Absuelve Acusacion 1i3ga

Casilla Electrónica : Exp. N° : 2469-2016 Esp. Leg: FREDDY RODRIGUEZ SUMILLA: FISCAL,

ABSUELVE FORMULA

ACUSACION

EXCEPCIÓN

Y

SOLICITA SOBRESEIMIENTO. SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CUSCO DARIO SEGOVIA SEGOVIA identificado con DNI N° 23836112, MARGARITA PUMA MONTAÑEZ 23836112,

identificada

ANTONIA

con

DNI

SALOMA

N° DE

SEGOVIA identificada con DNI N° 23836113 y LUIS HUICURO SEGOVIA identificado con DNI N° 45043814, imputados por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en su modalidad de Usurpación tipo USURPACION AGRAVADA,

en

agravio

de

VICTOR

MELECIO DUEÑAS AQUISE Y CARMEN TAPIA RONDON Estado representado por el Ministerio de Cultura, a Usted, atentamente digo: Estando dentro del término de Ley y de conformidad a lo establecido por el Art. 350º numeral 1 del Código Procesal Penal, procedemos a absolver el traslado de la Acusación Fiscal a que hace referencia la Resolución Nº XXX, de fecha XXXXXXXXX y notificada el XXXXXXXXX; así mismo, de acuerdo a los artículos 6° (inc b) y 344° del P, se formula excepción de improcedencia de acción y solicita el sobreseimiento (respectivamente) del presente proceso, todo ello bajo los siguientes fundamentos: PRIMERO: SOBRE LA OBSERVACION DE LA ACUSACIÓN.

A) SOBRE LAS PARTES INCLUIDAS EN EL PROCESO. Que, de los dispuesto en el inciso 2 del artículo 349 del Código Procesal Penal el cual determina que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria. Por consiguiente y teniendo en cuenta lo señalado en la Disposición de Investigación Preparatoria, de fecha once de febrero del año 2016, en el punto DECISIÓN: (DISPONE LA FORMALIZACION Y CONTINUACION DE INVESTIGACION PREPARATORIA … en agravio de VICTOR MELACIO DUEÑAS AQUISE Y CARMEN TAPIA RONDON), es así que la representante del Ministerio Publico, incrementa en el punto I del requerimiento de la acusación fiscal, en lo referido a los agraviados indica en agravio de VICTOR MELECIO DUELAS AQUISE Y CARMEN TAPIA RONDON y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN representado por su procurador , vulnerando de esta forma los establecido en el inciso segundo del artículo mencionado líneas arriba, más aun teniendo en cuenta que en ninguna de las etapas procesales del presente se tomó en consideración a la Municipalidad Distrital de San Sebastián ni se evidencio el interés de la misma por forma parte del proceso en mención.

B) REFERENTE A LA RELACION CLARA Y PRECISA DEL HECHO ATRIBUIDO A LOS IMPUTADOS. Si bien es cierto la acusación fiscal es una facultad del ministerio público a efectos de solicitar el procesamiento de una persona, desarrollando en su contenido la individualización de los acusados, el hecho imputado, la tipificación, los medios de prueba a actuarse en juicio, las circunstancias modificatorias, y la solicitud de pena y reparación civil, asimismo la acusación delimita el objeto del proceso, haciendo con ello posible una adecuada defensa y fijando los limites de la sentencia, por eso, la acusación debe ser concreta, pues sino se prestaría a la injusticia y arbitrio judicial1.

1

EL PROCESO PENAL EN LA PRACTICA, Victor Jimmy Arbulu Martinez, Gaceta Juridica, p. 234

En este entender en la acusación se tiene que indicar de forma detallada y individualizada la participación de los imputados en los presuntos hechos señalados en el presente proceso, asimismo una declaración clara y precisa de los hechos atribuidos a los acusados, así como la independencia en los hechos presuntamente atribuibles a cada imputado, esto con el objeto de garantizar el derecho de defensa de cada uno de los imputados. Es así que en el presente caso se observa una narración de los hechos deficiente de claridad, toda vez que se evidencia una narración genérica de los hechos mas no de forma individualizada hacia cada imputado, vulnerando de esta forma lo referente a este punto de la acusación fiscal.

C) DE LA PARTICIPACION QUE SE ATRIBUYE A LOS IMPUTADOS

En este punto no solo se tiene que indicar la forma de intervención en el ilícito que se atribuye a los imputados, sino también como fue su participación en el mismo y de forma individualizada, por ejemplo en el delito de cohecho pasivo propio se le imputa en condición de autor a fulano por haber sido quien directamente dio dinero a un efectivo policial para que este omita sus funciones, por ende tenía el dominio del hecho.

En este entender en la acusación fiscal en el punto IV PARTICIPACION QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO indica “AUTORIA Y PARTICIPACION.- al haber actuado los imputados en forma personal y directa en la comisión del hecho investigado, así como con acuerdo previo, responden a título de COAUTORES”, evidenciando así una sindicación genérica sobre los hechos imputados, no diferenciando quienes son autores y coautores, ni señalando como fue la participación de cada uno de los mismos.

d) RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA PENA

Con respecto a este punto en la presente acusación materia de cuestión, se evidencia una deficiente claridad al entender cuál es la pena que podría ser impuesta a los imputados Dario Segovia Segovia y Antonia Saloma Torres de Segovia, toda vez que se indica “que, en el presente caso como lo señalamos al apreciarse esta atenuante privilegiada la pena a imponer a los imputados DARIO SEGOVIA SEGOVIA y ANTONIA SALOMA TORRES DE SEGOVIA, SERA DE TRES AÑOS CON SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCION POR EL TIEMPO DE DOS AÑOS CON SEIS MESES”, es asi que no se tiene claro cuál es la pretensión punitiva señalada por parte del representante del Ministerio Publico.

POR LO EXPUESTO: Pido a Usted Señora Jueza, que declare fundadas las observaciones hechas a la acusación fiscal, a fin de que en su oportunidad se devuelva la misma a la fiscalía competente para las correcciones y subsanaciones a que hubiera lugar. SEGUNDO: SOBRE LA FORMULACION DE EXCEPCIONES. Que, al amparo de lo previsto en el artículo 350° numeral 1, literal b) del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 6 numeral 1 literal b) del citado cuerpo normativo, DEDUZCO EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN, por considerar que los hechos imputados a la recurrente no constituyen delito, en atención a los siguientes fundamentos:

SEGUNDO: SOBRE EL DELITO DE USURPACION AGRAVADA: 2.1. El delito denunciado de Usurpación Agravada por Utilizar Arma de Fuego, con la Intervención de Más de Dos Personas y Sobre Inmueble Reservado para Fines Habitacionales, se encuentra previsto en los incisos 1 y 2 del Artículo 202° del Código Penal que establece: “Será reprimido…: 1. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. 2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a

otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. y 3. El que, econ violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.” concordante con los Incisos 1, 2 y 3 del Artículo 204º de la misma norma, que señala: “La pena será…cuando la usurpación se comete: 1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosos. 2. Intervienen dos o más personas.3. El inmueble está reservado para fines habitacionales”. 2.2. Para la configuración del injusto penal objeto de la presente investigación, deben concurrir como elementos objetivos: 1. Que preexista la posesión mediata o inmediata sobre el inmueble en conflicto, del agraviado, al momento de la comisión de los hechos denunciados, y que se trate de bienes destinados a fines habitacionales; 2. Que más de dos personas destruya o altere linderos, que turbe o despoje de la posesión de la parte agraviada; 3. Que los agentes ejerzan actos de violencia contra el inmueble o violencia contra las personas, y 4. Que como consecuencia de tales actos se apropie o despoje del inmueble del agraviado o turben su posesión; y como elemento subjetivo debe existir dolo en la conducta de los agentes, es decir, que actúen con conocimiento y voluntad de realizar los elementos configurativos del tipo penal, de manera que se representen, que el hecho de apropiarse mediante violencia o de turbar la posesión, constituyen el delito de usurpación. 2.3. El Inciso 1 del Artículo 202º del Código Penal, que prevé la conducta mediante la alteración o destrucción de linderos –destruir, demoler o derribar la demarcación, señal o límite del terreno que sirve de lindero, por el poseedor de un inmueble colindante– para apropiarse de todo o parte del inmueble; este ilícito se consuma cuando el agente se apropia de la posesión del predio colindante. El Inciso 2 del Artículo 202º del Código Penal, en el que se encuentra prevista la conducta denunciada, regula como conducta para lograr el acto usurpatorio el despojo –quitar, arrebatar o desposeer a una persona del ejercicio del derecho real, o suprimir o privar del goce al titular de su derecho real–, mediante violencia –fuerza física que el agente emplea para anular la capacidad de decisión y resistencia de la víctima hasta doblegarla, o fuerza contra las cosas–, suficiente para vencer su resistencia, siempre que éstos tengan alguna conexión con el sujeto pasivo del delito, modalidad que debe tener un grado de intensidad que aminore la capacidad de resistencia de sujeto pasivo, que doblegue su voluntad y por ende atenten contra su voluntad y como consecuencia de ello acepten salir del inmueble; deben producir en el agraviado un temor o compulsión, ante el cual se vea obligado a obedecer al agente, realizando lo que éste le indique para evitar el daño anunciado o temido, por lo tanto viéndose obligado a realizar una conducta no querida. Mientras el Inciso 3 del Artículo 202º del Código Penal, regula como conducta para lograr el acto usurpatorio la turbación –actos materiales que interrumpen o alteran el pacífico uso y goce de la posesión sin interesar el despojo del inmueble–. 2.4. En el presente caso, se les imputa a los denunciados en los meses de mayo y noviembre del 2013, así como en enero del 2014, han alterado y destruido los linderos, han turbado y despojado de la posesión de Luz Marina Vargas Aguilar, ubicada en la parcela 51-B del predio Condebambilla del distrito de Saylla de la provincia del Cusco

que está destinado a fines habitacionales, utilizando armas de fuego. 2.5. El bien jurídico protegido en el delito de usurpación, es la posesión y no así la propiedad (en cuyo caso el conflicto debe ventilarse en la vía extrapenal), el objeto de la actividad probatoria en éste caso, debe estar orientada a determinar quien conducía el inmueble materia de litis en el momento de los hechos denunciados y si fue desposeído o se turbo la posesión, o si se alteraron o destruyeron los linderos; en consecuencia para determinar la existencia del delito, debe determinarse previamente, la preexistencia de la posesión mediata o inmediata de una de las partes denunciantes, de la parcela 51-B del predio Condebambilla del distrito de Saylla, al momento de la comisión de los hechos denunciados ocurridos, la misma que debe ser entendida como la ocupación que permite el uso y disfrute de hecho que se ejerce sobre el predio, con prescindencia de si el poseedor tiene título o no, con derecho a poseer o no, ya que en el delito de usurpación, no se discute el derecho de propiedad, sino el poder de hecho sobre el bien desvinculado del derecho, que permite la realización de las facultades inherentes al derecho de propiedad en beneficio del poseedor y sobre el bien; de manera que se consolide y se reclame el derecho de posesión, para cuyo efecto debe materializarse en un periodo de tiempo que permita establecer la continuidad de la posesión, el uso y disfrute del bien; presupuesto establecido en la legislación nacional sobre predios, en la que se señala que la posesión de predios rurales de propiedad de particulares, se acredita con la explotación económica y continua. 2.6. Siendo ello así, iniciaremos el análisis del caso concreto, partiendo por los hechos denunciados, al respecto del resultado de las diligencias practicadas durante la presente investigación, se advierte que la denunciante Luz Marina Vargas Aguilar durante la investigación no acreditó la posesión que presuntamente ejercía sobre el bien materia de la presente investigación (Parcela 51-B del predio rústico denominado Condebambilla área 1,000 metros cuadrados), sino por el contrario se advierte que las ocasiones en las que presumiblemente fue despojada de la posesión del predio antes mencionado, habría intentado entrar en posesión del mismo, ello conforme se advierte del contenido de su propia denuncia, en la cual, la denunciante expresa que en fecha 10 de noviembre del 2014, se encontraba junto a su familia efectuando trabajos de remoción de tierras para la construcción de su inmueble, y del contenido del Acta de Constatación Policial de fecha 10 de noviembre de 2013 que obra a fojas 12, en el que se deja constancia que en la parcela se hallaron hoyos en la cantidad de 20 y de 15 centímetros de diámetro por 40 centímetros de profundidad, así como en ese acto la denunciante menciona que el terreno existían palos unidos con alambres de púas, pero según los efectivos policiales que practicaron dicho acta, estos no se encontraron en el lugar de los hechos. A todo ello se suma, el Acta de Constatación Policial de fecha 28 de enero de 2014 que obra a fojas 243, en el cual el efectivo policial SOT1 PNP Oscar Mojonero Puma deja constancia de la construcción reciente de un pequeño ambiente de 2x1.50 metros aproximadamente de material de adobe con techo de calamina, en el que además indica que al parecer el solicitante (Juan Gutierrez Gutierrez – conviviente de la denunciante) quería tomar posesión del terreno que habría comprado de la señora Yolanda Gutierrez Cusihuaman, en un área aproximada de 1,000 metros cuadrados, situación en la que se presentaron los denunciados indicando que dicho terreno no era de su propiedad y que se encuentra en proceso judicial y momentos antes que llegue la personal de la Policía Nacional del Perú, al parecer los solicitantes y los denunciados se habrían agredido físicamente; por consiguiente no se ha demostrado mediante elementos de convicción fehacientes que la denunciante se encontraba en posesión del terreno antes del supuesto despojo sufrido por parte de los denunciados; mucho menos que la supuesta posesión se haya prolongado en

el tiempo de manera que se ubiera producido el uso y disfrute del inmueble. 2.7. Asimismo, durante la investigación se practicó la diligencia de inspección fiscal en el lugar de los hechos denunciados, conforme se advierte del DVD obrante a fojas 74, diligencia en la cual el Representante del Ministerio Público no constató la presencia de linderos, lo cual se encuentra corroborado con el peritaje practicado sobre el bien en conflicto, advirtiéndose en el informe pericial elaborado por el perito oficial Ingeniero Agrónomo Federico García Mercado, que el Predio Condebambilla Parcela 51-B del distrito de Saylla, el área en litis se encuentra sin ninguna delimitación física, ni en los planos oficiales del COFOPRI. En ese sentido debemos ponderar que el bien jurídico protegido por el delito de Usurpación no es la propiedad, sino la posesión, la cual no ha sido demostrada por la denunciante a lo largo de la investigación, y por el contrario conforme se tiene del considerando 2.6 ésta tuvo la intensión de entrar en posesión del área que adquirió de Yolanda Gutierrez Cusihuaman, quien al prestar su declaración, obrante a fojas 224 a 226, indica que desde hace dos años atrás vive junto a su familia en el predio Nº L-3 de la Asociación Sinchi Roca – Chimpahuaylla del distrito de San Jerónimo, por lo tanto no habiéndose demostrado la posesión por parte de la denunciante, es innecesario emitir pronunciamiento respecto de las agravantes denunciadas. 2.8. Sin embargo, se debe precisar sobre la agravante relacionado a que el inmueble usurpado esté reservado para fines habitacionales, sin embargo, de acuerdo al Pleno Jurisdiccional de Iquitos del año 1999, dicha agravante debe entenderse como el acto istrativo mediante el cual, la autoridad gubernamental competente reserva determinados predios para el desarrollo de programas habitacionales, a los que se consideren de interés social, circunstancia que no concurre en el caso de autos, ya que los denunciantes son agentes privados, en la que no ha intervenido ninguna autoridad pública que haya declarado que su proyecto sea un programa habitacional ni que sea de interés social. 2.9. Finalmente, para la configuración del delito debe existir dolo en la conducta de los agentes, es decir que se representen en la comisión de los elementos del delito de usurpación y que tengan conciencia de despojar y apoderarse del predio de la parte denunciante o en su caso perturbar la posesión; sin embargo, de los actuados, se establece que ambos casos los imputados señalan que actuaron en la creencia que les asistía su derechos de propiedad y que la defendieron, y no de despojar, alterar ni perturbar la posesión del predio, tal es así que durante la defensa de ambas partes se manifiesta en la afirmación y la negación de la venta del inmueble (que incluso está siendo objeto de discusión judicial); en consecuencia, actuaron representándose en sus presuntos derechos de propiedad y no de posesión, y como se tiene dicho, en el delito de usurpación, no se discute la propiedad del bien, en consecuencia en el presente caso, no concurre el elemento subjetivo del tipo penal, puesto que de acuerdo a la corriente finalista del sistema penal peruano, establecida en el Artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, debiendo privilegiarse la intención de los agentes; y en todo caso, en aplicación del principio de ultima ratio del derecho penal, los derechos alegados por las partes deben ser dilucidados en la vía extrapenal; debiendo archivarse este extremo de la denuncia. 2.10. Además, la mera sindicación efectuada en contra de los denunciados Margarita Gutiérrez Sullca, José Luis Gutiérrez Mojonero, Hermenegilda Gutiérrez Mojonero, Roberto Soncco Portilla, Pablo Gutiérrez Sullca, Katy Gutiérrez Quispe, Flor Gutiérrez Quispe y Alejandrina Vargas, no han sido corroborado con elementos de convicción que acrediten la participación directa de éstos en los hechos denunciados