Estimacion E Intimacion De Honorarios Profesionales 6o94k

PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Abogados: “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”. Ante esta clara expresión del legislador, es innegable que los abogados tienen derecho a percibir honorarios profesionales por los trabajos que realicen, sean éstos de naturaleza judicial o extrajudicial, ya que se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales. Razón por la cual debe tenerse como premisa que el cliente siempre está obligado a pagar honorarios profesionales, pues la actuación que el abogado cumple obedece al hecho que alguien lo contrató a tales fines. En efecto, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación del abogado con su cliente, lo cierto es que el abogado despliega su actividad y conocimientos porque un cliente (persona natural o jurídica) requirió sus servicios, a cambio de una justa remuneración. (Sentencia del 04 Noviembre de 2005, Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional, Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera R.) El artículo 23 de la Ley de Abogados preceptúa:“Las costas pertenecen a la parte, quién pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el Abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley.” Y los artículos 25 y siguientes de la misma Ley de Abogados, disponen en cuanto a la Retasa de los Honorarios.

Tribunal Competente Ahora bien, lo importante es determinar, cual es el Tribunal competente a los efectos que el Abogado pueda intentar su acción de Intimación de Honorarios. El artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, contempla: “...En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados...”. Es necesario estudiar entonces que es lo que se entiende por estado del juicio. El estado del juicio es la etapa procesal que se desarrolla en una de las instancias y dice relación con el momento procesal en el cual se encuentra el procedimiento judicial, desde que se inicia con el libelo de demanda itido hasta que termina con la ejecución de sentencia, cuando deba ejecutarse la misma. El grado, por el contrario, es la posibilidad de revisión que tiene el Tribunal de alzada con respecto a las decisiones adoptadas por el Juez de la Primera Instancia. En el estado del juicio, el abogado estimar sus honorarios profesionales y exigir su pago. En el caso que el juicio ha llegado a un Tribunal Superior por apelación, los Honorarios Profesionales no pueden ser estimados ante ese Tribunal Superior, por honorarios causados por actuaciones realizadas ante la primera instancia directamente. Si el legislador en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, hubiese señalado: “en cualquier estado y grado del juicio”, los Abogados podrían estimar y exigir el pago de sus honorarios profesionales, tanto en la Primera Instancia como en Alzada, por sus actuaciones efectuadas en la Primera Instancia. En atención a la Sentencia del 04 Noviembre de 2005. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional, “en una pretensión por cobro de honorarios

profesionales pueden presentarse diferentes situaciones, razón por la cual debe establecerse de forma clara y definida el procedimiento a seguir en estos casos y por vía de consecuencia, el tribunal competente para interponer dicha acción autónoma, ello con el propósito de salvaguardar el principio del doble grado de jurisdicción y los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso”. La Sala Constitucional indica que, según la norma contenida en el señalado artículo 22 de la Ley de Abogados la reclamación por concepto de honorarios profesionales extrajudiciales, será resuelta por vía del juicio breve. Sin embargo, en lo atinente a la reclamación surgida en juicio contencioso no existe una remisión expresa, a un procedimiento propio, sino que lo vincula y concentra al juicio contencioso donde se genera la actuación del profesional del derecho. Es allí, dentro del juicio, donde el abogado va pretender cobrar sus honorarios a su poderdante o asistido. Por ello, es necesario estudiar las cuatro posibles situaciones que pueden presentarse y que, probablemente, dan origen a trámites de sustanciación diferentes, ante el cobro de honorarios por parte del abogado al cliente a quien representa o asiste en la causa, a saber: 1) Cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre, sin sentencia de fondo, en primera instancia; 2) Cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y esta haya sido oída en el solo efecto devolutivo; 3) Cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos y, 4) Cuando la sentencia dictada en el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la posibilidad en este supuesto, que el juicio entre a fase ejecutiva, si es que se condenó al demandado. En el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual el abogado pretende demandar los honorarios profesionales causados a su cliente, se

encuentre en un Tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por vía incidental. En el segundo supuesto (cuando se haya ejercido el recurso ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devolutivo. Un solo efecto) la reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se realizará, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia. En el tercer supuesto -ejercido el recurso de apelación y oído en ambos efectos, a pesar que el juzgado de primera instancia ha perdido la competencia con respecto a ese procedimiento, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales causados en ese juicio que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de manera autónoma y principal ante un Tribunal civil competente por la cuantía, “ello a fin de salvaguardar tanto el principio procesal del doble grado de jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la fase declarativa del juicio de cobro de honorarios profesionales judiciales, como los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” En

el

cuarto

y

último

de

los

supuestos

-el

juicio

ha

quedado

definitivamente firme- al igual que en el anterior, “sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales por vía autónoma y principal ante un Tribunal civil competente por la cuantía, si es el caso, ya que la expresión del tantas veces señalado artículo 22 de la Ley de Abogado ‘la reclamación que surja en juicio contencioso’, en cuanto al sentido de la preposición “en” que sirve para indicar el lugar, el tiempo, el modo, significa evidentemente que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos contenidos en el primer y segundo supuesto antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para qué, entonces, pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales por vía incidental en el juicio principal”.

Se ha dicho que en beneficio del abogado, es posible intimar y estimar Honorarios Profesionales por parte del Abogado en la fase de ejecución de la sentencia, ante el Juez que conoció la causa por ser ésta una consecuencia del “juicio contencioso”. Pero ello no es así, ya que cuando el juicio concluye, como sucede en los casos donde no hay fase de ejecución, el cobro de Honorarios Profesionales, es imposible que tenga lugar en la causa donde se pretende se causaron los honorarios y ante el juez que la conoció, ya que esa causa finalizó y no hay en ese momento juicio contencioso alguno, ni secuelas del mismo. El Procedimiento de Intimación El Artículo 22 de la Ley de Abogados establece: “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La reclamación que surja en juicios contenciosos acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”. De acuerdo a este artículo observamos que existen dos situaciones procesales en la sustanciación del procedimiento de cobro de Honorarios Profesionales. La primera es demostrar el derecho al cobro de honorarios profesionales por aquél quien los exige. Esta fase se desarrolla en forma incidental en el propio expediente donde se realizaron las actuaciones judiciales generadoras del precitado derecho, o en el Tribunal competente según lo indicado anteriormente.

La sustanciación en el caso de realizarse en el propio expediente, debe hacerse en cuaderno separado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y la decisión que se dicte acordando o negando el derecho reclamado es apelable, e incluso se puede ejercer recurso de casación. La segunda situación sólo tendrá lugar si previamente se ha reconocido el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquél que los ha reclamado y está concebida para que el demandado por tales honorarios, si considera exagerada la estimación que de ello se ha hecho, pueda someter a la revisión de un Tribunal Retasador el monto de los mismos. En esta fase, a diferencia de la primera, las decisiones que se dicten sobre retasa son inapelables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Abogados, y por tanto no pueden ser recurribles en casación. En el caso que no pueda intentarse en el mismo Expediente, por las razones expuestas anteriormente, debemos acudir necesariamente al Procedimiento de la Intimación previsto en el Código de Procedimiento Civil. La demanda por intimación de honorarios profesionales, debe tramitarse conforme las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, ha sido la Jurisprudencia pacífica y reiterada de la extinta Corte Suprema de Justicia y en tal sentido señaló lo siguiente: “El juicio por intimación de honorarios, como lo ha señalado este máximo Tribunal, es un procedimiento autónomo, el cual debe tramitarse mediante la aplicación del Código de Procedimiento Civil, aunque su conocimiento y resolución pueda corresponder, en virtud de la competencia funcional, “Omissis”. (S-TSJ. 22-10-2002). El objetivo del procedimiento por intimación está regulado en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: “Artículo 640: Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de

ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo”. En la Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil, al tratar el punto concerniente al procedimiento por intimación, se reseña lo siguiente: “Con este procedimiento se trata de lograr fundamentalmente, en forma rápida, la creación del título ejecutivo, por el sistema de inversión de la carga del contradictorio, el cual queda ahora a iniciativa del demandado....” y “el nuevo procedimiento permite que intimado el pago al demandado, a falta de oposición formal de éste, adquiere el decreto de intimación fuerza ejecutiva con autoridad de cosa juzgada, procediéndose sin más a la ejecución. En cambio, si el intimado tiene alguna objeción o razón seria y fundada que hacer valer, propone su oposición al decreto de intimación y el asunto continúa por los trámites del juicio ordinario, abriéndose en ese momento la verdadera contención, con la contestación de la demanda...”. En estos términos fue concebido por el legislador el procedimiento por intimación previsto en los artículos 640 y 651 del Código de Procedimiento Civil. Conviene destacar que este último artículo dispone: “...El intimado debe formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649 a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192. En el caso del artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso, no formulare oposición dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”. Procedimiento por Intimación de Honorarios Extrajudiciales De conformidad con lo señalado en el artículo 22, Primera Parte: “Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de los honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. … Omissis

A pesar que el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, indica que se sustanciarán por el procedimiento del Juicio Breve, las demandas que no excedan de quince mil bolívares (Bs. 15.000,00) (ACTUALMENTE 1500 UT), por mandato del artículo 22 de la Ley de Abogados, el cobro de Honorarios Profesionales se llevará a efecto por ante el Tribunal competente en base a la cuantía, pero por el Procedimiento Breve ordenado en el Código de Procedimiento Civil. Es perfectamente posible que el demandado por Honorarios, pueda oponer la Reconvención que señala el artículo 888 del Código de Procedimiento Civil, en base a alguna Acreencia que tenga con el Abogado, Reconvención que se sustanciará de conformidad con el artículo indicado. De la Retasa Como ha quedado señalado anteriormente, el Procedimiento por Retasa está contenido en los artículos 25 y siguientes de la Ley de Abogados. Para llegar a las conclusiones de la RETASA de honorarios profesionales, es necesario ajustar lo que ha de pagarse a los presupuestos establecidos en el Artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, en donde nuestro legislador impone que para la determinación del monto de los Honorarios, el abogado deberá basar sus consideraciones en las siguientes circunstancias: 1. La importancia de los servicios. 2. La cuantía del asunto. (Tal como lo establece el Artículo 286 del Vigente Código de Procedimiento Civil Venezolano, el tope para la determinación de los Honorarios Profesionales no debe pasar del treinta (30) por ciento del monto de la demanda) 3. El éxito obtenido y la importancia del caso. 4. La novedad o dificultad de los problemas Jurídicos discutidos.

5. Su Especialidad, experiencia y reputación profesional. 6. La situación económica del patrocinado tomando en consideración que la pobreza obliga a cobrar Honorarios menores o ningunos. 7. La posibilidad de que el abogado pueda ser impedido de patrocinar otros asuntos, o que pueda verse obligado a estar en desacuerdo con otros representados, defendidos o terceros. 8. Si los servicios profesionales son eventuales o fijos y permanentes. 9. La responsabilidad que se deriva para el abogado en relación con el asunto. 10. El tiempo requerido en el patrocinio. 11. El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto. 12. Si el abogado ha procedido como consejero del patrocinado o como apoderado. 13. El lugar de la prestación de los servicios, o sea, si ha ocurrido o no fuera del domicilio del abogado. En cuanto al criterio judicial para dirimir la disconformidad entre el abogado y su cliente, la Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, ha establecido en sentencia de fecha 15 de Febrero de 1977, con ponencia del Magistrado Carlos Trejo Padilla, contenida en el repertorio mensual de la Jurisprudencia de Oscar Pierre Tapia, Tomo II año 1997, pp. 32 a 34, lo siguiente: “ahora bien, considera la Sala que la tesis sustentada por la recurrida está ajustada a derecho ya que, como lo expresa con acierto el sentenciador, la facultad para estimar el valor económico de las actuaciones que haya realizado en un proceso judicial es un derecho personal que únicamente el abogado puede ejercer y en el cual el mandante no puede subrogarse aduciendo simplemente su condición de acreedor al pago de las costas procesales”. En la fase estimativa del Procedimiento por intimación, el demandado es intimado para que dentro de los 10 días siguientes se oponga al procedimiento monitorio o se acoja al derecho de retasa en este especial procedimiento, con el

apercibimiento que, de no hacerlo, quedará firme el decreto intimatorio o las sumas estimadas por el Abogado según sea el caso. Según el artículo 23 Ejusden: “…Las costas pertenecen a la parte, quién pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que establezca la Ley”. El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “…Los jueces deben analizar y juzgar toda cuanta prueba se hayan producido, aún aquellas que ha su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas”. Establece el artículo 286 ejusdem: “Las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios del apoderado de la parte contraria estarán sujetas a retasa. En ningún caso estos honorarios excederán del treinta por ciento (30%) del valor de los litigado” Resumen efectuado sobre un trabajo publicado en la wed, titulado “ El Procedimiento de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales Mención Especial Sede Penal”. Autor: Leoncio Landaéz Otazo (Docente e Investigador del Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo)