Amparo Indirecto Contra Orden De Aprehension 3z5b5y

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUEJOSO: JOSE ELEAZAR SANCHEZ JUAREZ

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL. P R E S E N T E: JOSE ELEAZAR SANCHEZ JUAREZ, quejoso, mexicano, mayor de edad, promoviendo por mi propio derecho, Autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre, así como para exhibir, recibir y recoger toda clase de documentos y valores, e imponerse de autos y tener al expediente, aún los de carácter personal al Licenciado ARTURO CHAPARRO RIVERA CON CEDULA 381291 Y JOSE LUIS MERAZ SANCHEZ, Ante Usted Ciudadano. JUEZ DE DISTRITO, con todo respeto comparezco a fin de exponer: En los términos del presente escrito, y con fundamento en los artículos, 103 fracción I, y 107 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en relación con el artículo 1 de la Ley de amparo en vigor, vengo a demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de las autoridades y actos que en seguida indico, por lo que con fundamento en él artículo 108 de la Ley de Amparo BAJO PROTESTA LEGAL DE DECIR VERDAD, manifiesto lo siguiente: I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- YA HAN QUEDADO EXPRESADOS II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO.- SE DESCONOCE SU EXISTENCIA. III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.ORDENADORAS 1.- EL CIUDADANO JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en Carretera Texcoco- Molino de Flores Km 1+500 Ex hacienda el Batan, Colonia Xocotlan, Texcoco Estado de México, C.P. 56200. 2.- LOS C. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITOS A LA SUPROCURADURIA GENRAL, FISCALIA REGIONAL DE TEXCOCO, con domicilio en Carretera Tenería S/N, Fraccionamiento ISSEMYM, Barrio la Conchita, Texcoco Estado de México, C.P. 56170 3.- LOS C. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE ROBO CON VIOLENCIA Y PATRIMONIALES DE CUANTIA MAYOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO con domicilio conocido en Av. Morelos Oriente No. 1300, Sexto Piso, Centro Estatal de Justicia, Colonia San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de México. 4.- El C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio conocido en Av. Morelos Oriente No. 1300, Colonia San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de México. EJECUTORAS 1- EL C. JEFE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION “F1” DE LA SUBPRCURADORIA GENERAL, FISCALIA REGIONAL DE TEXCOCO con domicilio en Carretera Tenería S/N, Fraccionamiento ISSEMYM, Barrio la Conchita, Texcoco Estado de México, C.P. 56170

2.- EL C. DIRECTOR Y/O COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO con domicilio Avenida Hidalgo Numero 1006, Colonia San Sebastian, Código Postal 50090 Toluca. IV.- ACTO RECLAMADO: A).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO LA ILEGAL ORDEN DE ARRESTO, APREHENSION, DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, Y/O ARRAIGO GIRADA EN CONTRA DEL SUSCRITO DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y TRATADA DE CUMPLIR O EJECUTARSE POR LA AUTORIDAD EJECUTORA TENDIENTE A PROCURAR MI DETENCION Y LA TENDIENTE PRIVACION DE MI LIBERTAD. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO, EL CUMPLIMIENTO Y LA INMINENTE EJECUCIÓN QUE SE PRETENDE DAR A DICHA ORDEN DE ARRESTO, APREHENSION, DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y/O ARRAIGO EN CONTRA DE LA LIBERTAD PERSONAL DEL SUSCRITO QUEJOSO. V.- GARANTÍAS VIOLADAS.Las Garantías de LIBERTAD, LEGALIDAD y SEGURIDAD JURÍDICA consagradas en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI.- P R O T E S T A.BAJO PROTESTA LEGAL DE DECIR VERDAD, manifiesto que los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados son ciertos y los fundamentos de los conceptos de violación son los siguientes: H E C H O S 1.- El suscrito no he cometido delito alguno como se probará en el momento oportuno, pero como temo ser privado de mi LIBERTAD, recurro en este acto al AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, para los efectos de que se me otorgue la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva del acto reclamado. Esto porque él día de hoy personas que se dicen agentes de la policía ministerial y/o de investigación se presentaron en mi domicilio particular con él propósito de privarme de mi libertad sin expresar el motivo que tengan para ello, llevando una orden consigo, por lo que he tenido la necesidad de mantenerme oculto en mi domicilio y me veo precisado a promover la presente demanda de amparo y protección de la Justicia Federal a mi favor. 2.- Como es el caso que el SUSCRITO, no ha cometido delito alguno que amerite mi detención y la privación de mi libertad, ni en ningún momento he recibido comunicación o citatorio alguno, sin embargo a través de los propios Agentes que han tratado de detenerme, me he enterado que existe en mi contra una ilegal orden de detención, por un supuesto delito que desconozco y cuya orden han tratado de cumplimentar las autoridades señaladas como responsables ejecutoras.

3.- No he cometido delito alguno como se probará en el momento oportuno, pero como temo ser privado de mi LIBERTAD recurro en este acto al AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, para los efectos de que se me otorgue la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva del acto reclamado.

4.- No pasa desapercibido que el suscrito promovió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, mismo que quedo radicado en el Juzgado Quinto de Distrito con Residencia en Nezahualcóyotl, bajo el número de expediente 8/2015-IV. 5.- Así mismo en el expediente 8/2015-IV se concedió la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva, manifestando que en ambos casos se garantizó. 6.- Con fecha 30 de abril de 2015 se dictó sentencia definitiva en la que Negaron el amparo y protección de la Justicia Federal al Suscrito, y ante este hecho se interpuso el recurso de revisión, ingresado el día 11 de junio de 2015 en la oficialía de partes común, por lo que al encontrase subjudice el expediente en comento, es claro que la suspensión sigue vigente, para evitar la detención del suscrito. 7.- Mas sin embargo los policiales de investigación y ministeriales señalaron que era buscado por diverso delito al que se le imputa con anterioridad, por lo que recurro en este acto al AMPARO y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, para los efectos de que se me otorgue la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva del acto reclamado. Debido a que el acto reclamado es violatorio de garantías, se formulan en la presente demanda de amparo, los siguientes: CONCEPTO DE VIOLACIÓN

PRIMERO.- Las autoridades señaladas como responsables, violan en mi perjuicio las garantías de legalidad, seguridad y libertad, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estas autoridades tratan de detenerme y privarme de mi libertad, con lo cual se me causa un acto de molestia en mi persona y en mis derechos, sin que se me haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial competente en el que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, y sin que se FUNDE NI MOTIVE la causa legal del procedimiento y por lo cual dichos actos son violatorios de mis garantías. En efecto, los artículos en cuestión a la letra establecen: "ARTICULO 14. - Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." “ARTICULO 16.- Nadie debe ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”

De la trascripción anterior se advierte, que para que un acto de autoridad pueda trascender en la esfera jurídica del particular es indispensable se le den a conocer las razones, causas, circunstancias especiales que se tuvieron para su emisión, así como los preceptos legales o dispositivos jurídicos aplicable al caso concreto, lo cual solo es posible a través de la notificación, misma que constituye el medio legal por el cual los actos jurídicos nacen o tienen vida.

Luego entonces se e viola en mi perjuicio lo establecido en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto, tengo el temor fundado de ser privado de mi libertad sin que hasta el momento se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, que en el caso son el haber hecho de mi conocimiento, con oportunidad para mi defensa, el supuesto o supuestos típicos, específicamente determinados, como parte de las formalidades esenciales de procedimiento en el cual se recibieran todos los elementos de prueba de descargo, que en el caso de nuestra legislación es de tipo contradictorio y como lo ordenan las leyes expedidas para el caso; dicha omisión que se traduce en actuaciones de autoridad contrarias a lo señalado en el precepto y párrafo constitucionales señalados.

En esta tesitura, si la autoridad jamás da a conocer a mi poderdante las razones, motivos, causas o circunstancias especiales que tuvo para emitir la orden de aprehensión en contra del suscrito, es evidente la inconstitucionalidad de su actuación, de ahí que estaba obligada no sólo a notificar dicho acto, sino también de fundar y motivar de la manera más exacta posible su actuación para acotar los motivos disyuntivos de su determinación, esto es, esbozando de manera extrema las razones y motivos que demuestren clara y evidentemente que mi poderdante se pretendió sustraer de alguna obligación legal, por lo que resulta aplicable la siguientes tesis jurisprudenciales que a la letra dicen:

MEDIDAS DE APREMIO. La Corte ha resuelto, por equidad y por respeto a la libertad personal, que lo medios de apremio se apliquen gradualmente, y que se haga uso de aquellos que puedan ser suficientes para el fin que se persigue; y, por tanto, la aplicación del arresto, como medida de apremio, sin que antes se hayan agotado los otros medios de coacción que la ley establece, se considera como una violación del artículo 16 constitucional. Amparo penal en revisión. Ruiz Ramón. 17 de diciembre de 1919. Mayoría de siete votos. Ausentes: Benito Flores y Enrique Moreno. Disidentes: Gustavo A. Vicencio y Ernesto Garza Pérez. La publicación no menciona el nombre del ponente. 1 JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS. Suprema Corte de Justicia de la Nación Instancia: Fuente: Tesis: Página: V 924 Quinta Época Pleno Semanario Judicial de la Federación No. de registro: 289,140 Aislada Común Tomo. ARRESTO. FALTA DE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION DEL AUTO QUE APERCIBIO CON EL. Si en autos no consta que se haya notificado al quejoso el acuerdo por el cual se le previno con la imposición del arresto, como medida de apremio, en caso de no cumplir con el mandato judicial del juez natural, es obvio que tampoco estuvo en posibilidad de impugnarlo mediante recurso legal ordinario correspondiente; motivo por el cual no es legal sobreseer el juicio de garantías con apoyo en la jurisprudencia número 57, publicada bajo el rubro: "ARRESTO. SOBRESEIMIENTO EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DE", en la página 87 de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editada en el año de 1985. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 68/91. José Antonio López Malo y otra. 26 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 1 JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS. Suprema Corte de Justicia de la Nación Instancia: Fuente: Tesis: Página: XIV, Julio de 1994 457 Octava Época Tribunales Colegiados de Circuito

Semanario Judicial de la Federación No. de registro: 211,155 Aislada Civil Tomo. Época: Décima Época Registro: 2000124 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. I/2012 (10a.) Página: 2917 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Por otra parte, el Tribunal en Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: "De los derechos de toda persona imputada", que en su fracción I, establece: "I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". Amparo directo en revisión 2087/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

En estas circunstancias, es contundente la inconstitucionalidad de la actuación de la autoridad, ya que niego lisa y llanamente en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia que se hubiera notificado un acto debidamente fundado y motivado.

Por lo que solicito EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL en razón de que su acto no se encuentra debidamente fundado y motivado.

SEGUNDO. El acto reclamado consistente en la orden de de presentación, detención, arresto, y/o arraigo, vulneran flagrantemente en perjuicio de mi poderdante el contenido del artículo 14 Constitucional, en razón de que no se me otorgo el derecho de ser oído y vencido en juicio previamente a la ejecución del acto reclamado. Sirve de fundamento para sostener lo anterior, el criterio Jurisprudencial que a continuación se menciona:

"GARANTIA DE AUDIENCIA.- No basta argumentar que la Ley aplicable al caso no contenga determinaciones o reglamentaciones para oír a los interesados cuando se trata de revocar o modificar la situación jurídica creada en favor de ellos, para que las autoridades istrativas no tengan que otorgar a los particulares la garantía de audiencia, porque, sobre cualquiera consideración o determinación de leyes secundarias, existe el mandato de imperiosa obligación contenido en el artículo Constitucional que obliga a cualquiera autoridad a conceder dicha audiencia para afectar los derechos de los particulares." VOL XIX, tercera parte, P.47 Amparo en revisión l821/57, Inmobiliaria Latina, S.A. 8 de enero de l959, mayoría de 3 votos.

En efecto, en el precepto 14 constitucional se consagra la garantía de audiencia misma que se integra mediante cuatro garantías especificas de seguridad jurídica, necesariamente concurrentes, y que son: el juicio previo al acto de privación; que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; el cumplimiento de la observancia de las formalidades procesales esenciales; y la decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes. Formándose la garantía de audiencia mediante la conjunción indispensable de las citadas cuatro garantías, de ahí que es susceptible de contravenirse al violarse una sola, por lo que sin lugar a duda, el gobernado encuentra una verdadera y sólida protección a sus bienes jurídicos integrantes de su esfera subjetiva de derecho.

Así mismo se viola en mi perjuicio lo establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Las autoridades señaladas como responsables, violan en mi perjuicio las garantías de legalidad, seguridad y libertad, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que estas autoridades tratan de detenerme y privarme de mi libertad, con lo cual se me causa un acto de molestia en mi persona y en mis derechos, sin que se me haya seguido un proceso previo ante la autoridad competente en el que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, y sin que se FUNDE NI MOTIVE la causa legal del procedimiento, así como tampoco se acredita la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad DEL SUSCRITO y por lo cual dichos actos son violatorios de mis garantías.

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que la Autoridad goza de facultad para realizar actos aprehensión, presentación, detención arresto y/o arraigo, también lo es que las mismas no se deben de ejercer en la forma y términos que ellos deseen pues como sabemos existen garantías Individuales contenidas en nuestro máximo ordenamiento y por lo cual deben ser respetadas; de ahí que para que alguien se le prive de sus propiedades, posesiones o derechos se requiere estar sujeto a un previo juicio es decir, primero un juicio y después la privación, luego entonces la privación ilegal de mi libertad constituyen desde nuestra perspectiva una violación total a esta Garantía, ya que sin previo aviso o procedimiento a ordenar la detención, aprehensión, arresto, presentación, y/o arraigo.

En este orden de ideas, es contundente la flagrante violación al precepto constitucional citado, en razón de que jamás se hizo de mi conocimiento los elementos de cargo que se hayan establecido en mi contra, así como tampoco se me otorgo término o plazo legal para desvirtuarlo, MÁXIME CUANDO NO SE LE HACE SABER EL ORIGEN DE TAL ACTUACIÓN E INCLUSO SE LE PRIVA DE SABER LA AUTORIDAD QUE ACTÚA EN RELACIÓN, de ahí que debió otorgarme el derecho de replicar las posibles causas que pudieran originar la orden de arresto, detención, presentación y/o arraigo, razón por la cual deberá esa H. Juzgadora otorgarme el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.

Sirve de fundamento para sostener lo anterior, la Jurisprudencia No.4, visible en el informe de 1974, Segunda Parte, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina 25, 7a Epoca que a continuación se menciona:

"AUDIENCIA GARANTIA DE.- la afirmación de la parte quejosa en el sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa implica una negativa, cual obliga a las responsable a demostrar lo contrario, para desvirtuar la violación al artículo 14 Constitucional, que se reclama y por ello, al no haber aportado la prueba requerida procede a otorgarle el amparo.”

También resulta aplicable el precedente sustentado por TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO, Semanario Judicial de la FederaciónTomo: I Segunda Parte-1, Octava Epoca, Página: 319, que a la letra dice:

“GARANTIA DE AUDIENCIA, COMO DEBE SATISFACERSE. Si de la orden de clausura no se desprende que previamente a su ejecución se hubiera notificado al quejoso, dándole a conocer las causas legales de la misma, señalando los preceptos legales aplicables y los hechos concretos a efecto de que hubiera oportunidad de probar y alegar lo que a sus intereses conviniera, sino que al ejecutarse sólo se le pide la licencia y se le practica una visita para dar fe de los hechos, se violan en perjuicio del quejoso las garantías individuales que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.”

Amparo en revisión 727/87. Luis López G. de Castellanos. 4 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano Ruiz Martínez. Secretaria: María Olivia Luna Pérez.

De igual manera resulta aplicable por analogía las tesis de jurisprudencia sustentada por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca Tomo: IX-Abril, Página: 451, que a la letra reza lo siguiente:

“CLAUSURA. GARANTIA DE AUDIENCIA. Si la clausura es una sanción istrativa para una conducta infractora de disposiciones legales, a efecto de que no se viole la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución General de la República, antes de aplicar esa sanción se deben dar a conocer al afectado todos los elementos de cargo en su contra y darle también oportunidad razonable de probar y alegar lo que a su derecho convenga, previamente a la imposición y ejecución de la sanción. La única manera de que pudiera procederse a la clausura, sin respetar esa garantía de previa audiencia, sería el caso en que hubiese un peligro claro y presente de índole extraordinariamente grave para la paz o salud públicas, que por su naturaleza excepcional no permitiese la menor demora en la aplicación de la sanción de clausura, cuestión que las autoridades responsables tendrán la carga de demostrar a través de pruebas idóneas y plenas, si la invocan como sustento de su actuación.” Amparo en revisión 425/91. Julio Rigoberto Rodríguez Núñez. 15 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.

Por lo anterior, esa H. Juzgadora deberá otorgarme EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, en razón de que su acto no se encuentra debidamente fundado y motivado, ni se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento por no haber sido notificado al suscrito ningún tipo de documento.

CAPITULO DE SUSPENSIÓN:

Es procedente y así lo solicito se le conceda a la SUSCRITO la SUSPENSIÓN PROVISIONAL y en su caso la DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO en los términos de los artículos 125, 126, 127 y 128 de la Ley de Amparo, y por lo tanto no surta sus efectos la ORDEN DE ARRESTO, APREHENSION, DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y/O ARRAIGO que se ha indicado como acto reclamado y que por tanto debe de suspenderse la ejecución del mismo, solicitando que no se ejecute hasta en tanto no se declare la validez o invalidez de dicho acto de autoridad. Solicitando se me expida copia certificada de dicha suspensión por duplicado y autorizando para poder recibirla a los C.C. ARTURO CHAPARRO RIVERA CON CEDULA 381291, Y JOSE LUIS MERAZ SANCHEZ. De los antecedentes que se narran y los conceptos de violación que se hacen en contra de los actos reclamados así como la aplicación de la suplencia en la deficiencia de

la queja a favor del suscrito quejoso se deduce que resulta procedente la isión y en su momento EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, ya que son conculcadas las garantías individuales señaladas en los artículos 14, 16, Constitucionales, acto que por naturaleza, origen, contenido y consecuencias se refutan como de imposible reparación violentándose mis garantías de audiencia, legalidad y debido proceso.

Época: Décima Época Registro: 2000678 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: I.6o.P.13 P (10a.) Página: 1971 SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando los actos que se reclaman derivan de un procedimiento penal y afectan la libertad personal, al proveer sobre la suspensión es menester guardar un equilibrio entre esa garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento, por ello, los artículos 124 Bis, 130, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen la facultad del Juez de Distrito para fijar las medidas de aseguramiento pertinentes, a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, y sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo. En ese sentido, cuando se reclama una orden de aprehensión por un delito no grave, la suspensión produce el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en cuanto a su libertad se refiere y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, incluso si la orden de captura no ha sido cumplida, la finalidad de la medida cautelar es evitar su ejecución material, por ello, el Juez de Distrito debe exigir al quejoso una garantía económica y ordenar su presentación ante la autoridad responsable. Sin embargo, cuando la orden de aprehensión es por delito grave, la suspensión que se concede no evita ni paraliza su ejecución, de ahí que la libertad del quejoso no queda a cargo del Juez de amparo ni hay obligación de devolverlo a la jurisdicción de la autoridad responsable; consecuentemente, no debe exigírsele la exhibición de garantía económica alguna, ni su presentación ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, pues resultaría contradictorio con la finalidad de dicha medida el que la suspensión no aportara al quejoso alguna condición favorable a su libertad personal y favoreciera a la autoridad en la ejecución del mandamiento de captura, obligándolo a entregarse para ser recluido y afrontar el proceso en prisión preventiva, lo cual no corresponde a las funciones del Juez de Distrito, ni comulga con la finalidad del juicio de amparo. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 12/2012. 30 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. Por lo antes expuesto y fundado, a Usted Ciudadano Juez de Distrito, atentamente pido: PRIMERO: Tenerme por presentado con este escrito y copias simples que lo acompañan, interponiendo DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO en contra de la ILEGAL ORDEN DE ARRESTO, APREHENSION, DETENSION, PRESENTECION Y/O

ARRAIGO y solicitando la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado y en su momento la definitiva. SEGUNDO: En su oportunidad PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.

concederme

el

AMPARO

y

TERCERO: Se expida copia certificada del auto que decrete la suspensión provisional del acto reclamado y autorizando para que en mi nombre y representación la reciban el abogado ARTURO CHAPARRO RIVERA CON CEDULA 381291 y JOSE LUIS MERAZ SANCHEZ.

PROTESTO LO NECESARIO.

_______________________________ JOSE ELEAZAR SANCHEZ JUAREZ