Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre REPORTAJEEn
tres décadas de explotación de la mina de níquel Cerro Matoso se han hecho ventas por 11.000 millones de dólares. Con tan fabulosa fortuna, ¿por qué los pueblos que la rodean siguen en la miseria y sus habitantes se quejan de extrañas enfermedades?
Dos niños de Unión Matoso (Córdoba) llevan a su casa agua para consumir que recogen en los caños. Al fondo, a 800 metros, está la mina de Cerro Matoso, de BHP Billinton, la compañía minera más grande del planeta.
Es una paradoja. La Unión Matoso, el pueblo más miserable de Colombia, está a los pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo. Desde este pueblo cordobés se observan las volquetas que arrojan en la ladera toneladas de escoria, el polvo so brante del proceso de purificación del ferroníquel. Lo derraman en lo que hace tres décadas era una montaña verde, en la que Luis Simón Márquez Flórez, 51 años de edad, cazaba animales, cultivaba y se bañaba en aguas diáfanas. "¿Quién iba a imaginarse que había más riqueza en las entrañas de la montaña?", dice. En 1963, él vio los inicios de la exploración y 19 años después empezó a observar la explotación de la mina que en este tiempo ha pasado por diversos dueños. Hoy es propiedad de BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta. En este tiempo, según datos suministrados por la empresa, Cerro Matoso ha exportado 910.000 toneladas de níquel, que en ingresos brutos equivalen a 20,9 billones de pesos (11.000 millones de dólares). A Márquez Flórez no le caben en la cabeza estas fabulosas cifras y desconoce que la planta produce 50.000 toneladas
anuales de ferroníquel que se exporta a las principales metrópolis del mundo. Lo que sí sabe es trabajar la caña flecha, cultivo silvestre y materia prima para hacer el sombrero vueltiao, como los que llevaban los deportistas colombianos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. A eso se dedican los 520 habitantes de aquí. "Es un trabajo doloroso por causa de la escoria que arrojan de la mina", dice. Según sus testimonios, el viento lleva el polvillo hasta ellos. Penetra en sus pulmones, en sus ojos, en su piel. Se posa sobre sus techos y escurre con la lluvia a las canaletas y a los tanques de agua de consumo. La compañía, por su parte, niega que emita escoria y destaca que "en sus 30 años de operaciones, no ha recibido nunca una sanción por incumplir la legislación ambiental colombiana". Dayro Romero, concejal de San José de Uré, habitante de La Unión Matoso, dice que hace poco hablaron con el presidente de la empresa, Ricardo Escobar, el primer colombiano en 30 años en dirigirla, y le dijeron que tenían que responder por el alto grado de contaminación por la escoria que está cayendo en su pueblo y por el grave impacto ambiental de la región. Escobar, según ellos, tomó nota de la situación y prometió averiguar si había irregularidades. Los pobladores dicen que aguantan el dolor con estoicismo. Aquí no hay un puesto de salud, ni alcantarillado, ni siquiera agua pura para lavar las heridas. Carecen de cualquier servicio público. "La mayoría de mis 120 alumnos viven a diario con rasquiñas y gripas interminables", dice Eleidis Romero, la profesora de la escuela San Luis. Un estudio de la Universidad de Antioquia, que ha hecho exámenes médicos, dirigido al director de relaciones laborales de la empresa, dice: "Es importante observar que las mediciones ambientales realizadas presentan un nivel superior al permisible". Márquez Flórez se muestra cansado. No así los niños semidesnudos, con evidentes signos de desnutrición , que caminan por las seis vías sin pavimentar. En lugar de asfalto están cubiertas de saprolita, un material también de desecho de la mina con alta cantidad de níquel, duro y filudo. Es extraño el niño que no se vea cortado por andar por las calles. A pesar de esto, sonríen. Nunca han visto otra realidad. Parecen vivir en la Edad Media aunque al frente tienen una industria con alta tecnología y unas instalaciones que consumen tanta energía eléctrica como toda Barranquilla. La Unión Matoso y la mina de Cerro Matoso están a 90 minutos de Montelíbano. Los une una carretera que atraviesa paisajes de espléndidas sabanas, salpicadas
por colinas en donde pasta el ganado a la sombra de los árboles. Abundan las variedades, cebús y búfalos bien alimentados. Sin embargo, en el casco urbano de este municipio de 85.000 habitantes se acaba el paisaje de postal: entre la maleza y los olores fétidos se ven inconclusas la plaza de mercado y el matadero municipal. El alumbrado público es deficiente, no hay alcantarillado y el agua no es potable. La versión que pasa de boca en boca es que la plata de la mina se extravió en la maraña de corrupción local y regional. La compañía muestra sus libros contables en los que dice que ha girado durante los 30 años de operaciones al Estado colombiano 1,5 billones de pesos por concepto de regalías. ¿Cómo se esfumó tan astronómica cifra? ¿Qué político responde? Nadie. Un caso que simboliza esta respuesta es el del liberal Moisés Náder Restrepo, elegido en cinco ocasiones alcalde de Montelíbano. En estos periodos acumuló 64 investigaciones de la Procuraduría por derrochar las regalías pero nunca fue sancionado. "Más vale malo conocido que bueno por conocer", dice un estudioso de la política local para explicar por qué la gente insiste en reelegirlo, "Saben que él ha sido perverso pero los demás han sido peores", concluye. El municipio ha sufrido el azote de los narcos y los paras. Hoy el fantasma de las bacrim gravita en toda la región.
Enfermos por el trabajo Aunque la plaza de mercado y el matadero parecen reliquias detenidas en el tiempo, algunos pobladores tienen preocupaciones más urgentes. A Julio Enrique Acosta Arcia, de 53 años, según consta en su registro médico, le encontraron diez elementos tóxicos en su cuerpo tras haber trabajado en la mina durante 23 años. Le han hecho 14 cirugías, le descubrieron un cáncer y hoy está en una silla de ruedas. Cree que la empresa ha mejorado en seguridad industrial, pero a él, que fue uno de los pioneros, le tocó una época en que esta era "bastante rudimentaria". Acosta lidera a 80 exempleados que, según la acción de grupo que hoy hace trámite en un juzgado de Montería, fueron retirados de la empresa por enfermedades respiratorias, problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. Federman de la Ossa, de 64 años, ingresó en 1971 y se retiró en 2000 con diagnóstico de enfermedad pulmonar. Vive en El Varal, Pueblo Nuevo, y permanece en una hamaca, junto a siete medicamentos que debe consumir las 24 horas. SEMANA hizo un recorrido por la zona y encontró otros
casos dramáticos. En Pica Pica, a 40 minutos de Planeta Rica, vive Alfaro Osorio, de 55 años, con enfermedad pulmonar crónica. En Montería, Emilio Soto, quien ingresó a Cerro Matoso en 1980 y se retiró en 2007 cuando le diagnosticaron una dermatitis de o crónica. Su cuerpo era una llaga purulenta que producía repugnancia en sus compañeros de trabajo, quienes se lavaban las manos después de saludarlo, decían que estaba podrido, creían que tenía sida. Según sus testimonios, adquirieron estas enfermedades por inhalar gases, por manipular reactivos, por trabajar en los hornos en la refinería y por entrar en o con el material particulado que emite la planta en los procesos metalúrgicos del ferroníquel. La empresa tiene una versión muy distinta. "En los 30 años de operación, 39 personas han presentado enfermedades calificadas como profesionales. De estas, 29 casos corresponden a algún grado de pérdida auditiva".
¡Peligro! ¡Peligro! El níquel, dice la hoja de advertencia que va adherida a los costales de exportación, "es un material peligroso, puede producir cáncer, reacciones alérgicas cutáneas, es dañino para los pulmones tras exposición repetida o duradera; no inhalar polvo ni humo". Lo advierte Cerro Matoso a sus clientes. Sin embargo, los mineros viejos dicen: "A nosotros nunca nos lo dijeron". En la década de los ochenta no había una preocupación por el tema de salud ocupacional, a pesar de que la International Agency for Research on Cancer (IARC), clasifica al níquel y sus compuestos en el grupo A1 de agentes cancerígenos. El pasado martes 24 de julio murió de cáncer Hildebrando Turizo, tenía 60 años, se lo habían diagnosticado hace diez años, fue operador de refinería y de la planta de recuperación. Cuando los periodistas de SEMANA lo visitaron en la clínica IMAT de Montería, el 13 de julio, contó que a él nunca le dijeron que "el níquel podía producir cáncer. El agua de consumo en la planta aseguró- contenía minerales como hierro, cobalto, níquel, saprolita verde y café y azufre. La extraían de los yacimientos del cerro". A la mayoría de los exempleados el trato que han recibido de los directivos de Cerro Matoso los ha desconcertado. Los extrabajadores consultados por SEMANA coinciden en afirmar que los médicos que les hacen los exámenes siempre hablan bajito, y las clínicas y laboratorios donde se los practican nunca les entregan los
resultados sino que los envían a salud ocupacional de la empresa porque son "exámenes privados". Pero si la empresa, como consideran los exempleados, ha sido indolente ante las enfermedades, la aseguradora del régimen de pensiones, a pesar de las evidencias, no ha aceptado que las enfermedades han sido contraídas en las labores que desempeñan. Por eso quedan sin trabajo y sin pensión. "Nosotros ignorábamos lo nocivos y venenosos que eran los materiales a los que estábamos expuestos. Yo entré caminando a Matoso y salí inválido", dice Acosta. En este mes de septiembre se vence el plazo de la concesión a la compañía que explota la mina. BHP Billinton aspira a renovar el contrato por 30 años. El presidente Juan Manuel Santos, quien trabaja en impulsar la economía con lo que llama "la locomotora de la minería", tomará la decisión. El mandatario ha dicho en varios ocasiones que debe "haber absoluta igualdad entre lo que se extrae y lo que se reinvierte en la gente". Además, ha precisado que cualquier explotación debe hacerse con sostenibilidad y respeto hacia el medio ambiente. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, valida esta premisa: "No vamos a permitir explotación que no beneficie a las comunidades de los municipios en donde están las minas". Gabriel Alberto Calle Demoya, el actual alcalde de Montelíbano, espera que en Cerromatoso no se siga ratificando ese presagio que dice: "Pueblo de mina, pueblo de ruina".
ESPECIAL DE CERRO MATOSO CONTROL POLÍTICO Y FISCAL AGOSTO 12, 2012 COMENTARIOS DESACTIVADOS
La serie de dudas sobre los procedimientos que se vienen siguiendo en Cerro Matoso, los cuales le estarían generando al Estado colombiano y a las regiones dueñas del níquel multimillonarias pérdidas, estallaron en un control de adevertencia de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, quien dijo que no va a permitir que la prórroga de la concesión se hag a basada en “trucos jurídicos” y en un anuncio del Congreso de adelantar un debate de control político. La mina Cerro Matoso S.A. está ubicada en el municipio de Montelíbano, costado sur de Córdoba, conocido como la “Capital Niquelera de América”, gracias a que la minera más grande del mundo, BHP Billiton, convirtió parte de su territorio en la mina a cielo abierto de extracción de níquel más grande del continente y la cuarta del planeta. El Congreso de la República advirtió que hará un debate de control político al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que le entregue al país una rendición de cuentas ya que, al parecer, al país se le están facturando negocios de níquel en Cerro Matoso por 23 billones de pesos pero solo se pagan regalías por 9 billones de pesos. De acuerdo concarta dirigida al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, y a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Beatriz Uribe, la contralora Sandra Morelli consideró de fundamental importancia que, “para soportar la decisión que se tome, se tengan en cuenta los estudios, simulaciones y escenarios de evaluación técnica, ambiental, económica y social”. Asimismo, la contralora llamó la atención sobre los posibles riesgos
que genera una negociación
“sin las debidas previsiones, revisiones, comprobaciones, controles, trazabilidad, documentación y estudios, entre otros, que se deriven de la continuidad de los Contratos de Concesión Minera No. 866 de 1963 y 1727 de 1979, para la explotación del yacimiento del níquel”. A las pocas horas la recien posesionada Beatriz Uribe renunció a la Agencia Nacional de Minería y en su reemplazo el ministro Cárdenas nombró a la viceministra de infraestructura la economista María Constanza García como su nueva presidenta. La Contralora había dicho en Montería: “En el tema Cerro Matoso hay un juego jurídico que obviamente la Contraloría no va a itir, en el sentido que se quiere transmutar la naturaleza de la concesión a una licencia. Sobre esos „trucos jurídicos‟ no vale la pena referirse, porque no tienen asidero legal”.
Lo que no se explica es por qué la Contraloría se tardó 16 años para pronunciarse sobre la licencia que se le otorgó a Cerro Matoso en 1996. La reacción de la funcionaria se debe a que se conoció que desde 1996 el Ingeominas firmó con Cerro Matoso un acuerdo que le permite a la empresa explotar nuevos terrenos hasta el 2029, y en ese acuerdo aprovecharon para incluir a los terrenos que ya estaban siendo explotados. Sigue enredo Sandra Morelli Rico dijo que hasta ahora “la Contraloría estaba tranquila porque el anterior auditor de Ingeominas había establecido unos criterios muy claros para la renovación de esa concesión”. Esos criterios tenían que ver con un aumento en las regalías, que al Estado colombiano se le pagara por el arrendamiento de los activos que les regresarían a partir de septiembre, la unificación de los contratos de concesión, el aumento de las compensaciones sociales y un adecuado manejo ambiental. Lo que no se entiende es cómo el auditor de Ingeominas estaba poniendo esos criterios para una nueva prórroga, si esa misma entidad era la que ya había prorrogado la concesión desde 1996. No obstante, Morelli insistió en que “nuestra función y responsabilidad es que se tutele el interés público. Si esos parámetros anteriormente expuestos se respetan sería razonable la renovación, pero si no, nosotros estamos dispuestos a hacer las advertencias del caso”.
Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre REPORTAJE En tres décadas de explotación de la mina de níquel Cerro Matoso se han hecho ventas por 11.000 millones de dólares. Con tan fabulosa fortuna, ¿por qué los pueblos que la rodean siguen en la miseria y sus habitantes se quejan de extrañas enfermedades? Es una paradoja. La Unión Matoso, el pueblo más miserable de Colombia, está a los pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo. Desde este pueblo cordobés se observan las volquetas que arrojan en la ladera toneladas de escoria, el polvo sobrante del proceso de purificación del ferroníquel. Lo derraman en lo que hace tres décadas era una montaña verde, en la que Luis Simón Márquez Flórez, 51 años de edad, cazaba animales, cultivaba y se bañaba en aguas diáfanas. “¿Quién iba a imaginarse que había más riqueza en las entrañas de la montaña?”, dice. En 1963, él vio los inicios de la exploración y 19 años después empezó a observar la explotación de la mina que en este tiempo ha pasado por diversos dueños. Hoy es propiedad de BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta. En este tiempo, según datos suministrados por la empresa, Cerro Matoso ha exportado 910.000 toneladas de níquel, que en ingresos brutos
equivalen a 20,9 billones de pesos (11.000 millones de dólares). A Márquez Flórez no le caben en la cabeza estas fabulosas cifras y desconoce que la planta produce 50.000 toneladas anuales de ferroníquel que se exporta a las principales metrópolis del mundo. Lo que sí sabe es trabajar la caña flecha, cultivo silvestre y materia prima para hacer el sombrero vueltiao, como los que llevaban los deportistas colombianos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. A eso se dedican los 520 habitantes de aquí. “Es un trabajo doloroso por causa de la escoria que arrojan de la mina”, dice. Según sus testimonios, el viento lleva el polvillo hasta ellos. Penetra en sus pulmones, en sus ojos, en su piel. Se posa sobre sus techos y escurre con la lluvia a las canaletas y a los tanques de agua de consumo. La compañía, por su parte, niega que emita escoria y destaca que “en sus 30 años de operaciones, no ha recibido nunca una sanción por incumplir la legislación ambiental colombiana”. Dayro Romero, concejal de San José de Uré, habitante de La Unión Matoso, dice que hace poco hablaron con el presidente de la empresa, Ricardo Escobar, el primer colombiano en 30 años en dirigirla, y le dijeron que tenían que responder por el alto grado de contaminación por la escoria que está cayendo en su pueblo y por el grave impacto ambiental de la región. Escobar, según ellos, tomó nota de la situación y prometió averiguar si había irregularidades. Los pobladores dicen que aguantan el dolor con estoicismo. Aquí no hay un puesto de salud, ni alcantarillado, ni siquiera agua pura para lavar las heridas. Carecen de cualquier servicio público. “La mayoría de mis 120 alumnos viven a diario con rasquiñas y gripas interminables”, dice Eleidis Romero, la profesora de la escuela San Luis. Un estudio de la Universidad de Antioquia, que ha hecho exámenes médicos, dirigido al director de relaciones laborales de la empresa, dice: “Es importante observar que las mediciones ambientales realizadas presentan un nivel superior al permisible”. Márquez Flórez se muestra cansado. No así los niños semidesnudos, con evidentes signos de desnutrición , que caminan por las seis vías sin pavimentar. En lugar de asfalto están cubiertas de saprolita, un material también de desecho de la mina con alta cantidad de níquel, duro y filudo. Es extraño el niño que no se vea cortado por andar por las calles. A pesar de esto, sonríen. Nunca han visto otra realidad. Parecen vivir en la Edad Media aunque al frente tienen una industria con alta tecnología y unas instalaciones que consumen tanta energía eléctrica como toda Barranquilla. La Unión Matoso y la mina de Cerro Matoso están a 90 minutos de Montelíbano. Los une una carretera que atraviesa paisajes de espléndidas sabanas, salpicadas por colinas en donde pasta el ganado a la sombra de los árboles. Abundan las variedades, cebús y búfalos bien alimentados. Sin embargo, en el casco urbano de este municipio de 85.000 habitantes se acaba el paisaje de postal: entre la maleza y los olores fétidos se ven inconclusas la plaza de mercado y el matadero municipal. El alumbrado público es deficiente, no hay alcantarillado y el agua no es potable. La versión que pasa de boca en boca es que la plata de la mina se extravió en la maraña de corrupción local y regional. La compañía muestra sus libros contables en los que dice que ha
girado durante los 30 años de operaciones al Estado colombiano 1,5 billones de pesos por concepto de regalías. ¿Cómo se esfumó tan astronómica cifra? ¿Qué político responde? Nadie. Un caso que simboliza esta respuesta es el del liberal Moisés Náder Restrepo, elegido en cinco ocasiones alcalde de Montelíbano. En estos periodos acumuló 64 investigaciones de la Procuraduría por derrochar las regalías pero nunca fue sancionado. “Más vale malo conocido que bueno por conocer”, dice un estudioso de la política local para explicar por qué la gente insiste en reelegirlo, “Saben que él ha sido perverso pero los demás han sido peores”, concluye. El municipio ha sufrido el azote de los narcos y los paras. Hoy el fantasma de las bacrim gravita en toda la región. Enfermos por el trabajo Aunque la plaza de mercado y el matadero parecen reliquias detenidas en el tiempo, algunos pobladores tienen preocupaciones más urgentes. A Julio Enrique Acosta Arcia, de 53 años, según consta en su registro médico, le encontraron diez elementos tóxicos en su cuerpo tras haber trabajado en la mina durante 23 años. Le han hecho 14 cirugías, le descubrieron un cáncer y hoy está en una silla de ruedas. Cree que la empresa ha mejorado en seguridad industrial, pero a él, que fue uno de los pioneros, le tocó una época en que esta era “bastante rudimentaria”. Acosta lidera a 80 exempleados que, según la acción de grupo que hoy hace trámite en un juzgado de Montería, fueron retirados de la empresa por enfermedades respiratorias, problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. Federman de la Ossa, de 64 años, ingresó en 1971 y se retiró en 2000 con diagnóstico de enfermedad pulmonar. Vive en El Varal, Pueblo Nuevo, y permanece en una hamaca, junto a siete medicamentos que debe consumir las 24 horas. SEMANA hizo un recorrido por la zona y encontró otros casos dramáticos. En Pica Pica, a 40 minutos de Planeta Rica, vive Alfaro Osorio, de 55 años, con enfermedad pulmonar crónica. En Montería, Emilio Soto, quien ingresó a Cerro Matoso en 1980 y se retiró en 2007 cuando le diagnosticaron una dermatitis de o crónica. Su cuerpo era una llaga purulenta que producía repugnancia en sus compañeros de trabajo, quienes se lavaban las manos después de saludarlo, decían que estaba podrido, creían que tenía sida. Según sus testimonios, adquirieron estas enfermedades por inhalar gases, por manipular reactivos, por trabajar en los hornos en la refinería y por entrar en o con el material particulado que emite la planta en los procesos metalúrgicos del ferroníquel. La empresa tiene una versión muy distinta. “En los 30 años de operación, 39 personas han presentado enfermedades calificadas como profesionales. De estas, 29 casos corresponden a algún grado de pérdida auditiva”. ¡Peligro! ¡Peligro! El níquel, dice la hoja de advertencia que va adherida a los costales de exportación, “es un material peligroso, puede producir cáncer, reacciones alérgicas cutáneas, es dañino para los pulmones tras
exposición repetida o duradera; no inhalar polvo ni humo”. Lo advierte Cerro Matoso a sus clientes. Sin embargo, los mineros viejos dicen: “A nosotros nunca nos lo dijeron”. En la década de los ochenta no había una preocupación por el tema de salud ocupacional, a pesar de que la International Agency for Research on Cancer (IARC), clasifica al níquel y sus compuestos en el grupo A1 de agentes cancerígenos. El pasado martes 24 de julio murió de cáncer Hildebrando Turizo, tenía 60 años, se lo habían diagnosticado hace diez años, fue operador de refinería y de la planta de recuperación. Cuando los periodistas de SEMANA lo visitaron en la clínica IMAT de Montería, el 13 de julio, contó que a él nunca le dijeron que “el níquel podía producir cáncer. El agua de consumo en la planta -aseguró- contenía minerales como hierro, cobalto, níquel, saprolita verde y café y azufre. La extraían de los yacimientos del cerro”. A la mayoría de los exempleados el trato que han recibido de los directivos de Cerro Matoso los ha desconcertado. Los extrabajadores consultados por SEMANA coinciden en afirmar que los médicos que les hacen los exámenes siempre hablan bajito, y las clínicas y laboratorios donde se los practican nunca les entregan los resultados sino que los envían a salud ocupacional de la empresa porque son “exámenes privados”. Pero si la empresa, como consideran los exempleados, ha sido indolente ante las enfermedades, la aseguradora del régimen de pensiones, a pesar de las evidencias, no ha aceptado que las enfermedades han sido contraídas en las labores que desempeñan. Por eso quedan sin trabajo y sin pensión. “Nosotros ignorábamos lo nocivos y venenosos que eran los materiales a los que estábamos expuestos. Yo entré caminando a Matoso y salí inválido”, dice Acosta. En este mes de septiembre se vence el plazo de la concesión a la compañía que explota la mina. BHP Billinton aspira a renovar el contrato por 30 años. El presidente Juan Manuel Santos, quien trabaja en impulsar la economía con lo que llama “la locomotora de la minería”, tomará la decisión. El mandatario ha dicho en varios ocasiones que debe “haber absoluta igualdad entre lo que se extrae y lo que se reinvierte en la gente”. Además, ha precisado que cualquier explotación debe hacerse con sostenibilidad y respeto hacia el medio ambiente. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, valida esta premisa: “No vamos a permitir explotación que no beneficie a las comunidades de los municipios en donde están las minas”. Gabriel Alberto Calle Demoya, el actual alcalde de Montelíbano, espera que en Cerromatoso no se siga ratificando ese presagio que dice: “Pueblo de mina, pueblo de ruina”.
La explotadora de níquel en Córdoba, Cerromatoso, no estaría pagando al Estado las regalías que realmente le corresponden por las ventas del mineral. Entre los años 2007 y el 2010 se giraron regalías por valor de 870 mil millones de pesos sobre una producción de 9 billones de pesos.
Sin embargo, en la declaración de renta de la multinacional se habrían reportado ventas por 23 billones de pesos en ese mismo período. La denuncia la hizo el presidente de la comisión tercera del senado, Bernardo Miguel Elías, a dos meses de cumplirse la fecha para que el Estado renegocie el millonario contrato de explotación con una producción promedio de 50.000 toneladas al año que representan para la multinacional BHP Billinton cerca de 730 millones de dólares. El congresista cordobés está exigiendo que la renegociación se haga mediante subasta de tal forma que se evalúen las mejores propuestas para las arcas de Córdoba y de la Nación. “Las regalías son del 12 por ciento, una participación que seguramente será mayor si se va a subasta. No estamos hablando de sumas menores. Por cada punto de más que se logre, la Nación recibirá como mínimo 15.000 millones de pesos más al año”, puntualizó Elías Vidal. Además solicitó a la Contraloría General de la Nación una nueva auditoría luego de detectar que entre el 2008 y el 2010 la compañía había dejado de pagar cerca de 35.000 millones de pesos por concepto de regalías y señaló como antecedente el hecho que en el 2005 Ingeominas cedió a la empresa la propiedad y uso de aproximadamente 13 millones de toneladas de mineral de hierro sin ningún tipo de contraprestación económica lo que para la Contraloría representó un detrimento de 209 mil millones de pesos. “Hay razones de sobra para solicitar una nueva auditoría y así lo vamos a hacer”, advirtió Elías Vidal, quien hoy radicó en el Congreso una
proposición para citar a un debate al ministro de
Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, así como a funcionarios de Ingeominas y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en donde se les exigirá que las propuestas de una eventual subasta se hagan públicas y con la participación en la mesa de negociaciones de autoridades de Córdoba y de municipios productores como Montelíbano. FUENTES: REVISTA SEMANA, PORTAFOLIO.CO, ELUNIVERSAL.CO, EL MERIDIANO DE CÓRDOBA
El horno mortal de Cerromatoso la tragedia por la extracción de Niquel Por: Pacho Escobar | enero 01, 2014
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En los cabildos indígenas aledaños a la multinacional minera Cerro Matoso S.A., nacieron tres niños sin ano y uno sin pene ni vagina. Pero en el año 2011 casi no nacen; de 36 embarazos, 14 fueron abortos. Así mismo, otros menores han llegado al mundo con deformaciones congénitas: labio leporino y piel que se descascara son las más frecuentes. El futuro de esta población es incierto. Mientras el presente de un centenar de trabajadores de la compañía ya está echado: cáncer, perforaciones de tabique, dermatitis severa, sordera, asma,
trastornos de columna y enfermedades citogenéticas están matando a la gente. La situación se tornó tan grave que un buen grupo de los afectados o una asesoría legal de gran calado: la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. Todo empezó en los años sesenta. Al municipio de Montelíbano (Córdoba) llegó un extranjero para hacerse rico. Pero no llegó a un baldío, aquellas tierras que comprenden el Alto San Jorge, eran habitadas desde hace cinco siglos por los indígenas del pueblo Zenú y luego por campesinos mestizos los cuales vivían de sus cosechas de maíz, arroz, ñame, yuca y una gran variedad de siembras frutales. Pescaban en sus cristalinos ríos y cazaban algunos animales silvestres. De pronto comenzaron a observar que el forastero, a quién apodaron „Mister Jama‟, levantó un campamento en el cerro que quedaba al lado de la cuenca del río San Jorge. El extraño cada fin de semana extraía bultos de tierra que bajaban en canoas por la quebrada Uré -que desembocaba en el San Jorge- hasta sacar el material a buen puerto. Alguien preguntó que qué estaban haciendo y le contestaron que posiblemente ahí había una mina de Oro. „Mister Jama‟ también inició una apropiación del territorio aledaño al cerro, él les puso el precio y cambió algunas plazas de tierra por carpas y por ropa usada. Los campesinos confiaban en el autoinvitado. Pasarían diez años de sacar tierra y mandarla a quién sabe donde para analizarla, de tal suerte que los gringos llegaron con el recado que efectivamente aquel cerro no tenía una mina de oro, pero si tierra rica en Níquel. Fue la primera vez que los indígenas escucharon esa palabra. En 1970 comenzaron a llegar los primeros buldózer y las primeras volquetas junto a trabajadores foráneos que agrandaron el campamento y alquilaron casas en Montelíbano. Lo primero que hicieron fue abrir camino, incluso los propios indígenas ayudaban a echar la tierra roja que bajaban del mismo cerro para asentar el suelo. Tierra envenenada. Un día „Mister Jama‟ desapareció pero a él lo remplazarían ingenieros de cascos amarillos y uniformes, la cosa iba en serio. Años más tarde los líderes indígenas sabrían que en 1979 el Gobierno de Julio César Turbay le dio una concesión a las compañías Conicol S.A y Billington Overseas Ltda., para la extracción de metales a cielo abierto en el Cerro Matoso.
En el gobierno de Julio César Turbay se le otorgaron los primeros permisos de explotación de Níquel a Cerro Matoso Por esos años comenzó la incomodidad. Partes del cerro empezaron a ser dinamitadas y su tierra extraída con retroexcavadoras. Las ondas explosivas se empezaron a escuchar a 15 kilómetros a la redonda. Pero lo que más aturdía era el ruido ensordecedor de la maquinaria pesada trabajando. “Veinticuatro horas con un sonido de ultratumba bruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”, cuenta uno de sus habitantes. Una banda sonora que ha durado hasta nuestros días. Durante aquella época los habitantes comenzaron a sufrir problemas respiratorios, pero creían que eran propios de su naturaleza. Las volquetas y camiones levantaban el polvo que los indígenas se tragaban y que los dejaban rucios, blancos, “monos” como ellos mismos recuerdan. Al tiempo, tal vez los empresarios se dieron cuenta que era mejor tratar de primera mano el material en su mina que mandar bultos de tierra para extraer el Níquel en otro lugar. Entonces construyeron el primer horno donde se originaron los verdaderos problemas. Las emanaciones de gases con partículas tóxicas para el ser humano cubrieron el aire de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. De manera invisible se respiraba aire contaminado y las diminutas partículas también caían en las aguas de los ríos que consumían los locales. Pero debieron pasar muchos años para que los resultados fueran desastrosamente evidentes. Lo primero en cambiar fue el paisaje de la zona. Las comunidades más cercanas debieron abandonar sus tierras porque ya no tenían agua. La quebrada Zaino Macho de un momento a otro fue cubierta por la basura de la planta. De hecho, a la hora de extraer el Níquel, el material deja sobras a las cuales llaman „escoria‟. Los trabajadores de Cerro Matoso empezaron a tirar su escoria en el costado sur de la planta, justo por donde pasaba la quebrada. Un día la montaña de escoria colapsó y tapó un kilómetro de aquel cauce. La comunidad más afectada fue la de Pueblo Flecha, que jamás pudo volver a beber aquellas aguas que en otrora eran
diáfanas como el viento. Lo mismo sucedió con la quebrada Aguas Claras, donde la compañía empezó a verter las aguas hirvientes con las que limpiaban el material extraído. El cacique mayor Israel Aguilar Solano, nació hace 50 años en estas tierras. Él puede dar fe de todo cuanto ha cambiado y ha sucedido por culpa de Cerro Matoso. Por ejemplo los habitantes de Pueblo Flecha, Puente de Uré, Boca de Uré y de otros sectores tuvieron que empezar a cavar pozos para extraer agua apta para el consumo humano y para su aseo personal. A mediados de los noventa les quedó prohibido bañarse en las aguas de sus ríos porque de manera inmediata presentaban reacciones alérgicas en la piel.
Así se ve el derramamiento de agua contaminada en la quebrada Uré, denuncias que ha realizado el Cacique Israel Aguilar En el año 1997 se realizó el primer estudio de impacto de salubridad, pero curiosamente no se hizo con los habitantes de Montelíbano sino con los propios trabajadores de Cerro Matoso. La compañía de Riesgos Profesionales Colmena practicó exámenes médicos a 258 empleados buscando identificar qué enfermedades podía haber ocasionado el Níquel después de tener o tanto tiempo. Los resultados fueron desahuciadores: hallaron 142 casos de enfermedades nasales, 59 pulmonares y 58 personas con problemas dermatológicos. Al contrario de lo que se pensaba, el Gobierno de Ernesto Samper no tomó cartas en el asunto sino que amplió el área de concesión para extracción minera, pasando de 545 hectáreas a más de 52 mil localizadas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica en Córdoba, más los municipios de Tarazá y Cáceres en Antioquia. Cuatro años más tarde, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó al Níquel dentro del grupo A1 de los agentes cancerígenos
para el ser humano. Por aquellos mismos días la CVS de los Valles del Sinú reveló -ya de manera científica- que el río San Jorge y el aire de la zona tenían presencia de Níquel, Cromo y Mercurio. El cacique Israel Aguilar de inmediato trató de ponerse al frente y buscó directamente a los responsables y dirigentes de la multinacional. La comunidad indígena elevó un oficio buscando soluciones para mitigar la contaminación, pero jamás obtuvieron respuesta. Pasarían los días, meses y años y la voz del cacique solo hacía eco en aquella montaña matona. En cambio Cerro Matoso pasó a ser la cuarta mina de explotación de Níquel del mundo. Tal vez por aquella razón la compañía angloaustraliana BHP Billiton -la empresa minera más grande del mundo- en el año 2005 compró el 99% de las acciones quedándose con todo el poder de aquella tierra rica en minerales. La empresa saltó de tener 500 trabajadores a 3000, pero tan solo 600 de ellos tienen contratación directa. Se calcula que Cerro Matoso en 30 años ha generado ganancias totales por 8.9 billones de pesos. Riqueza para unos miseria para otros. El mal que trabajadores y locales se habían tragado por años comenzó a hacer sus efectos. Cáncer, problemas de piel, cuadros respiratorios de gravedad, recién nacidos con deformaciones y una mina de síntomas extraños. En efecto, ya en el gobierno Santos, el DANE advirtió que entre los años 2009 y 2011 se incrementó el cáncer y las enfermedades respiratorias de manera alarmante en Montelíbano. Fue entonces cuando la comunidad y gran parte de extrabajadores buscaron a De La Espriella Lawyers | Enterprise que inició una serie de investigaciones basadas en estudios de profesionales y expertos en campos de la medicina y de la investigación biomédica. Los resultados son espeluznantes.
Los habitantes de Pueblo Flechas, Puente de Uré y Boca de Uré han sido los más afectados por la contaminación ambiental En el año 2012 se encontraron diez casos de cáncer. Por ejemplo, Hildebrando Turizo, quien trabajó durante 25 años en el departamento de calcificación de Cerro Matoso S.A., hace 11 meses lo mató un cáncer de nasofaringe. Hace dos meses a
Jorge Luis Cogollo, quien trabajó más de 20 años en la mina, también lo mató un cáncer de las mismas características. Hace 10 meses el laboratorio clínico ABO de Montería, detectó daños de gravedad en el ADN de 13 exempleados de la compañía. Otro estudio arrojó que la escoria que vierten en la quebrada Zaino Macho tiene un porcentaje de más de 50% de silicio, resultado que concuerda con las mediciones internas que tiene la compañía en su poder y a las cuales tuvo la firma de abogados. Como si fuera poco el material tóxico se ha empezado a filtrar en el subsuelo, contaminando los únicos afluentes de agua de la que se proveen los locales, es decir los pozos subterráneos. Así mismo, el genetista Milton Quintana Sosa, Director de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación en Genética y Biología Molecular de la Universidad Simón Bolívar, realizó un análisis en 30 personas: encontró que el 90% tenían daños genéticos debido a la exposición del Níquel. De igual forma se halló que 14 de los pacientes tenían rastros de metales en su sangre. Para los expertos la cadena del ADN en la región de Montelíbano se rompió. Para confirmar lo anterior el equipo de abogados acudió a los reconocidos investigadores brasileros Juliana Da Silva y Joao Pegas Henríquez, expertos en biología molecular quienes se llevaron algunas muestras para ser analizadas en el vecino país. Según resultados parciales, el daño genético en la gente es considerable. De igual forma encontraron serias coincidencias entre las patologías sufridas por los extrabajadores de Cerro Matoso y los indígenas de la zona. Sin embargo la multinacional siempre ha negado los impactos ambientales y físicos que ha causado la explotación de Níquel en Córdoba. Incluso, según lo relata el abogado Javier De La Hoz, hace un año las dos partes se sentaron para promover un estudio ambiental en la zona. La propia compañía fue la que propuso a la Universidad del Norte para realizar los análisis, pero cuando los investigadores enviaron el proyecto de cómo iban a realizar el procedimiento, Cerro Matoso S. A. no avaló el proyecto ni se volvió a sentar con los demandantes. Todo indica que la compañía minera avala sus pruebas ante el Ministerio del Medio Ambiente enviando resultados que dicen que el aire de Montelíbano contiene 10 micras de contaminación del metal, lo que los salva en Colombia, pero niegan someterse a exámenes más estrictos avalados internacionalmente los cuales tan solo permiten que el aire contenga apenas dos micras de material particulado. Con todos los argumentos anteriores, El 15 de agosto de este año, el abogado Abelardo De La Espriella formuló una denuncia penal contra Cerro Matoso S.A., por los delitos de: contaminación ambiental, daños a los recursos naturales, lesiones personales con perturbación funcional del sistema respiratorio de carácter permanente y, además, deformidad física. El abogado le solicitó a María Constanza García, presidente de la Agencia Nacional de Minería, la inmediata caducidad del contrato de la compañía británica y el cierre de la mina por el incumplimiento
desde 1997 de las normas de carácter técnico y operativo relacionadas a la higiene, la seguridad de los trabajadores y habitantes de Montelíbano y la conservación de los recursos renovables y del medio ambiente.
El abogado Abelardo De La Espriella (Derecha) ha retado a Carlos Gustavo Arrieta (Izquierda) para que divulgue cuánto recibe por honorarios para defender a la multinacional Cerro Matoso S.A. A dicha demanda los directivos de Cerromatoso no se hicieron esperar con su defensa . El Presidente de la compañía contrató como apoderado al abogado Carlos Gustavo Arrieta, quien no ha dejado de insistir en que la actividad de la compañía no tiene relación con las enfermedades de los habitantes de la zona y mucho menos con las deformaciones genéticas de los habitantes de la región. Arrieta , afirma que De La Espriella busca indemnizaciones “por supuestos daños que no le son atribuibles a la compañía” y que la falta de fundamentos de aquella acción legal emprendida por los indígenas y por los trabajadores serán demostrados en un largo proceso. De La Espriella, por su parte, lo ha retado para que haga público el valor de los honorarios que recibe por defender la multinacional minera. A su vez, el Cacique Israel Aguilar Solano, con voz serena le exige a la compañía que asuman que los han estado envenenando. En una posición conciliadora les pide que se sienten los extrabajadores, asesores legales e indígenas con los
directivos de la empresa para buscar procedimientos de explotación minera limpia, de tal suerte que la empresa se comprometa a no seguir causando estragos. Israel a pesar de tener tan solo tercero de primaria ha estudiado de manera seria el tema y sabe que en Chile una compañía de Níquel fue obligada a instalar filtros en las chimeneas de sus hornos, aunque costarán más 85 millones de dólares. En medio de esta situación dramática, el gobierno Santos, a través del Ministerio de Minas y Energía en cabeza en aquel momento de Federico Rengifo, abrió la opción de prolongarles la concesión del año 2029 hasta el 2044, es decir 30 años más. Por ahora la firma de abogados Lawyer | Enterprise tiene el poder de 100 extrabajadores y de 2400 indígenas. Cerro Matoso S.A. sigue negando la contaminación aunque a sus camiones les han puesto avisos que advierten “la sospecha” de que el Níquel puede causar cáncer, alergias cutáneas y puede ser dañino para los pulmones. El Cacique Israel Aguilar, no logra conciliar el sueño pensando en que él es la voz de 3.500 familias, es decir más de 16 mil habitantes. Por su parte el abogado De La Espriella dice que “Cerro Matoso no debería llamarse así, sino „Cerro Mañoso‟ porque envenenan a la gente, la matan y hacen toda clase de entuertos para no responder”.
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