos del Código Penal que hayan sido aplicados. Por su parte, el P 2004 ha señalado que la sentencia condenatoria fijará, con precisión: a) Las penas o medidas de seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. b) La reparación civil, ordenando –cuando corresponda– la restitución del bien o su valor y el monto de la indemnización que corresponda, las consecuencias rias del delito, las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos. Jurisprudencia “La construcción de la sentencia condenatoria, debe serlo previa actividad cognoscitiva de acopio selectivo y oportuno de los medios probatorios pertinentes, conducentes y útiles para comprender el thema probandum y que la valoración de los mismos se establezca de manera indubitable la existencia de un hecho delictuoso así como la culpabilidad y responsabilidad penal de los procesados”. Sala Penal R. N. Nº 1536-2002 Lima, considerando primero.

• Base legal: Artículo 285, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículo 399, Código Procesal Penal de 2004.

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13. ¿Qué es el descuento por carcelería? Cuando se ha dictado sentencia condenatoria con pena privativa de libertad efectiva –es decir, el condenado deberá cumplir la sentencia en un establecimiento penitenciario–, por razones de humanidad, el tiempo que deberá pasar en prisión –según lo fijado en la sentencia– se le restará o descontará el tiempo que ha estado privado de su libertad, por mandato judicial, mientras se desarrollaba el proceso penal. Así, en la lógica del C de PP 1940, esta resta o descuento, tiene dos elementos: a) el tiempo de la condena fijada en la sentencia; menos, b) el tiempo que estuvo recluido en un establecimiento penitenciario por mandato de detención. Aunque, el Tribunal Constitucional, últimamente, ha establecido que además, se puede descontar el tiempo que estuvo el imputado bajo arresto domiciliario. Por otro lado, el P 2004, ha indicado que si se impone pena privativa de libertad efectiva, para los efectos del cómputo se descontará, de ser el caso: 1. El tiempo de detención; es decir, la efectuada por la policía, en el supuesto de flagrancia delictiva; o bien la solicitada por el fiscal al juez de la investigación preparatoria, cuando no se configuraba la flagrancia delictiva. Su duración, para los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y espionaje, es de quince días. Para los demás delitos es de veinticuatro horas. 2. El tiempo de la prisión preventiva, que en los procesos simples puede durar nueve meses, prolongables a nueve meses más; y en los procesos complejos, puede durar hasta dieciocho meses, prolongables a dieciocho meses más. 3. El tiempo de la detención o arresto domiciliario, el cual presenta esta duración que la prisión preventiva. 4. El tiempo de la privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de extradición instaurado, para someterlo a proceso en el país.

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Jurisprudencia “Por otra parte, la norma resulta también contraria a la finalidad preventivo-especial de la pena, pues al permitir que el delincuente conciba el arresto domiciliario como una limitación de la libertad personal idéntica a la pena privativa de libertad, debilita e incluso descarta toda posibilidad de que internalice la gravedad de su conducta. Esto resultará particularmente evidente en el caso de delitos de corrupción, en los que los beneficios generados por la comisión del delito aparecerán como significativamente superiores a la gravedad de la pena impuesta como consecuencia de su comisión. La tendencia a la reiteración de esta conducta es, pues, un peligro inminente para la sociedad. Asimismo, aun cuando las medidas tendientes a la rehabilitación y resocialización del penado que dispensan nuestros centros carcelarios no son óptimas, la posibilidad de que dichos objetivos se cumplan será menor, mientras se reduzca el tiempo de ejecución de la pena privativa de libertad. Por las razones expuestas, este Tribunal considera inconstitucional la disposición impugnada en el extremo que permite que el tiempo de arresto domiciliario sea abonado para el cómputo de la pena impuesta a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de arresto domiciliario”. Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente Nº 19-2005-PI/TC, considerandos cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno y quincuagésimo. “Entonces, teniendo en cuenta a) que la detención domiciliaria es una medida cautelar que le sigue en grado de intensidad a la detención preventiva; b) que su dictado supone una restricción de la libertad individual; y, c) que el artículo 47 del Código Penal contempla la posibilidad de abonar al cómputo del quantum condenatorio, además de la detención preventiva, la pena multa o limitativa de derechos; resulta, por tanto, razonable y constitucionalmente válido que los días, meses o años de arresto en domicilio, a pesar de no existir previsión legal que contemple este supuesto, sean considerados por el juez a efectos de reducir la extensión de la pena, o dicho en otros términos, para abonar al cómputo de la pena y contribuir al cumplimiento de la condena. Es imposible aceptar entonces, si nos ubicamos en el contenido mismo de la Constitución, que apoyado en el principio de dignidad humana le concede el derecho de libertad individual a las personas, que los días de arresto domiciliario

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carezcan de valor. Lo contrario significaría caer en un positivismo puro que no se condice con la Constitución, que es una norma fundamental insuflada de valores y principios, que niega una interpretación restrictiva de su texto normativo y que contempla la interposición del hábeas corpus no solo frente actos sino también ante omisiones de cualquier autoridad, funcionario o persona que violan la libertad individual (en el caso de autos, omisión inisible del legislador)”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 6201-2007-PHC/TC Lima, considerandos octavo y noveno.

Base legal: Artículo 285, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 399 y 490, Código Procesal Penal de 2004.

14. ¿Qué se entiende por correlación entre los términos de la acusación y el contenido de la sentencia? La correlación entre la acusación y la sentencia descansa en el principio de congruencia; es decir, que el juzgador no puede fallar por cargos distintos a lo señalado en la acusación fiscal; más aún, si emite una sentencia condenatoria. Asimismo, descansa en el principio de debido proceso, no se permite un estado de indefensión; esto es, que la defensa del imputado elabora su estrategia, a fin de enervar los cargos establecidos por la fiscalía; si el juez falla –condenando– por otros supuestos, por los cuales, la defensa no se preparó y argumentó, generaría un estado de indefensión en agravio del imputado. Así, el artículo 285 del C de PP 1940, señala que la sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y materia del auto de enjuiciamiento o, en su caso, en la acusación complementaria. Sin embargo, el texto procesal de 1940 establece una excepción: se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación, solo si, la Sala penal, previamente, ha indicado al acusado esta posibilidad y 171


concedido la oportunidad para defenderse, y siempre que la nueva calificación no exceda su propia competencia. De esta excepción, se identifican tres elementos: a) Con conocimiento del acusado durante el juicio oral y antes de que se emita sentencia. b) Con la concesión de un plazo razonable, a fin que la defensa se prepare y enfrente al cargo, con nueva calificación jurídica, que se le ha imputado. El C de PP 1940 establece que el plazo de suspensión para la preparación de la defensa y el ofrecimiento de nuevas pruebas, no puede superar el término de ocho días hábiles; y, en el caso que se esté enjuiciando a una organización criminal de más de diez imputados, la suspensión podrá establecerse hasta por doce días hábiles, c) Que la nueva calificación jurídica este dentro del listado de delitos, por los cuales la Sala penal es competente para llevar a cabo el juicio oral. No obstante, la jurisprudencia ha establecido parámetros que legitimen la recalificación jurídica de los hechos materia de enjuiciamiento; así tenemos: a) Que, la nueva calificación jurídica sea homogénea con la anterior; es decir, perteneciente a esta clase o tipología delictiva; caso contrario, lo que debería proceder es una acusación complementaria del fiscal superior, en los términos ya comentados en el punto de incidentes en el juicio oral. b) Que, la nueva calificación jurídica no sea por un delito cuya pena sea más grave que la prevista en la anterior. c) Que, no cause estado de indefensión al acusado. Todo ello, también es aplicable si en el debate se advierten circunstancias modificativas de la responsabilidad penal no incluidas en la acusación, que aumentan la punibilidad o justifiquen la imposición de una medida de seguridad. 172


Sin embargo, no rompe las reglas establecidas ut supra, cuando la Sala impone una sanción más grave que lo solicitado por el fiscal; recuérdese que este solicita un monto de pena, pero el juzgador tiene completa libertad razonada para establecer el monto respectivo de la pena, el cual puede ser igual, menor o mayor que la solicitada por el fiscal; solo que, esta decisión, debe motivarse especialmente haciendo mención expresa de los fundamentos en que se sustenta. Ahora bien, todo ello, siempre en la lógica que se mantenga en los hechos y cargos materia de acusación; caso contrario, se aplicará lo señalado anteriormente. Por otro lado, en lo que respecta al P 2004, el artículo 397 indica que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado. Aquí observamos que se recoge el comentado principio de congruencia. Sin embargo, así como en el texto procesal de 1940, el de 2004 también ha establecido excepciones a este principio, los cuales son: a) En la condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliatoria, salvo que el juez penal, en el curso del juicio oral y antes de la culminación de la actividad probatoria, observe la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público; debiendo advertir al fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Frente a ello, las partes se pronunciarán expresamente sobre la tesis planteada por el juez penal y, en su caso, propondrán la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está preparada para pronunciarse sobre ella, el juez penal suspenderá el juicio hasta por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente. b) El juez penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación.

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Jurisprudencia “El artículo 285-A del Código Adjetivo no se contrapone, elimina ni prohíbe la utilización del mecanismo de desvinculación de la acusación fiscal, al que puede recurrir el órgano jurisdiccional para concluir en un acertado juicio de tipicidad. El primero, establece los cánones para una modificación de calificación jurídica frente a la que se acusó, posibilitando un debate contradictorio sobre el nuevo tipo penal que se postula, mientras que el segundo, sin contraponerse a ella y manteniendo esta finalidad, posibilita la adecuación típica de la conducta a un tipo penal más beneficioso, menos gravoso y del mismo género o familia jurídica, en cuyo desarrollo, se respete el derecho de defensa y el contradictorio”. Sala Penal R. N. Nº 4006-2005 Lima, considerando sexto. “Analizada la actuación de la Superior Sala Penal, a la que se ha hecho referencia en el considerando precedente, se tiene que esta ha efectuado una indebida interpretación del inciso segundo del artículo doscientos ochenta y cinco-A del Código de Procedimientos Penales que regula la figura de la desvinculación de la acusación, en que se ampara la resolución impugnada, pues, atendiendo a su propia naturaleza, la desvinculación de la calificación jurídica se concreta en la sentencia e importa reconducir la causa hacia una correcta calificación jurídica y no como en el caso de autos, en que se agregó un tipo penal más, por tanto se ha incurrido en una grave irregularidad de orden procesal, configurándose la causal de nulidad prevista en el numeral uno del artículo doscientos noventa y ocho de la Norma Adjetiva”. Sala Penal R. N. 4776-2005 Ica, considerando cuarto. “(…) en tanto que el Tribunal de Apelaciones realizó un juicio de desvinculación – que es constitucionalmente aceptable – siempre y cuando: a) el delito materia de condena importa la vulneración de un tipo penal homogéneo o que pertenezca al mismo grupo delictivo, y sea menos grave que aquel; b) la distinta tipificación no impida el ejercicio de de defensa del acusado…”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 15-2007 La Libertad, considerando sétimo.

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• Base legal: Artículo 285-A, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículo 397, Código Procesal Penal de 2004.

II. IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL 1. ¿Qué es la impugnación en materia penal? Toda resolución judicial aspira a constituir el punto final de una determinada situación fáctica o jurídica existente en un proceso. Sin embargo, el órgano jurisdiccional no puede resolver esta situación arbitrariamente, sino que ha de hacerlo con arreglo a determinados requisitos, presupuestos y condiciones que determinen no solo la forma de estas, sino su contenido. Su inobservancia permite que la parte afectada impugne el pronunciamiento del órgano jurisdiccional. La impugnación, por lo tanto, implica una declaración de parte afectada, buscando la revisión de un pronunciamiento judicial, por parte del mismo órgano que lo emitió o de su superior en grado, por afectar sus intereses o pretensiones; sobre la base de un incorrecto análisis jurídico, o bien de una deficiente valoración de la prueba, o simplemente la inobservancia de normas procesales, bajo sanción de nulidad. Jurisprudencia “(…) solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados, estaremos ante un proceso inconstitucional, quedando totalmente descartado que, dentro de dicha noción, se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales, violación del contenido no esencial o adicional, que no son, por sí mismas, contrarias a la Constitución sino al orden legal. Mientras que el proceso que degenere en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional, la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación previstos al interior de cada proceso. Ese es el límite con el cual ha de operar el juez constitucional y, a la vez, la garantía de que no todo

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reclamo que se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente Nº 1014-2007-PHC/TC, considerando quinto.

• Base legal: Artículos 292 al 301-A, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 404 al 445, Código Procesal Penal de 2004.

2) ¿Cuáles son los elementos que estructuran la impugnación en materia penal? Los elementos que estructuran la impugnación en materia penal son: 1. Elementos objetivos: a) Solo se impugnan a través de los medios establecidos, previamente, por la ley; es el denominado, principio de legalidad de los medios impugnatorios b) La impugnación debe observar formalidades, tales como: – Legitimidad para recurrir; es decir, que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y se halle facultado legalmente para ello. Asimismo, el Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado. – Por escrito, dentro del plazo legal. – Pretensión impugnatoria y fundamentación. c) La impugnación presenta un ámbito o temas de cuestionamiento; que en materia penal, están dados a través de las siguientes reglas: 176


– El imputado y el Ministerio Público podrán impugnar, indistintamente, el objeto penal o del objeto civil de la resolución. – El actor civil solo podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución. 2. Elementos subjetivos: a) El defensor podrá recurrir directamente en favor de su patrocinado, quien posteriormente si no está conforme podrá desistirse. El desistimiento requiere autorización expresa de abogado defensor. b) Los sujetos procesales, cuando tengan derecho de recurrir, podrán adherirse, antes que el expediente se eleve al juez que corresponda, al recurso interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que cumpla con las formalidades de interposición. 3. Elementos temporales: a) Cada medio impugnatorio debe ser planteado dentro del plazo establecido por la ley. b) A manera de ejemplo, se señalan los plazos para impugnar establecidos por el P 2004: – Diez días para el recurso de casación. – Cinco días para el recurso de apelación contra sentencias. – Tres días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios y el recurso de queja. – Dos días para el recurso de reposición.

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Jurisprudencia “El derecho a la pluralidad de instancias constituye una garantía consustancial del derecho al debido proceso, reconocida expresamente en el artículo 139, inciso 6), de la Constitución. Garantiza que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior, y de esta manera se permita que lo resuelto por aquél, cuando menos, sea objeto de un doble pronunciamiento jurisdiccional [Cfr. STC Exp. N° 0023-2003-AI/TC]. De allí que este derecho, dada la vital importancia que presenta para los justiciables (en la medida que permite que puedan ejercer su defensa de manera plena), se erige como un elemento basilar en el ejercicio de la istración de justicia”. Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 4617-2007-PHC/TC, considerando segundo.

• Base legal: Artículos 292 al 301-A, Código de Procedimientos Penales de 1940. Artículos 404 al 445, Código Procesal Penal de 2004.

3. ¿Cuáles son los medios impugnatorios establecidos en el C de PP 1940? En el C de PP 1940 no se estableció bajo un solo capítulo, un sistema de medios impugnatorios; solo ha establecido para casos concretos, procedimientos impugnatorios; así tenemos: para la determinación de la competencia (artículos 14 al 17), recusación (artículos 36, 37 y 40), constitución en parte civil (artículos 55, 56 y 58), el auto que da inicio al proceso penal (artículo 77), en la tramitación de incidentes (artículo 90), en el incidente de embargo (artículo 94), en la sentencia, etc. Frente a este panorama, trataremos de establecer un marco coherente de los medios impugnatorios regulados en el sistema normativo, por el cual se inserta el C de PP 1940:

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(a) Apelación. El texto de 1940 no contiene una definición del recurso de apelación, más si el Código Procesal Civil, el cual señala que tiene por objeto que el órgano jurisdiccional examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente (artículo 364).

Sánchez Velarde nos brinda un cuadro de resoluciones judiciales objeto de apelación:(70) A) En el procedimiento ordinario. En las cuestiones de prejudicialidad civil (artículo 3), contra el auto que desestima la solicitud de constitución en parte civil (artículo 55), contra el auto que resuelva la oposición a la constitución en parte civil (artículo 56), contra el auto que declara no ha lugar a abrir instrucción y contra el auto que resuelve devolver la denuncia por falta de requisito de procedibilidad (artículo 77), contra las resoluciones que resuelven incidentes (artículo 90), contra el auto de embargo (artículo 94), contra el auto que declara improcedente la variación de la detención (artículo 135 del P 1991), contra el auto que resuelve la prolongación de la detención del imputado (artículo 137 del P 1991), contra el auto que resuelve la libertad provisional (artículo 185 del P 1991). B) En los procedimientos sumarios y especiales. En el procedimiento sumario, contra la sentencia dictada por el juez penal. La ley establece que puede ser apelada en el acto mismo de su lectura o en el término de tres días. En el procedimiento de querella (artículo 314). En el procedimiento por faltas (artículo 6 Ley 27939).

Por otro lado, no existe un procedimiento específico para la tramitación de las apelaciones; sin embargo, podemos uniformar las siguientes: (a) se interpone por escrito y firmado por quien tiene facultad para ello. No existe impedimento si se interpone

(70) Cfr. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. cit., p. 867.

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oralmente en la diligencia judicial que le da origen, pero deberá constar en dicho acto procesal; (b) se interpone ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución que la motiva; (c) la ley lo exige previamente para la sentencia, pero es indudable que la impugnación contra cualquier clase de resolución, alcanzaría mejor sus objetivos si sustentara debidamente; (d) el juzgado debe de formar el incidente o cuaderno de apelación, con copias de las diligencias actuadas o piezas pertinentes; debe enumerar debidamente el expedientillo y elevarlo con oficio a la Sala Penal Superior. Si se trata de una sentencia, se debe elevar el expediente principal; (e) previo a la resolución definitiva por la Sala Penal Superior, el fiscal superior debe de emitir dictamen. b) Recurso de nulidad. Para García Rada, es un medio de impugnación no suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo que se interpone a efectos de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión penal, la cual se justifica por motivo de derecho material o procesal(71). Asimismo, Cristian Aguilera, tomando en cuenta el proceso penal chileno, define el recurso de nulidad como, aquella vía de impugnación que persigue invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente esta, fundada en la infracción a las reglas rituales expresamente previstas por el legislador, a los derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes de forma sustancial o cuando en el juicio jurisdiccional se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo(72).

Frente a tales definiciones, consideramos que el recurso de nulidad es aquel medio impugnatorio, reglado, vertical o de alzada, cuyo efecto es la declaratoria de nulidad de una determinada decisión penal, la cual puede extenderse, ya sea a pronunciamientos de fondo, como la condena o la absolución, o bien a etapas procesales, como la instrucción o el juicio oral.

(71) Cfr. GARCÍA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal, 5ta. edición, Editorial EDDILI, Lima-Perú, 1976, p. 241. (72) Cfr. AGUILERA, Cristian. Código Procesal Penal, Tomo II, Editorial Metropolitana, Santiago, Chile, 2001, p. 772.

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Según el artículo 298 del C de PP 1940, las causales de procedencia del recurso de nulidad son: 1. Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal. 2. Si el juez que instruyó o el Tribunal que juzgó no era competente. 3. Si se ha condenado por un delito que no fue materia de la instrucción o del juicio oral, o que se haya omitido instruir o juzgar un delito que aparece de la denuncia, de la instrucción o de la acusación.

Sin embargo, para Sánchez Velarde, dentro de la primera causal pueden considerarse cualesquiera de las omisiones procesales formales y de fondo, detectadas tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral, así como, también la inobservancia a las garantías reconocidas por la Constitución y leyes de desarrollo; de tal manera que los otros dos supuestos de nulidad se encontrarían comprendidos dentro del primero(73). No obstante, estas causales que giran en torno a omisiones procesales de forma o de fondo, en nuestra jurisprudencia se ha materializado con mayor fuerza, con la ausencia de una adecuada valoración de los medios probatorios actuados (o dejados de actuar) durante el juicio oral.

En efecto, el recurso de nulidad ha sido estructurado como un recurso ordinario, usualmente empleado para aquellos casos en que la insuficiencia de prueba impidió dictar una sentencia condenatoria, que destruyese el principio de presunción de inocencia(74).

(73) SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob. cit, p. 878. (74) Para Bacigalupo este principio tiene dos dimensiones: una dimensión normativa y otra dimensión fáctica. Esta última, según el autor, “hace referencia al estado individual de duda de los jueces y por lo tanto debe quedar fuera de la casación”. La dimensión normativa, en cambio, “se manifiesta en la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de absolver cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado o de condenar por la hipótesis más favorable al mismo”. Cfr. BACIGALUPO, Enrique. La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires – Argentina, 1994, p. 29.

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Ello origina una serie de combinaciones entorno a la valoración de la prueba mediante el recurso de nulidad, las cuales son:(75) • Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria fundada en prueba que no se hubiere rendido en el juicio oral. Para fundar dicha causal, basta analizar algunos de los principales derechos de la defensa que pueden verse vulnerados. En general, es posible afirmar que todas dichas facultades vulneradas se encuentran reflejadas en el principio de contradictoriedad, en cuanto derecho a controvertir la prueba de cargo. La infracción a este principio, comienza al impedir que la defensa haga efectivo el derecho a la información por parte de la defensa. • Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria fundada en prueba obtenida por medios ilícitos o inconstitucionales. Miranda Estrampes plantea que la necesidad de que las pruebas hayan sido practicadas con todas la garantías implica una triple exigencia, actuando estas a modo de concreciones del contenido esencial de la presunción de inocencia como derecho fundamental. Tales son: 1° La necesidad de que las pruebas hayan sido obtenidas con respeto absoluto de las garantías y derechos fundamentales de las personas (por ejemplo: requisito de autorización judicial para la práctica de una determinada diligencia de investigación). 2° Las pruebas deben haber sido practicadas con observancia de las garantías fundamentales de la contradicción, inmediación, publicidad y oralidad. Y dicha exigencia rige tanto para su obtención como para su incorporación en el juicio oral. 3° Debe haberse respetado las normas procesales que disciplinan la actividad probatoria siempre y cuando, cumplan una función de garantía para el acusado.

(75) Para mayores detalles, consúltese: ASENCIO HERNÁNDEZ, Félix / CASTELLANOS ZEREGA, Andrés. Revisión de los hechos y recurso de nulidad, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Santiago, 2005, capítulo III.

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• Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria fundada en medios de prueba que no acreditan suficientemente la culpabilidad. El juez sentenciador debe pasar por dos etapas al momento de revisar la prueba para así alcanzar su convicción. La primera consistirá en determinar si existe o no prueba de cargo; si no existiere, debería inmediatamente dictar sentencia absolutoria por falta de pruebas, y si existiere deberá pasar a la segunda etapa, donde determinará la calidad de esta, y dependiendo de lo que aprecie dictará la sentencia que corresponde. • Cuando la sentencia condenatoria hubiere infringido los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados. Es preciso que el razonamiento del juez sea lo suficientemente motivado como para permitir su reconstrucción por parte de otros jueces. En todo caso, ante la ausencia de normas que establezcan qué valor debe atribuirse a un determinado medio de prueba y cómo el juez ha de arribar a su convencimiento, los tribunales superiores no pueden reemplazar la convicción del juez de la instancia mediante la propia convicción. Los tribunales superiores solo pueden extender su control a dos aspectos: 1) Si acaso el juez ha emitido una sentencia condenatoria, no obstante persistir sus dudas acerca de la culpabilidad del acusado. 2) Si acaso el juez ha desconocido el significado de la libre valoración de la prueba, en cuanto a su obligación de ponderar suficientemente la prueba rendida y de respetar los límites de dicha apreciación(76).

Sin embargo, esta revaloración de la prueba es solo nominal, ya que en el caso de la sentencia absolutoria y según lo establecido en el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, su nulidad implica ordenar una nueva instrucción o bien la realización de un nuevo juzgamiento; lo que implica que la verdadera valoración probatorio lo hará, no el órgano revisor, sino el revisado.

(76) BOFILL, Jorge. “La prueba en el proceso penal”. En: Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCI N° 1, Buenos Aires, 1994, p. 27.

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Situación distinta ocurre con la sentencia condenatoria, donde el ad quem si realiza un examen de la prueba por la cual se fundó la condena, sin remitirlo al a quo, a tal punto que, si verifica una indebida valoración por parte de este último, puede declarar la nulidad de la sentencia condenatoria, absolviendo al condenado.

Por otro lado, seguiremos comentando esta figura cuando se analice el tema de impugnación de la sentencia emitida en el juicio oral.

c) Queja. Es el mecanismo por el cual, dentro de un proceso penal, se puede lograr la revisión de una resolución por la instancia superior pese a ser declarado improcedente el recurso impugnatorios por la instancia superior.

Un primer supuesto es por denegatoria del recurso de nulidad –el cual será analizado más adelante–: otro supuesto está dado cuando el juez omite fundamentar el mandato de detención. La elevación del incidente se realizará dentro de las veinticuatro horas de presentada la impugnación; posteriormente, la Sala se pronunciará en el mismo término sin necesidad de vista fiscal. Si se declara fundada se ordenará que el conocimiento de la causa se remita a otro juez, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar.

d) Revisión. Se encuentra relacionado con la posibilidad de que la instancia superior en un proceso determinado revise la resolución considerada errónea o injusta y posibilite un nuevo curso al procedimiento. En ese sentido, la sentencia condenatoria deberá ser revisada por la Corte Suprema, cualquiera que sea la jurisdicción que haya juzgado o la pena que haya sido impuesta: 1. Cuando después de una condena por homicidio se produzcan pruebas suficientes de que la pretendida víctima del delito vive o vivió después de cometido el hecho que motivó la sentencia; 2. Cuando la sentencia se basó principalmente en la declaración de un testigo condenado después como falso en un juicio criminal; 3. Cuando después de una sentencia se dictara otra en la que se condene por el mismo delito a persona distinta del acusado; y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, de su contradicción resulte la prueba de la inocencia de 184


alguno de los condenados; 4. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada; y 5. Cuando con posterioridad a la sentencia se acrediten hechos por medio de pruebas no conocidas en el juicio, que sean capaces de establecer la inocencia del condenado. La demanda de revisión con sus recaudos será presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Debe contener la referencia precisa y completa de los hechos en que se funda, y la cita de las disposiciones legales pertinentes. Se acompañará la prueba que el caso requiera. También se precisará el domicilio del agraviado si se constituyó en parte civil. Si la demanda reúne los requisitos exigidos, solicitará de inmediato el expediente cuya revisión se trate, con citación de las partes. Recibido el expediente solicitado, se dispondrá vista fiscal, salvo que el fiscal hubiere presentado la demanda de revisión. En este último caso se correrá traslado de la demanda al acusado o a su representante legal o a sus familiares, así como a la parte civil, por el plazo de diez días. Cumplido el trámite previsto en el numeral anterior, se señalará fecha para la vista de la causa. Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, declarará sin valor la sentencia motivo de la impugnación y remitirá el proceso a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciará directamente la sentencia absolutoria. Si la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema es absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos efectuados por concepto de reparación civil y de multa, así como –de haberse solicitado– la indemnización que corresponda por error judicial. La resolución de la Corte Suprema se notificará a todas las partes del proceso originario. Finalmente, se debe tener en cuenta, que la interposición de la demanda de revisión no suspende la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del procedimiento, la Sala podrá suspender la ejecución de la sentencia impugnada y disponer, de ser el caso, la libertad

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del imputado, incluso aplicando, si correspondiere una medida de coerción alternativa. Jurisprudencia “Que, en el juicio oral no se ha efectuado una debida apreciación de los hechos ni de las pruebas con el fin de establecer fehacientemente la responsabilidad o inocencia del encausado Manuel Zurita Ojeda en la comisión del delito que se le atribuye, por lo que su situación jurídica será definida en un nuevo juzgamiento, debiendo el colegiado realizar un estudio integral de los hechos y valoración de la prueba real e indiciaria…”. Sala Penal de la Corte Suprema, R. N. N° 1754-2002-Lambayque. “Que del análisis de la sentencia recurrida, se advierte que se ha incurrido en graves irregularidades que atentan contra el principio de congruencia en la motivación, pues además de no haberse actuado todas las pruebas pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos materia de inculpación, no se ha compulsado adecuadamente la prueba de autos, a fin de establecer la responsabilidad o irresponsabilidad penal de todos y cada uno de los procesados, incurriéndose por lo tanto en la causal de nulidad prevista y sancionada por el artículo doscientos noventiocho, inciso uno del Código de Procedimientos Penales”. Sala Penal de la Corte Suprema, R. N. N° 1312-2003-Callao. “Sobre el particular, debe tenerse presente el contenido del artículo 361 del Código de Procedimientos Penales, que regula las causales por las que puede presentarse el recurso extraordinario de revisión en materia penal; en tal sentido, debe precisarse que si bien el objeto de la norma precitada es obtener la revisión de la sentencia emitida en un proceso penal, en ningún caso puede estar dirigido a obtener una adecuación del tipo penal o a la reducción de la pena impuesta. En ese sentido, tanto la imposición de la pena como su ejecución tienen pleno sustento en la Constitución, como parte de la soberanía del Estado y como ejercicio de la potestad punitiva del mismo; en ese contexto, como parte de la política penitenciaria, el legislador ordinario puede establecer casos especiales que

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permitan la revisión de una sentencia penal, situación esta que, por ser excepcional, únicamente procede en los casos taxativamente previstos, y que no permite su aplicación a supuestos distintos o circunstancialmente análogos o parecidos a los ya previstos”. Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 1944-2005-PHC/TC, considerando tercero.

• Base legal: Artículos 292 al 301-A, Código de Procedimientos Penales de 1940.

4. ¿Cuáles son los medios impugnatorios establecidos en el P 2004? Los medios impugnatorios establecidos en el P 2004 son: a) Reposición. Es aquel recurso tendiente a obtener que en esta instancia donde una resolución fue emitida, se subsanen, por contrario imperio, los agravios que aquella pudo haber inferido. Se fundamenta en los principios de economía y celeridad procesal.

Procede contra: a) Contra los decretos; b) Contra todo tipo de resolución emitida durante la audiencia, salvo las finales, debiendo el juez en este caso resolver el recurso en ese mismo acto sin suspender la audiencia; y c) Contra los autos emitidos en segunda instancia que declaran inisible (por revisión) la apelación y la casación.

Su procedimiento, se grafica de la siguiente forma:

Escrito

Absolución

Auto que resuelve la reposición

2d

(si se considera

(inimpugnable)

necesario)

2d

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b) Apelación. Es aquel recurso ordinario y vertical o de alzada, formulado por quien se considera agraviado con una resolución judicial (autos o sentencia) que adolece de vicio o error, y encaminada a lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado al que la emitió (a quo) la revise (ad quem), y proceda a anular o revocarla, ya sea total o parcialmente, dictando otra en su lugar u ordenando al a quo que expida otra conforme lo señalado por el órgano revisor.

El fundamento del recurso de apelación es el principio de la pluralidad de instancia como principio para la corrección de las resoluciones judiciales.

Asimismo, el recurso de apelación puede presentar los siguientes efectos: A) Sin efecto suspensivo, devolutivo o de un solo efecto. Con prescindencia a la tramitación del recurso, la decisión contenida en la resolución apelada, tiene plena eficacia y puede exigirse su cumplimiento. B) Con efecto suspensivo o de doble efecto. La resolución no deberá cumplirse de inmediato, debido a que está suspendida su eficacia hasta que se resuelva en definitiva por el superior. Este efecto, en el P 2004, se aplica tanto a la apelación de sentencias y los autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia.

Por otro lado, el P ha establecido dos trámites diferentes, en cuanto al recurso de apelación: por un lado, el trámite cuando se apelan autos; y por otro lado, el trámite cuando se apela la sentencia.

En el primer caso, la apelación de autos procede contra: a) Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia; b) Los autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la pena; c) Los autos que se

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pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva; y, d) Los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable.

Su esquema procedimental es el siguiente:

Escrito (3d) Se eleva al superior Absolución de la apelación (5d) Control de isión Inisible o Audiencia de apelación Recurso de reposición Resuelve (20d)

En esta oportunidad, no haremos mención a la apelación de sentencia, ya que se le dedicará un propio apartado.

c) Casación. La casación es un medio de impugnación extraordinario, del que conoce la Corte Suprema (sin ser una tercera instancia), que se interpone exclusivamente por los motivos tasados en la Ley y contra las resoluciones judiciales expresamente previstas por ella.

Esta, en el P 2004, persigue los siguientes fines: A. Nomofiláctica. El órgano de casación pueda enjuiciar la conformidad a derecho de las decisiones innovadoras de los órganos de instancia y con ello, al desestimar o estimar el recurso motivadamente, que la sentencia pueda servir como confirmación o cambio de la línea jurisprudencial y en este

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último caso como precedente para la resolución de conflictos posteriores. B. Unificadora. La casación pretende que las decisiones judiciales, al organizarse alrededor de las pautas que la corte de casación da, encuentren organicidad y unicidad, la que a su vez debe producir varios efectos secundarios. C. Dikelógica. Se busca hacer justicia del caso concreto, apareciendo así como un medio impugnativo (recurso) impulsado por el particular que sufre el agravio de la sentencia. D. Controlar la apreciación y calificación jurídica de los hechos. La casación controle la actividad lógico-jurídica desarrollada por el juez en la apreciación y calificación jurídica de los hechos y en la valoración de los elementos probatorios y de las razones que de ellos haya extraído para formarse convicción sobre los hechos aportados al proceso, sobre la base de los cuales haya decidido la causa. E. Enseñanza. Consiste en enseñar a la judicatura nacional en general, cuál debe ser la aplicación correcta de la norma jurídica. Asimismo, la función pedagógica alcanza, además, la interpretación correcta de una norma jurídica. F. Protección a las garantías constitucionales. El artículo 429, inciso 1) del P 2004, precisa que el recurso de casación procede cuando la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. G. Sancionar con nulidad las infracciones procesales. El artículo 429, inciso 2) del P 2004, establece que el recurso de casación procede cuando la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad.

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H. Controlar la logicidad de las resoluciones judiciales. El artículo 429, inciso 4) del P 2004, precisa que el recurso de casación procede cuando la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor.

No abundaremos en mayor detalle, porque también se le ha reservado un apartado propio a la casación penal.

d) Queja. Apunta a obtener la isibilidad de otro recurso (apelación o casación) que ha sido denegado; es decir, busca controlar si la resolución de inisibilidad del inferior se ha ajustado o no a derecho.

Su esquema procedimental es:

Escrito isibilidad o fundabilidad 3d

(decisión sobre la forma y fondo del recurso de queja)

e) Acción de revisión. Es una acción de impugnación (más que un recurso impugnatorio) autónoma que da origen a un proceso nuevo. Su finalidad es rescindir una sentencia firme, al ir en contra del principio de justicia. Procede: a. Cuando después de una sentencia se dictara otra que impone pena o medida de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados. b. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada. c. Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación. 191


d. Si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado. e. Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue determinada exclusivamente por un delito cometido por el juez o grave amenaza contra su persona o familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado. f. Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema.

Su esquema procedimental es:

Demanda isibilidad de la demanda (fiscal supremo o condenado) Actividad probatoria 30d Audiencia de revisión Sentencia en audiencia pública (20d)

Jurisprudencia “(…) en las resoluciones como la presente se requiere para la viabilidad del recurso de casación que el delito imputado más grave tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años; que el delito más grave objeto del presente proceso penal (…) es el de hurto agravado, que está conminado con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años (…) que en consecuencia los delitos incriminados no alcanzan

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el criterio de summa poena estatuido en la norma procesal…”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 04-2007 Huaura, considerando tercero. “(…) confundiendo los alcances de la casación, pretende que este Supremo Tribunal, realice un análisis independiente de los medios de prueba personales –que no es posible hacer en virtud a los principios procedimentales de oralidad e inmediación que rigen la actividad probatoria–, confundiendo juicio de suficiencia –que parte de los medios y elementos de prueba analizados por el órgano sentenciador y se proyecta al examen de la conclusión que se arriba sobre el tema de prueba– con el análisis autónoma de la prueba actuada, que no cabe realizar, por su cognición limitada, al órgano de casación…”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 02-2007 Huaura, considerando quinto.


5. Ante la sentencia emitida en el juicio oral, ¿qué recursos impugnatorios, según el C de PP 1940, pueden plantearse? Según el C de PP 1940, leída la sentencia, el acusado o el fiscal, podrán interponer recurso de nulidad, pudiendo hacerlo en el acto o reservarse ese derecho hasta el día siguiente de expedido el fallo, oportunidad en que solo podrán hacerlo por escrito. Igualmente, la parte civil, en cuanto al monto de la reparación civil, salvo el caso de sentencia absolutoria. itido el recurso de nulidad, la Sala penal elevará inmediatamente los autos a la Corte Suprema. No procede la deserción ni el abandono del recurso de nulidad.

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Sin embargo, si la Sala penal deniega conceder el recurso de nulidad, el interesado podrá solicitar copias, dentro de veinticuatro horas, para interponer recurso de queja ordinario. La Sala Penal Superior ordenará la expedición gratuita de las copias pedidas y las que crea necesarias, elevando inmediatamente el cuaderno respectivo a la Corte Suprema. Excepcionalmente, tratándose de sentencias, de autos que extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la instancia, o de resoluciones que impongan o dispongan la continuación de medidas cautelares personales dictadas en primera instancia por la Sala Penal Superior, el interesado –una vez denegado el recurso de nulidad– podrá interponer recurso de queja excepcional, siempre que se acredite que la resolución impugnada o el procedimiento que la precedió infringió normas constitucionales o normas con rango de ley directamente derivadas de aquellas. La isión del recurso de queja excepcional, está condicionada a que: a) se interponga en el plazo de veinticuatro horas de notificada la resolución que deniega el recurso de nulidad; b) se precisen y fundamenten puntualmente los motivos del recurso; c) se indique en el escrito que contiene el recurso las piezas pertinentes del proceso y sus folios, para la formación del cuaderno respectivo. La Sala Penal Superior solo podrá declarar inisible el recurso de queja si se vulneran la formalidad y el plazo previstos en este Código. En ese caso, el afectado, en el plazo de veinticuatro horas, se dirigirá directamente a la Corte Suprema adjuntando copia del recurso y de la cédula de notificación que contiene el auto denegatorio. La Corte Suprema decidirá, sin trámite alguno, si corresponde que la Sala Penal Superior eleve el cuaderno de queja. La Corte Suprema, en todos los casos, resolverá el recurso de queja, previo dictamen fiscal. Bastan tres votos conformes para resolverla. Por otro lado, concedido el recurso de nulidad, y elevado los actuados a la Corte Suprema, esta declarará la nulidad, con cuatro votos conformes, cuando: 1. En la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal. 194


2. Si el juez que instruyó o el Tribunal que juzgó no era competente. 3. Si se ha condenado por un delito que no fue materia de la instrucción o del juicio oral, o que se haya omitido instruir o juzgar un delito que aparece de la denuncia, de la instrucción o de la acusación. No procede declarar la nulidad tratándose de vicios procesales susceptibles de ser subsanados; o que no afecten el sentido de la resolución. Los jueces y tribunales están facultados para completar o integrar en lo rio, incidental o subsidiario, los fallos o resoluciones judiciales. La nulidad del proceso no surtirá más efectos que el retrotraer el procedimiento a la estación procesal en que se cometió o produjo el vicio, subsistiendo los elementos probatorios que de modo específico no fueron afectados. Declarada la nulidad del juicio oral, la audiencia será reabierta, a fin de que en dicho acto se subsanen los vicios u omisiones que la motivaron, o que en su caso, se complementen o amplíen las pruebas y diligencias que correspondan. Asimismo, en el recurso de nulidad, en el C de PP 1940, se deben de observar las siguientes reglas: 1. Si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación. 2. Las penas o las medidas de seguridad impuestas a los sentenciados que no hayan sido objeto de recurso de nulidad, solo podrán ser modificadas cuando les sea favorable. 3. Si el recurso de nulidad es interpuesto por el Ministerio Público, la Corte Suprema podrá modificar la pena o medida de seguridad impugnada, aumentándola o disminuyéndola, cuando esta no corresponda a las circunstancias de la comisión del delito.

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4. Si el recurso de nulidad se refiere a la reparación civil, la Corte Suprema en todos los casos solo podrá decidir en los estrictos ámbitos de la pretensión impugnatoria. 5. Las partes deberán fundamentar en un plazo de diez días el recurso de nulidad. En caso de incumplimiento se declarará improcedente el recurso. Esta disposición se extiende a la impugnación de autos, en cuyo caso el plazo para fundamentarla es de cinco días. 6. Los criterios establecidos en los numerales precedentes serán de aplicación a los recursos de apelación interpuestos en el proceso sumario previsto en el Decreto Legislativo N° 124 y en todos los demás procedimientos establecidos por la ley. 7. Si la Corte Suprema no considera fundada la sentencia condenatoria o resulta que la acción penal ha prescrito o que el reo ha sido ya juzgado y condenado o absuelto por el mismo delito, puede anular dicha sentencia y absolver al condenado, aun cuando este no hubiese opuesto ninguna de estas excepciones. En caso de sentencia absolutoria solo puede declarar la nulidad y ordenar nueva instrucción o nuevo juicio oral. 8. Las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituyen precedente vinculante cuando así lo expresen estas, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. En ambos casos la sentencia debe publicarse en el Diario Oficial y, de ser posible, a través del portal o página web del Poder Judicial. 9. Si se advierte que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la respectiva Sala penal en sus decisiones sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada norma, a instancia de cualquiera de las Salas, de la fiscalía Suprema en lo Penal o de la Defensoría del Pueblo –en 196


relación con los ámbitos referidos a su atribución constitucional– se convocará inmediatamente al Pleno de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para dictar una sentencia plenaria, la que se adoptará por mayoría absoluta. En este supuesto no se requiere la intervención de las partes, pero se anunciará el asunto que la motiva, con conocimiento del Ministerio Público. La decisión del Pleno no afectará la sentencia o sentencias adoptadas en los casos que determinaron la convocatoria al Pleno de los Vocales de lo Penal. La sentencia plenaria se publicará en el Diario Oficial y, de ser posible, a través del portal o página web del Poder Judicial. Finalmente, cabe mencionar que, contra la sentencia emitida por la Corte Suprema, no cabe recurso impugnatorio alguno, solamente el recurso de revisión, al cual se ha hecho referencia anteriormente. Jurisprudencia Los acuerdos plenarios de la Corte Suprema contienen criterios jurisprudenciales que sirven de directrices en la resolución de los casos penales, por tal, solo resultan aplicables a las causas penales acaecidas con posterioridad, más no a los casos llevados a cabo antes de dicho acuerdo, pues siendo criterios orientadores no pueden igualarse a las leyes penales, que sí pueden ser aplicables ultractiva y retroactivamente en el tiempo cuando favorezcan al reo”. Sala Penal R. N Nº 2595-2006 Cañete, considerando tercero. “Que estos elementos de convicción no han sido debidamente valorados por el Tribunal de Instancia , ni han sido compulsados con las demás pruebas actuadas; que siendo así, de conformidad con el artículo trescientos uno in fine del Código de Procedimientos Penales, es de rigor proceder a realizar un nuevo juicio oral”. Sala Penal de la Corte Suprema, R.N. Nº 1990-2005-Puno “Que conforme se aprecia de lo actuado en el juicio oral se ha incurrido en una serie de irregularidades de índole procesal, al haberse tramitado el proceso por un lado, sin haber consignado las preguntas del director de la sala, del fiscal y de la parte civil; aunado a esto que no se le tomo juramento al intérprete, así como tampoco se ha

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señalado cual es la lengua materna del procesado, solo se indica que no habla castellano, no consignándose las preguntas del intérprete, ni se ha recibido sus generales de ley, habiéndose transgredido lo previsto en el numeral ciento treinticuatro del Código de Procedimientos Penales; igualmente se advierte que el orden de las piezas procesales se encuentra invertido, toda vez que el acta final que pone fin al proceso se encuentra a fojas doscientos cuarenticuatro mientras que a fojas doscientos cuarenticinco obran las cuestiones de hecho y a fojas doscientos cuarentisiete la sentencia; siendo esto así se ha transgredido el principio del debido proceso; además que no se han glosado las piezas del proceso por el director de debates, incurriendo en causal de nulidad prevista en el artículo doscientos noventiocho del código adjetivo”. Sala Penal de la Corte Suprema, R.N. Nº 3009-02 Cuzco. “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba persona, el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello reduce el criterio fiscalizador del Tribunal de Apelación pero no lo elimina. En esos casos –las denominadas zonas opacas–, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión y control en apelación; no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y el conocimiento científico”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 05-2007 Huaura, considerando sétimo.

• Base legal: Artículos 292 al 301-A, Código de Procedimientos Penales de 1940.

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6. Ante la sentencia emitida en el juicio oral, ¿qué recursos impugnatorios, según el P 2004, pueden plantearse? Según el P 2004, al concluir la lectura de la sentencia, el juzgador preguntará a quien corresponda si interpone recurso de apelación; si se interpone y es itido, se elevarán los actuados a la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia correspondiente, a fin que resuelva el citado recurso. No es necesario que en ese acto fundamente el recurso. También puede reservarse la decisión de impugnación. Por otro lado, para los acusados no concurrentes a la audiencia, el plazo empieza a correr desde el día siguiente de la notificación en su domicilio procesal. Luego, el esquema procedimental es el siguiente: Escrito (5d)

Se eleva al superior

Absolución de la apelación (5d)

Si lo deniega Control de isión por el superior Recurso de queja

Inisible u Ofrecimiento de pruebas (5d) Recurso de reposición

isión de las pruebas (3d) Audiencia de apelación Sentencia (10d)

La sentencia de segunda instancia, puede: a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer se remitan los autos al juez que corresponda para la subsanación a que hubiere lugar; b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria puede dictar sentencia

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absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la señalada por el juez de Primera Instancia. También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas rias, conjuntas o medidas de seguridad. Por otro lado, la implementación de una audiencia de apelación es una característica del recurso de apelación contra sentencias del régimen del juicio oral. En efecto, en el sistema del juicio oral, el recurso de apelación es un medio impugnativo que exige la sustentación oral que debe hacerse del recurso ante el superior inmediato del funcionario que profirió la decisión que no satisface los intereses de cualquiera de los intervinientes con vocación o interés jurídicos para interponer el recurso. Y esto porque trae como sanción de la no concurrencia del impugnante a la audiencia de sustentación el que el recurso se declare desierto, tal como lo indica el artículo 423 del P 2004,(77) salvo si puede justificar la inasistencia. Por ende, si la actuación probatoria se dio bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, a fin de sustentar la decisión penal; es lógico y razonable pensar que se necesita de la observancia de los mismos principios para confirmar o revocar la referida decisión. Ello, también sería idóneo en términos de economía procesal, porque en el actual modelo procesal, el recurso de nulidad puede conllevar dos

(77) “Artículo 423. Emplazamiento para la audiencia de apelación. 1. Decidida la isibilidad de la prueba ofrecida, en ese mismo auto se convocará a las partes, incluso a los imputados no recurrentes, para la audiencia de apelación. 2. Es obligatoria la asistencia del fiscal y del imputado recurrente, así como de todos los imputados recurridos en caso la impugnación fuere interpuesta por el fiscal. 3. Si el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia, se declarará la inisibilidad del recurso que interpuso. De igual manera se procederá si no concurre el fiscal cuando es parte recurrente. 4. Si los imputados son partes recurridas, su inasistencia no impedirá la realización de la audiencia, sin perjuicio de disponer su conducción coactiva y declararlos reos contumaces. 5. Es, asimismo, obligatoria la concurrencia de las partes privadas si ellas únicamente han interpuesto el recurso, bajo sanción de declaración de inisibilidad de la apelación; y, 6. Si la apelación en su conjunto solo se refiere al objeto civil del proceso, no es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil”.

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momentos procesales: a) la revisión de los actuados por parte del ad quem; y b) en el supuesto que declare nulo el juicio oral, la necesidad de su realización. En cambio, con el nuevo modelo procesal, el recurso de apelación reduce ambos momentos en uno solo: la Sala que ventila la apelación, a través de una audiencia, practica y valora la prueba idónea para decidir si ampara o no la pretensión de impugnación. Por otro lado, contra la sentencia emitida por la Sala penal, cabe interponer recurso de casación, siempre y cuando, este se funde en cualquiera de las siguientes causales: 1. Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. El esquema procedimental de este es el siguiente:

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Escrito (10d)

Control de la formalidad por la Sala Penal Superior:

Inisible

Recurso de queja

isible

Se elevan los actuados Absolución de la casación (10d) Decisión de conocer el fondo por La Corte Suprema (20d)

Alegatos ampliatorios (10d)

Audiencia de casación

Sentencia (20d)

Si la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema declara fundado el recurso, además de declarar la nulidad de la sentencia o auto recurridos, podrá decidir por sí el caso, en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate, u ordenar el reenvió del proceso. La sentencia se notificará a todas las partes, incluso a las no recurrentes. Si opta por la anulación sin reenvío en esta sentencia se pronunciará sobre el fondo dictando el fallo que deba reemplazar el recurrido. Si decide la anulación con reenvió, indicará el juez o Sala Penal Superior competente y el acto procesal que deba renovarse. El órgano jurisdiccional que reciba los autos, procederá de conformidad con lo resuelto por la Sala Penal Suprema. En todo caso, la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual 202


permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique. Si existiere otra Sala penal o esta se integra con otros Vocales, sin perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su instancia, se convocará inmediatamente al Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema para la decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría absoluta. En este último supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la resolución que se dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motiva. La resolución que declare la doctrina jurisprudencial se publicará en el Diario Oficial. Si se advirtiere que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la Sala penal en sus decisiones sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada norma, de oficio o a instancia del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, en relación con los ámbitos referidos a su atribución constitucional, obligatoriamente se reunirá el Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema. En este caso, previa a la decisión del Pleno, que anunciará el asunto que lo motiva, se señalará día y hora para la vista de la causa, con citación del Ministerio Público y, en su caso, de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, cabe mencionar que, contra la sentencia emitida por la Corte Suprema, no cabe recurso impugnatorio alguno, solamente la acción de revisión, la cual se ha hecho referencia anteriormente. Jurisprudencia “… en las resoluciones como la presente se requiere para la viabilidad del recurso de casación que el delito imputado más grave tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años; que el delito más grave objeto del presente proceso penal (…) es el de hurto agravado, que está conminado con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años (…) que en consecuencia los delitos incriminados no alcanzan el criterio de summa poena estatuido en la norma procesal…”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 04-2007 Huaura, considerando tercero.

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“(…) confundiendo los alcances de la casación, pretende que este Supremo Tribunal, realice un análisis independiente de los medios de prueba personales –que no es posible hacer en virtud a los principios procedimentales de oralidad e inmediación que rigen la actividad probatoria–, confundiendo juicio de suficiencia –que parte de los medios y elementos de prueba analizados por el órgano sentenciador y se proyecta al examen de la conclusión que se arriba sobre el tema de prueba– con el análisis autónoma de la prueba actuada, que no cabe realizar, por su cognición limitada, al órgano de casación…”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 02-2007Huaura, considerando quinto. “Corresponde a los tribunales de mérito –de primera instancia y de apelación– la valoración de la prueba, de suerte que únicamente está reservado a este Tribunal de Casación apreciar si de lo actuado en primera y segunda instancia, en atención a lo expuesto en el fallo de vista, la existencia de un auténtico vacío probatorio”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 03-2007 Huaura, considerando sétimo. “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba persona, el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello reduce el criterio fiscalizador del Tribunal de Apelación pero no lo elimina. En esos casos –las denominadas zonas opacas–, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión y control en apelación; no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y el conocimiento científico”. Sala Penal Permanente

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de la Corte Suprema, Casación Nº 05-2007 Huaura, considerando sétimo. “(…) el recurso de casación por su propia naturaleza no constituye una nueva instancia, por tratarse de un medio impugnatorio de carácter extraordinario con motivos tasados que tiene caracteres que están determinados en la ley y han merecido una serie de disquisiciones en el campo de la doctrina; en ese contexto, constituye una de sus finalidades el control de la logicidad en la motivación de las resoluciones judiciales, que pueden resumirse en lo siguiente: en falta de motivación, deficiente motivación, insuficiente motivación, aparente motivación y la incongruencia entre la parte considerativa y la parte decisoria de la motivación”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 08-2007 Huaura, considerando cuarto. “(…) excepcionalmente puede aceptarse el recurso de casación fuera de las resoluciones que enumera los apartados anteriores del citado artículo (427 del P 2004), ello está sujeto a que se estime imprescindible para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, y que el recurrente consigne adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende…”. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Casación Nº 06-2007 Huaura, considerando cuarto.


III. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL 1. ¿Cómo se ejecuta la sentencia en materia penal? El C de PP 1940 ha establecido las siguientes reglas en cuanto a la ejecución de sentencia en materia penal:

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1. La sentencia absolutoria se cumplirá dando inmediatamente libertad al acusado, si se halla detenido, o cancelando la caución o fianza si se encuentra en libertad provisional. 2. La sentencia condenatoria se cumplirá, aunque se interponga recurso de nulidad. Por otro lado, en el P 2004, en los artículos 488 al 496, se ha establecido las siguientes reglas a observase para la ejecución de sentencias: 1. La ejecución de las sentencias condenatorias firmes, salvo lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal respecto de los beneficios penitenciarios, serán de competencia del juez de la investigación preparatoria. 2. El juez de la investigación preparatoria está facultado para resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de las sanciones establecidas en el numeral anterior. Hará las comunicaciones dispuestas por la ley y practicará las diligencias necesarias para su debido cumplimiento. 3. Si el condenado se halla en libertad y la sentencia impone pena privativa de libertad efectiva, el juez de la investigación preparatoria dispondrá lo necesario para su captura. Producida la captura, el juez de la investigación preparatoria, una vez que esté plenamente acreditada la identidad del condenado, realizará el cómputo de la pena, descontando de ser el caso el tiempo de detención, de prisión preventiva y de detención domiciliaria que hubiera cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de extradición instaurado para someterlo a proceso en el país. El cómputo será siempre reformable, aun de oficio, si se comprueba un error o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario. La fijación del cómputo de la pena se comunicará inmediatamente al Juzgado que impuso la sanción y al Instituto Nacional Penitenciario. 4. El Ministerio Público, el condenado y su defensor, según corresponda, podrán plantear, ante el juez de la investigación preparatoria incidentes relativos a la conversión y revocación de la 206


conversión de penas, a la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva del fallo condenatorio, y a la extinción o vencimiento de la pena. 5. Los incidentes deberán ser resueltos dentro del término de cinco días, previa audiencia a las demás partes. Si fuera necesario incorporar elementos de prueba, el juez de la investigación preparatoria, aun de oficio, y con carácter previo a la realización de la audiencia o suspendiendo esta, ordenará una investigación sumaria por breve tiempo que determinará razonablemente, después de la cual decidirá. La policía realizará dichas diligencias, bajo la conducción del fiscal. 6. Los incidentes relativos a la libertad anticipada, fuera de los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional y de la medida de seguridad privativa de libertad, y aquellos en los cuales, por su importancia, el juez de la investigación preparatoria lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral, citando a los órganos de prueba que deben informar durante el debate. 7. Corresponde al juez penal unipersonal el conocimiento de los incidentes derivados de la ejecución de la sanción penal establecidos en el Código de Ejecución Penal. La decisión requiere de una audiencia con asistencia de las partes. 8. Asimismo, las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas son de competencia del Juzgado Penal Colegiado. Serán resueltas previa realización de una audiencia con la concurrencia del fiscal, del condenado y su defensor. 9. En todos los casos, el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la Sala Penal Superior. 10. El juez penal examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida de internación. Fijará un plazo no mayor de seis meses entre cada examen, y decidirá previa audiencia teniendo a la vista el informe médico del establecimiento y del perito. La decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en 207


este último caso, podrá ordenar la modificación del tratamiento. Cuando el juez tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, procederá a su sustitución o cancelación. 11. La reparación civil se hará efectiva conforme a las previsiones del Código Procesal Civil, con intervención del fiscal provincial y del actor civil. Para la ejecución forzosa del pago de la multa y de la venta o adjudicación del bien objeto de comiso se aplicará, en lo pertinente, las normas del Código Procesal Civil. Los incidentes que se plantean durante la ejecución de la reparación civil y de las demás consecuencias rias serán resueltos en el plazo de tres días, previa audiencia que se realizará con las partes que asistan al acto. Contra la resolución que resuelve el incidente procede recurso de apelación. 12. Cuando en la sentencia se ordene el comiso de algún bien, el juez de la Investigación Preparatoria, de no estar asegurado judicialmente, dispondrá su aprehensión. A los bienes materia de comiso se le dará el destino que corresponda según su naturaleza, conforme a las normas de la materia. Los bienes incautados no sujetos a comiso, serán devueltos a quien se le incautaron, inmediatamente después de la firmeza de la sentencia. Si hubieran sido entregados en depósito provisional, se notificará al depositario la entrega definitiva. Los bienes incautados de propiedad del condenado que no fueron objeto de comiso, podrán ser inmediatamente embargados para hacer efectivo el cobro de las costas del proceso y de la responsabilidad pecuniaria y civil declarada en la sentencia. Jurisprudencia “El cumplimiento pleno de lo establecido en una decisión judicial supone, por otro lado, la satisfacción real y efectiva, en tiempo oportuno, de lo decidido por el poder jurisdiccional (…) el derecho a la ejecución de la decisión de fondo contenida en una sentencia firme, también supone su cumplimiento en tiempo oportuno…”. Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 4080-2004-AC/TC, considerandos décimo sétimo y décimo noveno.

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2. ¿Qué son las costas? El C de PP 1940, no ha establecido regla alguna en cuanto al pago de costas. En cambio, el P 2004, sí las ha regulado (artículos 497 al 507). Así, las costas están constituidas por: a) Las tasas judiciales, en los procesos por delitos de acción privada, o cualquier otro tributo que corresponda por actuación judicial; b) Los gastos judiciales realizados durante la tramitación de la causa; c) Los honorarios de los abogados de la parte vencedora, y de los peritos oficiales, traductores e intérpretes, en caso no constituyan un órgano del sistema de justicia, así como de los peritos de parte. Estos conceptos serán objeto de una Tabla de montos máximos. Del monto fijado para los abogados según la Tabla respectiva, un cinco por ciento se destinará al Colegio de Abogados respectivo para su Fondo Mutual. El órgano de gobierno del Poder Judicial expedirá el Reglamento de Costas en el proceso penal, que se actualizará periódicamente. En él se fijará la Tabla de los montos máximos por los conceptos señalados en el párrafo anterior. Jurisprudencia “(…) el A quo estableció erróneamente en la recurrida lo siguiente: ‘… en cuanto a los Honorarios de Abogado deben dirimirse por demanda ante los Tribunales de 1era. Instancia…’ (sic), en tal sentido, manifiesta que el A quo está en un grave error porque no necesariamente los Honorarios de abogados deben ser dirimidos ante la jurisdicción civil, pues los mismos pueden ser dirimidos facultativamente y optativamente por la parte interesada ante el Tribunal penal que dictó la decisión”. Corte de Apelaciones Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. ASUNTO: LP01-R-2005-000156.

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3. ¿Cómo se establecen las costas en caso de sentencia condenatoria? Las costas serán impuestas al imputado cuando sea declarado culpable, incluso cuando se le suspenda la ejecución de la pena o se reserve el fallo condenatorio. También se impondrán cuando se imponga una medida de seguridad. Cuando en una sentencia se pronuncian absoluciones y condenas, se establecerá el porcentaje que asumen el respectivo imputado y el que corresponde a los demás condenados conforme al párrafo anterior. Cuando sean varios los condenados por el mismo delito responden solidariamente al pago de costas. Cuando el imputado tenga solvencia económica, deberá pagar al Ministerio de Justicia los servicios del defensor de oficio que se le hubiere designado. • Base legal: Artículos 497 al 507, Código Procesal Penal de 2004.

4. ¿Cómo se establecen las costas en caso de sentencia absolutoria? Si el imputado es absuelto o no se le impone medida de seguridad, no se impondrá costas. No obstante lo anterior, se impondrán costas: a) Al actor civil o, según el caso, al querellante particular, según el porcentaje que determine el órgano jurisdiccional, siempre y cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe; b) Al propio imputado cuando hubiere provocado su propia persecución denunciándose falsamente a sí mismo o hubiere confesado falsamente el hecho. En este caso se determinará el porcentaje que debe pagar. 5. ¿Quiénes están exentos al pago de costas? Están exentos del pago de costas los representantes del Ministerio Público, los de las Procuradurías Públicas del Estado, y los 210


abogados y apoderados o mandatarios de las partes, así como los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los Órganos Constitucionalmente Autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales, y las Universidades Públicas. Se exonerará de la imposición de costas en el proceso penal a quien obtiene auxilio judicial, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil. Cuando el denunciante hubiere provocado el procedimiento por medio de una denuncia falsa o temeraria, se le impondrá total o parcialmente el pago de costas. • Base legal: Artículos 497 al 507, Código Procesal Penal de 2004.

6. ¿Cómo se liquidan y ejecutan las costas? Las costas serán liquidadas por el secretario del órgano jurisdiccional, después de quedar firme la resolución que las imponga o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado. Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido el plazo sin que haya observación, la liquidación será aprobada por resolución inimpugnable. Interpuesta la observación, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con su absolución o sin ella, el juez de la investigación preparatoria resolverá. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La Sala Penal Superior absolverá el grado, sin otro trámite que la vista de la causa, en la que los abogados de las partes podrán asistir para hacer uso de la palabra. Las costas deben pagarse inmediatamente después de ejecutoriada la resolución que las aprueba. En caso de mora devengan intereses legales. El juez de la investigación preparatoria exigirá el pago de las costas. Las resoluciones que expida son inimpugnables. Base legal: Artículos 497 al 507, Código Procesal Penal de 2004.

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ÍNDICE GENERAL

íNDICE GENERAL INTRODUCCIóN..................................................................................................................

5

CAPíTULO I

La etapa del juicio oral I. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ETAPA DEL JUICIO ORAL 1. ¿Qué es el juicio oral?.............................................................................................. 2 ¿Cuáles son los principios que rigen en el juicio oral?............................................ 3. ¿Quién se encarga de dirigir y llevar a cabo el juicio oral?..................................... 4. ¿Cuáles son las características del juicio oral?........................................................ 5. ¿Cuál es la estructura del juicio oral?......................................................................

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II. FASE INICIAL DEL JUICIO ORAL 1. ¿Cómo se inicia el juicio oral en el C de PP 1940?................................................. 2. ¿Cómo se inicia el juicio oral en el P 2004?.......................................................

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III. FASE DE DESARROLLO PROBATORIO EN EL JUICIO ORAL 1. ¿Qué es la prueba?................................................................................................... 2. ¿Cuáles son los elementos de la prueba?................................................................. 3. ¿Cuál es el objeto de la prueba?............................................................................... 4. ¿Quién tiene la carga de probar?.............................................................................. 5. ¿Se permiten las pruebas de oficio?......................................................................... 6. ¿Cuál es el valor dado a la prueba?.......................................................................... 7. ¿Cuáles son las diferencias entre los actos de prueba y los actos de investigación?.. 8. ¿Qué es la prueba anticipada?.................................................................................. 9. ¿Cuál es la estructura de la actividad probatoria durante el juicio oral?................. 10. ¿Cómo se realiza el examen del acusado en el C de PP 1940?......................................... 11. ¿Cómo se realiza el examen del acusado en el P 2004?..................................... 12. ¿Cómo se realiza el examen de testigos en el C de PP 1940?..................................... 13. ¿Cómo se realiza el examen de testigos en el del P 2004?................................... 14. ¿Cómo se realiza el examen directo de testigos en el del P 2004?..................... 15. ¿Cómo se realiza el contraexamen de testigos en el P 2004?............................. 16. ¿Cómo se realiza el reexamen de testigos en el P 2004?...................................... 17. ¿Cómo se realiza el recontraexamen de testigos en el P 2004?.......................... 18. ¿Cómo se realiza el interrogatorio de testigos, por parte del juez, en el P 2004?.. 19. ¿Qué son las objeciones?......................................................................................... 20. ¿Quién es el testigo de oídas y cuál es su valor probatorio?.................................... 21. ¿Cómo se realiza el examen de peritos en el C de PP 1940?....................................

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guía práctica del juicio oral y ejecución de sentencia 22. ¿Cómo se realiza el examen de peritos en el P 2004?........................................ 23. ¿Cómo se realiza el examen directo de peritos en el P 2004?............................ 24. ¿Cómo se realiza el contraexamen de peritos en el P 2004?.............................. 25. ¿Cómo se realiza el reexamen de peritos en el P 2004?....................................... 26. ¿Cómo se realiza el recontraexamen de peritos en el P 2004?........................... 27. ¿Cómo se realiza el interrogatorio de peritos por el juez en el P 2004?............. 28. ¿Cómo se realiza el examen de la parte civil en el C de PP 1940?.......................... 29. ¿Cómo se realiza el examen de la parte civil en el P 2004?............................... 30. ¿Cómo se realiza el examen de la prueba documental en el C de PP 1940?........... 31. ¿Cómo se realiza el examen de la prueba documental en el P 2004?................. 32. ¿Qué es la prueba trasladada?................................................................................. 33. ¿Qué otras pruebas pueden actuarse durante el juicio oral?.................................... 34. ¿Se pueden realizar pruebas de oficio?.................................................................... 35. ¿Cuáles son los incidentes que pueden darse durante el juicio oral según el P 1940?........................................................................................................................ 36. ¿Cuáles son los incidentes que pueden darse durante el juicio oral según el P 2004?........................................................................................................................ IV. FASE DE CONCLUSIVA O FINAL DEL JUICIO ORAL 1. ¿Qué es la fase conclusiva o final del juicio oral?................................................... 2. ¿Qué son los alegatos finales?................................................................................. 3. ¿Cuáles son los objetivos de los alegatos finales?................................................... 4. ¿Cuál debe ser el contenido de los alegatos finales?............................................... 5. ¿Cuáles son las técnicas de argumentación que pueden ser utilizadas durante la exposición de los alegatos finales?.......................................................................... 6. ¿Cómo están regulados los alegatos finales en el C de PP 1940?............................................. 7. ¿Cómo están regulados los alegatos finales en el C PP 2004?............................................. 8. ¿Qué es la deliberación y votación de la sentencia?................................................ 9. ¿Cuál es la forma de deliberar y votar una sentencia en el C de PP 1940?............. 10. ¿Cuál es la forma de deliberar y votar una sentencia en el P 2004?..............

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CAPíTULO II

La etapa de ejecución de sentencia en materia penal I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL ¿En qué consiste la etapa de ejecución de la sentencia en materia penal?...................... ¿Qué es la sentencia?....................................................................................................... ¿Cuáles son los elementos de la sentencia?..................................................................... ¿Cuál es el contenido de la sentencia?............................................................................ ¿Por qué debe motivarse la sentencia?............................................................................ ¿Cuáles son las clases de sentencia?............................................................................... ¿Qué es la sentencia interlocutoria?................................................................................

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índice general 8. ¿Qué es la sentencia definitiva?............................................................................... 9. ¿Cómo está regulada la sentencia en el C de PP 1940?........................................... 10. ¿Cómo está regulada la sentencia en el P 2004?................................................. 11. ¿Cuándo se emite sentencia absolutoria?.................................................................. 12. ¿Cuándo se emite sentencia condenatoria?............................................................... 13. ¿Qué es el descuento por carcelería?....................................................................... 14. ¿Qué se entiende por correlación entre los términos de la acusación y el contenido de la sentencia?................................................................................................... II. IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL 1. ¿Qué es la impugnación en materia penal?.............................................................. 2) ¿Cuáles son los elementos que estructuran la impugnación en materia penal?....... 3. ¿Cuáles son los medios impugnatorios establecidos en el C de PP 1940?.............. 4. ¿Cuáles son los medios impugnatorios establecidos en el P 2004?.................... 5. Ante la sentencia emitida en el juicio oral, ¿qué recursos impugnatorios, según el C de PP 1940, pueden plantearse?........................................................................... 6. Ante la sentencia emitida en el juicio oral, ¿qué recursos impugnatorios, según el P 2004, pueden plantearse?.................................................................................

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III. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA PENAL 1. ¿Cómo se ejecuta la sentencia en materia penal?.................................................... 2. ¿Qué son las costas?................................................................................................ 3. ¿Cómo se establecen las costas en caso de sentencia condenatoria?........ 4. ¿Cómo se establecen las costas en caso de sentencia absolutoria?.......................... 5. ¿Quiénes están exentos al pago de costas?.............................................................. 6. ¿Cómo se liquidan y ejecutan las costas?................................................................

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BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................

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ÍNDICE GENERAL...............................................................................................................

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