Deberes Fundamentales Del Abogado 5c4b2z

LA LABOR DEL ABOGADO El abogado es un profesional cuya labor tradicionalmente estuvo asociada a la defensa de otro, tarea tan antigua como el hombre mismo. Distinta literatura sostiene que el abogado es el “llamado a” ayudar a alguien, particularmente, en un proceso. Carnelutti, por ejemplo, decía que su tarea es la de un intérprete o traductor que comprende el mensaje de su cliente en un lenguaje común o empírico para hacérselo comprender al juez con un lenguaje jurídico-técnico. Como se observa, dicha concepción es adecuada para explicar la actuación del abogado en un proceso (y particularmente, en uno civil); sin embargo, nuestra sociedad actual no podría funcionar sin toda la arquitectura privada de autorregulación contractual (contratos, estatutos de empresas, regímenes de propiedad

horizontal,

financiamientos,

sistemas

de

donación, crowd

funding, etc.) desarrollada por los abogados. Además, hoy por hoy los abogados se desempeñan en diversos ámbitos, en muchos de los cuales el litigio tiene un carácter secundario, además, los abogados pueden asumir roles muy distintos al de la defensa en el marco de un litigio. Solo para poner algunos ejemplos, en el Perú hay abogados que se desempeñan en sectores tan especializados como el de la regulación de la energía eléctrica o en actividades que requieren un enfoque multidisciplinario como la planificación patrimonial, áreas en las que el litigio tiene un carácter secundario frente a la labor de asesoría. La razón por la que la actuación de los abogados resulta relevante en ámbitos tan distintos deriva de la necesidad por parte de la ciudadanía de entender una normativa (piénsese, por ejemplo, en la tributaria) que puede ser muy técnica, compleja, abundante, poco -o mal- sistematizada y en muchos casos hasta ambigua o contradictoria, por lo cual, requiere ser interpretada. Entonces, podemos afirmar que el abogado es el profesional a quien la sociedad le confía la tarea de comprender y hacer comprender a otros, a través de la palabra, cómo los hechos se relacionan con el derecho. Como señalaba

Alzamora Valdez, para elevarlos hasta allí y no para acomodar un supuesto derecho a los hechos –como en la práctica muchas veces ocurre. ¿La labor del abogado, entonces, se agota en ayudar a sus clientes a comprender el Derecho? ¿Puede estar al margen de los factores que afectan la vigencia del Estado constitucional de derecho? ¿Cómo se vincula el rol que asumen con la consolidación de ese ideal? Veamos. La misión del abogado en el Estado constitucional de derecho No es casualidad que la abogacía sea la profesión a la cual la Constitución se refiere más veces (siendo que además solo menciona al magisterio) y que, fuera de las funciones asignadas a los colegios profesionales en general, encargue a los de abogados la de nombrar a autoridades en entidades trascendentes para el mantenimiento del Estado constitucional de derecho como son el Consejo Nacional de la Magistratura y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El TC ha explicado que si bien el abogado no está investido de potestad pública el libre ejercicio de la abogacía es de vital importancia al contribuir a garantizar el derecho fundamental de defensa de los justiciables y que el Estado constitucional requiere de la colaboración de toda la sociedad pero, particularmente, de los abogados, pues tienen un mayor entendimiento de la Constitución y las leyes. El mayor entendimiento que tienen los abogados del ordenamiento jurídico sumado al hecho de que, en el Perú, el desempeño de diversos cargos y el ejercicio de actividades trascendentes están reservados a su favor, convierte a los abogados en verdaderos garantes del ordenamiento jurídico y, por tanto, se espera que realicen una actuación en favor de la sociedad. Es en ese contexto en el que habría que entender que en el Perú se haya definido legalmente la abogacía como un “función social al servicio de la Justicia y el Derecho” (énfasis agregado) y que el Código de Ética del Abogado haya

reconocido que el objetivo esencial de la abogacía es “la convivencia social de los hombres como fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general”. Todo lo anterior, nos lleva a descartar que la finalidad de la abogacía sea la mera defensa del cliente, que la misión del abogado consista solo en defender el interés de este y, por tanto, que el abogado únicamente tenga deberes para con su cliente y no frente a la sociedad en general. Por ello, podría decirse, que, en realidad, el abogado “representa al cliente ante el sistema jurídico, pero también representa al sistema jurídico ante el cliente”. Por ello, es acertado que el Código de Ética del Abogado haya adoptado una posición según la cual la misión de la abogacía no se limita a la defensa de los derechos de la persona sino que tiene como fin último “la consolidación del Estado de Derecho; la justicia y el orden social”. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando los abogados no adecúan su conducta en forma consistente con la misión de la abogacía? En estos casos, el impacto de su actividad no solo podría perjudicar el entorno en el cual ejercen su profesión sino incluso poner en riesgo la vigencia de los derechos y el propio sistema democrático. ¿Las investigaciones a Odebrecht y demás constructoras brasileñas están poniendo en evidencia un ejercicio profesional al margen de la misión de la abogacía? ¿Nos harán ver cuál es el impacto que puede generar en nuestra sociedad un ejercicio de la abogacía desligado de su finalidad última? ¿Qué lecciones quedarán para los abogados? No podemos anticipar una respuesta para esas preguntas, pero si algo nos queda claro es que, hoy más que nunca, los abogados deben hacer suya la misión de la abogacía. Para cumplir con su misión, sin embargo, requieren conocer los deberes que derivan de esta y también los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce para ejercer su profesión. Estos aspectos serán objeto de un próximo ensayo que tendremos a bien de compartir.

DEBERES FUNDAMENTALES DEL ABOGADO Cuando se piensa en lo que caracteriza a la labor de los abogados suele evocarse una serie de privilegios que estos tienen frente a otras personas como, por ejemplo, presentar demandas, autorizar contratos o negarse a revelar la información proporcionada por sus clientes. En lo que a veces no se repara es en los particulares deberes que estos tienen frente a sus clientes y frente al Estado constitucional de derecho. ¿Los abogados, por el solo hecho de serlo y entender mejor el ordenamiento jurídico, tienen mayor responsabilidad que el resto de ciudadanos en el Estado constitucional de derecho? ¿Qué deberes tienen frente a este? ¿Qué deberes se les exige cumplir, adicionalmente, cuando asumen la representación de un cliente? En este ensayo brindamos una aproximación a estas preguntas. La misión del abogado no consiste solo en defender el interés de su cliente, sino que tiene como fin último “la consolidación del Estado de Derecho; la justicia y el orden social”, tal como lo establece el Código de Ética del Abogado. Por ello, podría decirse, que el abogado “representa al cliente ante el sistema jurídico, pero también representa al sistema jurídico ante el cliente”. En consecuencia, si bien la defensa celosa del interés del cliente es un deber fundamental para el abogado, no es esta su única obligación, sino que debe cumplir también otros deberes que derivan de la finalidad última de su profesión. Asumir lo contrario, solo para poner un ejemplo, llevaría a itir que el abogado debe guardar el secreto profesional aun cuando su revelación resultara imprescindible para salvar la vida de una persona. Dicho esto, a continuación, comentamos ocho deberes que tiene el abogado en el Estado constitucional de derecho. Los siete primeros se aplican a los abogados independientemente de que patrocinen o no a un cliente. El último, pero no menos importante (representación celosa del interés del cliente), surge con el patrocinio y agrupa otros deberes de suma relevancia práctica.

1. Obedecer la ley. En el Estado constitucional de derecho, el abogado, como cualquier otro ciudadano, está sujeto a las leyes. En su calidad de ciudadano, está sujeto a las normas en general y, en su calidad de profesional al servicio del Derecho, a las que regulan el ejercicio de la abogacía. En ese entendido, en cumplimiento de las normas vigentes, no debe alterar documentos, destruir pruebas o transgredir normas con el objeto de representar el interés del cliente. Tampoco debe inducir a otros a que infrinjan la ley, aconsejar actos ilegales o anunciar sus servicios sugiriendo el uso de medios contrarios a las leyes. Además, debe abstenerse de patrocinar ciertas causas (y, en todo caso, renunciar si descubre que lo estuvo haciendo) y debe revelar el secreto profesional si ello resulta necesario para que su cliente cause daño grave a la integridad física o psicológica o a la vida de una persona. 2. Respetar a la autoridad. No habría Estado constitucional de derecho si las órdenes de las autoridades nombradas legítimamente no fueran cumplidas. Muchas veces parte de la labor del abogado consiste en cuestionar dichas órdenes e incluso puede conllevar la necesidad de denunciar a la autoridad; sin embargo, es preciso que siempre actúe guardando la compostura necesaria para resguardar el respeto que debe inspirar la autoridad. Por ello, el abogado debe aconsejar a su cliente que cumpla las órdenes de la autoridad y que la respete, no debe inducir a error al juez o tratar de influir en este alterando su independencia o imparcialidad. Tampoco debe anunciar sus servicios sugiriendo que puede influir indebidamente en la autoridad. Además, el abogado debe denunciar el soborno a una autoridad realizado por otro abogado del cual haya tenido conocimiento y puede denunciar el incumplimiento de los deberes de la autoridad, siempre que no se trate de una denuncia maliciosa.

3. Respetar los derechos de las personas. Al ejercer su profesión el abogado se relaciona con distintas personas: la parte contraria a la que defiende, sus abogados, otros colaboradores de la istración de justicia, personas llamadas a declarar ante el juez, entre otras. La vulneración de los derechos de dichas personas en el ejercicio profesional no es amparable, pues el fin supremo de la sociedad y del Estado, según aclama la Constitución, es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Por ello, el abogado debe actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones, en los escritos que autorice y al opinar o absolver consultas a través de medios masivos de comunicación. También debe evitar ocasionar daños a su cliente, la contraparte o terceros y velar porque su cliente guarde respeto a estos últimos. Además, al anunciar u ofrecer sus servicios directamente debe evitar incurrir en actos de hostigamiento y debe “competir lealmente con sus colegas, de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes”. 4. Ser veraz. Podría decirse que la palabra es para el abogado, lo que el estetoscopio es para el médico, la regla para el arquitecto o el pincel para el pintor; es decir, es su principal herramienta de trabajo. Mediante el uso de la palabra el abogado ayuda a su cliente a conocer y ejercer sus derechos y contribuye a que la formación de negocios y actos jurídicos (privados o istrativos) se haga de acuerdo con el Derecho. De allí, la necesidad, en un Estado constitucional de derecho, de que el abogado sea veraz. Por ello, el abogado no debe mentir o faltar a la verdad al defender a su patrocinado, debe facilitar (no dificultar) la identificación de los hechos, el derecho, la doctrina y la jurisprudencia aplicable a cada caso; y, debe reconocer cuando ha incumplido un deber profesional y ponerlo en conocimiento del afectado.

Además, debe anunciar sus servicios cumpliendo los deberes de veracidad, autenticidad, lealtad y legalidad, entre otros, sin engañar o inducir a error o sugerir el uso de medios contrarios a las leyes. 5. Contribuir a la justicia. El abogado debe ser consciente de los problemas que dificultan el a una justicia efectiva como son el abarrotamiento del Poder Judicial, lo costoso que puede ser contar con asesoría legal para algunas personas y la deficiente educación legal que existe en el país. Por lo anterior, no debe utilizar sus conocimientos para elaborar esquemas contractuales abusivos, sino contribuir a que la arquitectura contractual sea legal y justa. Tampoco debe abusar de los medios procesales, recurrir a medios dilatorios, actuar con temeridad, mala fe o interponer recursos manifiestamente infundados que sobrecarguen el sistema judicial. Además, para contribuir con la justicia, el abogado puede patrocinar causas de interés público, promover la participación ciudadana en las decisiones públicas y en los debates legislativos, prestar servicios gratuitos a personas de escasos recursos y publicar artículos académicos sobre asuntos que ha visto en el ejercicio o absolver consultas en medios de comunicación cuidando, claro está, de no revelar el secreto profesional. 6. Custodiar el orden social. El Estado constitucional tiene sus bases en un contrato social. El orden de la sociedad se mantiene, pues la población confía en que es mejor cumplir la ley que no hacerlo. El abogado, como operador del derecho, debe fomentar esa confianza. Por ello, debe promover la confianza del público en que la justicia puede alcanzarse con el cumplimiento de las reglas del Estado constitucional de derecho, apoyar la labor de las entidades públicas y privadas orientadas a consolidar el marco institucional del país y denunciar el abuso de poder. 7. Ser ejemplo. Entre los demás ciudadanos, el abogado es quien conoce más las normas y entiende mejor la importancia de su cumplimiento para garantizar

la paz social. Si, en lugar de cumplir la ley u obedecer a la autoridad, no lo hace, brinda un mensaje equivocado a los demás ciudadanos. Se requiere, por tanto, que el abogado sea ejemplo para los demás. El deber del abogado de ser ejemplo para sus colegas y sobre todo para los futuros profesionales del Derecho ha sido recogido en forma genérica en el Código de Ética del Abogado; sin embargo, este no ha especificado una serie de aspectos vinculados a este deber que sí se encuentran señalados en el Código Voluntario de Buenas Prácticas del Abogado como son: que supervise el cumplimiento de la normativa de prácticas profesionales; que fomente la participación de practicantes y abogados menos experimentados en condiciones de igualdad y respeto; y, promueva su desarrollo profesional y educación continua. 8. Defender celosamente el interés de su cliente. Aunque intencionalmente lo estemos mencionado al último, en cuanto a su actuación diaria, este es el principal deber del abogado. Esto significa que debe atender a las instrucciones del cliente y no ir en contra de su voluntad, actuar con competencia (lo cual exige un “profundo conocimiento del Derecho y la práctica constante” en el área a la cual se dedica), diligencia (que consiste en “realizar todo lo que esté a su alcance para satisfacer los intereses de su cliente”) y cumplir con los deberes de información, confidencialidad, lealtad, procurando encontrar una respuesta no litigiosa para el problema de su cliente. Además, debe evitar conflictos de intereses, fijar sus honorarios de común acuerdo con el cliente en forma transparente y istrar los bienes del cliente con los deberes de cuidado, diligencia y honradez (lo que incluye tener a su disposición dichos bienes así como cualquier documento vinculado al patrocinio).

También debe renunciar al patrocinio, de tener razones para ello, sin causar un perjuicio sustancial al cliente y facilitando el traslado de la información necesaria y guardar el secreto profesional (de por vida), salvo las excepciones itidas. Es importante agregar que los deberes a los cuales nos referimos son los que han sido recogidos explícitamente de alguna forma en la normativa legal y disciplinaria vigente. No obstante, cabría analizar si otros deberes se encuentran recogidos implícitamente (i.e. responsabilidad ambiental, responsabilidad de los socios por inconductas de de la organización profesional, entre otros). Dicho análisis escapa el alcance de este ensayo. Como se puede observar, los abogados tienen deberes que evidencian la trascendencia de su labor en el Estado constitucional de derecho. Esa labor, sin embargo, no podría realizarse sin que se les reconociera también ciertos derechos y libertades que son propios a su función y cuyo alcance y límites es importante conozca para ejercer su profesión. Estos aspectos ameritan ser comentados en otro ensayo.