Historia De La Policia En Venezuela 2j3k3n

LA POLICIA EN VENEZUELA La policía, considerada como un cuerpo organizado que está a la disposición de las autoridades civiles para velar por el orden público así como para proteger la seguridad personal y los bienes de los integrantes de una comunidad, no se estableció como tal durante los primeros siglos del período colonial en Venezuela. Para ese entonces la palabra policía no evocaba la imagen de un cuerpo armado especializado, similar a los que hoy existen; más bien, respondiendo a su origen etimológico, del griego politeia, de polis, ciudad, definía “la vida ordenada y regularizada de un centro poblado mediante el cumplimiento por sus habitantes y transeúntes de las ordenanzas y disposiciones emanadas de las autoridades correspondientes”. Policía era “la función, no el órgano”. Y esa función no se limitaba al orden público, sino que comprendía también muchos otros aspectos de la vida diaria como los siguientes: • • • • • • • • •

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la exactitud de los pesos y medidas. el aseo de calles, plazas y fachadas. la eliminación de desechos. el libre tránsito por las vías públicas. la captura de animales realengos. el abastecimiento de los alimentos y productos esenciales. la fijación de precios en épocas de escasez. la protección de la salud pública. la designación de los vecinos a quienes les correspondía matar reses. (cuando no había mataderos). el aprovisionamiento de agua potable. el alumbrado público. la organización de fiestas votivas o cívicas. el arresto de los delincuentes.

• el mantenimiento de cárceles seguras para los reos. • la persecución de actividades ilícitas o inmorales como los juegos de envite y azar y la prostitución, además de otras muchas facetas de la compleja vida comunal. En el sentido más amplio, la policía correspondía al Cabildo de ciudades y villas, y era competencia principalmente de los alcaldes quienes tenían facultades de jueces a nivel municipal y a los demás del Cabildo. Cuando necesitaban arrestar a algún malhechor podían hacerlo por sí mismos, o llamar en su auxilio a cualquier vecino o grupo de vecinos. La vara de los alcaldes era una «vara de justicia», lo cual hacía de ellos a la vez funcionarios ejecutivos y jueces, en el ámbito municipal. En las villas donde no había Cabildo y en otras poblaciones, los tenientes justicias ejercían esas funciones. De manera que en la Venezuela de los siglos XVI y XVII y hasta las últimas décadas del siglo XVIII, en los centros poblados las actividades que más tarde se encomendaron a la policía estaban entremezcladas con muchas otras que, en su conjunto, equivalían al buen gobierno de una población. A medida que las ciudades fueron creciendo y su vecindario aumentó, se nombraron alcaldes de la Santa Hermandad, alguaciles, alcaldes y cabos de presos, cuyas funciones específicas fueron las de celar para impedir delitos, arrestar a los delincuentes y vigilar las cárceles para que no escaparan los allí detenidos. En la jurisdicción eclesiástica existieron desde el siglo XVII, comisarios y alguaciles del Santo Oficio de la Inquisición en algunas de las principales poblaciones como Caracas, La Guaira, Valencia, entre otras. Otro sentido de la palabra «policía» en aquellos tiempos, designaba a la buena crianza, la educación y cortesía; lo que

más tarde se llamó también urbanidad, voz ésta que, igual que «policía», tenía en su raíz etimológica a la urbe latina, la ciudad. Se consideraba que los citadinos eran más educados y tenían mejores costumbres que los rústicos del campo. Por esto, en reales cédulas y otros documentos de los siglos XVI y XVII se menciona la conveniencia de «reducir a los indios a policía», es decir, según el concepto de la época, convertirlos en seres educados, civilizados, hacer que adoptasen los hábitos de vida europeos. Una de las actividades que más se asemejaban a las de un cuerpo de policía fueron las de las patrullas de milicianos blancos o pardos que se formaban esporádicamente para perseguir esclavos fugitivos. Al principio se desbandaban una vez terminada su misión, pero a medida que los cumbes y cimarroneras aumentaron, estas patrullas se convirtieron en permanentes, sobre todo en poblaciones del llano o de sus zonas colindantes como San Sebastián de los Reyes, San Carlos, Barinas, Calabozo. El abigeato, endémico en esos lugares, hizo que a partir de 1772 esas patrullas, rondas o cuadrillas, pagadas a prorrata por los propios ganaderos, se multiplicasen e institucionalizasen como una policía montada rural, bajo la inspección de los jueces de llanos. Estos últimos existían desde la década de 1720. Al comienzo sus funciones consistían, principalmente, en procurar que el ganado orejón se distribuyese equitativamente entre los dueños de hatos, que éstos no hicieren matanzas indiscriminadas y que hubiera armonía entre ellos, pero al aumentar el abigeato realizado por grupos de cuatreros blancos, indios, negros, mestizos y mulatos, los jueces de llanos tuvieron que asumir una actitud más represiva.

Por la Ordenanza de Llanos del 29 de enero de 1794, se constituían cuadrillas a caballo de 6 hombres cada una, al mando de un cabo que debía ser «persona blanca de conocida hombría de bien» y saber leer y escribir. Además, en las principales poblaciones de la zona había una cárcel «con calabozos de la mayor fortaleza», cubierta de tejas y vigilada por una guardia a pie de 4 hombres y un cabo. Esta organización subsistió hasta que la crisis de la independencia vino a dislocarla, a pesar de que la Sección Legislativa de Caracas del Congreso Constituyente la reiteró en 1811 con algunas modificaciones. En el ámbito urbano, un paso decisivo hacia el establecimiento de la policía en su sentido moderno se da cuando el rey Carlos III aprueba en 1778 un proyecto elaborado en Caracas desde 1775 por el gobernador y capitán general José Carlos de Agüero de acuerdo con el Cabildo. Se trataba de dividir a la capital en 4 barrios, en cada uno de los cuales habría un alcalde celador. Junto con el proyecto se envió a Madrid un plano, en el cual se indicaba la separación de los barrios, con la siguiente inscripción: «Justicia-ciudad de Caracas-Vigilancia». Las funciones que los alcaldes celadores tenían asignadas eran: Mantener el orden público y la policía. Hacer cumplir los bandos de gobierno (ordenanzas). Hacer cumplir los aranceles municipales. Evitar los juegos prohibidos. No permitir las amistades escandalosas y las embriagueces. • Realizar rondas policiales nocturnas. • Arrestar delincuentes (para lo cual estaban autorizados a pedir ayuda a cualquier cuerpo de guardia militar). • Amonestar a quienes se hicieran acreedores a ello por su conducta • • • • •

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Detener provisionalmente a los desconocidos sospechosos. Apresar y encarcelar a los esclavos fugitivos. Informar al gobierno acerca de las prostitutas que vivan con escándalo. Perseguir y decomisar efectos de contrabando o sospechados de serlo. Eliminar o en todo caso reglamentar los bailes públicos, pero no los particulares de vecinos honrados.

Como insignia, usaban un bastón, y tenían 2 suplentes que podían sustituirlos en sus ausencias y enfermedades, y que a la vez les servían de consejeros; eran ya unos funcionarios cuyas prerrogativas y actividades tenían cierta similitud en las que más tarde iban a tener los jefes civiles. Pero todavía no disponían de agentes subalternos que estuviesen directamente bajo sus órdenes.

Siglo XIX Los intentos pro-independentistas de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX (conspiración de Gual y España, desembarco de Francisco de Miranda; conspiración de los mantuanos), motivaron la aparición de una especie de policía política. Por lo poco que de ella puede saberse, no era un cuerpo organizado, sino individuos aislados de quienes los sucesivos gobernadores Pedro Carbonell, Manuel Guevara Vasconcelos, Juan de Casas y Vicente de Emparan y Orbe; se valieron para vigilar y denunciar a quienes conspiraban a favor de la Independencia. A esos agentes secretos se les llamaba, en el lenguaje de la época, «disfrazados». Desde ese momento hasta 1830 los 3 conceptos de policía van a estar presentes; seguirá hablándose de policía con el sentido originario de organización y desarrollo de las actividades de la vida cotidiana municipal; los alcaldes

celadores de barrio creados en Caracas en 1778, también ejercerán funciones de policía común, dedicada a la prevención del delito y a la persecución de los delincuentes; finalmente, existirá la policía política, secreta, cuyas actividades se expandirán y fortalecerán, tanto entre los realistas como entre los republicanos, durante la Guerra de la Independencia. Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta de Gobierno de Caracas constituida a raíz del 19 de abril de 1810 fue la creación de un cuerpo que se llamó Tribunal de Policía, presidido por Bartolomé Blandín, cuyas funciones eran, según la disposición que lo establecía, «…entender en los abastos, pesos, medidas, alumbrado, aumento y conservación de propios y propagación de la vacuna…» Es decir, actividades de policía, en el primero de los sentidos de esta palabra, que anteriormente correspondían al Cabildo; como éste se había convertido (ampliado) en Junta de Gobierno, se descargaba de una parte de sus atribuciones en el Tribunal de Policía. A fin de llevar a cabo las funciones de vigilancia y preservación del orden público, tanto en lo concerniente a los delitos comunes como a las actividades subversivas contra el régimen apenas instaurado, la Junta de Gobierno creó en su propio seno, el 18 de junio de 1810, un Tribunal de Seguridad Pública constituido por Isidoro Antonio López Méndez, Rafael González y José Félix Ribas, con Mariano de la Cova como fiscal y José Tomás Santana como escribanosecretario. Durante las décadas de 1810 y 1820, diversas autoridades, tanto republicanas como realistas, dictan e imprimen bandos de buen gobierno y reglamentos de policía, en los cuales se establecen normas para el buen desenvolvimiento de la vida cotidiana en campos y ciudades, y a la vez se adoptan medidas de seguridad pública, tanto para enfrentar al hampa común como para perseguir o neutralizar a los adversarios políticos.

Entre estos documentos se destacan el Bando de Policía firmado en Caracas el 29 de enero de 1811 por Carlos Cornejo, quien era entonces escribano-secretario del Tribunal de Policía que desempeñaba funciones de autoridad municipal. El 11 de noviembre del mismo año, el propio Cornejo firma en Caracas otro impreso, titulado Reglamento de los zeladores de Policía, formado para el mejor régimen de esta ciudad por el Ilustre Concejo Municipal y aprobado por el Supremo Poder Ejecutivo. Estos zeladores (o celadores) tenían actividades similares a los alcaldes celadores de barrio de 1778, pero ahora había uno en cada cuadra (o manzana) de la ciudad. La diferencia entre la que en 1812 empezó a ser llamada policía menor (la que se ocupaba del régimen municipal) y la alta policía política se refleja durante la Primera República en textos como la Constitución Provincial de Barcelona de comienzos de 1812, donde en el artículo relativo a los «abastos y otras incumbencias de la municipalidad» tales incumbencias son repetidamente mencionadas como policía menor. Durante el predominio realista en Caracas el gobernador y capitán general Salvador de Moxó dicta en 1815 un Reglamento general de policía para las provincias de Venezuela, que difunde a través de varios números de la Gaceta de Caracas y publica también en un folleto. Después de la liberación de Guayana el general Simón Bolívar dicta un decreto el 6 de octubre de 1817 que restablece la Municipalidad de Angostura, a fin de que exista «una istración regular de policía municipal». A comienzos del año siguiente, en la misma ciudad, Juan Vicente Cardoso, gobernador político de Guayana y

presidente de la Municipalidad de Angostura, emite un bando de gobierno en el cual, como ocurría en ese tipo de documentos, los artículos relativos a la salvaguarda del orden público y la persecución de malhechores se alternan con los que tratan sobre cementerios, alumbrados, blasfemias, limosneros, entre otros asuntos.

La diferencia más precisa figura ya en el decreto expedido por el Libertador en Bogotá el 17 de agosto de 1819, donde a los gobernadores comandantes generales de cada provincia (militares) se les encomendaba especialmente la alta policía y a los gobernadores políticos (civiles) se les conferían, entre otras atribuciones, las de «jueces de primera instancia y jefes de la baja policía», es decir, de la policía común. Concluida la guerra y restablecido el orden civil, la Municipalidad de Caracas (como las otras de Venezuela) dicta regularmente, a comienzos de cada año, bandos de policía cuyas disposiciones suelen variar muy poco de un año para otro; el de 1824, por ejemplo, titulado Bando de Policía formado por la muy ilustre Municipalidad de Caracas y suscrito por todos los del cuerpo, encabezados por Francisco Barrutia, comprende 52 artículos. La ciudad queda dividida, en 8 cuarteles (barrios) y se precisa que «en cada cuartel habrá tantos inspectores de policía como cuadras comprenda», sometidos a las órdenes del comisionado de cada barrio, que era un concejal. Aunque no se trataba todavía de funcionarios públicos propiamente dichos, ni mucho menos de policías uniformados que tuviesen como centro de actividades un cuartel o retén policial, eran ya, de hecho, “el germen de la policía municipal en el sentido actual”.

Para todo el ámbito de la Gran Colombia y por consiguiente con vigencia en Venezuela, el Libertador dio en Bogotá el 22 de diciembre de 1827 un decreto que organizaba a la policía ya como un cuerpo orgánico, cuyos jefes debían cuidar «…de la seguridad pública, de la vida, del honor y de los bienes de los ciudadanos…» Los principales capítulos del decreto se referían a la «Policía de seguridad», con 38 artículos, la policía de aseo (4 artículos), la de ornato (5 artículos) y la de salubridad (8 artículos). Todavía estaban reunidos esos diversos aspectos, pero la policía de seguridad, o sea la que hoy entendemos por policía, tenía la primacía. Los jefes de policía usaban ya uniforme, llevaban bastón y espada, y una cucarda nacional en el sombrero. A comienzos de 1828, el general José Antonio Páez, en su calidad de jefe superior civil y militar en Venezuela, dictó un reglamento de policía basado en los lineamientos del decreto del Libertador, y nombró jefe de ese cuerpo al general Juan Bautista Arismendi. En comunicaciones enviadas en mayo de aquel año a Bolívar, Páez le informaba de los resultados obtenidos en la “lucha contra el hampa común y contra bandidos-guerrilleros” como Dionisio Cisneros. Como jefe de la alta policía, o policía política secreta, Arismendi tuvo una destacada actuación en el decomiso, en octubre de 1828, de unos folletos de propaganda clandestina antibolivariana introducidos desde Curazao por el general Francisco Esteban Gómez, quien fue arrestado. Tuvo también el general Arismendi un importante papel, como jefe policial, en los acontecimientos que a partir de noviembre de 1829 condujeron al desconocimiento de la autoridad del Libertador y luego a la separación de Venezuela de la Gran Colombia.

Una vez separada Venezuela de la Gran Colombia, el Congreso de Valencia (1830) dicta una serie de leyes donde se establecen las funciones de los concejos municipales, haciendo mención entre ellas de la organización de la policía como cuerpo encargado de la salubridad, orden, ornato y comodidad pública. El primer esfuerzo para darle coherencia a la organización policial fue la aprobación del Reglamento interior de Policía, cuyo anteproyecto fue presentado al Ejecutivo por el comandante general de la policía, general Hipólito Acosta, en 1888.

Siglo XX Paralelamente a la policía uniformada encargada de mantener el orden público y la paz ciudadana, se va a formar, a la llegada del general Juan Vicente Gómez al poder (1908), un cuerpo de policía a caballo llamado “La Sagrada”, destinado a mantener el orden político, integrado en su mayoría por andinos, vestidos sin uniforme, llevando un machete en la cintura y un fusil al hombro y que popularmente fueron llamados los «lecheros» o «chácharos». La creación de la Escuela de Aspirantes a Policías, durante el período presidencial del general Eleazar López Contreras (1936-1941), constituyó un avance dentro de la organización del cuerpo policial, permitiendo la capacitación de sus agentes, que hasta 1936, eran en su mayoría analfabetas. Pero va a ser a partir de 1941, bajo la presidencia del general Isaías Medina Angarita, cuando se comienza a transformar la policía venezolana.

Se inician los cursos de formación de agentes, se adquieren uniformes, armamentos y vehículos, estableciéndose un ordenamiento de los aspectos que deben regir las acciones policiales. Sin embargo, dadas las limitaciones del medio, la policía municipal no logró cumplir su verdadero papel en la prevención del delito y la asistencia a la ciudadanía. A raíz del 18 de octubre de 1945, el cuerpo uniformado de la policía municipal quedó disuelto y en agosto de 1946, el gobierno de la Junta Revolucionaria creó la Seguridad Nacional, cuerpo investigador y policía política, con asesoría de la Sûreté Nationale de Francia, cuyo primer director fue Ramón Cordido Salom. Desde sus orígenes, la Seguridad Nacional fue acusada de utilizar métodos violentos de represión, incluyendo la tortura. Con el derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24 de Noviembre de 1948, se inicia un proceso de reorganización de los cuerpos policiales. La policía municipal uniformada es reestructurada y su disciplina es mejorada, pero se va militarizando progresivamente y empieza a ejercer funciones de carácter político que afectan sus objetivos propios. La Seguridad Nacional, reorganizada con la asesoría de Scotland Yard en julio de 1949, se convierte, bajo la dirección de Jorge Maldonado Parilli (1949-1951) y sobre todo, bajo la dirección de Pedro Estrada (1951-1958), en el máximo organismo represivo al servicio del régimen del general Marcos Pérez Jiménez. Una vez derrocado el gobierno de Pérez Jiménez y disuelta la Seguridad Nacional en enero 1958, se inicia la reestructuración de la Policía Municipal.

En 1961, llega a Venezuela una misión de Carabineros de Chile para asesorar a la policía; se dictan leyes y ordenanzas, se inauguran nuevas Escuelas de Formación de Agentes y de Formación de Oficiales en diferentes regiones del país y se crean “la policía femenina y las brigadas especiales”. Todas estas medidas han contribuido a que la policía venezolana, que dejó de depender de los concejos municipales en 1969 y pasó a depender de cada uno de los estados, haya mejorado su grado de tecnificación, cumpliendo, en la medida de sus posibilidades, con las funciones de prevención del delito y el resguardo del orden y la seguridad del ciudadano. Al mismo tiempo, a partir de 1958, se crearon varios organismos policiales cuyas funciones no eran ya de prevención sino de investigación, tales como el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), adscrito al Ministerio de Justicia, y la Dirección General de Policía (DIGEPOL), adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores; este último, reemplazado por la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policial (DISIP), durante el gobierno de Rafael Caldera en 1969. Cabe señalar la creación, en las décadas de 1970 y de 1980, de unas brigadas especiales de carácter paramilitar, adscritas a la PTJ, a la Disip o a la Guardia Nacional, con funciones especiales para la prevención del delito. En la década de 1990, acompañando a los procesos de descentralización istrativa y a la elección de las nuevas figuras de los alcaldes, se ha retornado a la municipalización de las policías, comenzando por la ciudad de Caracas. La primera iniciativa se tomó en el municipio autónomo Sucre del estado Miranda (Petare), donde el Concejo Municipal, después de una decisión temprana el 27 de

Septiembre de 1990, espoleada por la premura de resolver problemas de orden público, dictó una resolución modificatoria de la ordenanza de Policía Municipal en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 277 del 3 de agosto de 1992 mediante la cual, a la vez que ratificaba la autonomía para darse su propio cuerpo policial, reglamentó el funcionamiento de éste como órgano dependiente del alcalde. Le siguió el municipio Chacao cuyo Concejo Municipal creó el Instituto de Policía Municipal según Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 22 del 15 de marzo de 1993 y lo puso bajo supervisión directa de su alcalde. De inmediato el municipio Baruta seguirá la misma orientación, al crear su propio cuerpo policial según ordenanza publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 67 del 8 de julio de 1993. Luego vendrá la del municipio Libertador, creada como Policía istrativa Municipal según Gaceta Nro. 1470-C, del 12 de agosto de 1994 y reglamentada por decreto Nro. 73 aparecido en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 1522 del 15 de junio de 1995. Así vendría la reforma de la Constitución Nacional en 1999, en la cual se establece en su artículo 332, la creación de un Cuerpo uniformado de Policia Nacional de carácter civil con competencia Nacional en materia de seguridad ciudadana.

Siglo XXI Mas adelante se crea la Comisión Nacional para la Reforma Policial (conarepol), por el Gobierno de La Republica Bolivariana de Venezuela con el objeto de construir un nuevo modelo policial fundamentado en la voluntad popular, que logró expresarse por medio de una amplia consulta que recolectó y sistematizó las opiniones y

proposiciones de miles de personas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional en el año 2006; con el fin de establecer una nueva policía en todo el territorio de la república, ya que hasta entonces solo existían cuerpos policiales específicos (como el CIC), estadales (como Polizulia) y municipales (como Polichacao), a pesar de que la constitución de 1999, establecía que también debía crearse un cuerpo a nivel nacional que conviviera con los ya existentes. Este ejercicio de consulta popular, involucró a las propias instituciones policiales, a representaciones sociales diversas y a expertos en el tema de la seguridad (en el ámbito nacional e internacional) y abrió la posibilidad de llamar la atención sobre temas referentes a la carrera policial, al currículo académico, a la gestión y eficiencia de los cuerpos policiales y mecanismos de rendición de cuentas, la necesidad de un mayor acercamiento de los cuerpos policiales a la comunidad, de aumentar la presencia policial y de mejorar la dotación de estas instituciones para lograr altos niveles de gestión y eficiencia, entre otros.

La Comisión recomendó, entre otras cosas, incrementar la participación comunitaria en la contraloría y supervisión de sus cuerpos policiales; además, de proponer la creación de una instancia interministerial que diseñara los estándares de la formación policial. Es entonces, como resultado de la voluntad popular que se comienza a construir “El Nuevo Modelo Policial en Venezuela”, que fue refrendado a través de Ley Habilitante por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frias, recogido en el Decreto Nro 5.895 con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en Febrero del 2008.

Por ser una ley orgánica fue evaluada por el Tribunal Supremo de Justicia quien declaro su constitucionalidad el 14 de marzo de 2008, publicándose su decisión en Gaceta Oficial Nro. 38.891. Luego en el marco de la Misión Alma Mater, se formaliza la creación de la U.N.E.S. ( Universidad Nacional Experimental de la Seguridad), en el año 2009; como la institución universitaria especializada en la profesionalización y el desarrollo integral de funcionarias y funcionarios de la seguridad ciudadana en el país y que persigue lograr los siguientes objetivos: •

Formar a las funcionarias y los funcionarios de la seguridad ciudadana como mujeres y hombres profesionales, con profunda sensibilidad social, para proteger a las personas y sus derechos, promover la convivencia y velar por el bien común, al estar comprometidos con el cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico y con el desarrollo soberano de la Patria, sobre la base de la ética socialista.

• Garantizar la formación de base y continua, conforme a los principios constitucionales y los instrumentos jurídicos que regulan los mecanismos de seguridad ciudadana, con diversificación según las disciplinas y áreas del servicio, contextualizada en función de las realidades nacionales, tanto locales como regionales. •

Generar, difundir y socializar conocimientos en el área de seguridad, por medio de la investigación, la sistematización y el análisis crítico de las situaciones, casos y prácticas profesionales, la consulta pública y el diálogo de saberes con las comunidades.

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Contribuir a crear una cultura de la seguridad ciudadana dirigida al pleno ejercicio de los derechos de todas y todos, en igualdad de condiciones, fundamentada en la corresponsabilidad entre los

distintos niveles de los Poderes Públicos y la sociedad. • Impulsar la participación protagónica del pueblo venezolano en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. Posteriormente, se promulgó la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y la Ley del Estatuto de la Función Policial, publicadas en Gaceta Oficial Nro. 5.940 del 7 de diciembre de 2009. La nueva Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, deroga la anterior Ley de Policía Nacional, la cual crea y organiza la Policía Nacional Bolivariana, dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia y que contará de acuerdo con su artículo 36, con estaciones en todas las entidades federales del país y la Ciudad de Caracas, los Estados y Municipios que si bien tienen policías propias, deberán trabajar en muchos casos con la Policía Nacional. Este instrumento legal, reglamenta además el funcionamiento de las policías estatales y municipales, además de contemplar la creación de las Policías Antidrogas, Penitenciaria y el Servicio Comunal. Mientras que la Ley del Estatuto de la Función Policial, regula todo lo referente al Sistema de istración del Personal Policial, ingreso y egreso, beneficios socioeconómicos, derechos humanos de los funcionarios policiales, entre otras disposiciones importantes a fin de dignificar la labor de los policías. Los primeros efectivos de la Policía Nacional Bolivariana comienzan sus operaciones el 20 de diciembre del 2009, convirtiéndose así, en la principal fuerza de seguridad civil a nivel federal o nacional de La Republica Bolivariana de Venezuela y que además esta adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y su

creación tiene basamento jurídico en el artículo 332 de la Constitución Nacional. Además de las atribuciones comunes de los cuerpos de policía establecidos en el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, las atribuciones exclusivas de la Policía Nacional de Venezuela, están establecidas en el Artículo 39 de esa misma Ley. Luego vino la eliminación de la Policía Metropolitana de Caracas, según la Resolución Nro. 95 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.644 de fecha 29 de marzo de 2011, mediante la cual se regula la supresión y liquidación de la Policía Metropolitana de Caracas, que fue creada según Acta Convenio 1969, mediante la cual se constituyó el servicio policial denominado Policía Metropolitana, actualmente bajo la dirección y istración del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia. Dicha Resolución se publica en cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, mediante la cual resulta Indispensable proceder a la supresión y liquidación de la Policía Metropolitana de Caracas.